Fuente: CR Hoy

¿Cuánto de lo que le cobraron a usted en el marchamo a fin de año correspondió al impuesto sobre la propiedad de vehículos?

¿Recuerda que siempre le han dicho que ese es dinero que se destina al arreglo de carreteras

Bueno, ¿qué tal si le decimos que por cada 100 colones que a usted le rebajaron supuestamente para destinarlo a mantenimiento vial, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) únicamente usó 16 colones.

Este caso es apenas un ejemplo de una realidad que afecta al país año con año y que en 2018 significó un total de 418 mil millones del presupuesto cobrado en impuestos sin ser ejecutados, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República.

Así, mientras existen entidades con excelentes niveles de ejecución presupuestaria, que utilizan todos los recursos que se le entregan (como por ejemplo la Cruz Roja o la Fundación Ayúdanos para Ayudar con el impuesto al consumo de bebidas alcohólicas) existen otras que por problemas administrativos o de gestión no aprovechan todos los recursos a los cuales tienen derecho.

En otras palabras, el dinero que a usted le cobran de alguna u otra manera por diferentes impuestos, tales como renta, propiedad de vehículos, combustibles, ventas, tabaco, entre muchos otros, no es aprovechado en su totalidad.

Entidades grandes como el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y otras más pequeñas en cuanto al porcentaje de recursos que reciben, como los patronatos escolares y las juntas de educación, figuran entre las entidades con niveles más bajos de ejecución el año pasado.

Según datos del Ministerio de Hacienda, Costa Rica posee un total de 153 destinos específicos, 150 de ellos establecidos en 39 leyes de creación.

Es así como han surgido por ejemplo el impuesto al tabaco, que cobra un porcentaje por las ventas de estos productos con la idea de destinarlo específicamente a programas sociales y de salud, pero en cuyo caso mientras hay instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que ejecutaron la totalidad de los ₡16.486 millones que le giraron, el Ministerio de Salud apenas usó un 35,7% de los ₡3.655 millones a que tenía derecho.

Es por esa razón que se considera que existen desordenes en los manejos presupuestarios, de acuerdo con el analista y economista Daniel Suchar.

“Aclaración”
El PANI es una de las instituciones que reiteradamente aparece como una de las que más recursos subejecuta.

A mitad del año pasado, cuando el ente contralor reveló los datos de 2017, también alertaba sobre la situación del PANI, ante lo cual sus autoridades respondieron que la baja ejecución obedecía al cumplimiento de un decreto de contngencia fiscal que pretendía reducir gastos en el Estado.

Para la ejecución presupuestaria de 2018, luego de que CRHoy consultó a la entidad por las nuevas cifras, su jerarca Patricia Vega envió copia de una carta enviada a la Contraloría con fecha de este 9 de mayo (posterior a nuestra consulta) para que aclararan el monto estipulado.

Según Vega hay un error en el informe de la Contraloría que requiere ser aclarado. El presupuesto de la entidad correspondiente por concepto de impuesto de la renta se indica en ₡83.711 millones de los cuales ejecutó solo ₡49.012. Pero según Vega lo correcto es un presupuesto de ₡71.641 millones con una ejecución de ₡49.012 millones.

El Banhvi es otra de las entidades con bajo nivel de ejecución. De ₡3.970 millones que le correspondían por impuesto solidario, no ejecutivo ni un céntimo.

Al respecto, Irene Campos, Ministra de Vivienda y presidenta de la junta directiva del Banhvi achacó la cifra a una transferencia de recursos que quedó pendiente.

La transferencia de recursos quedó pendiente dado que la Contraloría, para el ejercicio económico 2018, previo al aval del presupuesto del Banhvi, solicitó a la Tesorería Nacional, certificación que evidenciara la factibilidad del giro de los recursos (emitiéndose la misma hasta el 21 de diciembre 2018), por lo que ante el cierre presupuestario y aunado al plazo en que fue emitida la certificación en referencia, no se realizó dicho proceso, quedando los recursos disponibles en el sistema, dijo Campos.

La jerarca afirmó que se tramitarán los recursos a través de un presupuesto extraordinario durante este 2019.

La Contraloría llamó la atención sobre las subejecuciones en especial porque se trata de una cifra creciente. En 2016 el monto fue de 192.384 millones, un 0,62 % del Producto Interno Bruto. Para este 2018 los 418.905 millones sin ejecutar llegaron a representar un 1,21% del PIB.