Fuente: Radio Reloj.

Este viernes, el Ministerio de Hacienda publicó el decreto que donde se agregan más bienes a la Canasta Básica y que por lo tanto quedan exentos del pago de impuesto de ventas, tras los acuerdos con varios sectores.

El documento sustituye el que estaba vigente desde el 7 de mayo.

Pero ¿Qué pasa con los comercios que, desde ese día hasta ayer, cobraron el 13 por ciento a los productos que hoy están libres de dicho arancel?

El director de Tributación, Carlos Vargas, explicó que los comerciantes deben pagarlo en junio.

Vargas dijo que seguirán con la revisión en los negocios de todo el país para corroborar que se aplique el cobro del impuesto de ventas sólo a los productos que están gravados.

Aquellos comercios en los que se encuentren irregularidades, se exponen al cierre del negocio.

Fuente: Radio Reloj.co.cr

La miel de abeja, la sal, la lengua y los camarones más pequeños como el “pink” y el “fidel”, dejarán de pagar un 13 por ciento de impuesto de ventas a partir de este viernes.

Este grupo de productos estuvo gravado desde el 7 de mayo pasado, cuando el Ministerio de Hacienda publicó una modificación en la Canasta Básica; sin embargo hoy se dio a conocer un nuevo cambio que los deja excluidos del pago del impuesto.

En la lista de bienes exentos publicada en el Diario Oficial La Gaceta, aparecen los embutidos, excepto los enlatados o envasados; también el queso fresco, todas las carnes de res y de cerdo, menos el lomito, el lomo y otros cortes finos como el T-bone o las carnes marinadas o adobadas.

Así lo explicó el director de Tributación, Carlos Vargas.

Quedan exentos del impuesto de ventas también el atún entero y enlatado, el pescado entero fresco, con la excepción del bacalao, el róbalo, el salmón y el atún en filet.

Hacienda también cedió en las negociaciones en el caso del pan, pues no paga impuesto el que se produce a base de harina de trigo, levaduras, agua, sal, grasa y cualquier otro ingrediente adicional, incluido el tostado y el molido, el dulce, el pan cuadrado, las pastas, tamal de maíz y las tortillas.

Vargas espera que esta sea la última corrección al decreto, pues ya se reunieron con todos los sectores que mostraron oposición.

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Para ver el decreto completo, ingrese aquí

Fuente: Radio Reloj.co.cr

Los médicos, abogados, contadores y el resto de profesionales liberales, serán los primeros en usar, de forma obligatoria, la factura electrónica.

Así lo dio a conocer la firma GS Uno Costa Rica, una entidad especializada en la aplicación de la tecnología al sector comercial.

La factura electrónica es un documento con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico. Sustituye por igual a la ya tradicional factura en papel y la puede utilizar cualquier tipo de empresa o persona.

La presidenta Laura Chinchilla anunció recientemente que la aplicación de la factura electrónica será una de las medidas que ejecutará para garantizar el pago de impuestos.

El director de Tributación, Carlos Vargas, dijo que el mecanismo estaría listo este mismo año.

Vargas agregó que, paulatinamente, los grupos económicos tendrán la obligación de usar factura electrónica.

Según GS Uno, hasta el momento en el país hay 400 empresas que utilizan el Comercio Electrónico con su socio de negocio, y que podrían dar un paso más implementado la factura electrónica.

Esta tecnología la pueden usar todas aquellas personas físicas o jurídicas que generan factura en papel, no importa su tamaño o actividad industrial, comercial o de servicios.

Fuente: La Prensa Libre.

La Contraloría General de la República informó que solo el 40% de los funcionarios públicos han rendido la declaración jurada de sus bienes, algo que les resulta preocupante, ya que mañana es cuando se vence el plazo para presentarla. Los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan vencido el plazo se exponen a la apertura de procedimientos administrativos y procesos sancionatorios, que pueden resultar, incluso, en la separación del cargo.

Fuente: Periódico La República

El gobierno de Laura Chinchilla volverá a insistir en cobrar más impuestos, como medida para resolver el déficit fiscal.
Para la segunda parte de su mandato, la Presidenta apostará por un nuevo plan fiscal, que intentará consensuar con los sectores sociales, productivos y agrupaciones políticas, antes de presentarlo a la corriente legislativa.
La intención es que la iniciativa esté lista a principios del próximo año y que su discusión se prolongue en el transcurso de 2013.
El tema será puesto sobre la mesa dentro de seis meses por Edgar Ayales, ministro de Hacienda, quien primero buscará mejorar la recaudación fiscal y recortar al máximo los gastos del Estado, antes de pedir a los ciudadanos el pago de más impuestos.
“Voy a hablar con los políticos, gremios, sectores, con todo mundo, para ver qué opciones hay. Para decir: aquí hay un paquete que puede ser interesante, discutámoslo porque es el mejor”, manifestó el jerarca.
Si no es una reforma tributaria, el Poder Ejecutivo podría apostar por una reducción del presupuesto que se destina a educación, salud y seguridad, sectores que consumen poco más del 90% de los recursos estatales.
O bien, privatizar algunos servicios sería otra eventual solución para reducir el hueco fiscal.
“El pueblo va a decir lo que quiere y yo le voy a decir cuánto vale. ¿Quieren la Caja como está ahora o mejor? Bueno, eso vale tanto. ¿Quieren educación como está ahora o mejor? Pues eso vale tanto. Me voy a dedicar a administrar la coyuntura, pero quiero empezar a hablar desde ya del problema a largo plazo. Si no, el problema nos come”, dijo Ayales.
Si bien la situación económica a corto tiempo no es preocupante y puede sostenerse con el Plan “B” que se lanzó luego de que la Sala Constitucional frenara el proyecto fiscal, el Poder Ejecutivo prevé que el déficit será insostenible para el próximo gobierno.
Cuatro proyectos que se encuentran en la corriente legislativa serían el paliativo que la presidenta Chinchilla utilizará como plan alterno.
Se trata de la Ley de Transparencia Fiscal y la de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que buscan mejorar la recaudación y sancionar a los evasores.
Así como la iniciativa de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, que pretende recortar gastos y congelar el alza salarial a los funcionarios que ganan más de ¢3 millones.
El cuarto proyecto es un aval para que el país pueda emitir títulos valores en el mercado internacional, para sustituir deuda interna cara, por externa barata.
Tras el rechazo de su plan estrella, la Presidenta se había mantenido al margen de las futuras propuestas fiscales y las dejó en manos de Ayales, quien asumió el pasado 1° mayo el Ministerio de Hacienda, en sustitución de Fernando Herrero.

Fuente: Noticias Columbia

La Directora Ejecutiva de la Cámara que los agremia, Flora Ayub señala que es inminente la necesidad de definirle a los turistas en cuáles áreas pueden fumar.

La Presidenta, Laura Chinchilla, firmó el 22 de Marzo, la ley que prohíbe fumar en sitios públicos y que fue aprobada el pasado 27 de febrero por los diputados.

Los turistas que visitan nuestro país acatan la Ley de que no se puede fumar, pero como cualquier parte del mundo donde también se muestra dicha ley, no está claro a
que distancia del área común es permitido el fumado.

En este momento en Costa Rica no está especificado en que áreas turísticas se puede y no se puede aplicar la Ley.

Fuente: radioreloj.co.cr

Ventas de carros, talleres, hoteles y restaurantes son parte de los negocios que están en cobro judicial, según las listas de morosos que publica la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Autos del Pacífico, Autos Kattia, el Club Sport Cartaginés, Giardini di Papagayo, Hotel Talamanca y Terranova, son parte de los 128 contribuyentes que, según Tributación, presentaron declaración pero no hay registro de un pago de impuestos.

En conjunto, los contribuyentes en cobro judicial adeudan 3 mil 580 millones de colones, según los datos con corte al 30 de abril.

En el listado hay casos de deudas de impuestos de renta y ventas, hasta sanciones y timbres de educación y cultura.

El director de Tributación, Carlos Vargas, explicó que la publicación de morosos tiene un efecto disuasivo en algunos contribuyentes. Agregó que un proceso de cobro debería tardar como máximo un año.

En la lista de “nuevos ingresos” de contribuyentes morosos, figuran Distribuidora Lucema, el Hotel Palma Real, y la empresa Espectáculos Públicos BTL One Entertaiment.

Fuente: radioreloj.co.cr

Tuvieron que pasar varias reuniones para que los ganaderos llegaran a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda sobre los cortes de carne que deberán pagar el impuesto de ventas del 13 por ciento.

Esta tarde ambas partes acordaron que el lomo, el lomito, y sus derivados como el T-bone, sirloin; además de las carnes marinadas, empanizadas o adobadas, sí pagarán el impuesto.

Quedarán exentos el resto, entre ellos la lengua y las postas de primera.

Así lo explicó el presidente de la Corporación de Fomento Ganadero, Leonardo Luconi a la salida de la reunión en Hacienda.

Los cambios regirán cuando se publique un nuevo decreto del Ministerio de Hacienda.

La medida anterior, que gravaba los cortes cuyo precio por kilo superara los 3 mil 800 colones, dejará de aplicarse.

Fuente: Univisión EUA

De acuerdo con el editorial de este lunes del diario San Francisco Chronicle, California obtuvo $7 mil millones menos de lo que se anticipaba para este año, lo que significa aumentar impuestos o imponer una nueva ola de recortes presupuestarios.

Según el rotativo, además de la propuesta del gobernador hay otra que sugiere incrementar gravámenes a todos los residentes del estado.

Brown llevará a elección su propuesta de cobrar más aranceles a quienes ganen más de $250 mil anuales, pero el periódico indicó que otra propuesta de la Asociación Estatal de Profesores y Padres de Familia (PTA) sugiere incrementar tributos a todos los californianos.

“El tamaño del faltante financiero permanece enorme” y aunque el gobernador incremente tributaciones a los residentes de mayores ingresos, la iniciativa de los maestros y padres, que también irá a la elección, debe ser complementaria, apuntó el periódico.

Por ahora las ideas que predominan son cobrar más a quienes ganan un cuarto de millón de dólares anuales de forma individual o medio millón en pareja, y un 0.25% de aumento a los impuestos de venta, para alcanzar una tasa del 8.0%.

El Chronicle reprochó sin embargo que aunque el gobernador Brown ha presentado varias ideas para lidiar con el déficit, la mayoría demócrata en la legislatura, de su propio partido, permanece en inactividad.

Luis Diego Marín
Fuente: Noticias Columbia

El Ministro de Hacienda, Edgar Ayales señala que mayor información sobre los requerimientos de dinero de un actor económico tan importante para el mercado, como el Gobierno, permitiría a los demás tomar mejores decisiones.

Ayales recordó que la tasa básica pasiva es un dato que surge por movimientos de mercado, en el que participan los bancos y que se puede ver alterada por la participación del Gobierno.

El jerarca espera que con más eficiencia en el gasto público y la colocación de bonos de deuda en el exterior se pueda evitar que las tasas sigan subiendo.

El Observatorio de asuntos económicos de la Universidad Nacional señala que el manejo de las tasas internas de interés podría mejorar si existe más coordinación entre las políticas del Banco Central y las necesidades de financiamiento del Ministerio de Hacienda.

Andrea Rodriguez
Fuente: El Financiero

El próximo miércoles el Ministerio de Hacienda publicará un nuevo texto del decreto que modificará la canasta básica tributaria. El pescado y los camarones pinky pasarán a estar exentos.

El pasado lunes , día en que entraba en vigencia la nueva disposición, el Ministerio publicó una Fe de Erratas en La Gaceta Digital donde se declaró a los frijoles, la leche, el pan y el atún, entre otros productos, como parte de la canasta básica.

Para aquella ocasión, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) hizo extensiva la necesidad por parte de las entidades del Gobierno de verificar el decreto vigente , pues contaba con vicios en su redacción, dejando a la libre interpretación temas como que tipo de pan se gravaría, por ejemplo, con el impuesto.

Según informó radio ADN, en la nueva publicación que saldrá en dos días, los cortes de carne que si pagarán impuestos son el t-bone, porterhouse, y cortes finos.

Por su parte, el salmón, arroz jazmín, alcachofas, toronjas, duraznos, higos, hongos frescos y melocotones sí estarán gravados con el tributo.

Fuente: La Tribuna.hn

El último legajo de Medidas de Ajuste Fiscal, remitido por el Ministro de Finanzas Tito Guillen, al que ingeniosamente le han apodado el “PAQUE-TITO”, porque se trata de la primera remesa de medidas fiscales de Tito.

A continuación, un análisis a fondo, elaborado por un equipo de juristas y expertos financieros, encargado por los entes empresariales del denominado proyecto de LEY DE RACIONALIZACIÓN DE EXONERACIONES FISCALES Y CONTROL DEL GASTO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. El dictamen en manos de la cúpula empresarial, al que este rotativo tuvo acceso EN EXCLUSIVA, reseña las contradicciones y violaciones constitucionales y jurídicas de la propuesta. A continuación el análisis que deja al DESNUDO, los alcances del “PAQUE-TITO”.

PRINCIPALES ALCANCES
•  Aumentará la tarifa de energía eléctrica y aumentará el costo de la maquila y otras actividades que generan empleo.

•  Se afecta al sector Industrial criollo, acogido al RIT que produce para exportaciones.

•  Se reducen las exoneraciones a la Escuela Agrícola de El Zamorano que es orgullo y ejemplo nacional.

•  Las exoneraciones constitucionales y legales, sus cantidades serán determinadas por el Gobierno, en clara violación al principio de Libre Empresa.

•  Se propone pagar no solo la Renta sino que también el Patrimonio de las Personas Naturales y Jurídicas.

•  El Gobierno va a determinar el porcentaje de utilidades que deben obtener las empresas.

•  Se eliminan los avances en simplificación administrativa al establecerse la obligación de presentar anualmente un Dictamen e Informe Fiscal de Auditores.

•  Se cancela el beneficio de devolución del 8 del 12% del Impuesto sobre Ventas cuando se compre con Tarjetas de Crédito.

•  No importando la necesidad de aumentar los ingresos, se propone rebajar el Impuesto selectivo al consumo de los vehículos de lujo, en algunos casos desde 60 al 10%.

•  Se rebaja la transferencia a las Municipalidades y el subsidio a la Energía Eléctrica.

•  Se aumenta el Presupuesto en L. 6,200. Millones y se pretende que INPREMA, INJUPEM, etc. no tengan ningún límite en la compra de bonos del Gobierno.

•  Se vuelve a manosear la Ley de Seguridad Poblacional y ahora el Fondo lo quieren usar en gasto corriente.

•  COPECO pasa a ser súper Ministerio.

•  FINANZAS asume funciones de COALINZA en las APP.

•  Aires de Privatización en la ENEE y HONDUTEL

•  Se propone fusionar y suprimir Instituciones quitándole facultades que corresponden al Congreso y a las Trabajadores se les pretenden pagar sus prestaciones en tres años.

•  Se le quitan atribuciones al Director de la DEI y le nombran paralela superior.

•  Se pretende comprar cemento con Bonos para pagar las transferencias a las Municipalidades.

•  Se propone que el aumento de salario de los empleados públicos se haga hasta en el mes de Julio, para no pagarles el décimo catorceavo mes de salario.

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el pasado miércoles 9 de Mayo, el SEXTO Paquete de AJUSTE FISCAL en el presente Gobierno, con el propósito de lograr un nuevo Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la práctica es un Proyecto lleno de contradicciones, que aparentemente el Congreso Nacional lo regresará a Finanzas. La preocupación del FMI es el gasto excesivo del gobierno y la disminución de los ingresos, que produce un mayor déficit fiscal, pero el Proyecto de Ley simultáneamente aumenta los gastos.

Los aspectos más importantes son los siguientes:
1.  En el Artículo 1, se propone cancelar las exoneraciones fiscales, y aún cuando se respetan varias actividades a quienes se las concede la Constitución y leyes especiales, reduce las que viene gozando la Universidad de El Zamorano, elimina el Régimen de Importación Temporal al que están acogidas las industrias nacionales para mantener la competitividad en sus exportaciones y elimina la exoneración de que gozan las empresas generadoras de energía térmica en la importación de derivados del petróleo, en el numeral 23, violentando contratos firmados y aprobados por el Congreso Nacional. Si no se revisan esos contratos y la ENEE o los suministradores no absorben este costo, el efecto directo será en el precio de la energía suministrada por estos a la ENEE y consecuentemente obligará al aumento de las tarifas a los consumidores nacionales.

Lo anterior se reafirma en el Artículo 4, cuando expresamente dice que los combustibles pagarán los impuestos en un cien por ciento, con lo que también se verán afectadas todas las actividades a quienes supuestamente se les respetan las exoneraciones en el Artículo 1; es decir que tendrán que pagar las empresas de maquila y demás que se describen en el mencionado artículo.

• En el Artículo 3, se violenta la política de simplificación administrativa, al crearse un Registro de Beneficiarios de exoneraciones, que obliga a presentar una solicitud detallada y calendarizada de las importaciones que se pretenden realizar y que manda escuchar dictámenes previos antes de otorgarlas, lo que en la práctica significa la creación de obstáculos. Y todavía más, en el Artículo 5 se pretende que Finanzas y la DEI emitan un Reglamento para determinar las cantidades y el tipo de bienes que se pretenden importar, en clara violación al principio de Libre Empresa. Es decir que ahora será el Gobierno el que determine las cantidades a importar, sin que los burócratas tengan el conocimiento, con lo que se limita la producción.

• Se deroga en el Artículo 8, el beneficio de exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta, garantizando las que concede la Constitución, Tratados y Leyes Especiales; pero por primera vez en Honduras se pretende tener injerencia en el Patrimonio de los Ciudadanos, cuando en el Artículo 9 se obliga a declarar sobre el mismo cuando ya se ha declarado los Ingresos para efecto del Pago del Impuesto sobre la Renta. De nuevo se obliga a mayor trámite burocrático cuando se deberá acompañar a la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta, un estado patrimonial, según se manda en el Artículo 9 en su último párrafo.

• Finanzas y la DEI van a determinar el índice de relación entre Renta Neta Gravable y Renta Bruta para las actividades económicas, observando el principio de causalidad y razonabilidad en los ingresos y gastos según lo establece el Artículo10, con lo que ahora el Gobierno va tener la facultad de determinar cuanto deben ser las utilidades de las empresas, lo que es una violación del principio de libertad y en especial, de los principios en que se sustenta el sistema tributario.

•  Otro trámite adicional, con un costo en honorarios injustificado, es el Establecimiento del Dictamen e Informe Fiscal como una obligación para las personas jurídicas que tienen un activo total mayor de L. 5 Millones en el ejercicio fiscal anterior, según se establece en los Artículos 13, 14, 15 y 16 del Proyecto.
•  En el Artículo 18, se deja en suspenso por dos años, la devolución del 8 del 12% del Impuesto sobre Ventas por compras pagadas con Tarjetas de Crédito y sobre la cual el Gobierno hizo una gran campaña destacando el beneficio para los tarjetahabientes.

•  El Artículo 19, propone rebajar el Impuesto selectivo al consumo de los vehículos, turismos, camionetas y otros de 10 pasajeros o más a un 10%. En algunos casos la rebaja es de la tarifa actual del 60% al 10%.

•  En los Artículo 20 al 27, se deja permanente al derecho de revaluación de activos pagando un 6%, debiendo contabilizarse en una cuenta de reservas de “Superávit de Capital por Revaluación de Activos, obligándose a su capitalización.

•  En los Artículos 28 al 40, se proponen medidas de control del gasto, pero se aumentan los órganos burocráticos; se reduce el porcentaje que les corresponde tanto a la Procuraduría General de la República como al Tribunal Superior de Cuentas de los ingresos que resulten de acciones iniciadas y cobradas por esta, según lo que se contiene en el Artículo 31 del Proyecto. Se reduce la asignación para las Municipalidades para los años 2012 y 2013 al 9% y que el 30% se destine a Inversiones. Se faculta asimismo a la Secretaría de Finanzas para que deduzca de la asignación a las Municipalidades los pagos de los Servicios Públicos, según el artículo 35.

•  Se baja el subsidio a los Consumidores de Energía Eléctrica de 150 a 120 KWS hora al mes, tal lo que se propone en el Artículo 37.

•  Como una medida contradictoria se propone una ampliación presupuestaria de 6,200. Millones de Lempiras, los que serán financiados con ingresos adicionales del SEXTO Paquetazo, aún cuando los Funcionarios del Gobierno niegan que lo sea y con la emisión de Bonos, según lo establecido en el Artículo 38.

•  Adicionalmente, mediante una acción legislativa se propone reformar el Reglamente de Inversiones de las Instituciones de Previsión Social (INPREMA, INJUPEMP, etc) para que compren bonos del Estado sin ningún límite.

•  En los artículos 42 al 45 del Proyecto, se introducen modificaciones, a La Ley de Seguridad Poblacional (TASÓN) con lo que ahora con los recursos del Tasón se puede financiar gasto corriente, inclusive para la contratación de Policías, así como para capacitación, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas, tal lo que se establece en el Artículo 43. Si no se recaudan los L. 1,500. Millones, tal como lo establece el Artículo 44 del Proyecto, el Poder Ejecutivo lo va completar en aportes mensuales, lo que es una modificación a la Ley de la Administración del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Poblacional y que va a limitar en el presente año, el financiamiento de los Programas de Seguridad.

•  En los artículos 46 al 53, se concentran todas las actividades y los fondos para atender los desastres naturales, inclusive se violenta la autonomía Municipal, ya que en el artículo 52, se ordena que los fondos de las Municipalidades, deben ser trasladados a COPECO en situaciones de emergencia.

•  En los artículos 54 al 57 se introducen reformas tácitas a la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, quitándole facultades a COALIANZA y la Secretaría de Finanzas asume facultades de decisión en todo el proceso de aprobación o rechazo de los Proyectos.

•  En el Artículo 58, se establece la obligación para las Municipalidades, que para obtener avales o garantías del Estado, ya sea para endeudamiento interno o externo, deberán presentar Estados Financieros Auditados por cinco años previos, lo que significa un costo adicional para las Municipalidades.

•  En cuanto a la ENEE, en el Artículo 59, se plantea una nueva estructura, separando en cuatro operaciones sus actividades: generación, transmisión, Despacho y Distribución y Servicios Compartidos, con lo que se estarían privatizando algunas de ellas, lo que se confirma en el Artículo 60, cuando se establece que deben implementarse procedimientos de concurso y selección pública.

•  En el Artículo 61, se le quitan facultades a la Gerencia de HONDUTEL y la Secretaría de Finanzas queda autorizada para identificar nuevos modelos de negocios, realizar alianzas con el sector privado, inclusive alternativas de capitalización, que no son más que acciones de Privatización.

•  Se propone en el Artículo 62 del Proyecto, que el Congreso faculte al Poder Ejecutivo para que puede eliminar la duplicidad de funciones, fusionando o reestructurando las dependencias o Unidades de la Administración Pública. Las atribuciones del Congreso son indelegables y para crear o suprimir Instituciones Descentralizadas se necesitan las dos terceras partes de los votos de los Diputados.

•  Se manifiesta una marcada desconfianza en la DEI, al proponerse en el Artículo 64, la creación de un órgano paralelo superior que asume funciones que antes eran del Director de conformidad con su Ley y en el que este solo asistirá como Secretario sin derecho a voto.

•  Se reforma la recién aprobada Ley de Bienes Nacionales en el Artículo 65, para permitir la contratación de servicios profesionales de empresas para que efectúen la valoración de bienes, cuando ya la misma establece esa responsabilidad en las propias dependencias del Estado.

•  En el Artículo 67, se propone que en aquellas Instituciones en proceso de reestructuración, fusión o cierre, el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores se realicen en un plazo de hasta 3 años, lo que es violatorio de la Constitución de la República y del Código del Trabajo.

•  Se propone que el aumento salarial que se consigna en el Presupuesto General de la República para el presente año, para ser concedido a los empleados públicos, se haga hasta en el mes de Julio de 2012, para evitar el pago del décimo catorceavo mes, según se consigna en el Artículo 68 del Proyecto.

•  En los artículos 72, 73 y 74, se propone facultar a la Secretaría de Finanzas para que emita bonos sin límite, para la compra de cemento el que serviría para pagar a las Municipalidades parte del valor de la transferencia que les corresponde de conformidad con la Ley. Cabe destacar, que al 31 de Diciembre de 2009, el valor de la deuda interna del Gobierno de Honduras era de L. 22,000. Millones y a la fecha ya excedió los L. 53,000. Millones de donde en este gobierno, se ha incrementado en más de L.30, 000. Millones.

Vanessa Loaiza
Fuente: La Nación.

La frase se convirtió en un búmeran para la propia presidenta. Ahora los ticos deploran que la mandataria, Laura Chinchilla, calificara como un “lamentable descuido” las omisiones fiscales que se revelaron sobre varios de sus ministros.

Casi 8 de cada 10 costarricenses están en desacuerdo con la afirmación de Chinchilla y solo dos la avalan, según lo revela la más reciente encuesta de Unimer para La Nación.

Según los datos de la consulta, quienes más adversan la frase presidencial son las personas que consideran que la mandataria “no tiene el control de su equipo”, quienes no tienen simpatía por ningún partido o los simpatizantes del partido Movimiento Libertario.

El 26 de marzo la gobernante calificó por primera vez como un “lamentable descuido” que 11 ministros de su gabinete hayan incumplido con la ley de impuestos inmobiliarios.

Sus declaraciones se hicieron públicas luego de un reportaje de este medio en el que se reveló que, esos ministros, sus cónyuges o empresas relacionadas tenían al menos una propiedad sin declarar ante la municipalidad o la tenían estimada en un valor inferior al precio mínimo del terreno.

También se confirmó que el entonces ministro de Hacienda, Fernando Herrero, no actualizó durante 12 años el valor de dos propiedades (en Pavas y Escazú) y con ello dejó de pagar al menos ¢300.000 anuales en impuestos.

Escándalo conocido. Los encuestados por Unimer entre el 9 y el 17 de abril demostraron estar muy enterados del escándalo.

También reconocieron haber leído las noticias en las que también se evidenció que 8 de los 12 diputados claves en la discusión del plan fiscal tenían propiedades con valores desactualizados.

Los que más enterados estuvieron de esas noticias fueron los hombres, las personas mayores de 30 años, de altos ingresos económicos, con estudios universitarios y residentes de zonas urbanas.

Unimer preguntó a los ciudadanos si los ministros deberían tener la oportunidad de actualizar el valor de sus propiedades o deberían renunciar.

Ante esa consulta el 68% se inclinó por la dimisión de los jerarcas, mientras que otro 29% cree pertinente que se les permita actualizar el valor de sus bienes.

Un 3% no respondió.

Aunque la mayoría pidió la renuncia de los ministros, el único que abandonó el cargo fue Fernando Herrero, cuando se divulgó que tampoco reportó todos los ingresos que percibió su familia en período fiscal 2009-2010, a través de la empresa Procesos Investigación y Asesoría CA.

En su lugar, asumió el economista Édgar Ayales, quien actualizó el valor de su casa cuatro días antes de que se anunciara su nombramiento.

Gracias a la actualización, el valor declarado de la propiedad de Ayales aumentó un 40% (¢78,3 millones adicionales), lo que implica que el ministro pagará ¢195.000 más en impuestos a partir del próximo año, según confirmó la municipalidad de Curridabat.

La opinión de que los jerarcas deberían renunciar es más fuerte entre los simpatizantes del Movimiento Libertario y quienes planean no votar en el 2014.

Las opiniones son aún más radicales cuando se le consultó a los ciudadanos si el comportamiento de los diputados y los ministros fue éticamente correcto o incorrecto.

Para 9 de cada 10 personas el comportamiento fue incorrecto desde el punto de vista ético.

La misma relación numérica se da ante la pregunta de si el comportamiento de los ministros y los congresistas cumple con la ley. El 91% estimó que los jerarcas y los legisladores están incumpliendo las leyes tributarias.

Fuente: Periódico La Tribuna, Honduras.

El sector privado e industrial del país reaccionó con nerviosismo ante la Ley de Racionalización de Exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas del Estado, que contiene nuevas cargas impositivas y eliminación de franquicias.

Cada una de las organizaciones empresariales sometió a estudio ese reglamento para medir el impacto en el desarrollo de inversiones, que a última hora cambia las reglas de juego en la generación de empleos.

Entre los elementos más cuestionados está la eliminación del Régimen de Importación Temporal (RIT), que otorga a las empresas 100 por ciento exportadoras, el beneficio de importar libre de todo tipo de aranceles: Materias primas, bienes intermedios y de capital exclusivamente relacionados con el proceso productivo.

