Fuente: CR Hoy

Como parte de las acciones para minimizar la evasión y la elusión fiscal, el Ministerio de Hacienda revisa con lupa las declaraciones de los contribuyentes que reportan pérdidas o declaraciones en “cero”, es decir, que supuestamente no realizaron movimientos durante el año fiscal.

Esta supervisión le concierne tanto a contribuyentes físicos como jurídicos. En general, se comparan los ingresos que reportan con los de contribuyentes que participan en la misma actividad.

Las acciones de supervisión se han endurecido después de que a inicios de año la Contraloría General de la República revelara que en el periodo 2010-2016, un 21% de las declaraciones de las “grandes empresas” presentó pérdidas, y un 6% declaró cero de impuesto.

Es decir, un 27% de las grandes empresas declararon pérdidas o cero impuesto de utilidades. También se determinó una baja contribución del impuesto de utilidades de las Grandes Empresas Territoriales (GETES) por actividad y sector económico, e inconsistencias en las cifras de las declaraciones realizadas por las grandes empresas.

En el estudio se estableció que los montos determinados producto de las actuaciones de fiscalización intensiva al impuesto sobre las utilidades de estas empresas habían presentado una tendencia la baja en el periodo 2010-2016, al pasar de más de ¢9.217 millones determinados en 2010 a ¢2.274 millones en 2016.

Por su parte, con respecto al monto cancelado en el periodo, la recaudación alcanzó aproximadamente ¢380 millones en promedio anual, lo que representa únicamente un 17% de lo determinado por año en promedio.

“Un modelo eficaz de gestión del control podría constituirse en una herramienta para lograr un mejor comportamiento tributario por parte de ellas mediante un aumento en la sensación de de riesgo derivada de su aplicación”.

Velo de la confidencialidad

El Ministerio de Hacienda no puede revelar el nombre de los contribuyentes que presentan inconsistencias en sus declaraciones de impuestos en el tanto no logre comprobar la divergencia en la información y que agote el proceso sancionatorio.

Es hasta que ingresan a la categoría de morosos, ya sea por impago del impuesto o por impago de las multas, que el Ministerio está en la posibilidad de revelar los datos de quienes adeudan al erario.

En noviembre del 2017 se publicó el último listado de morosos (incluidos cobros judiciales), que en aquel momento ascendía a una deuda por ¢725 millones.

Posterior a esa fecha se implementó la plataforma “Morosidad Tributaria”, disponible en el sitio web de Hacienda y que incluye la información de quienes no han presentado las declaraciones de autoliquidación (omisos), por ejemplo las que corresponden a los impuestos sobre la renta, general sobre las ventas y el régimen simplificado, a que estén obligados según la actividad económica y régimen en que estén inscritos; la información de la inscripción y obligaciones tributarias y las deudas que se encuentran asignadas para gestión de cobro administrativo en la Dirección General de Tributación.

Esta herramienta de consulta se complementa con las ya existentes de morosidad del impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda (ISO) y del impuesto a las personas jurídicas (Ley N° 9428).

Precisamente, los morosos al impuesto solidario (impuesto a casas de lujo) suman 1.199 obligados tributarios con una deuda por un monto total de ¢1.567.512.055. Esta lista se puede consultar HACIENDO CLIC aquí.

Más recursos para “inteligencia”

La Contraloría también recomendó desde finales del 2017 que la Dirección de Inteligencia Tributaria -creada en el 2011-  se fortalezca y aspire a ser una dependencia altamente especializada en personal y en herramientas tecnológicas para el análisis y la detección de riesgos tributarios, y opere en estrecha coordinación con las Direcciones funcionales de la Dirección General de Tributación, para mejorar la eficiencia y la eficacia con que se detectan los incumplimientos tributarios.

En criterio del ente contralor, la Dirección de Inteligencia debe contar con herramientas tecnológicas innovadoras para el manejo de la información y el análisis de bases de datos, con modelos de riesgo que utilicen sofisticadas técnicas estadísticas y matemáticas, análisis predictivo, aprendizaje automatizado e inteligencia artificial y minería de datos, para dirigir los escasos recursos de la Administración Tributaria a los casos previsiblemente más riesgosos, y acorde con las prácticas y comportamientos anómalos a los que acuden algunos obligados tributarios.

A mediados de año, la Contraloría de Servicios del Ministerio de Hacienda reportó un alto incremento en denuncias por parte de ciudadanos, mediante el uso de la aplicación web “Denuncie Ya”, contra posibles casos de incumplimiento al deber formal de las obligaciones de contribuyentes.

La detonación de denuncias se dio luego de que el Gobierno anunciara un agresivo plan para combatir la evasión fiscal y el contrabando, con el que se esperan lograr una determinación de impuestos dejados de pagar de al menos ¢50.000 millones para la segunda mitad del 2018.

Las denuncias son por no emisión o entrega de factura, por exigir pago en efectivo por el comercio, por no pago de impuestos, porque el comercio no está inscrito ante tributación, por contrabando, por doble contabilidad, por temas aduaneros, y por alteración o uso de documento aduanero falso.