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Reforma Fiscal

EXPEDIENTE 19.245 “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”. Parte 2

CAPÍTULO II
EJECUCIÓN JUDICIAL

ARTÍCULO 202.- EL PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL.

El proceso de ejecución judicial será el proceso monitorio regulado por la Ley Nº 8624 Ley de Cobro Judicial, a cargo de los juzgados civiles especializados o no en el cobro de obligaciones dinerarias, del domicilio del demandado, sin importar la cuantía con las siguientes excepciones:

a) No existirá el trámite de citación de partes para sentencia. Si el ejecutado no se opusiere, dentro del término correspondiente, el tribunal respectivo declarará con lugar la demanda y ordenará continuar la ejecución, por medio de resolución razonada que no requerirá las formalidades de sentencia.

b) Para decretar embargos preventivos no deberá realizarse depósito alguno de garantía.

c) Solo se admitirá la oposición vía incidental que se funde en la falta de exigibilidad, el pago o la prescripción.

d) Los notificadores, peritos y ejecutores del proceso de ejecución judicial, deberán desempeñar su cargo en forma obligatoria, sin necesidad de depósito alguno por honorarios, los cuales se girarán del producto de los bienes embargados, una vez cubiertos el crédito, los intereses y las costas y serán siempre a cargo del accionado. El Juez no levantará el embargo hasta tanto no estén cubiertos dichos honorarios. Los notificadores peritos y ejecutores que no cumplan con la obligación precedente se harán acreedores de una sanción equivalente a un salario base, cuya tramitación será de competencia del Director de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda.

ARTÍCULO 203.- EL PROCESO DE REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL. Autorícese al Poder Judicial para que efectúe el remate electrónico de bienes embargados mediante el procedimiento que será regulado por la Corte Suprema de Justicia.”

ARTÍCULO 18.- Modifíquense los artículos 2 y 8 de la Ley número 2393 denominada Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, de 11 de julio de 1959, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

1) “Artículo 2º.- La Oficina de Cobros contará con el personal administrativo que requieran las necesidades del servicio; atenderá la organización del cobro de las obligaciones a su cargo.
Los Fiscales de Cobro podrán disponer la cancelación de impuestos, tasas o créditos de cualquier clase a favor del Gobierno, cuando los plazos de prescripción correspondientes hubieren vencido y se trate de cuentas o créditos incobrables. La resolución que así lo disponga deberá contar con la aprobación del Director de la Dirección General de Hacienda, y será puesta en conocimiento de los organismos correspondientes y de la Contabilidad Nacional para que cancelen en sus registros o libros las cuentas o créditos respectivos.
2) “Artículo 8°.- Los Fiscales de la Oficina de Cobros Judiciales, gestionarán el pago de las sumas que deban cobrar por los medios legales que consideren convenientes. Deberán iniciar los trámites en sede judicial, a más tardar, un mes después del recibo de los documentos correspondientes.”
CAPITULO IV
DEROGATORIAS

ARTÍCULO 19.- DERÓGUENSE LAS SIGUIENTES NORMAS:
a) El artículo 4 de la Ley No. 7218, Ley de Ajuste Tributario del 16 de enero de 1991.
b) Los artículos 3, 4, 6, 7, 16, 17 y 18 de la Ley No. 2393 de 11 de julio de 1959, Crea de Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda.
c) El inciso d) del artículo 196 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.- Para los efectos del artículo 190 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, los casos que a esa fecha se encuentren con demanda interpuesta serán gestionados por los Fiscales de Cobro de la jurisdicción de la autoridad judicial ante la que se tramiten.

TRANSITORIO II.- Lo dispuesto en los artículos 18 bis, 131 y 137 bis, que se adicionan al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, entrarán a regir en el momento en que la Dirección General de Tributación disponga de los sistemas tecnológicos necesarios para su implementación, la cual tendrá un plazo de 12 meses improrrogable para su adquisición o desarrollo. Una vez desarrollado el Sistema de Notificación de buzón electrónico, la Dirección General de Tributación estará en la obligación de divulgar, en su página de internet y en un diario de circulación nacional, con al menos 3 meses de antelación, la entrada en operación de estos sistemas.
TRANSITORIO III.- Los embargos administrativos que se hayan practicado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, mantendrán su vigencia de conformidad con los términos y condiciones en que fueron decretados.
TRANSITORIO IV.- Los requerimientos de información por suministro que deben cumplir los Grandes Contribuyentes, relacionados a la información de accionistas de las personas o estructuras jurídicas, se deberán continuar suministrando hasta que la Dirección de Grandes Contribuyentes tenga el acceso a la base de datos que va a administrar el Banco Central de Costa Rica de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
TRANSITORIO V.- Las reformas de los artículos 53, 74 y 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no afectarán a aquellos procesos que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, ya se encuentran presentadas al Ministerio Público

TRANSITORIO VI.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley y hasta 1 de enero del 2019, las entidades jurídicas obligadas al suministro de información establecido en el Capítulo III de esta Ley, deberán mantener bajo su resguardo la misma, y suministrarla a la Administración Tributaria o al Instituto Costarricense sobre la Drogas en un plazo no mayor de 3 días hábiles, cuando estos órganos así lo requieran. El incumplimiento a estos requerimientos será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Para estos efectos, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, deberán garantizar que el sistema informático cumpla con las medidas de seguridad y trazabilidad de la información, de conformidad con estándares internacionalmente aceptados de confidencialidad de la información, lo cual será verificado por medio de una auditoria externa que al efecto contratará el Estado. En caso de que estos no hayan cumplido con las medidas de seguridad, el plazo se extiende hasta la emisión de cumplimiento del ente certificador.

Si de previo al 1 de enero del 2019 se cumplen con las condiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad, y trazabilidad de la información, establecidas, se tendrá acceso a toda la información regulada en el Capítulo II de la presente ley, en caso contrario se mantendrá la información en poder de las entidades jurídicas hasta la emisión de cumplimiento del ente certificador.

TRANSITORIO VII.- Para efectos de establecer los medios electrónicos para registrar las transacciones y los comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario, se contará con un período de hasta veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

DADO A LOS VEINTICUATRO DlAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISiÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS.

EXPEDIENTE 19.245 “LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL”. Parte 1

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
Exp. 19.245
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- INFORMACIÓN DE CLIENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS

La Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda tendrá acceso a la información que las Entidades Financieras remiten a la Superintendencia General de Entidades Financieras acerca de los datos relativos a la identidad de las personas, físicas o jurídicas, en cuyo beneficio se abra una cuenta en una Entidad Bancaria o Financiera, la cual solicitará directamente a esa Superintendencia. La información a que tendrá acceso será únicamente aquella relacionada con la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social, así como los datos de la identidad de los clientes ocasionales o habituales. La Administración Tributaria no tendrá acceso por este medio, a la información financiera de las personas indicadas.

La Administración Tributaria, al amparo de este artículo, no podrá requerir a las entidades bancarias o financieras información financiera de sus clientes, salvo que exista disposición legal expresa o por orden de autoridad judicial competente, según corresponda, de conformidad con el procedimiento previsto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.
Las entidades financieras no podrán suministrar a ninguna entidad pública la información tributaria de sus clientes, salvo que exista ley especial que así lo autorice, o un juez lo ordene.

La información suministrada en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo estará cubierta por el deber de confidencialidad establecido en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de mayo de 1971, y sus reformas y los funcionarios de la Administración Tributaria estarán expuestos a las sanciones establecidas por revelar información, hacer uso indebido o facilitar que terceras personas no autorizadas por Ley tengan acceso a ella.”

ARTÍCULO 2.- AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO Y CONTROL TRIBUTARIO MASIVO Y OBLIGATORIEDAD DE LA FACTURA ELECTRÓNICA.

Se autoriza a la Dirección General de Tributación para que reglamentariamente desarrolle los medios, acordes con el desarrollo tecnológico, que estime pertinentes para fiscalizar a los contribuyentes del Impuesto General sobre las Ventas, o estimular a los compradores o consumidores finales a exigir la factura o documento que lo reemplace.

A estos efectos el Ministerio de Hacienda estará autorizado para devolver hasta un punto porcentual de la alícuota del Impuesto General sobre las Ventas pagado por consumidores finales, conforme a rangos de actividad y tipos de comercio, en aras de establecer controles para mejorar la gestión y fiscalización del Impuesto General sobre las Ventas e Impuesto sobre la Renta. Para estos efectos deberá realizar estudios de costo beneficio o similares que justifique la aplicación de este esquema de devolución para actividades económicas específicas. Igualmente podrá establecer planes de incentivo por premios.

Los fondos para el pago de premios, logística, publicidad, organización y otros, no excederán del cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto anual presupuestado por concepto de la recaudación de los Impuestos General sobre las Ventas y Selectivo de Consumo. Estos gastos deberán incorporarse en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.

Todos los contribuyentes deberán contar con medios electrónicos para registrar sus transacciones y emitir comprobantes de las mismas, de conformidad con el desarrollo reglamentario. Esto incluye los comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario. Se autoriza a la Administración Tributaria para establecer excepciones de los diversos regímenes tributarios, vía reglamentaria.

ARTÍCULO 3.- CASAS DE ESTANCIA TRANSITORIA.

Todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional, por periodos inferiores a un mes, se considerará como un servicio afecto al Impuesto General sobre las Ventas, Ley N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, de conformidad con el inciso ch) del artículo 1.

ARTÍCULO 4.- MEDIOS ALTERNATIVOS DE PAGO.

Todas las personas físicas con actividad lucrativa que presten sus servicios al público, están obligadas a aceptar como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.

CAPÍTULO II
TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS

“ARTÍCULO 5.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, a través de su representante legal, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica, el registro o la indicación de los accionistas y beneficiarios finales que tengan una participación sustantiva.

Se entenderá por beneficiario final o efectivo como la persona física que ejerce una influencia sustantiva o control, directo o indirecto, sobre la persona jurídica o estructura jurídica de manera que: cuente con la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios, tenga el derecho a designar o cesar a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o que posean la condición de control de esa empresa en virtud de sus estatutos. Se entenderá por control indirecto, tener control sobre personas jurídicas que finalmente tienen participación en la persona jurídica o estructura jurídica nacional, y el directo la posibilidad de tener acciones o participaciones suficientes para controlar la persona jurídica o estructura jurídica nacional. En el caso de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica, cuya participación accionaria sustantiva del capital social pertenezca total o parcialmente, a entidades jurídicas domiciliadas en el extranjero, cuando resulte imposible identificar al beneficiario final, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, habiendo agotado todos los medios de identificación, y siempre que no haya motivo de sospecha, se presumirá que el beneficiario final es el administrador.
Se entenderá por participación sustantiva la tenencia de acciones y participaciones en un porcentaje igual o mayor al límite que a estos efectos fijará reglamentariamente el Ministerio de Hacienda, en atención a parámetros internacionales, y dentro de un rango del 15% al 25% de participación con respecto al capital total de la persona jurídica o estructura jurídica.

Esta obligación de suministro de información, deberá cumplirse anualmente o bien cuando algún accionista iguale o supere el límite definido reglamentariamente según lo dispuesto en este artículo.”

ARTÍCULO 6.- OTROS OBLIGADOS

Los fideicomisos, con excepción de los fideicomisos públicos, tendrán la obligación de mantener actualizada y suministrar al Banco Central de Costa Rica, la información establecida en este capítulo; incluyendo el objeto del contrato, el fideicomitente, el (los) fiduciario(s), los beneficiarios.

Los administradores de recursos de terceros, a favor de sus clientes deberán suministrar la información establecida en el artículo 7.

Las organizaciones sin fines de lucro, deberán suministrar además, el propósito y los objetivos de sus actividades, la identidad de los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración, Directores o equivalentes, así como el cuerpo gerencial, el detalle de los ingresos y egresos, registros e identificación de los donantes y de los destinatarios o beneficiarios de sus contribuciones o donaciones hasta la persona física, que sean iguales o superiores a un salario base, establecido en el artículo 2 de la Ley 7337, incluyendo la identificación de estructuras compuestas por organizaciones afiliadas.

Las Entidades Financieras surpervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras o por la Superintendencia General de Valores, no estarán sujetas a esta obligación en relación con sus depositantes.

La información deberá ser conservada en los registros de los obligados, por un plazo mínimo de 5 años contados a partir de la fecha en que se vincula al cliente y toda vez que se realice una nueva transacción local o internacional y la información deberá ser resguardada por un período equivalente luego de terminada la relación de negocios, servicios y de otra naturaleza”

ARTICULO 7. INFORMACION A REQUERIR

Única y exclusivamente se solicitará identificación de la totalidad de los accionistas o quienes ostenten participaciones sustantivas de las personas jurídicas o estructuras jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, así como su composición accionaria.

En el caso en que exista un tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza los poderes de representación, con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales con iguales facultades que su titular, se deberá identificar al propietario de los títulos y demás participaciones patrimoniales. Identificación del capital social y su composición, conforme se defina en el reglamento correspondiente.

Aquellas personas o estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica, cuya participación accionaria sustantiva del capital social pertenezca total o parcialmente a sociedades o entidades jurídicas domiciliadas en el extranjero, deberán informar y mantener actualizada la información sobre la propiedad de las acciones o cuotas de los capitales sociales de esas empresas, y poderes otorgados en Costa Rica.
En el caso de personas o estructuras jurídicas domiciliadas en Costa Rica, cuya participación accionaria sustantiva del capital social pertenezca a entidades jurídicas domiciliadas en el extranjero, en naciones donde se permitan las acciones al portador, deberán cumplir con esa obligación para la totalidad de las acciones en todos los casos.
Se exceptúan de lo establecido en este artículo las sociedades cuyas acciones se cotizan en un mercado de valores organizado nacional o extranjero, a las que les aplicará la normativa reguladora del mercado de valores.
La Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, mediante una resolución conjunta de alcance general, establecerán el procedimiento mediante el cual la información requerida debe ser suministrada, cumpliendo siempre las disposiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad, y trazabilidad de la información. Dicha resolución deberá establecer una delimitación entre la información de los beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas que requieran por su parte el ICD o la Dirección General de Tributación, de acuerdo al ámbito competencial de estos órganos.

ARTÍCULO 8.- CUSTODIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

El Banco Central de Costa Rica administrará en forma segura la información señalada en este capítulo, conformando una base de datos para estos efectos, con la estructura que se defina en la resolución general a la que se hace referencia en este capítulo. El Banco tendrá como funciones:
A. Admitir, almacenar y brindar seguridad de la información administrada, garantizando siempre y adecuadamente su autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática, utilizando protocolos y normas debidamente reconocidas y aceptadas a nivel internacional para el manejo de datos sensibles y alineados con los más altos estándares internacionales de confidencialidad de la información.
B. Habilitar y controlar los accesos para el Ministerio de Hacienda, a esta base de datos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley.
C. Habilitar y controlar los accesos necesarios a la base de datos para el Instituto Costarricense sobre Drogas, exclusivamente para las funciones de éste órgano.
D. Definir las pistas de auditoría que permitan establecer con certeza el origen del acceso a los datos, fecha y hora de la petición, usuario o sistema utilizado para la consulta, tiempo de la sesión de acceso y listado de los datos visualizados.


Para garantizar la autenticidad, seguridad e integridad en la identificación de las personas físicas y jurídicas que participan como accionistas y beneficiarios finales de cada persona jurídica o estructura jurídica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería, así como cualquier otra institución pública que mantenga información oficial de identificación de las personas físicas y jurídicas, tendrán la obligación de brindar los accesos requeridos por el Banco Central para los procesos de verificación, de la identidad de las personas al momento de ser incluidas en la Base de Datos, en tiempo real.

El Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre la Drogas, deberán cumplir con las directrices de seguridad informática que garanticen: la integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad, y definición de pistas de auditoría, siempre en concordancia con los utilizados por el Banco Central de Costa Rica. Ambas instituciones deberán desarrollar reglamentariamente los protocolos de manejo y gestión de la información y los expedientes que garanticen su efectiva confidencialidad, dichos protocolos deberán incluir los responsables y sus etapas, y deberán ser certificados por un órgano auditor externo.

Cualquier requerimiento de información al Banco Central de Costa Rica, deberá ser solicitado expresamente por el Ministerio de Hacienda o por el Instituto Costarricense sobre la Drogas cuando requiera información de los beneficiarios finales o efectivos de las personas jurídicas o estructuras jurídicas. Las solicitudes deberán contener todos los requisitos que se establecen en el artículo 10 de la presente ley.

ARTÍCULO 9.- CAUSAS LEGÍTIMAS PARA EL USO DE LA INFORMACIÓN.

La información a la que se hace referencia en este capítulo, no se considerará amparada por el secreto bancario, pero tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, y no podrá ser utilizada para otros fines distintos a los siguientes:
A. Para dar cumplimiento a las funciones de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, que sea previsiblemente pertinente para los siguientes efectos tributarios:
I. Para determinar, cobrar y verificar los tributos bajo su administración en los procesos de fiscalización realizados.
II. Para elaborar planes de gestión de riesgo, los cuales se determinarán con base a criterios previamente definidos por la Administración Tributaria, y tendrán como objeto evaluar y diagnosticar el riesgo de un comportamiento irregular de un grupo de contribuyentes, de manera que pueda presumirse un eventual fraude fiscal o un incumplimiento tributario formal o material. La Administración Tributaria deberá hacer públicos los criterios objetivos de selección. Su ejecución estará a cargo de las áreas competentes de la Dirección General de Tributación, y deberá asignarse formalmente en cada caso, a un funcionario específico para su análisis, por medio exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de Inteligencia Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, Grandes Contribuyentes Nacionales.
III. Para Intercambiar información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales.
IV. Para Ejecutar inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de Fiscalización de las Administraciones Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de Fiscalización y asignando formalmente en cada caso, a un funcionario específico para su análisis.
B. El Instituto Costarricense sobre las Drogas, en apego al cumplimiento de sus competencias legales, también podrá solicitar al Banco Central de Costa Rica información de la base de datos.

La asignación del número de caso por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas, deberá estar sustentada en un acto administrativo previo y debidamente justificado, que podrá ser requerido por la autoridad judicial competente, en aquellos casos en donde se busque determinar si existieron solicitudes de información sin los requisitos establecidos en la presente ley.


ARTÍCULO 10. - REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN

El Banco Central de Costa Rica deberá verificar que toda solicitud de información, requerida tanto por el Ministerio de Hacienda, como por el Instituto Costarricense sobre las Drogas, cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

1. Indicación de la dependencia requirente.
2. Número de Expediente o número de caso, cuando así corresponda.
3. Identificación del o los funcionarios acreditados para solicitar el requerimiento.
4. Fecha de la solicitud
5. Firma del o los funcionarios acreditados para solicitar el requerimiento, así como la lista de funcionarios que tendrán acceso a la información solicitada.
6. El Ministerio de Hacienda deberá detallar la información requerida e indicar conforme a cuál de los supuestos establecidos en el inciso a) de este artículo es requerida la información 7. Cualquier otro definido reglamentariamente.

Ante la ausencia de cualquiera de dichos requisitos, el Banco Central de Costa Rica deberá rechazar de oficio la solicitud correspondiente, advirtiendo cuales requisitos no se están cumpliendo.

ARTÍCULO 11.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.
Corresponderá a la Dirección General de Tributación el control del cumplimiento del suministro de información de personas jurídicas y de las otras estructuras jurídicas, así como la aplicación de la sanción que corresponda. Para estos efectos el Banco Central de Costa Rica, en su condición de Administrador de la base, suministrará a la Dirección General de Tributación la información correspondiente para cumplir con lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 12.- GARANTÍAS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES

Los beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas tendrán las siguientes garantías:
A. Que se suministre por parte de los obligados o los representantes legales, según corresponda, información actual, veraz y exacta.
B. A denunciar ante el juez competente, que la información contenida en la base de datos, está siendo utilizada para fines ilegítimos o diferentes a los establecidos en la solicitud de información, hecha por el Ministerio de Hacienda o el Instituto Costarricense sobre las Drogas.
C. Solicitar al Banco Central de Costa Rica, la confirmación o no de la existencia de datos propios en la base de datos.
D. Solicitar la rectificación de la información cuando que la consignada no es actual, veraz y exacta.
E. Que se garantice por parte de los funcionarios públicos autorizados, la confidencialidad de los datos.
F. Que el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, adopten las medidas de índole técnica y de organización necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar su mal uso, alteración, destrucción accidental o ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, así como cualquier otra acción contraria a esta ley.

Los beneficiarios finales, que consideren que estas garantías se han lesionado, podrán solicitar la rectificación de las mismas ante el Juez Contencioso Administrativo. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones aplicables a los funcionarios que violenten lo establecido en el inciso e) y en el inciso f) del presente artículo.

ARTÍCULO 13.- RÉGIMEN SANCIONADOR POR INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE CAPÍTULO.

El incumplimiento en el suministro de la información detallada en el presente capítulo, será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

ARTÍCULO 14.- RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Incurrirá en falta grave y será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal, siguiendo el debido proceso, con independencia de las sanciones penales que procedan, a aquel funcionario del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica o del Instituto Costarricense sobre Drogas, que:

A. Acceda por cualquier medio, a sistemas de información o bases de datos, o la información en ella contenida, sin la autorización de la autoridad competente y debidamente acreditada, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente.

B. Se apodere de cualquier programa informático, sus bases de datos, o la información en ella contenida, lo copie, transfiera, utilice, destruya, inutilice, altere, transfiera, modifique o lo conserve en su poder sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente.

C. Facilite, habilite o permita que su mecanismo de autenticación, asignado para ingresar a sistemas informáticos, sea utilizado por otra persona no autorizada para ello.
En todos los supuestos citados, la Administración Pública competente estará en la obligación de presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público y se encuentra debidamente autorizada y facultada, siguiendo el debido proceso, para suspender al funcionario infractor, mientras se tramita el proceso de gestión de despido.

Todo lo anterior, sin perjuicio de las sanciones a las que pueden hacerse acreedores los funcionarios del Ministerio de Hacienda establecidas en los artículos 93 al 97 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

ARTÍCULO 15.- CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Créase dentro del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Asuntos Internos, la cual dependerá del Ministro de Hacienda. Contará con un régimen especial de contratación, de conformidad con lo que al efecto disponga en el reglamento, respetando la estructura salarial del Servicio Civil. No podrán integrar esta dirección quienes sean funcionarios del Ministerio de Hacienda, quienes lo hayan sido en los últimos 5 años o quienes tengan relación de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, con funcionarios de la Administración Tributaria.

Tendrá como función investigar, de oficio o por medio de denuncias, los casos de corrupción, conductas y actuaciones irregulares de índole tributario, así como el uso no autorizado de los sistemas de información o bases de datos, o la información en ellos contenidos, por parte de sus funcionarios, en perjuicio de los derechos de los contribuyentes.

Las denuncias relacionadas con la presente ley podrán ser anónimas y deberán ser tramitadas por la Dirección de Asuntos Internos, quienes pondrán en conocimiento del Ministerio Público los casos investigados que ameriten tramitarse en sede penal.

Para efectos legales y del cumplimiento de sus funciones, esta Dirección será considerada como Administración Tributaria, supeditándose su ámbito únicamente a la investigación de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Su funcionamiento se regulará por vía reglamentaria.

CAPITULO III

REFORMAS A OTRAS LEYES

ARTÍCULO 16.- Refórmese los artículos 26, 52, 74, 82, 83, 84 Bis, 90, 93, 94, 95, 106, 106 ter inciso 4, 130 inciso e), 131, 134, 137 inciso b), 149, 190, 192 y el primer párrafo del 197; además se adiciona un inciso g) al artículo 53, un párrafo final al artículo 92, el inciso e) al artículo 106 y dos párrafos al final del artículo 106 quáter; así mismo se adicionan los artículos 18 bis, 137 bis y 196 bis todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, para que se lean de la siguiente forma:


“ARTÍCULO 18 BIS. - GESTIÓN DE TRÁMITES ESTATALES. Toda persona física o jurídica que desee obtener o tramitar, cualquier régimen de exoneración, o incentivo fiscal, cualquier proceso de contratación pública, cualquier concesión, permiso o autorización para explotar bienes o servicios públicos, ante la administración central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en cumplimiento de sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligado ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.

El Estado deberá verificar que los profesionales al momento de ser contratados bajo cualquier condición o modalidad de empleo se encuentren al día en sus obligaciones tributarias materiales y formales a las que estuviera obligado.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá disponer de un acceso de consulta pública, con el listado de morosos y omisos, en el que los funcionarios públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos, sin que los mismos tengan la obligación de demostrarlo mediante certificaciones. Este acceso deberá ser implementado vía internet en la página WEB institucional.

El acceso de consulta pública, contendrá la información referida al nombre de los sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal, para el pago de la obligación tributaria sin que haya cumplido esta obligación, así como el nombre de aquellos que hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos establecidos por ley.

En el caso de los sujetos morosos los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la administración tributaria, de esto último a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente moroso cumpla con su obligación tributaria o el que encontrándose al día, en cualquiera de ambos casos, así lo informe a la Administración, esta deberá garantizar, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, la verificación de este hecho y la exclusión del sujeto pasivo del listado de omisos y morosos, en caso de que no lo pueda hacer en ese plazo retirará temporalmente al contribuyente de la lista de morosos, sin perjuicio de volverlo a incluir si una vez terminado el estudio se concluye que tiene alguna deuda en mora.”

“ARTÍCULO 26.- DOMICILIO FISCAL
El domicilio fiscal es el lugar de localización de los sujetos pasivos, en sus relaciones con la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código en cuanto a la notificación de las actuaciones administrativas.”

“ARTÍCULO 52.- CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS
El término de prescripción se debe contar a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que el tributo debe pagarse.”

“ARTÍCULO 53.- INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN. (…) g) Se entenderá por no interrumpida la prescripción si el Ministerio Público no presenta formal acusación o se dicta sentencia de sobreseimiento a favor del contribuyente en un plazo máximo de cinco años.

“ARTÍCULO 74.- PLAZO DE PRESCRIPCION

El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción.

La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen, y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la respectiva resolución quede firme.

En los supuestos del inciso 1 sub-incisos a) y b) del artículo 81 de este Código, la prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de la infracción que se presume y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que el acto administrativo de liquidación de oficio quede firme.

El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar sanciones se suspende por la interposición de la denuncia del presunto delito de defraudación, establecido en el artículo 92 del presente Código. Se entenderá no producida la suspensión del curso de la prescripción, si la acusación formal ante el Juez competente no se presenta por parte del Ministerio Público en el plazo máximo de cinco años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se presentó la denuncia.”

“ARTÍCULO 81 BIS. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS
Los obligados tributarios pueden autorizar a terceras personas ante la Administración Tributaria para elaborar y presentar a su nombre las declaraciones juradas a que se refiere el artículo 122 de éste Código, debiendo sujetarse a las mismas condiciones que se indican en el párrafo segundo para ser un usuario autorizado. Se presumirá que los usuarios o terceros autorizados son asesores del obligado tributario en la confección de la declaración respectiva y serán solidariamente responsables de la exactitud de los elementos que configuren la declaración, aplicándoles las mismas sanciones establecidas en el artículo 81 de este Código en caso de comprobarse alguna de las causales en él establecidas, y siendo responsables solidarios por la diferencia de impuesto correspondiente”.

“ARTÍCULO 82.- RESISTENCIA A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL.

Constituye infracción tributaria la resistencia a las actuaciones de control del cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente notificada a un determinado sujeto pasivo. Se entenderá como actuación administrativa de control toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al tributo y el período del que se trate.

Se entiende producida esta circunstancia, cuando se incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

a. No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.

b. No atender algún requerimiento debidamente notificado.

c. Cumplir parcialmente con la información solicitada mediante requerimiento debidamente notificado, o bien entregar información que no corresponda con lo solicitado.

d. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el tiempo que se haya señalado.

e. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, locales o establecimientos a los funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones, relacionados con las obligaciones tributarias.

El plazo otorgado para la presentación de la información en el supuesto del inciso b, no podrá ser nunca menor a 10 días hábiles, los cuales se podrán prorrogar a solicitud de parte previa aprobación de la administración tributaria. Con excepción de los procesos de control tendiente a generar una liquidación definitiva, la Administración Tributaria solamente podrá solicitar información que no esté en poder de alguna de las Administraciones Tributarias del Ministerio de Hacienda en virtud de los diversos requerimientos generales de información cumplidos por el sujeto pasivo o por terceros.

Las sanciones serán las siguientes:

1. Multa pecuniaria de dos salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con to solicitado en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

2. Multa pecuniaria de tres salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. También, se aplicará esta multa cuando la infracción cometida corresponda a la enunciada en el inciso e) de este artículo.

3. Multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto. Sí el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso, se reducirá en un cincuenta por ciento (50%).

En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción de diez salarios base. La Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la sanción prevista en este inciso, cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.

Si los registros no declarados representan un porcentaje igual o inferior al 10% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 25% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 10% y menor al 25% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 50% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 25% y menor al 50% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 75% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 75% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria deberá aplicar el 100% de la multa establecida para los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo.

Las multas previstas en este artículo no podrán ser objeto de acumulación, por lo que deberá imponerse una única sanción que se determinará en función del número de veces que se haya desatendido cada requerimiento.

Los plazos otorgados por la Administración Tributaria para que los sujetos pasivos cumplan los deberes tributarios indicados en el presente artículo deberán ser razonables y proporcionados, a la mayor o menor complejidad que represente para el sujeto pasivo el cumplimiento del requerimiento respectivo.

“ARTÍCULO 83. INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

En caso de incumplir totalmente o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o la Administración Tributaria, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto a las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este artículo, se reducirá en un setenta y cinco (75%). En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción de diez salarios base.

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% o 75% de los registros que debieron declararse; la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el párrafo anterior, estableciendo una multa pecuniaria proporcional del 25%, 50%, 75% o 100%, respectivamente, de la sanción que le hubiera correspondido. En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción equivalente a una multa pecuniaria de diez salarios base.

De constatarse errores en la información suministrada, la sanción será del uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica. En este caso, la sanción impuesta no podrá exceder la multa referida en el párrafo primero de este artículo.

La Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la presente sanción, cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.”

“ARTÍCULO 84 BIS. INCUMPLIMIENTO AL DEBER DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS.

La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el Capítulo denominado “Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas”, de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.

Para estos efectos se entiende por salario base el contenido en el artículo 2 de la Ley 7337. No obstante, de previo, deberá apercibir a los obligados a cumplir su deber de suministrar o actualizar la información, según corresponda, para lo cual se le concederá un plazo de 3 días hábiles, prorrogable por un plazo igual, a solicitud debidamente motivada de la parte, previa aprobación de la Administración Tributaria.

El monto recaudado por concepto de estas multas se depositará en una cuenta en la Caja Única del Estado a nombre del Instituto Costarricense sobre las Drogas, y será destinado exclusivamente al financiamiento de las actividades operativas de este organismo.

De mantenerse el incumplimiento, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica o inscribir documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la información a que se refiere este artículo. De igual forma los Notarios Públicos deberán de consignar en los documentos que emitan que el obligado al suministro “Incumple con la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”. Para tales efectos el Banco Central de Costa Rica en conjunto con la Dirección de General de Tributación, deberán disponer de un sistema de consulta en que se pueda verificar si los obligados se encuentran al día en el suministro de esta información.”

ARTÍCULO 90.- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES PENALES

En los supuestos en que la Administración Tributaria estime que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito, podrá presentar la denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador y de determinación de la obligación tributaria, hasta que la autoridad judicial dicte sentencia firme o tenga lugar el sobreseimiento. Si transcurrido el plazo de 5 años al que se refiere el inciso g) del artículo 53, el Ministerio Público no presenta la acusación formal, o posterior a dicho plazo se dicta sobreseimiento definitivo, la Administración Tributaria perderá la competencia para retomar el conocimiento del caso en vía administrativa. (…).”

“ARTÍCULO 92.- FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA.
(…) La Procuraduría General de la República se constituirá como actor civil en el ejercicio de la acción civil resarcitoria conforme lo establecido en el Código Procesal Penal, para ello deberá contar con la participación técnica activa dentro del proceso penal de la Dirección General de Tributación, quien actuará por medio de la Dirección General o en quienes este delegue la función. Para efectos de cumplir con lo dispuesto en este artículo, se deberá notificar a la Dirección General de Tributación todos los actos del proceso.”

“ARTÍCULO 93.- FALTA AL DEBER DE PROBIDAD.
Las conductas de los funcionarios públicos, tipificadas en los artículos 94, 95, 96 y 97 de este Código, serán consideradas como faltas graves y serán sancionadas con el despido sin responsabilidad patronal, con independencia de las sanciones penales aplicables.

En todos los supuestos citados, la Administración Pública competente se encuentra facultada para suspender al funcionario infractor, mientras se tramita el proceso de gestión de despido, así como en la obligación de presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público.”

3.“ARTÍCULO 94.- ACCESO DESAUTORIZADO A LA INFORMACIÓN.
Será sancionado con prisión de tres a cinco años quien, en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o la privacidad o para la integridad de los datos, acceda por cualquier medio a los sistemas de información o bases de datos o a la información contenida en ellas, sin la debida autorización de quien deba expedirla o del titular de los datos, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente. Será sancionado con prisión de 1 a 4 años a quién instigue, obligue o presione a una persona autorizada para acceda a la información en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o la privacidad o para la integridad de los datos.

La pena será de cuatro a seis años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.”

“ARTÍCULO 95.- MANEJO INDEBIDO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

Será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión, quien sin autorización de la autoridad competente, se apodere, utilice, copie, destruya, inutilice, altere, conserve o transfiera, por cualquier medio un sistema de información o base de datos o la información contenida en ellas, utilizados por la Administración Tributaria, y siempre que no hayan sido declarados de uso público, mediante resolución.

La pena será de cuatro a diez años de prisión si la acción fue realizada con ánimo de lucro para sí o para un tercero o si se hubiera obtenido beneficios económicos de la utilización, enajenación, transferencia o destrucción del sistema de información o de la base de datos o de la información contenida en ella.”

“ARTÍCULO 106. DEBERES ESPECIFICOS DE TERCEROS
(…)
e) Los administradores de los fideicomisos y similares, o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeros, sean o no intermediarios financieros, deberán entregar a la Administración Tributaria la información referida a los sujetos beneficiarios finales de estos instrumentos, así como de los registros contables y financieros al día, los cuales deberán conservar por el plazo establecido en este Código.

Esta información deberá ser actualizada anualmente, debiendo indicarse el detalle de los movimientos anuales del contrato”.

“ARTÍCULO 106 TER.- PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

(…)
4. Las entidades financieras deberán cumplir con todos los requerimientos de información que sean presentados por la Administración Tributaria, siempre y cuando vengan acompañados de la copia certificada de la resolución judicial que lo autoriza, hecho que deberán poner en conocimiento del interesado. En caso que las entidades financieras incumplan con el suministro de información se aplicará una sanción equivalente a multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso, se reducirá en un setenta y cinco (75%). La Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la presente sanción, cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.

Toda la información tributaria recabada mediante los procedimientos establecidos en este artículo será manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de la información recibida, con el objeto de asegurar su adecuado archivo, custodia y la individualización de los funcionarios responsables de su manejo.

Se exceptúa de este procedimiento, toda aquella información relacionada con los avalúos y peritajes que las entidades financieras deban realizar para autorizar préstamos a sus clientes; la cual será considerada previsiblemente pertinente para efectos tributarios y podrá ser solicitada por medio de los requerimientos de información establecidos en el artículo 105 de este Código, en estos supuestos la entidad financiera deberá informar al cliente que la información ha sido solicitada.”

7.“ARTÍCULO 106 QUÁTER.- PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS JURISDICCIONES EN VIRTUD DE UN CONVENIO INTERNACIONAL
(…)

En caso de que tales entidades incumplan con el suministro de información, en cualquiera de los casos señalados anteriormente, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este párrafo, se reducirá en un setenta y cinco (75%).
Toda la información recabada por parte de las entidades será manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 de la Ley N. °4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.”

“ARTÍCULO 130.- DECLARACIONES RECTIFICATIVAS.
(…)
e) No procederá presentar declaraciones rectificativas, después de notificado el inicio de un procedimiento de control tendiente a generar una liquidación definitiva. Sin embargo, el sujeto pasivo podrá plantear, a partir de ese momento y hasta la finalización del procedimiento, una petición de rectificación sujeta a la aprobación por parte de los órganos actuantes de la Administración Tributaria. La consecuente aprobación o denegatoria será incorporada directamente en la propuesta de regularización que se le formule al sujeto fiscalizado en los procedimientos de liquidaciones definitivas y en los procedimientos de liquidaciones previas, la aprobación o denegatoria será incorporada en el Acto Administrativo de Liquidación de Oficio.

En los procesos de control tendientes a generar una liquidación previa, el contribuyente podrá realizar una única rectificación dentro de los tres días “hábiles siguientes a la notificación del acto de inicio de la actuación. Las rectificaciones presentadas después de los tres días hábiles del inicio de la actuación, tendrán el carácter de petición por lo que su aprobación o denegatoria será incorporada en el Acto Administrativo de Liquidación de Oficio.”


“ARTÍCULO 131. OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE EXPIDEN PATENTES Y LICENCIAS.

Será requisito para la expedición de las patentes y las licencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis, que el solicitante se encuentre inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria; para tales efectos, previo al otorgamiento de cualquier patente y licencia, la entidad territorial que las autoriza deberá verificar por los medios electrónicos correspondientes, que el solicitante cumpla con lo indicado.”

“ARTÍCULO 134.- MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.
El contribuyente se encuentra en la obligación de establecer un medio para recibir notificaciones. El acto de inicio de cada procedimiento tributario deberá notificarse en el domicilio fiscal o en el correo electrónico registrado por el contribuyente ante la Administración Tributaria, según corresponda.

Para recibir futuras notificaciones, el contribuyente se encuentra obligado a señalar un medio dentro del perímetro que la Administración Tributaria defina, o en una dirección única de correo electrónico, fax, buzón electrónico, o cualquier otro medio electrónico habilitado que permita la seguridad del acto de comunicación. El medio señalado será válido y surtirá efectos jurídicos para toda siguiente notificación que se requiera se realice en el procedimiento que sigue la Administración Tributaria.

El interesado podrá señalar dos medios electrónicos distintos de manera simultánea, pero deberá indicar expresamente, cuál de ellos se utilizará como principal.