Hasta 1994, las empresas acogidas a este régimen tenían derecho a la exoneración del impuesto sobre la renta. En este régimen pueden participar todos los rubros relacionados con la exportación.

Ahora, al cargar los aranceles, los costos serán trasladados al consumidor final, pues los empresarios no pueden asumir los costos, haciendo menos competitivo al país, en comparación con las naciones vecinas.

Por Pablo Mora Vargas.
Fuente: ameliarueda.com

Sacar al país de la difícil situación fiscal que enfrenta ocupará los primeros lugares de las agendas en Zapote y Cuesta de Moras a partir de las próximas semanas. La presidenta Laura Chinchilla y su homólogo en el Congreso, Víctor Emilio Granados, se reunieron este miércoles para analizar cuáles serán las prioridades de ambos poderes para este año legislativo.

En el área financiera, el fortalecimiento y el manejo eficiente de las finanzas públicas, la Ley de Transparencia Fiscal, el mejoramiento de la gestión tributaria y el plan que canjea deuda cara por deuda barata con títulos valores en mercados internacionales serán ocuparán los primeros lugares de relevancia para ambos poderes del Estado.

Asímismo, la aprobación final de la leyes de tránsito, regulación de casinos, delitos informáticos, trata de personas y protección niños y jóvenes en Internet serán los temas de mayor interés en cuanto a seguridad se refiere.

Granados se refirió así al compromiso que asumió en materia fiscal y de seguridad, como parte del acuerdo suscrito entre el Partido Liberación Nacional y el Partido Accesibilidad Sin Exclusión:

En materia ambiental ambos jerarcas acordaron abordar los proyectos de contingencia eléctrica y la Ley de Geotermia. En cuanto a lo social, se habló de impulsar el Fondo de financiamiento para vivienda, Investigaciones biomédicas, creación del Ministerio del Deporte y la prórroga para el desalojo de familias en zonas de riesgo.

Una de reformas que urgió Chinchilla fue la reforma al reglamento legislativo. La presidenta comentó que se necesita un cambio en las normativas que rigen al Parlamento para evitar que las discusiones se empantanen.

La lista de proyectos prioritarios para Granados y Chinchilla la complementan los Tratados de Libre Comercio con Perú y Singapur, así como un tratado de inversiones con China.

La mandataria recalcó, una vez más, que los proyectos de uniones civiles homosexuales y la ley de convivencia no son prioritarios para el gobierno y que al no estar dentro de su programa de gobierno, no serán impulsados por esta administración.

Fuente: La Nación.

El Ministerio de Hacienda mantuvo gravados con el 13% del impuesto de ventas 16 productos, pese a que están incluidos entre los de consumo importante en la población de menores ingresos.

La lista incluye galletas dulces y saladas, cereales, sopas en polvo y varios productos de limpieza, como jabones.

Los artículos se obtienen al comparar la canasta básica alimentaria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con la tributaria.

La canasta básica alimentaria se construye conforme al porcentaje de gastos que dedican los dos segmentos más pobres al consumo de cada producto.

La directora ejecutiva de la Cámara de Comerciantes Detallistas, Ana Teresa Vásquez, advirtió de que esto demuestra que las modificaciones al impuesto de ventas no solo afectan el consumo de los segmentos de altos ingresos.

También, añadió, se afecta los micro, pequeños y medianos empresarios, quienes ahora deben dedicar más capital de trabajo mientras les cobran el impuesto a los consumidores.

Críticas. El 16 de febrero del 2011, la ministra del MEIC, Mayi Antillón, criticó el divorcio entre la canasta de su despacho y la canasta tributaria que se proponía en el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria. El decreto que modifica el impuesto de ventas, vigente desde el 7 de mayo, hace lo mismo. Pero el viceministro de esa cartera, Marvin Rodríguez, defendió ayer la decisión de Hacienda, tanto porque –dijo– tienen otro objetivo, como porque se manejó como exclusiones de productos exonerados y no como inclusiones.

Jordi Prat, asesor del Ministerio de Hacienda, argumentó ayer que la canasta tributaria tiene objetivos diferentes a la básica alimentaria. A eso se agrega, enfatizó, que el plan no era modificar la canasta y exonerar nuevos productos. Tampoco, dijo, es tiempo para más exoneraciones en vista de la necesidad de ingresos.

Mariano Arias
Fuente: Noticias Monumental.

La Dirección General de Tributación instó a los consumidores a denunciar cualquier abuso en el precio de los bienes que se realice tomando como pretexto las modificaciones efectuadas a la canasta básica.

En los próximos días, un grupo de auditores realizará un plan de visitas de verificación a diferentes negocios del país, para comprobar que el impuesto de ventas del 13% se cobre únicamente sobre los productos que fueron excluidos de la canasta básica y no en los exonerados.

Si usted tiene alguna queja, la puede enviar por correo electrónico a la dirección:  tributaciondenuncias@hacienda.go.cr o llamar a las direcciones regionales de Tributación.

Por su parte, el Ministerio de Economía Industria y Comercio, también realizará el monitoreo de los productos establecidos en el decreto de Hacienda.

Este miércoles, el director de Tributación, Carlos Vargas, y el asesor Jordi Pratt, se reunieron con representantes de la Corporación de Fomento Ganadero, quienes expresaron su oposición al cambio en el decreto del impuesto a las carnes.

Según Tributación, todas los cortes de carne cuyo precio por kilo supere los 3 mil 800 colones, deben pagar el 13% de impuesto de ventas; mientras que el sector ganadero considera que el monto mínimo debería ser cercano a 8 mil colones.

El encuentro, según los ganaderos, terminó sin resultados concretos.

Oscar Ulloa
Fuente: Radioreloj.com

La empresa de tecnología IBM inauguró el nuevo Centro de Servicios de Tecnología de la Información en Costa Rica, actividad donde participó la mandataria Laura Chinchilla.

La compañía asegura que prevé generar 1000 empleos hacia el año 2014 en el centro que ofrecerá servicios de seguridad, almacenamiento de datos y analítica de negocios.

Chinchilla resaltó la seguridad jurídica que ofrece el país, tras el fracaso del impuesto de 15% sobre los dividendos de empresas instaladas en zonas francas, establecido en el plan fiscal que impulsó el Gobierno junto con el Partido Acción Ciudadana y que tuvo un traspié en la Sala IV.

Durante la actividad se anunció una iniciativa conjunta entre IBM, universidades, CINDE y el Gobierno, que brindará herramientas y acceso a software para el fortalecimiento de los programas de entrenamiento de tecnologías de información.

La inversión de IBM en el país alcanzará los $300 millones en el año 2021.

Randall Rivera
Fuente: Radioreloj.co.cr

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales indagó ayer al presidente de la junta directiva del Grupo Nación, Manuel Francisco Jiménez Echeverría por el delito de defraudación fiscal.

La imputación ocurrió luego de que el Juez Penal de Hacienda rechazó una solicitud del abogado del Grupo Nación, Carlos Tiffer donde pedía la prescripción de la acción penal, que actualmente se encuentra en apelación.

Este martes a las nueve de la mañana, se indagó a un abogado de apellido León en esta misma causa y a las 2 de la tarde se recibió la declaración del presidente del grupo de comunicación.

Así lo confirmó el Ministerio Público.

El analista penal de Noticias Reloj, Ewald Acuña, explicó en qué consiste este delito.

La investigación se basa en supuestas irregularidades en la venta de rotativas. La defraudación ascendería a más de mil 900 millones de colones.

Noticias Reloj contactó este miércoles al abogado de Jiménez, Carlos Tiffer, pero dijo que no podía dar declaraciones porque ya su defendido estaba imputado.

La fiscalía espera tener lista la decisión de si solicitarán juicio en un mes aproximadamente.

Marvin Barquero
Fuente: La Nación.com

Dos de las más grandes cadenas de supermercados reconocieron ayer que se mantiene la confusión acerca de cuáles productos fueron gravados con el impuesto de ventas.

El Gobierno emitió un decreto original para afectar con ese tributo productos que antes no estaban incluidos, bajo el criterio de considerarlos de consumo suntuario.

Luego de la protesta de sectores productivos y de la confusión generada entre productores de varios artículos, se volvió atrás en algunos casos, como leche, pan, frijoles, atunes enlatados, quesos y embutidos. Estos cambios se negociaron entre el viernes y ayer.

Walmart, dueña de Palí, Maxipalí, Más x Menos y Walmart, y el Grupo Empresarial de Supermercados S. A. (GESSA), propietario de Jumbo, Peri, Turribásicos y Supercompro, coincidieron, por separado, en la dificultad logística que implican los cambios.

Yolanda Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart de México y Centroamérica, dijo que respetan las directrices de las instituciones y Gobiernos, pero explicó que los cambios requieren de un esfuerzo grande de logística.

Reconoció que para una empresa del tamaño de Walmart, es muy difícil hacer las variantes de un día para otro.

Esa firma tiene 201 tiendas en todo el país y asuntos de seguridad informática causan que esos procesos no puedan ser desarrollados de repente, dijo Fernández.

“Nosotros hemos hecho los cambios de acuerdo a nuestra interpretación y los hemos mantenido hasta que el Ministerio (de Hacienda) aclare la situación”, declaró Adrián Mora, gerente de logística de GESSA.

Agregó que los casos de mayor confusión se estaban dando ayer en las carnes. Por ejemplo, dijo, se debe dejar muy claro cuál es el bistec popular, pues lo que es para un comercio no lo es para otro.

Los mismos proveedores están confundidos, pues a veces traen facturas con impuestos agregados y en otros no, comentó Mora.

Los representantes de Walmart y GESSA coincidieron en que la situación causa molestias y comentarios entre los clientes, pese a que se les explica el porqué.

Fuente: Ministerio de Hacienda
Comunicado de prensa
CP-52-07 de mayo, 2012

El Ministro de Hacienda, Edgar Ayales, informó esta mañana que con el objetivo de aclarar algunos renglones de productos incluidos en la nueva canasta básica tributaria que rige desde este lunes, hoy mismo se estará publicando una Fe de Erratas en La Gaceta Digital, la cual será ampliamente difundida entre comerciantes y consumidores.

Mediante esta publicación se aclara que todos los tipos de pan de harina de trigo, la leche y los granos empacados en plástico sellado están exentos del pago del 13 % del impuesto de ventas.  Tampoco pagan impuesto los atunes enlatados, con o sin vegetales; los embutidos empacados en plástico sellado y los quesos empacados en plástico sellado,  sin ningún grado de maduración, incluido el queso fresco, sin ningún ingrediente adicional (blando, excepto el untable, semiduro, duro y extra duro); excepto el enlatado o el envasado.

“Tal como lo hemos manifestado,  el objetivo de esta nueva canasta es proteger el consumo de la población con menores ingresos, razón por la cual,  de ella se excluyen los bienes consumidos,  principalmente, por los grupos con más recursos.  Por errores materiales generados a partir de las nomenclaturas utilizadas en las definiciones estadísticas y del arancel, que se utilizaron en la redacción del decreto, y ante consultas de los diferentes sectores, desde que se publicó el decreto el 30 de abril, hemos venido trabajando en esta corrección para que el espíritu del decreto no se desvirtúe ni llame a confusión”,  informó Ayales.

El jerarca expresó que esperan de esta manera atender todas las inquietudes recibidas hasta el momento,  por lo que no consideran necesario trasladar la fecha vigencia del decreto. 

Esto significa que quienes vendan los productos que ahora están gravados, deberán retener el impuesto e incluirlo en su declaración de ventas desde este 7 de mayo,  y quienes a la fecha no se hayan inscrito ante la Administración Tributaria, tendrán que hacerlo a la brevedad posible, debido a que estarán obligados por ley a cobrar el impuesto y presentar la declaración del mes de mayo, dentro de los primeros 15 días naturales del mes de junio.

Para no afectar a los nuevos responsables del cobro del impuesto, la Dirección General de Tributación dará un plazo de tres días hábiles posteriores a la fecha de vigencia del mencionado decreto, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas, para que se inscriban como contribuyentes de ventas. La falta de inscripción no libera a los contribuyentes, de la obligación de pagar el impuesto con respecto a todas las operaciones gravadas, efectuadas después del 07 de mayo del año en curso.

La canasta básica tributaria está conformada por los artículos que no tienen que pagar el 13% de impuesto de ventas y la nueva propuesta que rige a partir de este mes, forma parte de las nuevas acciones tomadas por el Gobierno para enfrentar el déficit fiscal. 

Para emitir el decreto, el Ejecutivo se fundamentó en la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la cual documenta todos los ingresos y gastos de los hogares, así como en el análisis sobre el patrón de consumo por estrato de ingreso.

Para acceder a la lista de bienes exentos según Decreto No. 37073-H, del 18 de abril de 2012 y la Fe de Erratas emitida hoy, de clic aquí

Fuente: Periódico EFE / Berlín.

La canciller alemana, Angela Merkel, aguarda al presidente electo francés, François Hollande, “con los brazos abiertos”, pero con el pacto fiscal bajo cerrojo, convencida ahora de que la austeridad no está reñida con el crecimiento y, también, de que el gran desafío no está en París, sino en Atenas.

El pacto fiscal no es renegociable, como no lo es ningún otro tratado europeo tras unas elecciones en un país, “porque de ser así no se podría trabajar en la UE”, afirmó ayer la canciller, al día siguiente de la victoria del socialista francés sobre quien fue el gran aliado de Merkel en los últimos años, Nicolas Sarkozy.

Al nuevo inquilino del Elíseo se le recibirá en Berlín “con los brazos abiertos”, insistió Merkel, y con él se trabajará “intensamente” en busca de una fórmula para resolver el “quid” de la cuestión: “Lograr a la vez una consolidación presupuestaria y un crecimiento sólido”, ya que “lo uno no va sin lo otro”.

Esta convicción no es nueva, ni precipitada por la victoria de Hollande, defendía Merkel, sino que está desde hace tiempo “incorporada a las discusiones” en el seno de la UE, lo mismo que un pacto para impulsar la creación de empleo.
Se parte de la base de que se dará con esa fórmula de compromiso entre los dos países “con una relación tan especial de amistad”, como constataron en su primera conversación telefónica, la noche del domingo, en que Merkel llamó a Hollande para felicitarle.

La “cuadratura del círculo” no vendrá tras el previsible primer beso -o apretón de manos- de la canciller al presidente electo, en Berlín, en una fecha “realmente próxima”, en cuanto Hollande haya jurado el cargo el próximo día 15.
Serán precisos “otros encuentros”, bilaterales o multilaterales, en las próximas cumbres de la UE, del G8 o de la OTAN, dijo Merkel.

La perseverancia es el fuerte de Merkel y en ello parece basar su certeza de que habrá un acuerdo que no implique un “gigantesco programa coyuntural” en detrimento del objetivo del déficit que, recordó, está fijado por el Tratado de Maastricht en el 3% del PIB.

La victoria del socialista francés sobre Sarkozy no parece un problema insalvable, mientras que el avance de las formaciones hostiles al programa de rescate griego sí puede situar a la eurozona o a Atenas contra las cuerdas.
“Vamos a ver cuál es la constelación del gobierno resultante”, cuya formación compete exclusivamente “a los griegos”, aseguró.

Sin embargo, el crecimiento, el empleo y la introducción de reformas en el pacto europeo de austeridad figuran entre los principales objetivos del presidente electo de Francia, el socialista François Hollande, quien ya ha recibido el mensaje de Alemania de que ese acuerdo fiscal no es renegociable.

Merkel, quien tuvo en el presidente saliente de Francia, el conservador Nicolas Sarkozy, un gran aliado, subrayó que Alemania trabajará con Hollande “intensamente” en busca de una fórmula para “lograr a la vez una consolidación presupuestaria y un crecimiento sólido”, ya que “lo uno no va sin lo otro”.

Y es que ayer mismo, tras conocerse su victoria en las urnas por algo más del 51 % de los votos sobre Sarkozy, Hollande resaltó su intención de dar a la construcción europea una dimensión de crecimiento y empleo y, horas después, destacó que su triunfo electoral supone “un cambio para Europa”.

Hollande quiere plantear a Merkel una reforma del tratado europeo firmado a principios de marzo pasado que incluya medidas de reactivación económica, como contrapeso al rigor presupuestario.

Andrea Rodríguez Valverde.
Fuente: El Financiero

Los frijoles, la leche, el pan, el atún, los embutidos, los quesos frescos y granos empacados en plástico volverán a formar parte de la canasta básica. El Ministerio de Hacienda publicó esta tarde un nuevo texto del decreto que modifica la canasta básica tributaria y así continuará en vigencia la normativa establecida.

El Ministerio de Hacienda informó que este lunes se publicará una Fe de Erratas en La Gaceta Digital.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) hizo extensiva, en horas de la mañana, la necesidad de que el Gobierno suspendiera temporalmente la entrada en vigencia del decreto por considerar que la norma generaba confusión en el tipo de producto que se verá afectado; entre otros señalamientos.

Con la nueva disposición, un total de 90 productos fueron sacados de la canasta básica para aplicarles el 13% de impuesto de ventas; el kiwi, los duraznos, las ciruelas, la mano de piedra, la lengua y el salmón son algunos de ellos.

Mario Montero, director ejecutivo de la Cámara, señaló que el decreto contaba con vicios en su redacción, dejando a la libre interpretación temas como que tipo de pan se gravaría, por ejemplo, con el impuesto.

“Más del 90% de las variedades de esa categoría alimentaria se verá afectada, lo cual es inaceptable, por tratarse de uno de los productos más populares”, señaló Montero.

Aseguró que ven con buenos ojos la voluntad política para revisar y corregir una serie de disposiciones que asegura atentan tanto al consumidor como al empresario.

“No estamos en contra del decreto sino queremos una revisión adicional ; en este momento persisten dudas tanto para el inspector que va a llegar a un negocio a hacer cumplir el decreto como para el dueño del comercio; por un error en conceptos y redacción”, comentó el directivo.

Otras de las preocupaciones señaladas por el sector es el poco tiempo que tuvieron las empresas para adecuarse a la normativa , pues “debieron ajustar sus precios al consumidor y su logística de comercialización a más de 200 tipos de presentaciones, lo cual genera una complicación que estamos seguros no estaba en el espíritu de la reforma planteada”.

En este punto, Montero añadió que los comercios deberán hacer un esfuerzo por hacer cumplir la ley y solucionar una “complicación lógistica” que viene de la mano con el cumplimiento del decreto.

Cámaras afines a Cacia, como la de lecheros y avícola, comparten las preocupaciones técnicas y expresadas por los industriales.

Gerardo Ruiz Ramón.
Fuente: Periódico El Financiero

No ha bajado la alta temperatura generada por las fricciones del 1° de mayo, y ya las bancadas se prepararan para dar otra pelea: la de colocar sus proyectos prioritarios en los primeros lugares del orden del día del Plenario.

En esa contienda, tres proyectos fiscales empiezan a perfilarse como posible relevo del plan fiscal que acaparó el segundo año. Empero, construir esta agenda implicará un pulso fuerte.

Aunque el Artículo 36 del reglamento legislativo estipula que los primeros 16 puestos en la agenda del Plenario se distribuirán equitativamente entre las bancadas, de acuerdo con sus miembros, la lucha se vislumbra compleja.

La tarea es más estratégica que en las dos legislaturas previas. El tercer y penúltimo año del actual periodo constitucional lo adorna todo con ribetes de urgencia, ante la cercanía de la campaña política y la consecuente disminución en la producción legislativa que, históricamente, experimenta el Congreso.

Los grandes temas, tienen menos oportunidad de convertirse en leyes, a no ser por acuerdos políticos. Eso, empero, no hace que las bancadas abandonen sus altas expectativas.

Por lo pronto, los diputados se entretendrán con los resabios de la legislatura pasada.

La reforma a laLey de Tránsito , el plan para reformar laLey de Licores , el traslado del Viceministerio de Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el nombramiento del nuevo contralor general de la República, son algunos de los temas que primarán en la agenda del Plenario mientras se concretan las negociaciones para conformar la nueva lista de planes a discusión.

¿Posible reforma del Estado?

Los ribetes políticos del tercer año no parecen asustar al jefe de fracción del PLN, Fabio Molina. El diputado ve en esta tercera y en la cuarta legislatura la oportunidad de resolver asuntos de envergadura, como la reforma a la Ley de la jurisdicción constitucional para limitar las potestades de la Sala IV.

“Es verdaderamente urgente una reforma en ese sentido para que la sala sea fuerte en control constitucional, protegiendo y amparando los derechos de la cuidadanía, pero que no cometa excesos inconvenientes al invadir competencias del Poder Ejecutivo y del Legislativo”, sostuvo Molina.

La unión con el PASE también ilusiona a Molina en el ámbito fiscal. Empero, el líder oficialista hace conciencia y afirma que el PLN deberá pensar en el impulso de iniciativas de ley que gocen del mayor consenso posible, con el fin de no entorpecer el nuevo año legislativo con una agenda muy ambiciosa, pero que carezca del respaldo necesario para convertirse en realidad.

Desde otras tricheras

Ya desde el pacto PASE-Liberación Nacional (PLN), Víctor Granados, nuevo presidente del Parlamento, afirma que su bancada dará prioridad a aquellos proyectos de ley destinados a resolver en parte la situación fiscal del país.

“Si le enviamos al Gobierno el mensaje de que no queremos más impuestos, debemos entregarle las armas necesarias para que recaude y persiga mejor la evasión. Esa será una prioridad de nuestra gestión durante este tercer año”, comentó el jerarca, cuya bancada de cuatro miembros votó en contra el proyecto “Ley de solidaridad tributaria”.

Para este tema, también cuentan con el aval del Partido Acción Ciudadana (PAC), que a pesar del revés del plan fiscal, insiste en buscar una reforma tributaria de fondo.

Empero, otro es el interés del Movimiento Libertario. Carlos Góngora, líder del grupo rojiblanco, apuesta por una agenda encabezada por abrir el mercado de producción de energía eléctrica. “Requerimos apertura de mercados, eliminar los topes a la producción de energía, fomentar la inversión privada junto con la cooperativa, la municipal y estatal”, justificó el líder libertario.

Pese a ese impulso, Granados, anunció sus expectativas moderadas sobre el proyecto de “Ley de contingencia eléctrica” y acusó a sus antiguos socios de la alianza Por Costa Rica de frenar posibles acuerdos sobre el plan.

“A finales del año pasado hubo consensos en torno al proyecto de contingencia. No obstante, se cayeron por la lucha de egos tan grande que entablaron algunos actores de la alianza”, recriminó.

Pero Góngora, en su discurso inaugural como jefe de fracción del Libertario, dejó ver que la realidad podría ser otra durante la tercera legislatura. Más apertura al diálogo, mejor comunicación y la visión fija en posibles acuerdos nacionales, fueron las líneas que trazó Góngora.

“Debemos trabajar en acuerdos para mover temas en todos los ámbitos, desde el energético hasta el social y la seguridad. Debe existir un compromiso impostergable en estos temas”, agregó el liberal.

Pero el ambiente contaminado en el que renquea la alianza Por Costa Rica, herida de muerte por las fricciones internas y las irreconciliables diferencias ideológicas, amenaza con impedir que el grupo plantee una agenda común de prioridades, debilidad crónica del conglomerado de partidos.

Esto podría fraccionar aún más el debate y dificultar la adopción de acuerdos de fondo.

Paradójicamente, podría ayudar a que los proyectos fiscales, en su condición de emergentes, tengan una mayor posibilidad, como una de las pocas áreas con trayecto recorrido. Empero, en cualquier caso, el tiempo se acaba.

Mariano Arias
Fuente: Noticias Monumental

Una semana después de asumir su cargo como nuevo Ministro de Hacienda, Edgar Ayales tiene claras sus tareas para los 2 años que le restan a la administración de Laura Chinchilla.

Según dice, su prioridad será asegurarse que las finanzas del Gobierno no desestabilicen la economía, ni pongan presión sobre las tasas de interés, inflación, desempleo y producción.

Para ello, una de las claves es cobrar mejor los impuestos. Ayales explicó que darán más recursos a la Dirección General de Tributación y promoverán la facturación digital y el pago por medios electrónicos.

El nuevo jerarca dijo que revisarán los registros de bienes inmuebles y automóviles para comprobar que los profesionales liberales reporten ingresos de acuerdo con su nivel de vida.

Ayales agregó que hay que cambiar la cultura, porque los ticos no deben ver la evasión de impuestos como un deporte, sino como un delito grave.

El ministro de Hacienda asegura que está revisando los gastos en consultorías del Gobierno, viajes y los alquileres.

A nivel general, Ayales considera que Costa Rica está “bastante bien”, y criticó el “discurso político” que califican la situación como una catástrofe.

El ministro dijo que la situación es controlable a corto plazo, pero llegará el momento de tomar decisiones, no sólo el Gobierno, sino también los sindicatos, los gremios y los partidos políticos.

Eso sí, dejó claro que la creación de impuestos será la última opción.

¿Qué hará Edgar Ayales para mejorar la imagen del Ministerio de Hacienda?, una entidad cuestionada por la salida de su anterior jerarca Fernando Herrero por supuesta evasión de impuestos.

Por último, el ministro espera que la Asamblea dé el visto bueno a los proyectos que hay pendientes, como el que avala un endeudamiento por 4 mil millones de dólares en el mercado internacional, algo que aliviaría la presión sobre las tasas de interés que pagan los costarricenses.

Carolina Acuña.
Fuente: Periódico La República

Como en una muy famosa serie televisiva, en la Administración Tributaria, las reglas cambian. Lo que antes era gravable, deja de serlo y años después lo vuelve a ser pero por razones diferentes.

Aunque debido al desarrollo económico, tecnológico y cultural modernizar las reglas es normal, lo incómodo para los contribuyentes es cuando se dan cambios de criterio con argumentos que pueden rayar hasta en lo ridículo. Estos vaivenes tributarios no solo desmotivan el pago sino que aumentan el gasto de los contribuyentes y hasta del fisco en costosos y engorrosos procesos judiciales.

Un ejemplo de estas inconsistencias es el tema de los empaques de los productos. Aunque represente para un empresa un gasto obligatorio distribuir leche o agua envasadas, la deducción del costo del material para obtener créditos fiscales ha generado una batalla de años.

En un inicio como el envase no es parte física del producto no era sujeto del crédito fiscal. Tras litigios de empresas interesadas se generó jurisprudencia en el tema de incorporación, dado que era parte financiera de dicho bien. Así hubo un periodo de más de una década donde sí se consideró parte de los créditos a deducir, pero luego se reinterpretó para no tomarlo en cuenta.

“El caso de los envases, la interpretación de la ley ha cambiado tres veces y actualmente se realiza un estudio por parte de la Administración Tributaria para tomar una decisión”, dijo Raymundo Volio, especialista tributario.

El cambio de criterio a veces es muy antojadizo y los argumentos dejan dudas ante los afectados.

“En el caso de los empaques, un simple cambio de director hizo la diferencia”, dijo Volio.

Por otro lado, otros casos que confunden a los contribuyentes es cuando la ley y los tribunales dicen una cosa pero luego el fisco quiere hacer otra.

Por ejemplo, el reciente caso del diferencial cambiario. Los tribunales han fallado que las ganancias por diferencial cambiario no son gravables, pero las pérdidas sí son deducibles, aun así, Francisco Villalobos, el director que acaba de salir, redactó directrices internas que lo contradicen.

Esas directrices son de acatamiento obligatorio para el fisco y dictan que las ganancias son gravables, pero el contribuyente podría apelarlas, donde encontraría un tribunal que le da la razón, pero tendría que hacer un gasto de tiempo y dinero para ello.

Un tercer ejemplo tiene que ver con sanciones. Recientemente la sala constitucional falló tras un caso presentado por el bufete Faycatax, en el cual en resumen se le ordenó a Tributación que dejara de sancionar doblemente la misma falta al no permitir la deducción de gasto los pagos de salario, luego de que una auditoría reclasifique pagos por servicios profesionales.

El fallo de la sala cuarta declaró la inconstitucionalidad de una directriz de 2003, que justificaba la también declarada inconstitucional directriz de ese mismo año, la cual había dejado sin efecto otra directriz de 2002. En resumen, tres diferentes directrices de tributación en menos de un año no debieron ser aplicadas, pero se tuvo que ir a un proceso para demostrarlo, proceso que terminó diez años después costando millones al Estado.

