Fuente: La República

En vez de procurar más votos en el Congreso para el proyecto fiscal, el gobierno debería enfocarse en buscar alternativas a la eventual ilegalidad de los nuevos impuestos.

Y es que conseguir 38 votos para el segundo debate del plan no es necesario, ni mucho menos trascendental, según exlegisladores y abogados constitucionalistas.

Esto, porque la vía rápida utilizada para la discusión de los nuevos tributos, solo se puede implementar en iniciativas que se aprueben con 29 votos.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia ya señaló que el proyecto en cuestión requiere 38 votos, porque supuestamente afecta el ordenamiento y funcionamiento del Poder Judicial, al recortar los pluses de sus empleados y supeditar la institución a una regla fiscal.

Con el 208 bis —como se le conoce a vía rápida—, el reglamento legislativo permite la discusión acelerada de las mociones, así como el recorte del tiempo en el uso de la palabra.

Una de las opciones que tendrían los legisladores defensores de los nuevos impuestos y el presidente Carlos Alvarado, sería exonerar a la Corte Suprema de Justicia del capítulo de empleo público y con ello, aprobar el resto del proyecto, dijo Mario Redondo, expresidente del Congreso y exdiputado de Alianza Demócrata Cristiana.

Para hacer eso, habría que esperar a que la Sala Constitucional emita su criterio de legalidad en torno al plan y a partir de ahí, devolver el proyecto a la comisión respectiva.

“Entre más apoyo legislativo tenga una iniciativa mejor, pero eso no significa que sea trascendental. El gobierno debe buscar opciones para rescatar el plan fiscal”, agregó Redondo.

La posibilidad de vender activos del Estado y recortar personal que se considera innecesario, son otras de las opciones a considerar, de acuerdo con Otto Guevara, exdiputado del Movimiento Libertario.

El objetivo es mitigar el impacto del déficit fiscal, que cerrará este año en un 7% del PIB, lo cual elevaría tasas de interés de préstamos y tarjetas, además de limitar las opciones laborales.

Si no se hace nada, es probable también que las calificadoras de riesgo degraden a Costa Rica y con ello, el Estado tenga mayores dificultades para conseguir préstamos en el exterior.

Otra opción a más largo plazo, sería promover una Asamblea Nacional Constituyente, con el objetivo de resolver todos los problemas estructurales del Estado.

Esta propuesta está siendo impulsada por Alex Solís, excontralor de la República y un grupo de costarricenses, quienes impulsan un referendo.

“El criterio de la Corte Suprema de justicia desnuda la chambonada procesal en que incurrió la Asamblea Legislativa. Presten atención a lo que dice el artículo 208 bis. Ahora todo pareciera muy complejo, pero yo veo una gran oportunidad para hacer este proyecto más equitativo”, agregó Solís.

En estos momentos, el futuro del plan fiscal depende exclusivamente de la Sala IV, que analizará si el proyecto de ley tiene vicios de procedimiento o de fondo.

Se estima que la legalidad del proyecto se conocerá a más tardar el 26 de noviembre.