Si los medios electrónicos señalados por el interesado para recibir notificaciones generaran fallas en su transmisión, la Administración Tributaria deberá realizar tres intentos de notificación, dos el primer día en horas diferentes y una el tercer día. En caso de que todas resulten infructuosas, las resoluciones que se dicten se tendrán por válidamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas.”

“ARTÍCULO 137.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN.
(…)
b) Por correspondencia efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y similares, siempre que tales medios permitan confirmar la recepción. Se podrá notificar por correo electrónico conforme a los principios de la Ley No. 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, y sin perjuicio de que se establezcan, reglamentariamente, sistemas para garantizar que la notificación por medios electrónicos sea efectiva y tutele los derechos del contribuyente a un debido proceso.

La Administración Tributaria podrá practicar notificaciones en el buzón electrónico a que se refiere el artículo 137 bis de este Código, siempre que se identifique fidedignamente al remitente y destinatario de la notificación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, para que la notificación se practique utilizando el buzón electrónico se requerirá que el interesado lo haya señalado expresamente como medio preferente o consentido. En estos casos la notificación se entenderá practicada para todos los efectos legales, al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido introducido en el buzón electrónico.

La Administración Tributaria podrá establecer reglamentariamente la obligación de contar con un buzón electrónico permanente. En este supuesto, la Administración Tributaria deberá implementar un sistema razonable de alertas de la existencia de una notificación, ya sea por medio de mensaje de texto al número de teléfono celular indicado por el contribuyente o al correo electrónico que este designe conforme a los principios de la Ley No. 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. |

El sistema de notificación deberá acreditar la transmisión, las fechas y horas en que se produzca el depósito de la notificación en el buzón electrónico asignado al interesado, el acceso de este al contenido del mensaje de notificación para el supuesto indicado en el numeral 2 de este artículo y el hecho de que se ha puesto a disposición el contenido íntegro de la misma.

Las notificaciones practicadas en los medios señalados en este inciso producirán los efectos de las realizadas en el domicilio fiscal constituido.”


“ARTÍCULO 137 BIS.- BUZÓN ELECTRÓNICO.
1. La Administración Tributaria podrá crear un sistema de buzón electrónico para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos, con sujeción a los mismos requisitos establecidos para el resto de registros administrativos.

2. El buzón electrónico estará habilitado para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia de la Administración Tributaria y que se especifiquen en la norma de creación de este. Deberá cumplir con los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, no repudio, confidencialidad y conservación de la información que igualmente señalen en la citada norma.

3. El buzón electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos del cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.

4. La presentación de documentos electrónicos en el citado buzón tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos y podrá tener carácter obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 137 de este Código.

5. La Administración Tributaria gestionará, administrará y controlará la totalidad del proceso informático que requiere el buzón electrónico, conforme los alcances y modalidades que se determinen reglamentariamente.”

“ARTÍCULO 149.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA SANCIONAR.

Las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en este Código, serán impuestas por los órganos de las Administraciones Tributarias Territoriales o de Grandes Contribuyentes de la Administración Tributaria, a los que, reglamentariamente, se les asigne competencia para el control del cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias, tanto formales como materiales.

También podrán imponer esas sanciones, las direcciones funcionales que integran los servicios centrales de la Administración Tributaria cuando, mediante reglamento, se les asigne competencia para llevar a cabo, frente a determinados sujetos pasivos y otros obligados tributarios, aquellas mismas actuaciones de control.”

“ARTÍCULO 190.- INTEGRACIÓN DE LA OFICINA DE COBROS.

Para el cobro judicial o extrajudicial que le compete, la Oficina de Cobros debe estar integrada por:
a) Un jefe, quien debe ser abogado, cuyas funciones son atender todo lo referente a la dirección, coordinación, supervisión y ejecución de las actividades y programas de la dependencia y ejercer las demás atribuciones que para tales efectos le correspondan;
b) Un cuerpo de abogados que debe integrar la planta estable de la Oficina, denominados Fiscales de Cobro los cuales podrán estar destacados a lo largo del territorio nacional en cantidad necesaria para gestionar las deudas a su cargo.

El Jefe de la Oficina y los Fiscales de Cobro a que se refiere el inciso b) deben ser nombrados por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.

Cada Fiscal de Cobro podrá contar con el personal administrativo y profesionales asistentes que requieran las necesidades del servicio a su cargo, quienes serán nombrados por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.

Mediante Decreto Ejecutivo se dispondrá la jurisdicción territorial de cada Fiscal de Cobro y los aspectos relativos a su organización.”

ARTÍCULO 192.- CRÉDITOS INSOLUTOS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES

Las oficinas que controlen, a favor del Poder Central, ingresos o créditos de la naturaleza indicada en el artículo 189 de este Código, una vez vencido el término de pago, deben preparar las certificaciones de lo pendiente de cobro y remitirlo al cuerpo de Fiscales de Cobro de la jurisdicción que corresponda, certificación que tendrá el carácter de título ejecutivo. Si una vez emitida la certificación, el deudor realizara pagos parciales de lo adeudado, el Jefe del Departamento de Cobro Judicial podrá realizar sin más trámite la reliquidación correspondiente y emitir la nueva certificación con carácter de título ejecutivo.

Antes de remitir las certificaciones a la Oficina de Cobros, las oficinas que controlen los ingresos o créditos a que se alude en el párrafo primero de este artículo deben notificar al deudor por cualquiera de los medios que autoriza el artículo 137 de este Código, que se le concede un plazo de quince días, contado a partir de su notificación, para que proceda a la cancelación del crédito fiscal impago.

Si vencido el plazo señalado el deudor no regulariza su situación, dichas certificaciones deben ser enviadas de inmediato al Fiscal de Cobro competente para los efectos de ejercer la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro.


ARTÍCULO 195.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Para establecer la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 22 de este Código basará la notificación del requerimiento de pago establecido en el artículo 192 a los deudores solidarios. Aquellos deudores solidarios que no cancelen las deudas tributarias dentro del plazo legal otorgado al efecto, se incluirán en la lista de morosos que la Administración Tributaria publica, excepto cuando se trate de un accionista minoritario que demuestre fehacientemente haber salvado su responsabilidad en las actuaciones de la Junta Directiva con anterioridad a la exigibilidad de la deuda.”

“ARTÍCULO 196 Bis.- MEDIDAS CAUTELARES. Cuando en vías de determinación de un crédito fiscal, a juicio de la autoridad administrativa competente existe peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar insoluto el crédito, la Administración Tributaria, podrá solicitar a la Oficina de Cobros que requiera a la Autoridad Judicial competente el embargo de los bienes como medida cautelar, la cual tendrá una vigencia hasta de dos años, prorrogable por el mismo período. El Juez competente, otorgará audiencia al obligado por 5 días hábiles, y podrá en la misma resolución, de oficio o a solicitud de la Oficina de Cobros, adoptar y ordenar medidas provisionalísimas de manera inmediata y prima facie, a fin de garantizar la efectividad de la medida que se adopte finalmente. Una vez vencido este plazo, deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del embargo solicitado como medida cautelar en un plazo perentorio de 5 días hábiles, así como respecto de las medidas provisionalísimas adoptadas. El obligado, podrá designarse como depositario con las mismas responsabilidades que un depositario judicial cuando el embargo no recaiga en dinero en efectivo. Los bienes se embargarán en el siguiente orden:
a) Sumas de dinero a favor del obligado tributario adeudadas por terceros, incluidos pagos con tarjetas de crédito o débito cuyas sumas corresponde girar a las operadoras de tarjetas.
b) Ingresos de los espectáculos públicos que hayan sido o no declarados previamente a la Administración Tributaria.

c) Dinero efectivo o en cuentas que posea en entidades financieras.

d) Sueldos, salarios. e) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. f) Bienes inmuebles.

g) Establecimientos mercantiles o industriales.

h) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

i) Mercancías que deban ser entregadas al obligado tributario por terceros.

j) Frutos y rentas de toda especie.

k) Otros bienes muebles y semovientes.

l) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo. En el caso de los incisos a) y b) el monto del embargo será de hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) del dinero.

En el caso del inciso d) el monto del embargo será el porcentaje permitido por el artículo 172 del Código de Trabajo.

En el resto de los casos el embargo será hasta de un cien por ciento (100%) del valor del bien embargado. En ningún caso el monto del embargo podrá sobrepasar el monto indicado en el párrafo primero de este artículo si dicho porcentaje lo sobrepasa, siempre y cuando los bienes sean divisibles, de lo contrario el embargo recaerá sobre el valor del bien.

A solicitud del obligado tributario el Juez competente, podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros; o cuando por la aplicación estricta del orden de embargo establecido se demuestre que se pone en riesgo la continuidad de la actividad económica del obligado. No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación.”

“ARTÍCULO 197.- EMBARGO DE CRÉDITOS AL DEUDOR Y RETENCIÓN DE LAS SUMAS QUE DEBE PERCIBIR. En los casos que autoriza el artículo 196, la Oficina de Cobros puede ordenar que el importe del crédito fiscal impago se retenga a favor del Fisco de los salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones, y de cualquier otra remuneración o crédito en dinero efectivo que deba percibir o de que fuere acreedor del deudor. (…)”

ARTÍCULO 17.- Créase un nuevo Capítulo III y un nuevo Capítulo IV en el Título VII del Código Normas y Procedimientos Tributarios, y córrase la numeración de los artículos siguientes.

“CAPÍTULO III
DACIÓN EN PAGO Y REMATE ELECTRÓNICO

ARTÍCULO 200.- AUTORIZACIÓN DACIÓN EN PAGO.
Autorízase al Ministerio de Hacienda para que reciba, en pago de tributos administrados por la Dirección General de Tributación o la Dirección General de Aduanas, bienes muebles o inmuebles que ofrezcan los deudores, previo avalúo por parte de la Dirección General de Tributación y según recomendación que realice la Dirección General de Hacienda en que se verifique la existencia de un plan de aprovechamiento de dichos bienes por parte de alguna institución del Poder Central, o posibilidad de rematarlos mediante el procedimiento de remate electrónico. El Ministerio de Hacienda reglamentará lo correspondiente a este procedimiento.

ARTÍCULO 201.- REMATE ELECTRÓNICO. Autorícese al Ministerio de Hacienda para que efectúe el remate de bienes dados en dación de pago a través de una plataforma tecnológica que brinde un espacio virtual de búsqueda directa, abierta y libre del precio de adquisición, que permita alcanzar el precio asignado por el mercado, sin interferencias de ningún tipo. El remate se desarrollará en tiempo real y en forma automática, requiriendo únicamente la participación de los postores individualmente considerados, sin contacto personal de entre sí. El sistema que se implemente deberá garantizar las condiciones de transparencia, publicidad, seguridad, rapidez y economía en la determinación del justo valor de cambio de los bienes rematados, mediante el procedimiento de mejoramiento de precios en línea. Mediante Decreto ejecutivo se regulará esta modalidad de remate, etapas y plazos de ejecución, que incluye las fases preparatorias, de publicidad, de inscripción, de desarrollo y de adjudicación.”

Proyecto de Ley 19.844. Derogatoria de la Ley 7266

DEROGATORIA DE LA LEY N° 7266, AUTORIZACIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO PARA HACER DONACIONES A FUNDACIÓN PARA RESTAURACIÓN DE CATEDRAL METROPOLITANA Y OTROS TEMPLOS Y MONUMENTOS CATÓLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS A DEDUCIR IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Expediente N° 19.844

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La presente iniciativa de ley plantea derogar la Ley N.° 7266, en procura de generar mayor transparencia en los fondos públicos y asignación de dichos fondos.

En este momento en el que existe un déficit fiscal considerable, el Estado busca la manera de recibir nuevos ingresos, pero desde nuestra bancada estamos en contra de la implementación de toda clase de nuevos tributos que vayan a afectar la dinámica de la economía costarricense y que, por ende, perjudique los intereses de todos los ciudadanos. Por este motivo es que la derogación de la Ley N.° 7266 se presenta como una posibilidad de que el fisco reciba ingresos frescos.

La Ley N° 7266 establece privilegios otorgados desde 1991 a la Fundación para la restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos católicos, pero esta ley se dio en un momento histórico específico y de necesidad ante los embates de los enjambres sísmicos que afectaron Costa Rica al principio de la década de los noventas. La Ley N° 7266 pretendía solucionar un problema que afectó a la edificación de la Catedral Metropolitana, como producto de los terremotos de 1991 y 1992, para mejorar únicamente las condiciones de ese templo y algunos otros también afectados. El propósito por el cual fue creada dicha ley cumplió su objetivo años atrás, ya que la restauración de la Catedral Metropolitana fue culminada en su totalidad, y tuvo un costo nominal de unos ¢1.028 millones.

Según Hacienda, se calcula que la cantidad de empresas y montos otorgados desde el 2008 al 2014, exceptuando el año 2012, reporta 1256 empresas donantes, de las cuales hace un balance de monto de créditos fiscales aplicados a la Fundación para la restauración de la Catedral Metropolitana y otros templos de 183.680.847 colones, desglosado de la siguiente manera:

Para el año 2008, 307 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 6.549.109 colones; para el 2009, 101 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 37.247.323 colones; para el 2010, 263 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 94.336.072 colones; para el 2011, 253 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 300.000 colones; para el 2013, 122 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 18.089.632 colones y para 2014, 153 empresas recibieron créditos fiscales para un total de 27.158.714 colones.

En el Partido Movimiento Libertario consideramos que la construcción, restauración y remodelación de iglesias y templos deben ser sufragadas por los propios feligreses en forma voluntaria.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley, cuyo texto dirá así.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

DEROGATORIA DE LA LEY N° 7266, AUTORIZACIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO PARA HACER DONACIONES A FUNDACIÓN PARA RESTAURACIÓN DE CATEDRAL METROPOLITANA Y OTROS TEMPLOS Y MONUMENTOS CATÓLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS A DEDUCIR IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la Ley N.º 7266, Autorización a Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas del Estado para Hacer Donaciones a Fundación para Restauración de Catedral Metropolitana y Otros Templos y Monumentos Católicos y Empresas Privadas a Deducir Impuesto sobre la Renta, de 11 de noviembre de 1991, publicada en La Gaceta N.º 227, de 11 de noviembre de 1991.
Rige a partir de su publicación.

Otto Guevara Guth

DIPUTADO

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

PUBLICADO EL 06 DE JULIO DEL 2016

Proyecto de Ley. Eliminación del impuesto a la propiedad de Motocicletas

ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE MOTOCICLETAS, REDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS Y CAMBIO DE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE ESE IMPUESTO

Expediente N.° 19.804

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La problemática alrededor del tema del marchamo no es reciente, pues a partir del año 2008, la manera en la que la administración realiza la actualización de los valores de los vehículos tiene como base una metodología bastante subjetiva, la cual se basa en valores de vehículos nuevos para efectos de determinar el valor de un vehículo usado, esta manipulación de los valores de los vehículos, ha derivado en el cobro excesivo de este impuesto y en un abuso de parte de la administración.

Por este motivo, no es de extrañar que los costarricenses seamos empobrecidos, pagando el monto más alto de centroamérica no solo por el costo de los vehículos, sino por el derecho de circulación y el impuesto a la propiedad de vehículos, debido a que el impuesto a la propiedad del vehículo es alto los montos en el derecho de circulación son elevados en nuestro país, mientras que en Panamá por ejemplo el impuesto de circulación para los autos particulares tiene un costo de $29, para pick up o doble cabina asciende a $45 dólares y el transporte comercial dirigido a camiones tiene un impuesto que se registra de acuerdo con la tonelada que puede ir desde los $50 en adelante. En el caso de Nicaragua no se diferencia entre el valor fiscal o de mercado de los distintos modelos de automóviles y motocicletas que ahí circulan. Todos pagan el mismo monto: 100 y 50 córdobas respectivamente, esto de acuerdo a los datos suministrados en: http://www.ameliarueda.com/. En los Estados Unidos según 2015 States with Highest and Lowest Property Taxes, escrito por John S. Kierman, dentro de los 50 Estados más el Distrito de Columbia, el promedio de los 51 “Estados” para el impuesto de propiedad de los vehículos es de $216, así mismo existen 24 “Estados” donde no se paga anualmente impuesto sobre la propiedad del vehículo o el impuesto es $0 y la tendencia en todos los Estados es a la baja año tras año. Alrededor del mundo existen algunos otros casos donde la infraestructura vial es superior a la nuestra y aun así el impuesto sobre la propiedad es menor en promedio al que se paga en Costa Rica como en Bélgica donde el impuesto al ruedo (incluye impuestos de propiedad) va desde €84 (unos 47 mil colones) hasta €208 (117 mil colones), Alemania va de €5 (unos 3 mil colones) a €37 (unos 21 mil colones), Japón ¥1500 (unos 6 mil 500 colones) a ¥18000 (unos 78 mil colones), Noruega es de unos kr 2940 (unos 180 mil colones).

La presente iniciativa pretende establecer un valor fijo para el cobro de marchamo por tipo de vehículo sin considerar su valor en el mercado interno.

Además se exceptúa del cobro de este impuesto a las motocicletas, tomando en consideración el hecho de que gran parte de los motociclistas son trabajadores que diariamente deben enfrentase a la hostilidad de nuestras carreteras en condiciones adversas, la gran mayoría de estos son personas que se dedican a la labor de mensajería, cobro, y demás, dichos empleos se caracterizan por tener salarios muy modestos y por esta razón, merecen todo el apoyo para que su actividad se vea favorecida.

Otro de los aspectos que pretende reformar esta iniciativa es el establecer una tarifa fija correspondiente al 5% del salario equivalente del auxiliar judicial, para los cuadriciclos, triciclos así como para los vehículos de dos ejes y del 10% de dicho salario para aeronaves y embarcaciones, así como los vehículos de tres o más ejes.

En virtud de lo anteriormente expuesto a la consideración de los señores diputados y las señoras diputadas el presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE MOTOCICLETAS, REDUCCIÓN DEL IMPUESTO
A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS Y CAMBIO DE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN
DE ESE IMPUESTO

ARTÍCULO 1.- Refórmese el inciso ch) del artículo 9 de la Ley N.° 7088 “Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA” de 30 de noviembre de 1987”, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 9.- Se establece un impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, que se regirá por las siguientes disposiciones:

[…]

ch)  No están sujetos a este impuesto:

1) Los Estados extranjeros que los destinen para el uso exclusivo de sus embajadas y consulados acreditados en el país con las limitaciones que se generen de la aplicación, en cada caso, del principio de reciprocidad sobre los beneficios fiscales.

2) Los organismos internacionales que los destinen exclusivamente para sus funciones.

3) El Gobierno central y las municipalidades.

También estarán exentos los siguientes vehículos:

4) Las ambulancias y unidades de rescate de la Cruz Roja Costarricense, del Sistema Hospitalario Nacional, de los Asilos de Ancianos y del Instituto Nacional de Seguros, así como las máquinas para extinguir incendios.

5) Las bicicletas.

6) Las motocicletas.

ARTÍCULO 2.- Refórmese el inciso f) del artículo 9 de la Ley N.° 7088 “Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero CA” de 30 de noviembre de 1987”, para que se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Se establece un impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves, que se regirá por las siguientes disposiciones:

[…]

f)        Cálculo del impuesto

El impuesto se pagará de acuerdo con la siguiente escala:

1. Los cuadraciclos, triciclos y vehículos livianos de dos ejes pagarán el equivalente a un cinco por ciento del salario de auxiliar judicial
vigente a la fecha del cobro del presente impuesto.

2. Las aeronaves, embarcaciones así como los vehículos de tres o más ejes pagarán el equivalente a un diez (10%) por ciento del salario de auxiliar judicial vigente a la fecha del cobro del presente impuesto.”

ARTÍCULO 3.- Deróguese la Ley N.° 7665 “Ref. Paquete Tributario sobre Propiedad Vehículos y Aeronaves”, de 26 de abril de 1997.

    OTTO GUEVARA GUTH           NATALIA DÍAZ QUINTANA
          DIPUTADO                             DIPUTADA
30 de noviembre de 2015

NOTA:      Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

1 vez.—O. C. Nº 26002.—Solicitud Nº 55995.—( IN2016035340 ).

PUBLICADO EN LA GACETA DEL 5 DE JULIO DEL 2016

Proyecto de Ley.Modificación del valor fiscal en el impuesto a la propiedad de vehículo

N° 7088, “REAJUSTE TRIBUTARIO Y RESOLUCIÓN
18a CONSEJO ARANCELARIO Y ADUANERO CA”
DE 30 NOVIEMBRE DE 1987, Y SUS REFORMAS
  Expediente N° 19.803
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
En Costa Rica existen alrededor de 1.9 millones de vehículos que circulan diariamente por nuestras carreteras, esto según datos del Instituto Nacional de Seguros; a su vez estos vehículos según lo establece la Ley N.° 7088 “Reajuste Tributario y Resolución 18a Consejo Arancelario y Aduanero CA” de 30 de noviembre de 1987, cada automóvil inscrito en el Registro Nacional de la Propiedad de Vehículos, deberá pagar el impuesto a la propiedad y el seguro obligatorio de automotores, más conocido como el marchamo.
En una gestión administrativa eficaz, el impuesto de la propiedad de vehículos resulta de gran importancia para el financiamiento de programas de caminos vecinales, mantenimiento de carreteras y vías urbanas, destinando un 70% de lo percibido de este rubro para este fin y un restante 30% a la caja única del Estado, para ser utilizado en programas de apoyo y desarrollo social.
La incongruencia de la aplicabilidad de este impuesto se refleja en el pésimo estado de la red vial, y aumenta la dicotomía cada año, cuando el Ministerio de Hacienda calcula el importe a pagar por medio de una fórmula progresiva que establece sobre el valor del vehículo según el mercado interno. El Poder Ejecutivo actualiza esta lista cada año, tomando como variables el índice de evaluación que es determinado por el comportamiento de la tasa de inflación (índice de precios al consumidor), la depreciación anual del 10% y la tasa de variación de la carga tributaria que afecta la importación del vehículo. Los altos funcionarios del Ministerio de Hacienda reconocen que la fórmula que se estableció en el año 1988 (hace 27 años), está desfasada y no corresponde con la realidad actual de nuestro país.
El cálculo del impuesto, con base en el crecimiento de la tasa de inflación establece la tasa mínima, y a partir de esta el porcentaje a cobrar por el exceso en el valor del vehículo; lo que implica que los aumentos recién vistos sean consecuencia de la actualización de esta fórmula, la cual de forma incomprensible aumenta el valor fiscal de un vehículo que en la realidad y a conocimiento de todos se deprecia año a año. A modo de ejemplo, el marchamo que deberá pagar el dueño de un Hyundai 1992 ronda en ¢65.000, mientras que en el año 2014 el rubro cancelado fue de ¢55.000, partiendo de la lógica un automóvil cada año es más viejo y se deteriora gracias a las pésimas condiciones de la red vial, que empeoran la condición del bien mueble.
Existen diversas variables que componen el rubro del impuesto se deduce lo complejo de regular una variable como los valores de mercado, que se componen de la oferta y la demanda sujeta a la percepción que las personas tienen del valor del bien, circunstancia similar a lo complicado de regular el índice de costo de la vida determinado por la inflación.
Suena sorprendente que el monto del valor fiscal de un vehículo, razón principal de la inconformidad y desproporcionalidad del aumento, se obtenga revisando los precios de agencias de ventas de autos nuevos y usados, o por medio de publicaciones en internet.
La legislación comparada nos muestra como en muchos países del área como Colombia y Ecuador la depreciación vehicular se determina por medio del cálculo de la línea recta, la cual establece que un lapso de cinco años el bien inmueble, en este caso el vehículo, tiene una depreciación de un 100%.
El Estado obtiene anualmente mayores ingresos ya que es bien sabido que cada año aumenta el ingreso de vehículos a territorio costarricense. La mala administración de los recursos, voluntad política, tramitología y financiamiento, son los puntos álgidos a los cuales se les achaca el estancamiento en infraestructura vial, todo esto mientras el bolsillo del costarricense se ve impactado negativamente año a año, por el pago de marchamos calculado con cifras desfasadas.
Por lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración de los señores diputados y las señoras diputadas, el siguiente proyecto de ley para su consideración.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL INCISO F) DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 7088, “REAJUSTE TRIBUTARIO Y RESOLUCIÓN 18a CONSEJO ARANCELARIO Y ADUANERO CA” DE 30 NOVIEMBRE DE 1987, Y SUS REFORMAS

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el inciso f) del artículo 9 de la Ley N° 7088, Reajuste Tributario y Resolución 18a Consejo Arancelario y Aduanero CA, de 30 de noviembre de 1987, para que se lea de la siguiente manera:

“Artículo 9.- Se establece un impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones, aeronaves y motocicletas que se regirán por las siguientes disposiciones:
[…]

f)  Cálculo del impuesto

Las tarifas establecidas son progresivas. El impuesto se calculará sobre el valor fiscal registrado originalmente por el Ministerio de Hacienda en el momento de inscripción del vehículo actualizado cada año por el índice de inflación acumulada, y se le deducirá la tasa de depreciación anual descrita en esta ley más la tasa de variación de la carga tributaria que afecta la importación de cada tipo de vehículos.

Antigüedad de los vehículos Depreciación Tasa del impuesto

1 año de antigüedad           20%             3%
2 años de antigüedad           10%            2.5%
3 años de antigüedad           10%          2%
4 años de antigüedad           10%             1.5%
5 años de antigüedad y más       20%             1%

Rige a partir de su publicación.

Óscar López

DIPUTADO

30 de noviembre del 2015.

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.
1 vez.—O. C. N° 26002.—Solicitud N° 55993.—( IN2016035338 ).

Proyecto de Ley 19.952. Ley De Responsabilidad Fiscal De La República

PROYECTO DE LEY

Ley De Responsabilidad Fiscal De La República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Expediente N.° 19.952

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Antecedentes

El modelo de Estado costarricense está fundamentado en la búsqueda del mayor bienestar de los habitantes y la más adecuada distribución de la riqueza, elementos concertados en una serie de derechos y garantías sociales expresadas en la Constitución Política.

Estos principios fundamentales se han traducido en un Estado democrático proveedor de servicios sociales, económicos y ambientales, que en cumplimiento del mandato de equidad, se reconocen universalmente y de manera gratuita a la población. La prestación de estos servicios es financiada, en su mayoría, mediante el cobro de impuestos, pero en los últimos años estos ingresos han sido insuficientes para cubrir los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Por otro lado, ajustar el tamaño y la provisión de estos servicios a los ingresos que efectivamente recibe el Gobierno, de una manera abrupta y desordenada, resulta impensable pues una parte importante de estos debería ser eliminada. El aumento de dichas funciones, aunado a la insuficiencia de los ingresos corrientes, provocó que el país se endeudara más para cumplir con las obligaciones establecidas por mandatos de índole constitucional o legal que no contaban con fuente de financiamiento.

Esta escasez de recursos generó continuos déficits que se tradujeron en el incremento de la deuda pública, situación que se evidencia del 2008 al 2014 cuando el balance del sector público no financiero pasó de un -0,9% al -4,8% del PIB. En consecuencia, la deuda pública total pasó de un 40% a un 60% del PIB en menos de una década (gráficos 1 y 2).

Fuente: Ministerio de Hacienda

En síntesis, unas finanzas públicas sanas constituyen una plataforma esencial para generar crecimiento económico y prestar servicios de calidad que propicien el desarrollo de los ciudadanos, pero actualmente este escenario dista de la realidad. Para encausar estas finanzas por una senda sostenible, es necesario emprender una serie de reformas estructurales que permitan al Estado asegurar los recursos para cumplir sus funciones y fomentar un clima que fomente la seguridad, las inversiones y el empleo.

Causas estructurales del incremento de la deuda

El tamaño actual de la deuda es el resultado de los crecientes déficits consecutivos que se han presentado en los últimos años. El incremento de la deuda se explica, principalmente, por el desbalance en el Gobierno central, mismo que resultó en un 5,7% del PIB en el 2014, mientras que el del sector público no financiero fue menor (un 4,8%), debido al superávit que presentaron otras entidades pertenecientes al resto del sector público no financiero.

En las condiciones actuales y asumiendo una posición totalmente pasiva, la dinámica creciente del déficit provocaría que la deuda del Gobierno central supere el 60% del PIB en el 2020 y el 70% en el 2022. Esta cifra resulta altamente peligrosa pues se traduciría en un riesgo para la economía y la sociedad en su conjunto pues implicaría que el ajuste fiscal sería mayor, al que se puede hacer actualmente, generando una contracción abrupta del gasto público y con ello una amenaza para la provisión de los servicios que brinda el Estado.
La búsqueda de soluciones para evitar que la deuda pública llegue a niveles altamente peligrosos, para la economía y la sociedad, conlleva a un análisis de las causas estructurales que originaron el problema fiscal actual, tanto por el lado de los ingresos, como el de los gastos.

En la vertiente de los ingresos públicos, es evidente que la estructura del impuesto general sobre las ventas y del impuesto sobre la renta, cuyas leyes de aprobación datan de la década de los años ochenta, responden a un modelo económico muy distinto del actual. La transformación de la estructura productiva, que actualmente descansa sobre servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas, ha hecho que el sistema tributario quede desfasado. En cuanto a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las ganancias de capital y muchas otras manifestaciones de riqueza, escapan a su desfasada noción de renta producto.

Adicionalmente, se estima que la evasión y elusión fiscal superan el 8,22% del PIB (2013) y que las exoneraciones llegan al 5,11%. Es decir, se evade y se exonera más de lo que se recauda.

Desde la óptica o perspectiva del gasto público, uno de los principales detonantes del déficit fiscal ha sido la creación de nuevas obligaciones del Estado, atados a destinos constitucionales o legales, sin que se establezcan nuevas fuentes de ingresos. La creación de destinos específicos limita la asignación de la política presupuestaria pues no es posible asignar los recursos según la disponibilidad de los mismos, sino en acatamiento a la legislación vigente. Esto generó una fuerte rigidez del presupuesto nacional provocando que en la actualidad un 54% del presupuesto se debe destinar a mandatos legales y un 33% se asigna a obligaciones constitucionales.

La creación de obligaciones presupuestarias sin las fuentes de ingresos que los respalden contraviene el espíritu y lógica del artículo 179 de la Constitución Política, de conformidad con el cual no debe aumentar el gasto público, si no existen nuevos ingresos que permitan cubrir dicho incremento.

En esta misma línea hay elementos críticos que dispararon el gasto público entre los años 2008-2011, tales como la creación de nuevas obligaciones sin financiamiento entre ellas: la aprobación de la reforma constitucional que incrementa el presupuesto de educación a un a un 8% del PIB y la aprobación de la política salarial conocida como el percentil 50, que originalmente se aprobó como una medida que se aplicaría a un reducido número de funcionarios públicos clasificados como profesionales, pero que por distintos reclamos y resoluciones judiciales, terminó siendo aplicada a todos los servidores.

Los eventos anteriormente comentados explican la generación de un déficit fiscal consecutivo que durante los últimos seis periodos ha crecido por encima del 4% del PIB, una situación nunca vista en las décadas anteriores. Tampoco se había experimentado la persistencia de un déficit primario por siete años seguidos, pues en el pasado las finanzas arrojaron un superávit.

Como consecuencia del incremento del déficit fiscal, la deuda del Gobierno central ha aumentado pronunciadamente, pasando de un 25% a un 43% del PIB en menos de una década (2008-2015) (Gráfico 3).

Gráfico 3. Gobierno Central: Resultado financiero,
primario y deuda, 1987-2015
Porcentaje del PIB

El análisis del problema fiscal actual concluye que los factores que produjeron el desbalance en las finanzas públicas son de índole estructural, por lo tanto su solución requiere medidas del mismo tipo a fin de que logre llegar a un equilibrio fiscal en el mediano plazo. De igual manera, este análisis muestra que las causas están tanto en el lado de los ingresos como en el de los gastos por lo que las
soluciones también deben venir de ambas vertientes.

Para generar una solución al problema fiscal estructural el Ministerio de Hacienda presentó ante la Asamblea Legislativa una agenda integral para el fortalecimiento de la Hacienda Pública. Esta agenda consta de: i) tres proyectos de ley que pretenden dotar a la Administración Tributaria de potestades y herramientas en la lucha contra el contrabando (Ley N.° 19.407), contra el fraude fiscal (Expediente N.° 19.245) y en el ordenamiento de las exoneraciones (Expediente N.° 19.531); ii) dos proyectos para modernizar los principales impuestos del país (Expedientes N.° 19.678 y 19.679); iii) un proyecto de ley para restablecer el impuesto a las personas jurídicas, algunas de cuyas normas fueron declaradas inconstitucionales por la Sala Constitucional y que por tal razón devino inaplicable (Expediente N.° 19.505), y finalmente, iv) dos proyectos de ley para desacelerar el gasto público mediante la contribución solidaria de las pensiones de lujo pagadas con recursos del presupuesto nacional (Expediente N.° 19.661) y la regulación de los saldos superavitarios en la caja única del Estado (Expediente N.° 19.555).

La agenda hacendaria descrita anteriormente es solo una parte de la fórmula que permitirá conducir las finanzas públicas hasta una senda sostenible. La implementación de todos los proyectos de ley permitirá la disminución del déficit en el corto y mediano plazo, sin embargo no descarta que en el futuro este vuelva a crecer. Por ello, esta agenda debe ser completada por otra pieza jurídica que garantice la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo. La pieza que perfecciona la agenda del fortalecimiento hacendario es el presente Proyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta iniciativa viene a controlar el crecimiento del gasto corriente mediante una regla fiscal, pero también fortalece la sostenibilidad en el mediano y largo plazo mediante una serie de disposiciones de responsabilidad fiscal que evitarán incrementos futuros en el déficit, y por ende en la deuda pública.

Reglas fiscales: Definición, objetivos y tipos

Las reglas fiscales tienen como propósito mantener las finanzas públicas en una senda sostenible, mediante el manejo responsable de los recursos públicos. Según Schaechter et al. (2012)  , una regla fiscal impone una restricción de largo plazo a la política fiscal a través de límites numéricos sobre los agregados presupuestarios. Además, las reglas fiscales buscan contrarrestar los incentivos a incrementar el gasto público, en épocas de bonanza, asegurando la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad de la deuda.

Además de los límites numéricos, las reglas fiscales pueden establecer normas cualitativas de responsabilidad fiscal tales como prohibiciones o limitaciones al financiamiento, aspectos de procedimientos presupuestarios, o políticas relacionadas con la transparencia.
Según Schaechter et al. (2012) hay cuatro principales tipos de regla fiscal que se diferencian por el tipo de agregado que limitan. Cada
una de ellas tiene diferentes propiedades en cuanto a los objetivos, la operatividad y la trasparencia:

• Reglas de deuda: se establecen a partir de un límite de deuda como porcentaje del PIB, lo que hace este tipo de regla más efectiva para lograr la convergencia de la deuda a un límite deseado además de que es muy fácil de comunicar. Sin embargo, entre sus desventajas se puede citar que: las reglas de deuda no constituyen una guía a corto plazo para los hacedores de política, además de que por su definición, como porcentaje del PIB, pueden resultar pro cíclicas cuando la economía experimenta un shock. Por otro lado, las reglas de deuda no proporcionan una orientación de política cuando la deuda está muy por debajo del límite “techo”.

• Reglas de balance presupuestario: limitan directamente la variable que influye en el límite de deuda y les otorgan un mayor control fiscal a los hacedores de política. En este tipo de reglas hay varios subtipos: las de balance total, balance estructural, balance sobre el ciclo. El primer sub tipo tiene la ventaja de que su monitoreo y comunicación es relativamente fácil, sin embargo no tiene elementos de estabilización automática, como los últimos sub tipos. Se aconseja utilizar este tipo de reglas, de ajuste cíclico, en países cuya economía tiene una alta variabilidad, por ejemplo aquellos que dependen de materias primas.

• Reglas de gasto: establecen límites al gasto primario, corriente o total. Estos límites pueden ser en términos absolutos, porcentajes de crecimiento y ocasionalmente, como porcentaje del PIB con un horizonte de tiempo de tres o cinco años. Este tipo de regla no está relacionada directamente con la deuda, pues no pone límites a los ingresos. Sin embargo, pueden ser una herramienta para operativizar la consolidación fiscal y la sostenibilidad cuando se acompañan con reglas de deuda o de balance presupuestario. Las reglas de gasto tienen la ventaja de que continúan restringiendo el gasto, aún en épocas de auge, cuando aumentan los ingresos extraordinarios temporalmente. Asimismo, en tiempos de shocks adversos, las normas de gasto no restringen la función de estabilización económica de la política fiscal, ya que no requieren ajustes a reducciones cíclicas o discrecionales de los ingresos fiscales. Según Cortes et al. (2015) , este tipo de propiedades anti cíclicas de las reglas de gasto, las hacen atractivas para aquellas economías en donde estimaciones del balance estructural son difíciles de obtener debido a que el ciclo económico no está bien definido (por ejemplo, las economías en desarrollo o en transición y economías pequeñas y abiertas desarrolladas).

• Reglas de ingresos: fijan techos o suelos en los ingresos y están dirigidas a impulsar la recaudación de impuestos y / o prevenir una excesiva carga fiscal. La mayoría de estas reglas no están directamente relacionados con el control de la deuda pública, ya que no limitan el gasto. El establecimiento de techos o suelos sobre los ingresos puede ser un reto ya que los ingresos tal vez tienen un gran componente cíclico.

Según el Banco Mundial (2011)  la selección del tipo de regla fiscal dependerá necesariamente de los objetivos que pretenda lograr el Gobierno. De acuerdo con Perry (2002), citado por Banco Mundial (2011), hay una dicotomía de objetivos entre los que buscan evitar el saldo deficitario y los que persiguen reducir el sesgo pro cíclico. Una regla fiscal que evite el déficit e ignore los efectos de un shock potencial sobre la economía puede acentuar los sesgos procíclicos de la política fiscal. Por otro lado, una regla fiscal que promueva la política fiscal contra cíclica, pero no esté diseñada para lograr la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo tampoco es viable, ni creíble (Banco Mundial, 2011).

La selección de los distintos criterios se resumen en la figura 1. Las reglas fiscales de límite de deuda y balance presupuestario favorecen la sostenibilidad de la deuda y la simplicidad/transparencia, sin embargo pueden resultar más pro cíclicas. Por otro lado, las reglas de límite de crecimiento del gasto favorecen la simplicidad/transparencia, son contra cíclicas y se recomiendan para países que buscan reducir el tamaño del sector público. Las reglas de balance sobre el ciclo favorecen la sostenibilidad y son altamente contracíciclas, pero son complejas de monitorear y comunicar.

