Como si fuera un secreto de Estado, los opositores al plan fiscal no sueltan pistas sobre los elementos con los que cargarán la consulta de constitucionalidad, que presentarán una vez que el Plenario vote en primer debate el proyecto de “ Ley de Solidaridad Tributaria”.

Sabedores de que la Sala Constitucional será la última trinchera en la que se peleará la batalla tributaria, los opositores perfilan a diario los misiles para derribar la fortaleza del plan fiscal, que se enfila mecánicamente hacia su primer debate, al amparo del trámite por la vía rápida.

No obstante el hermetismo, el comportamiento de la oposición permite identificar algunos de los elementos que servirán de pilares para sostener el postrero reclamo ante los magistrados constitucionalistas.

De contenidos y números

Fiel a su estilo directo, la diputada del Movimiento Libertario Patricia Pérez afirmó tener listas las dos granadas que desestabilizarán el proyecto estrella de la presidenta Laura Chinchilla, cuando este arribe a la Sala IV.

La diputada afirmó que ya tiene redactadas dos acciones de inconstitucionalidad contra sendos artículos del plan fiscal. El primero de ellos pretende darle la garantía del Estado al Banco Popular.

Pérez estima que los tratados de libre comercio que ha ratificado el país impiden aumentar ese tipo de concesiones.

“Ya firmamos diciendo que hay tres bancos públicos y no podemos incluir al Popular, porque cambia el contingente y modificaría los niveles de riesgo del país”, explicó, antes de redondear la idea con la afirmación de que esa garantía estatal para el Popular le costaría al país tres veces más de lo que se recaudaría adicionalmente de aprobarse el plan fiscal, es decir, un 1,5% del PIB.

La segunda acción de inconstitucionalidad de la libertaria tiene que ver con la Tasa Tobin, que pretende facultar al Banco Central de Costa Rica (BCCR) a cobrar un impuesto sobre las transacciones financieras, cuando estas desestabilicen al mercado financiero local.

“Ya tengo el criterio de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se indica con claridad que la Junta Directiva del Banco Central no tiene facultades para establecer impuestos. Eso lo adjuntaré en la acción de inconstitucionalidad que plantearé ante los magistrados”, afirmó, confiada.

Los dos artículos del plan fiscal que cuestiona la diputada libertaria nacieron de la negociación entre Casa Presidencial y el excandidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, que acabó con este último comprometiendo los 11 votos de su bancada a favor del plan fiscal, a cambio de la inclusión de 17 puntos en el proyecto.

Pérez cree que está bien fundamentada la ilegalidad de la garantía estatal para el Banco Popular y de la potestad del BCCR de gravar transacciones financieras. Por eso, lamentó la decisión del PAC y de Liberación Nacional (PLN) de seguir adelante con el proyecto de ley.

El jefe de fracción del Movimiento Libertario, Danilo Cubero, aceptó, sin ambages, que su bancada reiteró para su debate en el Plenario 3.000 mociones de orden que ya habían sido rechazadas en la comisión especial de plan fiscal.

Cubero afirmó que, además de intentar forzar las negociaciones con el Poder Ejecutivo, las enmiendas tienen como fin probar que el debate del paquete de impuesto es atropellado, en virtud de los límites que pesan sobre el uso de la palabra para los diputados.

“La fórmula numérica PAC-PLN se constituyó en una aplanadora y pone en evidencia el irrespeto a las demás bancadas en este tema del plan fiscal. Eso lo vamos a reclamar ante la Sala Constitucional. Asimismo, reclamaremos que mientras el plan fiscal deroga leyes que fueron aprobadas con 38 votos, sus defensores pretenden aprobarlo con apenas la mitad más uno de los diputados presentes (mayoría simple)”, enfatizó.

Derecho de enmienda

El derecho de enmienda será otro de los pilares de la consulta de constitucionalidad que presentarían en conjunto varias fracciones.

El libertario Danilo Cubero aseguró que los legisladores que no son miembros del panel especial, no pudieron presentar mociones de orden, lo cual, dijo, es inconstitucional.

