Fuente: El Financiero

72 instituciones públicas contestaron la consulta sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que envió el Plenario Legislativo, tras su aprobación en primer debate el viernes 5 de octubre.

La moción fue aprobada el 6 de octubre y las instituciones públicas tenían tiempo de manifestar su criterio sobre la reforma fiscal hasta este lunes 22 de octubre.

La consulta fue enviada a 130 entidades entre municipalidades, instituciones autónomas, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Nacional de Seguros (INS), bancos y universidades públicas, de las cuales solo 72 manifestaron su posición con respecto al plan fiscal.


EF revisó cada una de las respuestas que enviaron las diferentes instituciones a la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa y que están disponibles en la página web de esta institución.

El último corte de esta revisión se hizo a las 11:00 a.m. de este martes 23 de octubre. De las 72 instituciones públicas que manifestaron su posición sobre el proyecto de reforma fiscal, 19 entidades indicaron estar explícitamente a favor, 50 se opusieron a la iniciativa y tres decidieron dar una respuesta sin tomar posiciones.

Los datos muestran que 28 instituciones públicas y 44 municipalidades respondieron la consulta enviada por la Asamblea Legislativa.

Los criterios de estas entidades públicas no son vinculantes y las instituciones consultadas tampoco estaban en la obligación de responder, según aclaró la Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa.

A favor

Los bancos públicos, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS), encabezan el grupo de 19 instituciones que están a favor. En este bando figuran apenas dos municipalidades, se trata de los ayuntamientos de Liberia y Mora.


“El Instituto Costarricense de Electricidad destaca el conocimiento y concienciación de los efectos de la crisis fiscal a raíz de la no aprobación del presente proyecto fiscal, el cual a su vez podría desencadenar en una devaluación muy fuerte del colón, tal y como sucedió en la década de los años ochenta, situación que representa en este momento, un componente importante en las tarifas eléctricas y de telecomunicaciones, en ocasión a la carga financiera que posee el ICE, por sus diferentes financiamientos en dólares; es manifiesta nuestra venia y anuencia, en apoyar la gestión y aprobación de este Proyecto de Ley”, apuntó el ICE en su respuesta.

Mientras que el INS señaló que: “se reitera a la Asamblea Legislativa que la no aprobación de este proyecto de ley conllevará a una crisis económica con nefastas consecuencias sobre las finanzas del Estado, poniendo en peligro la estabilidad de las familias y de la sociedad costarricense”.

“Por ello, ya desde el corto plazo esta reforma fiscal puede contribuir a mejorar las condiciones de tasas de interés, reducir la incertidumbre y mejorar las expectativas económicas, y de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo, y a afianzar la estabilidad macroeconómica y financiera del país”, aseveró el Banco Central de Costa Rica en el escrito enviado al Congreso.

Mientras que la Municipalidad de Moravia rechazó un dictamen que recomendaba oponerse a la reforma fiscal, por lo que finalmente no objetó el proyecto de ley.

Cabe destacar que las municipalidades de Belén y Cartago no emitieron criterio y prefirieron hacer un análisis más amplio del texto de la reforma fiscal.

Esta es la lista de 19 instituciones que se manifestaron a favor de la reforma fiscal.

En contra

Las universidades públicas, el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Corte Suprema de Justicia y 40 gobiernos locales destacan en el grupo de entidades que se oponen a la reforma fiscal y piden cambios al texto aprobado en primer debate por los diputados.

El Inamu consideró que los impactos distributivos de las políticas fiscales también se deben medir según el género y no solo por grupos de ingresos.

“Lo anterior implica que en la medida en que las mujeres destinan más porcentaje de sus ingresos a los artículos de consumo diario, una reforma fiscal basada en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) las afectará de manera desproporcional”, señaló el Inamu en su respuesta al Plenario Legislativo.

EF incluyó entre las instituciones en contra del proyecto fiscal, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Ambas entidades no se manifestaron explícitamente en contra de la reforma, pero sí piden a los diputados hacer cambios en el texto que está en trámite para segundo debate.

La Aresep solicitó varias precisiones relacionadas con la redacción del texto sobre exoneraciones a diferentes tarifas de agua y electricidad.

De las 44 municipalidades que respondieron la consulta del Plenario Legislativo 39 están expresamente en contra del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Llama la atención el pronunciamiento del Concejo Municipal de Paquera, que, en lugar de hacer un análisis del texto de la reforma fiscal, decidió apoyar la posición de la Municipalidad de Guácimo de Limón y adjuntó una copia del documento emitido por al ayuntamiento de ese cantón.

Algunas municipalidades también expresaron su apoyo a la huelga del sector sindical en contra de la reforma fiscal.

Estas son las instituciones que están en contra de la reforma fiscal.