Debido a las ventajas y desventajas de cada tipo de regla fiscal, muchos países optan por combinar varias de estas reglas según sus objetivos. Según el FMI (2009)  , la combinación de una regla de deuda con una regla de gasto impulsará la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que orientará a las autoridades fiscales en las políticas de corto y mediano plazo, favoreciendo la contra-ciclicidad y manteniendo el tamaño del Estado dentro de los límites establecidos por el Gobierno.

Reglas fiscales en Costa Rica

La legislación costarricense cuenta con varias reglas fiscales que no se han cumplido a cabalidad. Dos de ellas están en la Constitución Política en los artículos 176 y 179:

Artículo 176.- El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados, de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables.

Las municipalidades y las instituciones autónomas observarán las reglas anteriores para dictar sus presupuestos. …”

Artículo 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos.
También en la, Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, Ley N.° 8131, de 16 de octubre de 2001, se establecen reglas en cuanto al origen del financiamiento de los gastos corrientes y el financiamiento de nuevas leyes que impacten el presupuesto nacional:

Artículo 6.- Financiamiento de gastos corrientes. Para los efectos de una adecuada gestión financiera, no podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.

Artículo 44.- Financiamiento de nuevos gastos. Toda ley ordinaria que tenga efectos en el presupuesto nacional deberá indicar,
explícitamente, de qué manera se efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. En consecuencia, de acuerdo con el marco jurídico vigente, deberán realizarse los movimientos presupuestarios correspondientes.

En virtud de lo que establecen los artículos citados anteriormente, este proyecto propone una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto corriente y una serie de disposiciones en materia de responsabilidad fiscal, para operativizar el espíritu de lo que se establece en la Carta Magna y en la ley reguladora de las finanzas públicas.

Descripción de la regla fiscal para Costa Rica

El presente proyecto de ley propone una regla fiscal que limita el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del Gobierno central-PIB. Se utiliza este parámetro por cuanto la deuda del Gobierno central, a través de los años, se ha originado principalmente por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes. Esta situación ha provocado que el Gobierno tenga que emitir deuda para cubrir dicha brecha. Se considera importante excluir la deuda del resto del sector público no financiero por cuanto la misma responde, en su mayoría, a inversión. Lo anterior con el fin de no limitar el crecimiento económico.

Sin desmeritar lo antes expuesto, la aplicación de la regla fiscal abarca todo el sector público no financiero, con ciertas excepciones, por cuanto dentro de este sector existen entidades que podrían convertirse, eventualmente, en riesgos fiscales para el Gobierno central y por ello es conveniente controlar el crecimiento del gasto corriente de las entidades que lo integran.

La regla fiscal está diseñada para que a medida que la deuda/PIB aumenta, la restricción de crecimiento del gasto corriente sea mayor. Por el contrario, a un nivel de deuda considerado como sostenible en el mediano y largo plazo, el gasto corriente podrá crecer al mismo ritmo de crecimiento del PIB.

El diseño de la regla fiscal ha procurado respetar una serie de principios que se explican a continuación:

a) Sostenibilidad fiscal en el mediano plazo pues es una regla de gasto, que a su vez tiene como objetivo estabilizar e ir reduciendo paulatinamente el saldo de la deuda pública.

b) Gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto corriente que en la práctica serían difícilmente aplicables.

c) Credibilidad de la propuesta pues se requiere de la disciplina fiscal de todos los actores que administran fondos públicos para que la regla fiscal sea exitosa.

d) Prioridad del crecimiento económico y la inversión pública, pues regula el crecimiento del gasto corriente y únicamente incluye inversión en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario no se limita el crecimiento del gasto de capital.

e) Integralidad de la propuesta pues el control del déficit, únicamente por la vía del gasto resulta insuficiente, se requiere la aprobación de todos los proyectos del fortalecimiento hacendario que están pendientes en la Asamblea Legislativa para que la deuda pueda reducirse con mayor rapidez.

Ámbito de aplicación

Esta ley se aplicará a todos los entes y órganos que conforman el sector público no financiero. Se exceptúan los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y las empresas públicas en competencia pero solo en lo relativo a dicha actividad, por estar sujetos a otro tipo de supervisión financiera.

La excepción en lo atinente a las empresas públicas se dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al 50%.

Disposiciones de responsabilidad fiscal

En aras de atender con lo establecido en el artículo 179 de la Constitución Política y en el 6 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.° 8131, de 16 de octubre de 2001, el presente cuerpo legal contiene una norma que establece que la presentación de nuevas iniciativas legislativas que impliquen la creación de nuevas funciones, competencias, órganos u obligaciones a cargo de entes u órganos del sector público, deberán contar y señalar las nuevas fuentes de financiamiento que cubran las nuevas necesidades de recursos.

Aunado a lo anterior, el presente proyecto propone que todo nuevo proyecto de ley se presente junto con un plan que garantice la sostenibilidad financiera en el largo plazo de las nuevas medidas, políticas o instituciones que se pretendan establecer, así como que dicho plan deberá ser conocido por el Ministerio de Hacienda, a fin de que este último vigile el sano equilibrio de las finanzas públicas.

Tanto el plan como el dictamen que sobre el mismo emita el Ministerio de Hacienda, deberán ser acreditados por la Asamblea Legislativa. Atender este requerimiento evitará que en un futuro se vuelvan a generar altos niveles de endeudamiento como los que enfrenta el país actualmente.

Otra de las disposiciones de la responsabilidad fiscal es la introducción de una norma de gasto tributario, que establece la obligación de que toda nueva solicitud de exoneraciones incluya un plan que demuestre su sostenibilidad financiera, así como las medidas compensatorias que se adoptarán para equilibrar y compensar los ingresos que dejarán de percibirse con ocasión de la aprobación de la exención. Estas pueden ser nuevos impuestos o la reducción del gasto existente. Además se introduce la evaluación periódica, cada cinco años, de los beneficios económicos, sociales o de otro tipo, generados por las exoneraciones, pretendiendo así que las exoneraciones, salvo las fundadas en el principio de capacidad económica (por insuficiencia de capacidad económica), no tengan un carácter permanente.

Cláusulas de escape

En casos extremos de recesión económica o emergencia nacional (entendida en los términos de lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias, Ley N.° 8488, de 6 de enero de 2016), y cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al 0,3% del PIB, hay cláusulas de suspensión temporal de la aplicación de la regla fiscal, según lo establecido en este cuerpo legal.

Monitoreo, vigilancia y cumplimiento

Debido a la alta fragmentación del presupuesto público se dificulta establecer una sola dependencia responsable del cumplimiento de la regla fiscal. Por ello, se establecen una serie de disposiciones que tanto el Ministerio de Hacienda, como la Contraloría General de la República deberán tomar en consideración para cumplir con lo dispuesto en esta ley.

Al respecto, la Dirección General de Presupuesto Nacional vigilará el cumplimiento de la regla fiscal en la formulación del presupuesto ordinario, extraordinario y en las modificaciones presupuestarias de los órganos que conforman el Gobierno central.

La Contraloría General de la República vigilará el cumplimiento de la regla fiscal en aquellas entidades que están incluidas en el sector público no financiero, y cuyo presupuesto debe ser aprobado por este ente contralor. Para ello, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria emitirá una certificación que indique el cumplimiento de la regla fiscal en los presupuestos ordinarios y extraordinarios y las modificaciones presupuestarias a la regla fiscal. Esta certificación será un requisito a incluir dentro de la revisión del marco de legalidad que realiza la Contraloría General de la República. Para que la Secretaría pueda emitir dicha certificación, las entidades deberán remitirle copia de todos los presupuestos ordinarios, extraordinarios y las modificaciones presupuestarias.

Se realizará un monitoreo trimestral de la ejecución del presupuesto a fin de que se puedan prever eventuales desvíos en el cumplimiento de la regla fiscal. El monitoreo estará a cargo de la Dirección General de Presupuesto Nacional, en el caso de los órganos que conforman el Gobierno central, y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en el caso del resto de entidades que están incluidas en el sector público no financiero.

Después de la liquidación del presupuesto, se realizará la verificación del cumplimiento de la regla fiscal del ejercicio económico anterior. Para ello tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional, como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria elaborarán, cada una, un informe final del cumplimiento de la regla fiscal de las entidades a su cargo. Dicho informe será remitido a la Contraloría General de la República, la cual comunicará a la Asamblea Legislativa el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal de las entidades que conforman el sector público no financiero, mediante el informe anual de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.
Sanciones por incumplimiento

Un incumplimiento de la regla fiscal, o de su control, se considera una falta grave para la Hacienda Pública. La misma se sancionará según lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, de 7 de setiembre de 1994.

Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley, Ley de Responsabilidad Fiscal de la República.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS

ARTÍCULO 1.- Objeto

Establecer reglas de gestión de las finanzas públicas, con el fin de lograr que la política presupuestaria garantice la sostenibilidad fiscal.

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación

La regla fiscal será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público no financiero.

ARTÍCULO 3.- Excepciones
Quedan exentas del ámbito de cobertura de la presente ley, las siguientes instituciones:

a) La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) únicamente en lo que se refiere a los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra dicha institución.
b) Toda empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad. Esta norma dejará de aplicar cuando la empresa solicite un rescate financiero al Poder Ejecutivo o cuando su coeficiente deuda sobre activos sea superior al cincuenta por ciento (50%).

ARTÍCULO 4.- Avales estatales
Los entes y órganos del sector público no financiero que se encuentran dentro del ámbito de esta ley, conforme a lo normado en el artículo 2, podrán adquirir nuevas obligaciones con garantía o aval del Estado en tanto cumplan con la regla fiscal que establece la presente ley.
En caso de que se declare su estado de incumplimiento de la regla fiscal, las nuevas obligaciones que contraigan no podrán contar con la garantía o aval del Estado.


ARTÍCULO 5.- Definiciones Para efectos de aplicación de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones:
a) Gasto Tributario
Nivel de ingresos que el Gobierno deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general, en legislación tributaria nacional y que tiene como fin beneficiar o promover a determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de contribuyentes. Por lo general se traduce en el otorgamiento de “exenciones o deducciones tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos.

b) Marco fiscal de mediano plazo
El marco fiscal de mediano plazo es un instrumento de planificación que vincula los objetivos y prioridades nacionales a la formulación del presupuesto plurianual. El marco se utiliza como una referencia para proyectar los gastos y las necesidades de financiamiento que solventarán los compromisos nacionales, en un contexto de corto y mediano plazo.

c) Recesión económica Caída del PIB real, declarada por el Banco Central de Costa Rica.

d) Responsabilidad fiscal

Conducta de los tomadores de decisiones en materia de Hacienda Pública, que propicia la asignación y ejecución del presupuesto público conforme a los principios de equilibrio, economía, eficacia, eficiencia, transparencia y demás principios presupuestarios de rango constitucional y legal.

e) Promedio de crecimiento del PIB

El promedio de crecimiento del PIB se refiere al promedio del crecimiento interanual del PIB real de los cuatro años previos al año en que se formula el presupuesto.

TÍTULO II
DISPOSICIONES ATINENTES A LA REGLA FISCAL

ARTÍCULO 6.- Definición de la regla fiscal

Límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto a una proporción del promedio del crecimiento del PIB real y a la relación de deuda del Gobierno central a PIB.

ARTÍCULO 7.- Estimación de la regla fiscal

La estimación del crecimiento del gasto corriente estará determinada por dos variables:

a) El nivel de deuda del Gobierno central como porcentaje del PIB.
b) El crecimiento promedio del PIB real para los últimos cuatro años anteriores al año de formulación del presupuesto nacional.

De esta forma, el crecimiento del gasto corriente es el resultado de multiplicar el promedio del PIB real por un porcentaje que es definido por el nivel de deuda del Gobierno central, según los rangos descritos a continuación.

Rangos de deuda que deben considerarse para determinar el crecimiento del gasto corriente
El gasto corriente de cada uno de los sectores del sector público no financiero crecerá según los siguientes parámetros de deuda del Gobierno central:

a) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario anterior al año de aplicación de la regla fiscal, no supere el treinta por ciento (30%) del PIB, o la relación gasto corriente-PIB del Gobierno central sea del diecisiete por ciento (17%), el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el promedio del crecimiento del PIB real.

b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al treinta por ciento (30%) del PIB, pero inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el ochenta y cinco por ciento (85%) del promedio del crecimiento del PIB real.

c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al cuarenta y cinco por ciento (45%) del PIB, pero inferior al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el setenta y cinco por ciento (75%) del promedio del crecimiento del PIB real.

d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio del crecimiento del PIB real.

ARTÍCULO 8.- Períodos de crecimiento económico extraordinario

Cuando el crecimiento del PIB real supere el seis por ciento (6%), durante dos años consecutivos, el Ministerio de Hacienda podrá decidir el parámetro de límite al crecimiento del gasto corriente, mismo que no podrá superar el ochenta y cinco por ciento (85%).

ARTÍCULO 9.- Medidas extraordinarias

En el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d) del artículo 7 de la presente ley, se adoptarán las siguientes medidas extraordinarias:

a) No se ajustarán por ningún concepto las pensiones.
b) El Gobierno central no suscribirá préstamos o créditos, salvo aquellos que sean un paliativo para la deuda pública.
c) El aumento de gastos totales de cada una de las entidades descentralizadas no podrá superar el crecimiento de gastos totales en la Administración central.
d) No se realizarán incrementos por costo de vida en el salario base, asimismo los demás incentivos salariales no serán objeto de reconocimiento patrimonial durante esta situación ni de manera retroactiva, salvo para lo relacionado con el cálculo para determinar tanto las prestaciones legales o jubilaciones, como la antigüedad del funcionario.
e) El Poder Ejecutivo no podrá efectuar rescates financieros, otorgar subsidios de ningún tipo, así como realizar cualquier otro movimiento que implique una erogación de recursos públicos, a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de los mismos.

ARTÍCULO 10.- Plazo de aplicación de la regla fiscal

Una vez determinada la aplicación de una regla, no podrá aplicarse otra menos rigurosa antes de que transcurran al menos cinco años, de manera que la revisión anual de la regla solo permitirá la eventual aplicación de una más severa.

ARTÍCULO 11.- Publicación del escenario regla fiscal
El Ministerio de Hacienda comunicará la tasa de crecimiento del gasto corriente resultante del cálculo de la regla fiscal, tomando las cifras oficiales de deuda y del PIB promedio. Esta tasa se comunicará de manera conjunta con las directrices presupuestarias y se aplicará en la formulación del presupuesto del año siguiente.
En caso de que el Ministerio de Hacienda no comunique la tasa de crecimiento del gasto corriente, se asumirá que la correspondiente tasa aplicable al ejercicio presupuestario será la regla del escenario vigente.

TÍTULO III
DISPOSICIONES DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ARTÍCULO 12.- Consideraciones de los futuros compromisos del Estado

Todo proyecto de ley que presente el Poder Ejecutivo, los diputados, o los ciudadanos por iniciativa popular, que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la Administración Pública, deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo con pleno apego a lo que establece el artículo 179 de la Constitución Política. Para tal efecto deberán señalarse las nuevas fuentes de financiamiento o recortes de gasto, acorde con lo dispuesto en este artículo.
Cuando la Asamblea Legislativa confiera audiencia al ministro de Hacienda, en torno al proyecto de ley, este deberá ser acompañado de su plan de financiamiento para que el Ministerio se pronuncie al respecto.

Toda norma de creación de nuevas entidades u órganos, o de asignación de nuevas competencias, servicios o funciones, a las entidades y órganos ya existentes, deberá considerar los límites presupuestarios de gasto que instaura la regla fiscal que establece la presente ley, y en función de tales límites deberá valorarse la calidad, continuidad y eficiencia del servicio prestado.

La presupuestación y giro del nuevo gasto, atendiendo el ciclo presupuestario, se hará en el siguiente ejercicio, luego de la aprobación de la nueva fuente de ingreso, salvo disposición legal en contrario que disponga una fecha de vigencia mayor, a lo aquí señalada.

ARTÍCULO 13.- Aprobación de gasto tributario
Para aprobar cualquier nueva exoneración que no responda al principio de capacidad económica o para aprobar otros incentivos fiscales distintos a exoneraciones, el respectivo proyecto de ley deberá ir acompañado, para iniciar su trámite legislativo, de lo siguiente:

a) Estudio que establezca y cuantifique los beneficios económicos, sociales o de otro tipo, que generará la exoneración.

b) Propuesta de adopción de medidas compensatorias para aumentar los ingresos públicos o recortar el gasto público en una proporción
igual al de la exoneración o beneficio fiscal que se proponen.

c) Plazo máximo de vigencia de la exoneración.

Todas las exoneraciones objetivas o subjetivas, quedarán sujetas a revisión cada cinco años para efectos de evaluar la conveniencia de la continuidad de la misma. La evaluación estará a cargo de la Dirección General de Hacienda, con excepción de aquellas exoneraciones que se otorguen por un ente recomendador, en cuyo caso la evaluación se realizará en forma conjunta. En el supuesto de que el estudio, conforme a los parámetros que reglamentariamente se defina para tal efecto, determine que la exoneración no está cumpliendo su objetivo, o no cumple con algunos de los requisitos que fundamentaron su creación, la Dirección General de Hacienda podrá suspender su otorgamiento hasta tanto no se demuestre por parte de los beneficiarios el cumplimiento de los fines.

ARTÍCULO 14.- Destinos específicos

Si la deuda del Gobierno central supera el cincuenta por ciento (50%) del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos sanos y suficientes del Gobierno y de las entidades beneficiarias.

ARTÍCULO 15.- Cláusulas de escape

La aplicación de la regla fiscal establecida por la presente ley se suspenderá en los siguientes casos:
a) En caso de que se declare estado de emergencia nacional, entendido en los términos de lo dispuesto en la Ley Nacional de Emergencias, Ley N.° 8488, de 11 de enero de 2006 y cuya atención implique un erogación de gasto corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) del PIB. En el caso la suspensión de la aplicación de la regla fiscal no podrá exceder de dos ejercicios presupuestarios.

En caso de declaratoria de emergencia el Poder Ejecutivo comunicará a la Asamblea Legislativa los límites numéricos máximos de egresos corrientes que se aplicarán durante el período de emergencia, en lugar de los establecidos en los incisos a), b), c) y d) del artículo 7 de la presente ley, o las medidas de contención del gasto.
b) En caso de que la economía atraviese por una recesión económica o se tengan proyecciones de crecimiento económico inferiores al uno por ciento (1%). La declaratoria la hará el ministro de Hacienda y el presidente de la República, previo informe rendido por el Banco Central de Costa Rica. Esta excepción se podrá mantener vigente hasta por un período máximo de dos años consecutivos, en aquellos casos en que persista una situación económica en la que el PIB real se mantenga por debajo del nivel anterior al del PIB real que motivó la excepción.

En los casos en que la aplicación de la regla fiscal se haya suspendido por las causales señaladas en los incisos a) y b) del presente artículo, se restituirá la aplicación de la misma una vez expirado el plazo de suspensión. La restitución se operará de manera gradual, durante un plazo de tres años, de manera que cada año se reduzca en un tercio la brecha entre los mayores egresos corrientes autorizados por la respectiva situación excepcional, hasta llegar al pleno cumplimiento de la regla fiscal. El Ministerio de Hacienda comunicará el ajuste que deberá aplicarse de cada uno de los años de la gradualidad.

ARTÍCULO 16.- Destino de los superávit libres generados por la aplicación de la regla

En caso de que las entidades públicas que tengan pasivos, generen un superávit libre al final del ejercicio presupuestario, el mismo se destinará a amortizar su propia deuda. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias del presupuesto nacional como consecuencia de la aplicación de la regla fiscal, tal superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que se generó dicho superávit, para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión pública.

ARTÍCULO 17.- Marco fiscal a mediano plazo
El Ministerio de Hacienda elaborará y publicará cada año, en la fecha que se establecerá reglamentariamente, un marco fiscal de mediano plazo (MFMP) que incluirá las proyecciones de los principales agregados fiscales de los cuatro años siguientes.

TÍTULO IV
CUMPLIMIENTO DE LA REGLA FISCAL

ARTÍCULO 18.- Cumplimiento de la regla fiscal durante las etapas de formulación y presupuestación

El Ministerio de Hacienda realizará la asignación presupuestaria de los títulos presupuestarios que conforman el Gobierno central con pleno apego a lo dispuesto en el artículo 7 de la presente ley.

La Dirección General de Presupuesto Nacional verificará que las modificaciones presupuestarias y presupuestos extraordinarios cumplan con lo establecido en el artículo 7 de la presente ley. En caso de que dichas modificaciones impliquen el incumplimiento de la regla, esta Dirección informará al ministro de Hacienda quien decidirá la forma en que debe realizarse el ajuste para cumplir con lo establecido por el artículo 7 de la presente ley.

En el caso de las transferencias a órganos desconcentrados, el Ministerio de Hacienda decidirá, mediante criterios de oportunidad y conveniencia y siguiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, el monto a presupuestar a estos órganos.

El resto de entidades del sector público no financiero deberán elaborar su presupuesto ordinario, extraordinario y modificaciones presupuestarias con pleno apego a lo establecido en el artículo 7 de la presente ley. La verificación del cumplimiento de esta norma estará a cargo de la Contraloría General de la República, la cual considerará, para efectos de la revisión del bloque de legalidad que efectúa, la certificación que emitirá la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria sobre el cumplimiento de la regla fiscal. En caso de que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria certifique un incumplimiento de la regla fiscal por parte de entidades del sector público no financiero, la Contraloría General de la República valorará esa certificación y resolverá lo que corresponda.
Para atender lo dispuesto en esta norma, las entidades del artículo 2 de esta ley cuyo presupuesto sea de aprobación por parte de la Contraloría General de la República, deberán presentar copia de sus presupuestos ordinarios, extraordinarios y modificaciones presupuestarias a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria verificará que las modificaciones presupuestarias y los presupuestos extraordinarios de las entidades del resto del sector público no financiero cumplan con lo establecido en el artículo 7 de la presente ley.

De presentar situaciones que podrían llevar al incumplimiento de la regla la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria deberá
informar a la Contraloría General de la República para lo correspondiente. Asimismo, las entidades del sector público no financiero remitirán copia de sus ejecuciones trimestrales y su liquidación presupuestaria a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

ARTÍCULO 19.- Monitoreo trimestral durante la ejecución del presupuesto

Tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional, como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria realizarán y presentarán al ministro de Hacienda informes trimestrales sobre la evolución del gasto corriente. El Ministerio de Hacienda publicará trimestralmente, en medio electrónico, la información de la ejecución de los ingresos, gastos y financiamiento del sector público no financiero.

ARTÍCULO 20. Verificación del cumplimiento de la regla fiscal
A partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas, tanto la Dirección General de Presupuesto Nacional, como la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, elaborarán un informe final del cumplimiento del artículo 7 de esta ley y lo remitirán a la Contraloría General de la República, con copia al presidente de la República. Estos informes se publicarán en la página web del Ministerio de Hacienda.

Durante el mes de mayo de cada año, la Contraloría General de la República remitirá informe a la Asamblea Legislativa sobre el cumplimiento o incumplimiento de la regla fiscal durante el ejercicio presupuestario precedente, por parte de cada una de las entidades del sector público no financiero. Dicho informe será remitido conjuntamente con el informe anual de liquidación del presupuesto del ejercicio anterior. Tal informe deberá ser divulgado y publicado por la Contraloría General de la República en su página web, a más tardar en el mes de mayo de cada año.

TÍTULO V
SANCIONES

ARTÍCULO 21.- Sanciones
El incumplimiento injustificado de la regla fiscal y del control de la misma, constituye una falta grave contra la Hacienda Pública, y serán sancionadas según lo indicado en el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N.° 7428, de 7 de setiembre de 1994.

Le corresponde a la Asamblea Legislativa proceder contra el contralor y subcontralor general de la República que incumplan con su deber de controlar debidamente el cumplimiento de la regla fiscal, en los términos que establece el artículo 43 de su Ley Orgánica.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 22.- Todos los entes y órganos del sector público no financiero, deberán adoptar y aplicar las normas internacionales de contabilidad para el sector público en un plazo máximo de tres años. La Contabilidad Nacional vigilará el cumplimiento de esta norma

ARTÍCULO 23.- El Ministerio de Hacienda efectuará un monitoreo y valoración periódica de las contingencias fiscales que puedan incidir negativamente en la situación fiscal del país, y para tal efecto deberá identificar, valorar y evaluar los riesgos fiscales que puedan surgir durante los cuatro (4) años siguientes a la valoración. Con posterioridad a la realización de tal monitoreo y valoración periódica, el Ministerio publicará un informe de dichos riesgos, incluyendo los planes de mitigación de los mismos.

TRANSITORIO I.- El Poder Ejecutivo emitirá en un plazo no mayor a seis meses, las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para la aplicación de la presente ley. La presente ley regirá a partir del ejercicio económico presupuestario siguiente a su aprobación.

TRANSITORIO II.- En caso de que la presente ley se aprobara cuando el presupuesto ordinario del siguiente ejercicio presupuestario del Gobierno Central y de las entidades que conforman el sector público no financiero estuviese aprobado, el gasto corriente de dicho período presupuestario crecerá según el parámetro de proporción de crecimiento del gasto corriente, que aplique según el nivel de deuda/PIB vigente, hasta un máximo de 20 puntos porcentuales adicionales. Los ajustes correspondientes se realizarán mediante un presupuesto extraordinario. Esta norma aplicará por única vez en el primer año de aplicación de la regla fiscal.

TRANSITORIO III.- En relación con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9 de la presente ley, en aquellos casos, en los que al momento de tener que aplicar las medidas extraordinarias, la negociación del préstamo o crédito ya se encuentre prácticamente concluida en su etapa final, estando pendiente únicamente la firma del instrumento jurídico, se podrá continuar con la suscripción del mismo.

Rige a partir de su publicación

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.
Luis Guillermo Solís Rivera PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Helio Fallas Venegas MINISTRO DE HACIENDA
10 de mayo de 2016 NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios.

PUBLICADO EL 3 0DE JUNIO DEL 2016

Proyecto de Ley Nº 19.488. Reforma a la ley de Regulación y Comercialización De Bebidas alcohólicas

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY N.° 9047, LEY DE REGULACIÓN
Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO
ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 10 de la Ley N.° 9047, Ley de
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, de 25
de junio de 2012. El texto dirá:

“Artículo 10.- Los sujetos pasivos que tengan licencia para el
expendio de bebidas con contenido alcohólico deberán realizar
trimestralmente a la municipalidad respectiva el pago anticipado de
este derecho, que se establecerá según el tipo de licencia que le fue
otorgado a cada establecimiento comercial conforme a su actividad
principal.

El hecho generador del derecho trimestral lo constituye el
otorgamiento de la licencia de expendio de bebidas con contenido
alcohólico por cada municipalidad.


Los parámetros para determinar la potencialidad del negocio serán:

a) El personal empleado por la empresa.

b) El valor de las ventas anuales netas del último período fiscal.

c) El valor de los activos totales netos del último período fiscal, con los cuales se aplicará la siguiente fórmula:

P=[ (0,6 x pe/NTcs) + (0,3 x van/VNcs) + (0,1 x ate/Atcs)] x 100

Donde:

P: puntaje obtenido por el negocio.

pe: personal promedio empleado por el negocio durante el último período fiscal.

NTcs: parámetro de referencia para el número de trabajadores de los sectores de comercio y servicios.

van: valor de las ventas anuales netas del negocio en el último período fiscal.

VNcs: parámetro monetario de referencia para las ventas netas de los sectores de comercio y servicios.

ate: valor de los activos totales netos de la empresa en el último período fiscal.

ATcs: parámetro monetario de referencia para los activos netos de los sectores de comercio y servicios.

Para el caso del ATcs, no podrá tener un valor menor de diez millones de colones.

Los valores NTcs, VNcs y ATcs serán actualizados según lo hace anualmente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, por
medio de Digepyme, de conformidad con lo señalado en la Ley N.° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas, de 2 de mayo de 2002.


* Para los sujetos pasivos de la categoría de bar (B1), la fracción a
pagar para los clasificados en la subcategoría 1 es de 1/4 para los
sujetos pasivos ubicados en el distrito primero del respectivo cantón,
y 1/8 para los sujetos pasivos ubicados en los distritos restantes del
respectivo cantón.
** Para los sujetos pasivos de la categoría de restaurante (C) la
fracción a pagar para los sujetos pasivos clasificados en la
subcategoría 1 es de 1/4 para los sujetos pasivos ubicados en el
distrito primero del respectivo cantón, y de 1/8 para los sujetos
pasivos ubicados en los distritos restantes del respectivo cantón.
***Los sujetos pasivos categorizados como “Hospedaje

< 15 (E1a)" y
"Hospedaje >

15 (E1b)”, de cualquier subcategoría, ubicados en
distritos distintos al distrito primero del respectivo cantón, pagarán
3/4 de la tarifa establecida en la tabla anterior.
Esta tabla mantiene la clasificación de licencias establecida en el
artículo 4 de esta ley.
ALCANCE DIGITAL N° 85.—Viernes 27 de mayo del 2016
Expediente N.°19488 4
La fracción indicada en la tabla anterior para cada subcategoría
corresponde a la proporción del salario base establecido en el
artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.
La licencia referida en el artículo 3 podrá suspenderse por falta de
pago, o bien, por incumplimiento de los requisitos y las prohibiciones
establecidos por esta ley y su reglamento, que regulan el desarrollo
de la actividad.
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto a una
multa de entre un uno por ciento (1%) hasta un máximo de veinte por
ciento (20%) sobre el monto no pagado.
El pago extemporáneo de los derechos trimestrales está sujeto al
pago de intereses.
Los negocios que se estén iniciando en la comercialización de
bebidas con contenido alcohólico y todavía no hayan declarado en el
último período fiscal pagarán los patentados el monto establecido en
la categoría correspondiente y el rubro establecido en la
subcategoría 1, establecida en el artículo 10 de esta ley.
A la entrada en vigencia de esta ley, por única vez y por el plazo
improrrogable de un año, se autoriza a las municipalidades y a los
consejos municipales de distrito para que condonen las deudas
acumuladas entre junio de 2012 y la entrada en vigencia de esta ley,
por concepto del pago de patentes de licores, con sustento en la
autonomía municipal administrativa y tributaria.”
TRANSITORIO I.- Las patentes sin explotación comercial otorgadas al amparo
de la Ley N.º 10, Ley sobre la Venta de Licores, de 7 de octubre de 1936, tendrán
un plazo único de seis meses, contado a partir de la presente reforma, para
colocar dichas patentes o renunciarlas sin pago alguno ante la municipalidad
respectiva.
TRANSITORIO II.- La aplicación del pago de los derechos establecidos para las
diferentes categorías de licencias, según la tabla contenida en el artículo 10,
reformado por el artículo 1 de esta ley, se aplicará a partir del trimestre siguiente a
la entrada en vigencia de la presente ley.
Rige a partir de su publicación.
Nota: este proyecto de ley se encuentra en discusión en el Plenario Legislativo, el
cual puede ser consultado en el Departamento Secretaría del Directorio.
1 vez.—Solicitud N° 55048.—O. C. N° 26002.—(IN2016032999)
Con sustento en la anterior fórmula, las licencias se clasificarán en
las siguientes subcategorías de acuerdo con el puntaje obtenido:
Subcategoría 1. puntaje obtenido menor o igual a 10
Subcategoría 2. puntaje obtenido mayor de 10 y menor o igual a 35
Subcategoría 3. puntaje obtenido mayor de 35, pero menor o igual a
100

Subcategoría 4. puntaje obtenido mayor de 100
La tarifa a cobrar, en razón del otorgamiento de la patente municipal,
para las diferentes categorías y subcategorías, se establece
conforme a la siguiente tabla:

Proyecto 19.818.IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS

IMPUESTO A LAS PERSONAS JURIDICAS

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA

EXPEDIENTE Nº 19.818

ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Los Legisladores que suscriben, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, rendimos formal Dictamen Afirmativo de Mayoría sobre el
expediente 19.818.

1. SOBRE EL PROYECTO DE LEY

El expediente N° 19818 “Impuesto a las Personas Jurídicas”, tiene como objetivo subsanar el error cometido en el trámite de la Ley N° 9024 Ley de Creación del
Impuesto a Personas Jurídicas”, al ser declarado inconstitucional por la infracción al artículo 190 de la Constitución Política de la República relativo a la obligatoriedad de la
consulta a las instituciones autónomas.

Este proyecto a su vez impone una tasa diferenciada con respecto a la anterior legislación. De forma tal que se toma de referencia los ingresos declarados por la
sociedad durante el periodo fiscal ante la administración tributaria. En este sentido, anualmente se pagará una tarifa como se indica:

a) Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional pero no sean declarantes ni contribuyentes en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

b) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, menor a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

c) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a
doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de
la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

d) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, equivalente a doscientos ochenta salarios base o más,
pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

Por recomendación tanto del Ministerio de Hacienda como del Registro Nacional, este impuesto será recaudado y administrado por la Dirección General de Tributación. Así
mismo, se exonera del pago del tributo a las sociedades que se encuentren inscritas como PYMES en el registro del MEIC y como pequeños y medianos agricultores en el
registro del MAG.

Por otra parte, el destino de los ingresos que se pretenden percibir producto de este impuesto, serán invertidos de la forma en que se indica:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

En el caso del no pago del impuesto por tres períodos consecutivos, procederá entonces la disolución de la sociedad mercantil, empresa individual de responsabilidad
limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante. Le corresponde a la Dirección General de Tributación enviar al Registro Nacional un informe que contenga
el detalle de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante, que no paguen el
impuesto por tres períodos consecutivos, para que el Registro Nacional envíe el aviso de disolución al diario oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 de la Ley
N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, así mismo, procederá a la cancelación de la inscripción y anotación de bienes.

Los costos en que incurra el Registro Nacional por concepto de la publicación de avisos de disolución de sociedades en el diario oficial, será presupuestado por el Ministerio de
Hacienda quien deberá transferir recursos al Registro Nacional para tales efectos.

En caso de operar la disolución de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera, y la respectiva
cancelación del asiento registral, el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, se encuentra facultado para continuar los procedimientos
cobratorios o establecer los mismos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.

2. Antecedentes legislativos  El proyecto de ley fue publicado en La Gaceta N° 25, del 5 de febrero del 2016.
 Recibido para estudio en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 8 de febrero de 2016.
 Se asignó a estudio por parte de una subcomisión integrada por los diputados Jorge Rodríguez Araya., Henry Mora Jiménez y Olivier Jiménez Rojas quien la
coordina.
 Con fecha del 1 de Marzo del 2016, la subcomisión rindió informe unánime afirmativo. El mismo fue aprobado en la sesión N° 79 del 1 de Marzo del 2016.


Dicho informe presentó una moción de texto sustitutivo la cual fue votada afirmativamente en esa misma sesión.
 El nuevo texto sustitutivo fue consultado vía moción de orden al Registro Nacional y al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

3. CONSULTAS RECIBIDAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO.
Indica el MEIC que esta institución administra la plataforma del Sistema Empresarial

Costarricense (SIEC) para el fortalecimiento de las PYMES, donde se encuentra el registro de estas organizaciones a nivel nacional.

Se refieren a la exoneración prevista en el proyecto de ley para las sociedades que se encuentren inscritas en el registro PYME y la plataforma del SIEC, donde recalcan la
importancia de estas organizaciones emprendedoras que generalmente cuentan con poco recurso y emplean gran cantidad de personas en zonas vulnerables del país.
Resumen en detalle que las entidades beneficiadas con esta exoneración ascienden a 6404 sociedades.

Con respecto a las sociedades clasificadas como pequeñas y medianos productores agrícolas refiere la consulta al Ministerio de Agricultura y Ganadería como entidad
encargada de dicho registro.

REGISTRO NACIONAL.
El Registro Nacional realiza una serie de observaciones al texto sustitutivo aprobado, solicitando una serie de mejoras en su redacción tendientes a los siguientes puntos:
 Recomiendan que la administración y recaudación sea responsabilidad de la Dirección General de Tributación.
 Debe incluirse en la redacción al Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.
 Para las nuevas sociedades que se presenten en el Registro Nacional la cancelación del impuesto debe ser en un periodo prudencial, luego de ser inscrita
la sociedad.
 Sugieren que se le reconozca a la institución el gasto que se incurre por la publicación en el diario oficial de la disolución de sociedades.


4. AUDIENCIAS
No se presentaron audiencias en la discusión de este proyecto de ley.

5. MOCIONES PRESENTADAS.
Número de Moción Diputado Objeto Votación
1 Otto Guevara Guth Artículo 2 Rechazada
2 Otto Guevara Guth Artículo 2 Rechazada
3 Otto Guevara Guth Inciso A) Art 3 Rechazada
4 Otto Guevara Guth Artículo 3 Rechazada
5 Otto Guevara Guth Artículo 3 Rechazada
6 Varios Diputados Artículo 3 Rechazada
7 Otto Guevara Guth Artículo 4 Rechazada
8 Otto Guevara Guth Artículo Nuevo Rechazada
9 Varios Diputados Artículo Nuevo Rechazada
10 Otto Guevara Guth Nuevo Transitorio Rechazada
11 Otto Guevara Guth Nuevo Transitorio Rechazada
12 Varios Diputados Artículo 10 Retirada
13 Varios Diputados Artículo 12 Rechazada
14 Varios Diputados Artículo 12 Rechazada
15 Varios Diputados Nuevo Transitorio Aprobada
16 Varios Diputados Artículo 10 Rechazada
17 Varios Diputados Artículo Nuevo Rechazada
18 Varios Diputados Artículo 12 Rechazada
19 Varios Diputados Artículo Nuevo Retirada
20 Varios Diputados Nuevo Transitorio Rechazada
21 Varios Diputados Nuevo Transitorio Aprobada

Posteriormente, el 13 de Abril del 2016 varios Diputados presentaron un nuevo texto
sustitutivo que incluye las sugerencias del MEC, MAG y el Registro Nacional así como
las consideraciones de varios Diputados.

Dicho texto sustitutivo fue aprobado en la sesión 91 del 13 de Abril de 2016.

El Diputado Otto Guevara Guth y varios Diputados presentaron varias mociones al
nuevo texto aprobado.

