Fuente: El Financiero

En el 2015 Costa Rica inició muy entusiasta el recorrido para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cuatro años más tarde el país ha logrado la aprobación del 54% de los comités y su meta es finalizar el proceso de adhesión en el 2020.

Ahora los poderes Ejecutivo y el Legislativo deben meter el acelerador para que se aprueben los requisitos en los 10 comités restantes –de un total de 22– y cumplir con el objetivo que se impuso el Gobierno.

Sin embargo, ¿se podrá cumplir con la meta? Para Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, es una meta factible.

Pertenecer al “Club de las buenas prácticas” le ha costado al país ¢2.361 millones entre el 2015 y el 2018, según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La anhelada membresía permitirá establecer mejores estándares en las políticas públicas. Sin embargo, obtener esa “certificación” no será una tarea fácil. En la recta final se deberá desplegar una amplia coordinación interinstitucional, aprobar iniciativas de ley e implementar diversas medidas administrativas.
Lo que falta

Gran parte del trabajo recae en el Poder Legislativo, que creó una comisión especial que analiza las iniciativas de ley redactadas por el Ejecutivo.

EF explica qué falta por hacer en cada uno de los comités.

El Comité de Competencia necesita que el Poder Legislativo le dé luz verde al proyecto 19.996, para fortalecer la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). Sin embargo, los diputados aún están a la espera de una propuesta por parte del Gobierno.

Entretanto, el Ejecutivo afina los detalles para presentar un texto sustitutivo y revivir la discusión en las próximas semanas. El documento está en consulta oficial con el sector empresarial y productivo, según comentó la ministra de Comercio Exterior.

El Comité de Estadísticas le exige al país fortalecer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec), para que las instituciones puedan entregar información y, a la vez, se les pueda garantizar la protección de sus datos.

El expediente 20.404, proyecto Ley del Sistema de Estadística Nacional se dictaminó en la Comisión Especial el lunes 4 de febrero y el siguiente paso será la discusión en el Plenario.

El Comité de Mercados Financieros requiere de un proceso más complejo, se deben crear cuatro proyectos de ley, una reforma parcial a la Ley Reguladora de Mercados de Valores –que aún está pendiente– y aplicar medidas administrativas.

La batuta está en manos de Edna Camacho, ministra coordinadora del Equipo Económico del Gobierno.

Para cumplir con la normativa de la OCDE, un grupo interinstitucional identifica las brechas que existen respecto a los estándares internacionales, en el ámbito de la protección del consumidor financiero.

El trabajo se hace como una hoja de ruta para modificar leyes y reglamentos. Entretanto, hay una iniciativa que muestra un poco de avance.

Se trata del proyecto de Ley de Fortalecimiento del Banco Central para la Autonomía en la Conducción de la Política Monetaria, que ya fue dictaminado en comisión y deberá ser discutido en el Plenario.

Dos iniciativas que podrían llegar a comisión a finales de febrero son el proyecto de Ley de Supervisión Consolidada y la reforma a la Ley Reguladora del Mercado de Valores.

Los textos restantes debutarán en la corriente legislativa cuando reciban el visto bueno del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Lograr la aprobación del Comité Anticohecho requiere de un texto sustitutivo al expediente 20.547, proyecto Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas por Actos de Soborno Transnacional y Cohechos Domésticos.

La iniciativa está a cargo de Marcia González, ministra de Justicia, quien presentaría el texto ante la Asamblea Legislativa a inicios de febrero. La propuesta busca mecanismos para que el Gobierno pueda sancionar a los funcionarios públicos y a las empresas que incurran en actos de corrupción.

Por su parte, el Comité de Inversión requiere de una serie de medidas administrativas –y algunas de carácter legal– para que no se discriminen a las empresas extranjeras que se hospeden en suelo costarricense.

De implementarse la medida, en caso de que un banco internacional quiera instalarse en el país, contará con el mismo marco regulatorio que las entidades financieras nacionales, por ejemplo.

La aspiración del Ejecutivo es que la OCDE brinde la evaluación positiva en el primer semestre del 2019.

Para obtener la aprobación del Comité del Gobierno Corporativo, el Ejecutivo creó la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado, que seleccionará y capacitará a los nuevos miembros de las juntas directivas de entidades públicas. Además, evaluará los resultados de las instituciones que dirigen.

La unidad tiene a su cargo 32 instituciones estatales y autónomas como Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El proceso lo lidera el Ministerio de la Presidencia, Rodolfo Piza.

El Comité de Pesca requirió la aprobación del proyecto 21.211, que se publicó en La Gaceta el 31 de enero y que está en el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite de la Asamblea Legislativa a la espera del visto bueno para pasar a comisión, de acuerdo con el criterio de Servicios Parlamentarios.

La iniciativa de ley tiene como objetivo que la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tenga mayor representación de los ministerios o entes gubernamentales del sector.

El Comité de Gobernanza Pública ha solicitado la implementación de una serie medidas administrativas y proyectos de ley. En este caso las recomendaciones que emitió la OCDE están alineadas en la dirección estratégica del Gobierno Central, la gobernanza presupuestaria y empleo público.

El proyecto 20.649 eliminaría las instituciones que no reciben presupuesto, no operan ni tienen personal asignado pero que existen todavía como cascarones jurídicos. El texto ya pasó el filtro de la Comisión Especial y el texto se encuentra en Plenario.

Mientras que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas era uno de los requisitos para la aprobación del comité y logró pasar exitosamente los rigurosos criterios de los poderes Legislativo y Judicial.

El Comité de Política Ambiental exige que el país se comprometa a mejorar la calidad y efectividad de sus políticas y regulaciones ambientales. En este caso, hay gran avance.

Los diputados ya aprobaron en primer debate la Ley Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debido a Contaminación por Hidrocarburos y la Ley Convenio Internacional sobre la Constitución de Fondo Internacional de Indemnización de Daños a Contaminación por Hidrocarburos.

El Comité de Análisis Económico y del Desarrollo requiere que el país presente una evaluación general del diseño institucional y la macroeconomía, para determinar cómo está el diseño institucional costarricense, según comentó Jiménez.