Fuente: Panamá América

Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) muestra que los niveles de evasión en América Latina son altos en comparación con otras regiones del mundo, y mayores en los impuestos sobre la renta que en los impuestos al valor agregado.

La discusión del proyecto de ley 591 que tipifica la evasión fiscal como un delito penal no impide que los contribuyentes sigan evadiendo impuestos, así lo aseguran los economistas.

Panamá no escapa de esa realidad cuando el informe de la Cepal (2015) detalla que el 39.7% de la población evade impuesto al valor agregado (IVA) conocido en el país como el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).

El informe también señala que Panamá está entre los países de América Latina que tiene un bajo poder redistributivo del impuesto.

La recaudación del ITBMS en Panamá cayó un 4.3% durante 2017 si se compara con el año 2016.’

De acuerdo con los indicadores de la evolución económica, elaborados por la empresa consultora Indesa, con base en cifras oficiales, la recaudación del ITBMS en 2017 cerró en $932.4 millones, mientras que el año anterior la cifra alcanzó los $973.9 millones.

Para el economista y catedrático Augusto García, castigar la evasión fiscal es una manera de detener la medida, sin embargo, la cifra que se discute para tomar en cuenta la acción ($300 mil) como un delito es muy alta.

“La cifra debe ser aún más baja para poder que los contribuyentes no tengan la manera de evadir impuestos de ninguna manera. Para llegar a evadir 300 mil dólares en impuesto, la persona tiene que tener años sin pagar impuestos y mientras no llegue a esa cifra no será penalizado, lo cual es injusto”, detalló.

De acuerdo con García, si un grupo importante de personas evade impuesto es una manera indirecta de quitarle la educación y salud al resto de la población.

Por su parte, Alejandro Heins, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), coincide con García y agregó que los trabajadores pagan más impuestos que los empleadores.

“Pregunto, ¿por qué las autoridades estiman un monto de 300 mil dólares cuando debería penalizarse desde que no se paga 1 dólar de impuesto? Ese dinero que no se paga lo necesita el Estado para invertir en salud, educación y otras obras sociales”, señaló.

Considera que “es una ley que beneficia a los empresarios, quienes son los mayores evasores de impuestos en el país”.

Si bien Panamá ha efectuado reformas importantes en materia de intercambio de información fiscal con otros países, no ha sido suficiente para que el país deje de estar en la lista gris.

Expertos en el tema aseguran que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) han presionado a Panamá para que tipifique este delito y lo saque de la esfera administrativa o de lo contrario será introducido nuevamente en la lista gris que ha afectado la imagen del país a nivel mundial.

Desde el pasado mes de diciembre el gobierno de Juan Carlos Varela solicitó a los diputados de la Asamblea Nacional que se discutiera el proyecto de ley 591, y así evitar que Panamá sea ingresada a la lista gris como en ocasiones anteriores.

Sin embargo, se desconoce si los miembros del Parlamento aprobarán la polémica ley o harán cambios antes que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realice una visita a Panamá entre la segunda o tercera semana del mes de enero como se tenía pactada.