Número de Moción Diputado Objeto Votación
1 Otto Guevara Guth Artículo 1 Rechazada
2 Otto Guevara Guth Artículo 2 Rechazada
3 Otto Guevara Guth Artículo 2 Rechazada
4 Otto Guevara Guth Inciso A) Artículo 3 Rechazada
5 Otto Guevara Guth Artículo 4 Rechazada
6 Varios Diputados Transitorio 3 Rechazada
7 Varios Diputados Nuevo Transitorio Rechazada
8 Varios Diputados Artículo 3 Rechazada
9 Varios Diputados Transitorio 5 Rechazada
Posteriormente en la sesión 93 del 19 de abril del 2016 se sometió a discusión por el
fondo el expediente 19.818 siendo aprobado por Mayoría salvo los votos de los
Diputados Guevara Guth y Ramos Madrigal.

En la Sesión 94 del 20 de Abril del 2016 se aprobó una moción de orden para que el dictamen de Comisión junto con el texto se publique en el diario oficial y se consulte a
las siguientes instituciones:

 Ministerio de Hacienda.
 Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
 Ministerio de Agricultura y Ganadería.
 Ministerio de Seguridad Pública.
 Ministerio de Justicia y Paz.
 Registro Nacional.
 Colegio de Abogados de Costa Rica.
 Dirección Nacional de Notariado.
 Procuraduría General de la República.
 Dirección General de Tributación.
 Poder Judicial.

6. ANÁLISIS A LO INTERNO DE LOS DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE HACENDARIOS SOBRE EL NUEVO TEXTO APROBADO.

Los Diputados miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios coincidieron en la necesidad de aprobar esta iniciativa de ley con el fin de subsanar el
error cometido en el trámite de la Ley N° 9024 Ley de Creación del Impuesto a Personas Jurídicas”, al ser declarado inconstitucional por la infracción al artículo 190 de
la Constitución Política de la República relativo a la obligatoriedad de la consulta a las instituciones autónomas.

Así mismo, es prioritaria la dotación de recursos al Ministerio de Seguridad Pública, al OIJ y la Dirección de Adaptación Social para la lucha contra el crimen organizado. El
espíritu del legislador refiere a la importancia de mejorar las condiciones y herramientas de trabajo de nuestros cuerpos policiales en esta lucha contra el crimen y la violencia
que se ha intensificado en los últimos años en nuestro país.

Siguiendo las recomendaciones de las entidades consultadas se presentó un nuevo texto que logró gran consenso a lo interno de la Comisión para darle un trámite expedito
en el plenario legislativo.

7. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN DICTAMINADORA.

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión N°93 del 19 de abril del 2016, se procedió a votar el proyecto por el Fondo la cual fue aprobado por Mayoría
salvo los votos de los Diputados Guevara Guth y Ramos Madrigal.

La Diputada Rosibel Ramos Madrigal, Presidenta de la Comisión, instruyó al Diputado Olivier Jiménez Rojas la elaboración del dictamen respectivo en un plazo no mayor a
ocho días naturales.

8. RECOMENDACIÓN FINAL
Con base en lo antes expuesto se rinde Dictamen Afirmativo de Mayoría, y se le recomienda al Plenario Legislativo su votación afirmativa.

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS

ARTÍCULO 1.- Creación

Se establece un impuesto sobre todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas
individuales de responsabilidad limitada que se encuentren inscritas o que en adelante se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

ARTÍCULO 2.- Hecho generador y devengo del impuesto
El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad
limitada que se encuentren inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional ocurre el 1° de enero de cada año.

El hecho generador para todas las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad
limitada que se inscriban en un futuro será su presentación al Registro Nacional.

Para efectos de aplicación de esta ley, el período fiscal será de un año, comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de ese mismo año.

El impuesto se devengará, para las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad
limitada inscritas, el primero de enero de cada año y, para las que se constituyan e inscriban en el transcurso del período fiscal, al momento de presentación de la escritura
de constitución ante el Registro Nacional. En este último caso, deberán pagar la tarifa establecida en el inciso a) del artículo 3 de esta ley, en forma proporcional al tiempo que
reste entre la fecha de presentación de la escritura ante el Registro citado y el final del período fiscal.

Respecto de este impuesto no será aplicable el descuento previsto en el artículo 3 de la Ley N.° 4564, Ley de Aranceles del Registro Público, de 29 de abril de 1970, y
sus reformas.

ARTÍCULO 3.- Tarifa

Anualmente se pagará una tarifa como se indica:

a) Las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional pero no sean declarantes ni contribuyentes en la Dirección General de Tributación, pagarán un importe equivalente al quince por ciento (15%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

b) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, menor a ciento veinte salarios base, pagarán un importe equivalente a un veinticinco por ciento (25%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

c) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, en el rango entre ciento veinte salarios base y menor a doscientos ochenta salarios base, pagarán un importe equivalente a un treinta por ciento (30%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de mayo de 1993.

d) Las contribuyentes que hayan declarado ingreso bruto en el período fiscal inmediato anterior, equivalente a doscientos ochenta salarios base o más, pagarán un importe equivalente a un cincuenta por ciento (50%) de un salario base mensual, según el artículo 2 de la Ley N.° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, de 5 de
mayo de 1993.

ARTÍCULO 4.- Formularios y plazo para el pago

 

Tratándose de sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada, así como de toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante, inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, el impuesto se pagará directamente mediante los formularios, los medios, la forma y las condiciones establecidos al efecto por la Dirección General de Tributación, dentro de los primeros treinta días naturales siguientes al 1° de enero de cada año.

Las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante en proceso de inscripción durante el período fiscal del impuesto creado mediante esta ley, deberán pagar directamente el impuesto mediante los formularios, los medios, la forma y las condiciones establecidas al efecto por la Dirección General de Tributación dentro de los primeros treinta días naturales siguientes a la presentación en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Los representantes legales de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada y sucursales de una sociedad extranjera o su representante,
serán solidariamente responsables con esta por el no pago del impuesto establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 5.- Sanciones y multas
Serán aplicables a las sociedades mercantiles, y empresas individuales de responsabilidad limitada, y sucursales de una sociedad extranjera, en su condición de
contribuyentes de este tributo, las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título IV y en el caso de incumplimiento lo establecido en el artículo 57 y el Título III, todos de
la Ley N.º 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, incluida la reducción de sanciones prevista en su artículo 88.
El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, certificaciones literales de sociedad, ni inscribir ningún documento a favor de los
contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. De igual manera los notarios públicos que emitan certificaciones de personería jurídica y
certificaciones literales de sociedad a los contribuyentes que no se encuentren al día con el pago de este impuesto, deberán consignar su condición en el documento
respectivo.


Para estos efectos, los funcionarios encargados de la inscripción de documentos estarán en la obligación de consultar la base de datos que levantará al efecto la
Dirección General de Tributación, debiendo cancelarle la presentación a los documentos de los morosos.

Los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos, no podrán contratar con el Estado o cualquier institución pública.

Las deudas derivadas de este impuesto constituirán hipoteca legal preferente o prenda preferente, respectivamente, si se trata de bienes inmuebles o bienes muebles
propiedad de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursales de una sociedad extranjera o su representante.

ARTÍCULO 6.- Base de datos de los contribuyentes

La Dirección General de Tributación creará una base de datos consultable por medios electrónicos para que el público pueda verificar si los contribuyentes se
encuentran al día o en estado moroso con el pago de este impuesto.

ARTÍCULO 7.- Disolución y cancelación de la inscripción

El no pago del impuesto establecido en la presente ley por tres períodos consecutivos será causal de disolución de la sociedad mercantil, empresa individual de
responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante.

La Dirección General de Tributación enviará al Registro Nacional un informe que contenga el detalle de las sociedades mercantiles, empresas individuales de
responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante, que no paguen el impuesto por tres períodos consecutivos, para que el Registro Nacional
envíe el aviso de disolución al diario oficial La Gaceta, de conformidad con el artículo 207 de la Ley N.° 3284, Código de Comercio, de 30 de abril de 1964, y procederá a la
cancelación de la inscripción y anotación de bienes.

El Ministerio de Hacienda deberá presupuestar cada año, una transferencia al Registro Nacional, para sufragar los gastos generados por la publicación de avisos de disolución en el diario oficial La Gaceta de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera o su representante, que no paguen el impuesto por tres períodos consecutivos. Lo anterior de conformidad con el artículo 7 de esta ley. Dicha transferencia se calculará con un presupuesto de costos estimado para el año siguiente que preparará el Registro Nacional.

En caso de operar la disolución de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera, y la respectiva cancelación del asiento registral, el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, se encuentra facultado para continuar los procedimientos cobratorios o establecer los mismos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.

ARTÍCULO 8.- No deducibilidad del impuesto


El impuesto creado en esta ley no tendrá el carácter de gasto deducible para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta.

ARTÍCULO 9.- Administración

Corresponde a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda la recaudación, administración, fiscalización y cobro de este tributo.

ARTÍCULO 10.- Destino del impuesto

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior
o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

ARTÍCULO 11.- Infracciones y sanciones por dolo.

Sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que haya lugar, cualquier servidor público que, directa o indirectamente, por acción u omisión dolosa, colabore o facilite en cualquier forma, el incumplimiento de la obligación tributaria y la inobservancia de los deberes formales del sujeto pasivo se sancionará de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971.

ARTÍCULO 12.- Presentación de informe

Las entidades beneficiarias con la distribución de recursos de este impuesto de conformidad con el artículo 10 de esta ley, deberán presentar de forma anual, al cierre
del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto ante la Comisión
Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Público de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, presentarán una proyección de los gastos y las inversiones a realizar en el año siguiente.

ARTÍCULO 13.- Aplicación Supletoria del Código de Normas y Procedimientos Tributarios
Para lo no previsto expresamente en esta ley, se aplicará supletoriamente lo establecido en la Ley N.° 4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 29
de abril de 1971.


ARTÍCULO 14.- Exención.

Estarán exonerados los contribuyentes que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, clasificadas como micro y pequeñas empresas e
inscritas como tales en el registro que al efecto lleva el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), asimismo los pequeños y medianos productores
agropecuarios inscritos como tales en el registro que a tal efecto lleva el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y que estén debidamente registradas como
contribuyentes ante la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, al momento de producirse el hecho generador del tributo.

REFORMAS
ARTÍCULO 15.- Reforma de la Ley N. ° 7764

Refórmase el artículo 129 de la Ley N. ° 7764, Código Notarial, de 17 de abril de 1998.

El texto es el siguiente:


“Artículo 129.- Competencia material
Los notarios públicos podrán tramitar la liquidación de sociedades mercantiles cuando la disolución haya sido por acuerdo unánime de los socios, sucesiones
testamentarias y ab intestato, adopciones, localizaciones de derechos indivisos sobre fincas con plano catastrado, informaciones de perpetua memoria,
divisiones de cosas comunes, de forma material o mediante la venta pública, distribución del precio, deslindes y amojonamientos y consignaciones de pago
por sumas de dinero.

El trámite de esos asuntos ante notario será optativo y solo podrán ser sometidos al conocimiento de esos funcionarios cuando no figuren como interesados menores de
edad ni incapaces.

DEROGATORIAS

ARTÍCULO 16.- Derogatoria de la Ley N.° 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011

Deróguese la Ley N.° 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIO I.- El impuesto que deben satisfacer las personas jurídicas ya inscritas en el Registro Nacional, correspondiente al período comprendido entre la fecha de
vigencia de la presente ley y el 31 de diciembre de ese mismo año, se cancelará de forma proporcional dentro de los siguientes treinta días naturales a su entrada en
vigencia.

TRANSITORIO II.- Corresponde al Registro Nacional realizar el cobro de las sumas adeudadas en periodos anteriores por concepto del impuesto de la Ley N.° 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011 a las sociedades mercantiles, subsidiarias de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada. El Registro Nacional trasladará mensualmente las sumas recaudadas a la Dirección General de Tributación con el detalle del mismo.


A las sociedades mercantiles, subsidiarias de una sociedad extranjera o su representante y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley se presenten a cancelar las sumas adeudadas por concepto de la Ley N.° 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011, podrán hacer el pago de los períodos adeudados a partir de los años 2012 al 2015, según la norma anteriormente citada, sin que por ello deban cancelar intereses o multas correspondientes.

En caso de operar la disolución de las sociedades mercantiles, empresas individuales de responsabilidad limitada o sucursal de una sociedad extranjera, y la respectiva
cancelación del asiento registral, el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda, se encuentra facultado para continuar los procedimientos
cobratorios o establecer los mismos contra los últimos socios oficialmente registrados, quienes se constituirán en responsables solidarios en el pago de este impuesto.

TRANSITORIO III.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley y por un plazo de doce meses estarán exentos del respectivo impuesto sobre el traspaso y del pago de
timbres y derechos registrales, los traspasos de bienes muebles e inmuebles que se realicen de sociedades mercantiles que hayan estado inactivas ante la autoridad
tributaria por al menos veinticuatro meses con anterioridad a la vigencia de esta ley a otras personas físicas y/o jurídicas; lo anterior por una única vez.

TRANSITORIO IV.- Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales,
miembros de la Junta Directiva y el Fiscal de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada que
deseen renunciar a su cargo podrán mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse
ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia sea eficaz. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada
recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo, si el domicilio es desconocido el Notario pondrá la constancia y remitirá la escritura de renuncia para su
inscripción en el Registro.

Rige tres meses después del primer día del mes siguiente a su publicación.

Proyecto N.º 19.744. LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

ALCANCE DIGITAL Nº 78 del 16/05/2016

Proyecto N.º 19.744. LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto crear el marco normativo para regular la promoción del transporte eléctrico en el país y fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del sector público y en la ciudadanía en general. Esta ley regula la organización administrativa pública vinculada al transporte eléctrico, las competencias institucionales y su estímulo, por medio de exoneraciones, incentivos y políticas públicas, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en los convenios internacionales suscritos por el país y con el artículo 50 de la Constitución Política.

ARTÍCULO 2.- Definiciones Para los efectos de esta ley se entenderá por:

a) Centro de recarga: estación de suministro o comercialización de energía eléctrica para la recarga de las baterías de los vehículos eléctricos o híbridos recargables. Los dispensadores para carga pueden ser del tipo estación, en poste, empotrado o parche, entre otros. Su funcionamiento se regirá por los estándares internacionales y sus tipos se definirán en el reglamento de esta ley.

b) Vehículo eléctrico: todo bien mueble impulsado con energía cien por ciento eléctrica con capacidad de almacenarla en paquetes de baterías recargables. Todos los vehículos privados y públicos, en su versión de automóviles, motocicletas, microbuses, buses, trenes y cualquier otro definido en el reglamento de esta ley.

c) Vehículo híbrido recargable: todo bien mueble impulsado con energía eléctrica y adicionalmente con otra fuente de energía; debe tener la característica de cargar las baterías mediante un conector externo, mientras se impulsa con la otra energía u otra tecnología definida en el reglamento de esta ley. Se refiere a los vehículos privados y públicos, en su versión de automóviles, motocicletas, microbuses, buses, trenes y cualquier otro definido en el reglamento de esta ley. 

ARTÍCULO 3.- Interés público Se declara de interés público la promoción para del transporte eléctrico, público y privado, para cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios internacionales suscritos por el país y el artículo 50 de la Constitución Política.

CAPÍTULO II

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO 4.- Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía

El Ministerio de Ambiente y Energía es el rector para la aplicación de esta Ley con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control. Tiene las siguientes obligaciones:

a)Formular y ejecutar la política nacional en energías renovables para el transporte y el Plan Nacional de Transporte eléctrico, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y transporte.

b) Promover la capacitación y realizar campañas educativas para fomentar el uso del transporte eléctrico y la adquisición de vehículos híbridos recargables y eléctricos.

c) Emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la presente ley.

d) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley respecto a la oferta de vehículos híbridos recargables y eléctricos en el país.

e) Emitir las directrices para la instalación de los centros de recarga.

f) Promover la implementación de las disposiciones y la ejecución de las obras de infraestructura contempladas en la presente ley.

g) Coordinar con el Ministerio de Hacienda la implementación de los incentivos contemplados en esta ley.

h) Promover políticas para dar a conocer el transporte eléctrico en el país, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de la promoción de sus beneficios en: mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, eficiencia energética, disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) y ahorro económico para los usuarios al no consumir combustible.

i) Verificar y coordinar la instalación, distancia y funcionamiento de los centros de recarga en carreteras cantonales y nacionales.

j) Emitir el logo distintivo correspondiente a los vehículos híbridos recargables y eléctricos, que permita su fácil identificación para los efectos de los alcances de esta ley.

k) Emitir las constancias de que los vehículos híbridos recargables y eléctricos que se importen reúnen las características que regula esta Ley.

l) Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para el uso del transporte eléctrico, insertándola en una acción ambiental pública, para optimizar e integrar coherentemente los esfuerzos y los recursos de la Administración Pública Central y descentralizada en esa materia.

m) Las demás obligaciones que señalen las leyes y los tratados internacionales aprobados por Costa Rica para promover el transporte eléctrico.

ARTÍCULO 5.- Competencias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes dentro del ámbito de aplicación de esta Ley tiene las siguientes obligaciones:

a) Emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la presente ley, en lo atinente a sus competencias.

b) Establecer las metas sobre la sustitución de la flota de transporte actual, pública y privada.

c) Velar por la aplicación de esta Ley y sus reglamentos.

d) Definir los indicadores de cumplimiento de transporte eléctrico en el país.

e) Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para cumplir con el objeto de esta Ley.

f) Coordinar con las instancias de la Administración la implementación de las disposiciones y la ejecución de las obras contempladas en la presente ley.

ARTÍCULO 6.- Coordinación institucional Para la formulación de la política, el plan y los reglamentos técnicos, el Ministerio de Ambiente y Energía deberá garantizar la participación de instituciones y sectores vinculados al transporte eléctrico en el ámbito nacional, y quedan facultados para crear las comisiones ad hoc que consideren necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

CAPÍTULO III LOS INCENTIVOS

ARTÍCULO 7.- Los incentivos de esta ley Para promover el uso del transporte eléctrico la presente ley establece los incentivos de carácter económico y de facilidades de uso en circulación, acceso al crédito y otros que determine el reglamento de esta ley.

Para cada vehículo híbrido recargable o eléctrico se aplicarán las exoneraciones por una única vez, a personas físicas o personas jurídicas que la soliciten.

ARTÍCULO 8.- El impuesto selectivo de consumo Se exonera del pago total del impuesto selectivo de consumo, establecido en la Ley N° 4961 de 10 de marzo de 1972 y sus reformas, Ley de Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo, a los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos importados nuevos, ensamblados o producidos en territorio nacional. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 9.- El impuesto de ventas

Se exonera del pago total del impuesto de ventas, establecido en la Ley N° 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, a los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos importados nuevos, ensamblados o producidos en territorio nacional. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 10.- El impuesto sobre el valor aduanero Se exonera del pago total del impuesto del uno por ciento sobre el valor aduanero establecido en la Ley N.° 6879, de 21 de julio de 1983, a los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos nuevos. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 11.- Exoneración de los repuestos de los vehículos híbridos recargables y eléctricos
El Ministerio de Ambiente y Energía emitirá un reglamento, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, de los repuestos de los vehículos híbridos recargables y de los vehículos eléctricos específicos de la tecnología que será sujeta a exoneración del pago total del impuesto de ventas e impuestos arancelarios, de conformidad con esta Ley. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 12.- Exoneración de las partes para el ensamblaje y producción de vehículos híbridos recargables y eléctricos
Las partes para ensamblaje y producción de vehículos híbridos recargables y eléctricos nuevos quedarán exoneradas del pago total del impuesto de ventas. El Ministerio de Ambiente y Energía emitirá un reglamento, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, para definir las partes sujetas a esta exoneración. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 13.- Exoneración sobre el pago de los derechos de circulación de los vehículos eléctricos Los vehículos híbridos recargables y los vehículos eléctricos nuevos estarán exentos del pago total al impuesto a la propiedad de vehículos contenido en el derecho de circulación, por un plazo de cinco años desde su entrada al país o desde su producción en el territorio nacional. Quedan exceptuados de esta exoneración el canon correspondiente al seguro obligatorio de accidentes (SOA) y los montos por infracciones a la Ley de Tránsito por vías terrestres y seguridad vial, Ley No. 9078. La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de cinco años a partir de la publicación de esta ley, dicho plazo perderá su vigencia en el caso de que antes de su cumplimiento se alcanzare la meta de cien mil vehículos híbridos recargables y eléctricos.

ARTÍCULO 14.- De la restricción vehicular Los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos, que porten el distintivo emitido por el Ministerio de Ambiente y Energía, de conformidad con esta Ley, no estarán sujetos a la restricción vehicular de circulación en el área metropolitana definida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

ARTÍCULO 15.- Exoneración del pago de parquímetros Los consejos municipales definirán su política para la exoneración del pago de parquímetros para los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos. Los vehículos híbridos recargables y vehículos eléctricos serán dotados de un distintivo, emitido por el MINAE, que les permita su identificación para la exoneración del servicio de parquímetros que se establezca mediante acuerdo municipal.

ARTÍCULO 16.- Uso de parqueos azules para vehículos de transporte eléctrico Los vehículos híbridos recargables y eléctricos podrán parquear en los espacios designados como azules dentro de los parqueos públicos, así como de supermercados, centros comerciales y demás parqueos privados, según las disposiciones del reglamento de la presente ley. Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán sustituir o reemplazar los dispuestos para las personas con discapacidad, regulados en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600.

CAPÍTULO IV LAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 17.- Facilidades para el transporte eléctrico La Administración Pública facilitará el uso y la circulación de los vehículos híbridos recargables y eléctricos, para lo cual el Ministerio de Ambiente y Energía emitirá las directrices necesarias que estimulen y promuevan el uso de vehículos eléctricos.

ARTÍCULO 18.- Flota vehicular institucional El Gobierno Central y las instituciones del Estado programarán la renovación o sustitución de sus flotas vehiculares, de modo que, en consideración a sus necesidades, éstas se reemplacen en un diez por ciento con vehículos eléctricos, en las futuras compras a partir de la publicación de la presente ley. Para ello, en la valoración de las licitaciones y compras directas concursables deberán dar un diez por ciento (10%) adicional a los oferentes que, en igualdad de condiciones, demuestren que los productos ofrecidos incorporan criterios eficiencia energética. Para el caso de las compras directas deberán incorporarse criterios que promuevan el uso de vehículos eléctricos y vehículos híbridos recargables.
Las dependencias correspondientes de las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades encargadas de elaborar los carteles de licitación o de compra directa establecerán criterios ambientales, mejoras tecnológicas vehiculares, energías limpias, el ahorro eficiencia energética, la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI) y el ahorro económico para los usuarios al no consumir combustible, de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 19.- Inversión en infraestructura La Administración Pública, empresas públicas y municipalidades realizarán la inversión necesaria para aquellas obras de infraestructura dirigidas al fortalecimiento y la promoción del transporte eléctrico, tales como centros de recarga, carriles exclusivos, parqueos preferenciales para vehículos eléctricos, redes ferroviarias y otras.

ARTÍCULO 20.- Educación sobre el uso de transporte eficiente La Administración Pública, empresas públicas y municipalidades deberán realizar campañas de educación sobre los beneficios del transporte eléctrico y otras modalidades de transporte eficiente.

CAPÍTULO V
LAS OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS RECARGABLES Y ELÉCTRICOS

ARTÍCULO 21.- Oferta de vehículos híbridos recargables y eléctricos
El Ministerio de Ambiente y Energía mantendrá una lista de los modelos ofrecidos en el país por los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos, cuyas marcas representadas tengan vehículos híbridos recargables y eléctricos en sus inventarios internacionales. Asimismo, deberá verificar que estos se ajusten a los estándares mundiales pertinentes, dará seguimiento y control a lo establecido en este artículo.

ARTÍCULO 22.- Deber de mantener y ofrecer tecnología de punta

Los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos ofrecerán los modelos más recientes y actualizados del mercado, así como los accesorios y repuestos. El Ministerio de Ambiente y Energía reglamentará sobre el cumplimiento de esta disposición.

ARTÍCULO 23.- Servicio de reparación y revisión Los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos ofrecerán el servicio de reparación y revisión de los vehículos híbridos recargables y eléctricos que vendan, cumpliendo con las garantías que se contraten; y garantizarán el reciclaje y manejo de las baterías eléctricas desechadas por los vehículos que vendan; en protección al derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, según artículo 50 de la Constitución Política.
Al importador de vehículos híbridos recargables y eléctricos que incumpla con esta disposición se le impondrá una multa equivalente al uno por ciento (1%) sobre el monto anual total de ventas facturado, cumpliendo con el debido proceso establecido en la Ley N°6227, Ley General de la Administración 7 Pública, del 2 de mayo de 1978. Dicho monto será destinado al Ministerio de Ambiente y Energía para su uso exclusivo en planes y proyectos de mitigación y adaptación al Cambio Climático.

ARTÍCULO 24.- Deber de gestionar el distintivo para vehículos híbridos recargables y eléctricos
Los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos deberán gestionar ante el Ministerio de Ambiente y Energía la emisión de los distintivos para estos vehículos, y deberán colocar un distintivo por una única vez en cada vehículo híbrido recargable y eléctrico que vendan.

ARTÍCULO 25.- Información sobre el uso de vehículos eléctricos e híbridos recargables

Los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos realizarán campañas de información en los medios de comunicación sobre el uso de la tecnología del transporte híbrido recargable y eléctrico, en apego al derecho constitucional de los consumidores y usuarios a recibir información adecuada y veraz establecido en el artículo 46 de la Constitución Política, así como a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses económicos.

CAPÍTULO VI
TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 26.- Servicio público de transporte eléctrico
Se establece como prioridad nacional la utilización de la energía eléctrica en el transporte público nacional, tanto en las modalidades de ferrocarril, trenes, buses, taxis, como cualquier otro medio público de movilización, el cual se ajustará a las posibilidades del país, acorde al Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Se promoverá la importación y la producción local de tecnologías tendentes al desarrollo de este tipo de transporte.

ARTÍCULO 27.- Servicio de trenes Se promoverá el fortalecimiento y la construcción de los servicios de trenes eléctricos en todo el país, acorde al Plan Nacional de Transporte Eléctrico. Para esos efectos, las iniciativas que tengan como objetivo financiar estas inversiones se considerarán prioritarias en los diferentes programas de la Administración.

ARTÍCULO 28.- Concesiones de autobuses Cuando la viabilidad financiera y las condiciones de las rutas de autobuses lo permitan, la flota de estas deberá ser sustituida de forma paulatina a una flota eléctrica, ajustándose al Plan Nacional de Transporte Eléctrico, con previa autorización técnica y legal del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. ARTÍCULO 29.- Transporte escolar y turístico Los permisos para el transporte escolar y turístico podrán ser otorgados de forma preferencial a aquellos oferentes que den este servicio en vehículos híbridos recargables y eléctricos. El Gobierno y los importadores de vehículos híbridos recargables y eléctricos ofrecerán las garantías y las facilidades requeridas para que los proveedores de este servicio puedan acceder a los vehículos de transporte eléctrico.

ARTÍCULO 30.- Concesiones ordinarias de taxis

Aquellos concesionarios del servicio de taxis ordinario que desean sustituir sus vehículos carburados por vehículos nuevos híbridos recargables y vehículos nuevos eléctricos podrán disfrutar de los beneficios que ofrece esta ley, además podrán usar el color distintivo que defina el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inicie nuevos procesos de concesión de taxis, exigirá que al menos el diez por ciento de concesiones se otorgue a vehículos híbridos recargables y eléctricos, atendiendo el procedimiento que se establecerá en el reglamento de esta ley.

CAPÍTULO VII
LOS CENTROS DE RECARGA

ARTÍCULO 31.- La implementación de los centros de recarga La construcción y puesta en funcionamiento de los centros de recarga en el país le corresponde a las distribuidoras de electricidad. El Ministerio de Ambiente y Energía tendrá la obligación de velar por la construcción y funcionamiento de los centros de recarga, según lo define esta ley. De conformidad con los estándares internacionales, en carreteras nacionales deberá construirse y ponerse en funcionamiento por lo menos un centro de recarga cada ochenta kilómetros, en caminos cantonales deberá construirse y ponerse en funcionamiento por lo menos un centro de recarga cada ciento veinte kilómetros. Las distancias señaladas podrán ser ajustadas por el Ministerio de Ambiente y Energía vía reglamento, en consideración a las variaciones futuras y de acuerdo a estudios técnicos de la Dirección de Transporte Eléctrico.

ARTÍCULO 32.- De la venta de electricidad en los centros de recarga

Solo podrán vender electricidad en centros de recarga las distribuidoras que cuenten con su respectiva concesión de servicio público de conformidad con la Ley 7593, Ley Reguladora de los Servicios Públicos, del 9 de agosto de 1996. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos definirá el precio de venta en los centros de recarga.
La obligación de la instalación de los centros de recarga corresponderá a la institución o empresa distribuidora de electricidad que cuente con más abonados en el lugar de instalación, las demás distribuidoras con menor cantidad de abonados podrán instalar también sus centros de recarga.

ARTÍCULO 33.- De la recarga en parqueos

El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, emitirá los lineamientos correspondientes para que se contemple la implementación de puntos de recarga para vehículos híbridos recargables y eléctricos en la construcción de nuevos parqueos públicos y centros comerciales. Cuando se deba renovar patentes de estos negocios comerciales, también se aplicará esta disposición por parte de las municipalidades.
Los estacionamientos de las instituciones públicas deberán contar con puestos de recarga, según lo disponga el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 34.- Exoneración de impuestos para las partes de los centros de recarga
Se exonera del pago total del impuesto selectivo de consumo, establecido en la Ley N° 4961, Ley de Consolidación del Impuesto Selectivo de Consumo, de 10 de marzo de 1972, y del impuesto del uno por ciento sobre el valor aduanero establecido en la Ley N.° 6879, de 21 de julio de 1983, a las partes necesarias para la instalación de los centros de recarga, debidamente definidas en la lista que elaborará vía reglamento el Ministerio de Ambiente y Energía.

CAPÍTULO VIII
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO

ARTÍCULO 35.- Banca de Desarrollo
El financiamiento del transporte eléctrico formará parte de los proyectos de la Banca de Desarrollo, para esos efectos el Ministerio de Economía, Industria y Comercio girará las directrices correspondientes.

ARTÍCULO 36.- El Sistema Bancario Nacional Se faculta al Sistema Bancario Nacional para que implemente las líneas de financiamiento del transporte eléctrico. Estas líneas incluirán facilidades en sus plazos, tasas de interés, garantías y trámites, siempre y cuando éstas no representen situaciones riesgosas para las entidades.

ARTÍCULO 37.- Inversión para obra pública Los bancos del Sistema Bancario Nacional quedan autorizados para utilizar fondos de inversión para el financiamiento de obra pública dirigida al fortalecimiento y la promoción del transporte eléctrico, según especifica el artículo 19 de la presente ley.

CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 38.- Reforma Adiciónese un artículo 5 bis a la Ley N° 7717, Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos de 1997, que diga:

“ARTÍCULO 5 bis.- Parqueos azules
Los vehículos híbridos recargables y eléctricos contarán con parqueos designados para su uso preferencial, denominados parqueos azules. Cada estacionamiento público deberá contar con al menos un parqueo preferencial destinado a este tipo de vehículos. Estos espacios preferenciales en ningún caso podrán sustituir o reemplazar los dispuestos para las personas con discapacidad, regulados en la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600.”

ARTÍCULO 39.- Otras tecnologías eficientes El Ministerio de Ambiente y Energía queda facultado para incluir otras tecnologías eficientes en sus planes, proyectos y políticas para promover el uso de transportes amigables con el medio ambiente.

TRANSITORIOS TRANSITORIO I El Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, elaborará el Plan Nacional de Transporte Eléctrico en un plazo máximo de 6 meses a partir de la publicación de esta ley.

TRANSITORIO II Las empresas privadas que a partir de la entrada en vigencia de la presente ley decidan sustituir su flota de transporte al menos en un diez por ciento anual, con un mínimo de tres vehículos, por vehículos híbridos recargables o eléctricos, podrán depreciar el valor de estos vehículos en el plazo de tres años para efectos de la declaración del impuesto de la renta. Para cada vehículo híbrido recargable o eléctrico se aplicarán las exoneraciones por una única vez.

TRANSITORIO III Las instituciones o empresas distribuidoras de electricidad deberán instalar y poner en funcionamiento los centros de recarga en cada lugar que les corresponda en un plazo de 12 meses impostergables.

Rige a partir de su publicación. Nota: este expediente puede ser consultado en la Secretaría del Directorio. 1 vez.—( IN2016027424 ).

 

Proyecto de Ley Para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal. Texto sustitutivo aprobado

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios

“Proyecto de Ley Para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”

Expediente 19.245


TEXTO SUSTITUTO

06-04-2016


ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA

COMISIÓN PERMANTENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS

Expediente 19.245

“Ley Para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”

VARIOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS

HACEN LA SIGUIENTE MOCIÓN:

Para que se acoja como texto base de discusión el siguiente texto sustitutivo:

“Para Mejorar la Lucha Contra el Fraude Fiscal”


CAPITULO I

REFORMA AL CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

LEY N°4755, de 29 de abril de 1971 y sus reformas

ARTÍCULO 1.- Refórmese los artículos 26, 52, 74, 82, 83, 106, 106 ter inciso 4, 130 inciso e), 131, 134, 137 inciso b), 149, 190, 192, 193, 194,195, 199 y 200; además se adiciona un inciso g) al artículo 53, un párrafo final al artículo 92, el inciso e) al artículo 106 y dos párrafos al final del artículo 106 quáter; así mismo se adicionan los artículos 18 bis, 137 bis y 196 bis todos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, para que se lean de la siguiente forma:

1

Toda persona, física o jurídica que desee obtener cualquier contrato, autorización, licencia o permiso ante la administración central o entes descentralizados, deberá encontrarse al día en el pago de sus obligaciones fiscales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligado, ante las dependencias del Ministerio de Hacienda.

Quedan excluidas del párrafo anterior todo tipo de gestiones de naturaleza médica o quirúrgica ante hospitales u otros centros de salud, así como aquellas relacionadas con servicios de educación pública, las referentes a solicitudes de crédito con entidades financieras y las solicitudes de facilidad de pago por deudas con la Administración Pública.

A estos efectos, el Ministerio de Hacienda deberá disponer de un acceso de consulta pública, en el que los funcionarios públicos deberán verificar la condición tributaria de los sujetos pasivos. Este acceso podrá ser implementado vía internet en la página WEB institucional o por cualquier otro medio tecnológico apropiado.

El acceso de consulta pública contendrá la información referida al nombre de los sujetos pasivos, impuestos, períodos y montos de las deudas respecto de las cuales haya vencido el plazo legal para el pago de la obligación tributaria sin que haya cumplido esta obligación, así como el nombre de aquellos que hayan omitido la presentación de las declaraciones, una vez vencidos los plazos establecidos por ley.

En el caso de los sujetos morosos los nombres y montos podrán ser suministrados siempre que las deudas se encuentren firmes en sede
administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contenciosoadministrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la administración tributaria de esto último a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente moroso cumpla con su obligación tributaria o el que encontrándose al día, en cualquiera de ambos casos, así lo informe a la Administración, esta deberá garantizar, en un plazo no mayor de 3 días hábiles, la verificación de este hecho y la exclusión del sujeto pasivo del listado de omisos y morosos, en caso de que no lo pueda hacer en ese plazo retirará temporalmente al contribuyente de la lista de morosos, sin perjuicio de volverlo a incluir si una vez terminado el estudio se concluye que tiene alguna deuda en mora”

2


“ARTÍCULO 26.- DOMICILIO FISCAL
El domicilio fiscal es el lugar de localización de los sujetos pasivos, en sus relaciones con la Administración Tributaria, sin perjuicio de lo dispuesto en este Código en cuanto a la notificación de las actuaciones administrativas.”

3

“ARTÍCULO 52.- CÓMPUTO DE LOS TÉRMINOS

El término de prescripción se debe contar a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en que el tributo debe pagarse.”

4) “ARTÍCULO 53.- INTERRUPCIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.
(…)
g) Se entenderá por no interrumpida la prescripción si el Ministerio Público no presenta formal acusación o se dicta sentencia de sobreseimiento a favor del contribuyente en un plazo máximo de cinco años.

5) “ARTÍCULO 74.- PLAZO DE PRESCRIPCION

El derecho de aplicar sanciones prescribe en el plazo de cuatro años, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se cometió la infracción.

La prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de las infracciones que se presumen, y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la respectiva resolución quede firme.

En los supuestos del inciso 1 sub-incisos a) y b) del artículo 81 de este Código, la prescripción de la acción para aplicar sanciones se interrumpe por la notificación de la infracción que se presume y el nuevo plazo comienza a correr a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que el acto administrativo de liquidación de oficio quede firme.

El cómputo de la prescripción de la acción para aplicar sanciones se suspende por la interposición de la denuncia del presunto delito de
defraudación, establecido en el artículo 92 del presente Código. Se entenderá no producida la suspensión del curso de la prescripción, si la acusación formal ante el Juez competente no se presenta por parte del Ministerio Público en el plazo máximo de cinco años, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que se presentó la denuncia.”

6) “ARTÍCULO 81 BIS. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS

Para los efectos de lo establecido en el artículo 122 de este Código, los asesores serán solidariamente responsables de la exactitud de los elementos que figuren en la declaración y de la autenticidad de los documentos que apoyen esos elementos, cuando la declaración jurada sea firmada en forma conjunta por el contribuyente y el asesor”.

7) “ARTÍCULO 82.- RESISTENCIA A LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTROL.

Constituye infracción tributaria la resistencia a las actuaciones de control del cumplimiento de deberes materiales y formales debidamente notificada a undeterminado sujeto pasivo. Se entenderá como actuación administrativa de control toda acción realizada con la notificación al sujeto pasivo, conducente a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias referidas al tributo y el período del que se trate.

Se entiende producida esta circunstancia, cuando se incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

a. No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control, y cualquier otro dato con trascendencia tributaria.

b. No atender algún requerimiento debidamente notificado.

c. Cumplir parcialmente con la información solicitada mediante requerimiento debidamente notificado, o bien entregar información que no
corresponda con lo solicitado.

d. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y el tiempo que se haya señalado.

e. Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas, locales o establecimientos a los funcionarios actuantes o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones, relacionados con las obligaciones tributarias.

El plazo otorgado para la presentación de la información en el supuesto del inciso b, no podrá ser nunca menor a 10 días hábiles, los cuales se podrán prorrogar a solicitud de parte previa aprobación de la administración tributaria. Con excepción de los procesos de control tendiente a generar una liquidación definitiva, la Administración Tributaria solamente podrá solicitar información que no esté en poder de alguna de las Administraciones Tributarias del Ministerio de Hacienda en virtud de los diversos requerimientos generales de información cumplidos por el sujeto pasivo o por terceros.