Los cambios de criterio son tan comunes que para el contribuyente es imperativo tener información oportuna de lo contrario de un momento a otro se puede llevar una sorpresa desagradable.
“Cuando el contribuyente percibe que se le están cobrando impuestos de forma incorrecta o, peor aún, arbitraria, crea un efecto desincentivador del cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales, puesto que la realidad es que el contribuyente buscará como resarcirse por otros medios del cobro que considera injusto”, explica Rafael Luna de la firma AFC.

Los abogados consultados coinciden en que la precaria situación fiscal del país ha derivado en una administración tributaria que considere que la recaudación debe anteponerse a todo, por lo que resulta frecuente la queja de contribuyentes, que mencionan ser objeto de amenazas y malos tratos por parte de funcionarios del fisco, o de ajustes tributarios basados en normas inexistentes (como el caso de los precios de transferencia) o criterios que no comprenden.

“Todo lo anterior redunda en una resistencia aún mayor por parte de los contribuyentes, por lo que a largo plazo, estas estrategias del fisco son contraproducentes para el mismo Estado”, agrega Luna.

Hacia el futuro el panorama no es tan bueno. A pesar de que entre las propuestas en la corriente legislativa el proyecto de fortalecimiento incluye la creación de una Defensoría del Contribuyente, esa entidad sería un órgano parte del Ministerio de Hacienda, con lo cual se duda de la imparcialidad.

“El capítulo de los derechos y garantías del contribuyente es una necesidad del sistema tributario de Costa Rica. Pero es necesario, aunque sea parte del Ministerio de Hacienda, tener independencia absoluta de criterio y autonomía suficiente”, dijo Volio, quien añadió que podría visualizarse la opción de que esté adscrita a la Defensoría de los Habitantes.

La posición oficial de la Administración Tributaria sobre estos asuntos no se pudo conocer, dado que al cierre de edición no habían manifestado su posición en torno a las consultas enviadas para elaborar este artículo.

Elizabeth Rojas Arias
Fuente: Periódico El País.cr

El estudio trimestral que realiza el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) Pronóstico del desempeño de la economía costarricense prevé para el segundo trimestre del año un aumento en las tasas de interés (tasa básica pasiva pasó de 8% a 9,25%)  justificado por una mayor demanda de crédito, una inflación entre 3,8% y 4,8% y un crecimiento del Producto Interno Bruto que se mantiene como el trimestre anterior entre 4,5 y 5,5.

El economista M.Sc. Rudolf Lücke Bolaños encargado del pronóstico del IICE explicó que el aumento en las tasas de interés se debe a que a pesar de que la liquidez es alta, el crédito que demanda el Gobierno Central y del sector privado está aumentando a un mayor ritmo.

Además, dijo Lücke, desde mediados del 2011 se nota una disminución de la oferta de dólares desde el exterior. La posición extranjera neta del sistema financiero registraba un salto mensual promedio de 4 mil millones de dólares, no obstante, en los últimos seis meses este saldo registra un promedio de 3 mil millones de dólares.

Este comportamiento “estruja el mercado de fondos prestables y por lo tanto tiende a elevar las tasas de interés”, considera el M.Sc. Lücke.

Al respecto el director del IICE M.Sc. Max Alberto Soto Jiménez destacó que el incremento en las tasas de interés ha provocado durante el año 2012 efectos negativos sobre la producción, el déficit fiscal, la calidad de la cartera del sistema financiero y sobre los activos del sistema de pensiones.

Añadió el M.Sc. Soto que los sistemas de pensiones han sufrido pérdidas equivalentes al 2% del ahorro acumulado total, cuyos fondos son invertidos en títulos valores.

Esto significa, que cada trabajador/a ya tuvo pérdidas de aproximadamente 100 mil colones en su fondo de pensiones, en los últimos tres meses.

Sobre el tema de los impuestos y el financiamiento de los gastos del Gobierno el estudio del IICE reveló un déficit financiero correspondiente al año 2011 de 4,4% según los datos del Ministerio de Hacienda. En enero del 2012 los resultados son más positivos debido a un incremento de un 10,1% de los ingresos tributarios provenientes de la recaudación por impuestos aduanales y de renta. No obstante, el M.Sc. Lücke considera que como el crecimiento del gasto es superior al de los ingresos tributarios una opción a considerar por el gobierno sería el endeudamiento externo.

En cuanto al aumento de los precios en los combustibles, tarifas de educación y en el primer trimestre del año, los economistas consideran que es bajo con respecto al año anterior y que la variación depende en mayor medida de la dinámica en la demanda interna.

El aumento en los precios de 4,2% a marzo del 2012 se da sobre todo en los bienes no transables, entre ellos los relacionados con el transporte, alimentos y bebidas no alcohólicas, y comidas y bebidas fuera del hogar.

El pronóstico establece que la demanda de este tipo de grupos de productos se relaciona con los cambios en el ingreso disponible de los hogares, lo que podría insinuar mejores condiciones laborales.

El Pronóstico económico es un estudio trimestral que se realiza desde setiembre del año 2009. Se basa en los datos aportado por el Banco Central de Costa Rica y en las estimaciones, de acuerdo con una aplicación que hace el IICE, para conocer la evolución de la economía del país.

Gabriela Mayorga
Fuente: Periódico El Financiero

El nuevo ministro de Hacienda, Edgar Ayales, quien asumió desde ayer sus funciones en la cartera, promete transparentar las finanzas públicas y proponer una solución de largo plazo al problema fiscal.

Los detalles sobre el cómo hacerlo aún no son claros, pero mencionó que la solución no necesariamente será el aumentar los impuestos , aunque sí condena la baja carga tributaria del país.

Hoy los costarricenses destinan cerca del 14% de sus ingresos al pago de tributos, un monto que en otros países en desarrollo llega a ser del 17% o 18%.

“Nos estamos comiendo la infraestructura social”, dice al recordar que el país pese a sus bajos ingresos ha sabido mantener las cifras de cobertura y calidad educativa y de seguro social, aunque no de mejorarla.

“No se puede invertir más en mejorar lo existente porque no tenemos más ingresos”, advirtió aunque aclaró que el problema fiscal costarricense es completamente manejable .

Más transparencia

Con una actitud abierta y dispuesto al diálogo, Edgar Ayales, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), asegura que la transparencia caracterizará su gestión .

Su primera tarea fue revisar rubros ‘poco claros’ del presupuesto como, por ejemplo, el gasto por Asesorías. “Al verlo se evidencia que el 90% del monto de esa línea es la contratación de servicios básicos como de limpieza o cocina, no son pagos a una persona determinada, este tipo de cosas hay que clarificarlas”, dijo al asegurar que evidenciará los hechos para ganar confianza.

Medidas inmediatas

Ayales tiene el mandato de no aumentar más del 4% los gastos corrientes al 2013 , una acción que lograría mantener las tasas de interés en el mercado local estables, y sin recibir mayores presiones al alza.

El Ministro reafirmó que un aumento del 1% en las tasas de interés supondrían a su vez un aumento del 1% en el déficit fiscal, algo que se evitará al mantener controlado el gasto corriente .

Además mantendrá activo el financiamiento a la infraestructura e impulsará las cuatro leyes de temas fiscales que ya discute la Asamblea Legislativa , y el nuevo proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que incluye entre otras medidas la posibilidad de refundir departamentos o entidades de instituciones descentralizadas, y cobro con factura digital, algo que mejoraría la capacidad de control cruzado y lograr una mejor recaudación de renta .

Juan Pablo Arias
Fuente: La Nación.com

Un 82% de las sociedades (mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas individuales de responsabilidad limitada) deberán pagar una multa diaria por no cancelar a tiempo el impuesto a las personas jurídicas.

Ese porcentaje equivale a unas 470.000 sociedades.

El lunes fue la última fecha habilitada para cancelar dicho tributo, al que ahora los propietarios morosos deberán agregar un cargo diario de ¢50 por una sociedad activa y de ¢25 por una inactiva.

Las sociedades activas debían pagar este año un tributo de ¢135.225 y las inactivas, de ¢67.612.

El Registro Nacional es el ente encargado de administrar el nuevo impuesto.

Hernando París, ministro de Justicia, atribuyó la baja afluencia en el pago a las cuatro acciones de inconstitucionalidad que fueron presentadas contra la Ley 9024, la cual crea el gravamen.

Entre el martes (feriado) y ayer, un grupo de 10.000 propietarios de sociedades hicieron el pago, que ya incluía una multa.

El último día, el número de contribuyentes que lograron hacer el pago por medio de la oficina transaccional en Internet o alguna sucursal del Banco de Costa Rica llegó a 38.000.

Angie López Briceño
Fuente: ameliarueda.com

La Contraloría General de la Republica emitió, como ente regulador, el análisis de evolución en cuanto a finanzas públicas en el pasado año. El mismo, en síntesis apunta a que la nación presenta 10 billones de colones en déficit, de estos, 6 billones solo le corresponden al gobierno central. Esta deuda presenta una tendencia al ascenso, en el pasado año su incremento fue del 1.6% con respecto al PIB.

Además, la contralora general, Rocío Aguilar, afirmó que el desorden institucional es protagonista a la hora de calcular la inversión en plazas y recursos que no son realmente necesarios ni utilizados, asegura que es urgente una política de reorganización institucional más que acciones meramente burocráticas. Ella misma no se mostró muy optimista al ser consultada por la idea de instaurar una comisión de notables propuesta por la presidenta de la Republica, Laura Chinchilla.

Según el informe, Costa Rica no sabe ejecutar los empréstitos que le han sido otorgados por diferentes organismos.

De los seis informes anuales presentados por el Ministerio de Hacienda sobre diversos temas a nivel nacional, dos fueron rechazados, dos se aprobaron parcialmente y dos si obtuvieron el visto bueno de la Contraloría. Por ejemplo, en el caso de la liquidación de ingreso y gasto en el gobierno central, el gasto devengado supera los ingresos, por lo que éste sector mantiene un déficit de ¢54.955 millones, sin embargo en términos reales el gasto total si logró decrecer en más de un 1%, gracias a algunos acuerdos de contención del gasto, luego de una década en la que no lo hacía.

La Contralora también se tomó el tiempo de recalcar que en cuanto a la Caja Costarricense del Seguro Social, los temas de mayor vulnerabilidad se enfocan en seguro de maternidad e Invalidez, vejez y muerte.

Este será el último informe presentado por Rocío Aguilar, ya que el próximo 7 de mayo deja su cargo como Contralora General de la Republica, luego de más de 6 años en ese puesto.

Licda. Jenny Lumbi Sequeira
Fuente: Actualidad Tributaria

El pasado lunes 30 de abril del 2012, venció el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas, sin que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como muchos esperaban, suspendiera el cobro del impuesto en razón de alguna acción de inconstitucional.


La Sala Constitucional hasta el momento ha rechazado de plano todas las acciones de inconstitucionalidad que se le han planteado en torno al Impuesto a las personas jurídicas, las últimas acciones han sido rechazadas según los votos 5254-12 y 5258-12.


En torno al voto 5254-12, se alegaba que el impuesto es contrario al principio de igualdad, pues discrimina a las nuevas empresas activas que no generan suficientes ingresos como para ser inscritos como PYMES; se contrapone con los requisitos que establece el Reglamento número 8262 “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas”, y no hay plazo, o directrices que aclaren como debe procederse en estos casos. A esta argumentación la Sala Constitucional señaló que la omisión impugnada no provenía de un mandato expreso del constituyente,  sino mas bien de una omisión que el accionante dice encontrar en la ley en general, y que en caso de que la Sala dictara una eventual sentencia estimatoria,  con la consecuente eliminación de la norma, no repararía la omisión indicada por la promovente, por lo que la acción planteada en esos términos, carece de utilidad y por ende es manifiestamente improcedente.


Por otro lado, en el voto 5258-12, se argumentaba que la ley no es constitucionalmente válida, porque no alcanzó las dos terceras partes de los votos en la Asamblea Legislativa, por lo que no puede limitar derechos fundamentales de esta forma. Argumento rechazado por la Sala Constitucional por ausencia de un asunto base para plantear la acción, puesto que un escrito presentado al Registro Nacional en fecha 2 de marzo del 2012 por el accionante, no es válido como asunto base, ya que en dicho momento la ley no estaba vigente.


Aun existen más acciones de inconstitucionalidad en torno al Impuesto a las personas jurídicas planteadas ante la Sala Constitucional, las cuales están en la etapa de estudio de admisibilidad, habrá que estar atentos y esperar la suerte de las mismas, para determinar el rumbo del Impuesto en cuestión.

Andrea Rodríguez Valverde
Fuente: Periódico El Financiero

Este miércoles arranca el periodo de recepción, por parte de la Contraloría General de la República , de las declaraciones juradas de bienes que anualmente están obligados a presentar alrededor de 12.500 declarantes.

Las declaraciones se estarán recibiendo en dicha instancia de lunes a viernes de 7 am a 4 pm, siendo el martes 22 de mayo el último día para hacerlo.

La obligación recae sobre aquellas personas que ocupan altos cargos en la Administración Pública o que, por la naturaleza de sus funciones, administran, fiscalizan o recaudan fondos públicos.

“Los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes o lo hagan extemporáneamente se exponen a la apertura de procedimientos administrativos y procesos sancionatorios como la separación del cargo”, señaló la Contraloría en un comunicado oficial.

Dicha institución habilitó la línea telefónica 905-declare (905-3325273) y el correo electrónico declaracion.jurada@cgr.go.cr, para evacuar dudas sobre el tema.

Fuente: Periódico El Financiero

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, juramentó este martes a Edgar Ayales Esna, como nuevo ministro de Hacienda, quien enlistó como parte de sus objetivos contener el gasto protegiendo la inversión, mejorar la recaudación y mejorar el perfil de la deuda.

En la misma línea de su antecesor Fernando Herrero, Ayales planea promover las leyes tributarias que contribuyan a consolidar la situación fiscal del país a mediano plazo. Estas sugerencias coinciden con las de tres expertos consultados por El Financiero.

El nuevo jerarca cuenta con experiencia en el diseño de programas macroeconómicos de los países del área centroamericana, además de participación en juntas directivas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Herrero renunció el pasado 4 de abril luego de que se dio a conocer que no había hecho el pago adecuado de sus impuestos.

Jessica Quesada
Fuente: teletica.com

A dos años de administración del gobierno de Laura Chinchilla, la mandataria reconoció en su discurso ante los diputados que su peor error fue gastar tiempo y recursos en un plan fiscal que fracasó.

En Zapote dicen que la función será diseñar las acciones que puedan desentrabar los objetivos que el gobierno se ha trazado.

Chinchilla asegura que requiere hacer modificaciones constitucionales pero que las negociaciones en el Congreso han sido complicadas.

Por lo que apostarán, en conjunto con las comisiones legislativas a diferentes tendencias políticas y económicas que puedan también elevar el rendimiento del sector público.

Niegan que este grupo se constituya por la ineficacia de los principales actores del gobierno de turno.

La presidenta Laura Chinchilla, anunció esta medida en el discurso del primero de mayo, donde expone la problemática fiscal del país, uno de los temas que se deberá atender en primer orden.

Otros gobiernos habían apostado por medias similares, como el de Abel Pacheco.

Para más información ingrese a nuestra sección de Eventos.

Carlos Camacho
Fuente: Periódico La Nación

Tal y como se clamaba a voces era necesario, aun en el supuesto de aprobación del proyecto de Solidaridad Tributaria, llevar a cabo una significativa evaluación y redimensionamiento del tamaño y la calidad del Estado, en particular en la incidencia que esta tiene en el tamaño del gasto.

Finalmente se enfoca que el tema del déficit pasa tanto por lo recaudatorio como por lo relativo a mermar el gasto, en especial aquel que tiene que ver con redundancias funcionales y financieras del Estado.

Como sabemos, surge un plan B, que de momento únicamente se puede ver como un predicado de buenos propósitos, al no tener un programa claro de la cantidad de recursos que se pretenden reducir del déficit respecto del PIB por razón de su posible puesta en marcha.

En lo tributario, lo más relevante que genera es la eliminación del artículo 61 de la ley 7092, de impuesto sobre la renta, en el que se elimina la tributación en Costa Rica por razón de no brindársele a los beneficiarios –en los países de su residencia– crédito o deducción por lo pagado en nuestro país.

Por supuesto que esta exención ya por sí misma contenía un sentido de desdén por nuestro sistema recaudatorio, ya que regalamos actualmente impuestos a países con mayor desarrollo relativo, como los regímenes de los países de los G-20, o las 20 economías más poderosas del mundo, en detrimento de nuestras arcas, de por sí débiles, de orden financiero del Estado.

Ahora la gran pregunta es: ¿cuál es plan A?, es decir, cómo llegamos al B sin pasar por el A, o si todo lo que se está haciendo en un enroque de pasar al B, para que se vea que por mucho que parece, es poco lo que se logra, y volver al A.

Realmente la lectura de la agenda de gobierno, no parece ser clara en este sentido. Si esto es un movimiento de ajedrez como el planteado, es una manera larga de hacer una historia corta. Las finanzas públicas no toleran en el tiempo y eso lo pagamos todos, cada día con la desmejora del Estado que recuerda el sueño del faraón que vio cuando las vacas flacas se comían a las vacas saludables, siendo este el primer signo documentado de una predicción económica en la Biblia, que escribe las páginas que llevan al pueblo de Israel a la esclavitud en Egipto. El resto es historia; alguien tiene que recordarle al Gobierno lo que sigue.

Eugenia Soto Morales
Fuente: Periódico El Financiero

El gobierno de Laura Chinchilla se apresta para enfrentar en duelo a un enemigo desconocido: la evasión fiscal.

Esta lucha es uno de los pilares de la estrategia con la que el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla espera capear el temporal después del descalabro del proyecto de “Ley de solidaridad tributaria” en la Sala IV.

Apretar los tornillos en el sistema de recaudación del Ministerio de Hacienda resultaría en ingresos de 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB) del total de 0,88% que suman el conjunto de medidas que componen el llamado plan B del Gobierno.

Estos ingresos, que rondarán los ¢56.000 millones, están lejos de solucionar el déficit fiscal, pero son un gesto para quienes se opusieron a mayores impuestos.

Enemigo sin rostro

Argumento de quienes se opusieron a la reforma fiscal, en realidad se sabe muy poco de este enemigo que el Gobierno pone en la mira. La Administración Tributaria se prepara para incrementar el fuego en su contra, sin siquiera saber con exactitud su tamaño. No tienen datos para estimar los impuestos que los contribuyentes costarricenses dejan de pagar.

El Ministerio de Hacienda nunca se ha preocupado lo suficiente como para emprender un estudio que permita determinar el tamaño de la evasión; ni tampoco si esta es mayor en renta, aduanas o en el impuesto de ventas.

“Trabajamos con la gente del Fondo Monetario Internacional para estimar la evasión. Se debió haber hecho, no en el último año, sino hace años. No ha sido desinterés de Hacienda, sino que el día a día se come al largo plazo”,aseguró Jordi Prat, asesor del Ministro de Hacienda.

Por el momento, solo se cuenta con los estudios realizados, cada dos o tres años, por la Contraloría General de la República.

Pistas

Las cifras no logran presentar una panorámica completa, ni tampoco muy actualizada debido a su periodicidad, pero han sido las herramientas para orientar a Tributación Directa en la focalización de esfuerzos.

El más reciente informe determinó que cada vez son más los profesionales registrados ante la Dirección General de Tributación Directa (DGTD), pero en promedio pagan ¢35.500 de renta al año.

Esta población se convirtió en el blanco de los inspectores de Tributación. Sin embargo, no existen datos del total de la evasión en renta, ni los tipos de contribuyentes más escurridizos.

En cuanto al impuesto de ventas, la cifras más reciente datan de hace cuatro años, y aunque revelaban un decrecimiento en la evasión, esta sobrepasó los ¢200.000 millones.

Urgencia

Para incrementar la recaudación, la Presidenta impulsa la creación de una unidad antifraude fiscal y limitar las conciliaciones en el caso de defraudaciones tributarias, así como el fortalecimiento de las funciones de la Dirección General de Tributación Directa (DGTD).

A esto se sumaría una mayor capacidad de acción de DGTD, con la esperada aprobación del proyecto “Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria”, que está cerca de su primer debate en la Asamblea Legislativa.

Otra acción que se podrían emprender, y que incluso estaba entre las anunciadas por la mandataria pero que ha dejado de mencionarse, es el uso más intensivo de los medios de pago electrónico que dejan un rastro comprobable de las transacciones.

“Al Gobierno le queda la tarea de mapear con claridad hasta dónde pueden hacer coercitivo el pago mediante medios electrónicos y hasta donde no”, aseguró Allan Saborío, socio de Deloitte.

Transparencia y privacidad

La tensión provocada por el debate de la reforma fiscal y la incertidumbre en torno a la evasión fiscal ha puesto ante la opinión pública el tema de la transparencia fiscal, versus los derechos a la privacidad de la información de contribuyentes.

Incluso una moción del diputado José María Villalta pretende conseguir que se hagan públicas las listas de evasores.

Entretanto, la confidencialidad de la información tributaria podría costarle el puesto a 12 funcionarios del Ministerio de Hacienda, bajo investigación después de que datos sobre declaraciones de renta de personeros de Gobierno se filtraran a medios.

El corolario es una opinión pública recelosa, ante la ausencia de datos certeros que ayuden a pintar de pies a cabeza a la evasión en el país. Empero, eso no está entre las prioridades de un Ejecutivo que trata de encontrar el cinco para pagar sus deudas.

Patricia Leitón
Fuente: Periódico La Nación

Las personas que han ido a la Dirección General de Tributación a cambiar el estado de sus sociedades de activas a inactivas después del 1.° de abril del 2012 no tendrán un cambio en el pago del nuevo impuesto de este año, sino hasta el próximo.

Así lo señaló el ministro de Justicia, Hernando París.

“El hecho generador se produjo el 1.° de abril. Entonces, la Dirección General de Tributación le mandó la lista al Registro Nacional de cuáles sociedades eran activas e inactivas al 1.° de abril y con base en ese día se calculó el impuesto para este año. Si alguien el 2 de abril tomó la decisión de declarar inactiva su empresa, de desinscribirla, pagaría como inactiva al siguiente hecho generador, que es el 1.° de enero del 2013”, dijo el ministro.

Las sociedades activas enfrentan este año un impuesto de ¢135.225 y las inactivas ¢67.612.50.

El Registro Nacional, que pertenece al Ministerio de Justicia, es el encargado de administrar el impuesto, el cual solo se puede pagar en el Banco de Costa Rica.

Hasta el jueves pasado, el número de sociedades que habían pagado el nuevo tributo era de 45.888 de las cerca de 575.000 posibles contribuyentes, según información proporcionada por el Banco de Costa Rica. El lunes es el último día para pagar sin multas.

El monto recaudado hasta ahora con el tributo asciende a ¢4.659 millones.

El 95% de esta recaudación debe dedicarse a programas de seguridad y el 5% restante al Registro Nacional, para cubrir los costos de cobrar el impuesto.

Les recordamos que el próximo lunes es el último día para el pago de los impuestos a personas jurídicas.

Les recordamos que el próximo 30 de abril vence el plazo para pagar sin cargo de morosidad el impuesto a las sociedades activas e inactivas que se encuentra inscritas en el Registro Nacional.

En el caso de las activas el monto a pagar es de ¢135.225,  para las inactivas es de ¢67.615. Dicho pago se puede realizar en las sucursales del Banco de Costa Rica.

Para saber si la sociedad es activa o inactiva puede realizar la consulta en el sitio web del Registro Nacional www.registronacional.go.cr

Ponemos a disposición el Reglamento para la Aplicación Registral de la Ley al impuesto de las Personas Jurídicas, ingresando aquí

Vanessa Loaiza N.
Fuente: Periódico La Nación

Un Gobierno que anuncia impuestos es un Gobierno impopular. Ese es el argumento que utiliza la mandataria Laura Chinchilla para justificar las malas calificaciones que recibe su gestión.

“Ningún gobernante del mundo, ningún Gobierno del mundo levanta en las encuestas cuando viene a pedir impuestos”, reiteró Chinchilla ayer cuando se le consultó por los resultados de la más reciente encuesta de Unimer para La Nación.

Esa medición indicó que un 44% de los encuestados calificó como “malo o muy malo” el trabajo de la mandataria y apenas un 17% lo consideró “bueno o muy bueno”.

“Hemos querido hablarle a los costarricenses con mucha franqueza, con mucha claridad, presentarles los problemas tal cual los hemos venido enfrentando. Dar malas noticias no genera buenos resultados en las encuestas (...) Aún más (desfavorables son las encuestas) cuando hemos tenido que sumar medidas que piden sacrificios adicionales como son los temas tributarios”, alegó la presidenta ayer en una improvisada conferencia de prensa en la sede de Demasa, en Pavas.

Chinchilla considera que ella sigue al mando de su gobierno, aunque 9 de cada 10 ciudadanos opina que la mandataria no lleva el timón del Poder Ejecutivo.

Se sacudió las críticas al decir que asumió funciones “con valentía”, y que el resto de la cuota la deben asumirla los responsables del Congreso y el Poder Judicial.

Alegó que el fracaso del plan fiscal no fue su culpa, sino de los magistrados de la Sala IV, quienes “le cerraron el espacio político” a la iniciativa.

Otras visiones. En el Congreso, Yolanda Acuña, próxima jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, sostuvo que a la presidenta “le faltó transparencia” para revelar cómo quedó la mesa que supuestamente le dejó servida su predecesor, Óscar Arias Sánchez.

Acuña más bien dijo que Arias dejó “los platos sucios” y que eso influyó en las malas calificaciones que Chinchilla acumula ahora.

El eventual candidato a la presidencia del Congreso y diputado de Accesibilidad Sin Exclusión, Víctor Emilio Granados, consideró que la mala imagen del Gobierno no es culpa exclusiva de la presidenta. Más bien alegó que los diputados también han sido responsables de la debacle.

“Creo que nos metimos muy pronto en un ansia electoral de cara al 2014 y no nos hemos dado cuenta de que si las cosas siguen como hasta ahora, no creo que haya un solo costarricense que quiera votar”, argumentó Granados.

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda presentó las cifras del Gobierno Central al mes de febrero 2012. Los resultados muestran una contención del gasto corriente, un impulso de la inversión pública y una mejora en la recaudación,  principalmente por Aduanas. No obstante estos resultados favorables,  el déficit fiscal sigue creciendo y no se ha logrado mantener la inversión pública con la constancia que el país requiere.

Los gastos corrientes se desaceleraron, llegando a una tasa interanual de 10%, comparada con 12% en el 2011,  lo cual refleja los esfuerzos del Gobierno por contener el gasto e impulsar la inversión pública. La desaceleración en gasto corriente fue evidente en remuneraciones que crecieron menos de 10% (tasa interanual), mientras que en el 2011 fue superior al 20%.  El gasto de capital, conformado por los recursos que el país invierte en infraestructura, casi se duplicó con respecto al 2011.

Las transferencias corrientes al Sector Público crecieron un 18% en el período interanual, lo que refleja el compromiso del Gobierno con programas sociales como el Fondo de Asignaciones Familiares, el Fondo Especial para la Educación Superior y la Caja Costarricense del Seguro Social

Por su parte,  los ingresos tributarios crecieron casi 10% en relación con el mismo período del 2011. El mayor incremento lo muestra la recaudación del impuesto general sobre las ventas, al alcanzar cerca del 18%, mientras que el selectivo de consumo creció 24% en el mismo período, ambos impulsados, principalmente,  por una tasa de crecimiento en aduanas mayor al 28%.  Esta aceleración es un indicador del repunte de la actividad económica y de los esfuerzos institucionales por combatir el fraude, el contrabando y la evasión.

El único impuesto que presentó una baja fue el de los combustibles, que cayó casi 20%, lo que se explica porque desde hace más de un año,  RECOPE viene produciendo menos cantidades de los diferentes tipos de combustibles, a la vez que ha estado importando, mayoritariamente, producto terminado.

El déficit fiscal a febrero de este año, alcanzó los ¢272 mil millones, equivalentes a un 1,2% del PIB,  casi ¢40 mil millones más que en el mismo periodo del 2011, debido principalmente al programa de inversión del Gobierno.

“La reforma tributaria es fundamental para lograr bajar el déficit fiscal y continuar invirtiendo en el futuro.  Aunque seguimos redoblando esfuerzos en contención del gasto y hemos obtenido resultados muy favorables en la recaudación, las cifras ratifican una vez más,  que solo con el aporte adicional que se proyecta con la Ley de Solidaridad Tributaria aprobada en primer debate la semana pasada, se podrá financiar los programas prioritarios que demanda el país y garantizar la continuidad del gasto público en el tiempo”, argumentó Fernando Herrero, Ministro de Hacienda.

