Fuente: La República

Las empresas de hospedaje no tradicional como Airbnb, que usan apps para conectar con los clientes y los prestatarios del servicio, tendrían que pagar impuestos al gobierno y a las municipalidades, respectivamente por operar.

El estar registrado ante el Instituto de Turismo también será obligatorio, de acuerdo con un proyecto de ley que ayer quedó listo para votarse en primer debate en la Asamblea.

En el caso de las empresas se cobrará el impuesto de renta, mientras que para los anfitriones pagarían hasta ¢350 mil a las municipalidades, dependiendo de la cantidad de habitaciones y huéspedes que tengan a disposición.

El objetivo del plan es evitar una competencia desleal con el sector formal de hotelería, así como brindar más seguridad.

“Con esta ley los costarricenses o extranjeros que renten los servicios de hospedaje no tradicional se garantizarán mayor seguridad en el momento de adquirir el servicio”, dijo Pablo Heriberto Abarca, diputado del PUSC.

La iniciativa cubre la prestación de servicios turísticos de alquiler en viviendas, apartamentos, villas, chalés y bungalós, entre otros.

Alrededor del 10% de unos 3 millones de visitantes al año a Costa Rica, se alojan en un hospedaje no tradicional, dijo María Amalia Revelo, presidenta del ICT.