Fuente: La Nación

La obligación de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) de realizar estudios periódicos de los monopolios en el país, como el de los combustibles, la revisión de vehículos o el correo postal, para justificar si el mercado los necesita o no, se erigirá como uno de los obstáculos en la aprobación de proyectos de ley necesarios para la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A eso se une la propuesta de un impuesto con destino específico, de 1,5% sobre todas las primas de seguros, para financiar al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), entidad que deberá convertirse en el rector del área de estadísticas, trabajar en la unificación de procedimientos y estandarización de los datos y aplicar una obligatoriedad de brindar información.

Así lo consideraron, por separado, el ministro de Comercio Exterior (Comex), Alexánder Mora, el viceministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Carlos Mora, y la gerenta general del INEC, Florivel Méndez, basados en la discusión que llevan hasta ahora los proyectos de ley en el Congreso.

El plan para modificar a la Coprocom está en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, y el de modificación del sistema nacional de estadísticas se analiza en una subcomisión dentro de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.

En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE se examinan 22 comités de distintos sectores. Entre ellos están el de competencia y el de estadísticas. La organización ya aprobó seis de los comités: Comité de Comercio, Comité de Salud, Comité de Agricultura, Comité de Política Educativa, Comité de Política Científica y Tecnológica y Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales.

El ministro del Comex espera que en el primer semestre del 2018 se aprueben otros seis comités y queden avanzados otros seis, pero asegura que los mayores atrasos se podían dar en competencia y en estadísticas. El funcionario negó que haya un entrabamiento por una exigencia de la OCDE de reformar la ley de zonas francas, pues aseguró que solo se trata de reformar un artículo, el cual no es polémico.

La OCDE recomendó a Costa Rica darle una mayor independencia a la Coprocom, una comisión adscrita al MEIC y que analiza las condiciones de competencia adecuadas en el mercado y en ese marco aprueba las fusiones y adquisiciones de empresas.

Para eso, los miembros de la Comisión deben trabajar a tiempo completo y no dos horas y media a la semana como en la actualidad, pero se requiere de recursos para pagarles salarios y garantizar aún más su independencia al revisar casos posibles de monopolio o de distorsiones de mercado.

Además, la Comisión deberá realizar cinco estudios al año de 25 sectores regulados por ley donde se pueden dar posibles monopolios. El objetivo de esos estudios es demostrarle a la OCDE que se justifica la existencia de las instituciones como tales y no se requieren cambios.

“Esos sectores generan resistencia, pues la idea es hacer un estudio de mercado y demostrar si es conveniente mantener esos monopolios públicos establecidos por ley”, reconoció el viceministro Mora.

Entre esos sectores están la energía, los combustibles, correos, revisión ténica de vehículos, estiba y desestiba, alcohol y puertos. También incluye sectores como el arrocero, el azucarero y el cafetalero, por tener entidades que controlan y regulan las relaciones (Conarroz, Laica, Icafé), así como transporte de taxis, de buses y marítimo, porque hay entidades públicas que centralizan los permisos y el control.

El fortalecimiento de los recursos financieros de la Comisión se deja como recargo el Presupuesto Nacional. Inicialmente se quería transformar la Coprocom en una superintendencia, pero lo problemas presupuestarios lo impidieron, dijo el funcionario del MEIC.

Del lado del sistema nacional de estadísticas hay muchos retos, aseveró Méndez. En general, se trata de uniformar y unificar las estadísticas, para lo cual el INEC se convierte en el ente rector.

El proyecto de ley obliga a todas las entidades públicas y a todas las personas físicas y jurídicas a entregar la información con fines estadísticos cuando el INEC lo solicite. De no hacerlo, incurre en delito y puede ser sancionado con multas. Como contrapeso, se establece la figura de la confidencialidad y si un funcionaro incumple igualmente puede ser sancionado.

Méndez considera que este cambio en el sistema de estadísticas es necesario no por el proceso de adhesión a la OCDE sino por el avance del país y la utilidad que pueden tener las cifras para el desarrollo nacional. Explicó que, actualmente, las estadísticas se manjan en un sistema totalmente desarticulado, lo cual no implica que sea malo pero no permite obtener todo el provecho de la cifras.
Entrevista con el viceministro de Economía, Industria y Comercio
Carlos Mora: “Sectores generan cierta resistencia”

- El Comex estima que las modificaciones a la Comisión para la Promoción de la Competencia son un tema polémico a resolver en el camino para entrar a la OCDE. ¿Están de acuerdo con esa posición?

-Precisamente en el proceso de adhesión, el comité de competencia es uno de los más notorios, no solo porque es uno de los temas más relevantes, sino también porque es uno de los iniciales y que tiene mucho peso. Muchos de los reflectores están en ese comité.

- ¿Cuáles son los aspectos que ustedes consideran más polémicos?

- Por ejemplo, el país se comprometió con la OCDE a hacer cinco estudios anuales de mercado de sectores excluidos (de la vigilancia de la Coprocom), que son 25, a cinco por año. Esos sectores generan cierta resistencia. Por ejemplo, el monopolio de Recope, el de correos, el de Riteve, de muchos otros que están por ley. La idea es hacer un estudio de mercado y demostrar si es conveniente mantener estos monopolios públicos. El compromiso es revisar, no a eliminar el monopolio. La OCDE nos pidió ampliar, precisamente, el ámbito en ciertos sectores excluidos. Nos comprometimos a un análisis de esos 25 sectores prioritarios.

- ¿Hay otros temas polémicos?

- En el 2014 el BID (Banco Interamiercano de Desarrollo)sacó una comparación de cuál es la legislación que tenemos en función de los países que conforman la OCDE y dieron recomendaciones. Sugirieron que la Coprocom tuviera mayor autonomía no solo administrativa, sino financiera y técnica, aunque ahora tiene esta última; que tuviera mayor autonomía y que cambiáramos el régimen de los comisionados, porque hoy es a tiempo parcial (una vez por semana por dos horas y media) y que fuera a tiempo completo. También ampliar el alcance de la ley para incluir las concesiones y a los gobiernos locales, a las municipalidades. Se pide también que la Comisión abarque al sector financiero y al de telecomunicaciones.

- ¿Se hace largo para reducir los largos procesos?

-Se pide sustituir los procedimientos generales vigentes para casos e imposición de sanciones. Nos dimos cuenta que muchos casos tenían, en promedio, cuatro años de duración. Había uno de nueve años y no se había resuelto. Eso nos parecía que no puede ser. Si se denuncia a una compañía y no se resuelve, en cuatro años quiebran al denunciante. Parte de la reforma es que sea un procedimiento claro y que tarde a lo sumo 18 meses.

- ¿Qué pasa con el tema de las sanciones?

- Claramente que hay sectores opuestos y han tenido que ver con las multas. Las multas tienen que ser disuasorias, sino para qué se imponen multas que se pueden pagar y seguir realizando la actividad. El tema lo hemos presentado coloquialmente hablando: no tiene que tenerle miedo a multas por reglas que no va a transgredir, es para disuadir el comportamiento anticompetitivo.

- ¿Es cierto que la OCDE pide, no solo que estén aprobado los ajustes en las leyes, sino que también se pongan en funcionamiento?

- Sí, se pide ponerla en funcionamiento. En muchas de las acciones se pide no solo el compromiso sino realmente demostrar que se viene aplicando.

- ¿De dónde saldrá el financiamiento para estos ajustes en el tema de la competencia?

- Del presupuesto público. Parte de eso ha sido también el meollo. Se dice que sea una superintendencia, pero el contexto fiscal no lo permite.