Fuente: CR Hoy

A partir del próximo 1º de marzo, con la entrada en vigencia de las resoluciones emitidas en la “Ley para mejorar la lucha contra el Fraude Fiscal” y el reglamento de Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, todas las personas jurídicas estarán obligadas a identificar sus accionistas y beneficiarios y reportarlos en una base de datos.

La base de datos del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, estará a cargo del Banco Central, mediante una plataforma digital. Los datos incorporados en dicha plataforma no son de consulta para todos los ciudadanos; solamente para el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrán solicitar información específica.

Según German Morales, de la consultora Grant Thornton, se deberán registrar todos los accionistas y llegar hasta los beneficiarios finales con un porcentaje igual o mayor al 15% del total de las acciones.

Las sociedades extranjeras inscritas en Costa Rica y sociedades costarricenses que pertenecen a otras extranjeras, deben cumplir el mismo requisito. Dada esa condición deberán también suministrar información sobre los poderes otorgados en Costa Rica para el desarrollo de la actividad y para que el apoderado pueda subir los datos a la plataforma.

Se estipula en el Reglamento que cuando se torne difícil identificar al beneficiario final de las sociedades costarricenses, dueñas de empresas o de una persona jurídica domiciliada en el extranjero, será el representante legal o administrador de la empresa en Costa Rica quien deberá brindar una declaración jurada.

Los documentos de las sociedades extranjeras deben estar apostillados por los Consulados de Costa Rica en el extranjero. Además, deben incluir información general sobre la composición de los derechos del voto, poseedores del derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión e información de quién o quiénes poseen la condición de control.

Terminado el plazo para dar la información, el Banco Central emitirá a Tributación Directa, el detalle de quienes no cumplieron con la disposición y será Hacienda la que notificará y dará 3 días para corregir o agregar la información faltante.

De no ser así, estas sociedades entrarán en la lista de quienes incumplen y el Registro no les emitirá certificación de personería jurídica o inscripción de documentos. Además, podrán recibir sanciones económicas.

Según Morales, en el caso de la información que se debe conseguir en el extranjero, podría ser en algunos casos que no correspondan o alcancen los tiempos para presentar los documentos solicitados, por ello, es fundamental tener conocimiento de esta obligación, para obtener a tiempo todos los documentos necesarios para cumplir a tiempo.

Las sociedades deben presentar la declaración subiendo la información a la plataforma, dependiendo del número de cédula jurídica, comenzando en marzo y terminando en diciembre.