Sección Opinión
Fuente: Periódico El Financiero

Costa Rica tiene el reto de lograr la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el mediano plazo. Difícilmente el Estado puede contribuir a la estabilidad, el crecimiento y la equidad de la economía si no puede financiar adecuadamente el gasto.

Según el Programa Macroeconómico del Banco Central, el déficit financiero del sector público en el 2012 representa el 6,1 % del PIB. La reiteración de esta situación en los próximos años puede llevarnos a una crisis por endeudamiento excesivo con graves consecuencias para el sector privado y el sector público. Por lo tanto, el país está obligado a enfrentar a la mayor brevedad esta situación.

El principal problema de déficit está en el Gobierno Central (4,5 % del PIB). Sin embargo, el Banco Central tiene pérdidas del 0,7 % del PIB y el resto del sector público no financiero genera un déficit del 1,6 % del PIB (aquí es importante el déficit del Régimen de Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social).

El reciente tropiezo del proyecto “Solidaridad tributaria” coloca al Gobierno en una encrucijada para buscar una solución al problema fiscal. Se debe tener presente que el panorama político para tomar decisiones fiscales relevantes es muy complejo. Es difícil tomar decisiones con un sistema político desprestigiado y fraccionado desde hace varios años. Estas dificultades se profundizaron con los recientes escándalos de evasión fiscal de altos jerarcas del Ministerio de Hacienda, que le restan autoridad moral al Gobierno en materia fiscal.

A pesar de lo anterior, el Gobierno no debe “tirar la toalla” en este campo, porque los riesgos de hacerlo son muy grandes. Debemos reconocer que las medidas anunciadas la semana pasada por la Presidenta para reducir el déficit fiscal son positivas. Estas llevan a una reducción del déficit en un 0,4 % del PIB por medio de medidas administrativas y otro tanto con decisiones de la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, el impacto de lo anunciado no es suficiente para cambiar en forma significativa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

Se necesitan cartas de mayor calado para reducir en forma sustancial y permanente el peso del déficit fiscal en la economía nacional. Varias cartas deben ser planteadas por el Gobierno en una visión de mediano plazo.

La principal carta debe estar relacionada con la racionalización del gasto público desde la perspectiva de la relevancia de los programas que ejecuta el sector público.

Después de un adecuado planeamiento del gasto público, el Gobierno tendría autoridad moral para plantear una carga tributaria para alcanzar un sano financiamiento del Estado y sus prioridades. Debe buscarse un proyecto más simple, que permita mayor apoyo de las diferentes fuerzas políticas del país, tanto de las representadas en la Asamblea Legislativa como de los grupos sociales.

Sabemos que las peticiones de este editorial son ambiciosas para ser cumplidas por un Gobierno políticamente débil en un ambiente político poco propicio. Sin embargo, la importancia de enfrentar los riegos derivados de la actual magnitud del déficit fiscal es clave para la estabilidad, el crecimiento y la equidad de la economía.

Las peticiones de este editorial no están dirigidas solo al Poder Ejecutivo. Todos los partidos políticos deben entender que en el juego político las cartas para enfrentar el problema fiscal no son solo un asunto del actual Gobierno, sino un asunto del país y que, por lo tanto, tienen una responsabilidad muy importante que cumplir.

Mariano Arias
Fuente. radioreloj.co.cr

Falta menos de una semana para que venza el plazo para pagar el impuesto a las sociedades, y más de 560 mil personas todavía no lo cancelan.

Así lo revelan los datos suministrados por el Banco de Costa Rica (BCR), entidad que recauda este impuesto. Hasta el lunes, se tenía registrado el pago de 19 mil 398 sociedades, para un monto de mil 956 millones de colones.

El último día hábil para cancelar es el próximo lunes 30 de abril.

Dagoberto Sibaja, director del Registro Nacional, dijo que existen unas 588 mil sociedades inscritas, tanto activas como inactivas.

Aquellas que no paguen a tiempo se exponen a multas, según explica Ricardo Vargas, especialista de Oller Abogados.

¿Qué pasa con las sociedades que están en proceso de disolución? Vargas dijo que no tienen que pagar el impuesto.

Las sociedadesque no cancelen el impuesto durante 3 años podrían ser disueltas automáticamente.

Andrés Martínez
Fuente: Teletica.com

La tarde de ayer Martes, en Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Económicos aprobó una moción para revelar las listas de evasores del fisco.

La moción es parte del proyecto de “Fortalecimiento de la gestión tributaria” que discuten los congresistas.

La decisión se tomó por unanimidad, ya que seis diputados votaron a favor sin ningún voto en contra.

El proyecto pretende subsanar serios problemas actuales de los sistemas tributarios y aduaneros, en lo que respecta al incumplimiento de obligaciones y al sistema sancionatorio.

A la vez, se ordenan y destacan los derechos del contribuyente.

Esteban Oviedo
Fuente: Periódico La Nación

El Gobierno dio ayer por sepultado el plan fiscal luego de conocer el fallo completo de la Sala IV sobre la inconstitucionalidad del trámite del proyecto.

Anoche, los ministros de la Presidencia y Comunicación, Carlos Ricardo Benavides y Francisco Chacón, afirmaron que la posibilidad de resucitar el plan, de acuerdo con lo expuesto por la Sala, es “inviable políticamente”.

Ante dicho panorama, Zapote desiste de la reforma de impuestos con la que pretendía llevar a las arcas del Estado el equivalente a un 1,5% del producto interno bruto (PIB) para paliar el déficit fiscal, el cual alcanzó un 4,4% en el 2011.

“Lo que procede es entender que ese plan no tiene viabilidad política”, sentenció Benavides.

En consecuencia, dijo el ministro, el Ejecutivo se concentrará en sacar adelante otros cuatro proyectos de ley ligados al tema fiscal.

Uno es para abaratar el costo de la deuda externa; otro es para recortar gastos como la deuda política; un tercero es para aumentar las sanciones por declarar mal los impuestos, y el último para dar información de contribuyentes a órganos tributarios de otros países.

En tanto, la posibilidad de impulsar una nueva reforma de impuestos dependerá de las conversaciones entre los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, dijo Benavides.

El plan fiscal, aprobado en marzo mediante una vía rápida apoyada por el PLN y el PAC, transformaba el impuesto de ventas en impuesto sobre el valor agregado, con lo que se gravarían servicios como los de abogados e ingenieros. Además, subía la tasa del 13% al 14%.

Pero la Sala IV declaró inconstitucional el trámite del proyecto por dos razones. Una es que, en noviembre, el presidente de la comisión especial del plan fiscal, Edgardo Araya, extendió en dos días el plazo para dictaminar la iniciativa sin permiso del plenario legislativo (esos días permitieron discutir 2.000 mociones pendientes).

La otra es que los diputados se negaron a publicar en el diario oficial La Gaceta 53 modificaciones hechas al proyecto original.

El voto de la Sala IV establece que el proyecto debe ser enviado a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que esta determine el momento al que se deba retrotraer su trámite.

Para Gloria Valerín, directora de Servicios Técnicos de la Asamblea, eso permitiría devolver el texto al paso previo a la ampliación del plazo, y subsanar el error.

Sin embargo, en Zapote no lo ven con tanto optimismo. Chacón sostuvo que, según el fallo, era obligatorio dictaminar dentro del plazo establecido en la vía rápida (un mes) y ese período ya expiró.

Además, alegó que si se quisiera ampliar el plazo para terminar de ver las mociones, se requeriría de 38 votos, y el Gobierno no los tiene.

¿Y si desecharan las mociones al vencerse el plazo? Benavides sostuvo que esa es una opción muy riesgosa. “Si se hace así, los mismos que alegaron que no se podía ampliar el plazo, van a alegar que no se pueden desechar las mociones, que se daña el derecho de enmienda”.

Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, dijo que, en todo caso, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tendrá un mes para emitir una recomendación.

Andrea Rodriguez V.
Fuente: Periódico El Financiero

La aplicación de las nuevas propuestas fiscales anunciadas por el Gobierno generarían unos ¢99.000 millones (0,43% del PIB), según proyecciones realizadas por el Ministerio de Hacienda y dadas a conocer este lunes.

Si se suman estas nuevas medidas, más las que ya lleva a cabo el Gobierno, el Ministerio proyectó alcanzar ingresos superiores a los ¢200.000 millones un 0,89% del PIB.

Entre las medidas contempladas en la propuesta se incluye un Proyecto de Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas, enviada la semana anterior a la Asamblea Legislativa, y lo que según Hacienda generaría unos ¢60.000 millones.

Por su parte, la eliminación de la exoneración impuesto a los bienes suntuarios, otra de las nuevas medidas, generaría alrededor de ¢30.000 millones.

A esto se le agrega unos ¢2.500 millones adicionales por la medida de la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

Luis Liberman, vicepresidente de la República, aseguró que el proceso de cuantificación de cada una las medidas es riguroso , y que si bien, no se resolverá el problema fiscal que se tiene, sí se contaría con ingresos adicionales para atender las necesidades más apremiantes del país.

“Confiamos en la pronta aprobación del proyecto por parte de los señores diputados y de las señoras diputadas”, enfatizó el jerarca.

El Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) realizó un análisis sobre las nuevas propuestas fiscales donde concluyó que las medidas anunciadas no garantizan la sostenibilidad de la deuda pública.

El análisis contempló los pros y contra de ocho puntos de la nueva propuesta del Gobierno.

Pablo Mora V.
Fuente: ameliarueda.com

Sacar a la venta máquinas, vestimenta y objetos antiguos que ya no se usan es una práctica utilizada en los hogares donde por una razón u otra falta el dinero para cubrirlos gastos esenciales. Y como si fuera una gran familia, el Gobierno también se deshará de sus propiedades (inmuebles o no) para tratar de cubrir en serio déficit fiscal que enfrenta Costa Rica.

Esta es una de las estrategias que seguirá el ministerio de Hacienda para enfrentar la inconstitucionalidad en el procedimiento del plan fiscal. Con ella esperan recaudar ¢2,5 mil millones, o lo que es lo mismo, un 0,01% del Producto Interno Bruto (PIB).

El vicepresidente Luis Liberman anunció que se hará un inventario en el Poder Ejecutivo para evitar gastos y vender lo que ya no se está utilizando.

Otra medida similar que aplicará el gobierno será la de rematar artículos abandonados en las aduanas. Liberman explica cómo.

Sin embargo, ambas cosas solo representan un pequeño trozo del gran pastel que espera reunir el gobierno con las medidas de reducción del déficit fiscal. Las que más dinero aportarían serán las mejoras en administración tributaria (¢56,7 mil millones), el ahorro por intereses de eurobonos (¢45,3 mil millones), la eliminación del impuesto de venta a bienes de lujo (¢29,5 mil millones) y la aprobación del proyecto de Ley para el manejo eficiente de de las finanzas públicas (59,7 mil millones).

En total, la administración de Laura Chinchilla espera que el país economice unos ¢200,6 mil millones(0,88% del PIB).

Fuente: Editorial Periódico La Nación

El tropiezo del plan fiscal obliga al Gobierno a multiplicar esfuerzos en busca de mejorar la recaudación de los impuestos existentes. La evasión fiscal es cuantiosa y cuesta trabajo imaginar una gestión tributaria capaz de ponerle coto a corto plazo, en proporciones suficientes para equilibrar las finanzas del Estado. Sin embargo, es necesario avanzar en la materia, tanto por el saludable efecto sobre las finanzas públicas como por un elemental sentido de equidad. La evasión afecta a todos y castiga injustamente a quienes honran sus obligaciones.

En diciembre, el Gobierno convocó para conocimiento de la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley destinados a facilitar el cobro de impuestos. Sobre uno de ellos ya pesan 700 mociones de las bancadas de oposición. Hasta ahora, el plan fiscal impulsado por la administración de la presidenta Laura Chinchilla opacó a las demás iniciativas y no ha habido tiempo para estudiar las propuestas de enmienda. Muchas podrían estar justificadas, pero el país debe permanecer en guardia frente a cualquier intento de filibusterismo o dilación injustificada.

La evasión fiscal fue uno de los argumentos más socorridos contra la Ley de Solidaridad Tributaria derrotada en la Sala IV por defectos de procedimiento. Es injusto crear nuevos tributos mientras no mejore el cobro de los existentes, razonaban los opositores del plan fiscal. Pues bien, la reforma tributaria yace derrotada, con pocas posibilidades de recuperarse, y el Gobierno propone mecanismos para mejorar la recaudación de los impuestos existentes.

La actitud de los opositores ante las iniciativas para fortalecer la gestión tributaria permitirá medir la sinceridad de sus críticas al plan fiscal. Si alguno recurriera a mociones banales y excesivas, como las planteadas en otros casos para entorpecer la labor del Congreso, pondría en evidencia un imperdonable acto de hipocresía.

Cada cual por sus razones, las bancadas de oposición y la del Gobierno están comprometidas a poner en manos de la Dirección General de Tributación Directa los medios necesarios para mejorar su labor. Los opositores acreditarán así la sinceridad de sus críticas al plan fiscal, y los oficialistas cumplirán la promesa de mejorar la recaudación, formulada para hacer frente a esos ataques.

No se trata de pedir a los diputados un apoyo irreflexivo a las propuestas del Gobierno, pero sí partir de ellas para esforzarse por encontrar coincidencias en aras de un propósito defendido por todos en nombre de la equidad y la salud fiscal del país. En este caso, la celeridad es tan importante como la buena técnica legislativa y no hay motivo para abstenerse de cooperar en busca de ambas.

Probada la constitucionalidad de la vía rápida del artículo 208 bis del reglamento legislativo por un reciente fallo de la Sala IV, los diputados del Partido Liberación Nacional plantearon, el diez de abril, dos mociones para aplicar el procedimiento a la tramitación de las iniciativas de fortalecimiento de la gestión tributaria.

Un comunicado de prensa de la fracción liberacionista cita declaraciones del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, esperanzado en conseguir la aprobación de las iniciativas de ley en el vertiginoso plazo de tres semanas. Quizá sea demasiado pronto. Vale la pena examinar las críticas legítimas que puedan estar implícitas en las mociones presentadas por la oposición. El examen de esas propuestas es indispensable para separar los planteamientos serios de los exclusivamente dilatorios, merecedores de denuncia y reprobación.

La cultura tributaria, tan escasa en nuestro país, no nace de la nada.

Sin los mecanismos necesarios para gestionar con eficacia el cobro de impuestos, la defraudación del fisco perdurará con tanto o mayor descaro que el exhibido hasta ahora.

Leticia Vindas
Fuente: Periódico El Financiero

Las propuestas fiscales anunciadas por el Gobierno la semana pasada son para solventar problemas de corto plazo, pero no atienden la problemática de fondo, de acuerdo con un análisis hecho por el Programa de Estudios Fiscales de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA).

Además, la propuesta no sustituye de ninguna manera una reforma fiscal, un aspecto pendiente en la agenda política nacional, indicaron los investigadores en un comunicado.

Tras el análisis, el Programa expresó su preocupación por la deuda pública, pues las medidas anunciadas no garantizan la sostenibilidad de esta variable.

“En el tanto las medidas que se tomen no permitan lograr un superávit primario (ingresos públicos menos gasto sin intereses) que le permita al país contar con una evolución futura favorable de la deuda pública, podremos esperar que ésta siga aumentando, lo que obligará a tomar medidas más drásticas en los próximos años”.

El programa analizó los pros y contra de ocho puntos de la nueva propuesta del Gobierno.

1. Eliminación de la exoneración de impuestos a bienes suntuarios

Aunque resulta positiva la disminución en la ambigüedad de algunas frases como “otras harinas”, los 90 productos que ahora pasarán a pagar no son consumidos únicamente por los grupos de mayores ingresos, sino que su consumo está distribuido entre todos los grupos de población.

Por ejemplo, entre un 3% y un 6% de los tres deciles con menores ingresos consumen parte de los alimentos a los que se les eliminará la exoneración.

La modificación propuesta del Impuesto de Valor Agregado (IVA) en el proyecto anterior de Solidaridad Tributaria era mucho menos regresiva que este decreto.

2. Venta de bienes inmuebles propiedad del Estado.

El programa considera que es una medida que se debe tomar, pero debe acompañarse de una limitación en el uso de la dación en pago como medio para cumplir con las obligaciones tributarias, por el impacto negativo que tiene en el flujo de caja del fisco.

Esta inquietud fue expresada por varios diputados, quien opinan que es una alternativa provisional.

3. Emisión de Eurobonos.

La medida podría reducir la presión sobre el mercado local de crédito, lo que restaría presión también a las tasas de interés; además, impulsaría una reducción en el costo del financiamiento, lo que evitaría un crecimiento del gasto por intereses en el gasto público del gobierno central.

No obstante, la reducción en el costo del financiamiento depende de la tasa de interés que los mercados internacionales exijan a un país como éste.

4. Reducción del financiamiento a partidos políticos.

Proyecto positivo que podría ser acompañado con una debida contribución a la Caja Costarricense del Seguro Social y el pago de impuestos de las personas físicas o jurídicas que participen como consultores o proveedores en ese proceso.

5. Introducción de la factura electrónica.

Esta es una medida positiva, sobre todo considerando la necesidad de realizar controles tributarios de forma automatizada.

6. Cobro de servicios por parte de instituciones autónomas.

La propuesta requiere de una explicación más detallada sobre sus alcances, pues en el caso de las empresas públicas ya éstas cobran por sus servicios, mientras que entidades como la CCSS se financian con los aportes de las personas afiliadas.

No queda claro qué instituciones podrían hacerlo, cuál sería su impacto en las finanzas de la entidad particular y qué efecto tendrá esto en las finanzas del gobierno central.

7. Traslado de superávits libres y de utilidades de empresas públicas.

Esta medida, aunque positiva, puede tener un impacto limitado, sobre todo si se considera que los superávits no se presentan regularmente y que muchas veces representan condiciones ventajosas obtenidas en coyunturas favorables, por lo que no es una medida que se vea como solución permanente a la crisis fiscal.

Varios diputados externaron que en varias instituciones ni siquiera se trata de superavit, sino de presupuesto no ejecutado por falta de competencia.

8. Congelamiento de salarios y pensiones altas, así como de las dietas de Juntas Directivas.

Acción positiva y necesaria pero de poco impacto a nivel fiscal.

Sección Internacional
Fuente: Periódico El Financiero

La existencia de varias normas que ofrecen incentivos fiscales para la instalación de empresas industriales en Panamá, y la próxima entrada en vigencia de varios acuerdos comerciales que permitirán un acceso preferencial a mercados importantes como Canadá, EE. UU. y la Unión Europea (UE), comenzaron a dar frutos.

Panamá recibe importantes inversiones en el sector productivo por parte de empresas que pretenden exportar sus productos a esos mercados.

Ricardo Quijano, ministro de Comercio e Industrias, dijo que varias empresas que han aprovechado laLey de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) para establecer sus oficinas regionales y atender sus negocios, han comenzado a explorar la posibilidad de ubicar en Panamá actividades productivas.

Indicó que además de la Ley SEM, varias empresas extranjeras ven la posibilidad de aprovechar los beneficios de la Ley 32 de Zonas Francas de 2011 –la cual amplía el número de actividades que pueden realizarse en ese tipo de recintos para extender sus beneficios a la actividad industrial–, específicamente a empresa manufactureras, de emsamblaje de productos y procesamiento de bienes elaborados.

Otro elemento que atrae a empresas productivas al país es el Tratado de Promoción Comercial (TPC) firmado con EE.UU. y –que a juicio de Quijano– podría entrar en vigor en octubre próximo, así como el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Canadá que está a la espera de ser ratificado por el Congreso de ese país y el Acuerdo de Asociación Económica pactado junto con Centroamérica con la UE, acuerdo que garantizar un acceso preferencial a mercados de poder adquisitivo.

El titular de Comercio e Industrias destacó que las inversiones que se están recibiendo en el sector industrial incluyen la producción de biocombustibles, alimentos y textiles, y aunque admitió que algunas de estas empresas buscan aprovechar las cuotas de acceso a los mercados antes mencionados, otras miran hacia el mercado latinoamericano.

El economista Víctor Cruz, explicó que los inversionistas que incursionen en la agroindustria, por ejemplo, reciben un incentivo equivalente al 35% de su inversión, mientras que quienes se orienten a la producción manufacturera reciben el 25% de su inversión, a lo que se suman los otros atractivos del país como su posición geográfica, su desarrollada infraestructura logística y su amplia cartera de acuerdo comerciales.

Cristian Leandro C.
Fuente: Periódico La Prensa Libre

El panorama del gobierno no es claro en cuanto a sus políticas económicas y al parecer el sentimiento de cautela persiste en el sector empresarial.

A una semana que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, diera a conocer al país lo que se considera como las nuevas políticas económicas para combatir el déficit fiscal, se generó en el ambiente empresarial un sentimiento de interrogación.

Las expectativas están centradas principalmente si las iniciativas de la Presidencia no naufragarán al igual que el Proyecto de Solidaridad Tributaria.

Y es que la estrategia del gobierno es lograr que los proyectos de transparencia fiscal, la emisión de eurobonos, para dar equilibrio a la deuda interna; fortalecimiento de la gestión tributaria y saneamiento fiscal, gocen de buen ambiente legislativo.

A estas propuestas se les sumó las de ventas de activos públicos, la reducción del gasto de partidos políticos y la universalización de la factura electrónica. Esta última que tiene varios años de estar implementándose en el país.

Luis Liberman, vicepresidente de la República y ministro de Hacienda, hasta el primero de mayo, aseguró a LA PRENSA LIBRE, que el triunfo del gobierno para reducir el déficit fiscal se logrará si en la Asamblea Legislativa se da un cambio de actitud.
VISIÓN LEGISLATIVA

• ¿Exministros y expresidentes de Hacienda y Banco Central, ven oscuro el panorama en la Asamblea y señalan que para el gobierno de Laura Chinchilla le queda muy difícil lograr la meta del 0,8% del PIB con sus nuevas políticas económicas?

-Recuerdo que el 50% para lograr esa meta está en manos de los señores diputados. La Presidenta decidió que el problema fiscal debe resolverse para que el próximo gobierno no tenga que aplicar medidas más grandes.

• Se le acusa al gobierno de tener poca apertura, incluso el diputado Luis Fishman, indicó, que la comunicación no es fluida

-Foros interminables, visitas del Ministro y Viceministros de Hacienda con asesores y los propios diputados. El Ministro de la Presidencia con su agenda de reuniones. No sé qué más diálogo se desea.

• Entonces, ¿por qué el fracaso del proyecto de la Ley de Solidaridad Tributaria para lograr consensos?

-Hay diputados que por razones ideológicas están en contra de todo aquello que tenga que ver con impuestos. Sectores que se veían afectados con instrumentos tributarios modernos y los diputados siguen a las presiones de las personas.

•¿Qué es lo que más lo tiene frustrado del panorama legislativo?

-Que muchos diputados no tienen sentido de la urgencia. Como empresario hay decisiones que se tienen que tomar y eso no se ve en algunos diputados.

No hay sentido de urgencia, creo que muchos diputados no vienen de labores donde se tomen decisiones”
•¿A qué se refiere?

-Por ejemplo, el país se ahorraría cerca de una quinta parte del 1% del PIB en un año si pasamos el proyecto de los eurobonos, cada día que no se pasa, a Costa Rica le cuesta más caro los intereses. No hay sentido de urgencia, creo que muchos diputados no vienen de labores donde se tomen decisiones.

•¿Pero es parte de un ambiente legislativo multipartidista?

-No comprendo que se den tantas mociones. Le puedo asegurar que de las 70 presentadas 65 son temerarias y tontas.

•¿Cuál es la estrategia del gobierno para lograr los consensos?

-Tendremos que ver con quién no conversamos y sentarnos a negociar. Lo que tienen en las manos los diputados es parte importante de lo que requiere el país para lograr esa meta del 0,8%. Solo espero que no se pase otro año y medio en largas discusiones sin sentido.
VISIÓN DE LA ECONOMÍA

• Según el análisis realizado en el foro de la Academia Centroamericana se indicó que el crecimiento de la economía tiene como techo el 4,5%.

-Un crecimiento de un 4,5% con los indicadores actuales es un buen año para Costa Rica. Tenemos un importante repunte gracias a las exportaciones y que se incorporaron actores a ese crecimiento como la construcción y el sector servicios.

• Pero eso está provocando cautela en el sector productivo y se traduce la poca promoción de puestos de empleo

-La economía se está recuperando, vemos que las inversiones privadas han aumentando. No se puede decir eso cuando tenemos que, solo el año anterior se crearon 90 mil puestos de trabajo. Vemos que empresas como IBM en las próximas semanas abrirá mil puestos. Lo que queda por resolver es el déficit fiscal.

Un crecimiento del 4,5% es bueno, ya un crecimiento del 5% es para tomarse un trago”.

• Estudios de expectativas de empleo de Manpower y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas destacan desde 2011 el poco movimiento en la promoción de puestos de trabajo

-Cómo se puede decir que no se dará una mayor promoción de empleo cuando vemos que se abrirán nuevos centros comerciales, oficentros e incluso en el sector de la construcción el comportamiento es importante y también genera fuentes de empleo.

•¿Entonces, los estudios de la economía se equivocan?

-No digo eso. La economía se está recuperando y usted puede ver que los empresarios ya no hablan de que el país está en crisis. Como le dije un 4,5% es un buen año.

• Pero, varias firmas económicas de análisis como Deloitte o Econoanálisis coinciden que el 4,5% no soluciona los problemas en educación, infraestructura y reducción de la pobreza…

-Claro que para ellos el crecimiento de cinco puntos porcentuales es ideal, para nosotros lo es tan bien y para eso estamos trabajando, pero, un crecimiento de 4,5% es bueno, ya un crecimiento del 5% es para tomarse un trago.
ESCÁNDALOS

•¿Cuánto pesa la salida de Fernando Herrero como Ministro de Hacienda, y de Francisco Villalobos, como Director de Tributación, para la credibilidad de los proyectos económicos y para el propio gobierno?

-Fueron piezas fundamentales dentro del equipo de doña Laura (Chinchilla). Yo como en el mundo de los negocios no veo el pasado. Ahora viene un nuevo Ministro de Hacienda y ya entró en funciones el nuevo Director de Tributación Directa.

¿Considera que los escándalos opacaron los esfuerzos del gobierno en transparencia?

-Es un asunto de personas, nuestros esfuerzos están enfocados en dar una solución urgente a varios problemas y para eso planteamos las soluciones inmediatas. ¿Que se tendrán que corregir cosas en el camino? Sí.

•¿Desde el gobierno cuál es la expectativa que se tiene para el primero de mayo?

El ambiente legislativo es impredecible, solo esperamos que por el bien de Costa Rica no se repita lo del año anterior.

•¿Espera que el oficialismo vuelva a la Presidencia del directorio?

-Para que sea compartida, no. Que Liberación vuelva a tener el directorio dependerá del ambiente político del primero de mayo, sin duda el que se dé todo con normalidad ayuda al Gobierno.

Gabriela Mayorga
Fuente: Periódico El Financiero

En los últimos cuatro años, los países centroamericanos han aprobado hasta dos reformas fiscales por país (caso de Guatemala y El Salvador), un paso que les está permitiendo recaudar cerca de un 1,3% adicional del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentando su carga tributaria.

Costa Rica se quedó en blanco. Tras la caída del proyecto de reforma fiscal que impulsaba la administración Chinchilla, la carga tributaria del país, que es del 13,3% (sin aportes de seguridad social), quedó por debajo del promedio de la región (14,7%).

Solo Guatemala y Panamá muestran cargas tributarias inferiores a la costarricense (11,2% y un 12,2% respectivamente), pero ambos esperan efectos de sus recientes reformas fiscales aprobadas este año.

¿Suiza centroamericana?

Aunque existen particularidades y alertas puntuales para cada país que no permiten en ninguno de los casos apagar la luz roja, la situación de Costa Rica destaca por la incapacidad prolongada del país de realizar reformas en su estructura fiscal que le permitan, por ejemplo, reducir la desigualdad.

Si en el 2010 el salario más alto era 17 veces mayor al más bajo, en el 2011 la diferencia era de 18 veces, una tendencia que se ha mantenido y que refleja el rumbo creciente del coeficiente de Gini desde el 2005, según lo reveló el economista Miguel Loría.

