Fuente: El Financiero

Con cuarenta votos a favor y la negativa de los partidos Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario (10 votos), el Congreso aprobó la mañana del 9 de enero el texto del Impuesto a Personas Jurídicas que transforma y revive la antigua ley 9024, declarada inconstitucional por la Sala IV hace dos años.

La iniciativa aplica nuevos cambios al cobro del impuesto, que empezará a integrar tarifas diferenciadas y escalonadas a partir del tipo de sociedad a la que se realiza el cobro.

Por ejemplo, si la sociedad no mantiene actividad económica el cobro que aplicaría actualmente sería equivalente a ¢63.930 (15% del salario base mensual de un auxiliar administrativo del Poder Judicial). Sin embargo, si los ingresos anuales reportados n una sociedad activa son menores a los ¢50,8 millones el cobro será de ¢106.550 (25% del salario base mensual de un auxiliar administrativo del Poder Judicial).

La restauración del proyecto del impuesto permitirá al Ejecutivo contar con los recursos para la contratación de mil policías nuevos (por una sola ocasión), además de la inversión en infraestructura y mantenimiento de equipos policiales.

“El Gobierno está muy complacido con la Asamblea por la aprobación del proyecto de ley del Impuesto a Sociedades Anónimas que ayudará a financiar mejor a nuestra fuerza pública y a dotarla de mayor personal para poder custodiar mejor las necesidades de los costarricenses” declaró el Ministro de la Presidencia Sergio Alfaro mediante un comunicado de prensa.

A pesar de la aprobación en Primer Debate, el proyecto requiere aún del visto bueno de la Sala Constitucional, la aprobación en Segundo Debate, su publicación en La Gaceta y la creación de un reglamento respectivo. No será hasta dos meses depués de la publicación del reglamento que empiece a regir el cobro anual a las sociedades.

El Poder Ejecutivo, por medio de un comunicado de prensa, detalló que con el tributo sería posible entregarle ₡45.000 millones anuales a labores relacionadas con la seguridad. El 90%lo tendría el Ministerio de Seguridad, un 5% el Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% el Organismo de Investigación Judicial.