Las sanciones serán las siguientes:

1. Multa pecuniaria de dos salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los inciso a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con to solicitado en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto.

2. Multa pecuniaria de tres salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. También, se aplicará esta multa cuando la infracción cometida corresponda a la enunciada en el inciso e) de este artículo.

3. Multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base, cuando la infracción cometida corresponda a alguna de las enunciadas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, si no se cumple con lo solicitado en el plazo concedido en el tercer requerimiento notificado al efecto. Sí el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso, se reducirá en un cincuenta por ciento (50%).

En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción de diez salarios base.. La Administraci6n Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la sanción prevista en este inciso, cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.

Si los registros no declarados representan un porcentaje igual o inferior al 10% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 25% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 10% y menor al 25% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 50% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 25% y menor al 50% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo, estableciendo una multa correspondiente al 75% de la establecida en dicho inciso 3).

Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 75% de los registros que debieron declararse, la Administración Tributaria deberá aplicar el 100% de la multa establecida para los casos previstos en el inciso 3) de este Artículo.

Las multas previstas en este artículo no podrán ser objeto de acumulación, por lo que deberá imponerse una única sanción que se determinará en función del número de veces que se haya desatendido cada requerimiento.

Los plazos otorgados por la Administración Tributaria para que los sujetos pasivos cumplan los deberes tributarios indicados en el presente artículo deberán ser razonables y proporcionados, a la mayor o menor complejidad que represente para el sujeto pasivo el cumplimiento del requerimiento respectivo.

8) “ARTÍCULO 83. INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

En caso de incumplir totalmente o parcialmente en el suministro de información dentro del plazo determinado por la ley, el reglamento o la Administración Tributaria, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto a las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este artículo, se reducirá en un setenta y cinco (75%). En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción de diez salarios base.
Si los registros no declarados representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% o 75% de los registros que debieron declararse; la Administración Tributaria podrá dimensionar la sanción aplicable a los casos previstos en el párrafo anterior, estableciendo una multa pecuniaria proporcional del 25%, 50%, 75% o 100%, respectivamente, de la sanción que le hubiera correspondido. En caso de que no se conozca el importe de los ingresos brutos, se impondrá una sanción equivalente a una multa pecuniaria de diez salarios base.

De constatarse errores en la información suministrada, la sanción será del uno por ciento (1%) del salario base por cada registro incorrecto, entendido como registro la información de trascendencia tributaria sobre una persona física o jurídica u otras entidades sin personalidad jurídica. En este caso, la sanción impuesta no podrá exceder la multa referida en el párrafo primero de este artículo.

La Administración Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la presente sanción, cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.”

9) ARTÍCULO 90.- PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES PENALES

En los supuestos en que la Administración Tributaria estime que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito, podrá
presentar la denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo sancionador y de determinación de la obligación tributaria, hasta que la autoridad judicial dicte sentencia firme o tenga lugar el sobreseimiento. Si transcurrido el plazo de 5 años al que se refiere el inciso g) del artículo 53, el Ministerio Público no presenta la acusación formal, o posterior a dicho plazo se dicta sobreseimiento definitivo, la Administración Tributaria perderá la competencia para retomar el conocimiento del caso en vía administrativa.
(…).”


10) “ARTÍCULO 9 FRAUDE A LA HACIENDA PÚBLICA.
(…)
La Procuraduría General de la República se constituirá como actor civil en el ejercicio de la acción civil resarcitoria conforme lo establecido en el Código Procesal Penal, para ello deberá contar con la participación técnica activa dentro del proceso penal de la Dirección General de Tributación, quien actuará por medio de la Dirección General o en quienes este delegue la función. Para
efectos de cumplir con lo dispuesto en este artículo, se deberá notificar a la Dirección General de Tributación todos los actos del proceso.”

11) “ARTÍCULO 106. DEBERES ESPECIFICOS DE TERCEROS
(…)
e) Los administradores de los fideicomisos y similares, o de cualquier tipo de administración de recursos, efectuada por personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeros, sean o no intermediarios financieros, deberán entregar a la Administración Tributaria la información referida a los sujetos beneficiarios finales de estos instrumentos, así como de los registros contables y financieros al día, los cuales deberán conservar por el plazo establecido en este Código.

Esta información deberá ser actualizada anualmente, debiendo indicarse el detalle de los movimientos anuales del contrato.

De no señalarse lo indicado, la Administración Tributaria considerará al administrador o fiduciario, como el beneficiario final”.

12) “ARTÍCULO 106 TER.- PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR INFORMACIÓN A LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
(…)
4. Las entidades financieras deberán cumplir con todos los requerimientos de información que sean presentados por la Administración Tributaria, siempre y cuando vengan acompañados de la copia certificada de la resolución judicial que lo autoriza, hecho que deberán poner en conocimiento del interesado. En caso que las entidades financieras incumplan con el suministro de información se aplicará una sanción equivalente a multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo
conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este inciso, se reducirá en un setenta y cinco (75%). La Administración
Tributaria se encuentra facultada para no aplicar la presente sanción,cuando se esté en presencia de un hecho considerado como caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrado.

Toda la información tributaria recabada mediante los procedimientos establecidos en este artículo será manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.

Reglamentariamente se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar el correcto manejo de la información recibida, con el objeto de asegurar su adecuado archivo, custodia y la individualización de los funcionarios responsables de su manejo.

Se exceptúa de este procedimiento, toda aquella información relacionada con los avalúos y peritajes que las entidades financieras deban realizar para autorizar préstamos a sus clientes; la cual será considerada previsiblemente pertinente para efectos tributarios y podrá ser solicitada por medio de los requerimientos de información establecidos en el artículo 105 de este Código, en estos supuestos la entidad financiera deberá informar al cliente que la información ha sido solicitada.”

13) “ARTÍCULO 106 QUÁTER.- PROCEDIMIENTO PARA REQUERIR INFORMACIÓN FINANCIERA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS JURISDICCIONES EN VIRTUD DE UN CONVENIO INTERNACIONAL
(…)
En caso de que tales entidades incumplan con el suministro de información, en cualquiera de los casos señalados anteriormente, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base. Si el obligado suministra la información dentro de los tres días siguientes al vencimiento del plazo conferido por la administración, la multa pecuniaria establecida en este párrafo, se reducirá en un setenta y cinco (75%).

Toda la información recabada por parte de las entidades será manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 de la Ley N. °4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.”

14) “ARTÍCULO 130.- DECLARACIONES RECTIFICATIVAS.
(…)
e) No procederáe) No procederá presentar declaraciones rectificativas, después de notificado el inicio de un procedimiento de control tendiente a generar una liquidación definitiva. Sin embargo, el sujeto pasivo podrá plantear, a partir de ese momento y hasta la finalización del procedimiento, una petición de rectificación sujeta a la aprobación por parte de los órganos actuantes de la
Administración Tributaria. La consecuente aprobación o denegatoria será incorporada directamente en la propuesta de regularización que se le formule al sujeto fiscalizado en los procedimientos de liquidaciones definitivas y en los procedimientos de liquidaciones previas, la aprobación o denegatoria será incorporada en el Acto Administrativo de Liquidación de Oficio.

En los procesos de control tendientes a generar una liquidación previa, el contribuyente podrá realizar una única rectificación dentro de los tres días “hábiles siguientes a la notificación del acto de inicio de la actuación. Las rectificaciones presentadas después de los tres días hábiles del inicio de la actuación, tendrán el carácter de petición por lo que su aprobación o denegatoria será incorporada en el Acto Administrativo de Liquidación de Oficio.”


15) “ARTÍCULO 131. OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE EXPIDEN PATENTES Y LICENCIAS.

Será requisito para la expedición de las patentes y las licencias, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 bis, que el solicitante se
encuentre inscrito como sujeto pasivo ante la Administración Tributaria; para tales efectos, previo al otorgamiento de cualquier patente y licencia, la entidad territorial que las autoriza deberá verificar por los medios electrónicos correspondientes, que el solicitante cumpla con lo indicado.”


16) “ARTÍCULO 134.- MEDIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

El contribuyente se encuentra en la obligación de establecer un medio para recibir notificaciones. El acto de inicio de cada procedimiento tributario deberá notificarse en el domicilio fiscal o en el correo electrónico registrado por el contribuyente ante la Administración Tributaria, según corresponda.

Para recibir futuras notificaciones, el contribuyente se encuentra obligado a señalar un medio dentro del perímetro que la Administración Tributaria defina, o en una dirección única de correo electrónico, fax, buzón electrónico, o cualquier otro medio electrónico habilitado que permita la seguridad del acto de comunicación. El medio señalado será válido y surtirá efectos jurídicos para toda siguiente notificación que se requiera se realice en el procedimiento que sigue la Administración Tributaria.

El interesado podrá señalar dos medios electrónicos distintos de manera simultánea, pero deberá indicar expresamente, cuál de ellos se utilizará como principal.

Si los medios electrónicos señalados por el interesado para recibir notificaciones generaran fallas en su transmisión, la Administración
Tributaria deberá realizar tres intentos de notificación, dos el primer día en horas diferentes y una el tercer día. En caso de que todas resulten infructuosas, las resoluciones que se dicten se tendrán por válidamente notificadas con el solo transcurso de veinticuatro horas.”.

17) “ARTÍCULO 137.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN.

b) Por correspondencia efectuada mediante correo público o privado o por sistemas de comunicación telegráficos, electrónicos, facsímiles y similares, siempre que tales medios permitan confirmar la recepción. Se podrá notificar por correo electrónico conforme a los principios de la Ley No. 8687, Ley de Notificaciones Judiciales, y sin perjuicio de que se establezcan, reglamentariamente, sistemas para garantizar que la notificación por medios electrónicos sea efectiva y tutele los derechos del contribuyente a un debido proceso.

La Administración Tributaria podrá practicar notificaciones en el buzón electrónico a que se refiere el artículo 137 bis de este Código, siempre que se identifique fidedignamente al remitente y destinatario de la notificación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, para que la notificación se practique utilizando el buzón electrónico se requerirá que el interesado lo haya señalado expresamente como medio preferente o consentido. En estos casos la notificación se entenderá practicada para todos los efectos legales, al quinto día hábil siguiente de aquel en que el documento ha sido introducido en el buzón electrónico.

La Administración Tributaria podrá establecer reglamentariamente la obligación de contar con un buzón electrónico permanente. En este
supuesto, la Administración Tributaria deberá implementar un sistema razonable de alertas de la existencia de una notificación, ya sea por medio de mensaje de texto al número de teléfono celular indicado por el contribuyente o al correo electrónico que este designe conforme a los principios de la Ley No. 8687, Ley de Notificaciones Judiciales. |

El sistema de notificación deberá acreditar la transmisión, las fechas y horas en que se produzca el depósito de la notificación en el buzón electrónico asignado al interesado, el acceso de este al contenido del mensaje de notificación para el supuesto indicado en el numeral 2 deeste artículo y el hecho de que se ha puesto a disposición el contenido íntegro de la misma.

Las notificaciones practicadas en los medios señalados en este inciso producirán los efectos de las realizadas en el domicilio fiscal
constituido.”

18) “ARTÍCULO 137 BIS.- BUZÓN ELECTRÓNICO.

1. La Administración Tributaria podrá crear un sistema de buzón electrónico para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios telemáticos, con sujeción a los mismos requisitos establecidos para el resto de registros administrativos.

2. El buzón electrónico estará habilitado para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones relativas a los procedimientos y trámites de la competencia de la Administración Tributaria y que se especifiquen en la norma de creación de este. Deberá cumplir con los criterios de disponibilidad, autenticidad, integridad, no repudio, confidencialidad y conservación de la información que igualmente señalen en la citada norma.

3. El buzón electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos del cómputo de plazos, la recepción en un día inhábil se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente.

4. La presentación de documentos electrónicos en el citado buzón tendrá idénticos efectos que la efectuada por los demás medios admitidos y podrá tener carácter obligatorio de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 137 de este Código.

5. La Administración Tributaria gestionará, administrará y controlará la totalidad del proceso informático que requiere el buzón electrónico,conforme los alcances y modalidades que se determinen reglamentariamente.”

19) “ARTÍCULO 149.- ÓRGANOS COMPETENTES PARA SANCIONAR.

Las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en este Código, serán impuestas por los órganos de las Administraciones Tributarias Territoriales o de Grandes Contribuyentes de la Administración Tributaria, a los que, reglamentariamente, se les asigne competencia para el control del cumplimiento de las distintas obligaciones tributarias, tanto formales como materiales.

También podrán imponer esas sanciones, las direcciones funcionales que integran los servicios centrales de la Administración Tributaria cuando, mediante reglamento, se les asigne competencia para llevar a cabo, frente a determinados sujetos pasivos y otros obligados tributarios, aquellas mismas actuaciones de control.”

20) “ARTÍCULO 190.- INTEGRACIÓN DE LA OFICINA DE COBROS.

Para el cobro judicial o extrajudicial que le compete, la Oficina de Cobros debe estar integrada por:

a) Un jefe, quien debe ser abogado, cuyas funciones son atender todo lo referente a la dirección, coordinación, supervisión y ejecución de las actividades y programas de la dependencia y ejercer las demás atribuciones que para tales efectos le correspondan;
b) Un cuerpo de abogados que debe integrar la planta estable de la Oficina, denominados Fiscales de Cobro los cuales podrán estar
destacados a lo largo del territorio nacional en cantidad necesaria para gestionar las deudas a su cargo,

El Jefe de la Oficina y los Fiscales de Cobro a que se refiere el inciso b) deben ser nombrados por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.

Cada Fiscal de Cobro podrá contar con el personal administrativo y profesionales asistentes que requieran las necesidades del servicio a su cargo, quienes serán nombrados por el Ministerio de Hacienda de acuerdo con las regulaciones del Estatuto de Servicio Civil.

Mediante Decreto Ejecutivo se dispondrá la jurisdicción territorial de cada Fiscal de Cobro y los aspectos relativos a su organización.”

21) “ARTÍCULO 192.- CRÉDITOS INSOLUTOS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES

Las oficinas que controlen, a favor del Poder Central, ingresos o créditos de la naturaleza indicada en el artículo 189 de este Código, una vez vencido el término de pago, deben preparar las certificaciones de lo pendiente de cobro y remitirlo al cuerpo de Fiscales de Cobro de la jurisdicción que corresponda, certificación que tendrá el carácter de título ejecutivo. Si una vez emitida la certificación, el deudor realizara pagos parciales de lo adeudado, el Jefe del Departamento de Cobro Judicial podrá realizar sin más trámite la reliquidación
correspondiente y emitir la nueva certificación con carácter de título ejecutivo.

Antes de remitir las certificaciones a la Oficina de Cobros, las oficinas que controlen los ingresos o créditos a que se alude en el párrafo primero de este artículo deben notificar al deudor por cualquiera de los medios que autoriza el artículo 137 de este Código, que se le concede un plazo de quince días, contado a partir de su notificación, para que proceda a la cancelación del crédito fiscal impago.

Si vencido el plazo señalado el deudor no regulariza su situación, dichas certificaciones deben ser enviadas de inmediato al Fiscal de Cobro competente para los efectos de ejercer la respectiva acción judicial o extrajudicial de cobro.


“CAPÍTULO III
DACIÓN EN PAGO Y REMATE ELECTRÓNICO

22) “ARTÍCULO 193.- AUTORIZACIÓN DACIÓN EN PAGO.
Autorízase al Ministerio de Hacienda para que reciba, en pago de tributos administrados por la Dirección General de Tributación o la Dirección General de Aduanas, bienes muebles o inmuebles que ofrezcan los deudores, previo avalúo por parte de la Dirección General de Tributación y según recomendación que realice la Dirección General de Hacienda en que se verifique la existencia de un plan de aprovechamiento de dichos bienes por parte de alguna institución del Poder Central, o posibilidad de rematarlos mediante el procedimiento de remate electrónico. El Ministerio de Hacienda reglamentará lo correspondiente a este procedimiento.”

23) “ARTÍCULO 194.- REMATE ELECTRÓNICO.
Autorícese al Ministerio de Hacienda para que efectúe el remate de bienes dados en dación de pago a través de una plataforma tecnológica que brinde un espacio virtual de búsqueda directa, abierta y libre del precio de adquisición, que permita alcanzar el precio asignado por el mercado, sin interferencias de ningún tipo. El remate se desarrollará en tiempo real y en forma automática,
requiriendo únicamente la participación de los postores individualmente considerados, sin contacto personal de entre sí. El sistema que se implemente deberá garantizar las condiciones de transparencia, publicidad, seguridad,rapidez y economía en la determinación del justo valor de cambio de los bienes rematados, mediante el procedimiento de mejoramiento de precios en línea.

Mediante Decreto ejecutivo se regulará esta modalidad de remate, etapas y plazos de ejecución, que incluye las fases preparatorias, de publicidad, de inscripción, de desarrollo y de adjudicación.”


24) “ARTICULO 195.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA.
Para establecer la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 22 de este Código bastará la notificación del requerimiento de pago
establecido en el artículo precedente a los deudores solidarios. Aquellos deudores solidarios que no cancelen las deudas tributarias dentro del plazo legal otorgado al efecto, se incluirán en la lista de morosos que la Administración Tributaria publica, excepto cuando se trate de un accionista minoritario que demuestre fehacientemente haber salvado su responsabilidad en las actuaciones de la Junta Directiva con anterioridad a la exigibilidad de la deuda.

25) “ARTÍCULO 196 Bis.- EMBARGO PREVENTIVO.

Cuando en vías de determinación de un crédito fiscal, a juicio de la autoridad administrativa competente existe peligro de que el obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a dejar insoluto el crédito, la Administración Tributaria, podrá solicitar a la Oficina de Cobros que requiera a la Autoridad Judicial competente el embargo de los bienes como medida cautelar, la cual tendrá una vigencia hasta de dos años, prorrogable por el mismo período.

El Juez competente, otorgará audiencia al obligado por tres días hábiles. Una vez vencido este plazo, deberá pronunciarse sobre la procedencia o no del embargo solicitado como medida cautelar en un plazo perentorio de 3 días hábiles. En caso de que el Juez no resuelva en el plazo establecido, se tendrá por aprobada la solicitud de embargo, lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que en sede disciplinaria pueda establecer el Poder Judicial contra el Juez que no resuelva en el plazo señalado.

El obligado, podrá designarse como depositario con las mismas responsabilidades que un depositario judicial cuando el embargo no recaiga en dinero en efectivo. En caso de que el Juez no se pronuncie dentro del plazo establecido, se tendrá por autorizado en forma automática el embargo, con carácter de medida cautelar provisionalísima.

Los bienes se embargarán en el siguiente orden:


a) Sumas de dinero a favor del obligado tributario adeudadas por terceros, incluidos pagos con tarjetas de crédito o débito cuyas sumas
corresponde girar a las operadoras de tarjetas.

b) Ingresos de los espectáculos públicos que hayan sido o no declarados previamente a la Administración Tributaria.

c) Dinero efectivo o en cuentas que posea en entidades financieras.

d) Sueldos, salarios.

e) Créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo.

f) Bienes inmuebles.

g) Establecimientos mercantiles o industriales.

h) Metales preciosos, piedras finas, joyería, orfebrería y antigüedades.

i) Mercancías que deban ser entregadas al obligado tributario por terceros.

j) Frutos y rentas de toda especie.

k) Otros bienes muebles y semovientes.

l) Créditos, derechos y valores realizables a largo plazo.

En el caso de los incisos a) y b) el monto del embargo será de hasta de un setenta y cinco por ciento (75%) del dinero.
En el caso del inciso d) el monto del embargo será el porcentaje permitido por el artículo 172 del Código de Trabajo.
En el resto de los casos el embargo será hasta de un cien por ciento (100%) del valor del bien embargado.

En ningún caso el monto del embargo podrá sobrepasar el monto indicado en el párrafo primero de este artículo si dicho porcentaje lo sobrepasa, siempre y cuando los bienes sean divisibles, de lo contrario el embargo recaerá sobre el valor del bien.

A solicitud del obligado tributario el Juez competente, podrá alterar el orden de embargo si los bienes que señale garantizan el cobro de la deuda con la misma eficacia y prontitud que los que preferentemente deban ser trabados y no se causa con ello perjuicio a terceros; o cuando por la aplicación estricta del orden de embargo establecido se demuestre que se pone en riesgo la continuidad de la actividad económica del obligado.

No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables por las leyes ni aquellos otros respecto de los que se presuma que el coste de su realización pudiera exceder del importe que normalmente podría obtenerse en su enajenación.”

CAPÍTULO V

EJECUCIÓN JUDICIAL

26) “ARTÍCULO 199.- EL PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL.

El proceso de ejecución judicial será el proceso monitorio regulado por la Ley Nº 8624 Ley de Cobro Judicial, a cargo de los juzgados civiles especializados o no en el cobro de obligaciones dinerarias, del domicilio del demandado, sin importar la cuantía con las siguientes excepciones:

a) No existirá el trámite de citación de partes para sentencia. Si el ejecutado no se opusiere, dentro del término correspondiente, el tribunal respectivo declarará con lugar la demanda y ordenará continuar la ejecución, por medio de resolución razonada que no requerirá las formalidades de sentencia.

b) Para decretar embargos preventivos no deberá realizarse depósito alguno de garantía.

c) Solo se admitirá la oposición vía incidental que se funde en la falta de exigibilidad, el pago o la prescripción.

d) Los notificadores, peritos y ejecutores del proceso de ejecución judicial, deberán desempeñar su cargo en forma obligatoria, sin necesidad de depósito alguno por honorarios, los cuales se girarán del producto de los bienes embargados, una vez cubiertos el crédito, los intereses y las costas y serán siempre a cargo del accionado. El Juez no levantará el embargo hasta tanto no
estén cubiertos dichos honorarios. Los notificadores peritos y ejecutores que no cumplan con la obligación precedente se harán acreedores de una sanción equivalente a un salario base, cuya tramitación será de competencia del Director de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda.”

27) “ARTÍCULO 200.- EL PROCESO DE REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL.

Autorícese al Poder Judicial para que efectúe el remate electrónico de bienes embargados mediante el procedimiento que será regulado por la Corte Suprema de Justicia.”

CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 2-. INFORMACIÓN DE CLIENTES DE ENTIDADES FINANCIERAS.

La información sobre la identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta en una entidad bancaria o financiera, deberá ser proporcionada por las entidades financieras, a la Administración Tributaria únicamente en cuanto a los aspectos relacionados con la representación, el domicilio, la capacidad legal, la ocupación o el objeto social, así como los datos de su identidad, sean clientes
ocasionales o habituales. Dicha información deberá suministrarse al menos una vez al año, de conformidad con la forma y procedimiento que se establezca reglamentariamente.

La información suministrada en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo estará cubierta por el deber de confidencialidad establecido en el artículo 117 de este Código y los funcionarios de la Administración Tributaria estarán expuestos a las sanciones establecidas por revelar información, hacer un uso indebido o facilitar que terceras personas no autorizadas por ley tengan acceso a ella.

El incumplimiento en el suministro de esta información, configura la infracción administrativa prevista y sancionada en el artículo 83 de este Código.

ARTÍCULO 3.- AUTORIZACIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS DE INCENTIVO AL CUMPLIMIENTO Y CONTROL TRIBUTARIO MASIVO.

Se autoriza a la Dirección General de Tributación para que reglamentariamente desarrolle los medios, acordes con el desarrollo tecnológico, que estime pertinentes para fiscalizar a los contribuyentes del Impuesto General sobre las Ventas, o estimular a los compradores o consumidores finales a exigir la factura o documento que lo reemplace.

A estos efectos el Ministerio de Hacienda estará autorizado para devolver hasta un punto porcentual de la alícuota del Impuesto General sobre las Ventas pagado por consumidores finales, conforme a rangos de actividad y tipos de comercio, en aras de establecer controles para mejorar la gestión y fiscalización del Impuesto General sobre las Ventas e Impuesto sobre la Renta. Para estos efectos deberá
realizar estudios de costo beneficio o similares que justifique la aplicación de este esquema de devolución para actividades económicas específicas. Igualmente podrá establecer planes de incentivo por premios.

Los fondos para el pago de premios, logística, publicidad, organización y otros, no excederán del cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto anual presupuestado por concepto de la recaudación de los Impuestos General sobre las Ventas y Selectivo de Consumo. Estos gastos deberán incorporarse en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República.

ARTÍCULO 4.- CASAS DE ESTANCIA TRANSITORIA.

Todo arrendamiento de bienes inmuebles de uso habitacional, por periodos inferiores a un mes, se considerará como un servicio afecto al Impuesto General sobre las Ventas, Ley N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, de conformidad con el inciso ch) del artículo 1.

ARTÍCULO 5.- MEDIOS ALTERNATIVOS DE PAGO.
Todas las personas físicas con actividad lucrativa que presten sus servicios al público, están obligados a aceptar como medio de pago alternativo, las tarjetas de crédito o débito, así como cualquier otro mecanismo electrónico o no, en donde exista una institución financiera que le garantice al comerciante la acreditación del dinero a su favor.

ARTÍCULO 6.- Modifíquese artículo 2 de la Ley número 2393 denominada Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, de 11 de julio de 1959, para que en adelante se lea:

“Artículo 2º.- La Oficina de Cobros contará con el personal administrativo que requieran las necesidades del servicio; atenderá la organización del cobro de las obligaciones a su cargo.

Los Fiscales de Cobro podrán disponer la cancelación de impuestos, tasas o créditos de cualquier clase a favor del Gobierno, cuando los plazos de prescripción correspondientes hubieren vencido y se trate de cuentas o créditos incobrables. La resolución que así lo disponga deberá contar con la aprobación del Director de la Dirección General de Hacienda, y será puesta en conocimiento de los organismos correspondientes y de la Contabilidad Nacional para que cancelen en sus registros o libros las cuentas o créditos respectivos.”

ARTÍCULO 7.- Modifíquese el artículo 8 de la Ley número 2393 denominada Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, de 11 de julio de 1959, para que en adelante se lea:

“Artículo 8°.- Los Fiscales de la Oficina de Cobros Judiciales, gestionarán el pago de las sumas que deban cobrar por los medios legales que consideren convenientes. Deberán iniciar los trámites en sede judicial, a más tardar, un mes después del recibo de los documentos
correspondientes.”

ARTÍCULO 8.- DERÓGUENSE LAS SIGUIENTES NORMAS:

a) El artículo 4 de la Ley No. 7218, Ley de Ajuste Tributario del 16 de enero de 1991.
b) Los artículos 3, 4, 6, 7, 16, 17 y 18 de la Ley No. 2393 de 11 de julio de 1959, Crea de Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda.
c) El inciso d) del artículo 196 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

CAPÍTULO III
TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS.

Artículo 9.- SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS Y OTRAS ESTRUCTURAS JURÍDICAS

Los representantes legales de todas las personas jurídicas o estructuras jurídicas domiciliadas en el país, deberán proporcionar al Banco Central de Costa Rica, en los términos y condiciones que definan mediante resolución conjunta de la Dirección General de Tributación y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, la siguiente información:

A. Identificación de la totalidad de los accionistas o quienes ostenten participaciones patrimoniales de las personas jurídicas o estructuras
jurídicas y de los beneficiarios finales o efectivos, entendidos estos últimos como las personas físicas que dirigen, toman decisiones en cuyo nombre se realiza una determinada transacción y ejercen el control final efectivo sobre la persona jurídica o estructura jurídica, y quienes se benefician de sus réditos. En el caso en que exista un tenedor o custodio, mandatario o quien ejerza los poderes de representación, con facultades de administración y disposición de las participaciones patrimoniales con iguales facultades que su titular, se deberá identificar al propietario de los títulos y demás participaciones patrimoniales.

B. Identificación del capital social y su composición, conforme se defina en el reglamento correspondiente.

ARTÍCULO 10.- OTROS OBLIGADOS

Con excepción de los fideicomisos públicos, también tendrán obligación de mantener actualizada y suministrar al Banco Central de Costa Rica, la información establecida en este capítulo; incluyendo la información sobre el objeto del contrato, el fideicomitente, el (los) fiduciario(s), los beneficiarios y sus tipos de beneficios así como el valor actualizado de los bienes y valores que administren,
los fideicomisos.

Los administradores de valores, dinero y otros activos a favor de sus clientes deberán suministrar la información establecida en el artículo anterior incluyendo el valor actualizado de los mismos.

Las organizaciones sin fines de lucro deberán suministrar además, la información del propósito y los objetivos de sus actividades, información de la identidad de los miembros de la Junta Directiva, Consejo de Administración, Directores o equivalentes, así como el cuerpo gerencial, información detallada de los ingresos y egresos, registros e identificación de los donantes y de los destinatarios o
beneficiarios de sus contribuciones o donaciones hasta la persona física, incluyendo la identificación de estructuras compuestas por organizaciones afiliadas.

La información deberá ser conservada en los registros de los obligados, por un plazo mínimo de 5 años contados a partir de la fecha en que se vincula al cliente y toda vez que se realice una nueva transacción local o internacional y la información deberá ser resguardada por un período equivalente luego de terminada la relación de negocios, servicios y de otra naturaleza.

ARTÍCULO 11.- CUSTODIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN.

El Banco Central de Costa Rica administrará de forma segura la información señalada en este capítulo, conformando una base de datos para estos efectos, con la estructura que se defina en la resolución general a la que se hace referencia en este capítulo. El Banco tendrá a su cargo:

A. La recepción, almacenamiento y seguridad de la información, garantizando adecuadamente su autenticidad, integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad y seguridad informática, utilizando protocolos y estándares internacionales reconocidos para el manejo de datos sensibles y alienados con los estándares internacionales de confidencialidad de la información.

La habilitación y control de los accesos necesarios a esta base de datos, para el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre Drogas.

C. La definición de los pistas de auditoría que permitan establecer con certeza el origen del acceso a los datos, fecha y hora de la petición, usuario o sistema utilizado para la consulta, tiempo de la sesión de acceso y listado de los datos visualizados.

El Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre la Drogas, deberán cumplir con las disposiciones de seguridad informática que garanticen la integridad, confiabilidad, confidencialidad, trazabilidad, y de definición de pistas de auditoría, en los términos señalados en el presente artículo y alineados con los utilizados por el Banco Central de Costa Rica.

ARTÍCULO 12.- UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
La información a la que se hace referencia en este capítulo, no se considerará amparada al secreto bancario y tendrá carácter confidencial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, y no podrá ser utilizada para otros fines distintos a los señalados a continuación:

A. La Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda, para el cumplimiento de sus funciones de:

I. Determinación, cobro y verificación de los tributos bajo su administración; procesos de control o determinación de un
eventual incumplimiento tributario; uso sistemático de técnicas de análisis relativo a maniobras de defraudación fiscal, por medio
exclusivamente de las áreas de la Dirección General de Tributación encargadas de Inteligencia Tributaria, de Investigación y Represión del Fraude Tributario, GrandesContribuyentes Nacionales, todo de conformidad con lo establecido en el respectivo Plan Anual Operativo.

II. Intercambio de información de conformidad con las disposiciones de los instrumentos internacionales por medio del área de la
Dirección General de Tributación encargada de Negociación y Aplicación de Convenios Tributarios,

III. Ejecución de las inspecciones tributarias, por medio de los funcionarios de las áreas de Fiscalización de las
Administraciones Tributarias Territoriales, la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales y la Dirección de
Fiscalización.

B. El Instituto Costarricense sobre las Drogas, para el cumplimiento de sus competencias legales.

ARTÍCULO 13.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

Corresponderá a la Dirección General de Tributación el control del cumplimiento del suministro de información de personas jurídicas y de las otras estructuras jurídicas, así como la aplicación de la sanción que corresponda. Para estos efectos el Banco Central de Costa Rica, en su condición de Administrador de la base, suministrará a la Dirección General de Tributación la información correspondiente para cumplir con lo dispuesto en este artículo.


ARTÍCULO 14.- RÉGIMEN SANCIONADOR POR INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE CAPÍTULO.

El incumplimiento en el suministro de la información detallada en el presente capítulo, será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

ARTÍCULO 15.- RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Incurrirá en falta grave será sancionado con el despido sin responsabilidad patronal, con independencia de las sanciones penales que procedan, aquel funcionario del Banco Central de Costa Rica o del Instituto Costarricense sobre Drogas, que:

A. Por cualquier medio acceda a sistemas de información o bases de datos, o la información en ella contenida, sin la autorización de la autoridad competente, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente ;

B. Se apodere de cualquier programa de cómputo, sus bases de datos, o la información en ella contenida, lo copie, utilice, destruya, inutilice, altere, transfiera, o lo conserve en su poder sin contar con la debida autorización de la autoridad competente, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente.

C. Facilite, habilite o permita que su mecanismo de autenticación, asignado para ingresar a sistemas informáticos, sea utilizado por otra persona no autorizada para ello.

En todos los supuestos citados, la Administración Pública competente se encuentra facultada siguiendo el debido proceso para suspender al funcionario infractor, mientras se tramita el proceso de gestión de despido, así como en la obligación de presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público.

ARTÍCULO 16.- CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS DENTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

Créase dentro del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Asuntos Internos, la cual dependerá del Ministro de Hacienda.

Tendrá como función investigar, de oficio o por medio de denuncias, los casos de corrupción, conductas y actuaciones irregulares, así como el uso no autorizado de los sistemas de información o bases de datos, o la información en ellos contenidos, por parte de sus funcionarios.

Pondrá en conocimiento del Ministerio Público los casos investigados que ameriten tramitarse en sede penal. Para efectos legales y del cumplimiento de sus funciones, esta Dirección será considerada como Administración Tributaria, supeditándose su ámbito únicamente a la investigación de funcionarios del Ministerio de Hacienda. Su funcionamiento se regulará por vía reglamentaria.

Artículo 17.- Refórmese los artículos 84 bis, 93, 94 y 95 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, cuyo texto se leerá como se indica:

A) “ARTÍCULO 84 bis. Incumplimiento al deber de suministrar información sobre transparencia y beneficiarios finales de las
personas jurídicas y otras estructuras jurídicas.

La Dirección General de Tributación impondrá al obligado que incumpla el suministro de información establecido en el Capítulo denominado “Transparencia y beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas”, de la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de los ingresos brutos de la persona jurídica o estructura jurídica, en el período del impuesto sobre las utilidades, anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de cien salarios base.Para estos efectos se entiende por salario base el contenido en el artículo 2 de la Ley 7337. No obstante, de previo, deberá apercibir a los obligados a cumplir su deber de suministrar o actualizar la información, según corresponda, para lo cual se le concederá un plazo de 3 días hábiles, prorrogable por un plazo igual, a solicitud debidamente motivada de la parte, previa aprobación de la Administración Tributaria.

 

El monto recaudado por concepto de estas multas se depositará en una cuenta en la Caja Única del Estado a nombre del Instituto Costarricense sobre las Drogas, y será destinado exclusivamente al financiamiento de las actividades operativas de este organismo. De mantenerse el incumplimiento, el Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica o inscribir documentos a favor de quienes incumplan con el suministro de la información a que se refiere este artículo. De igual forma los Notarios Públicos deberán de consignar en los documentos que emitan que el obligado al suministro “Incumple con la Ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal”.

Para tales efectos el Banco Central de Costa Rica en conjunto con la Dirección de General de Tributación, deberán disponer de un sistema de consulta en que se pueda verificar si los obligados se encuentran al día en el suministro de esta información.

Quienes incumplan con el suministro de información a que se refiere este artículo, no podrán contratar con el Estado o con cualquier institución pública a, y no podrán gozar de ningún beneficio o incentivo fiscal mientras se mantenga el incumplimiento.”

B) “Artículo 93.- Falta al deber de probidad

Las conductas de los funcionarios públicos, tipificadas en los artículos 94, 95, 96 y 97 de este Código, serán consideradas como faltas graves y serán sancionadas con el despido sin responsabilidad patronal, con independencia de las sanciones penales aplicables.

En todos los supuestos citados, la Administración Pública competente se encuentra facultada para suspender al funcionario infractor, mientras se tramita el proceso de gestión de despido, así como en la obligación de presentar la denuncia correspondiente al Ministerio Público..”

C) “Artículo 94.- Acceso desautorizado a la información

Será sancionado con prisión de tres a cinco años quien, en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o la privacidad o para la integridad de los datos, acceda por cualquier medio a los sistemas de información o bases de datos o a la información contenida en ellas, sin la debida autorización de quien deba expedirla o del titular de los datos, o existiendo ésta, no cuente con la justificación correspondiente. Será sancionado con prisión de 1 a 4 años a quién instigue, obligue o presione a una persona autorizada para acceda a la información en beneficio propio o de un tercero, con peligro o daño para la intimidad o la privacidad o para la
integridad de los datos.

La pena será de cuatro a seis años de prisión cuando las conductas descritas en esta norma sean realizadas por personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos.”

D) “Artículo 95.- Manejo indebido de sistemas de información
Será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión, quien sin autorización de la autoridad competente, se apodere, utilice, copie, destruya, inutilice, altere, conserve o transfiera, por cualquier medio un sistema de información o base de datos o la información contenida en ellas, utilizados por la Administración Tributaria, y siempre que no hayan sido declarados de uso
público, mediante resolución.

La pena será de cuatro a diez años de prisión si la acción fue realizada con ánimo de lucro para sí o para un tercero o si se hubiera obtenido beneficios económicos de la utilización, enajenación, transferencia o destrucción del sistema de información o de la base de datos o de la información contenida en ella.”

CAPITULO IV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.-
Para los efectos del artículo 190 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, los casos que a esa fecha se encuentren con demanda interpuesta serán gestionados por los Fiscales de Cobro de la jurisdicción de la autoridad judicial ante la que se tramiten.

TRANSITORIO II.-
Lo dispuesto en los artículos 18 bis, 131 y 137 bis, que se adicionan al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, entrarán a regir en el momento en que la Dirección General de Tributación disponga de los sistemas tecnológicos necesarios para su implementación, la cual tendrá un plazo de 12 meses improrrogable para su adquisición o desarrollo.

Una vez desarrollado el Sistema de Notificación de buzón electrónico, la Dirección General de Tributación estará en la obligación de divulgar, en su página de internet y en un diario de circulación nacional, con al menos 3 meses de antelación, la entrada en operación de estos sistemas.

TRANSITORIO III.-
Los embargos administrativos que se hayan practicado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, mantendrán su vigencia de conformidad con los términos y condiciones en que fueron decretados.