Cubero afirmó que, además, se emitió una resolución en la que la presidencia de la comisión limitó el uso de la palabra por el orden, con el fin de impedir que los parlamentarios utilizaran esos minutos para argumentar su oposición al proyecto fiscal.
José María Villalta, diputado del Frente Amplio, dijo que el derecho de enmienda da para una consulta exclusiva a la Sala IV. “Se ha dado una discriminación fuerte contra los diputados que representamos a bancadas unipersonales. En mi caso, se me trató como un diputado de tercera categoría; no me dieron derecho de presentar mociones para llamar en audiencia a sectores, no me dieron derecho a presentar mociones de revisión. Es un tema en el que yo me voy a concentrar, porque se fijaron plazos irracionalmente cortos”, adelantó.

Presuntos errores de trámite

Luis Fishman, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), es uno de los más esquivos a la hora de hablar sobre los contenidos de la consulta de constitucionalidad que seguirá al primer debate del plan fiscal.

El diputado rojiazul logró en diciembre pasado que la Sala IV aceptara para su estudio dos acciones de inconstitucionalidad que presentó en contra del procedimiento especial aprobado para tramitar el paquete tributario y contra el artículo 208 bis del Reglamento Legislativo, con base en el cual el Plenario adoptó el acuerdo de aplicar la vía rápida a la Ley de Solidaridad Tributaria.

El 20 y 22 de diciembre, Fish- man presentó dos incidentes de nulidad contra las resoluciones de la Sala de aceptar sus acciones de inconstitucionalidad.

Los nuevos recursos tienen como objetivo persuadir a los magistrados para que suspendan de inmediato el trámite del plan fiscal o, al menos, su votación en primer debate, modificando así su decisión original de únicamente suspender el segundo debate del proyecto, mientras resuelven los reclamos de Fishman.

Esas dudas van de la mano con los señalamientos que realizó el pasado 30 de noviembre el presidente del Directorio Legislativo, Juan Carlos Mendoza, en una resolución que le rechazó el Plenario, y con la cual pretendía frenar y echar atrás el trámite del proyecto.

El jerarca legislativo señaló como ilegal que la comisión especial se ampliara unilateralmente el plazo para conocer mociones de revisión y para dictaminar el plan fiscal cuando lo correcto, según Mendoza, era que el foro elevara la solicitud al Plenario para que, mediante mayoría calificada, aprobara o rechazara la solicitud. Eso, afirmó el diputado, creó un vicio sustancial de procedimiento, al negarle a los diputados su derecho a decidir.

Para muchos, aunque la resolución no fue aceptada por el Plenario, preconstituyó la prueba más clara de que el trámite que sigue el plan fiscal es ilegal, por lo que auguran que la consulta de constitucionalidad que pleantearía la oposición iría encaminada en reforzar los criterios de Mendoza.

En la alianza PAC-PLN, no ven con temor la posible acción ante los magistrados. Manrique Oviedo, líder de los rojiamarillos, y Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción oficialista, confían en que la Sala Constitucional desestimará todos los argumentos y dará vía libre para que el paquete de impuestos se convierta en ley.

Los bandos ya cabaron trinchera y se apuntan sus armas. La oposición tiene clara su apuesta. Zapote, en tanto, manda mensajes velados a la Sala Constitucional, para intentar que los magistrados resuelvan en tiempo récord, lo que históricamente han hecho en años.

Argumentos

Discusión atropellada: Las fracciones opuestas al plan fiscal argumentarán que se violó el derecho de enmienda de los diputados al abreviar al máximo el trámite del plan fiscal.
Tasa Tobin: El Movimiento Libertario planteará que el Banco Central no tiene la potestad de gravar transacciones financieras, como lo dispone el plan fiscal. Para ello, mostraría un dictamen de la Procuraduría.
208 bis: El argumento principal es que no permite el debate reposado y amplio de temas complicados con el fiscal.
Errores de procedimiento: Entre el grupo están las atribuciones que se tomó la comisión especial para ampliarse el plazo, en vez de solicitar la autorización al Plenario. En el pasado esto provocó anulación de trámites.
Fuente Entrevistas.


Gerardo Ruiz

Periódico El Financiero