Fuente: CR Hoy

La Contraloría General de la República pidió a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, que desde su cartera se diseñe e implemente un plan de atención de la evasión fiscal que contenga metas e indicadores específicos, una periodicidad y que resulten evaluables a fin de plantear distintos escenarios de acción en el control tributario.

Específicamente el ente contralor se refirió al impuesto de ventas, cuya evasión habría aumentado en 2 puntos porcentuales a lo largo del periodo comprendido entre 2012 y 2016.

También le fijó un plazo para que cumpla con esta disposición: el 31 de marzo de 2019 deberá enviar a la Contraloría una copia del plan elaborado y el 30 de junio, una certificación que acredite la implementación de dicho plan para la atención de la evasión del Impuesto General de Ventas, que a partir de ese mes pasará a ser el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Adicionalmente, la ministra deberá realizar las gestiones para poner en operación un mecanismo que permita obtener, de las unidades o sistemas de información, los datos relacionados con la cartera morosa de contribuyentes que incluya lo relativo a ambas versiones del impuesto.

Evasión al alza

La Contraloría realizó una auditoría en la que determinó que acciones dirigidas al combate y disminución de la evasión del Impuesto de ventas no han sido eficaces y son susceptibles de mejora, por cuanto durante el periodo 2012-2016, la evasión incrementó cerca de 2 puntos porcentuales.

De acuerdo con el ente contralor, el número de contribuyentes morosos también se ha incrementado. Solo en el periodo 2014-2017 se registró a un incremento del 28%, de modo que a diciembre de 2017, 7 de cada 10 contribuyentes poseían alguna deuda morosa en el impuesto de ventas.

Por otra parte, el porcentaje de contribuyentes con declaraciones de impuesto neto menor o igual a cero, se ha incrementado en más de 2 puntos en el periodo 2010-2017, siendo que para 2017 en promedio 1 de cada 3 contribuyentes inscritos declaró impuesto neto igual o menor a cero.

Fiscalización débil

El ente contralor evidenció un deterioro en la cobertura de fiscalizaciones durante el periodo 2011-2017, tanto a nivel de masividad como de Grandes Contribuyentes (para 2017 dicha cobertura fue tan solo de 1,3% en los Grandes Contribuyentes y del 0,02% en la masividad).

Con respecto al rendimiento tributario promedio por fiscalización, a nivel de masividad, dicho indicador muestra un deterioro de casi un 79%, dado que en promedio por fiscalización en 2011, se determinaban montos a pagar por casi ¢118 millones, mientras para 2017 esas cifras alcanzaron tan solo los ¢25 millones.

Particularmente, el monto de la deuda en mora ha presentado un crecimiento desde el año 2014. Mientras la cartera con morosidad para dicho año fue de ¢28.588 millones, para el 2017 alcanzó ¢71.740 millones, es decir más de un 150% de aumento.

“Los resultados de la presente auditoría sugieren una falta de capacidad, por parte de la administración tributaria, para generar un nivel adecuado de percepción de riesgo en el contribuyente, de modo que incida positivamente en la reducción de la evasión en el Impuesto General sobre las Ventas”, señaló el informe de la Contraloría.

A razón de esto, el ente planteó el desafío de una regulación normativa robusta, ágil y apropiada para el nuevo impuesto al valor agregado (IVA)  en Costa Rica, así como de elementos de coste beneficio vinculados a la ejecución de acciones para el control de la evasión, de instrumentos ágiles de registro y análisis de la información, que permitan una declaración veraz por parte del contribuyente, y disminuyan la probabilidad de no declaración a tiempo o de montos de impuestos muy cercanos a cero.

Lo anterior ayudaría a la Administración Tributaria en la tarea de contar con elementos razonables para conocer más de cerca el entorno económico y tributario de las empresas y el resto de contribuyentes.

CRHoy.com pidió un espacio para conversar con las autoridades del Ministerio de Hacienda sobre este informe, sin embargo, se nos indicó que los jerarcas revisarán con detenimiento los argumentos de la Contraloría antes de emitir un criterio o explicación.