“Costa Rica cada vez más se asemeja a Centroamérica, ya en cobertura de educación básica fue superada por Panamá. Antes Centroamérica quería asemejarse a Costa Rica”, comentó el economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Meikos, al hacer referencia a la poca capacidad del país de aumentar su inversión social.

En el contexto regional, el país suma atrasos alejándose de estructuras tributarias modernas, algo que agrava la mala estructura tributaria del país, ya que actualmente solo el 34% del total de la recaudación viene por el lado de los impuestos a la renta o directos (que se consideran más progresivos o justos).

Por el contrario, el resto de los países del istmo ha aplicado reformas que sí se han concentrado en el tema de la renta.

La situación pone a Costa Rica en el escenario fiscal más vulnerable de la región, con un déficit fiscal para el 2011 de un 5,3% del PIB, seguido de Honduras (4,8%) y de Guatemala (3,3%).

Poca transparencia

Junto a la poca tolerancia de los contribuyentes a nuevos impuestos, los indicadores de transparencia fiscal evidencian que Costa Rica no ha promovido que la ciudadanía adquiera la competencia necesaria para comprender el tema fiscal.

El Índice del Presupuesto Abierto ( Open Budget Survey ) nos pone una nota 47 puntos de 100, pues el país no ofrece la redacción de un presupuesto ciudadano (texto de fácil comprensión sobre los planes de gastos).

La organización ve en el país deficiencias como falta de información y baja participación ciudadana en el proceso.

Empero, la caída del plan tributario genera voces de alarma.

“El problema fiscal es serio” advierte el expresidente del Banco Central Francisco de Paula Gutiérrez, al señalar que, por más estricta que sea la reducción del gasto, no se podrá solucionar el hueco fiscal costarricense.

Misma posición tiene Miguel Gutiérrez Saxe, director del Programa Estado de la Nación.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

La Dirección General de Tributación, cerró esta semana 81 negocios ubicados en diferentes zonas del país, por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Según informó el director General de esa Dependencia de Hacienda, Carlos Vargas Durán, los cierres responden, a morosidad, con un 42% del total de los cierres, seguido por facturación con un 28%, y los casos omisos con un 30%.
Vargas indicó además, que cuando el problema es por no facturación solo se cierra el local donde se presenta el incumplimiento, pero cuando el cierre es por morosidad se cierran todas las sucursales. Por eso en la lista adjunta se reportan 76 contribuyentes, pero que suman 81 locales.

Entre las actividades destacan abastecedores, bares restaurantes, restaurantes, hoteles y talleres, además de un almacén fiscal reincidente.

“Estos cierres forman parte de las actividades de control tributario que seguirá llevando a cabo la Dirección General de Tributación,  para mejorar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Además de las causas del cierre y las pérdidas económicas, los negocios deben tomar en cuenta la sanción moral que implica este tipo de cierres por incumplir con un deber tributario, y el efecto sobre los clientes y los proveedores”,  enfatizó el director.

Rosa María Bolaños
Fuente: Periódico La Prensa Guatemala

Argumenta que en el mismo mes del 2011 se logró una mejor recaudación debido al acuerdo 46-2011, para exoneración de recargos e intereses, con el que se lograron recuperar Q388.7 millones, de los cuales Q215.6 millones corresponden a ISR, Q98.1 millones al Impuesto al Valor Agregado, además de otros tributos.

Ese ente refiere que al restar ese efecto, en marzo del 2011, se reportan ingresos por Q2 mil 701.8 millones de ISR, con un crecimiento de 7% en ese mes del 2012 con ingresos de Q2 mil 910.5 millones.

Mariano Arias
Fuente: Noticias Monumental

La implementación de la factura electrónica es una de las medidas de contingencia anunciadas por el Gobierno para hacer frente al déficit fiscal sin Reforma Tributaria.

Este mecanismo está regulado por el Ministerio de Hacienda desde el año 2009, según el gerente de la empresa Gestión de Tecnologías de Información (GTI), Alejandro Montalvo.

El especialista considera que el país está preparado para usar la facturación electrónica, en especial los profesionales liberales; uno de los grupos considerados como de mayor evasión de impuestos.

Este tipo de factura reemplaza a las de papel, pues es un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales, garantizando entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido.

Montalvo explicó que la evasión se evita con el uso de facturas electrónicas, pues el Gobierno tiene más armas para fiscalizar a los contribuyentes.

En países como México el uso de factura electrónica es obligatorio. Este sistema también está muy avanzado en Chile y Brasil.

Leticia Vindas
Fuente: Periódico el Financiero.

La nueva propuesta del Gobierno para mejorar los ingresos fiscales ingresó en la corriente legislativa este jueves, confirmó Casa Presidencial. Jefes de fracción externaron que se trata de una mejor propuesta que la de Solidaridad Tributaria, pero debería integrar aspectos como el manejo de las consultorías .

El proyecto de ley para el manejo eficiente de las finanzas públicas tiene como objetivo recortar la deuda política que financia las actividades de los partidos; así como congelar salarios, pensiones y dietas de Juntas Directivas. Aquí puede descargar el proyecto de ley.

Esta iniciativa, junto con un decreto firmado ayer, representarán cerca del 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB) y mantendrían el faltante en las finanzas públicas por debajo del 5% de la producción. Al menos el 0,4% de los montos que se recaudarían dependen de la aprobación del proyecto por parte de los diputados.

Lo que piden los diputados

Aunque aún no conocen en profundidad la propuesta, varios diputados consideran más factible la aprobación de este proyecto que el de Solidaridad Tributaria.

Manrique Oviedo, jefe de fracción de Acción Ciudadana (PAC), expresó que, preliminarmente, ven con agrado que se recorte la deuda política, pues ya desde antes lo habían propuesto.

No obstante, afirmó que debe afinarse el tema de la venta de los activos del Estado, porque es una medida que no soluciona nada. También debe verse con recelo, en su opinión, el recorte de supuestos superávit de varias entidades públicas, pues en realidad puede que se trata de dinero sin ejecutar, pero no de excedentes.

Por su parte, Danilo Cubero, jefe de los libertarios, manifestó que se trata de medidas positivas, que tendrán algún impacto, pero que dejan de lado problemáticas profundas como las consultorías, la planilla paralela y la revisión del tamaño del Estado.

Luis Fishman, líder de los socialcristianos, coincidió con Cubero en que es necesario prestarle atención a los gastos en consultorías.

Fishman también se mostró dudoso de integrar todo en un mismo proyecto, pues toca muchas instituciones.

No obstante, aprobó lo propuesto y consideró que este debió ser el plan A del Gobierno y no el B.

Igual opinión externó Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, que miró con mejores ojos esta alternativa que la anterior.

“Lamento que no convocaran antes un proyecto mío o el de Víctor Emilio Granados, que planteaban varios puntos sobre recortes de presupuesto, pero es mejor tarde que nunca”, añadió Mendoza.

Sin embargo, el presidente legislativo enfatizó también en la necesidad de controlar las asesorías, así como el del financiamiento privado en la deuda política.

Mendoza indicó que revisará el proyecto para definir la comisión a la cual le asignará su estudio.

Fuente: Presidencia de la República

La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, anunció esta noche una serie de medidas fiscales complementarias a las que ya se vienen ejecutando y ante la incertidumbre en la tramitación del proyecto de Solidaridad Tributaria.

La Mandataria aseguró que las medidas adicionales se toman con el fin de contener el déficit sin sacrificar el nivel de inversión que el país ha alcanzado en materia social y de infraestructura vial.

Las medidas anunciadas por la Presidenta se suman a las que ya ha venido implementado su administración tales como el congelamiento de la planilla del Estado en cerca de 1000 plazas y el congelamiento de salarios de los jerarcas del Poder Ejecutivo.

“Ya recortamos gastos no prioritarios. Ya congelamos los salarios de ministros, viceministros, presidentes ejecutivos y gerentes de instituciones autónomas; y por supuesto, el salario de mis vicepresidentes y el mío propio. Gracias a estas medidas, ya economizamos 100 mil millones de colones el año anterior y hemos contenido el crecimiento de ese déficit”, señaló la Presidenta. Las medidas adicionales anunciadas por la Jerarca son:

1.    Creación de la factura electrónica para garantizar el pago de impuesto de ventas.

2.    Eliminación de las exenciones tributarias de que gozan varios productos suntuarios.

3.    Venta de bienes inmuebles propiedad del Estado.

Además, anunció la presentación de un nuevo proyecto de Ley para el manejo eficiente del gasto público, que contiene normas como:

a.    El congelamiento de salarios y pensiones altas.

b.    El congelamiento de las dietas en Juntas Directivas.

c.    La reducción del financiamiento a los partidos políticos.

d.    La eliminación de exoneraciones a las remesas de utilidades al exterior.

e.    La autorización para el traslado de superávits libres y otros recursos del resto del sector público al Gobierno Central.

f.      La autorización a las entidades públicas a cobrar por ciertos servicios no esenciales.

g.    El establecimiento de reglas fiscales para contener el crecimiento del gasto y hacer más eficiente su gestión.

Estas acciones, explicó la Presidenta, sumadas a las que ya se han venido realizando, representarán cerca de un 0,8% del Producto Interno Bruto, y procuran que el déficit fiscal al final de su administración, no supere el 5% de éste, en caso de que se posponga el ingreso de nuevos tributos.  La mitad de ese 0.8% dependerá de las leyes que se tramitan en la Asamblea Legislativa.

“Arreglar el grave problema fiscal del país no depende únicamente de la voluntad de mi Gobierno. Nunca dejaré de asumir mi responsabilidad y ustedes son testigos de las luchas que he librado. Sin embargo requerimos también de la voluntad de las y los diputados. Ahora es aún más urgente, que se pronuncien favorablemente sobre las nuevas leyes que les hemos enviado, especialmente la que nos permitirá mejorar las condiciones de colocación de nuestra deuda interna”, afirmó la Presidenta.

Tras el anuncio de estas medidas, la Presidenta subrayó que en materia de recaudación, su Gobierno ha diseñado mecanismos para facilitar el pago de los impuestos y ha combatido de manera valiente la evasión fiscal y el contrabando. 

“Por primera vez, una persona fue condenada por evasión de impuestos: no permitiré impunidad en esta materia. Quien incurra en delitos tributarios deberá enfrentar las consecuencias, sin excepción”, agregó Chinchilla Miranda.

Finalmente, la Sra. Presidenta señaló que claramente estas medidas no resolverán en definitiva el problema fiscal, pero servirán para contener los efectos de postergar una legislación que modernice y haga más progresiva la estructura tributaria del país.

Leticia Vindas
Fuente: Periódico El Financiero

La Sala Constitucional rechazó un recurso de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Oscar Ocampo Soto contra el impuesto a las personas jurídicas (sociedades).

Este es uno de los cinco recursos que se han presentado ante la Sala desde febrero anterior.

Ocampo alegó que el artículo 6 de la Ley viola el debido proceso y el derecho de propiedad, ya que indica que una sociedad mercantil que no paga el impuesto por tres periodos consecutivos se disuelve.

De acuerdo con la sentencia 4799-2012, la Sala rechazó de plano la acción por falta de legitimación, “la norma es susceptible a aplicación individual, por lo que debe haber un asunto base”.

De no acogerse ninguna de las consultas mencionadas, las sociedades cuentan hasta el 30 de abril para ponerse al día con el tributo, sin las sanciones de morosidad correspondiente.

Patricia Leitón
Fuente: Periódico La Nación

Costa Rica es el único país que no ha hecho una reforma fiscal importante tras la crisis económica del 2008, según el documento Lente fiscal centroamericano que dio a conocer ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Dicho instituto, fundado en el 2005, es una organización no gubernamental sin fines de lucro que realiza investigaciones en la región.

Consultado sobre los riesgos que corre Costa Rica ante la ausencia de una reforma fiscal, el investigador de este instituto, Jonathan Menkos, comentó que un país no puede tener déficits tan altos en un tiempo prolongado.

En el 2011 el déficit del sector público de Costa Rica (incluye Gobierno, Banco Central y algunas entidades públicas) representó un 5,4% de la producción, para este año se espera un 6,7%.

“Los países centroamericanos no cuentan con grandes ahorros para enfrentar las crisis”, comentó Menkos.

Señaló que en el corto plazo los déficits presionan al alza las tasas de interés, lo cual provoca mayor cautela entre quienes quieren invertir. Y, a mediano plazo, “todas la economías tienen un límite de endeudamiento, y Costa Rica si bien ha reducido la carga de su deuda, hay que recordar que en 1989 fue difícil la renegociación de la misma”.

Actualmente, Costa Rica es el país que destina un monto más alto de su producción al pago del servicio de la deuda en Centroamérica. En el 2011 destinó un 6%, según el documento.

“Más deudas, significa más riesgo y por lo tanto tiene que pagar intereses más altos, lo cual genera más deuda”, comentó Menkos.

Al dedicar más recursos a pagar el servicio de la deuda se sacrifican otras áreas, como la infraestructura, donde Costa Rica, según Menkos, también se está quedando rezagada respecto a las obras que están haciendo sus vecinos.

¿Qué han hecho otros? Según el documento, todos los países hicieron reformas al impuesto sobre la renta, al tributo al valor agregado y tomaron medidas de control y fortalecimiento de la Administración Tributaria.

Minor Cabrera, investigador del Instituto, explicó que Guatemala, por ejemplo, aprobó este año una ley antievasión, una nueva normativa aduanera, y la Ley de Actualización Fiscal, la cual incluye nueva legislación del impuesto sobre la renta. Además, duplicaron el impuesto a los vehículos.

El Salvador hizo su reforma a finales del año pasado.

Ernesto Rivera
Fuente: Periódico La Nación

El Ministerio de Hacienda presentó una denuncia contra 12 funcionarios de la institución por el presunto delito de acceso desautorizado a información tributaria.

Las oficinas de prensa del Ministerio Público y del Ministerio de Hacienda confirmaron la presentación de esa denuncia, ayer, por separado. Según trascendió, el caso es analizado por la Fiscalía desde el 16 de abril.

La lista de nombres de los funcionarios denunciados se mantiene en reserva, así como el nivel jerárquico que tienen dentro de la Administración y las áreas en donde laboran.

La noche de ayer, el viceministro de Hacienda, Rowland Espinosa Howell, informó, en un comunicado de prensa, que la denuncia se efectuó en cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los funcionarios públicos a señalar de oficio los delitos que lleguen a su conocimiento durante sus labores.

Espinosa Howell agregó que Hacienda cuenta con una certificación de la Dirección de Tecnología de Información Tributaria.

“Al parecer, se dieron reiterados accesos ilegítimos a la información tributaria de carácter confidencial que resguarda el Ministerio de Hacienda”, informó el viceministro.

Según el comunicado, “se detectaron, no solo los casos que trascendieron en los últimos días en los medios de prensa, sino que se evidenció también que se había accedido a la información de muchas otras personas, tanto físicas como jurídicas, de diversos sectores de la sociedad y la economía”.

El 3 de abril, una investigación de este diario reveló que la sociedad Procesos, Investigación y Asesoría CA, creada por el exministro de Hacienda Fernando Herrero, y su esposa Flor Isabel Rodríguez, registraba ingresos de ¢20.575.421 para el período fiscal 2009-2010.

Jarmon Noguera
Fuente: Periódico La Prensa Libre

El gobierno anunció que en las próximas 48 horas dará a conocer las medidas que tomará como contingencia a la situación fiscal que enfrenta el país, esto después de haber sostenido dos reuniones, una con economistas y otra con expertos en derecho tributario.

“Estamos revisando la efectividad de lo que venimos haciendo para ver cómo podemos mejorarlo,  y estamos recabando criterios con amplitud tanto por parte de la gente que se ha acercado en estos último días como con base en las cosas que ya en el pasado se han enviado a la corriente legislativa” expresó Laura Chinchilla, presidenta de la República.

Aunque no quiso adelantar cuáles serán las medidas por anunciar, si enfatizó en que son medidas de contingencia y que es imposible lograr la recaudación del 1,5% del PIB que se tenía logrado proyectar con el Plan Fiscal.

“Va ser muy difícil, si no imposible, que podamos alcanzar el 1,5% que pretendíamos recaudar con el Plan Fiscal… Tenemos que ver todo esto como medidas de contingencia, no como medidas que van a venir a solucionar el problema estructural que tienen las finanzas públicas de nuestro país”, dijo Chinchilla.

Según ella, algunas de las medidas solo van a aplicar una vez y cito el ejemplo de tomar los superavits de las instituciones que luego no se van a volver a generar o lo harán por montos muy bajos.

Estas medidas se tomarán como respuesta a la resolución de la Sala IV que detuvo el proceso de aprobación del plan fiscal al declarar el tramite que se le había dado, inconstitucional.

Aaron Sequeira
Fuente: Periódico La Prensa Libre

La iniciativa de ley para establecer impuestos a los casinos, sportsbooks y casas de apuestas lleva un buen tiempo en la Asamblea Legislativa, sin que su avance haya sido notorio. Incluso ha cambiado su texto en varias oportunidades. El cambio aprobado ayer en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso podría ser el definitivo, según aceptaron varios diputados miembros de la plana.

Luis Fishman, presidente de la Comisión de Hacendarios, enfatizó que el texto se vuelca a lo más simple, a la propuesta original, sin complicarlo con todo lo relativo a regulación de la actividad de casinos y otras de ese tipo.

“Se aprobó una ley marco más simple y no reglamentar. No queremos que la ley sea para avalar el funcionamiento de los casinos, que no se diga que la Asamblea lo impulsa”, apuntó Jeannette Ruiz, del PAC.

Según indicó la liberacionista Alicia Fournier, lo importante es asegurar el cobro de impuestos a los casinos para la seguridad pública, pues todo lo integrado para la regulación de casinos y casas de apuestas han complicado la tramitación de los impuestos a los casinos.

La iniciativa plantea un impuesto a los casinos $300 por mesa, que sin embargo, ha variado en las diferentes propuestas que se han manejado en el trámite de la Comisión de Hacendarios.

Andrea Rodríguez
Fuente: Periódico El Financiero

Un total de cinco recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Impuesto a Sociedades Jurídicas fueron presentados para su estudio ante la Sala IV. De ser admitido alguno de ellos, el cobro del tributo que rige desde el 1 de abril del presente año , quedaría suspendido hasta la Sala resuelva.

El primero de los recursos, presentado el pasado mes de febrero, alega que la normativa vigente es violatoria del debido proceso y del derecho de propiedad.

Otra de las acciones cuestiona la totalidad de la ley por considerarla desproporcionada y con un régimen sancionatorio excesivo. Este criterio es respaldado por otro de los recursos interpuestos.

A su vez, violar el principio de igualdad, pues solo las sociedades inscritas como pymes en el MEIC están exentas, es otro de los criterios señalados ante la Sala.

Por último, acusar a la ley de ser violatoria sobre el principio de capacidad contributiva se une a las acciones a la espera de ser acogidas y resueltas.

La ley grava a las sociedades mercantiles, las representantes de personas jurídicas extranjeras y las empresas individuales de responsabilidad limitada, activas ante Tributación Directa, con el 50% del salario base mensual del Auxiliar Administrativo 1 del Poder Judicial).

Para el 2012 ese salario se estableció en la suma mensual de ¢360.600, por lo que correspondería pagar la suma de ¢180.300. Sin embargo, el cobro es proporcional a la entrada en vigencia de la ley ; por lo que para este año supondría la suma de ¢135.225.

En tanto, las sociedades inscritas pero inactivas deberán pagar un importe equivalente de ¢67.612,50 (un 25% del salario base mensual mencionado).

De no acogerse ninguna de las consultas mencionadas, las sociedades cuentan hasta el 30 de abril para ponerse al día con el tributo, sin las sanciones de morosidad correspondiente.

Pablo Mora Vargas
Fuente: ameliarueda.com

En el escritorio del director general de Tributación, a Carlos Vargas le espera un trabajo duro del que todo el país estará pendiente: la lucha contra la evasión fiscal. Se trata del tema que más ha tenido pendiente a la sociedad costarricense en las últimas semanas, no solo debido a los escándalos por supuestos fraudes o atrasos con el fisco de personalidades políticas costarricenses, sino también por la urgencia de dinero que muestra el gobierno ante la inconstitucionalidad del plan fiscal.

Nombrado este martes como nuevo director de Tributación, Vargas se propone desde ya dos objetivos: facilitar el pago de los impuestos a quienes los cancelan con puntualidad y la lucha contra los evasores.

El director de Tributación sabe que su labor dependerá en gran parte del trabajo de equipo que pueda lograr con sus colaboradores. Por ahora no promete grandes cambios a lo interno, porque apostará al diálogo entre él y sus subalternos para identificar fortalezas y debilidades en el funcionamiento de esta entidad.

Otros de los proyectos que Vargas se propone son el fortalecimiento de los sistemas informáticos y el análisis del interés tributario que maneja la administración para luchar contra el fraude fiscal.

A la vez, el jerarca reconoció la labor realizada por su antecesor Francisco Villalobos.

Carlos Vargas inició sus funciones en Tributación la misma tarde del martes. Desde el año 2004, es miembro del Tribunal Fiscal Administrativo y ha sido asesor de varios ministros de Hacienda. Tiene una maestría en derecho tributario de la Universidad para la Cooperación Internacional y desde el 2008 es profesor de derecho tributario en la Universidad Estatal a Distancia. Su nombramiento fue ordenado por el vicepresidente de la República y ministro a.i. Luis Liberman

Patricia Leitón
Fuente: Periódico La Nación

La presidenta de la República, Laura Chinchilla, confirmó hoy que el economista Édgar Ayales es el nuevo ministro de Hacienda.

Ayales sustituye al anterior ministro, Fernando Herrero, quien renunció el 2 de abril pasado, luego de publicaciones de este diario en las cuales se denunciaron incumplimientos tributarios.

“Don Édgar garantiza solidez; manda un mensaje de experiencia y seguridad por su trayectoria”, dijo hoy la presidenta de la República.

“No tengo la menor duda de que va a ser una persona que va a asumir con gran responsabilidad el manejo de las finanzas públicas, en procura que la situación fiscal del país logre quedar contenida sin graves repercusiones sobre la economía nacional”, expresó Chinchilla.

Según agregó, Ayales tiene experiencia como director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), director ejectuvo alterno del Banco Mundial y director de proyectos macroeconómicos en Brasil, Surinám y Angola.

Ayales, hermano del exministro de Trabajo, Farid Ayales y del director ejecutivo de la Asamblea Legislativa, Antonio Ayales, ha participado en varios gobiernos liberacionistas.

En 1982, en el Gobierno de Luis Alberto Monge, trabajó como representante del Banco Central en la Comisión Nacional de Emergencias. Cuando eso era presidente de esta Comisión, Rolando Araya Monge.

En 1989, formó parte del equipo que negoció la reestructuración de la deuda pública externa de Costa Rica.

El expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano contó que uno de los momentos más emocionantes en su vida pública fue cuando “estando encerrados Silvia Charpentier, Edgar Ayales y yo en la Reserva Federal en Nueva York nos avisaron a las 3 a.m. que los acreedores habían aceptado las condiciones de renegociación de la deuda externa”. Eso fue en noviembre de 1989 y fue el inicio de la reducción en la carga de la deuda externa de Costa Rica.

El gerente del Banco Nacional, Fernando Naranjo, contó que Ayales fue su alumno en la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica.

En abril del 2011 Ayales fue nombrado director de la Bolsa Nacional de Valores, donde hasta ahora fungía como vocal.

También participó como exdirector adjunto del departamento de estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El nuevo ministro tiene 62 años, vive en Curridabat y está casado con María Elena Lizano Silva.

El jerarca ingresa en un momento en el cual el Gobierno intenta controlar un alto déficit fiscal, año estimado para este año en un 6,7% de la producción para el sector público global reducido (incluye Gobierno, Banco Central y una muestra de instituciones públicas).

Para enfrentar dicho déficit la principal carta del Gobierno era el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria que la Sala Constitucional devolvió a comisión por errores en el procedimiento de aprobación.

Actualmente hay tres proyectos fiscales más en el Congreso bastante avanzados y dos más que llegarán en estos días, los cuales ayudarán a paliar la situación.

Los proyectos que están avanzados son: el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria, que aumenta las sanciones administrativas por declarar mal los impuestos y sube también el límite del monto evadido para aplicarlas.

Además, la iniciativa de Ley de Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, el cual permite que Tributación dé información de contribuyentes que están en Costa Rica a otras administraciones tributarias, y el plan de Ley de Emisión de Títulos Valores, que le abre la puerta al Gobierno para endeudarse en el exterior.

Los otros dos proyectos que llegarán son el Convenio Multilateral de Cooperación de Asuntos Tributarios y un plan para racionalizar el gasto público.

La presidenta Chinchilla acaba de nombrar como director de Tributación a un funcionario “de muchos años en el Ministerio de Hacienda”. Se trata de Carlos Vargas, quien venía ejerciendo como miembro del Tribunal Fiscal.

Por Pablo Mora Vargas
Fuentes: www. ameliarueda.com

Dicen que las cifras no mienten: fueron 82 sesiones en el plenario discutiendo el plan fiscal. Eso suma casi 127 horas de discusión durante los seis meses que estuvo en la agenda legislativa. El gasto presupuestado para cada una de esas horas fue de ¢465.780 por cada diputado presente. Todo eso para alcanzar el gran total de ¢119.658.245 pagados a los legisladores durante el ahora inconstitucional proyecto de Solidaridad Tributaria.

Así lo confirmó Rodolfo Sandoval, jefe del área de Presupuesto del Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa, a ameliarueda.com. Aunque atención: esta cifra se elevaría más si se le agregara el salario devengado por horas / diputado en la comisión que dictaminó el plan fiscal. Tampoco se tiene en cuenta otros gastos como material logístico, consumo de electricidad, alimentación, por mencionar algunos.

De acuerdo con Camacho, la suma de los ¢120 millones se efectuó con base en el gasto presupuestario por hora del año 2011.

El presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza, lamentó que el gobierno haya destinado tanto tiempo y recursos durante el período de sesiones extraordinarias al plan fiscal, dejando de lado otros proyectos de ley que pudieron ser aprovechados en el plenario.

Sección de Editorial.
Fuente: Periódico La Nación

A nadie puede culpar el Gobierno por el descalabro del plan fiscal, salvo a sí mismo. Las dos razones ofrecidas por la Sala IV para sustentar la inconstitucionalidad del procedimiento aplicado, tienen firme asidero en el ordenamiento jurídico. Una se prestaba para la discusión y la duda, pero la otra era obvia y previsible.

¿Tenía el presidente de la comisión dictaminadora del proyecto facultades para extender el plazo otorgado por el plenario, con el fin de considerar todas las mociones y respetar así el derecho de enmienda concedido a los diputados? Había razones para creerlo, pero los magistrados se inclinaron por la tesis contraria, sostenida en su momento por Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa.

En este caso, hay una excusa plausible, fundada en la escasa práctica legislativa del 208 bis y la perversa lógica de un reglamento que prevé la vía rápida y luego la llena de piedras y obstáculos mediante la inmoderada protección del derecho de enmienda. Los diputados opuestos a una iniciativa tramitada al amparo del 208 bis, siempre podrán plantear las mociones necesarias para asegurar el vencimiento del plazo fijado a la comisión dictaminadora.

A tenor del fallo de la Sala Constitucional, la solución parece radicar en la ampliación del plazo por el plenario legislativo, pero eso supone, en el fondo, un segundo voto sobre la aplicación de la vía rápida, cuyo propósito quedaría derrotado cuando menos en forma parcial.

Donde difícilmente cabía discusión era en la necesidad de volver a publicar el proyecto de ley una vez enmendado. Los cambios fueron indiscutiblemente sustanciales, al punto que redujeron las expectativas de recaudación en más de una cuarta parte. Las enmiendas alcanzaron a 53 artículos del proyecto y no cabe argumentar la identidad entre la ley aprobada y la propuesta inicial.

Cuesta trabajo creer que los impulsores del plan consideraron las variaciones insuficientes para justificar la exigencia de una nueva publicación. Si lo hicieron, debieron admitir, cuando menos, el carácter discutible de esa apreciación, sobre todo cuando los diputados opuestos al plan fiscal advirtieron el problema.

Avizorada la posibilidad de un traspié por ese motivo, la mínima prudencia mandaba repetir la publicación. El trámite se obvió en el obstinado empeño por acelerar la votación. Los resultados están a la vista.

Tanto capital político invertido por el Gobierno y sus aliados en la aprobación del plan fiscal, ameritaba una ponderación más cuidadosa del trámite, y si bien pudo haber confusión en el tema del plazo concedido a la comisión dictaminadora, no hay excusa para la decisión de omitir la publicación.