TRANSITORIO IV.-
Los requerimientos de información por suministro que deben cumplir los Grandes Contribuyentes, relacionados a la información de accionistas de las personas o estructuras jurídicas, se deberán continuar suministrando hasta que la Dirección de Grandes Contribuyentes tenga el acceso a la base de datos que va a administrar el Banco Central de Costa Rica de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.

TRANSITORIO V.-
Las reformas de los artículos 53, 74 y 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no afectarán a aquellos procesos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, ya se encuentran presentadas al Ministerio Público.

TRANSITORIO VI.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley y hasta el 31 de mayo del 2018, la Administración Tributaria tendrá acceso únicamente a la información relativa a los accionistas o beneficiarios legales de las personas o estructuras jurídicas. Para estos efectos Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre las drogas deberán garantizar que el sistema informático cumpla con las medidas de seguridad establecidos, lo cual será verificado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si de previo al 31 de mayo del 2018 se cumplen con las condiciones de seguridad establecidas, se tendrá acceso a toda la información regulada en el Capítulo IV.

TEXTO PUBLICADO EN LA GACETA DEL 20 DE ABRIL DEL 2016

Proyecto de Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS

DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO

LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE Nº 19.555

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Los Legisladores que suscriben, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, rendimos formal Dictamen Unánime Afirmativo sobre el expediente 19.555 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.

1. SOBRE EL PROYECTO DE LEY

El expediente N° 19555 “Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos”, tiene como objetivo promover la eficiencia, eficacia y economía, en la ejecución de recursos financieros, estableciendo regulaciones para las entidades públicas estatales o no estatales, órganos, entes públicos y/o privados que administran recursos públicos, que reflejen superávit libre producto de transferencias y que no cumplan con la ejecución presupuestaria programada para el cumplimiento de los objetivos y metas, establecidos para cada ejercicio económico.

Las entidades con recursos sujetos al principio constitucional de Caja Única del Estado, que no demuestren el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y que reflejen superávit libre al cierre del ejercicio económico, contarán con un período máximo de dos años para ejecutar esos recursos, cuya referencia será la declaración del superávit libre emitida por la Autoridad Presupuestaria. En caso de no requerirlos, deberán ser devueltos al Presupuesto Nacional para ser aplicados al pago del saldo de la deuda pública.

En el caso de las Juntas de Educación del Ministerio de Educación Pública, cuando demuestren haber solicitado ante el Departamento de Infraestructura Educativa la autorización para ejecutar los recursos de superavit, gozarán de una prórroga de un año adicional improrrogable en relación con el plazo establecido en el párrafo anterior.

2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS
•El proyecto de ley fue publicado en La Gaceta N°117, Número de Alcance N° 44

•Recibido para estudio en la Comisión de Asuntos Hacendarios el 24 de abril de 2015.
•El 29 de julio se aprueba moción de consulta a las siguientes instituciones:
Asamblea Legislativa
Instituto Nacional de Seguros
Contraloría General de la República
Tribunal Supremo de Elecciones
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Municipalidades del país
Todos los Ministerios
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
ICE
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad

•Se asignó a estudio por parte de una subcomisión integrada por los diputados Jorge Rodríguez Araya., Otto Guevara Guth, Olivier Jiménez Rojas, José Ramírez Aguilar y Victor Hugo Morales Zapata, quien la
coordina.

•Con fecha del 12 de enero de 2016, la subcomisión rindió informe unánime afirmativo. El mismo fue aprobado en la sesión del 13 de enero 2016.

•Dicho informe presentó una moción de texto sustitutivo la cual fue votada afirmativamente en la sesión del 13 de enero de 2016.
•El nuevo texto en discusión fue consultado vía moción de orden a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Hacienda.

3. CONSULTAS RECIBIDAS

De las consultas recibidas, destacamos las siguientes, por cuanto se refirieron al fondo del expediente:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Consideran que es una meritoria iniciativa para lograr el uso eficiente de los recursos públicos, y hacen varias observaciones en relación con varios artículos del proyecto, tales como que se debería incluir a Municipalidades expresamente en el ámbito de aplicación de la ley, consideran se debería fusionar el artículo 3 y el artículo 7 para eliminar la duplicidad de las normas, se debería ampliar las competencias de la Comisión para la Eficacia de los Recursos Públicos, para delimitar los casos específicos en que se solicitaría información, convocatoria a los jerarcas, para que se realicen respecto al reflejo de superávits y la ausencia de ejecución. En los artículos 14 y 15 se omite indicar en qué casos de incumplimiento se aplicará el artículo 108 de la LGAP. Finalmente adjuntan una redacción propuesta para el artículo 17, mencionan en el artículo 19 que la supletoriedad sea a la Ley 8131 en su integralidad. Señalan que no hay en el proyecto la indicación para el procedimiento que se seguirá para la devolución de los recursos o la referencia a las normas que lo determina, en caso de que así suceda.

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES
No objeta la aprobación del proyecto. Se abstienen en emitir criterio, indican que no se advierte que este contenga disposición alguna relacionada con la materia electoral o que haga referencia o pretenda regular en ningún modo actos relativos al sufragio.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
Indican que el tema de establecer la opción de evitar superávits específicos es
bastante difícil de cumplir considerando las actividades que ciertos entes públicos atienden, como el caso del CNP, donde se facturan compras que eventualmente pueden quedar para su gestión de cobro en períodos posteriores o en general obligaciones contractuales que trascienden la anualidad.

Asimismo, en el caso del Programa de Abastecimiento Institucional, que es un pago que se hace a través de la caja única, los pagos que se realicen en las últimas semanas del año necesariamente tienen que convertirse en superávit específico para poder pagar los compromisos adquiridos con las micro, pequeños y medianos productores proveedores del Programa.

DEFENSORIA DE LOS HABITANTES
Está de acuerdo con la iniciativa.

ICE
Debido a que no reciben transferencias del Estado, al igual que el INS, solicitan que se les incluya en las excepciones.

Por otra parte, en relación con lo dispuesto en el artículo 8 y a efecto de evitar una posible antinomia normativa, consideramos oportuno identificar las leyes que prevén destinos específicos y valorar cuáles requieren ser derogadas, modificadas o mantenerse vigentes. Así mismo consideramos importante prever el impacto que dicha medida podría provocar en las diferentes instituciones y órganos, dada la dependencia presupuestaria de transferencias que muchos de ellos tienen. En cuanto a las atribuciones de la Comisión para la Eficiencia en el Uso de los Recursos Públicos, específicamente lo consignado en el inciso e) del artículo 11, tratándose de instituciones con autonomía administrativa y financiera, la emisión de dictámenes vinculantes, podría ser contraria a derecho.

ICT

Señalan que este proyecto de Ley no resulta aplicable al Instituto Costarricense de Turismo, al contar la entidad con patrimonio propio y sus recursos al no ingresar al Fondo de la Caja Única del Estado, el Ministerio de Hacienda no debe efectuar ninguna transferencia a la entidad, consecuentemente, no resultaría afectada por este proyecto.

INCOP
Indican que “Es importante indicar que este proyecto de ley no es aplicable para nuestra Institución, ya que establece que únicamente es de aplicación para la administración central, así como aquellos entes públicos no estatales que administren o dispongan de transferencia del Presupuesto Nacional.

INVU
Mediante el oficio PE-731-08-2015, indican que a pesar de que se pretende realizar un mejor control en la administración de los recursos públicos, lo cual es muy positivo y comprensible, sin embargo en la actualidad existen, dentro de las entidades públicas una serie de dependencias y normativa que regula, tutela y hasta sancionan la ineficiencia e ineficacia, en el manejo de los fondos públicos, entidades que también son auxiliares de la función que desempeña la Contraloría General de la República en esta materia. Por lo anterior, consideran que lejos de formar o crear una nueva norma jurídica para que las entidades públicas sean más eficaces en la administración de los recursos públicos, lo que se requiere es un mayor y mejor control a lo interno de las entidades públicas para que sean más eficaces en la administración de los recursos públicos.

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL
Mediante el oficio PRES-651-2015, no presentan objeción al proyecto debido a que el ámbito de aplicación no se observa referencia respecto a las entidades públicas como la Junta de Protección Social, que es un ente descentralizado con recursos propios y desde esa perspectiva interpretan que no le alcanza la aplicación de la normativa.

MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Están de acuerdo con el el proyecto permite promover la eficiencia, eficacia y economía en la ejecución de los recursos públicos, además de suplir vacíos en la normativa de la Administración Pública en cuanto a la administración de la ejecución de recursos públicos.

Establece reglas claras para el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como el Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal
Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares y los otros entes públicos o privados que reciban transferencias del Presupuesto Nacional que reflejen superávits libres y que cumplen con la ejecución presupuestaria programada para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en cada período económico.

MINISTERIO DE PLANIFICACION

En el oficio DM-476-2015 el Mide plan plantea las razones por las que este proyecto de ley es necesario, entre ellos, que uno de los objetivos de esta administración es garantizar la correspondencia de la ejecución de las acciones estratégicas involucradas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 con los recursos presupuestarios, mediante un uso eficaz y eficiente de la ejecución de
esos recursos. Señalan que la iniciativa coincide con estas aspiraciones pues pretende promover eficacia, eficiencia y economía en la ejecución de recursos públicos, mediante el establecimiento de regulaciones para las entidades sujetas a su aplicación, para que cumplan con la ejecución presupuestaria programada para cumplir los objetivos.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
Mediante el oficio DM-COR-CAE-428-2015 señalan las siguientes observaciones:

Se aclara con respecto a los artículos primero y segundo, que algunos de los Ministerios de Gobierno no cuentan con superávit en virtud de que no les resulta aplicable dicho concepto. “Al respecto cabe detallar que el “superávit” o “déficit” ha sido entendido como la diferencia entre los ingresos y egresos efectivos al finalizar un período presupuestario. De modo que dicha diferencia es positiva, es decir el resultado es un excedente, se denomina como “superávit específico” a la condición de que los fondos deban destinarse a un fin predeterminado o gasto en concreto, ello a causa de la existencia de normativa especial que así lo dispone. Por otra parte se está en presencia de “superávit libre” cuando dichos recursos no tienen esa condición especial de contar con un destino predeterminado en una norma”.

Citan el Dictamen N° C-020-2012 del 20 de enero de 2012 de la Procuraduría General de la República en el que se indica que “superávit libre” corresponde al excedente de ingresos reales sobre gastos reales de un período determinado, quela entidad puede utilizar sin restricción en cuanto al tipo de gasto que puede financiar dentro de los fines institucionales, siempre que no se trate de gastos
permanentes o que generen una obligación duradera. Por su parte superávit específico es aquel excedente que por disposición normativa tiene un fin específico, de suerte tal que aún cuando puede ser utilizado en períodos subsiguientes, los recursos no pueden ser condierados para establecer el superávit del período correspondiente, ni pueden ser gravados de ninguna forma.
Por lo anterior, se debe tomar en cuenta que la condición necesaria para la existencia de superávit, debe darse una diferencia positiva o excedente entre ingresos y egresos, situación distinta a la que presentan algunos de los órganos del Poder Ejecutivo, en los que no se reportan ingresos ni egresos, sino una ejecución presupuestaria planificada, basada en el Presupuesto Nacional. De modo que, lo que dichos órganos reportan es “presupuesto ejecutado” o “presupuesto no ejecutado” durante el ejercicio económico y al final del período
correspondiente, si no llegara a ejecutar la totalidad de los recursos presupuestados y planificados, una “subejecución presupuestaria” y no un excedente en los términos apuntados para superávit libre específico.

MINISTERIO DE CULTURA
Están a favor del proyecto debido a que pretende la menora en la eficiencia, eficacia y economia de la gestión del uso de los recursos públicos y fomenta una mejor planificación institucional a mediano y largo plazo de las instituciones públicas.

MINISTERIO DE DEPORTE Y RECREACION
El proyecto provee el orden legal de un verdadero instrumento de control y contención del gasto público , introduce medidas preventivas y correctivas en la gestión de recursos públicos que garanticen el logro de los objetivos institucionales.

MINISTERIO DE SALUD
Opinan que debería incluirse la potestad que tendrán los Ministerios concedentes de solicitar a las entidades beneficiarias la información que les permita detrminar la cantidad de recursos a transferir y así girar o transferir un monto de acuerdo con las necesidades Demostradas por la misma, como lo indican las directrices de la Tesorería Nacional y la Directriz “Sobre la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión presupuestaria de la Administración Pública”. Indican que debe tomarse en cuenta la problemática que se presenta cuando no se puede ejecutar el presupuesto por limitación en el gasto anual autorizado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), lo que lógicamente origina superávits.

4. AUDIENCIAS
Conforme consta en el acta N° 23 de la Comisión de Asuntos Hacendarios, del 19 de agosto de 2015, los diputados y diputados contamos con la explicación del proyecto de ley objeto del presente Informe, por parte del al señor Viceministro de Egresos, licenciado José Francisco Pacheco y la licenciada Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional, en la cual se señalaron los siguientes puntos
importantes:

Las transferencias que el Gobierno de la República ejecuta a distintas entidades van creciendo de manera importante, año con año. Inclusive, crecen al mismo ritmo que crecen los salarios.

La ejecución que ya genera un aumento en el déficit o en el gasto que se transforma en un mayor déficit, no necesariamente corresponde con la realización, con la materialización de esa transferencia, de esos dineros en bienes y servicios públicos.

Las transferencias a las entidades, tuvieron un nivel sub ejecución cercano al 16%.

Para el año 2015, el monto total de transferencias corrientes ascendió a cerca de 2.3 billones, me parece y de capital, no recuerdo el dato, si eran como doscientos, doscientos cincuenta mil millones. Pero, es un monto bastante alto del que estamos hablando. Claro que de ahí hay transferencias, como las pensiones, que habría que deducir.

Los saldos en caja única han estado creciendo cerca de un 64%, entre el 2010 y el 2011 y, en los últimos tres años, el crecimiento ha sido a un ritmo medio del 6%. Es decir, los fondos que quedan depositados en caja única, sin utilizar vienen creciendo de manera positiva en los últimos años., de hecho, a partir del 2011, esos saldos han superado la barrera de los setecientos diez mil millones de colones.

Mediante la propuesta en análisis se evidencia una clara intención del proyecto como les decía, de disminuir las presiones fiscales de los años actuales, al tener esa capacidad de deducir los montos de transferencias por ejemplo, que se estarían estableciendo para el próximo año, sin afectar necesariamente la operación de las entidades, porque las entidades sí podrían tener a disposición de ellos los recursos

En palabras de la licenciada Martha Cubillo Jiménez, Tesorera Nacional, ” Algunas de estas instituciones, si bien están mostrando superávit, algunos un superávit específico, que es el superávit que ya han comprometido, que ya tiene proyectos que respaldan ese superávit, algunas de estas instituciones están mostrando superávit libre.

En este momento, no podemos determinar cuánto es lo que podría devolverse al Presupuesto Nacional y es la razón por la que nosotros definimos dos años como período para que estas instituciones tengan la posibilidad de incorporar los recursos que consideramos ociosos a proyectos. De tal forma, que estas entidades si tienen proyectos planeados, si pueden justificar el uso de esos recursos que lo hagan. La idea del proyecto, por lo menos cuando viene a ser planteado desde la Tesorería Nacional, es promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos y no tanto el retorno que pueda darse al Presupuesto Nacional. Es de ahí, para nosotros, la importancia de que se les dé ese período y la razón por la que, hoy por hoy, no podemos cuantificar.”

5. MOCIONES PRESENTADAS.
Diputada Ligia Elena Fallas Rodríguez: Fue rechazada en la sesión del 13 de enero de 2016.
Diputado Gerardo Vargas Varela y Diputado José Ramírez Aguilar: Fue rechazada en la sesión del 13 de enero de 2016.
Varios Diputados: Moción de Texto Sustitutivo presentada el, fue aprobado de forma unánime en sesión extraordinaria del 15 de marzo de 2016.

6. ANÁLISIS A LO INTERNO DE LOS DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE HACENDARIOS SOBRE EL NUEVO TEXTO APROBADO. Los Diputados miembros de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios coincidieron en la necesidad de aprobar esta iniciativa de ley con el fin de promover mayor eficiencia en el uso de recursos públicos, reducir el nivel de endeudamiento del país y la consecuente presión en el déficit fiscal.

Por tal razón se presentó el nuevo texto sustitutivo que recoge las sugerencias de las fracciones representadas y el mejoramiento sustantivo del proyecto de ley. En ese sentido es importante determinar de manera precisa algunos de los temas relevantes discutidos y determinados para este expediente:

CONFORMACIÓN DE SUPERÁVIT SUJETO A LAS MEDIDAS DEL PROYECTO.

El proyecto de ley define superávit libre como el exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos reales efectuados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de partida o subpartida que pueden financiar. De esta forma, se tiene por entendido que el alcance de este proyecto de ley se da para las entidades que se incluyen en el ámbito de aplicación y que reflejen superávit libre producto de transferencias de la Administración Central y que no cumplan con la ejecución presupuestaria programada para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en el plazo establecido en este proyecto de ley.

Resalta el hecho de que la conformación de superávit libre debe ser producto de transferencias de la Administración Central y de las otras entidades cuyos recursos se encuentran en el Presupuesto Nacional.

Dicha precisión surge bajo la idea de que el superávit proveniente de Presupuesto Nacional es quien afecta directamente el déficit fiscal. Dejando de lado, las entidades bajo el régimen de competencia, el Sistema Bancario Nacional y otras organizaciones cuyo financiamiento deriva de norma parafiscal o de otros mecanismos que no sean del Presupuesto Nacional.

CASO DE LAS JUNTAS DE EDUCACIÓN.
Las Juntas de Educación son organismos auxiliares de la Administración Pública, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios, pero sin embargo, están subordinadas a los lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación. .
Tal y como indica el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas
Administrativas del Ministerio de Educación Pública, acerca de la naturaleza de las mismas, “las Juntas estarán sujetas a las directrices y disposiciones emanadas de autoridad competente del MEP, en cuanto al uso y destino de los recursos públicos sometidos a su administración, así como lo relativo a la distribución e inversión de los recursos canalizados por el MEP o les sean asignados por ley”.
Corresponde a la Dirección Financiera del Ministerio de Educación Pública, por
medio del Departamento de Gestión de Juntas, la rectoría general y la
coordinación técnica de los procesos relacionados con el funcionamiento de las
Juntas de Educación y las Juntas Administrativas.
Ese mismo Reglamento indica “Que las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas requieren un marco regulador renovado y flexible que facilite su gestión y, al mismo tiempo, permita a los distintos actores que conforman la comunidad educativa, garantizar el uso racional, estratégico y transparente de los recursos públicos.”

En este orden de ideas, resulta oportuno establecer un lineamiento especial que les permita tener flexibilidad en cuanto al uso y destino de los recursos públicos sometidos a su administración, así como lo relativo a la distribución e inversión de los recursos canalizados por el MEP o les sean asignados por ley.

Por tal motivo se aplica la excepción en el segundo párrafo del artículo 5, donde claramente indica que “En el caso de las Juntas de
Educación del Ministerio de Educación Pública, cuando demuestren haber solicitado ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo la autorización para ejecutar los recursos de superávit, gozarán de una prórroga de un año adicional improrrogable en relación con el plazo establecido”.

De esta forma, las y los Diputados dejamos clara la posición de que las Juntas de Educación, si bien es cierto reciben recursos por medio de transferencias para ejecutar proyectos en los diferentes centros educativos a nivel nacional, tiene realidades diferenciadoras para utilizar estos recursos, al depender de otras instancias para la ejecución de los recursos que administran. Algunas de estas derivan de las resoluciones que dicte la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP. No obstante, es injusto aplicar la misma norma que el proyecto de ley sostiene al resto de instituciones del ámbito de aplicación, cuya ejecución presupuestaria si depende de ellos mismos. Es así como se deja un trato diferenciado únicamente para las Juntas de Educación que logren demostrar la solicitud de autorización de recursos de superávit ante dicho departamento del MEP.


ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA.

En el proyecto de ley original se indicaba la conformación de una Comisión para la Eficiencia en el uso de los recursos públicos, dicho órgano colegiado se encontraba conformado por los siguientes representantes:

a) Ministro de Hacienda o el viceministro de egresos, quien lo presidirá.
b) Ministro de Planificación Nacional y Política Económica o el viceministro
designado.
c) Tesorero Nacional, quien coordinará la secretaría de la Comisión.
d) El Director General de Presupuesto Nacional.
e) Director Ejecutivo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Con respecto a la Comisión anterior, las Diputadas y Diputados coincidimos en la importancia de reducir trámites y procedimientos burocráticos asignados a órganos colegiados cuya conformación dificultaba su accionar debido al alto nivel de funcionarios, en la medida en que el propio texto busca la eficiencia en la administración de los recursos públicos, y sería un contrasentido crear nuevas estructuras para atender el control de la ejecución presupuestaria de recursos transferidos a entidades por parte de la Administración Central.
La Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos crea la Autoridad Presupuestaria como un órgano del más alto nivel para el ordenamiento presupuestario del sector público como un todo, más allá de la propia Administración Central. Lo conformó como un órgano asesor del Presidente de la República en materia de política presupuestaria. Este nivel de autoridad que tiene este órgano, le permite afrontar el análisis y las acciones de control del proceso de ejecución de los recursos que la Administración Central transfiere a la administración descentralizada y que generan superávit libre. Se amplían sus potestades y se le asigna la labor de apoyo técnico al ente encargado de las transferencias que es la Tesorería Nacional.
Hemos dispuesto asignar las funciones de control presupuestario a la Autoridad Presupuestaria, como órgano encargado de las tareas encomendadas en el proyecto de ley y de esta forma agilizar los procesos para emitir declaraciones de superávit a las diversas instituciones sujetas a revisión y recomendar el destino del uso de superávit libre.

De esta forma se plantearon los siguientes artículos en el nuevo texto sustitutivo:

ARTÍCULO 5.- Las entidades señaladas en el artículo 3 de esta ley, con recursos sujetos al principio constitucional de Caja Única del Estado, que no demuestren el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y que reflejen superávit libre al cierre del ejercicio económico, contarán con un período máximo de dos años para ejecutar esos recursos, cuya referencia será el dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de no ejecutarlos, deberán ser devueltos al Presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central.

En el caso de las juntas de educación del Ministerio de Educación Pública, cuando demuestren haber iniciado algún trámite para la ejecución de un determinado proyecto ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, los recursos de superávit destinados para ese proyecto específico, gozarán con una prórroga por una única vez de hasta 2 años adicionales, en relación con el plazo establecido en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 10.- El giro de las transferencias con destinos específicos dispuestos mediante ley de la República, deberá realizarse tomando en consideración la disponibilidad de los ingresos efectivamente recaudados, de manera tal que se garanticen los porcentajes que sobre su distribución estén asignados por ley a las entidades. Los destinatarios de los recursos provenientes de las transferencias asociadas a los destinos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, presentarán ante la Autoridad Presupuestaria, al final de cada ejercicio económico, un informe de rendición de cuentas donde se detalle los resultados, han tenido los recursos otorgados a cada institución.

ARTÍCULO 11.- La Autoridad Presupuestaria tendrá las siguientes atribuciones, exclusivamente, para el cumplimiento de esta ley:

a) Realizar requerimientos de información a las entidades consignadas en el artículo 3 de la presente ley.
b) Establecer los sistemas, mecanismos, políticas y lineamientos que consideren oportunos en el cumplimiento de esta ley.
c) Convocar cuando lo considere pertinente, a los jerarcas de las entidades comprendidas en el artículo 3 de esta ley, o los funcionarios
que estos deleguen.
d) Realizar el análisis respectivo de las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente ley que mantengan recursos de superávit libre, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta ley.
e) Emitir dictámenes declarativos del superávit libre, en atención a lo dispuesto en el inciso que antecede, los cuales serán vinculantes para las entidades comprendidas en el artículo 3 de esta ley.

ARTÍCULO 12.- Requerimiento de información
Las instituciones y órganos comprendidos en el artículo 3 de la presente ley estarán obligados a suministrar la información económica, financiera, de ejecución presupuestaria y de cualquier otra naturaleza que la Autoridad Presupuestaria les solicite para el cumplimiento de las funciones que le corresponden conforme lo establecido en esta ley. Estarán obligados a suministrar dicha información, dentro del plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, por los medios y en la forma que se indique.

7. VOTACIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE LEY EN COMISIÓN DICTAMINADORA.

Con base en las anteriores consideraciones, durante la sesión N°84 del 15 de Marzo del 2016, se procedió a votar el proyecto por el Fondo la cual fue aprobado de forma unánime. La Diputada Rosibel Ramos Madrigal, Presidenta de la Comisión, instruyó al Diputado Olivier Jiménez Rojas la elaboración del dictamen respectivo en un plazo no mayor a ocho días naturales.

8. RECOMENDACIÓN FINAL
Con base en antes expuesto se rinde Dictamen Unánime Afirmativo, y se le recomienda al Plenario Legislativo su votación afirmativa.


Introducción:

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO
LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓNDE LOS RECURSOS PÚBLICOS

CAPITULO I.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Objeto de la ley.
Promover la eficiencia, eficacia y economía, en la ejecución de recursos financieros, estableciendo regulaciones para las entidades públicas estatales o no estatales, órganos, entes públicos y/o privados que administran recursos públicos, según lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley, que reflejen superávit libre producto de transferencias de la Administración Central o de los presupuestos de la República; y que no cumplan con la ejecución presupuestaria programada para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, establecidos para cada ejercicio económico.

ARTÍCULO 2.- Definiciones.
Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos reales efectuados al final de un ejercicio presupuestario, que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de partida o subpartida que pueden financiar.

Superávit específico: Es aquel excedente que por disposición normativa u operativa se encuentra comprometido para un fin específico y que puede ser utilizado en periodos subsiguientes. Dichos recursos no podrán utilizarse para establecer el superávit del período subsiguiente, ni pueden ser gravados de ninguna forma. Transferencia: Ingresos recibidos de la Administración Central para financiar gastos con el fin de satisfacer necesidades públicas de diversa índole, sin que medie una contraprestación de bienes, servicios o derechos a favor de quien traslada los recursos. Incluye las especificadas y autorizadas por ley, las voluntarias, los subsidios, subvenciones y por medio de donaciones.

ARTÍCULO 3.- Ámbito de aplicación.
La presente ley es de aplicación para:
a. La Administración Central entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los distintos Ministerios; el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, sus dependencias y órganos auxiliares.

b. Los entes públicos o privados en cuanto a los recursos que reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central.

c. Los entes públicos no estatales, las sociedades con participación minoritaria del sector público y las entidades privadas que administran recursos públicos, en relación con los recursos financieros que administren o dispongan, por cualquier título, para conseguir sus fines y que hayan sido transferidos o puestos a su disposición, mediante partida presupuestaria.

De la aplicación de este artículo se exceptúa lo relativo a la administración de los recursos de terceros y las transferencias establecidas por norma constitucional.

CAPÍTULO II

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 4.- Las entidades a las que se refiere el artículo 3 de esta ley, deberán tomar las medidas necesarias para garantizar un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos recibidos, conforme al Plan Nacional de Desarrollo establecido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

ARTÍCULO 5.- Las entidades señaladas en el artículo 3 de esta ley, con recursos sujetos al principio constitucional de Caja Única del Estado, que no demuestren el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y que reflejen superávit libre al cierre del ejercicio económico, contarán con un período máximo de dos años para ejecutar esos recursos, cuya referencia será el dictamen declarativo del superávit libre emitido por la Autoridad Presupuestaria basado en los informes técnicos de la Tesorería Nacional. En caso de no ejecutarlos, deberán ser devueltos al Presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central. En el caso de las juntas de educación del Ministerio de Educación Pública, cuando demuestren haber iniciado algún trámite para la ejecución de un determinado proyecto ante la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, los recursos de superávit destinados para ese proyecto específico, gozarán con una prórroga por una única vez de hasta 2 años adicionales, en relación con el plazo establecido en el párrafo anterior.

ARTÍCULO 6.- Para efectos de atender lo dispuesto en el artículo anterior, las entidades comprendidas en el artículo 3 de esta ley, deberán presupuestar, programar y ejecutar el uso del superávit libre que mantengan en Caja Única del Estado.

ARTÍCULO 7.- Cuando se utilizaren recursos del superávit libre, las entidades señaladas en el artículo 3 deberán informar el monto a la Tesorería Nacional y a la Dirección General de Presupuesto, para efectos de realizar los ajustes a las transferencias asignadas en los ejercicios presupuestarios correspondientes, y a la Autoridad Presupuestaria para su información.

ARTÍCULO 8.- Ajustes presupuestarios: con el propósito de consolidar las medidas dispuestas en esta ley, se podrán llevar a cabo los siguientes ajustes presupuestarios:

1) Para el traslado de los recursos al Presupuesto Nacional, las instituciones cuyo presupuesto es aprobado por la Contraloría General de la República, prepararán los presupuestos extraordinarios u ordinarios para la aprobación de este.
2) Asimismo mediante Presupuesto Ordinario o Extraordinario de la República, y previa certificación de la Contabilidad Nacional del depósito de los recursos en el Fondo General, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Presupuesto Nacional, incorporará al Presupuesto Nacional los recursos provenientes de las instituciones y órganos a que se refiere el artículo 3 de la presente ley, los cuales, se presupuestarán para amortización de la deuda interna y externa.

ARTÍCULO 9.- Con la finalidad de lograr la mayor eficiencia, las entidades señaladas en el artículo 3 deberán implementar medidas a lo interno para disminuir la generación de superávit.

ARTÍCULO 10.- El giro de las transferencias con destinos específicos dispuestos mediante ley de la República, deberá realizarse tomando en consideración la disponibilidad de los ingresos efectivamente recaudados, de manera tal que se garanticen los porcentajes que sobre su distribución estén asignados por ley a las entidades.

Los destinatarios de los recursos provenientes de las transferencias asociadas a los destinos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, presentarán ante la Autoridad Presupuestaria, al final de cada ejercicio económico, un informe de rendición de cuentas donde se detalle los resultados, han tenido los recursos otorgados a cada institución.

CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTÍCULO 11.- La Autoridad Presupuestaria tendrá las siguientes atribuciones, exclusivamente, para el cumplimiento de esta ley:
a. Realizar requerimientos de información a las entidades consignadas en el artículo 3 de la presente ley.
b. Establecer los sistemas, mecanismos, políticas y lineamientos que consideren oportunos en el cumplimiento de esta ley.
c. Convocar cuando lo considere pertinente, a los jerarcas de las entidades comprendidas en el artículo 3 de esta ley, o los
funcionarios que estos deleguen.
d. Realizar el análisis respectivo de las entidades comprendidas en el artículo 3 de la presente ley que mantengan recursos de superávit
libre, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de esta ley.
e. Emitir dictámenes declarativos del superávit libre, en atención a lo dispuesto en el inciso que antecede, los cuales serán vinculantes
para las entidades comprendidas en el artículo 3 de esta ley.

ARTÍCULO 12.- Requerimiento de información
Las instituciones y órganos comprendidos en el artículo 3 de la presente ley estarán obligados a suministrar la información económica, financiera, de ejecución presupuestaria y de cualquier otra naturaleza que la Autoridad Presupuestaria les solicite para el cumplimiento de las funciones que le corresponden conforme lo establecido en esta ley.

Estarán obligados a suministrar dicha información, dentro del plazo máximo de diez días hábiles a partir de la recepción de la solicitud, por los medios y en la forma que se indique.

ARTÍCULO 13.- Criterios para valorar anomalías
A efectos de emitir criterios de valoración sobre anomalías en los actos por acción u omisión, se estará a lo ordenado en el artículo 108 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N.º 8131 de 18 de setiembre de 2001.

ARTÍCULO 14.- Hechos generadores de responsabilidad administrativa

Además de los previstos en otras leyes y reglamentos, serán hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la responsabilidad civil o penal a que puedan dar lugar, las siguientes:

a) Brindar información alterada, falsa o incompleta.
b) Ocultar información.
c) Enviar la información fuera de los plazos establecidos.
d) No presentar el informe de rendición de cuentas a que hace referencia el artículo 10 de esta ley.
e) Ausencias injustificadas de los jerarcas o funcionarios que fueran convocados según lo establecido en el artículo 11 inciso c) de esta
ley.
f) Aquellas que imposibiliten la efectiva fiscalización por parte de la Autoridad Presupuestaria.

ARTICULO 15.- Debido proceso
Toda responsabilidad será declarada de acuerdo con los procedimientos administrativos dispuestos en la Ley General de la Administración Pública N.º 6227 del 2 de mayo de 1978 y sus reformas, y demás normas aplicables a la entidad u órgano competente, asegurando a las partes, las garantías constitucionales inherentes al debido proceso y la defensa previa, real, efectiva y sin perjuicio de las medidas preventivas que procedan.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 16.- Supletoriedad
Ante la ausencia de lo normado en esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N.º 8131, de 18 de setiembre de 2001, en la búsqueda de la optimización del uso eficiente de los recursos públicos.

CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.-

La Autoridad Presupuestaria con apoyo de la Tesorería Nacional, procederá a realizar, en el transcurso de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, el análisis respectivo de las entidades del artículo 3 de la presente ley, que mantengan saldos acumulados y superávit libre de ejercicios económicos anteriores.

Las entidades dictaminadas que en plena vigencia de la presente ley, mantengan saldos y superávit libre acumulados de ejercicios económicos anteriores, deberán hacer uso de los recursos, de conformidad con el plazo establecido en el artículo 5 de esta ley, el cual será contado a partir del ejercicio económico siguiente al dictamen declarativo del superávit libre. En su defecto, los dineros deberán ser automáticamente trasladados al Presupuesto Nacional, para ser aplicados al pago amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central. Rige a partir de su publicación.

DADO A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS. SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS.
ROSIBEL RAMOS MADRIGAL PAULINA RAMÍREZ PORTUGUEZ
PRESIDENTA SECRETARIA HENRY MORA JIMÉNEZ ABELINO ESQUIVEL QUESADA ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA OLIVIER JIMÉNEZ ROJAS
GERARDO VARGAS VARELA VÍCTOR H. MORALES ZAPATA
JORGE RODRIGUEZ ARAYA JOSÉ ANT. RAMÍREZ AGUILAR
OTTO GUEVARA GUTH
DIPUTADOS
1 vez.—(IN2016021958).

Publicado en el Alcance 58 de la Gaceta del 18 de abril del 2016

 

 

 

 

Proyecto de Ley para fortalecer la operación CNP

COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO
(EXPEDIENTE N° 19.303)

“LEY PARA FORTALECER LA OPERACIÓN SOSTENIBLE DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MEDIANTE LA REFORMA DE NORMAS VIGENTES QUE LE ESTABLECEN CARGAS TRIBUTARIAS, LA ASIGNACIÓN ANUAL DE RECURSOS CON CARGO
AL PRESUPUESTO NACIONAL Y CONDONACIÓN DE SUS DEUDAS ACUMULADAS POR LA EXIGENCIA DEL PAGO DE IMPUESTOS”

(Originalmente denominado: Ley para garantizar la sostenibilidad financiera del Consejo Nacional de la Producción (CNP)

ARTÍCULO 1.- Modifíquense el inciso g) y el antepenúltimo párrafo y adiciónese un nuevo inciso h), en el artículo 14 de la Ley “Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución”, Ley No. 7972, del 22 de diciembre de 1999 y sus reformas, de la siguiente manera:

“Artículo 14.- El total de recursos recaudados en virtud de los impuestos establecidos y modificados en la presente ley, se asignará de la
siguiente manera:

[…]
g) Del remanente de lo recaudado se asignará un veinte por ciento (20%) al
Consejo Nacional de Producción, para el financiamiento de sus gastos
operativos.
h) El resto de los recursos se asignará libremente.

El Ministerio de Hacienda estará obligado a incluir en el proyecto de ley del presupuesto ordinario de la República, los aportes previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) anteriores.
[…].”

ARTÍCULO 2.- Para que se elimine “Fábrica Nacional de Licores” en el artículo 1 de la Ley “Sujeción de Instituciones Estatales al Pago del Impuesto sobre la Renta”, Ley No. 7722, del 9 de diciembre de 1997 y sus reformas.

ARTÍCULO 3.- Modifíquese el primer párrafo del artículo 8 de la Ley No. 5792, del 1 de septiembre de 1975 y sus reformas, de la siguiente manera:

“Artículo 8.- Créase un impuesto de un ocho por ciento (8%) aplicable al precio de venta, antes del que corresponde al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, según la Ley N.º 6282, de 14 de agosto de 1979, sobre las bebidas alcohólicas elaboradas por la Fábrica Nacional de Licores y consumidas en el país, al cual se refiere la Ley N.º 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Producción, de 17 de julio de 1956, y sus reformas.

Este precio de venta estará conformado por el costo de producción, la utilidad asignada de fábrica y el impuesto selectivo de consumo. Quedan exentos del impuesto, únicamente, los alcoholes enumerados en la disposición legal citada.
[…].”

ARTÍCULO 4.- Modifíquese el artículo 37 de la Ley “Sobre la Venta de Licores”,

Ley No. 10, del 7 de octubre de 1936 y sus reformas, de la siguiente manera:

“Artículo 37.- El impuesto sobre los licores nacionales será del diez por ciento (10%) sobre el precio de venta del productor, excluido el correspondiente impuesto de ventas. Este precio de venta estará conformado por el costo de producción, la utilidad asignada de fábrica, el impuesto selectivo de consumo y el impuesto establecido en el artículo 8 de la Ley No. 5792. Asimismo, los licores y las cervezas extranjeros pagarán por concepto de impuesto el diez por ciento (10%) sobre el costo total de importación.”

ARTÍCULO 5.- Modifíquese el artículo 53 de la Ley “Orgánica del Consejo Nacional de Producción”, Ley No. 2035, del 17 de julio de 1956 y sus reformas, de la siguiente manera:.—  “Artículo 53.- Del margen comercial que obtenga la Fábrica Nacional de Licores, no menos de un cincuenta por ciento (50%) de los recursos le corresponderá para sus gastos de administración, operación, mantenimiento, venta de sus productos, mejoras y reposición de sus instalaciones. El restante de los recursos será para el Consejo Nacional de Producción. El margen comercial se entenderá como la utilidad bruta generada durante el proceso de comercialización de las bebidas alcohólicas, por parte de la Fábrica Nacional de Licores. Este margen no formará parte de la base imponible para el cálculo de los impuestos que la Fábrica, como productor y comercializador de bebidas alcohólicas, retiene y traslada a los respectivos destinatarios.”
ARTÍCULO 6.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería deberá incorporar anualmente en el presupuesto ordinario de la República, una transferencia corriente a nombre del Consejo Nacional de Producción, para que este cubra los gastos operativos y las inversiones del Programa de Abastecimiento Institucional, debidamente certificados por la Dirección Financiera de este Consejo.

