Fuente: La Nación

La Contraloría General de la República solicitó a la Dirección General de Tributación realizar una fiscalización para determinar si hubo una irregularidad tributaria en el fideicomiso conformado por el Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para construir y administrar la planta térmica Garabito.

El ente contralor halló que el Fideicomiso Planta Térmica Garabito no aplicó la retención anticipada del 2% del impuesto sobre la renta en los pagos efectuados a sus proveedores locales de bienes y servicios en últimos años.

Parte de esos egresos, según la entidad, corresponden a compras de repuestos y servicios de mantenimiento, por casi ₡4.345 millones, atribuibles a la operación de esta planta localizada en Puntarenas entre los años 2011 y 2015. Así lo señala el informe de auditoría DFOE-AE-IF-00009-2017, del 20 de octubre pasado.

La Contraloría señala que el BCR partió de un criterio solicitado a un bufete de abogados, el cual concluyó que los fideicomisos no estaban sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que, por tanto, no efectuó las retenciones a sus proveedores de bienes y servicios.

Agrega que el Banco tampoco corroboró con la Administración Tributaria si el fideicomiso debía retener el impuesto, en virtud de sus características públicas: el fideicomitente (ICE) y el fiduciario (BCR) son entes públicos, los derechos de los terrenos cedidos por el ICE son públicos y el fin para construir una planta era dar energía al Sistema Eléctrico Nacional.

La Dirección General de Tributación, órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, ha indicado que los fideicomisos de obra pública, al ser de naturaleza pública, funcionan como contribuyentes del impuesto sobre la renta.

Consultados sobre el tema, tanto el BCR como el ICE declinaron referirse debido a que el banco impugnó el informe.

“Hasta tanto no adquiera firmeza no se emitirán comentarios”, declaró Julieta Bejarano, directora jurídica del ICE y fundadora de la empresa GIP Limitada que funge como unidad ejecutora del fideicomiso de la planta.
Advertencia previa

El exgerente corporativo de administración y finanzas del ICE, Claudio Dittel, ya había advertido sobre esta aparente irregularidad del fideicomiso de la planta Garabito durante una comparecencia, realizada en mayo del 2016, ante la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público.

Dittel confirmó ante los diputados que la unidad ejecutora del fideicomiso, GIP Limitada, compró repuestos para la planta, pero sin pagar impuestos durante tres años.

El exfuncionario aseveró que una vez hecha la compra, el fideicomiso solicitó al ICE recibir los repuestos en propiedad con la intención de que dicho gasto se registrara en la contabilidad del Instituto a efectos de que si el Ministerio de Hacienda hacía una fiscalización, el fideicomiso no tuviera riesgo por pago de impuestos.


Según la actas de esa sesión, algunos legisladores plantearon que esta maniobra podría constituir defraudación fiscal por parte del fideicomiso.

Por otra parte, el informe de la Contraloría ordena al BCR reestructurar la información financiera para que se reclasifique el arrendamiento de la Planta Térmica Garabito como financiero en vez de arrendamiento operativo, como está considerado hoy.

Como arrendamiento operativo, todos los gastos de la planta se trasladan a la tarifa que pagan lo usuarios por la electricidad de los consumidores. En cambio, como arrendamiento financiero, solo se podría cargar a la tarifa la tasa de interés del fideicomiso, pero no, por ejemplo, la amortización de los proyectos de generación.

En consecuencia, al registrar el arrendamiento como operativo, el período de recuperación de la inversión (12 años de arrendamiento) es menor a la vida útil de la planta (más de 20 años) con lo cual se presionan al alza las tarifas.

Aparte de Garabito, el ICE tiene bajo esquema de arrendamiento operativo el Proyecto Geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y las plantas hidroeléctricas Toro III y Cariblanco, en San Carlos y Sarapiquí (Alajuela), según detallan sus estados financieros.