La Sala Constitucional cumplió su cometido. Demostró la flexibilidad y buen criterio necesarios para conceder prioridad a la resolución de los cuestionamientos formulados contra la aplicación de la vía rápida establecida en el artículo 208 bis del Reglamento legislativo. El oportuno fallo preservó la posibilidad del trámite legislativo abreviado. Con igual celeridad se pronunció sobre las consultas de constitucionalidad planteadas por los diputados de oposición. Si en ellas encontró omisiones lesivas para el ordenamiento jurídico, la responsabilidad descansa sobre los hombros de quienes las cometieron.

No cabe, pues, descargar la culpa sobre los magistrados. El alambicado procedimiento legislativo costarricense y la posibilidad de una interpretación diferente ofrecen una excusa para el error cometido con la ampliación del plazo de la comisión, pero no existe norma alguna que impida el ejercicio de la prudencia.

Fuente: EFE

Washington DC -Baltimore • La minoría republicana del Senado de Estados Unidos bloqueó hoy, tal como estaba previsto, el voto de la llamada “regla Buffett”, respaldada por el presidente Barack Obama, para aumentar los impuestos a los millonarios en este país.

Debido a una maniobra parlamentaria de los republicanos, los demócratas, que controlan la Cámara alta, no lograron reunir los 60 votos mínimos necesarios, de un total de 100, para proceder al debate y votación de la “regla Buffett”.

La medida, nombrada así por el magnate Warren Buffett, buscaba imponer una tasa tributaria de 30% a quienes perciben un ingreso anual de al menos 2 millones de dólares y que paulatinamente se aplicaría a quienes ganan al menos un millón de dólares.

La “regla Buffett” estaba incluida en la legislación presentada por el senador demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse y contaba con el fuerte respaldo de la Casa Blanca.

La Administración Obama ha convertido la “regla Buffett” en una de sus prioridades en este año electoral y tanto la Casa Blanca como sus aliados demócratas en el Congreso aseguran que se trata simplemente de un asunto de justicia social.

De hecho, el domingo el presidente Barack Obama volvió a insistir en que la medida tributaria no buscaba una “redistribución” de la riqueza, como alegan sus detractores, sino incentivar el crecimiento y competitividad de la economía estadounidense.

“La única forma en que vamos a lograr eso es si gente como yo, que hemos sido increíblemente bendecidos, estamos dispuestos a devolver un poco más (mediante el pago de impuestos) para que la próxima generación que surge pueda tener éxito también”, argumentó Obama.

En la actualidad, muchos estadounidenses con altos ingresos pagan un porcentaje de impuestos menor incluso que el que pagan los trabajadores de clase media.

Según el centro independiente Tax Policy Center, que se especializa en el estudio de políticas tributarias, en 2011 los hogares que percibieron ingresos anuales superiores al millón de dólares debían un promedio de 25 % en impuestos federales y a la nómina.

Al igual que la Casa Blanca, los partidarios de la “regla Buffett”, entre ellos la senadora Debbie Stabenow, consideraron hoy que ésta “nivelaría el terreno” para la estrujada clase media en Estados Unidos.

Pero sus detractores consideran que la medida es un artificio electoral, en un año en el que Obama buscará la reelección, y, además, no hará mella en el déficit nacional y que lo que se requiere en realidad es una verdadera reforma tributaria.

Sección de Opinión
Fuente: Periódico La Nación

Incluso el más gravoso de los sistemas tributarios, con las condiciones de seguridad jurídica más ingratas pero ciertas, son mejor que el estado de incertidumbre de caminar un paso y retroceder dos.

Hoy de nuevo el país está sin agenda de reforma en el sistema tributario, lo que nos devuelve al punto de partida.

No podemos confundir las responsabilidades de los protagonistas. Por este motivo vale aclarar que la Sala Constitucional solamente ha hecho lo que le corresponde. Si los legisladores no saben legislar, a ellos es a quien les cae la responsabilidad.

Nos impresionó y alertó la reciente inclusión del país al listado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los países grises, opacos en materia de cooperación efectiva contra el fraude fiscal internacional y el intercambio efectivo de información.

El pasado Jueves Santo se publicó la vuelta atrás a la lista de esas jurisdicciones, con la gravosa consecuencia que implica esto para nuestro país; combinación más inoportuna no pudo haberse dado: se echa un paso nuevamente para retroceder en esta materia, aunado a la decapitación de la cúpula de Hacienda y el acertado fallo de la Sala Constitucional.

Debía existir un sistema de sanciones al legislador irresponsable que, por no poner al día la legislación en materia de transparencia, nos devuelve a la lista gris; al que por no saber legislar le rebotan los procedimientos aplicados en la aprobación de las leyes. Que por la combinación de esta grave incapacidad de ejercer el poder del pueblo en el Poder Legislativo, pone ahora un panorama sombrío sobre la economía nacional.

No es de extrañar, entonces, que la Administración Tributaria siga ahora con una campaña más agresiva de fiscalizaciones, en donde se trate de sacar impuestos de donde no los hay, aún en violación de básicos derechos del contribuyente, que mantienen al proyecto en sueño largo.

No nos extrañemos de alzas en las tasas de interés, un potencial desmejoramiento de la estabilidad de la inversión extranjera y que nos veamos como el país cada vez menos feliz.

También, que nos veamos como el país que no tiene plan B, y seguir en las manos donde los que deben hacer no hacen, y lo que hacen lo hacen de una manera errónea y con hermetismo para con sus representados.

Eugenia Soto
Fuente: Periódico El Financiero

La vía rápida carbura para dos proyectos fiscales de ley, que durante meses penaron por el carril del tránsito lento en la tortuosa avenida del trámite legislativo.

“Transparencia fiscal” y “Fortalecimiento de la gestión tributaria”, proyectos presentados por el Poder Ejecutivo, se colocaron al volante de la agenda fiscal del Gobierno horas antes de que trascendiera el descalabro de “Solidaridad Tributaria” en la Sala IV.

Ambos textos pretenden aumentar la tracción del Ministerio de Hacienda en su función de recaudador tributario y lograr que el país cumpla los parámetros internacionales en la lucha mundial contra la evasión, ámbito en el que el país sufrió otro revés.

La noticia de que Costa Rica reprobó nuevamente la evaluación sobre transparencia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio nueva urgencia al proyecto de transparencia fiscal, que ha caminado lentamente desde su presentación en mayo del 2010.

“El Gobierno había postergado la discusión de este proyecto apostando a que a través de la firma de tratados para el intercambio de información tributaria se podía subsanar el tema de la lista negra de la OCDE, y ahora están en un zapato”, expuso Jeannette Ruiz, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El otro texto se encuentra atorado. “Ese proyecto (“Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria”) se encuentra atascado con 700 mociones por parte de los partidos de la oposición. Nos parece intolerable que se quiera impedir el avance del proyecto para cobrar duro a los que defraudan el fisco”, dijo Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia.

El impulso del Gobierno llega tarde, en el criterio de varios diputados, para un par de proyectos que se encuentran muy avanzando en su tramitación.

Además, la luz verde no brillará para los textos que agrupaciones de la oposición han presentado tendientes a controlar el gasto del sector público.

¿Saludo a la bandera?

Una vía rápida para estos dos textos podría aportar ya poco, pues ambos se encontraban la semana pasada en los últimos días del plazo para la presentación de mociones vía artículo 137 del reglamento legislativo.

Durante este periodo, todos los diputados pueden presentar mociones que son discutidos por la comisión encargada.

Cumplidos estos cuatro días, y resueltas las mociones presentadas, se inicia la discusión en el Plenario legislativo del fondo de los proyectos de ley, acercándose a la votación.

“El proyecto de ‘Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria’ está para agotar el cuarto y último día de mociones 137; es decir, que es un proyecto avanzado. Siento que es innecesario darle vía rápida, pero contaría con nuestro apoyo”, comentó Víctor Granados, jefe de fracción del PASE.

Un eventual apoyo del PASE le será de gran utilidad a la fracción oficialista que todavía no ha amarrado el apoyo necesario.

“Todavía no tenemos las negociaciones en firme para sumar los votos necesarios, pero aquí todos parecen estar de acuerdo en la necesidad de luchar contra la evasión fiscal”, dijo Luis Gerardo Villanueva, jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional.

Armamento pesado

Agilizar los procesos de la Administración Tributaria permitiéndole notificar por correo electrónico y eliminando la posibilidad de que los contribuyentes establezcan domicilios especiales es uno de los objetivos estratégicos de “Fortalecimiento de la gestión tributaria”.

También es clave la creación de sanciones para aquellos que resistan la fiscalización y los que incurren en incumplimientos en el suministro de información.

Una mayor precisión en la definición del fraude fiscal, así como de las infracciones, busca combatir el bajísimo nivel de éxito en las acusaciones por evasión fiscal del Ministerio Público.

Por otro lado, el proyecto incorpora un Título VI dentro del Código Tributario que pretende reforzar los derechos del contribuyente y las obligaciones de la Administración Tributaria.

En estos artículos se establecen los principios que deben regir a los funcionarios públicos en la aplicación de las normas y su responsabilidad.

“No ha existido un interés del Gobierno sobre este proyecto. A mí nunca me ha llamado el Ministro de la Presidencia para preguntarme por el proyecto, tampoco el Ministro de Hacienda”, aseguró Patricia Pérez, legisladora libertaria y presidenta de la Comisión de Asunto Económicos encargada de estudiar el texto.

Ni siquiera ha existido interés por tratar de despejar el camino. Dos diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) llevan más de 600 mociones presentadas para este proyecto de ley.

“Todavía no tenemos una posición de fracción con respecto a la vía rápida. Yo mantengo mis más de 200 mociones”, aseveró Luis Alberto Rojas, legislador socialcristiano.

Secreto a voces

La modificación de las reglas que controlan el acceso a la información bancaria de una persona física o jurídica es el punto más polémico del proyecto de transparencia fiscal.

El texto dictaminado sustituye la figura del juez garante (uno que establece la existencia de una potencial irregularidad tributaria) por un juez tramitador (aquel que supervisa el cumplimiento de una lista de requisitos).

La modificación abriría el portillo a arbitrariedades de la Administración Tributaria, protestan los opositores del proyecto, entre ellos la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

La posibilidad de que Hacienda realice barridos entre las cuentas bancarias buscando infractores, conocidas como fishing expeditions es una de las principales quejas en contra del texto.

“El debate está avanzado, y creo que se puede construir un consenso sobre la participación del juez”, comentó Pérez.

A finales de la semana pasada, el proyecto cumplía su tercer día para la presentación de mociones vía artículo 137.

Lejos de los reflectores ambos proyectos de ley han logrado avanzar, aunque no a un ritmo acelerado. Con la recién mostrada impericia en el manejo de la vía rápido por parte de los legisladores, la medicina podría ser peor que la enfermedad.

Bajo los reflectores

Cuatro proyectos sobre materia fiscal peregrinan en Cuesta de Moras:

1: Fortalecimiento de la gestión tributaria: reforma el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y la Ley General de Aduanas. El proyecto estaba cerca de agotar su trámite en Comisión para pasar a su discusión en el plenario.

2: Transparencia fiscal: Modifica las reglas para el levantamiento del secreto bancario. El proyecto estaba cerca de agotar su trámite en Comisión para pasar a su discusión en el plenario.

3: Responsabilidad fiscal: Pretende establecer topes de endeudamiento y sanciones por incumplimiento. Proyecto presentado por el Movimiento Libertario, está todavía en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

4: Saneamiento fiscal: Permite que se traslade al Gobierno central los superávit de entidades públicas. El proyecto presentado por la Unidad Social Cristiana se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

Jarmon Noguera González  
Fuente: Periódico La Prensa Libre.

Ahora será un grupo de expertos en materia tributaria el que se reunirá con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, convocados por ella, para buscar soluciones al problema de recaudación fiscal que enfrenta el país.

La reunión sera las 9 de la mañana de hoy en Casa Presidencial, donde revisarán aspectos relacionados con el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria y medidas administrativas que ayuden a mejorar la recaudación fiscal.

Esta es la segunda reunión que convoca la Mandataria en menos de una semana para el tema de la crisis fiscal que enfrenta el país. La anterior se realizó el pasado jueves con un grupo de economistas al que le pidió alternativas para el plan fiscal.

Chinchilla está solicitando ayuda luego de la resolución de la Sala IV que declaró inconstitucional el trámite que se le dio al proyecto del Plan Fiscal en la Asamblea Legislativa, por lo que se atrasa el proceso de aprobación.

Entre los profesionales convocados esta vez por Chinchilla están Adrián Torrealba, Diego Salto, Allan Saborío y Alonso Arroyo.

David Delgado
Fuente: Periódico La Nación

El Tribunal de Juicio de Goicoechea condenó ayer en la tarde a 10 años de prisión a Mayra Marlene Zamora Alvarado (44 años), hermana de la diputada libertaria Mireya Zamora, por dos delitos de defraudación fiscal.

Los jueces Jorge Tabash, Ileana Méndez y Elizabeth Montero la sentenciaron por el delito de inducción a error en la Administración Tributaria, estipulado en el artículo 92 del Código Tributario.

El artículo señala: “Cuando la cuantía del monto defraudado exceda de doscientos salarios base, será sancionado con prisión de cinco a 10 años quien induzca a error a la Administración Tributaria, mediante simulación de datos, deformación u ocultamiento de información verdadera o cualquier otra forma de engaño idónea para inducirla a error, con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, una exención o una devolución en perjuicio de la Hacienda Pública”.

Asimismo, el Tribunal condenó a la imputada a pagar al Estado ¢178 millones de manera solidaria con la empresa Estrella Brillante S. A., de la cual ella es presidenta.

La diputada Mireya Zamora dijo ayer por teléfono que cada persona es responsable de sus propios actos y que la familia no sabía del caso.

“Me duele porque ella es una ama de casa abnegada. Me enteré porque me llamó un hijo mío y me contó que hoy (ayer) se daba la sentencia”, declaró.

El monto de los ¢178 millones que Zamora Alvarado debe pagar al Estado responde a la pericia judicial por los impuestos de renta (¢143 millones) y ventas (¢35 millones), que aparecían con “errores” en 13 declaraciones del 2003.

Para el fiscal Javier Fallas, la empresa Estrella Brillante S. A. se dedicaba a la venta de celulares en ese momento.

Fallas explicó que cuando la empresa declaró mensualmente el impuesto de ventas informó de que tenía créditos fiscales altos y débitos muy bajos; es decir, restó en la declaración lo pagado en impuestos a dos firmas proveedoras falsas.

De esa manera, en la declaración anual del impuesto de renta se inflaron los gastos, por lo que el Ministerio de Hacienda dejó de percibir los ¢143 millones.

A inicios del 2006, el entonces director general de Tributación Francisco Fonseca denunció el caso ante el Ministerio Público.

Édgar Delgado Montoya
Fuente: Periódico El Financiero

La calificación y la percepción del riesgo de Costa Rica en los mercados internacionales sufrirá un golpe luego de la que la Sala IV se trajo abajo el proyecto de reforma tributaria , el pasado 10 de abril.

Para los economistas Francisco de Paula Gutiérrez y Alberto Trejos, es un hecho que esa percepción de riesgo va a subir, lo cual significa que si el país está pensando en colocar bonos en los mercados internacionales va a tener que pagar una mayor tasa de interés .

Actualmente, la Asamblea Legislativa discute un proyecto de ley que autoriza al Gobierno a emitir $2.000 millones en bonos en los mercados externos. Dicho plan ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 14 de febrero.

El Ministerio de Hacienda había anunciado que quería colocar una cuarta parte de esos recursos antes de finalizar el año.

El gran incentivo es que la calificación de riesgo Moody’s había otorgado a Costa Rica el grado de inversión hace dos años. Tanto Standard & Poor’s como Fitch no habían dado esa nota al país.

No obstante, para Trejos será algo “automático” que dicha calificación se revierta .

En su criterio, el grado de inversión concedido más bien fue parte de un evaluación “desmedida”, pero que dependía mucho de la aprobación del plan fiscal.

Por su parte, Gutiérrez (quien fue ministro de Hacienda entre 1996 y 1998) comentó que no está claro si el país va a perder esa condición, pero sí es un hecho que la percepción de riesgo empeorará.

“ He visto notas de analistas de riesgo y lo que indican que es que Costa Rica tiene ahora una percepción de riesgo más alta que la tenía hace tres días ”, comentó.

En su opinión, es un hecho que el país va a tener que pagar tasas de interés más alta por sus eurobonos.

Actualmente, el país paga más de un 6% por el título que vence en el 2025.

Esteban Mata
Fuente: Periódico La Nación

El Poder Ejecutivo explora alternativas para enfrentar el déficit en las finanzas públicas, luego del freno que ordenó la Sala IV al plan fiscal por errores en su trámite.

En la casa de gobierno niegan que se trate de la búsqueda de un “plan B”, pues aún alimentan la esperanza de resucitar el proyecto de impuestos que impulsó el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, con el apoyo del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Sin embargo, sí reconocen la preocupación ante el retraso del plan fiscal, y, anoche, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, con el propósito de explorar alternativas, se reunió con un grupo de economistas que en el pasado se desempeñaron en cargos relacionados con el manejo de las arcas del Estado.

Chinchilla convocó a la cita a Eduardo Lizano, Francisco de Paula Gutiérrez, Alberto Trejos, Alberto Dent, Fernando Naranjo y Edgar Ayales. La mandataria espera seguir con este tipo de reuniones y tener un panorama claro la próxima semana.

Áyales figura como una de las cartas fuertes de la presidenta para sustituir al exministro de Hacienda, Fernando Herrero, quien renunció luego de que La Nación revelara irregularidades tributarias.

Pocas esperanzas. El ministro de Comunicación, Francisco Chacón, recalcó ayer que todavía es temprano para hablar de un plan sustituto al proyecto de impuestos que frenó la Sala por irregularidades en su trámite legislativo.

Sin embargo, aceptó que, ante los yerros de trámite que hizo públicos la Sala IV, el proyecto no tiene una fecha cercana de aprobación, lo cual obliga a la Presidencia de la República a buscar medidas alternativas.

Chacón agregó que los esfuerzos paralelos pretenden evitar una situación fiscal más difícil de la que ya atraviesa el Ejecutivo, donde los gastos son mayores a los ingresos.

Pero la vela encendida para que el plan fiscal salga airoso del Congreso no tiene muchos fieles.

El propio jefe de fracción del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, afirmó ayer que cada vez son más escasas las posibilidades de que el proyecto salga adelante, sobre todo porque el ambiente político hace que la iniciativa sea cada vez menos viable.

“No lo veo a un plazo razonable, no lo veo. A hoy, yo lo veo difícil, incluso la salida de comisión y la entrada al plenario. El tema está en viabilidad política”, explicó el legislador verdiblanco.

El propio líder del PAC y coimpulsor del plan, Ottón Solís, manifestó que es difícil que se apruebe la iniciativa tributaria, que impondría el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en el país.

Aun así, en la Casa Presidencial esperan que los diputados saquen el plan fiscal del paro respiratorio en que quedó , según Villanueva.

Aaron Sequeira
Fuente: Periódico La Prensa Libre

La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó la tarde de ayer dos mociones en las que estableció el llamado a comparecencia del exministro de Hacienda, Fernando Herrero, y su esposa, Flor Isabel Rodríguez, para que expliquen los hechos que obligaron a sus renuncias.

Estos hechos tienen que ver con la subvaloración de terrenos que establecía un pago menor del impuesto a bienes inmuebles, así como la no declaración de renta sobre ganancias de la empresa de asesoría de ambos, Procesos.

Igualmente fue llamado a comparecer el exdirector de Tributación Directa Francisco Villalobos, a quien se le señaló por mantener una deuda millonaria en el pago del impuesto sobre la renta, desde 2008, a pesar de ser el jerarca encargado de combatir la evasión.
Recope y procesos

Los diputados de Control de Ingreso y Gasto Público también han mandado llamar al presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo, Jorge Villalobos Clare, para que explique el proceso de contratación de la firma Procesos, de la esposa de Herrero, a la cual se le contrataron consultorías para Recope.

Dentro del mismo orden de asuntos, el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman; el ministro de Educación Pública, Leonardo Garnier; y el hermano de la presidenta Laura Chinchilla, Adrián, tendrán que explicar ante los diputados las cartas de recomendación que extendieron para la contratación, por Recope, de la firma consultora Procesos.
Alquiler de propiedad

Tal como denunciara la diputada libertaria Patricia Pérez, el exministro Herrero arrendó un inmueble de su propiedad a la Fuerza Pública, luego de una excepción de la Contraloría a la prohibición de contratación con el Estado para el exjerarca y su esposa, quien era asesora personal de la Presidenta.

Ese será también objeto de investigación por parte de los diputados, así que han llamado al ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, y a alcalde de la Municipalidad de Escazú, Arnoldo Barahona. En dicha propiedad se aloja una delegación policial, amén de que el terreno está subvalorado y paga una menor cantidad de impuestos a los bienes inmuebles.

Fuente: EFE Washington

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, volvió a insistir ayer en la necesidad de subir los impuestos a los ricos para que paguen al menos la misma tasa impositiva que el ciudadano medio, como una cuestión de “justicia” para garantizar el crecimiento económico. La “regla Buffett”, como se conoce a la propuesta de Obama para aumentar los impuestos a los millonarios, “nos lleva en la buena dirección, hacia más justicia y más crecimiento”, remarcó el presidente durante una comparecencia en la Casa Blanca.

“Los estadounidenses que más ganan están haciendo menos y eso no es justo”, indicó Obama tras reunirse con un grupo de millonarios y sus secretarias en la Casa Blanca.

El mandatario reiteró su petición al Congreso para que apruebe la “regla Buffett”, uno de los emblemas de su campaña en favor de la clase media con miras a conseguir la reelección en noviembre y a la que se oponen tajantemente los republicanos.

En una señal hacia ellos, Obama recordó un discurso de Ronald Reagan en el que este presidente republicano abogaba por algo muy parecido a lo que él propugna ahora, por lo que ofreció bautizar la iniciativa como “regla Reagan”.

“No soy el primer presidente que habla de esta idea de que todo el mundo tiene que hacer su parte”, dijo Obama al sugerir que Reagan (1981-1989), fallecido en 2004, apoyaría su propuesta de aumentar los impuestos a los millonarios.

Aarón Sequeira
Fuente: Periódico La Prensa Libre

Una denuncia por no pago de impuestos ni responsabilidades sociales por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC), a raíz de pagos a sus dirigentes durante la campaña electoral 2010 ha destapado una serie de irregularidades en el manejo financiero de los rojiamarillos.

La información, hecha circular ayer en redes sociales y en la que está trabajando el denunciante de los cheques irregulares del PLN, Douglas Caamaño, señala al PAC por la evasión al pago de cuotas obrero patronales al utilizar la figura de “servicios especiales” para destinar salarios a dirigentes.

“Por la naturaleza de las funciones que desempeñaron estos dirigentes, estos montos debieron ser reportados como salarios, pero si los registraban como tales, les tenían que rebajar las cargas sociales y el impuesto al salario a sus dirigentes y reintegrarlos al fisco”, dice la denuncia.
Con bonos B

El denunciante considera que el registro de pagos que iban de los ¢1,8 millones a los ¢10 millones se debieron considerar “honorarios profesionales”, lo que obligaba a la declaración dentro del impuesto sobre la renta.

Consultado al respecto, el exdiputado Francisco Molina, quien fungió como gerente de la campaña electoral del PAC 2009-2010, indicó que los dirigentes realmente no tuvieron ningún pago, pues por esas labores “especiales” les fueron entregados bonos B.

“Se les pagó con bonos B, pero después de la declaratoria solo se nos reconoció los bonos clase A en un 98,7%. Eso dejó descubiertos o sin valor los bonos B. Ninguno de esos dirigentes tenía por qué pagar impuestos por ingresos que nunca percibió”, apuntó Molina.
Pago o no pago

Lo dicho por Molina fue refrendado por la diputada de Limón, Carmen Granados y por el también legislador Claudio Monge, quien no recuerda haber recibido en ningún momento pago alguno y menos en bonos.

“Los únicos bonos fueron dos que compramos mi esposa y yo, uno cada uno, por un total de ¢800 mil”, adujo. Monge, quien aparece en la liquidación de esos servicios especiales que buscaba el PAC como gerente cantonal de San Isidro, y que recibió supuestamente ¢5 millones.

El jefe de fracción del PAC, Manrique Oviedo, también aparece en las listas, pero no recuerda haber recibido un cinco y menos un solo bono que haya pasado por sus manos, a no ser los certificados A que colocó entre sus amigos.
Por repartir agua y hacer reuniones

La diputada Carmen Granados enfatizó que ella sí recibió los bonos y que tiene clara la figura de servicios profesionales, pues es dentista, y así cobra. “Cuando se trata de servicios profesionales se paga impuestos, los servicios especiales eran repartir agua y asistir a reuniones, lo que se hace para una campaña”, dijo.

Tanto Granados como Claudio Monge afirmaron haber sido contactados por el Tribunal Supremo de Elecciones, la primera para responder si había firmado algún documento sobre los pagos, y el segundo como elegido para un control cruzado en el mismo tema de los pagos.

Jarmon Noguera
Fuente: Periódico La Prensa Libre

Después del anuncio hecho este martes por la Sala IV, donde resuelve que el plan fiscal tiene vicios en el procedimiento y lo declara inconstitucional, Laura Chinchilla asegura que seguirá luchando por el proyecto de ley, porque el país lo necesita, y pidió a la Sala IV entregar lo antes posible el texto completo del fallo.

“Este es un proyecto importante que Costa Rica necesita y por eso hemos luchado por él pese a que no ha sido popular… Yo confío en que la Sala también, en el entendido de la urgencia que tiene esta decisión a efectos de seguir avanzando en cualquier dirección, que nos posibilite el fallo completo a la brevedad posible”, expresó Chinchilla.

Según dijo, es necesario que puedan analizar a fondo todos los extremos de la resolución para saber qué alcances tiene y cuál va a ser la ruta que se tome a partir ese momento, consultando además a quienes han sido los aliados del gobierno en este proyecto.

Además, agregó que actualmente prever que puede ser declarado inconstitucional o no es una misión imposible, y que pese a que lo intentaron evitar, siempre la Sala Constitucional encontró vicios que llevaron a la resolución que se conoce.

Los vicios encontrados por la Sala son que el Presidente de la comisión especial cambió el procedimiento de la vía rápida que se le aplicó al proyecto, algo que solo podía hacer el plenario legislativo, y, además, que no se publicaron un número importante de mociones que cambiaron el plan fiscal de manera sustancial.

Respecto a las afirmaciones hechas por distintos sectores, las cuales aseguran que el fallo de la Sala Constitucional representa la muerte del Plan Fiscal y el gobierno debe desistir, la mandataria aseguró que esto es algo que no se pude afirma todavía.

“Me parece muy irresponsable hablar de la muerte del Plan Fiscal sin conocer la resolución completa de la Sala IV y, hasta que no lo conozcamos, no sabremos que va a pasar”, dijo Chinchilla.

La posibilidad de que el Plan Fiscal logre ser aprobado en la administración Chinchilla Miranda, parece ser muy remota si se toma en cuenta el largo proceso que ha enfrentado hasta el momento este proyecto de ley, sin embargo, la Presidenta no pierde la esperanza.