ARTÍCULO 7.- Queda condonada la totalidad de la deuda a nombre del Consejo Nacional de la Producción, adquirida desde el año 2004 hasta la fecha de Aprobación de la presente ley, incluida aquella que se encuentre en discusión en sede judicial y que aún no cuente con sentencia definitiva y en firme, originada en la exigencia del pago de los impuestos sobre las bebidas alcohólicas producidas y comercializadas por la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), incluido el impuesto sobre la renta, que fueron calculados sobre el margen comercial tal y como se define este en la reforma que se incluye en el artículo 5 de esta ley. Por la totalidad de la deuda debe entenderse tanto el principal como los intereses y las multas que sobre este se hayan generado.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES, San José, a los dos días del mes de marzo del dos mil dieciséis.

(Nota: Este expediente está en trámite en la Secretaría del Directorio Legislativo)

Publicado en el Alcance 58 de la Gaceta del 18 de abril del 2016

Expediente N.º 19.805. Proyecto de Ley exoneración temporal del aporte patronal

LEY PARA EXONERAR TEMPORALMENTE DEL APORTE PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Y AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, A LAS MICROEMPRESAS EN CONDICIÓN DE INFORMALIDAD

Expediente N.º 19.805

ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El fortalecimiento del sector empresarial, en especial de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), es un factor clave para el desarrollo económico y social del país, ya que representa el 94% del parque empresarial, contribuye al 32% del Producto Interno Bruto (PIB), al 25% del empleo del país generado por el sector productivo formal y al 14% del valor total de las exportaciones, según el Informe del Estado de Situación de las PYME1.

La informalidad es un fenómeno que afecta a todas las economías del mundo en mayor o menor medida. Gran parte del empleo informal se concentra en las micro y pequeñas empresas y se caracteriza por ser precario y sin protección social. La Organización Internacional del Trabajo (OIT)2 estima la tasa de informalidad para este segmento de la economía en Latinoamérica en un 60%. Para Costa Rica este dato asciende al 52,1% para las empresas con hasta diez trabajadores. Y es que, precisamente son las microempresas las que predominan en el parque empresarial del país representando un 74% del total de las empresas formales establecidas.

La informalidad tiene importantes implicaciones negativas para el país, no solo desde el punto de vista laboral, sino social y económico. Desde la perspectiva de la fuerza laboral incide en la calidad de los empleos, la baja remuneración de los trabajadores y su estabilidad y productividad laboral; desde el punto de vista económico, limita el potencial de crecimiento del sector productivo nacional porque restringe el acceso a mercados y créditos, y las posibilidades de desarrollar capital humano, lo que termina traduciéndose en baja productividad; y desde la óptica social se dan aspectos como la reducida cobertura de los sistemas de seguridad social y la presión que tendría sobre el gasto social a futuro cuando los ocupados informales dejen la etapa activa laboral. De allí que sea necesario la generación de políticas, programas y proyectos de apoyo a la formalización con el fin de contribuir con el desarrollo socioeconómico costarricense.

Una mayor cantidad de PYME formales, tiene como consecuencia la consolidación de empresas, el mejoramiento de las condiciones laborales de muchos trabajadores y el fortalecimiento de un sector empresarial que genera más y mejores fuentes de empleo, lo cual conlleva a una reducción de la pobreza y a mejores condiciones socioeconómicas para la sociedad en general.
Es por lo anterior que, enfrentar la informalidad de las microempresas es un beneficio para el país ya que permite mejorar la situación de diferentes actores, a saber:

a) Para las microempresas:
• Mayor visibilización ante el mercado.
• Sus trabajadores estarán debidamente inscritos y amparados con la seguridad social.
• Posibilidad de incrementar ventas al sector público y privado.
• Oportunidad de crecimiento.
• Mayores posibilidades para accesar a créditos y los beneficios de programas especiales.
• Mayores posibilidades de realizar alianzas estratégicas con otras empresas y encadenamientos.
• Oportunidad de recibir capacitación y asistencia técnica por parte de las instituciones del Estado.
• Aumento del nivel de competitividad e innovación.
• Un mayor nivel de cumplimiento legal y de reducción de contingencias legales y financieras.
b) Para los trabajadores:
• Acceso a la seguridad social.
• Mejora en la calidad de los empleos.
• Oportunidad de ser sujetos de crédito.
• Acceso a capacitación y asistencia técnica por parte de instituciones públicas.

c) Para el Estado y la sociedad:
• Aumento del número de microempresas que contribuyen con impuestos.
• Mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sus familiares.
• Mayor contribución al pago de cargas sociales.
• Fortalecimiento de la seguridad social.

El Programa de Formalización de Microempresas implica una serie de medidas de apoyo de carácter administrativo que estarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Por ello, y como parte de una serie de acciones que favorecen la formalización de las empresas, se plantea esta propuesta de ley que busca exonerar temporalmente del aporte patronal, el 5% correspondiente al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el 0,5% del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a las microempresas en condiciones de informalidad que cuentan con 4 o menos trabajadores, que tienen ventas anuales hasta 45 millones de colones; y activos fijos hasta 27 millones de colones.

En muchos países de la región existe una tasa diferenciada para las empresas de menor tamaño. Estos regímenes se originan como respuesta a las dificultades que por su naturaleza enfrentan este tipo de empresas a causa de debilidades productivas o administrativas difíciles de subsanar en los primeros años del negocio.

Al respecto, el pasado 12 de junio la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT adoptó por unanimidad, de los 186 Estados miembros una nueva recomendación para fomentar la formalización4 de la economía con objetivos orientados a facilitar la transición mediante programas con enfoques específicos que tomen en cuenta la diversidad de características, circunstancias y necesidades de las unidades productivas de la economía informal y por ende de sus trabajadores; como lo hace este proyecto de ley.

Así las cosas, conforme al estudio realizado por The Global Entrepreneurship & Development Institute5, un gran porcentaje de las empresas no superan los 3,5 años -el llamado “valle de la muerte”-; es por ello que, el Poder Ejecutivo considera que el plazo máximo del beneficio debe ser de 4 años consecutivos desde el momento de la incorporación. Luego de cumplido este período, la microempresa deberá pagar las cargas totales correspondientes.

Esta condición no solo permite a la microempresa contar con un lapso de tiempo razonable para mejorar los aspectos en los que presente algún tipo de debilidad y avanzar en un proceso de ajuste hacia su consolidación, sino también le brinda la oportunidad al IMAS y a Fodesaf de percibir, transcurridos los 4 años, los ingresos correspondientes a estas empresas que antes operaban en la informalidad, resolviendo de esta forma el problema de la estrechez en la base de contribuyentes del sistema impositivo.
4 OIT (2015). Recomendación sobre la Transición de la Economía Informal a la Formal, 2015.

5 The Global Entrepreneurship & Development Institute (2012). The Global Entrepreneurship & Development Index.
Asimismo, el proyecto contempla que en el caso de que se determine, previo debido proceso, que el beneficiario incurrió en engaño a la administración con el fin de obtener los beneficios contemplados, se procederá por parte del beneficiario a la cancelación de la totalidad de las cuotas patronales que fueron exoneradas por parte de las instituciones así como los intereses respectivos, según lo establecido por las instituciones. Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades penales que se puedan derivar de este acto.

Finalmente, para ser consecuente con el proyecto de ley, se está procediendo a la modificación del inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974; y el inciso a) del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 15 de la Ley N.º 4760, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social.

Por las razones expuestas, se somete al conocimiento y aprobación de la Asamblea Legislativa el presente proyecto de ley denominado “Ley para Exonerar Temporalmente del Aporte Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, a las Microempresas en Condición de Informalidad”.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:
LEY PARA EXONERAR TEMPORALMENTE DEL APORTE PATRONAL AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Y AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, A LAS MICROEMPRESAS EN CONDICIÓN DE INFORMALIDAD

ARTÍCULO 1.- Objetivo
La presente ley tiene como objetivo exonerar temporalmente del aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y al Instituto Mixto de Ayuda Social, a las microempresas en condición de informalidad.

ARTÍCULO 2.- Requisitos para proceder a la exoneración
Para formar parte de los beneficiarios toda microempresa deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Cumplir con lo establecido en la Ley N.° 8262, de 2 de mayo de 2002, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, y su reglamento.
b) Estar inscrita en el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Cumplir con sus obligaciones tributarias, así como laborales.
d) Carecer de deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social o haber estado registrada anteriormente.
e) Haber tenido en el último año antes de inscribirse en el SIEC: entre uno y cuatro empleados a tiempo completo o parcial; ventas de hasta 45.000.000 colones; y activos fijos de hasta 27.000.000 de colones; montos ajustables de forma anual según lo establezca el Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

ARTÍCULO 3.- Motivos de exclusión
Se considerarán motivos de exclusión del Programa de Formalización de Microempresas, en cualquier momento durante el disfrute de los beneficios previstos en esta ley, los siguientes:
a) No renovar su condición de PYME ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio anualmente.
b) Encontrarse morosa o no cumplir con el pago total de sus cargas sociales.
c) No cumplir con el pago anual de la póliza de riesgos del trabajo.
d) No estar registrada ante Tributación Directa como contribuyente, o se encuentra morosa con el pago total de sus obligaciones fiscales o con su declaración correspondiente.
e) Oculta información o proporciona datos falsos o incompletos para obtener los beneficios contemplados en la presente ley.
f) Declaratoria de quiebra o cualquier otro motivo de disolución de la sociedad, declaratoria de insolvencia o inhabilitación para el comercio de la persona física dueña de la microempresa.
La exclusión se producirá previo debido proceso

ARTÍCULO 4.- Sanciones por error, engaño o fraude de ley
Cuando la exclusión ocurra por haber inducido a error o engaño a las autoridades públicas con el fin de obtener los beneficios contemplados en la presente ley; la microempresa cancelará la totalidad de la cuota patronal incluyendo intereses moratorios, que debería haber pagado al Instituto Mixto de Ayuda Social y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, por el tiempo por el cual disfrutó de su rebajo sin derecho a ello; estas instituciones se encargarán de realizar la gestión de cobro correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal resultante.
Constituyen actos realizados en fraude de ley, todas las prácticas dirigidas a dividir o fragmentar las planillas de un mismo patrono, con la finalidad de cumplir con el requisito establecido en el inciso e) del artículo 2 de esta ley, mediante el uso de testaferros, la interposición de personas jurídicas o de cualquier otro mecanismo análogo. Estos actos serán absolutamente nulos, excluyen a la microempresa de los beneficios previstos en esta ley y se aplicará la misma sanción prevista en el párrafo anterior.
Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se podrá prescindir de las formas jurídicas adoptadas por los sujetos obligados que no correspondan a la realidad de los hechos y cuando el deudor sea parte de un grupo económico, la responsabilidad será solidaria entre ellos.
La microempresa excluida no podrá volver a solicitar los beneficios de este régimen.
Asimismo, se autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social a aplicar una sanción monetaria de tres a cinco salarios bases al beneficiario que incurrió en dicha situación.
Dicha sanción debe de pagarse en un término máximo de 30 días a partir de su aplicación. Los recursos que se recauden por este rubro deberán destinarse a las labores de control y fiscalización para el cumplimiento efectivo de esta ley.

ARTÍCULO 5.- Reducción en la cotización
Las microempresas que reúnan los requisitos previstos en esta ley, no realizarán el aporte patronal sobre el salario de sus trabajadores correspondiente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del Instituto Mixto de Ayuda Social y al cinco por ciento (5%) del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, durante un período de cuatro años no prorrogable.
No podrá beneficiarse la microempresa de la eliminación temporal de este aporte respecto de los trabajadores que, dentro del año de anterioridad al registro en el SIEC:
a) Hubieran sido reportados a la seguridad social por el mismo empleador que ahora solicita ser beneficiario del régimen previsto en esta ley, tanto si la relación se ha mantenido desde entonces continua, como si fue interrumpida por la extinción del contrato de trabajo.
b) Hubieran sido contratados por el mismo empleador que ahora solicita ser beneficiario del régimen previsto en esta ley, en otra empresa de su propiedad o del mismo grupo económico del que forma parte, y que fue objeto de venta, cesión, transferencia o escisión de cualquier clase, liquidación, quiebra o cierre, con el fin de reunir los requisitos previstos en esta ley.
En estos supuestos se aplicará la misma sanción prevista en el segundo párrafo del artículo anterior.

ARTÍCULO 6.- Características del beneficio
El beneficio previsto en esta ley, se disfrutará durante un plazo máximo de cuatro años consecutivos e improrrogables, contados a partir de la fecha en la que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, le comunique a la microempresa su designación como beneficiaria.
Se podrá participar de este beneficio por una única vez y no podrá ser transferido o cedido a otra persona física o jurídica.

ARTÍCULO 7.- Registro en la Caja Costarricense de Seguro Social
La microempresa que sea beneficiario deberá registrarse ante la Caja Costarricense de Seguro Social como patrono, y registrar la totalidad de sus trabajadores; incluyendo a su propietario, representante legal o apoderado generalísimo, si estos prestan servicios en ella como trabajadores asalariados.
Se tendrán en cuenta no solo las personas que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa, sino también aquellas que realicen trabajo a domicilio o teletrabajo, siempre que estas sean dependientes de la empresa.
El salario que se reporte deberá comprender la totalidad de salarios o sueldos, ordinarios o extraordinarios, bonificaciones o incentivos o cualquier otra remuneración de naturaleza salarial, que paguen a sus trabajadores.

ARTÍCULO 8.- Obligaciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio deberá registrar a las microempresas beneficiarias, debiendo emitir la certificación correspondiente e informar al recaudador de las cargas sociales exoneradas.

ARTÍCULO 9.- Modificación de la Ley N.º 5662 de 23 de diciembre de 1974, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y sus reformas
Se modifica el inciso b) del artículo 15 de la Ley N.º 5662 de 23 de diciembre de 1974, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y sus reformas, cuyo texto dirá:
“Artículo 15.-
El Fodesaf se financiará de la siguiente manera:
[…]
b) Los patronos públicos y privados deberán pagar al Fondo un cinco por ciento (5%) sobre el total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus trabajadores. Se exceptúan de este recargo al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las instituciones de asistencia médico-social, las juntas de educación, las juntas administrativas y las instituciones de enseñanza superior del Estado, las municipalidades, así como a los patronos cuyo monto mensual de planillas no exceda el equivalente de un salario base establecido por la Ley N.° 7337 de 5 de mayo de 1993, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal, y sus reformas, las de actividades agropecuarias con planillas mensuales hasta el equivalente de dos salarios base establecidos en la Ley supracitada, y las microempresas registradas en el SIEC a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y que sean beneficiarias de la exoneración durante un plazo máximo de 4 años.”
ARTÍCULO 10.- Modificación de la Ley N.º 4760, de 4 de mayo de 1971, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, y sus reformas.
Se modifica el inciso a) del artículo 14 y el párrafo primero del artículo 15 de la Ley N.º 4760, de 4 de mayo de 1971, Ley de Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social, y sus reformas, cuyo texto dirá:
“Artículo 14.- Para el cumplimento de los fines que le fija esta ley, el IMAS tendrá los siguientes recursos:
a) Un aporte de los patronos de la empresa privada en general, correspondiente al medio por ciento mensual (0,5%) sobre las remuneraciones, sean salarios o sueldos, ordinarios o extraordinarios, que paguen a los trabajadores de sus respectivas actividades que estén empadronados en el INA y el Seguro Social o en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
También están obligados a pagar el aporte, a que se refiere este inciso, las instituciones autónomas del país, cuyos recursos no provengan del presupuesto general ordinario de la República.
Se exceptúan de este aporte las empresas registradas en el SIEC a cargo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y que sean beneficiarias de la exoneración durante un plazo máximo de 4 años.
[…]
Artículo 15.- La contribución establecida en el inciso a) del artículo anterior es permanente, con las excepciones allí indicadas.
[…]”
Rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República. San José, a los nueve días del mes de octubre del año dos mil quince.
Luis Guillermo Solís Rivera
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Welmer Ramos González
MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO
2 de diciembre de 2015
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 1 vez.—Solicitud N° 49264.—(IN2016018721).

Publicado en La Gaceta del 31 de marzo del 2016

 

Proyecto de Ley. Adquisición de vehículos para discapacitados sin Tope

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 8444 “MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES, N° 7293” DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2005 Y MODIFICACIÓN AL INCISO U DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7293 “LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES”, Y SUS REFORMAS DEL 31 DE ABRIL DE 1992

(ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXONERACIÓN DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD N° 8844)

Expediente N.°19.268
DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO
24 de febrero de 2015

PRIMERA LEGISLATURA
1° de mayo de 2014 ─ 30 de abril de 2015

SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS
1° de diciembre ─ 30 de abril de 2015

DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVAS
COMISIÓN ESPECIAL SOBRE TEMAS VINCULADOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA DE LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DISCAPACIDAD, COMISIÓN ESPECIAL DE SOBRE TEMAS VINCULADOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 8444 “MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES, N° 7293” DEL 23 DE MAYO DEL AÑO 2005 Y MODIFICACIÓN AL INCISO U DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 7293 “LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES”, Y SUS REFORMAS DEL 31 DE ABRIL DE 1992 (ANTERIORMENTE DENOMINADO: MODIFICACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE EXONERACIÓN DE VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD N° 8844)

ASAMBLEA LEGISLATIVA:


Los diputados y las diputadas que suscriben, miembros de la Comisión Especial Dictaminadora, sobre temas vinculados con las personas con Discapacidad, rinden el siguiente dictamen unánime afirmativo sobre el proyecto “Reforma a varios artículos de la Ley 8444 “Modificación de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, N° 7293” del 23 de mayo del año 2005 y Modificación al inciso u del artículo 2 de la Ley 7293 “Ley Reguladora de todas las Exoneraciones vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones”, y sus Reformas del 31 de abril de 1992, (anteriormente denominado: Modificación de varios artículos de la Ley de Exoneración de Vehículos para Personas con Discapacidad N° 8844), expediente N.° 19.268, publicado en el Alcance N.° 51 a La Gaceta N.º 189 de 02 de octubre de 2014, con base en los siguientes argumentos:

El proyecto ingresó a la corriente legislativa el 18 de agosto del año 2014, y fue recibido en la Comisión Especial Dictaminadora de los Proyectos de Ley sobre temas vinculados con las Personas con Discapacidad, el 6 de octubre del año 2014.


Inicialmente, se corrigió un error material en el título no contenido en el cuerpo del expediente relacionado con el número de ley reformada; siendo lo correcto 8444 y no la ley 8844, para lo cual, por acuerdo del Pleno de la Comisión, se reenvió el proyecto de ley a publicar nuevamente, acción que se realizó el 29 de octubre del 2014.

El 25 de noviembre, el texto fue consultado al Ministerio de Hacienda y al Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, y posteriormente el 2 de diciembre, se consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al Comité de Información de la Discapacidad.

Cabe mencionar, que el desarrollo de este proyecto de ley fue consensuado por todos los Diputados miembros de la Comisión, y que deriva de los debates de cuatro proyectos de ley, que a la fecha de presentar este texto, pretendían reformar varios artículos de la misma ley, e inclusive, todos contaban con debates favorables para su aprobación, y la Comisión consideró que todas las observaciones eran subsanables. Por lo tanto, se retomó en un solo texto lo mejor de todas estas propuestas, y se redactó un texto único. Si bien el texto fue presentado por el Diputado Oscar López, estuvo amparado por la decisión de todas las Diputadas y los Diputados miembros de la Comisión.


Análisis de los Proyectos agrupados:
1. Expediente 18376: “REFORMA DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY Nº 8444, LEY REGULADORA DE LAS EXONERACIONES VIGENTES, DEROGATORIAS Y EXCEPCIONES”.

Este expediente constaba de un solo artículo, y pretendía ampliar el beneficio de la exoneración del pago de tributos de los vehículos, descrito en el artículo 2 de la ley 8444 del 17 de mayo del 2005, básicamente incluyendo las amputaciones de uno o ambos pies bajo el nivel de la rodilla, ya que la presente normativa hace diferenciación al respecto.
Se resumen de la siguiente manera las respuestas recibidas a las consultas de dicho proyecto:

En relación con el fondo del proyecto, el Departamento de Servicios Técnicos, consideró que era decisión de los señores diputados, la aplicación del criterio de conveniencia y oportunidad sobre la exención del impuesto a este grupo de personas.


2 Resumen extraído del Informe de Servicios Técnicos, OFICIO ST 261.2012 I. con el fondo del proyecto no presenta objeciones. Es de su criterio, que el proyecto no presenta problemas de constitucionalidad ni de legalidad.

 

Expediente N.º 19.715. Interpretación auténtica del servicio de internet en la Ley de Ventas

PROYECTO DE LEY INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS, LEY N.º 6826, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982, SOBRE EL ACCESO A INTERNET

Expediente N.º 19.715

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto busca dar interpretación auténtica al inciso g) del artículo 1 de la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, y brindar seguridad jurídica en la aplicación de esta norma.

El desarrollo de la sociedad de la información a partir de la expansión del uso del internet ha generado innumerables ventajas en la disponibilidad de la información de todo tipo, del uso educativo de dicha información y de la comunicación, mucho más rápida y eficaz.
La sociedad en la que nos desenvolvemos en la actualidad depende cada vez más de las tecnologías de la información y comunicación que sin duda son protagonistas en la sociedad de la información de la que Costa Rica es parte, por ello que el Estado debe ser garante de las libertades y derechos individuales de los ciudadanos como extensión del intelecto humano.

En naciones como Francia el Consejo Constitucional dispuso -al examinar la constitucionalidad de la ley “Hadopi” (Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet) (Alta autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet)- que, siendo la libre comunicación de pensamiento y opiniones uno de los derechos más preciados del hombre y tomando en cuenta el amplio desarrollo de los servicios de comunicación al público, así como la importancia adquirida por tales servicios para la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, debía garantizarse el acceso a tales servicios; conclusión a la que llega con base principalmente en lo dispuesto en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que consagra en el artículo 11, la libertad de expresión.

En la decisión N.° 2009-580 de 10 de junio, el Consejo Constitucional declara que Internet es una herramienta indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión, que se ha consagrado como un derecho fundamental y por ello su acceso debe ser garantizado plenamente. Costa Rica no se ha quedado atrás con respecto a establecer la Internet como una herramienta indispensable en la comunicación de pensamiento, pues la Sala Constitucional en el 2010 por medio del voto 10627 de 18 de junio de 2010, declara el acceso a la Internet como un derecho fundamental y un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y de pensamiento, además establece dicho voto que el uso de Internet tiene una estricta relación con el derecho a la comunicación y a la información.

Establece también que al tratarse de un servicio público, está sujeto a los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, igualdad, continuidad y adaptabilidad, lo anterior se complementa con lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N.º 8462 de 30 de junio de 2008, artículo 3: “Artículo 3.- Principios rectores La presente ley se sustenta en los siguientes principios rectores: […] h) Neutralidad tecnológica: posibilidad que tienen los operadores de redes y proveedores de servicios de telecomunicaciones para escoger las tecnologías por utilizar, siempre que estas dispongan de estándares comunes y garantizados, cumplan los requerimientos necesarios para satisfacer las metas y los objetivos de política sectorial y se garanticen, en forma adecuada, las condiciones de calidad y precio a que se refiere esta ley”.

Este principio de neutralidad tecnológica conceptualizado como la obligación de prestar un servicio universal es de vital importancia al declararse el acceso a la red como derecho fundamental, indispensable para ejercer la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La necesidad de acceder a la red de internet, como vehículo para implementar las tecnologías de la información y comunicación bajo principios racionales de eficiencia en uso de recursos, efectividad en su aplicación a cada una de las áreas, es indiscutible, ya que con ello se garantizará el incremento sustantivo en la calidad del servicio brindado a los ciudadanos de acuerdo con los derechos establecidos constitucionalmente pero sobre todo hoy más que nunca se debe garantizar el acceso democrático.

A pesar de la relevancia del acceso a internet como derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, existe al mismo tiempo una enorme contradicción que produce más bien un aumento en la brecha digital en Costa Rica, pues por medio de varias directrices de la Dirección de Tributación Directa, establecidas desde el año 2008 (AL-001-08, DGT- 66-08 de 1 de febrero de 2008, DGT-308-2008 de 21 de mayo de 2008 y DGT-121-2011 de 1 de marzo de 2011) la dirección ha realizado una interpretación incorrecta en relación con el inciso g) del artículo 1 de la Ley de Impuesto de Ventas, ley reformada por la Ley N.º 8114 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, de 4 de julio de 2001, que establece: “Artículo 1.- Objeto del impuesto: Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de mercancías y en la prestación de los servicios siguientes: g) Servicios telefónicos, de cable, de télex, radiolocalizadores, radiomensajes y similares”. (el resaltado no es del original) La Dirección de Tributación Directa se refirió a la utilización de la frase “y similares” transcrita en el artículo supra citado por medio de la resolución DGT 605- 2013 que dispone: “En relación con el inciso supra citado, al hacerse una investigación en las actas de la Asamblea Legislativa, se determinó que el legislador fue amplio al considerar el avance tecnológico que se venía generando y por tanto, dejó abierto mediante la frase “y similares”, la posibilidad de incluir en un futuro todo tipo de servicio que tenga similitud con la telefonía, el télex, los radiomensajes, radiolocalizadores, servicios de cable; como lo es hoy en día el servicio de internet, que se encuentra gravado con el impuesto general sobre las ventas, como bien lo ha manifestado esta Dirección en reiterados oficios”. (resaltado es propio)

En anteriores resoluciones la dirección ha señalado con relación al artículo en comentario, por ejemplo en el oficio AL- 001-2008: “…la norma intencionalmente fue dejada abierta por el legislador considerando muy posiblemente el gran avance tecnológico que se pudiera producir con el transcurso de los años y no hacer de ella una norma rígida que impidiera la inclusión de otros servicios similares. En este sentido, consideramos que, aparte del servicio de Internet vía cable, cualquier forma en que se preste el servicio de Internet, debe tenerse como un servicio gravado con el impuesto sobre las ventas, pues es claro que el Legislador quiso gravar en la norma de comentario no solo a los servicios indicados sino también a otros similares, es decir, engloba servicios que tienen similitud a telefonía, télex, radiomensajes, radiolocalizadores, servicios de cable, servicios todos que están afectos al impuesto general sobre las ventas”.
Posteriormente en el criterio institucional DGT-CI-05-11, la dirección determina con respecto a los incisos g) y ll) del artículo 1 de la Ley del Impuesto General sobre las Ventas que: “el legislador pretendió gravar en el inciso g) los servicios de las telecomunicaciones; o sea, aquellas comunicaciones que se hacen a distancia, utilizando para ello los servicios de telefonía, por cable, por télex, a través de radiolocalizadores, por radiomensajes, y “similares”. En otras palabras, lo señalado nos permite inferir que la intención del legislador fue gravar las comunicaciones, en forma genérica, dejando abierta la norma para que se aplicara incluso a aquellas comunicaciones que se brinden por medios similares o telemáticos”. (el resaltado es propio) Adiciona en la misma resolución “el servicio de Internet se encuentra gravado tanto si se brinda como parte del servicio de telefonía, como si se realiza a través de medios televisivos, por cable o incluso por medio de satélite, pues la intención del legislador fue gravar la transmisión de mensajes, con sonido o sin sonido, separando en dos incisos los que se refieren solo a mensajes de aquellos que se transmiten con imágenes”. En la DGT 699-11, la dirección establece: “De esta manera, la lista taxativa de servicios de telecomunicaciones contemplados en el inciso g) del artículo 1 (…) dejó abierta la sujeción de otros servicios similares siempre que sean propios de lo que se entiende como telecomunicación. Lo anterior, al ser la telecomunicación el común denominador innegable de los servicios sujetos en dicho inciso”. Lo anterior se reafirma mediante el oficio DGT475-2012: “De esta manera, la lista taxativa de servicios de telecomunicaciones contemplados en el inciso g) del artículo 1 dejó abierta la sujeción de otros servicios similares siempre que sean propios de lo que se entiende como telecomunicación. La telecomunicación es el común denominador innegable de los servicios sujetos en dicho inciso”. Es evidente después de la lectura sesuda de las transcritas resoluciones que se violentan una serie de normas y principios constitucionales relacionados con la materia tributaria, pues a partir de la frase “y similares” se está realizando una interpretación errónea de este concepto, creando un impuesto al uso de Internet, y siendo que dentro de las resoluciones de la Dirección de Tributación el común denominador es el término infiere, para justificar el impuesto al acceso a la red, es importante conocer qué se entiende por dicho término, de acuerdo con la Real Academia Española, significa “sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa”.
Es decir NO se puede inferir lo que el legislador quiso decir si no se encuentra explícitamente establecido. Al respeto el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece en lo conducente lo siguiente: “Artículo 5.- Materia privativa de la ley En cuestiones tributarias solo la ley puede: a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la relación tributaria. Establecer las tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar el sujeto pasivo; b) Otorgar exenciones, reducciones o beneficios; c) Tipificar las infracciones y establecer las respectivas sanciones; d) Establecer privilegios, preferencias y garantías para los créditos tributarios; y e) Regular los modos de extinción de los créditos tributarios por medios distintos del pago”. “Artículo 6.- Interpretación de las normas tributarias Las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos por el derecho común. La analogía es procedimiento admisible para llenar los vacíos legales pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones”. Igualmente la Constitución Política establece: “Artículo 121.- Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 1) Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones; […] 13) Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar los municipales. Artículo 6.- 1.- La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La Constitución Política;
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana; c) Las leyes y los demás actos con valor de ley; d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia; e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas. 2.- Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia”. Por otro lado la Ley General de la Administración Pública señala: “Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares”. Con este tipo de interpretaciones realizadas por la Dirección de Tributación Directa, se infringe como se señaló anteriormente el principio de reserva de ley establecido en la Carta Política, así como el principio de jerarquía de la norma, pues por medio de una interpretación que ni siquiera corresponde a una función de dicha dirección se establece un impuesto por medio de una norma de rango inferior a la ley y además prohibida dentro de la ley de la Administración Pública, por otro lado se transgrede el principio de división de poderes establecido igualmente en la norma suprema mediante el artículo 8, pues la creación de impuestos es materia exclusiva de la Asamblea Legislativa. En adición a lo anterior, desde un punto de vista técnico, no podría asumirse que el servicio de acceso a Internet puede ser enmarcado dentro del supuesto “y similares” del inciso g) artículo 1 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas. Es claro que la Internet no puede ni debe ser considerada “similar” a las tecnologías obsoletas que menciona el numeral citado, como lo es la telefonía fija, cablegrama, télex, radio mensajes y radio localizadores. Para determinar que una cosa es similar respecto de otra, se deben analizar diferentes características que poseen todos los objetos y solo cuando la mayoría de las mismas están presentes en todos, se pueden considerar similares. En el caso del servicio de acceso a Internet, lo único que tienen en común las tecnologías mencionadas, es la capacidad de producir comunicación a distancia, y esto ya es discutible, puesto que Internet no es susceptible de crear por sí sola la telecomunicación y requiere de aplicaciones para esos efectos. Aunque Internet pudiera efectuar la comunicación remota, es claro que eso no es una similitud respecto de los servicios mencionados en el inciso g) artículo 1 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, ya que eso también se puede lograr, a través de otros mecanismos que no se pueden considerar similares a las tecnologías de la telecomunicación obsoletas, como mensajeros en moto, discos compactos, etc. Las tecnologías mencionadas en la ley (telefonía fija, cablegrama, télex, radiomensajes y radiolocalizadores), tienen en común solo tres cosas: que sirven para comunicar remotamente a dos personas; tienen orígenes técnicos similares; y, están obsoletas. Para poder considerar el servicio de acceso a Internet “similar” a las tecnologías mencionadas, debería de mostrar las tres características que esas tecnologías tienen en común; no obstante, desde el punto de vista que quiera verse, Internet no implementa por sí sola la comunicación remota; sus orígenes respecto de las tecnologías del inciso g) artículo 1 es totalmente disímil; y, por último, ciertamente, no está obsoleta. Las diferencias desde el punto de vista de la concepción original, el diseño técnico y la implementación operativa, entre los servicios de cable, de télex, de radiolocalizadores y de radiomensajes; y de las aplicaciones que se pueden proveer y obtener sobre la plataforma que constituye Internet, hace que sea imposible tratar a todos los primeros, respecto del segundo, como similares. Es decir, que aun cuando se sugiera -el discutible- punto de que todas las tecnologías del inciso g) artículo 1 de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, buscan el mismo objetivo de comunicar a las personas, lo cierto es que las tecnologías en que basan su diseño, concepción, implementación, administración, operación y mantenimiento son completamente diferentes y por ende, no pueden ser tratadas como similares. Como ejemplo de las diferencias visibles y notorias a las que hacemos referencia, los servicios de telefonía, télex, cable, los radiolocalizadores y radiomensajes no se basan ni ejecutan programas informáticos, no transfieren ni manipulan los datos, ni convierten en procesos intrínsecos datos en información de variadas formas, como gráficos, textos, audios y vídeos, tal como Internet lo permite. Ahora bien, una muestra clara de los daños económicos producidos con la errónea interpretación aplicada por el Ministerio de Hacienda y diferentes instituciones públicas, se observa en el caso de Radiográfica Costarricense S.A (Racsa), cuya situación financiera se agravó significativamente (según es del conocimiento público), entre otros motivos, en virtud de ajustes millonarios realizados por la Administración Tributaria al Impuesto General sobre las Ventas cancelados por este ente, bajo la interpretación de que los servicios de Internet, se encuentran gravados con este impuesto. Bajo este contexto se hace necesario orientar a las diferentes instituciones públicas, sobre los alcances del inciso g) del artículo 1 de la Ley N.° 6826. Así se evitará hacer inclusiones de otros servicios dentro del concepto “similares”, que no se encuentran contemplados en ese inciso. Esto en virtud de que, como se expuso anteriormente, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones públicas, están realizando una interpretación extensiva e incorrecta del inciso g) del artículo 1 de la Ley N.° 6826, interpretando que se encuentran afectos servicios adicionales, como el servicio de Internet, aun cuando, la lista de servicios gravados contenida en el numeral citado, es taxativa, de manera que los servicios gravados son únicamente aquellos que aparecen expresamente identificados en la ley, sin que exista la posibilidad de incluir otros por la vía de la interpretación o por disposición reglamentaria, ya que la interpretación auténtica es una función exclusiva de la Asamblea Legislativa. Por los motivos expuestos, con todo respeto y consideración sometemos al conocimiento de los diputados el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO G) DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS, LEY N.º 6826, DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982, SOBRE EL ACCESO A INTERNET

ARTÍCULO ÚNICO.- Interprétese de manera auténtica el inciso g) del artículo 1 de la Ley N.° 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, en el sentido que no estarán comprendidas dentro del concepto “similares” para los efectos de la citada ley y su reglamento, los servicios de Internet en cualquiera de sus modalidades, incluidos los prestados a través de banda ancha y de tecnología móvil.

TRANSITORIO I.- Condónese por una única vez todas las deudas tributarias no prescritas, intereses y multas, basadas en los cobros producidos a partir de la interpretación de que los servicios de Internet en cualquiera de sus modalidades, incluidos los prestados a través de banda ancha y de tecnología móvil, se encuentran gravados con el Impuesto General sobre las Ventas. Para estos efectos, debe de seguirse el procedimiento dispuesto en la legislación tributaria vigente.

Otto Guevara Guth Natalia Díaz Quintana José Alberto Alfaro Jiménez DIPUTADOS Y DIPUTADA 29 de setiembre de 2015 NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios. 1 vez.—Solicitud Nº 41397.—O. C. Nº 25272.—(IN2015068049).

Publicado en el Alcance 81 de la Gaceta del 16/10/2015

Expediente N° 19.538. Incentivo tributario para estimular el Emprendedurismo

INCENTIVO TRIBUTARIO PARA ESTIMULAR EL EMPRENDEDURISMO

Expediente N.° 19.538


ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley, tiene la finalidad de disminuir el monto a pagar por concepto del impuesto sobre la renta para los proyectos de emprendedurismo (personas físicas), así como a las micro, pequeñas y medianas empresas que inicien sus actividades única y exclusivamente posterior a la publicación de este proyecto como ley de la República.

Esta disposición aplicaría únicamente para el plazo comprendido desde su creación y en su primera etapa de consolidación como empresa, considerándose este por un plazo de treinta y seis meses.

La propuesta pretende establecer escalones porcentuales de adeudo para los primeros tres años de actividades comerciales.  Dicho escalafón se estructura de la siguiente forma: cero por ciento (0%) (exento) para el primer año, veinticinco por ciento (25%) para el segundo año y cincuenta por ciento (50%) para el tercer año, pagaderos conforme a fechas establecidas por la administración tributaria.
Se reitera que esta medida aplicaría para todos aquellos que se inscriben por primera vez como contribuyentes ante la administración tributaria, independientemente de la actividad a la que se dedique, si es persona física o jurídica y al régimen tributario en el que se inscribiera.  Esta bondad tributaria tendría una vigencia de treinta y seis meses a partir de la fecha de inscripción como contribuyente.
Es obvio entender, sin embargo es importante plasmarlo, que lo anterior no exonera al contribuyente de presentar todas las respectivas declaraciones juradas de los impuestos citados dentro de las fechas establecidas por la administración tributaria.  Así mismo, se constata la obligatoriedad de inscribirse en el registro de contribuyentes que lleva la administración tributaria, desde el momento en que inicia actividades económicas.  De igual forma, se confirma con lo establecido, que dicha inscripción se tramita tanto electrónicamente como por medio del formulario físico respectivo.

Finalmente, una vez inscrito, existe tanto la obligación de actualizar los datos personales cuando estos sufran alguna variación como también, ante el cese de las actividades, se tenga la obligación de desinscribir el negocio.

Costa Rica al igual que muchas naciones transita por una realidad con implicaciones insoslayables.  El desempleo representa uno de los principales retos para los gobiernos de turno, esto aunado al problema de la informalidad en el mercado de trabajo.

Los resultados que arroja el desempleo están sazonados no solamente de aspectos económicos, sino también de situaciones sociales, sicológicas, familiares, nacionales y otros más.

Es imperante solucionar o al menos disminuir esta realidad que ataca nuestra sociedad actual.  El enfrentamiento a esta voraz afectación nacional requiere decisiones osadas pero equilibradas y juiciosas.

Uno de los caminos para la solución de este flagelo es el verdadero fomento al emprendedurismo. Dicho fomento, debe plasmarse con aprobaciones gubernamentales que realmente demuestren el interés de activar el aparato productor del país, yendo a los niveles que lamentablemente para algunos, los consideran intrascendentes.

