Fuente: El Mundo España

Europa se pone las pilas. Tras años de denuncias de consumidores, asociaciones, ciudadanos y patronales, tanto la Comisión Europea como los grandes Estados Miembros han cogido el testigo.

Creen que un cambio absoluto de paradigma en la era de la economía digital es necesario, imprescindible y muy urgente. Hace dos semanas, a instancia del nuevo ministro galo de Finanzas, Bruno Le Maire, cuatro países firmaron una carta pidiendo a sus colegas europeos y a Bruselas un nuevo impuesto sobre los ingresos o las ventas de las grandes tecnológicas. Una «compensación temporal», por los miles de millones que se dejan de ingresar cada ejercicio gracias a la ingeniería contable y los agujeros del sistema.

La Comisión Europea hizo pública el jueves su agenda sobre el tema para los próximos meses, en la que destacaban otras dos ideas polémicas: un impuesto sobre la publicidad online a nivel de la UE, con Facebook y Google en la mirilla. Un impuesto para «ciertos pagos hechos a proveedores no residentes de bienes y servicios adquiridos online», con las grandes del e-commerce minorista en mente. Son intentos claros, pero que además de algo de voluntad política reflejan un fracaso. Como no se puede hacer mediante el Impuesto de Sociedades, hay que buscar atajos y parches, lo que en Bruselas conocen como quick fixies, tan originales como polémicos y difíciles de ajustar sin caer en dobles tributaciones y límites en los Tratados.

La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué ahora? La respuesta es una combinación de factores, pero que hay un cambio a nivel impositivo e incluso filosófico es evidente. No por fervor democrático o una caída del caballo camino de Damasco, sino por miedo.

Hace tres años, las preguntas a los comisarios sobre la «economía digital» y la colaborativa recibían consignas potentes y entusiastas. «No se puede parar», «no hay que poner puertas al campo». Bruselas creía que las dudas y trabas de algunos Estados miembros eran un gran error y que la norma debería ser la eliminación de barreras de entrada y facilidad para los trámites online. El discurso oficial no ha cambiado, pero el entusiasmo, sí.

Facebook, Google, Uber, Airbnb… han venido para quedarse, y la UE cree que son buenas noticias «porque cubren demandas de los ciudadanos». Pero también lamenta que no están «pagando su justa parte», no contribuyen de forma acorde a los beneficios que obtienen ni donde están generándolos. Y eso ha de acabar. «Una economía europea competitiva requiere innovación, ya sea en el sector de los productos o en el de los servicios. Nuestro papel es fomentar un entorno reglamentario que permita el desarrollo de los nuevos modelos de negocio y proteja a los consumidores y garantice una fiscalidad justa y unas condiciones de trabajo equitativas», ha dicho el vicepresidente comunitario Jyrki Katainen.

La rapidez de la evolución ha sorprendido. Los marcos fiscales europeos no estaban ni están preparados y la respuesta inicial ha sido tratar de meter a presión los nuevos negocios y modelos en un marco caduco. Ahora, la mayoría parece asumir que no hay una economía digital y otra analógica, sino que hay una y sólo se ven las diferencias en el grado de digitalización. Por lo que la solución deseada por las instituciones europeas es la de un marco más inclusivo, dentro del paraguas de la Base Imponible Común Consensuada.

Dicho eso, el cambio de actitud es meramente pragmático. El primer vector es la presión política, el miedo a las urnas. Los gobiernos y las instituciones han comprendido que la ciudadanía no tolera más una situación que considera injusta. Y que la impunidad fiscal de las multinacionales lleva en línea recta hacia el voto a partidos antisistema, anticapitalistas, populistas o euroescépticos. A los que parecen menos sospechosos de permitir los chanchullos y los favores, lejos de puertas giratorias. Y los políticos y los capos de la burbuja comunitaria han entendido también que apretar las tuercas de las gigantes, y más si son norteamericanas, tiene una buena acogida pública. ¿Quién puede estar en contra de que quien gana dinero pague como los demás? «Los Estados Miembros afrontan una creciente presión política doméstica para actuar ahora», concede el equipo del comisario Pierre Moscovici en un documento muy reciente.

El segundo es un factor económico. «En 2006 sólo una compañía digital estaba entre las 20 primeras firmas por capitalización a nivel mundial. En 2017, nueve de las primeras 20 son tecnológicas. Entre 2008 y 2016 los ingresos de las cinco mayores empresas de e-commerce minorista crecieron un 32% anual. Durante el mismo periodo, los ingresos de todo el sector retail en la UE lo hizo de media un 1% anual», explicó el jueves el vicepresidente Valdis Dombrovskis.

No es el futuro, es el presente, y las empresas digitales, según cálculos de la UE, gozan de un estatus especial. «Las reglas impositivas que usamos hoy en día fueron diseñadas para la economía tradicional y no logran adaptar las actividades que, cada vez más, se fundamentan en bienes intangibles y datos. El tipo efectivo para las empresas digitales de la UE se estima que es la mitad que el de las empresas tradicionales, y a menudo mucho menos», denunció el letón.

El tercer elemento es también político, pero a otro nivel. Berlín, París, Madrid y Roma han apostado por lo que en inglés se conoce como name and shame. Hartas de que una serie de países impidan avances en lo que a la tributación de las grandes se refiere -en esto la unanimidad es necesaria en la UE-, las capitales de los grandes de la Eurozona quieren meter presión para forzar alguna concesión. Creen que así pueden desviar parte de las responsabilidades.

Desde el inicio de la legislatura europea, una de las prioridades del equipo de Jean-Claude Juncker (irónicamente el responsable durante lustros de que no hubiera un solo avance de calado en la UE desde su puesto de premier luxemburgués y presidente del Eurogrupo) ha sido poner la justicia y la equidad como prioridad. Se han hecho avances en transparencia, a la hora de compartir información de forma automática. Pero con la mejora de las condiciones económicas tras la crisis, muchas capitales se han relajado y ya no hay tanta prisa.