Oscar Rodríguez
Fuente: Periódico La Republica

Implementar un nuevo paquete de impuestos nunca fue una posibilidad tan clara para el gobierno de Laura Chinchilla.
El plan estrella de la actual administración naufragó, según la reflexión de la Presidenta, por una confusa estructura estatal en la cual intervinieron los tres poderes de la República.
Además, el sector empresarial celebró que la Sala IV enterrara el proyecto tributario porque poner nuevos impuestos iba a afectar el crecimiento económico.
Por cierto, ayer, durante los actos de conmemoración de la Batalla de Rivas, la actitud gubernamental fue la de reivindicar el impulso de los nuevos impuestos.
A la vez esperarán la redacción total de la sentencia del Tribunal Constitucional para tomar la decisión de si seguir impulsando el proyecto fiscal u optar por un plan “B”.
“A quienes me han acompañado en esta difícil e incomprendida batalla por responder al problema fiscal les agradezco; nunca hemos tenido la certeza del triunfo”, dijo la presidenta Laura Chinchilla, al referirse a la defensa del Plan Fiscal.
El Gobierno no hizo una autocrítica sobre el error legal en el procedimiento legislativo y adujo que con la Sala IV nunca se sabe qué es constitucional y qué ilegal.
Más bien, culparon a las minorías políticas y sociales que se opusieron al Plan Fiscal y terminaron imponiendo el veto sobre la mayoría parlamentaria conformada por los partidos Liberación Nacional y Acción Ciudadana.
“Una alambicada arquitectura institucional ha querido que la responsabilidad de impulsar y tramitar leyes la compartan los tres poderes del Estado, en procesos que se vuelven confusos e interminables”, dijo Chinchilla.
Por otra parte, los empresarios nacionales celebraron la decisión de la Sala IV, porque detuvo un proyecto que iba a minar la competitividad del país.
La principal afectación del proyecto era el futuro de la inversión productiva, al gravarse a las nuevas empresas de zona franca, y el de los consumidores finales por la creación del impuesto al valor agregado.
“Las pequeñas y medianas empresas pueden respirar de nuevo, dado que la carga impositiva que pretendía el gobierno ya no las va a ahogar”, explicó Arnoldo André Tinoco, presidente de la Cámara de Comercio, principal opositora al Plan Fiscal.
La administración de Laura Chinchilla impulsó el paquete de impuestos para enfrentar la difícil situación fiscal.
Para este año, la previsión oficial es que el déficit gubernamental sería de un 5,5% de la producción nacional, mientras que en 2011 fue del 4,4%.
Las finanzas públicas comenzaron a desmejorar, a partir de 2008, cuando el gobierno hizo un aumento extraordinario en salarios de los burócratas y de las pensiones, como parte del denominado Plan Escudo, para enfrentar los efectos de la crisis económica.
Desde entonces, los gastos del Gobierno crecen a un ritmo mayor que los ingresos.

Gerardo Ruiz Ramón
Fuente: Periódico El Financiero

“Vicios escenciales de procedimiento de carácter evidente y manifiesto” se trajeron abajo el trámite del plan fiscal, que ahora será devuelto a su trámite original, al quedar anulado su primer debate.

Así lo resolvieron por unanimidad los siete magistrados de la Sala Constitucional , al votar este martes las consultas facultativas de constitucionalidad que presentaron los diputados de oposición, tras ese primer debate que dio el Plenario el pasado 14 de marzo al proyecto estrella del gobierno.

La decisión redondea una semana de golpes para la presidenta Laura Chinchilla, tras el remezón sufrido en el Ministerio de Hacienda con la renuncia del exjerarca Fernando Herrero y del exdirector de Tributación, Francisco Villalobos, quienes estaban entre los máximos impulsores del fallido plan fiscal.

Un resultado previsible

Los malos vaticinios para el plan fiscal se empezaron a escuchar a partir de que las bancadas a favor del proyecto rechazaron enviar a publicación de nuevo el plan en el diario oficial La Gaceta , tras los cambios sustanciales que sufrió en sus contenidos.

Los magistrados ,no solo confirmaron los malos augurios, sino que dieron la razón al diputado Juan Carlos Mendoza, miembro del Partido Acción Ciudadana (PAC) y presidente del Congreso, quien en noviembre del año pasado emitió una resolución señalando errores de procedimiento cometidos en la Comisión Especial que discutió y dictaminó el proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria.

Mendoza había resuelto devolver el trámite del proyecto hasta el inicio. La Sala avaló tal criterio al afirmar que el presidente del foro, Edgardo Araya, había reformado de forma unilateral la moción de vía rápida que había aprobado el plenario para el plan fiscal , sin permiso del pleno para ampliar el plazo para dictaminar la iniciativa, argumento que defendió el diputado presidente del Directorio Legislativo.

Celebración

De inmediato la oposición al proyecto tributario celebró la decisión tomada en sede judicial.

El diputado Luis Fishman, uno de los contendores del plan fiscal, sostuvo que todos los vicios señalados por la Sala habían sido advertidos con antelación por las bancadas opositoras , sin que el Partido Acción Ciudadana (PAC) y Liberación Nacional (PLN) pusieran atención.

“Me siento feliz y sé que ese sentimiento lo comparten varios millones de costarricenses. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no previó esta eventualidad y no tiene un plan alternativo. El plan fiscal está totalmente muerto ”, sostuvo Fishman.

El presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza, con regocijo, afirmó que el fallo resalta las reglas que se deben respetar en democracia.

“ Los errores de procedimiento eran muy evidentes. Las reglas en la democracia son importantes. No son adornos ni formalismos. Un acuerdo nacional se da con ciertas reglas ”, manifestó.

Mendoza agregó que existen mucho otros vicios. Sin embargo, abonó que estos no fueron señalados por los magistrados, pues no hacía falta, debido a que los yerros detectados al principio del trámite en comisión fueron suficientes para frenar el paso del plan fiscal.

No solo en Cuesta de Moras se levantaron los brazos en señal de júbilo. La Cámara de Comercio de Costa Rica también avaló la resolución de los magistrados .

Arnoldo André, presidente de la cámara empresarial, sostuvo que la Sala también les dio la razón a los comerciantes. “ Hemos reiterado que el proyecto, en lugar de mejorar las condiciones fiscales del país, sería un obstáculo para competitividad y hubiese encarecido el costo de la vida del costarricense ”.

Gobierno en jaque

En Casa Presidencial el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, aceptó el golpe que implica la declaratoria de inconstitucionalidad del plan fiscal.

Empero, aseguró que es pronto para anunciar planes alternativos .

“Vamos a esperar a que se nos notifique el fallo en su totalidad con el propósito de conocer la resolución y hacer una evaluación para valorar los pasos a seguir. Estamos muy preocupados por la situación fiscal del país. Queríamos que el plan de Solidaridad Tributaria se aprobara en el corto plazo, de lo contrario implica que la situación fiscal podría agravarse. Antes de hablar de un plan B quisiéramos dimensionar en que estado está el plan A ”, sostuvo.

¿Cómo reaccionó la presidenta Chinchilla al enterarse del fallo de la Sala Constitucional? Chacón evadió una respuesta directa y se limitó a afirmar que la mandataria cumplió con su parte y que fue buscar los respaldos políticos necesarios para el paquete de impuestos.

“La señora presidenta ha actuado con una gran responsabilidad, ella hizo lo que tenía que hacer y limpió la agenda legislativa. Llegó a acuerdos con otros partidos de oposición para poder avanzar en el camino, el poder ejecutivo ha cumplido. Ahora lo que corresponde es evaluar este fallo”, agregó el ministro.

El diputado Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN, aceptó que el plan fiscal “está en paro respiratorio”.

Para que el plan fiscal sea reenviado a comisión, se requiere el aval de 38 diputados. La misma mayoría se necesita para volver a aplicar la vía rápida al proyecto de ley de impuestos .

Tales respaldos ya no están seguros en el nuevo contexto político— dominado por los escándalos de evasión fiscal que involucran a exfuncionarios del gobierno —y en el ámbito legal, complejo y escabroso , que enfrenta el proyecto estrella de la presidenta Chinchilla.

Fuente: Editorial La Nación

El plan fiscal impulsado por la administración de la presidenta Laura Chinchilla no es un emprendimiento personal del exministro de Hacienda Fernando Herrero, aunque sea indeleble su huella en el texto aprobado en primer debate y pendiente de las consultas formuladas a la Sala Constitucional.

La conveniencia del proyecto de ley no depende del cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias del exministro y su esposa. Es un tema fiscal, atinente a las finanzas del Estado, no a las del ciudadano que transitoriamente ocupe la cartera de Hacienda. Quienes ayer argumentaron en su favor conservan hoy, tras la renuncia de Herrero, sus razones intactas. Otro tanto puede decirse de quienes adversan la reforma fiscal. Sus razones, de fondo y forma, no han sufrido mengua, pero existe la tentación de sumarles los cuestionamientos formulados al exministro por el manejo de sus obligaciones tributarias. Hacerlo conduce a una peligrosa confusión, en detrimento de erario público y la ética ciudadana.

Sabemos que los ingresos del Estado serían muy superiores si todos tributáramos lo debido. Es un hecho sobre el cual no cabe duda ni debate. Un estudio de la Contraloría General de la República fijó en ¢35.574 anuales la contribución promedio de los profesionales liberales. La mayoría no paga ni un céntimo y, entre los que declaran ingresos, pocos tributan lo justo: el 1,4% de ellos aportó el 66% del total tributado por el sector. Los evasores, está de más decirlo, no solo se encuentran en las filas de los profesionales.

La falta de cultura tributaria y la evasión han sido utilizadas como argumento contra la reforma fiscal. Antes de crear nuevos impuestos, sostienen los defensores de esta tesis, el Gobierno debe cobrar los existentes. Frente a esa propuesta se esgrime una serie de argumentos prácticos: hay esfuerzos para recaudar mejor, pero el Estado no posee todos los instrumentos requeridos para frenar la evasión. Además, el efecto del incremento en los controles se verá a mediano y largo plazo, pero el déficit fiscal es una amenaza presente.

Cualquiera sea la posición asumida en este debate, la discusión es sana. No puede decirse lo mismo del argumento que pretende restar apoyo al plan fiscal a partir de la conducta tributaria del exministro o de cualquier otro funcionario. En el fondo, conduce a legitimar la evasión mientras otros, y no solo los llamados a dar ejemplo, fallen en el cumplimiento de sus obligaciones. Entre rechazar la creación de nuevos tributos mientras los ministros no paguen los suyos y rehusar tributar si los demás no dan el ejemplo, hay muy poca distancia.

A todos nos compete exigir a los funcionarios públicos una conducta tributaria intachable, pero a nadie le asiste el derecho de utilizar sus falencias como excusa para no tributar. La conducta del exministro, de la mayoría de profesionales liberales o de cualquier otra categoría de contribuyentes no exime a los demás de sus obligaciones ni puede constituir el punto de referencia de una política tributaria.

El incumplimiento ajeno solo da derecho a denunciar la irregularidad, criticarla y exigir el asentamiento de responsabilidades de conformidad con la ley. La Nación ejerció ese derecho en días recientes, cuando hizo públicos los cuestionamientos sobre la conducta tributaria del exministro y otros funcionarios. A ellos les corresponde ofrecer explicaciones y asumir las consecuencias.

Muchos argumentos legítimos se han ensayado contra la reforma tributaria, ya sea por el fondo o por la forma de su trámite legislativo. No es necesario ni sano introducir en el debate la idea del incumplimiento ajeno como excusa para no pagar, pagar menos o descartar la creación de nuevos tributos.

Nada de lo dicho impide señalar el torpe manejo político del tema del exministro en Casa Presidencial. Tampoco pretende restar valor a la obligación de los funcionarios públicos de dar el ejemplo, sobre todo en las materias propias de su cargo. Aquí y en cualquier país es inconcebible un ministro de Hacienda ayuno de orden en sus compromisos con el Estado. La renuncia de don Fernando Herrero fue tardía, y la administración se mostró indecisa y falta de la energía necesaria. Así, el Gobierno prácticamente invitó a la confusión y facilitó el argumento erróneo, recogido en muchos sectores políticos y sociales sin pensar sobre sus consecuencias para la cultura tributaria, todavía en formación.

Andres Solis
Fuente: Telenoticias

La Comisión de Económicos del Congreso verá este martes un cambio al proyecto ley de gestión tributaria, donde obligarán a los contribuyentes a actualizar año con año el valor de sus propiedades, y así pagar el monto correcto de impuestos.

Será prioridad según indicó la diputada del Movimiento Libertario Patricia Pérez. Indicó que así se evitará una confusión, donde algunos interpretan con la actual ley que es opcional y hasta responsabilidad del municipio.

Precisamente, ese fue el argumento del exministro de Hacienda Fernando Herrero, que tenia una propiedad en Escazú subvalorada desde hace una década.

Debatir este cambio retrasará también otra propuesta para evitar la evasión de impuestos.

Se trata de la moción del diputado Jose María Villalta del Frente Amplio, que quiere revelar nombres y apellidos de grandes contribuyentes, que no pagan al fisco.

A Villalta le preocupa este retraso, pues se vería hasta la otra semana.

Las mociones las tienes que ver la Comisión de Asuntos Económicos, y según Patricia Pérez tienen consenso para ser aprobadas.

Esteban Arrieta
Fuente: Periódico La República

Por un lado, un grupo de diputados de Acción Ciudadana que incluye a Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, y varios precandidatos rojiamarillos, quieren frenar la aprobación en segundo debate del paquete de impuestos, hasta que haya garantías de que no habrá defraudación.
Mientras que en el otro lado, Ottón Solís, líder de ese partido, así como otros legisladores y dirigentes, están dispuestos a darle el segundo debate al plan fiscal, sin ninguna condición adicional.
La división sobre este tema era un secreto a voces; sin embargo, se profundizó la semana pasada.
La renuncia de Fernando Herrero como ministro de Hacienda, y Francisco Villalobos, director de Tributación Directa, por supuestamente no estar al día en el pago de impuestos, generaron la controversia.
Bajo esa premisa, quienes desean colocar en sala de espera el paquete de impuestos, quieren primero aclarar los nublados.
Entre ellos se encuentran los precandidatos Román Macaya y Claudio Monge, así como los legisladores Carmen Muñoz, Carmen Granados y Mendoza.
“Creemos que se puede estar dando una fiesta de consultorías en el Gobierno, que despilfarra dinero a granel y que la gente se está sirviendo con cuchara grande y por si fuera poco, algunos de esos consultores no están declarando los impuestos. Por estas razones, soy del criterio que hay que hacer un alto en el camino y primero aclarar los nublados”, expresó Macaya.
La aprobación de varias leyes para luchar contra la evasión, la revisión de las consultorías pagadas con dinero estatal y una garantía de que los altos jerarcas están al día en sus obligaciones, son exigidas por este grupo.
A mediados de marzo el plan fiscal fue aprobado en primer debate con el apoyo de ocho de los 11 legisladores del PAC.
En caso de que supere los reclamos hechos ante la Sala Constitucional, el Congreso deberá votar en segundo debate la iniciativa en los próximos 15 días.
Sin embargo, ya están surgiendo dudas de darle el aval definitivo entre las filas rojiamarillas.
Con el paquete tributario, se pretende reducir el déficit fiscal.
Los que están a favor de no imponer ningún requisito al aval definitivo, no creen que las actuaciones de los funcionarios públicos deban evitar la aprobación de los nuevos impuestos.
Esta situación no haría otra cosa más que afectar las finanzas del Estado y hacer inmanejable el déficit.
“Aquí no ha cambiado nada, siempre hemos sabido de los problemas éticos de algunas personas vinculadas a Liberación Nacional, pero eso no quiere decir, que no debamos hacer lo posible para acabar con el déficit”, expresa Solís.

Andrés Martínez
Fuente: Telenoticias

Aunque se dio de baja en el Gobierno, el exministro de Hacienda Fernando Herrero, podría ser llamado a rendir cuentas ante los diputados.

Legisladores de la alianza que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto decidieron pedirle explicaciones, y presentarán la moción para llamarlo a comparecer.

Esto luego de que una investigación del diario La Nación revelara que omitió pagar 50 millones en el pago de impuesto de la renta, con una empresa suya y de su esposa.

El exdirector de Tributación Francisco Villalobos, también podría ser llamado, por su morosidad que corrió apagar ayer, y el motivo de su renuncia.

“Con la renuncia no significa que ya terminó el asunto, hay un principio de rendición de cuentas que es fundamental en el sistema democrático, y me parece que ambos funcionarios deben de ir a rendir cuentas”, aseguró el legislador del PASE, Víctor Emilio Granados.

Las renuncias tuvieron un fuerte eco en la Asamblea, y más en los que se opusieron al plan fiscal.

Al igual que los sindicatos, los diputados le perdieron credibilidad al proyecto de ley que pretende reducir el déficit fiscal.

Granados afirma que el plan fiscal no es viable políticamente hace mucho tiempo y sostiene que “ya perdió toda autoridad moral (...) la mejor reforma fiscal es cobrar bien los impuestos”.

Aun así, Chinchilla no da un paso atrás con la iniciativa, fuertemente impulsada por el Gobierno en los últimos meses, proyecto que además tuvo el apoyo del Partido Acción Ciudadana.

La mandataria Laura Chinchilla, dijo que “todo lo que hace esta situación es confirmar la necesidad de que sigamos hacia adelante trabajando con la seriedad para poder pasar las reformas”.

Mediante una moción, los diputados estarían poniendo sobre la mesa el llamado a Herrero, que ha guardado silencio y evitado explicar la omisión del pago de impuestos.

Fuente: Editorial de la Nación

La renuncia del ministro de Hacienda, Fernando Herrero, por acciones y omisiones de su entera responsabilidad, exigen al Gobierno centrarse en dos aspectos esenciales de la política fiscal: valorar los avances de estos primeros años de gestión hacendaria e identificar cuáles son las tareas pendientes por hacer. Contabilizar cuidadosamente este balance de activos y pasivos es fundamental para que el sucesor pueda comenzar con el pie derecho.

Cuando don Fernando Herrero asumió el control del Ministerio de Hacienda, al inicio de la presente administración, la situación fiscal era muy comprometida. Los menores ingresos tributarios debido a la crisis económica y el exceso de gastos registrados al final del Gobierno anterior, principalmente en planillas, habían provocado el surgimiento de un deficit fiscal de grandes dimensiones en el Gobierno central (ligeramente inferior al 5% del PIB) y en el resto del sector público (superior al 5% del PIB). Esa situación era insostenible, sobre todo ante las perspectivas de menor crecimiento en los ingresos tributarios, que siempre han estado ligados a la expansión económica nacional e internacional.

La visión de Herrero, respaldada por la Presidencia de la República, fue aumentar impuestos y contener el crecimiento de los gastos. Se presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, conocido como de “Solidaridad Tributaria”, para incrementar los ingresos, inicialmente en el equivalente a un 2,5% del PIB, y se emitieron directrices para controlar la tasa de expansión de las erogaciones. Al proyecto no le corrieron buenos vientos desde el inicio. La oposición fue bastante cerrada, obcecada a veces, y en la negociación con los grupos interesados el ministro fue cediendo hasta llevar la recaudación potencial a solamente un 1,5% del PIB en el primer año de vigencia. Nosotros recomendamos varias veces no diluir la base de impuestos, sobre todo del IVA, pero no hubo suficiente firmeza de su parte ni de las demás esferas gubernamentales.

Cuando el proyecto se cuestionó en la Sala Constitucional, ni siquiera hubo anuencia a considerar un “plan B”. En materia de gastos del Gobierno central sí hubo un esfuerzo que reconocimos en varios editoriales anteriores. Producto de las directrices antes mencionadas, incluyendo el congelamiento parcial de plazas públicas, y del esfuerzo en la recaudación de los impuestos existentes, el déficit del Gobierno central se redujo en casi un punto porcentual del PIB durante el 2011, para cerrar en el equivalente a un 4,1% del PIB. También se mejoró el perfil de la deuda pública, que se ha mantenido relativamente baja, y se plantearon varias iniciativas para aprovechar la favorable coyuntura en el mercado internacional para colocar deuda soberana a bajas tasas de interés y a plazos de vencimiento más prolongados que los prevalecientes en el mercado interno. Eso ayudará, sin duda, a disminuir la presión sobre las tasas de interés en colones, que han subido en términos reales.

El esfuerzo de contener gastos en el Gobierno central, sin embargo, no se vio secundado por políticas similares en el resto del sector descentralizado, donde los gastos han superado en mucho a los ingresos, y el déficit se ha incrementado peligrosamente. Según cifras contenidas en el Programa Macroeconómico del Banco Central, el faltante del sector público consolidado alcanzará un 6,7% del PIB este año, y en 2013 llegaría a un 7,8% del PIB, cifra realmente preocupante. Más de 2 puntos porcentuales del PIB provendrían de faltantes del sector descentralizado y, de ese monto, casi la mitad la sufriría el Banco Central. Obviamente, queda mucho por hacer para que la situación no se nos vaya de las manos.

En nuevo ministro de Hacienda tendrá una agenda larga por cumplir, técnicamente compleja y políticamente muy complicada. Por eso es necesario hacer una escogencia cuidadosa. Lo primero que deberá hacer es recobrar una visión integrada del sector fiscal y financiero costarricense, como le corresponde por ley. Revisar de inmediato los planes de expansión de las instituciones autónomas y, mediante sus directores, asegurar que los gastos e ingresos se conforman con la apremiante situación fiscal.

No se puede hacer todo de una vez ni incrementar las tarifas y precios públicos sin afectar indebidamente el ingreso disponible de los consumidores. El déficit del sector público consolidado deberá reducirse substancialmente antes de que mermen las entradas de capital, cuando se incrementen las tasas de interés en el mercado internacional.

Los esfuerzos por mejorar la situación fiscal del Gobierno central han continuado en la Dirección de Tributación, pero no en el campo de las erogaciones. Según cifras del Banco Central, el déficit cerraría este año en un 4,5%, medio punto porcentual más que en 2011. Se empieza a producir lo que en la jerga financiera se conoce como fatiga en la contención del gasto y, tarde o temprano, se comenzarán a soltar amarras (directrices), sobre todo cuando venga el período preelectoral, y las negociaciones con los sindicatos estatales se tornen mucho más difíciles. Antes, el nuevo funcionario deberá presentar, junto con los ministros de Trabajo y Planificación, un proyecto integrado de remuneraciones en el sector público.

Además, deberá avanzar a paso firme en la reforma del Estado para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la asignación de obras de infraestructura, sacrificadas en años recientes. Finalmente, deberá elaborar un “plan B” en caso de que la Sala Constitucional rechace la reforma tributaria por aspectos procesales. Pero deberá asegurarse de que el nuevo proyecto no contemple las exenciones, exclusiones y demás tratamientos dispares del proyecto actual, y sea una buena fuente de recursos fiscales.

Luis Valverde
Fuente: Periódico La Republica

La necesidad de Estados Unidos de obtener dinero para levantar su decaída situación fiscal llevó al gobierno de ese país a aplicar a partir de este año el cobro de impuestos a los estadounidenses radicados en el extranjero. Esto afectará directamente a unos 150 mil que están en Costa Rica.
Asimismo, el gobierno costarricense estará en la obligación de entregar la información financiera sobre los norteamericanos radicados en territorio nacional en caso de ser requerida, exigencia que se extiende a cualquier banco nacional o extranjero.
Esto debido a que en 2010 desde Washington se promulgó una nueva normativa para cobrar tributos a sus ciudadanos fuera de sus fronteras, la cual rige a partir de la declaración de impuestos que deben realizar este año.
En el caso de Costa Rica se estima que existen unos 50 mil estadounidenses con doble ciudadanía, y otros 100 mil con solo la norteamericana, de acuerdo con Stanley Foodman, presidente de Foodman & Associates, firma consultora y jurídica que viene manejando el tema de las nuevas reglas tributarias y asesorando a firmas y hombres de negocios a nivel regional.
“Ha sido un terremoto internacional. Está causando un cambio casi universal con respecto a la forma en que la Hacienda de Estados Unidos va a manejar el asunto de cobrar impuestos”, dijo Foodman.
Los estadounidenses tienen la libertad de —voluntariamente— indicar cuáles son sus ingresos y gastos, cuál es el valor de sus empresas y propiedades y con base en eso, indican cuál es el monto que deben pagar por impuestos.
No obstante, para hacer valer los cobros y determinar si la información que envíen es correcta, Estados Unidos montó una oficina de investigación criminal en su embajada en Panamá. Desde allí estudiará cada uno de los ciudadanos radicados en Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Haití.
En el caso local, esto afecta a cada uno de los dueños de empresas estadounidenses radicadas en el país, así como a todos los rentistas o pensionados que en el pasado han adquirido propiedades para vacacionar o residir en territorio nacional, entre otros.
Para hacer valer los cobros, el gobierno norteamericano aplicará un acuerdo firmado con Costa Rica hace 27 años, con el cual ambos países se comprometieron a intercambiar información tributaria.
Este acuerdo se encuentra vigente; sin embargo a la fecha nunca había sido utilizado.
“Esto va a tener un efecto en el sistema bancario mundial… ha habido confusión”, agregó Stanley.

El director de Tributación, Francisco Villalobos Brenes, encargado de perseguir el cobro de impuestos en el país, renunció anoche al cargo pues figuraba, hasta ayer, como moroso del impuesto sobre la renta del 2008.

El anuncio lo hizo la presidenta Laura Chinchilla a las 10:40 p. m. en el aeropuerto Juan Santamaría, a su regreso de una gira de trabajo en Nueva York.

Villalobos admitió horas antes a La Nación que no canceló ¢1,8 millones de renta del 2008, aunque sí presentó la declaración tributaria de ese período a tiempo. Explicó que se trató de un error que ayer mismo corrigió.

“Es un error inexcusable de mi parte. La declaración no fue cancelada en el 2008 por un error imputable a mi persona”, dijo a las 4:40 p. m. Él pagó ayer el monto adeudado, intereses y multas.

“Sí hay que aclarar que sí fue presentada en tiempo (la declaración). Le estaré enviando la copia del pago completo con intereses y recargos”, agregó.

A las 5:01 p. m., envió un correo electrónico con copias digitales de dos pagos efectuados ayer en Bancrédito, en Zapote: uno por ¢2.787.438 y otro por ¢372.715, correspondientes al principal, intereses y multas de su deuda.

En entrevista al mediodía en La Nación, Villalobos insistió en que había cancelado esos tributos y que la morosidad registrada se debía a un error en el Sistema Integral de Información de la Administración Tributaria (SIIAT).

“Sí, eso sí lo pagué, esto está equivocado. Eso (el total del impuesto) está pagado, lo que pasa es que yo no tengo el cheque aquí”, dijo el funcionario, quien pidió tiempo para buscar el comprobante de pago. A las 4:40 p. m., en un correo, confirmó que no había cancelado impuestos por error.

Dijo que esperaría a conversar con Chinchilla, lo cual hizo apenas aterrizó el vuelo de ella anoche. La mandataria afirmó que le aceptó la renuncia porque si bien no se trata de un caso de evasión de impuestos, sí es un “error inexcusable”, como él mismo se lo definió en la llamada. En la entrevista al mediodía, Villalobos, había dicho que si no encontraba el pago, renunciaría.

Consultado ayer por La Nación, Luis Liberman, vicepresidente de la República y ministro de Hacienda por recargo, había dicho que hablaría con la Presidenta del caso.

“Si es un error humano, eso le puede pasar a cualquiera. Es muy diferente eso, de haber escondido cosas. A cualquiera le puede pasar que se le quedó algo pendiente, pero déjeme pensar y conversar con la Presidenta sobre el tema”, añadió.

Antes de asumir en enero del 2011 como director de Tributación, Villalobos, abogado de profesión, se desempeñaba como asesor tributario, tanto como profesional liberal como a través de su empresa ICS Consultores. Precisamente, las deudas morosas en su declaración de impuesto sobre la renta del 2008 corresponden a ingresos recibidos por su desempeño como asesor.

Por Ernesto Rivera y Gianina Segnini

Periódico La Nación

El director de Tributación, Francisco Villalobos, canceló esta tarde un saldo moroso que arrastraba desde el 2008 del pago del impuesto sobre la renta.

Tras consultas de La Nación, Villalobos admitió que, por error, no pagó ¢1,8 millones del impuesto de renta del período fiscal 2008.

En el 2008, Francisco Villalobos laboraba en el sector privado como asesor tributario.

“Efectivamente, la declaración no fue cancelada en el 2008 por un error imputable a mi persona. En este momento estamos pagando el monto adeudado, con sus intereses y multas. Sí hay que aclarar que sí fue presentada a tiempo (la declaración)”, manifestó Villalobos.

Media hora después, a las 5:01 p.m. el funcionario entregó copias de la nueva declaración de impuestos y de los recibos de pago. “Es un error inexcusable de mi parte”, aseveró Villalobos quien esperará para conversar con la Presidenta Laura Chinchilla sobre su permanencia en el cargo.

“En las próximas horas emitiremos declaraciones al respecto”, agregó.

Esta tarde, La Nación informó que el director de Tributación se encontraba moroso en impuesto de renta . Hoy se informó además que el exministro de Hacienda, Fernando Herrero, renunció a su puesto mientras este diario realizaba una investigación que evidenciaba que una empresa fundada por el mismo Herrero omitió ingresos por al menos ¢50 millones en su declaración de impuesto sobre la renta del 2010.

Por Gianina Segnini

Periódico La Nación

El director general de Tributación del Ministerio de Hacienda, Francisco Villalobos, aparece moroso en el pago del impuesto sobre la renta del 2008.

