Fuente: Opinión Periódico La Nación.

Periodistas de este medio han planteado dudas sobre el mecanismo para determinar los valores de las propiedades para el pago del impuesto a los bienes inmuebles: ¿Son los contribuyentes o las municipalidades quienes deben actualizar esos valores? Desde el punto de vista de la política tributaria, creo que lo más adecuado es que sean las municipalidades las que ajusten los valores, y que los contribuyentes puedan apelar si se consideran afectados. La ley permite que esto se haga así, y si esto no fuese totalmente claro en la actualidad, es hora de realizar un cambio en la normativa municipal.

La ley establece que el contribuyente debe actualizar los valores de los bienes inmuebles cada cinco años. Si el contribuyente no actualiza ese valor, la municipalidad debe hacerlo. Por ello, el contribuyente que opte por no actualizar el valor está dejándolo en manos de la municipalidad. Esas son las reglas, y quien prefiera dejar que sea la municipalidad la que establezca el valor de sus bienes inmuebles, lo hace dentro del marco legal establecido, sin que sea reprochable legal o éticamente esa actuación.

Pero este mecanismo es además la mejor política para gestionar este impuesto: son las municipalidades las que deben establecer los valores porque ellas tienen el conocimiento especializado y las fórmulas de cálculo aplicables, mientras que el contribuyente debe tener el derecho a apelar si no está de acuerdo con el valor fijado por la municipalidad.

La propuesta de que sean las municipalidades las que actualizan los valores se refuerza porque el valor sobre el que se paga el impuesto no es un valor de mercado. Si las propiedades no están en venta, su valor de mercado no se conoce. Por eso, la ley establece claramente las reglas con las que se calcula el valor sobre el que se tributa: con base en una fórmula que la municipalidad domina y el contribuyente no. Los contribuyentes, por su parte, no se dedican en su mayoría a los bienes raíces, no son peritos ni especialistas en valorar propiedades, ni dominan las fórmulas que deben aplicarse.

En el caso particular de mi familia, siempre hemos optado, al igual que la mayoría de los costarricenses, por el mecanismo de que las actualizaciones sean hechas por las municipalidades. Incluso recientemente, a raíz de las preguntas de este diario, se revisó la situación en la municipalidad y se hizo un ajuste, el que fue realizado por el personal municipal, aplicando las fórmulas que ellos conocen y usando las bases de datos que ellos poseen.

Una sugerencia adicional. Las municipalidades pueden hacer lo que hacen muchas de las grandes administraciones tributarias del mundo. Como tienen toda la información, las fórmulas y los equipos de cómputo, ellas mismas pueden enviar los borradores de las declaraciones a los contribuyentes, para que ellos las conozcan antes de que sean oficiales. Si el contribuyente tiene objeciones o datos que agregar, presenta la declaración con los cambios, y, si no, no tiene que hacer nada. Sería además un paso adelante en simplificación de trámites.

Finalmente, espero que esta situación no se use como un intento adicional para debilitar la gran lucha que ha llevado adelante la Administración Chinchilla contra la evasión y por el nuevo plan fiscal.