Fuente: CR Hoy

A partir de este martes y hasta el 5 de marzo, comenzará a regir el tercer y último mes de la amnistía tributaria que se aprobó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Nº 9635.

En esta etapa final, el Ministerio de Hacienda mantendrá la exoneración a los morosos del 100% de los intereses que ha generado lo adeudado, pero reduce la sanción que en estos momentos le aplica.

La disminución en las multas será de un 60% si el pago se realiza durante este mes y antes del 4 de marzo. En el primer mes el descuento fue un 80% y en el segundo mes, de un 70%.

Al final de este proceso Hacienda espera haber recaudado un monto equivalente al 0,5% del PIB.

La última vez que se hizo una amnistía -en el 2003, durante el gobierno del expresidente Abel Pacheco- se recaudó cerca de un 0,17% del PIB.

Solo pueden acogerse a la amnistía los contribuyentes cuyas deudas correspondan a obligaciones tributarias devengadas antes del 1 de octubre de 2017.

Tres meses después de que termine la amnistía comenzarán a regir las reformas a los impuestos de renta y ventas.

También pueden recurrir a la Amnistía las personas físicas y jurídicas que mantengan deudas pendientes de pago con el Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Imas) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Condiciones de la amnistía

La amnistía aplicará para quienes cumplan con los siguientes requisitos:

  Quienes se hayan autoliquidado mediante las respectivas declaraciones, sin que hayan ingresado las cuotas tributarias correspondientes.
  Los contribuyentes que voluntariamente se autoliquiden mediante la presentación de las declaraciones que se hayan omitido en su oportunidad y que se presenten dentro del periodo establecido en este artículo.
  Los deudores que, como producto de las declaraciones rectificativas que se hayan presentado o que se presenten dentro del plazo establecido, originen cuotas tributarias adicionales a las declaradas originalmente.
  Las obligaciones que se deriven de la aceptación del sujeto pasivo de la regularización que formulen las Administraciones Tributarias.
  Las deudas originadas en procesos administrativos, por tributos administrados por las Administraciones Tributarias definidas en el párrafo primero y que se encuentre en discusión ante la sede contencioso administrativa y que no hayan sido pagadas por el sujeto pasivo, pese a su firmeza en sede administrativa. En este caso, se requerirá la aceptación de los cargos por parte del contribuyente.
  Los contribuyentes que tomen la decisión de registrarse ante la Administración Tributaria podrían declarar y registrar incrementos no justificados de patrimonio, con lo cual deberán reconocer una tarifa única del 15%, cuya base imponible será el valor de mercado del patrimonio, pudiendo la Administración Tributaria verificar el valor de los bienes que se están regularizando. No podrán regularizar incrementos injustificados de patrimonio provenientes actividades ilícitas, en todo caso dichos incrementos podrán ser fiscalizados y denunciados ante las autoridades correspondientes.
  Las deudas que, habiéndose trasladado al Departamento de Cobro Judicial, no tengan demanda presentada.