Según comprobó este diario, Villalobos, encargado de perseguir el cobro de impuestos en el país, tiene un saldo pendiente de ¢1,8 millones en el Sistema de Información Tributaria (SIIAT).

Entrevistado esta tarde por La Nación, Villalobos admitió que no canceló los cobros parciales (cada trimestre) de impuestos sobre la renta del 2008, pero insistió en que sí pagó el monto correspondiente al cierre del período. No obstante, no mostró ningún comprobante del pago.

“Está pagado, lo que pasa es que yo no tengo el cheque aquí. Deme chance para buscarlo”, dijo el funcionario. Villalobos no descartó renunciar a su cargo en caso de no demostrar el pago.

Hoy se conoció que el ahora exministro de Hacienda, Fernando Herrero, decidió renunciar a su puesto mientras La Nación realizaba una investigación donde se evidenciaba que una empresa fundada por el exministro omitió ingresos por al menos ¢50 millones en su declaración de impuesto sobre la renta del 2010.

Por Gianina Segnini

Periódico La Nación

El director de Tributación del Ministerio de Hacienda, Francisco Villalobos, ordenó esta mañana iniciar una fiscalización a la empresa de la esposa de Fernando Herrero.

Villalobos confirmó que, desde hoy, la Dirección General de Tributación investiga las declaraciones tributarias de Procesos, Investigación y Asesoría CA, compañía que fue fundada por el exministro de Hacienda, Fernando Herrero y su esposa, Flor Isabel Rodríguez en 1998.

Una investigación de La Nación reveló hoy que la empresas Procesos omitió ingresos por al menos ¢50 millones en su declaración de renta para el período fiscal 2009-2010.

“Se ordenó (la investigación) porque es lo que procede. Es decir, así ha sido en otros casos y no tiene por qué haber una diferencia en este. Es una investigación normal, es decir, cuando hay alguna denuncia lo que se plantea es que si hay elementos suficientes nosotros investigamos con la información que tenemos”, dijo Villalobos.

Herrero y su esposa, exasesora de la Presidenta Laura Chinchilla, renunciaron ayer a sus cargos. A ambos este diario les envió el sábado un cuestionario sobre las declaraciones de renta de Procesos. Ayer, Rodríguez respondió que no tiene acceso los documentos tributarios de la empresa porque las personas que los custodian están de vacaciones. Herrero, por su parte, argumentó lo mismo con respecto a las escrituras en las que, según dice, cedió la mitad de las acciones de Procesos a su esposa en el 2006.

Por Gianina Segnini
Periódico La Nación

El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, renunció esta tarde a su cargo. La información acaba de ser confirmada a La Nación por el vocero de prensa de Casa Presidencial, Mario Aguilar.

El ministro, en su nota de renuncia, señaló que quiere dedicar tiempo a su familia y a la construcción de una nueva vida lejos de las actividades gubernamentales. Agregó, además, que “una razón adicional para mi renuncia es protegerla a usted y a su gobierno:  las tareas en marcha demandan toda su atención y la de su equipo, y no voy a permitir que se use mi nombre para obstaculizar las grandes transformaciones con las que soñamos” , según agrega un comunicado de prensa de Casa Presidencial.

Herrero está envuelto en una serie de cuestionamientos por no haber actualizado durante 12 años el valor de dos propiedades ubicadas en Escazú y Pavas. Esto le permitió ahorrar hasta ¢300.000 anuales en impuestos.

El puesto será ocupado, interinamente, por el vicepresidente, Luis Liberman, según informó ADN.

Junto a Herrero, renunció su esposa, Florisabel Rodríguez, quien fungía como asesora directa de la Presidenta.

Ella, a su vez, es la propietaria de una de las casas que fue subvalorada y luego alquilada con un precio seis veces mayor al Ministerio de Seguridad Pública.

Por Esteban Mata y Vanessa Loiza

Periódico La Nación

La presidenta Laura Chinchilla le hizo un llamado de atención al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, para que actualice “a la brevedad posible” el costo de las dos propiedades que mantiene subvaloradas desde hace 12 años.
También dijo que ese comportamiento no puede volver a repetirse, pero generalizó el comentario para todos sus ministros.

Ante la pregunta: ¿Qué mensaje le dio al ministro de Hacienda por su situación en el pago de bienes inmuebles?, esta fue la respuesta de la mandataria:

“El mismo que recibieron todos los ministros que no habían actualizado el valor de sus propiedades; es decir, que tenían que cumplir con esa obligación lo antes posible, a la brevedad posible, y la mayor parte de ellos lo han hecho. Aquí, no estábamos frente a un caso de defraudación fiscal, estábamos ante un caso de no actualización de la base tributaria sobre la cual se cobraba el impuesto”, dijo.

Las declaraciones se dieron tras la inauguración del V Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, que efectuó ayer la Contraloría General de la República.

Sin sanción. La presidenta siguió dando declaraciones y evitó hablar de sanciones contra el funcionario, quien no actualizó el valor de dos propiedades en Escazú y Pavas durante 12 años. Esta subvaloración le permitió ahorrarse cerca de ¢300.000 anuales en impuestos.

Antes de que La Nación publicara la situación de Herrero y otros compañeros de gabinete, el lunes, el jerarca de Hacienda actualizó el valor sus bienes.

“Verdaderamente es un descuido que no puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir por parte de funcionarios públicos, mucho menos a este nivel y bueno, obviamente, lo ideal es que no ocurra por parte de la ciudadanía”, agregó Laura Chinchilla.

La mandataria también descartó que le pidiera la renuncia a Fernando Herrero.

“No, no, no, no fue así. Aquí lo que sí les pedí, lo que yo les exigí, es que, por favor, procedan a actualizar (valor de bienes)”, concluyó.

El martes, el ministro de Hacienda aseveró que no divulgaría el contenido de sus conversaciones con la presidenta y que la única autorizada para revelarlas era ella.

Ayer, tras las declaraciones de Chinchilla, se intentó obtener una nueva versión de Fernando Herrero, pero a las 5:30 p. m. en su despacho no se había resuelto si emitirían un comunicado oficial.

Además del jerarca de Hacienda, otros ministros aparecían con propiedades subvaloradas, entre ellos los ministros de Educación, Leonardo Garnier; Salud, Daisy Corrales, y Ciencia y Tecnología, Alejandro Cruz.

Por: Vanesa Loaiza
Fuente: Periódico La Nación.

Los aportes por el impuesto sobre la renta de los grupos financieros respecto a sus utilidades presentaron grandes diferencias en el 2011.

Mientras algunos tributaron el 88% de sus utilidades, otros pagaron el 8% o quedaron libres de obligaciones.

Los datos provienen de los estados financieros de los grupos que publicó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Según la Ley Orgánica del Banco Central, el grupo financiero está constituido por una sociedad controladora y por empresas dedicadas a prestar servicios financieros organizadas como sociedades anónimas.

Dichas sociedades son, por ejemplo, bancos, empresas financieras no bancarias, almacenes generales de depósito, puestos de bolsa, sociedades de inversión, empresas de arrendamiento financiero, así como bancos o financieras con domicilio en el extranjero.

Un caso llamativo es el del grupo financiero del Banco Nacional, que tributó en el 2011 un 8% de sus utilidades, por debajo de otros grupos grandes como del Banco de Costa Rica, cuyo aporte representó un 21% de sus ganancias.

Bernardo Alfaro, subgerente de Finanzas y Riesgo del Banco Nacional, justificó ese hecho con el argumento de que en el 2011 la entidad registró un monto considerablemente alto en gastos por estimaciones de créditos incobrables.

“Ese es un gasto deducible del impuesto. Las utilidades se redujeron sustancialmente por ese gasto, y también el impuesto de renta”, explicó Alfaro.

En total, las entidades pagaron en el 2011 cerca de ¢41.000 millones en impuesto sobre la renta, un 26% más respecto al 2010.

¿Qué sucede? Consultado sobre las razones de estas diferencias, Gerardo Corrales, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense y gerente de BAC San José, comentó que actualmente los intermediarios financieros no tienen seguridad jurídica sobre la forma de tributar.

Por ejemplo, hay discusión acerca de si los intereses que reciben las entidades por inversiones en el exterior son gravables o no.

“Esas diferencias obedecen a que no ha habido seguridad jurídica de cómo deben tributar los bancos, pero el proyecto actual de Solidaridad Tributaria resuelve el tema al establecer que los bancos, al igual que las empresas, entran en un esquema de renta global”, comentó.

Añadió que la Asociación siempre ha promovido que se implemente la renta global para darles mayor transparencia y estandarizar las metodologías de cálculo del impuesto sobre la renta.

El director general de Tributación, Francisco Villalobos, señaló que a ellos también les ha llamado la atención el tema y por ello formaron un grupo que analiza los indicadores de estas entidades.

Para eso llamarán a algunos bancos, con el propósito de indagar sobre las diferencias.

Patricia Leitón
Periódico La Nación

La Dirección de Tributación carga con una lista de 340 contribuyentes que no pagan sus impuestos. La suma asciende a 4646 millones de colones, según el documento publicado en el sitio de internet de la Tributación.

Según esta lista, al mes de febrero, 39 están calificados como morosos nuevos, que no han pagado en total 329 millones.

Entre ellos: UMCA Pérez Zeledón, Hotelería Corporativa Morazán, Servicentro El Ceibo, Bar Copas y Dylanba WYC S.A, donde el representante lega es el futbolista Walter Centeno Corea.

174 son morosos que repiten, y no han pagado 904 millones de colones. Como Instituto Parauniversitario Jiménez, Compañía Jirón y Asociados, Panadería Mussmanni, Hotel La Condesa El Castillo.

Nueve son morosos reincidentes, adeudando 37 millones. Tales como Gran Hotel Costa Rica, Heladería TCBY, Almacenes González de CR, Grupo Inca.

Y 118 contribuyentes aun no pagan 3.378 millones. Como: Alcatel S.A, C.S Cartaginés, Domino’s Pizza, Liberia Mía S.A, La Españolita y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Tres S.A., propiedad del empresario Matteo Quintavalle.

Aunque la lista de morosos es pública, la de evasores no. Tributación no percibe millones, porque más de 400 empresas no pagan sus impuestos.

El martes 10 de abril se realizará un debate público contra un contribuyente acusado por supuesta evasión.

Andrés Martínez
Telenoticias

Cerca de 15 grandes moteles del país mantienen una deuda con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de unos ¢2.000 millones por concepto de impuestos, al corte de diciembre del año pasado.

De este monto, ¢1.000 millones se encuentran en cobro judicial y los otros ¢1.000 millones están aún en recuperación por la vía administrativa, manifestó Fernando Sánchez, subgerente de Soporte Financiero de la entidad.

El funcionario explicó que la deuda se origina desde el 2003, cuando se aprobó una ley de contingencia fiscal (la número 8343), la cual gravó a los moteles con un impuesto del 30% sobre el valor de cada servicio.

Esto significa que, si una habitación cuesta ¢10.000 las 12 horas (tiempo máximo de uso), el negocio debe retener ¢3.000 para el IMAS. Este tributo también deben pagarlo hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional, salas de masaje, night clubs con servicio de habitación y similares.

Juicios ganados. Sánchez adelantó que, recientemente, la institución ya ganó dos juicios contenciosos administrativos: uno por ¢170 millones y otro por ¢120 millones.

Los empresarios llegaron a un arreglo de pago con el IMAS y cancelaron buena parte del monto adeudado, agregó el funcionario, quien no reveló el nombre los establecimientos morosos.

Marco Tulio Obando, gerente general del hotel de paso Ruta 32 (antes motel El Edén ), aseguró que este negocio, así como Los Mochileros y Huracanes de Mayabeque, pagan todas sus obligaciones tributarias.

“Nosotros estamos pagando todos nuestros impuestos: los que van al IMAS, a las municipalidades y el de ventas. Estamos cumpliendo con todos nuestros deberes”, subrayó Obando.

Los ¢2.000 millones adeudados representan un 2% del total del presupuesto social de la entidad, que para este año es de ¢94.000 millones. En Costa Rica están registrados ante la institución cerca de 80 moteles, de los cuales la mayoría tiene menos de 20 habitaciones.

Sergio Arce
Periódico La Nación

Con el plan fiscal fuera de agenda, los diputados se quedaron estancados, sin acuerdos para avanzar en la discusión de proyectos de ley de impacto para el país. Los jefes de fracción reconocen el letargo legislativo, a pesar de la agenda de 129 proyectos que tiene convocada el Poder Ejecutivo.

El problema, según opositores y oficialistas, es la falta de acuerdo para llegar a las votaciones.

Aparte del proyecto de ley antifumado y la reforma a la ley del IDA, los legisladores llegan a su curul a discutir en control político, pero su capacidad para aprobar leyes parece atrofiada.

El jefe del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, exige mayor capacidad de la oposición para negociar con el Gobierno, pero los opositores hacen el mismo reclamo al líder verdiblanco.

“Estamos en una situación después del plan fiscal en que la posibilidad de negociación hay que volverla a encauzar”, dijo Villanueva.

El presidente del Congreso, Juan Carlos Mendoza, afirma que el Poder Ejecutivo solo centró esfuerzos en el plan fiscal, sin buscar acuerdos en otros proyectos de importancia nacional.

Extraordinario poder. Mientras en la Asamblea Legislativa se complica el lenguaje para llegar a acuerdos, en el Poder Ejecutivo toman distancia y se dan por satisfechos con mantener la agenda llena de proyectos de ley.

Esta situación incomoda a los diputados, que reclaman mayor diálogo a la Casa Presidencial.

El reclamo hacia Zapote se da porque en este momento el Congreso se encuentra en el segundo período de sesiones extraordinarias, que se extiende del 1.° de diciembre al 30 de abril, plazo durante el cual es el Ejecutivo el que tiene el control de la agenda de los diputados.

“El Ejecutivo no ha sabido manejar las extraordinarias”, reclamó Mendoza.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, minimiza las críticas y señala la responsabilidad de la Asamblea Legislativa.

“Los diputados tienen trabajo de sobra, lo que noto es una falta de acuerdos”, señaló.

Pero la aclaración no elimina las diferencias y resentimientos.

“Tengo ocho meses de no hablar con el ministro de la Presidencia”, se quejó el jefe del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Fishman.

A criterio del jefe del Partido Acción Ciudadana, Manrique Oviedo, las diferencias para negociar también se relacionan con la cercanía de la elección del Directorio legislativo, que será el 1.° de mayo. Ese día, el PLN intentará retomar el control del Congreso, luego de un año de dominio opositor. El 1.° de mayo desvía la atención de los legisladores y el diálogo se dificulta, “no se puede negar”, dijo Oviedo.

Por Esteban Mata
Periódico La Nación

Fuente: Opinión Periódico La Nación.

Periodistas de este medio han planteado dudas sobre el mecanismo para determinar los valores de las propiedades para el pago del impuesto a los bienes inmuebles: ¿Son los contribuyentes o las municipalidades quienes deben actualizar esos valores? Desde el punto de vista de la política tributaria, creo que lo más adecuado es que sean las municipalidades las que ajusten los valores, y que los contribuyentes puedan apelar si se consideran afectados. La ley permite que esto se haga así, y si esto no fuese totalmente claro en la actualidad, es hora de realizar un cambio en la normativa municipal.

La ley establece que el contribuyente debe actualizar los valores de los bienes inmuebles cada cinco años. Si el contribuyente no actualiza ese valor, la municipalidad debe hacerlo. Por ello, el contribuyente que opte por no actualizar el valor está dejándolo en manos de la municipalidad. Esas son las reglas, y quien prefiera dejar que sea la municipalidad la que establezca el valor de sus bienes inmuebles, lo hace dentro del marco legal establecido, sin que sea reprochable legal o éticamente esa actuación.

Pero este mecanismo es además la mejor política para gestionar este impuesto: son las municipalidades las que deben establecer los valores porque ellas tienen el conocimiento especializado y las fórmulas de cálculo aplicables, mientras que el contribuyente debe tener el derecho a apelar si no está de acuerdo con el valor fijado por la municipalidad.

La propuesta de que sean las municipalidades las que actualizan los valores se refuerza porque el valor sobre el que se paga el impuesto no es un valor de mercado. Si las propiedades no están en venta, su valor de mercado no se conoce. Por eso, la ley establece claramente las reglas con las que se calcula el valor sobre el que se tributa: con base en una fórmula que la municipalidad domina y el contribuyente no. Los contribuyentes, por su parte, no se dedican en su mayoría a los bienes raíces, no son peritos ni especialistas en valorar propiedades, ni dominan las fórmulas que deben aplicarse.

En el caso particular de mi familia, siempre hemos optado, al igual que la mayoría de los costarricenses, por el mecanismo de que las actualizaciones sean hechas por las municipalidades. Incluso recientemente, a raíz de las preguntas de este diario, se revisó la situación en la municipalidad y se hizo un ajuste, el que fue realizado por el personal municipal, aplicando las fórmulas que ellos conocen y usando las bases de datos que ellos poseen.

Una sugerencia adicional. Las municipalidades pueden hacer lo que hacen muchas de las grandes administraciones tributarias del mundo. Como tienen toda la información, las fórmulas y los equipos de cómputo, ellas mismas pueden enviar los borradores de las declaraciones a los contribuyentes, para que ellos las conozcan antes de que sean oficiales. Si el contribuyente tiene objeciones o datos que agregar, presenta la declaración con los cambios, y, si no, no tiene que hacer nada. Sería además un paso adelante en simplificación de trámites.

Finalmente, espero que esta situación no se use como un intento adicional para debilitar la gran lucha que ha llevado adelante la Administración Chinchilla contra la evasión y por el nuevo plan fiscal.

Cerca de 15 grandes moteles del país mantienen una deuda con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) de unos ¢2.000 millones por concepto de impuestos, al corte de diciembre del año pasado.

De este monto, ¢1.000 millones se encuentran en cobro judicial y los otros ¢1.000 millones están aún en recuperación por la vía administrativa, manifestó Fernando Sánchez, subgerente de Soporte Financiero de la entidad.

El funcionario explicó que la deuda se origina desde el 2003, cuando se aprobó una ley de contingencia fiscal (la número 8343), la cual gravó a los moteles con un impuesto del 30% sobre el valor de cada servicio.

Esto significa que, si una habitación cuesta ¢10.000 las 12 horas (tiempo máximo de uso), el negocio debe retener ¢3.000 para el IMAS. Este tributo también deben pagarlo hoteles sin registro, casas de alojamiento ocasional, salas de masaje, night clubs con servicio de habitación y similares.

Juicios ganados. Sánchez adelantó que, recientemente, la institución ya ganó dos juicios contenciosos administrativos: uno por ¢170 millones y otro por ¢120 millones.

Los empresarios llegaron a un arreglo de pago con el IMAS y cancelaron buena parte del monto adeudado, agregó el funcionario, quien no reveló el nombre los establecimientos morosos.

Marco Tulio Obando, gerente general del hotel de paso Ruta 32 (antes motel El Edén ), aseguró que este negocio, así como Los Mochileros y Huracanes de Mayabeque, pagan todas sus obligaciones tributarias.

“Nosotros estamos pagando todos nuestros impuestos: los que van al IMAS, a las municipalidades y el de ventas. Estamos cumpliendo con todos nuestros deberes”, subrayó Obando.

Los ¢2.000 millones adeudados representan un 2% del total del presupuesto social de la entidad, que para este año es de ¢94.000 millones. En Costa Rica están registrados ante la institución cerca de 80 moteles, de los cuales la mayoría tiene menos de 20 habitaciones.

Sergio Arce
Periódico La Nación

Si el año 2011 fue un año movido en el plano tributario, no solo por la Reforma Fiscal, sino también por las acciones de control, gestión y fiscalización de impuestos realizadas por la Administración Tributaria Central, a través de los cuales se hizo sentir en los contribuyentes, este año 2012 no es para menos, pues la Administración Tributaria continua con el objetivo de acercarse al contribuyente, para que cumpla de manera efectiva y correcta sus obligaciones fiscales.

En la búsqueda de convertirse en una Administración Tributaria perceptible, emite un Plan de Control Extensivo a ejecutar este 2012,  con el cual pretende promover el cumplimiento voluntario y aumentar la percepción de riesgo mediante una integración de los procesos de gestión y resolución de las actuaciones.

A través de este plan busca iniciar al menos 10.920 actuaciones de control extensivo en aquellas personas a las que se les ha detectado algún incumplimiento tributario, que están en algún sector de interés nacional, y que presentan parámetros de riesgo fiscal. De estas 10.920 actuaciones se busca concluir al menos 7.644 este año.

Las actuaciones de Tributación estarán enfocadas en:
I.-Sectores económicos como:
Educación privada
Profesionales
Alquileres
Importadores de Vehículos
Estos sectores serán tratados dentro del programa insolencia fiscal.

II.-Empresas que representen algún riesgo fiscal, independientemente del sector económico.
Los riesgos que se consideran son:
-Contribuyentes que declaran renta bruta, pero que liquidan impuesto en cero.
-Incremento patrimonial no justificado. El cual se da cuando no se puede demostrar el origen de activos, pasivos, dineros.
Algunos insumos para determinar el incremento patrimonial no justificado lo es, adquisición de vehículos, bienes inmuebles e información de las aseguradoras sobre seguros de bienes.
-Aquellos contribuyentes que declaren rentas exentas cuando realizan actividades gravadas, tratándose del Impuesto General sobre las Ventas.
-Contribuyentes que tengan Renta Neta insuficiente en relación con los márgenes que la Administración posee y su sector económico.
Estos contribuyentes serán tratados dentro del programa presencia perceptible.

III.- Sectores económicos que las Administraciones Tributarias regionales, propongan.
Dentro de estos sectores económicos están:
Sector Agropecuario: arroz, palma de aceite, café y ganadería.
Régimen simplificado
Espectáculos públicos
Futbol

IV.- Se vigilará a los mega espectáculos en el cumplimiento del Impuesto general sobre las Ventas, Impuesto sobre las Remesas al exterior e impuesto sobre la renta.
Indicadores de selección ¿A quien escogen?
Ahora bien, si el contribuyente esta dentro de los sectores y presenta algunos de los riesgos mencionados,  los indicadores de selección serán:
Valor de activos o ingreso bruto.
Tendrán preferencia los obligados tributarios que hubieren declarado un valor de activos totales o un importe de ingresos brutos, iguales o superiores a ¢300 millones y hasta ¢800 millones. Por lo tanto, solo de manera excepcional se podrán seleccionar contribuyentes con valores inferiores, siempre y cuando, se definan claramente las justificaciones respectivas.

Márgenes de utilidad inferiores a los de Tributación.

Contribuyentes con indicadores de rentabilidad, cuando según declaraciones presentadas, estos sean inferiores a los promedios por actividad y sector económico o sean inferiores a los márgenes de referencia publicados por la Dirección General de Tributación sobre estudios de control anteriores.

Aquí puede consultar los márgenes que maneja Tributación.

Ocultos, omisos o inexactos detectados por Tributación

Identificación de obligados tributarios en alguna de las brechas de incumplimiento: ocultos, omisos e inexactos, detectados de acuerdo con la información de la que dispone la administración tributaria: declaraciones informativas (información por suministro), información por captación, declaraciones de autoliquidación.

Ocultos, omisos o inexactos denunciados por terceros

Denuncias presentadas acerca de obligados tributarios en los que se identifique la presencia de alguno de los criterios de selección anteriormente enumerados.

Escogido por la Administración Regional

Obligados tributarios por iniciativa de las Direcciones Regionales, estas podrán sustituir alguno de los contribuyentes seleccionados, emitiendo de previo la motivación del cambio.

Todas estas acciones se ejecutaran de manera simultanea para lograr un impacto en los contribuyentes.
¿Cómo opera el Plan de Control Extensivo para el año 2012?

Si el contribuyente es escogido porque esta dentro de los sectores económicos o porque representa algún riego fiscal, una vez que ha sido detectado por la Administración, se procede a estudiar su comportamiento fiscal de los últimos tres periodos fiscales, posteriormente se cita mediante requerimiento de apersonamiento para que visite las instalaciones de la Administración Tributaria, en donde dos funcionarios le harán una entrevista.
En la entrevista le interrogaran sobre varios aspectos de su situación fiscal, con el objetivo de obtener información, y en razón de la misma decidir qué hacer con el contribuyente, ya sea iniciarle una liquidación previa, fiscalizarlo total o parcialmente, o instarle a que ajuste su declaración y pague mas.

Es recomendable que al asistir a estas entrevistas, el contribuyente no vaya solo, si no que se haga acompañar de su asesor fiscal, puesto que se debe tener mucho cuidado de la información que se brindará en ese momento, ya que de la misma, se decidirá qué hacerle al contribuyente.

Ahora bien, si se desacata el apersonamiento, y no se asiste a Tributación, se aplicará una sanción de un salario base (360 600 colones), sanción tipificada en el artículo 84 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Si usted se encuentra en alguno de los sectores económicos mencionados o presenta alguno de los riesgos fiscales, debe de tener mucho cuidado y estar alerta ante un posible llamado de Tributación, si ello ocurre, acuda a la entrevista, haciéndose acompañar de su asesor fiscal. En Actualidad Tributaria, contamos con un selecto grupo de profesionales en el campo fiscal-tributario que gustosamente, podemos a su disposición para acompañarlo en esta entrevista, y asesorarle en cuanto a la mejor decisión que debe tomar.

Si desea puede consultar el Plan Anual de Control Tributario Extensivo del año 2012, pulsando aquí.

Fuente: Actualidad Tributaria

La Sala IV avaló ayer el uso del mecanismo legislativo conocido como vía rápida para la tramitación del plan fiscal impulsado por el gobierno de Laura Chinchilla.

En casi tres meses y medio, los magistrados rechazaron una acción de inconstitucionalidad que presentó el diputado socialcristiano, Luis Fishman, contra del artículo 208 bis del reglamento legislativo (vía rápida).

En promedio, la Sala IV tarda 18 meses para resolver este tipo de objeciones, según había afirmado en diciembre la presidenta de ese foro, Ana Virginia Calzada.

El 208 bis permite acortar la discusión de planes de ley a través de la imposición de límites a la presentación de mociones o al uso de la palabra de los diputados.

Tiempo récord. Con la resolución de ayer, la suerte de la reforma tributaria impulsada por Chinchilla y el Partido Acción Ciudadana (PAC) se conocerá a más tardar en la tercera semana de abril.

Para esa fecha, la Sala IV deberá resolver una consulta presentada por 15 diputados de oposición para determinar si el trámite de este plan fiscal se apegó a la Constitución Política o no.

Fishman se quejó de la velocidad de la Sala para resolver su acción de inconstitucionalidad; sin embargo, recalcó que la consulta que todavía está pendiente en la Sala le dará la razón.

Quien sí celebró la celeridad de los magistrados fue la presidenta, Laura Chinchilla, quien considera que el plan fiscal es urgente.

La magistrada Calzada informó de que la acción contra el artículo 208 bis fue rechazada por mayoría: cuatro votos contra tres.

En este caso, se inhibió de votar el magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, porque Fishman señaló que el hijo del magistrado, Luis Paulino Mora Lizano, trabajó en la redacción de la acción de inconstitucionalidad.

Su puesto fue ocupado por el magistrado suplente Rodolfo Piza Rocafort, quien se pronunció en contra de la acción junto con sus colegas titulares Paul Rueda, Ernesto Jinesta y Fernando Castillo.

Votaron a favor Calzada, Gilbert Armijo y Fernando Cruz.

Además, la Sala IV rechazó de plano otra acción que Fishman interpuso en contra del acuerdo legislativo tomado el 27 de setiembre del 2011, con el apoyo del PLN y del PAC, para tramitar el plan fiscal mediante la vía rápida.

Calzada dijo que la segunda acción de Fishman fue rechazada sin ser analizada porque la constitucionalidad de ese acuerdo y de su trámite serán resueltos en la consulta planteada por los diputados.

Consultada sobre el plazo que la Sala se tomó para resolver estas acciones, Calzada admitió: “Por supuesto que le dimos prioridad porque hay un punto de país que había que resolver”.

Agregó que el plazo está dentro del promedio (18 meses), pues algunas resoluciones salen pronto y otras tardan más.

El proyecto de impuestos, aprobado el 14 de marzo, crea el tributo sobre el valor agregado (IVA), con lo que se gravan servicios que hoy están exentos, como los de abogados e ingenieros. Además, aumenta la tasa del impuesto de ventas de un 13% a un 14%.

Esteban Oviedo y Esteban A. Mata
Periódico La Nación