Eugenia Soto Morales
Fuente: Periódico El Financiero

El gobierno de Laura Chinchilla se apresta para enfrentar en duelo a un enemigo desconocido: la evasión fiscal.

Esta lucha es uno de los pilares de la estrategia con la que el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla espera capear el temporal después del descalabro del proyecto de “Ley de solidaridad tributaria” en la Sala IV.

Apretar los tornillos en el sistema de recaudación del Ministerio de Hacienda resultaría en ingresos de 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB) del total de 0,88% que suman el conjunto de medidas que componen el llamado plan B del Gobierno.

Estos ingresos, que rondarán los ¢56.000 millones, están lejos de solucionar el déficit fiscal, pero son un gesto para quienes se opusieron a mayores impuestos.

Enemigo sin rostro

Argumento de quienes se opusieron a la reforma fiscal, en realidad se sabe muy poco de este enemigo que el Gobierno pone en la mira. La Administración Tributaria se prepara para incrementar el fuego en su contra, sin siquiera saber con exactitud su tamaño. No tienen datos para estimar los impuestos que los contribuyentes costarricenses dejan de pagar.

El Ministerio de Hacienda nunca se ha preocupado lo suficiente como para emprender un estudio que permita determinar el tamaño de la evasión; ni tampoco si esta es mayor en renta, aduanas o en el impuesto de ventas.

“Trabajamos con la gente del Fondo Monetario Internacional para estimar la evasión. Se debió haber hecho, no en el último año, sino hace años. No ha sido desinterés de Hacienda, sino que el día a día se come al largo plazo”,aseguró Jordi Prat, asesor del Ministro de Hacienda.

Por el momento, solo se cuenta con los estudios realizados, cada dos o tres años, por la Contraloría General de la República.

Pistas

Las cifras no logran presentar una panorámica completa, ni tampoco muy actualizada debido a su periodicidad, pero han sido las herramientas para orientar a Tributación Directa en la focalización de esfuerzos.

El más reciente informe determinó que cada vez son más los profesionales registrados ante la Dirección General de Tributación Directa (DGTD), pero en promedio pagan ¢35.500 de renta al año.

Esta población se convirtió en el blanco de los inspectores de Tributación. Sin embargo, no existen datos del total de la evasión en renta, ni los tipos de contribuyentes más escurridizos.

En cuanto al impuesto de ventas, la cifras más reciente datan de hace cuatro años, y aunque revelaban un decrecimiento en la evasión, esta sobrepasó los ¢200.000 millones.

Urgencia

Para incrementar la recaudación, la Presidenta impulsa la creación de una unidad antifraude fiscal y limitar las conciliaciones en el caso de defraudaciones tributarias, así como el fortalecimiento de las funciones de la Dirección General de Tributación Directa (DGTD).

A esto se sumaría una mayor capacidad de acción de DGTD, con la esperada aprobación del proyecto “Ley de fortalecimiento de la gestión tributaria”, que está cerca de su primer debate en la Asamblea Legislativa.

Otra acción que se podrían emprender, y que incluso estaba entre las anunciadas por la mandataria pero que ha dejado de mencionarse, es el uso más intensivo de los medios de pago electrónico que dejan un rastro comprobable de las transacciones.

“Al Gobierno le queda la tarea de mapear con claridad hasta dónde pueden hacer coercitivo el pago mediante medios electrónicos y hasta donde no”, aseguró Allan Saborío, socio de Deloitte.

Transparencia y privacidad

La tensión provocada por el debate de la reforma fiscal y la incertidumbre en torno a la evasión fiscal ha puesto ante la opinión pública el tema de la transparencia fiscal, versus los derechos a la privacidad de la información de contribuyentes.

Incluso una moción del diputado José María Villalta pretende conseguir que se hagan públicas las listas de evasores.

Entretanto, la confidencialidad de la información tributaria podría costarle el puesto a 12 funcionarios del Ministerio de Hacienda, bajo investigación después de que datos sobre declaraciones de renta de personeros de Gobierno se filtraran a medios.

El corolario es una opinión pública recelosa, ante la ausencia de datos certeros que ayuden a pintar de pies a cabeza a la evasión en el país. Empero, eso no está entre las prioridades de un Ejecutivo que trata de encontrar el cinco para pagar sus deudas.