Fuente: El País CR

Representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), visitaron la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa esta tarde, específicamente para dar seguimiento al tema del cohecho internacional y alertar sobre las consecuencias de no buscar el equilibrio fiscal del país.

La normativa que interpone una responsabilidad a los políticos por cometer cohecho, es un requisito fundamental para el ingreso de Costa Rica a la organización y por ende, para la Convención Internacional para combatir el cohecho.

En mayo de este año, el Congreso aprobó una ley que compromete al país a establecer normas estrictas y efectivas para tipificar, prevenir, detectar, investigar y sancionar el soborno (cohecho) de funcionarios públicos extranjeros por parte de individuos o empresas nacionales en sus transacciones comerciales transnacionales.

Actualmente, este delito se entiendo como un fenómeno ampliamente generalizado en transacciones internacionales, lo cual plantea serios problemas morales y políticos, minimiza la buena gobernanza, el desarrollo económico y distorsiona las condiciones competitivas internacionales.

A pesar de todo el esfuerzo legislativo para aprobar esta ley, el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Juan Luiz Jiménez Succar, de Liberación Nacional (PLN), es necesaria una ley mucho más explícita.

El congresista explicó que el cambio propuesto por la OCDE, es que la ley también sancione personas jurídicas, ya que la normativa vigente solo contempla sanciones para personas físicas.

“La convención es muy genérica y acá debe de establecerse las sanciones y las penas a las personas que actúen de forma indebida, tanto de los nacionales como de los internacionales (…) Aquellas personas jurídicas que actúen con mala intención, como por ejemplo pagando un soborno para obtener una licitación deben ser sancionadas”, aseveró el liberacionista.

Según detallaron los expertos de la OCDE, combatir este tipo de prácticas a todos los niveles es esencial para el mejoramiento de la gobernanza de los países.

Por otra parte, el Director del Departamento Económico de la OCDE, Álvaro Santos Pereira, advirtió a los diputados y diputas que el Congreso está atrasado con la aprobación de nuevas normas fiscales, y recalcó una vez más que eso podría dejar a Costa Rica al lado de los países no cooperantes.

En ese sentido manifestó que el gasto del país sigue siendo cada vez mayor, por lo que recomendó enfocarse en la regla fiscal y en una concertación para generar mayores ingresos a través de impuestos.

“Es urgente sanear las cuentas públicas de Costa Rica. El país tiene mucho por perder si no se aprueban las reformas que están en este Congreso. En primer lugar la deuda pública cuando es demasiada alta puede perjudicar la actividad económica y la capacidad de establecer la economía”, explicó Pereira.

Álvaro Santos dijo que la elevada deuda pública absorbe la inversión empresarial y que el déficit fiscal cada vez lleva al país a condiciones más estrictas. Además añadió que existe amplia evidencia de que los grandes déficit’s públicos desplazan el endeudamiento privado con impacto negativo en la inversión extranjera.

“La débil inversión conducirá a un mayor desempleo y a un menor crecimiento económico para el país”, reseñó.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora Jiménez, cuestionó a los partidos políticos que han retardado la aprobación de los proyectos necesarios para reducir el déficit fiscal.

“Los partidos saben o deberían saber que la situación fiscal del país es inédita.  Nunca antes hemos tenido una situación con un déficit superior al 3 o 4% durante tantos años consecutivos. Costa Rica no está jugando con fuego, eso no es cierto, esta Asamblea Legislativa está jugando con fuego, lo cual podría provocar una seria crisis para toda la población” señaló Mora Jiménez.

La OCDE sugiere al país reducir el déficit presupuestario en un 3%, por medio de acciones para aumentar los ingresos y reducir los gastos. La Organización resalta la importancia de aprobar las reformas fiscales para aumentar las contribuciones del IVA y renta.

Además, la OCDE considera que necesarias medidas integrales para reducir el rápido crecimiento del gasto público, hacer menos rígido el presupuesto y lograr un manejo más eficiente de los gastos.

Cabe recordar que el país está a la espera de la respuesta de la OCDE para determinar si se puede o no ser parte de dicha organización internacional.