Por ello, esta propuesta plantea una carga tributaria alternativa tanto para los micro, pequeños y medianos empresarios como para los emprendedores, incorporarse al aparato productor del país, representando una invitación al desarrollo y a su vez una estrategia de acercamiento por parte del gobierno al sector informal, proponiendo una obligación a un costo menor de manera temporal.

Es importante recordar, que el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Víctor Morales Mora, en la sesión del Plenario legislativo N.° 157 del jueves 12 de marzo del año 2015, mencionó que la informalidad dentro del mercado de trabajo anda alrededor de un cuarenta por ciento (40%), y que desde luego este es un tema que tiene que ser atendido y por ende contenido dentro de las políticas gubernamentales orientadas a la reducción de dicho indicador.

A través de los últimos siglos, el término emprendedurismo se ha definido de distintas formas por diversos estudiosos, los cuales difieren según las corrientes de pensamiento.  No es la intención de esta iniciativa definir o conceptualizar este término. Sin embargo, para lo que compete a esta iniciativa, el o la emprendedora se interpreta como aquel o aquella que producto de una idea propia, decide llevar a cabo la misma como un proyecto empresarial bajo sus ideales y promovido por su ingenio, esfuerzo y recursos.

Este proyecto de ley propone una acción concreta, en aras de promover no solamente la iniciativa sino la acción de todos y cada uno de aquellos ciudadanos que desean iniciar un proyecto empresarial el cual represente un generador de recursos económicos personales o bien para sus núcleos familiares.

Considérese entonces esta propuesta, como una exhortación tanto a la implementación de un tramo dentro de la ruta que lleve hacia un desarrollo nacional más pronto, ágil y expedito, propiciando la creación de empleo y riqueza, independencia económica, proactividad y solidaridad, así como, una cohesión social con expectativas superiores a las actuales.

Una vez definidos los criterios anteriores, es necesario indicar de forma concisa, las etapas empresariales que atraviesa un emprendedor, es decir, las fases que componen el proceso de creación de una empresa.  Para esto, a continuación se transcribe lo señalado en el escrito denominado “Documento marco de reflexiónsobre el emprendedurismo y la innovación social”, el cual se expuso en el marco del IV Seminario Internacional sobre Emprendedurismo e Innovación Social:

-  “La fase de gestación corresponde al momento en qué personas especialmente motivadas identifiquen posibilidades para crear una empresa.  De todas formas, existen un conjunto de factores que facilitan el inicio de la gestación de una idea empresarial, como es la experiencia o la formación.  Pero es la necesidad o la existencia de una oportunidad determinada la que dispara el proceso. Las motivaciones para crear una empresa difieren en ambos casos.  En el primero de ellos se plantea como opción para acceder a un puesto de trabajo, mientras que en el segundo de los casos se debe a la existencia de una motivación a partir de la identificación de una oportunidad de mercado.  En general, las empresas creadas por necesidad tienen una supervivencia empresarial menor.

-    La fase de creación de una empresa corresponde al período en el cual la persona analiza la viabilidad de su idea empresarial y, a partir de su análisis, decidir si la ponen en marcha.

-    La última fase es la de consolidación de la empresa que engloba los primeros 42 meses de existencia de una empresa y tiene que afrontar los problemas del desarrollo de la actividad empresarial”.

Añade, el texto que “normalmente las políticas públicas de apoyo se centran en las dos primeras fases, es decir, hasta la puesta en marcha de la empresa.  Ahora bien, se evidencia una elevada tasa de mortalidad empresarial sobre todo en los tres primeros años de vida de una empresa”, es decir, que la incorporación de políticas públicas se ha situado principalmente en los albores del emprendimiento, esto dentro de la experiencia socioeconómica de las o los emprendedores.  “En este sentido, se hace necesario articular acciones, servicios y programas orientados a la consolidación de empresas para ofrecer un seguimiento y dar apoyo a sus principales necesidades, normalmente desconocidas por parte de las entidades públicas y privadas”.

Es claro entender, que dentro del desarrollo o progreso de estas iniciativas puestas en marcha, las mismas se enfrentan a una diversa complejidad proveniente de distintos frentes, razón por la cual urge la necesidad de políticas públicas jerarquizadas, ordenadas y actualizadas, las cuales otorguen libertad e impulso a los emprendedores por parte del gobierno de la República siendo un verdadero facilitador que arroje finalmente, crecimiento en los indicadores de éxito empresarial.

Es menester traer a colación, una analogía entre el emprendedurismo empresarial con el inicio de vida del ser humano.  Las actividades iniciales de los emprendedores son semejantes a los movimientos de un recién nacido. Inician conociendo su entorno dentro de una serie de aciertos y errores.  Sus progenitores no demandan responsabilidades que corresponden a individuos que poseen una mayor edad; el sentido común señala que su vida la pondría en el peligro de muerte.  Valga esta pequeña acotación, para enrumbar este texto hacia el tema tributario.

Prosiguiendo con la analogía, los impuestos se pueden interpretar como el dinero que requiere la familia para poder alimentarse y desarrollarse; entonces, estos dicho recursos no son responsabilidad del recién nacido, sino de la parentela restante (antiguos contribuyentes), el recién nacido (emprendedor) requiere para su subsistencia recibir alimento, además de espacio y libertad para desarrollarse y jamás cargar con la responsabilidad de traer alimento al hogar.

El espíritu de este proyecto, no es alcahuetear la intención que muchos tienen de esquivar las responsabilidades tributarias, ni tampoco socavar las arcas del Estado.  La intención de esta iniciativa dicta varios aspectos: promover el desarrollo personal y social del pueblo costarricense, colaborar con el paleo del desempleo actual en Costa Rica el cual alcanza más de doscientas mil personas, incentivar la naturaleza ingeniosa de la y el costarricense, y visionariamente detonar la proyección de nuevos ingresos tributarios que contribuyan a combatir con el déficit fiscal dentro de un plazo justo y relativamente corto.

Así las cosas, someto a consideración de las señoras diputadas y los señores diputados, el siguiente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

DECRETA:

INCENTIVO TRIBUTARIO PARA ESTIMULAR EL EMPRENDEDURISMO

ARTÍCULO 1.-  Se establece que las personas físicas, micro, pequeñas y medianas empresas que inicien sus actividades comerciales, la siguiente escala tarifaria por concepto del adeudo originado por el impuesto sobre la renta para los primeros tres años de actividades comerciales a partir del inicio de sus actividades comerciales:

0%      primer año de actividades comerciales;
25%    segundo año de actividades comerciales;
50%    tercer año de actividades comerciales.

ARTÍCULO 2.-  Para tales efectos, la administración tributaria considera la fecha de inscripción de cada contribuyente como el de inicio de sus actividades comerciales.  Si dicha fecha de inscripción sobrepasa el cumplimiento de los primeros seis meses del período fiscal vigente, se determina que el primer año de actividades será el año fiscal siguiente; caso contrario si la fecha de inscripción no sobrepasara el cumplimiento de los primeros seis meses del período fiscal vigente, se establece que su primer año de actividades es el mismo en el que se inscribió como contribuyente.

ARTÍCULO 3.-  La aplicación del artículo 1 de esta ley, se determinará sobre la renta imponible y escalas respectivas que se establecen en los incisos b) y c) del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7092, así como lo que corresponda al Régimen de Simplificación Tributaria.

Rige a partir de su publicación.

Natalia Díaz Quintana           Otto Guevara Guth

DIPUTADA Y DIPUTADO

13 de abril de 2015.

NOTA:  Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos.

1 vez.—O. C. Nº 25003.—Solicitud N° 34420.—(IN2015039569).

Publicado el 30 de junio del 2015

Borrador de Reforma al Reglamento de Procedimiento Tributario

Decreto Ejecutivo

N° _____-H

El Presidente de la República y el Ministro de Hacienda

Con fundamento en las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política de 7 de noviembre de 1949, así como el artículo 28, inciso 2. b) de la Ley N° 6227 denominada “Ley General de la Administración Pública y sus reformas” de 2 de mayo de 1978.

Considerando:

1º.- Que mediante Decreto Ejecutivo N° 38277-H del siete de marzo de dos mil catorce, se emite el Reglamento de Procedimiento Tributario (en adelante RPT).
2º.- Que se requiere precisar algunos procedimientos para que exista mayor seguridad jurídica y simplificar otros en beneficio de los obligados tributarios.
3º.- Asimismo se considera conveniente aumentar el plazo para el cumplimiento de algunos deberes formales a cargo de los obligados tributarios, en beneficio de los mismos.
4º.- Que se estima necesario modificar el Capítulo II del Título I para detallar los tipos de responsabilidad con mayor precisión.
5º.- Conforme a la facultad que otorga el artículo 42 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (en adelante CNPT) se estima conveniente establecer la dación en pago como medio de pago de las deudas tributarias, regulando las condiciones en que se aceptará.
6º.- Se adiciona en la presente modificación, que facultad de definir medios de pago es conjunta con la Tesorería Nacional.
7º.- Se considera conveniente a los intereses del Fisco excluir garantías que dependen de la venta del bien por parte de terceros sin tener certeza de la recuperación de la deuda.
8º.- Que tomando en cuenta la capacidad económica de algunos obligados tributarios se disminuye el monto mínimo de la deuda que puede ser susceptible de pago de un salario base a medio salario base.
9º.- Que no existe justificación alguna para la concesión de facilidades a agentes de retención o percepción o contribuyentes que han trasladado económicamente el Impuesto General sobre las Ventas, ya que su no ingreso oportuno al fisco constituye una apropiación indebida. Además porque en tales casos no se puede caer, en una situación económico financiera que impida su ingreso al Fisco (supuesto para conceder la facilidad de pago), ya que el dinero proviene de los contribuyentes o clientes, según sea el caso y nunca del patrimonio del agente o contribuyente, respectivamente.
10º.- Que los fallos del Tribunal Fiscal Administrativo son consistentes en afirmar, que legalmente no existen recursos contra la desaprobación de la una facilidad de pago por parte de la Administración Tributaria, por tratarse de una facultad de la misma, por lo que se suprime la posibilidad de recurrir.
11º.- Que debe resguardarse el interés fiscal de que el interesado a favor del cual se ha fallado judicialmente reconociendo un crédito, no tenga la posibilidad tanto de de ejecutar la sentencia judicialmente como de solicitar la liquidación y ejecución
12º.- Que corresponde incorporar a la normativa de devoluciones lo atinente a la legitimación activa ante el Fisco en caso de impuestos de traslación jurídica por parte del obligado tributario, y la legitimación pasiva de este último frente al sujeto que a soportado el pago indebido.
13º.- Que el artículo 88 introdujo el deber de liquidar resoluciones que fueran revocadas parcialmente, no obstante, de su literalidad se desprende que esta disposición aplica solamente ante lo determinado en el acto de liquidación de oficio, dejando excluido el deber de liquidar revocaciones parciales en materia de sanciones, situación que resulta inconsistente y debe ser corregida.
14º.- Que la ausencia de una regulación en el actual RPT, como la que contenía el artículo 51 del anterior Reglamento General de Gestión, Fiscalización y Recaudación Tributaria, dejó un vacío ante la situación –no infrecuente—de que, estando desarrollándose un procedimiento tendente a la liquidación previa de la obligación tributaria, se inicie otro de liquidación definitiva sobre el mismo impuesto y período. El texto que se propone para el artículo 128, pretende solucionar ese vacío. La regulación que se echa de menos en el actual RPT, dispone que, bajo aquel supuesto, se suspendiera el procedimiento de liquidación previa, acumulándose para resolverlo en el procedimiento de liquidación definitiva mediante el cual se fija la cuantía definitiva de la obligación tributaria y, como corolario obligado, se extingue la facultad administrativa de comprobación sobre ella. Así es como corresponde. Carece de sentido que, habiéndose dispuesto actuaciones intensivas de comprobación e investigación, en las que se pueden ejercitan todas las potentes facultades administrativas de control para dictar un acto de liquidación definitivo, se distraigan recursos administrativos –siempre insuficientes— para continuar el desarrollo de un procedimiento para dictar un acto de liquidación previa que, por su naturaleza jurídica, tendría que subsumirse en el definitivo.
15º.- Que se requiere reformar el inciso 1 del artículo 171, por cuanto al momento de su redacción se mantuvo la referencia a la resolución determinativa, situación que resulta incongruente con la legislación vigente, pues lo correcto es referir al dictado del acto de liquidación de oficio, según lo establece el artículo 144 y 150 del CNPT.
16º.- Que el procedimiento de cálculo del coeficiente para determinar la incidencia de una circunstancia determinante de la calificación de una infracción específica, dispuesto en el artículo 175.2 RPT no presenta ningún problema, frente al artículo 81 del CNPT, siempre que la base imponible esté gravada por tipos proporcionales, como el que grava la renta neta de las personas jurídicas. En esos casos, el denominador descrito en la letra b) de esa norma reglamentaria, no es más que la base de la sanción establecida en el artículo 81.1 del CNPT. Tal descripción no es más que otra forma de decir lo mismo. Pero, cuando para obtener el denominador, se deba calcular un tipo medio porque la base imponible esté sujetada a una escala de tipos o tarifas (como la que grava la renta imponible de las personas físicas con actividades lucrativas) el denominador o sea la base de la sanción que se obtiene aplicando el tipo medio, puede diferir de la base de la sanción obtenida por diferencia entre el impuesto liquidado de oficio y el que autoliquidó el contribuyente. Y como esta es la que define el artículo 81 del CNPT, resulta necesario corregir esa norma reglamentaria para adecuarla a lo dispuesto en la expresada norma del CNPT. A ese fin obedece la reforma que se propone a este artículo del RPT la que se aprovecha, también, para precisar, completando su texto, la circunstancia determinante de la calificación de la infracción
descrita en la letra b) del inciso 1 del artículo.
17º.- Que en razón de lo anterior, resulta necesario emitir las modificaciones necesarias al RPT.
18º.- (CONSULTA PÚBLICA)

Por Tanto,

Decretan: Modificaciones al Reglamento de Procedimiento Tributario

Artículo 1°- Refórmese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el párrafo primero artículo 3 para que diga:
―Artículo 3.- Requisitos generales para conceder exenciones.
En todos los casos en que las personas físicas, jurídicas o entes sin personalidad jurídica soliciten exenciones o participen en licitaciones y otros tipos de contratación administrativa, deben cumplir con los siguientes requisitos, sin perjuicio de otros que se establezcan vía resolución general.
(…)

Artículo 2°- Refórmese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el Capítulo II del Título I para que diga:
―CAPITULO II
Tipos de responsabilidad
Artículo 4.- Responsables por deuda propia
Los responsables por deuda tributaria propia son aquellas personas respecto de las cuales se ha verificado el hecho generador de la obligación tributaria.
Están solidariamente obligadas por deuda propia aquellas personas respecto de las cuales se verifique un mismo hecho generador de la obligación tributaria.
Artículo 4 bis.- Responsables por deuda ajena
Los responsables por deuda ajena son aquellas personas que, sin incurrir en el hecho generador, por disposición expresa de la ley están obligados a cumplir con las obligaciones materiales correspondientes a los obligados tributarios, salvo las excepciones en que la ley dispone una responsabilidad solidaria.
Son obligados por deuda ajena y responden con el patrimonio que administren:
a) Los padres, los tutores y los curadores de los incapaces;
b) Los fiduciarios de los fideicomisos y los que dirijan, administran o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que carecen de personalidad jurídica propia;
c) Los mandatarios, respecto de los bienes de su representado que administren y dispongan;
d) Los curadores de quiebras o concursos, respecto de los bienes que administren y
dispongan;
e) Los albaceas de las sucesiones, por los bienes que administren;
Los representantes y liquidadores de personas jurídicas y demás entes colectivos, serán responsables solidarios por las deudas tributarias de sus representados, según lo dispone el Código de Comercio, en los casos que se dirán. Dicha responsabilidad pesa sobre el patrimonio de su propiedad, aún después de vencido el mandato, y por el plazo de prescripción:
i. En las personas jurídicas y demás entes colectivos, los representantes responden por los tributos, intereses, y sanciones que debieron satisfacer en el ejercicio de su mandato o se produjeron durante su mandato.
ii. En las personas jurídicas y demás entes colectivos disueltos, responden los administradores por las operaciones que generen deudas tributarias que se efectúen con posterioridad al vencimiento del plazo social, al acuerdo de disolución o a la declaración de haberse producido alguna de las causas de disolución.
iii. En personas jurídicas y demás entes colectivos en proceso de liquidación, responden los liquidadores por los tributos, intereses y sanciones a cargo de la sociedad, por las operaciones que se realicen durante el plazo de liquidación.

Artículo 4 ter.- Responsables solidarios
Los responsables solidarios por deuda tributaria ajena, que deben cumplir con las obligaciones materiales correspondientes al obligado tributario por disposición expresa de la ley y responden con su patrimonio personal.
La Administración Tributaria goza de legitimación activa como acreedor de las deudas tributarias y podrá reclamar la deuda contra todos los deudores solidarios en forma simultánea o solo contra uno de ellos. En todo caso, si la Administración descarga de responsabilidad a cualquiera de los deudores, esta conserva su acción solidaria y podrá ejercerla contra cualquiera de los deudores solidarios, en cualquier momento.
Son obligados solidarios por deuda ajena:
a) Quienes, con ocasión del traspaso de un establecimiento mercantil, adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular a la fecha de adquisición y hasta por el valor de tales bienes o derechos.
b) Sucesores: La sucesión, o los sucesores, del contribuyente fallecido, hasta por el monto de la porción hereditaria recibida respecto a la deuda líquida y exigible.
c) Los socios y accionistas de personas jurídicas y demás entes colectivos liquidados, al momento de ser liquidadas, por las deudas líquidas y exigibles de la sociedad a la fecha de liquidación, y hasta por el valor de los bienes o derechos recibidos en la liquidación.
d) Los propietarios de las empresas individuales de responsabilidad limitada, según lo establecido en el artículo 25 del Código, respecto a las deudas líquidas y exigibles.
e) Los agentes de retención o percepción, como únicos responsables ante el Fisco cuando han efectuado la retención por el importe retenido o percibido; y si no realiza la retención o percepción responde solidariamente; salvo que prueben ante la Administración Tributaria que el contribuyente ha pagado el tributo.
f) Cualquier otro caso establecido expresamente por disposición legal
La responsabilidad solidaria no alcanza a las deudas tributarias generadas por la imposición de sanciones por infracciones administrativas del anterior titular.
Son responsables solidarios los patronos, entidades u oficinas públicas o privadas que realicen los pagos cuando no ejecuten el embargo preventivo teniendo el deber de hacerlo o no depositen lo retenido, por motivo de un embargo decretado por la Oficina de Cobros del Ministerio de Hacienda para que se retenga a favor del Fisco los salarios, dietas, pensiones, jubilaciones, comisiones y cualquier otra remuneración o crédito en dinero efectivo que deba percibir o en el que fuere acreedor el deudor; sin perjuicio de la sanción establecida en el artículo 98 del Código.
En los casos descritos en el párrafo anterior, la responsabilidad solidaria recae sobre su propio patrimonio. Esta se extiende hasta por el valor de los bienes embargados, siempre y cuando no superen el monto de las deudas tributarias de que se trate, en cuyo caso responden por el monto de la misma.
El monto de las deudas tributarias abarca el principal más recargos a la fecha de comunicarse el decreto de embargo al responsable solidario.

1. Los efectos de la solidaridad son:
a) La obligación tributaria puede ser exigida total o parcialmente a cualquiera de los deudores, a elección de la Administración Tributaria, de forma simultánea o sucesiva.
b) El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás de la obligación tributaria.
c) El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás, cuando sea de utilidad para la Administración Tributaria que los otros obligados lo cumplan.
d) La exención o remisión de la obligación tributaria libera a todos los deudores, salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En ese caso, la Administración Tributaria puede exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.
e) Cualquier interrupción de la prescripción en favor o en contra de uno de los deudores, favorece o perjudica a los demás.
f) En las relaciones privadas entre contribuyentes y responsables, la obligación se divide entre ellos y quien haya efectuado el pago puede reclamar de los demás el total o una parte proporcional, según corresponda.
g) Si alguno fuere insolvente, su porción se debe distribuir a prorrata entre los otros.

2. Previo a iniciar el procedimiento de cobro en contra de un responsable solidario de los descritos en los incisos a) y c) del artículo 4 ter de este Reglamento, es necesario que el gestor o auditor a cargo del procedimiento, ponga en conocimiento de aquél la existencia del procedimiento de determinación de oficio que se lleva a cabo contra el sujeto pasivo, a partir del momento en que la Administración Tributaria se entere de su existencia como posible responsable solidario, en cuyo caso tomará el proceso en el estado en que se encuentre y se le concederá una audiencia de diez días hábiles, a efecto de que pueda presentar los alegatos y pruebas que estime pertinentes. ―

3. Una vez conocida la existencia de un deudor solidario en los supuestos del artículo 4 ter de este Reglamento, la Administración Tributaria iniciará el procedimiento de cobro en contra del responsable solidario, conforme a los artículos 192 y 195 del Código.‖

Artículo 3°- Adiciónese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, un inciso g) al artículo 6 que dirá:

―g) Dación en pago.‖

Artículo 4°- Refórmese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el párrafo segundo del artículo 17 para que diga:

―Artículo 17.- Obligaciones de los agentes recaudadores.
(…)
El Banco Central de Costa Rica, como Cajero del Estado y cualquier entidad bancaria a la que este haya conferido tal carácter, debe suministrar, en los plazos que se establezcan en el convenio de recaudación respectivo, la información de los ingresos que reporten los agentes recaudadores, por concepto de tributos y obligaciones accesorias.‖

Artículo 5°- Adiciónese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, un artículo 21 bis que dirá:

―Artículo 21 bis. Dación en pago.
De conformidad con el artículo 42 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se establece como medio de extinción de las obligaciones tributarias la dación en pago de bienes y servicios de cualquier naturaleza, siempre y cuando el ofrecimiento sea acompañado por un plan de utilización o aprovechamiento del bien o servicio de que se trate, por parte de una o varias instituciones del gobierno central.
Mediante resolución general la Dirección General de Tributación establecerá los requisitos y condiciones mínimas para la tramitación y aceptación de la dación en pago.‖

Artículo 6°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, sustitúyanse el párrafo primero y segundo del artículo 22 por un párrafo primero que diga:

―Artículo 22.- Obligación de inscripción.
Las personas físicas, jurídicas y entidades que carezcan de personalidad jurídica, que realicen cualquier actividad económica a la que estén obligados a inscribirse por ley o reglamento en su condición de contribuyente, responsable o declarante, deben hacerlo dentro del plazo de un mes contados a partir de la fecha en que inicien actividades u operaciones, de lo contrario incurrirá en la infracción tipificada por el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.‖

Artículo 7°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, los artículos 23, 24 y 25, 29 y el artículo 34 y 38, para que digan:

―Artículo 23.- Obligación de comunicar la modificación de datos.
Los obligados tributarios deben comunicar toda modificación de los datos registrados en la
inscripción indicada en el artículo anterior, únicamente en la forma y por los medios que determine la Administración Tributaria, vía resolución general, dentro del plazo de un mes en que se origina la modificación respectiva.‖

―Artículo 24.- Obligación de desinscripción.
En los casos en que los obligados tributarios cesen en sus actividades lucrativas, dejen de realizar el hecho generador o las actividades económicas establecidas por ley, están obligados a desinscribirse.
Si existe omisión en la regulación de este deber en alguna normativa tributaria, la obligación de desinscripción subsiste y los obligados tributarios deben solicitarla dentro del plazo de un mes contados a parir de la fecha de cese de las actividades lucrativas o de cuando dejen de realizar el hecho generador o las actividades establecidas por ley, de lo contrario incurrirá en la infracción tipificada por el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Las obligaciones y actuaciones pendientes o en proceso en la Administración Tributaria, subsisten durante el plazo de prescripción, aunque exista desinscripción de las obligaciones tributarias. Se incluyen las entidades que carezcan de personalidad jurídica.‖

―Artículo 25.- Acreditación de apoderados.
Utilizando los medios que determine la Administración Tributaria, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica deben acreditar al momento de su inscripción, a su representante legal, con indicación expresa de su domicilio. Igualmente en caso de cambio, deberán realizar la nueva acreditación dentro del plazo de un mes contados a partir de su inscripción en el Registro Nacional, de lo contrario incurrirán en la infracción tipificada por el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Asimismo, pueden acreditar a cualquier apoderado que estimen conveniente para actuar ante la Administración Tributaria en nombre de los obligados tributarios, siempre y cuando tenga facultades suficientes conforme a la ley.
La Administración Tributaria dispondrá de una base de datos para mantener actualizada la información de las personas acreditadas, indicando la calidad del poder que ostenten y su vigencia, de conformidad con lo que disponen los artículos 1251 siguientes y concordantes del Código Civil. Asimismo, podrá realizar la acreditación de oficio a partir de la fecha de la inscripción respectiva en el Registro Nacional, cuando conste en la información obtenida por medio de captación o por suministro general.
No son susceptibles de acreditarse los apoderados especiales y especialísimos, por lo que solo se deben acreditar en el expediente correspondiente al trámite específico en que actúen.
Toda acreditación surte efectos legales solo durante la vigencia de la certificación respectiva que será, para efectos de acreditación, de tres meses contados a partir de su expedición.
Lo anterior también aplicará, en lo que corresponda, a la acreditación de apoderados de personas físicas.‖

―Artículo 29.- Omisión en la obligación de inscripción.

Cuando el obligado tributario incurra en la omisión de la inscripción dentro del plazo establecido en el artículo 22 del presente reglamento, la Administración Tributaria podrá inscribirlo de oficio cuando lo detecte en sus labores de actualización, verificación y control, determinando la fecha de inicio de actividad y los datos del representante legal, de conformidad con la información previsiblemente pertinente que conste en sus registros.
Asimismo, la falta de inscripción dentro del plazo establecido que se menciona en el párrafo anterior, configurará la infracción tipificada por el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.―

―Artículo 34.- Obligación de comunicar el domicilio fiscal.
En el momento de su inscripción corresponde al obligado tributario dar las referencias necesarias para fijar e identificar el domicilio fiscal para efectos de sus relaciones con la Administración Tributaria, en los casos en que esté obligado a inscribirse como obligado tributario. Los datos del domicilio fiscal deben ser ciertos, claros y necesariamente indicar en forma detallada, la provincia, el cantón, el distrito, el barrio y las señas adicionales que permitan la fácil ubicación de la oficina, negocio, empresa o lugar donde se lleve a cabo la actividad económica.

Asimismo, por medio del Sistema de Información Geográfica que ponga a disposición la Administración Tributaria, se debe registrar la geolocalización, considerando las coordenadas de latitud y longitud para su ubicación geográfica en el territorio nacional.
Mediante resolución general la Administración Tributaria indicará aquellos casos en que se considere oportuno exigir el registro de un domicilio fiscal aunque no exista un deber legal de inscripción.
Para cumplir con el deber de comunicar el domicilio fiscal, el obligado tributario debe utilizar únicamente los medios y la forma que establezca la Administración Tributaria. En los casos en que no se consignen todos los datos y elementos necesarios para ubicar correctamente el domicilio fiscal, no se tendrán por señalados; sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.
La Administración Tributaria puede en cualquier momento comprobar o rectificar el domicilio fiscal del obligado tributario, según el procedimiento de modificación de domicilio fiscal establecido en el artículo 39 de este Reglamento.
En el Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, si el sujeto pasivo no ha indicado un domicilio fiscal, se tendrá para todos los efectos el lugar donde esté ubicado el bien inmueble.

―Artículo 38.- Obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal.
Los obligados tributarios deben comunicar a la Administración Tributaria el cambio del domicilio fiscal, dentro del plazo de un mes a partir de su variación, de lo contrario incurrirá en la infracción tipificada por el artículo 78 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El cambio de domicilio surtirá efectos a partir del momento de efectuada la comunicación.
El cambio de domicilio fiscal no impide que los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la notificación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano competente que lo inició, siempre que las notificaciones derivadas de estos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en la ley.
El cambio de domicilio fiscal que se realice sin observar la forma y los medios que la Administración Tributaria ha dispuesto, no surtirá efectos jurídicos.

El cambio que implique el traslado a otra Administración Tributaria no surtirá efectos legales para los procedimientos que se encuentren en curso. La Administración que detecte el cambio de domicilio fiscal es quien debe actualizar el Registro Único Tributario con la información del domicilio fiscal y remitir de inmediato la información a la Administración competente.‖

Artículo 8°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el párrafo segundo del artículo 46 para que diga:
―Artículo 46.- Información de acceso público.
(…)
Se faculta a la Administración Tributaria para publicar la lista de quienes tenga a cargo deudas líquidas y exigibles que se encuentren firmes. Las obligaciones a que hace referencia este artículo pueden ser por concepto de tributos o de sanciones.‖

Artículo 9°- Adiciónese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, un último párrafo al artículo 55 que dirá:
―No se aplican las disposiciones del artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios ni se esta Sección a las solicitudes de devolución o compensación de créditos reguladas por los artículos 42 y siguientes de dicho Código.‖

Artículo 10°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el inciso d) del artículo 77 para que diga:

―d) El cambio de domicilio fiscal durante la tramitación de alguna solicitud presentada por el obligado tributario o alguna actuación tributaria no modifica la competencia de la Administración Tributaria de origen salvo que por conveniencia el traslado sea aprobado por ambas Administraciones Tributarias. En caso de una actuación iniciada de oficio el procedimiento podrá ser concluido por la Administración Tributaria Territorial que le dio inicio, o ser trasladado a la nueva Administración Tributaria previa notificación al interesado, la cual tomará el caso en el estado en que se encuentre.‖

Artículo 11º- Modifíquense los artículos 88, 128, 171 y 175 del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, para que se lean así:
―Artículo 88: Liquidación de las resoluciones que revoquen parcialmente liquidaciones de oficio.
En los casos en que la Administración tributaria, mediante la resolución del recurso de revocatoria, o el Tribunal Fiscal Administrativo, mediante la resolución del recurso de apelación, revoquen parcialmente lo determinado en el acto de liquidación de oficio o en las resoluciones sancionadoras que correspondan, la Administración Tributaria deberá recalcular la deuda, así como los intereses correspondientes.‖

―Artículo 128.-Coexistencia con otros procedimientos. El desarrollo de un procedimiento tendente a la liquidación previa de la obligación tributaria, no impedirá el inicio y desarrollo de otros procedimientos de liquidación previa que versen sobre aspectos diferentes a las que estén en curso, ni, tampoco, el inicio y desarrollo de un procedimiento de liquidación definitiva. No obstante, el inicio de un procedimiento de liquidación definitiva sobre el mismo impuesto y período a que se refiere el o los procedimientos de liquidación previa, implicará la
suspensión de éstos y su acumulación para ser resueltos dentro del procedimiento de liquidación definitiva.‖

―Artículo 171.- Disposiciones generales.
1) Tratándose de la infracción dispuesta en el artículo 81 del Código y de conformidad con lo reseñado en sus artículos 153 y 186, los órganos actuantes deberán generar la resolución que impone la sanción, una vez que se haya emitido el acto administrativo de liquidación de oficio de la obligación tributaria, o el sujeto pasivo haya manifestado la conformidad con la propuesta de regularización. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución sancionadora, cuando proceda, será emitida después de haberse dictado el expresado acto administrativo de liquidación de oficio. La resolución sancionadora así emitida, tendrá el carácter de acto administrativo condicionado, regulado en la Ley General de la Administración Pública, cuya ejecución, también por disponerlo así el artículo 153 antes citado, queda condicionada a la firmeza, tanto del acto determinativo de la obligación tributaria con la que estuviere asociada, como de la propia resolución que pretende imponer la sanción.
2) Si en un mismo procedimiento fiscalizador se comprueban varios períodos impositivos, se considerará que existe una infracción en relación con cada uno de los distintos supuestos de infracción tipificados por la norma de referencia, por cada tributo y período objeto del procedimiento.
3) Cuando se trate de infracciones relativas a tributos sin período impositivo o a hechos u operaciones cuya declaración no sea periódica, se considerará que existe una infracción por cada obligación tributaria que derive de cada uno de los hechos u operaciones sujetos al tributo.
4) Cuando en relación con un tributo y período impositivo se hubieren tramitado procedimientos de liquidación previa y posteriormente uno de liquidación definitiva, se considerará a efectos de su calificación y cuantificación, que se ha cometido una única infracción. En estos supuestos, de la sanción que proceda, vinculada con el procedimiento de liquidación definitiva, se deducirá el importe de las sanciones impuestas en los procedimientos anteriores.‖

―Artículo 175.- Cálculo de la incidencia de las circunstancias determinantes.
1) Por disposición del artículo 81 apartado 3 del Código, algunas circunstancias determinantes de la calificación de una infracción requieren para su aplicación, que los aumentos de impuesto que se les asocien superen los siguientes porcentajes sobre la base inicial de la sanción dispuesta en el apartado 1 del artículo 81 del Código tributario, para cada una de las infracciones materiales reguladas en esa norma legal.
a) Tratándose de ocultación de datos, debe superar el diez por ciento de la base de la sanción.
b) Cuando se lleven de forma incorrecta los libros de contabilidad o los libros o registros establecidos por la normativa tributaria, mediante la falsedad de asientos, registros o importes, o la contabilización en cuentas incorrectas de forma que se altere su consideración fiscal, debe superar el cincuenta por ciento de la base de la sanción.
c) Cuando se empleen facturas, justificantes u otros documentos falsos o falseados, debe superar el diez por ciento de la base de la sanción.
A estos efectos, el cálculo de la incidencia concreta se hará mediante la determinación del coeficiente regulado en el apartado 2 siguiente.
2) El coeficiente a que se refiere el apartado anterior se determina multiplicando por cien, el resultado de una fracción en la que figuren:
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos realizados en la base imponible, asociados con una circunstancia determinante , por el tipo de gravamen del tributo, si se trata de un tipo proporcional o, si trata de una escala de tipos o tarifas, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicación, más los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo en los que se haya apreciado esa misma circunstancia determinante.
b) En el denominador, la base inicial de la sanción a que se refiere el apartado 1 de este mismo artículo reglamentario.
Este coeficiente se expresará con dos decimales.
3) Cuando en la determinación de oficio se hayan realizado reducciones en la base o en la cuota que disminuyan la deuda tributaria, su cuantía no se tendrá en cuenta a efectos de los cálculos previstos en el apartado anterior.
4) En el supuesto de falta de presentación de la declaración autoliquidación, se entenderá que la incidencia de la deuda derivada de la ocultación de datos sobre la base de la sanción es del cien por ciento.
5) Cuando concurran más de una de las circunstancias determinantes de la calificación de la infracción, se tomará en consideración la que determine una mayor gravedad de la conducta.‖

Artículo 12°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el párrafo primero del artículo 117 para que diga:

―Artículo 177.- De la Recaudación.
La función de recaudación consiste en recaudar el pago de todas las deudas tributarias de los obligados tributarios, en cualquiera de sus etapas. Corresponde a la Administración Tributaria definir las formas de pago y, conjuntamente con la Tesorería Nacional, los medios por los cuales los obligados tributarios deben cumplir con sus obligaciones materiales.‖

Artículo 13°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 182 para que diga:
―Artículo 182.- Garantías de pago.
1. En los casos en que el interesado ofrezca a la Administración Tributaria rendir garantía conforme al artículo 144 del Código o esta sea requisito para la formalización de un fraccionamiento de pago, la misma podrá ser, en orden de prelación:
a) Garantía a primera demanda o compromiso incondicional de pago, emitida por una empresa aseguradora o bancaria.
b) Aval bancario o fianza solidaria emitida por una institución financiera.
2. Las entidades aseguradoras o financieras a que se refiere el presente artículo, deberán ser las supervisadas por la la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la Superintendencia General de Seguros (SUGESE).r, respectivamente.
3)Todos los costos y gastos asociados a la constitución y vigencia de la garantía correrán por cuenta del obligado tributario.
No se admitirá como garantía un crédito tributario, actual o futuro, a favor del interesado, ni sobre semovientes, inventarios, cosechas, obras de arte, joyas, productos perecederos, ni sobre bienes o productos que no existan al momento de la constitución de la respectiva garantía.
Las garantías deben otorgarse en todos los casos a favor del Ministerio de Hacienda.‖

Artículo 14°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 186 para que diga:
―Artículo 186.- Competencia.
La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas tributarias, debe presentarse y dirigirse a la Administración Tributaria competente, la cual debe conocer y resolver la solicitud.
Dicha solicitud será tramitada y resuelta con apego a lo dispuesto en este Reglamento y a las resoluciones y directrices que emita la Administración Tributaria.
No se concederá facilidades de pago sobre deudas por concepto de Impuesto General sobre las Ventas que haya sido cobrado por el contribuyente, ni sobre retenciones o percepciones efectuadas o recibidas por el agente de retención o percepción correspondiente.‖

Artículo 15°- Deróguese el inciso c) del artículo 188 del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014.

Artículo 16°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 189 para que diga:
―Artículo 189.- Situación económico-financiera transitoria.
La Administración Tributaria podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, siempre que la situación económico-financiera del deudor, debidamente comprobada ante aquella, le impida, de manera transitoria hacer frente al pago en tiempo.‖

Artículo 17°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 190 para que diga:
―Artículo 190.- Solicitudes de facilidades de pago.
1. Las solicitudes de facilidades de pago de las deudas tributarias deben dirigirse a la Administración Tributaria competente y cumplir los requisitos establecidos, tanto para deudores del Rango 1 como para deudores del Rango 2, así como los siguientes:
a) Presentar el formulario de solicitud debidamente lleno y suscrito por el obligado tributario o su representante legal, con los requisitos y por los medios que establezca la Administración Tributaria.
b) Indicar lugar o medio para recibir notificaciones, cuando corresponda.
c) Justificar detalladamente la causal que incide en la situación económica financiera y que le impide transitoriamente pagar la deuda tributaria en el plazo de ley.
d) Haber presentado la declaración tributaria autoliquidativa o el formulario de autoliquidación de sanciones cuando corresponda,.
e) Aportar Estado de Flujos de Efectivo proyectados con indicación de los supuestos utilizados en su elaboración, por parte de un Contador Público autorizado.
2. En el caso de fraccionamiento de pago de deudores del Rango 1, debe presentar además indicación de la garantía que se rendirá y aprobación preliminar del aval por parte de la entidad garante, si fuera el caso.
Una vez recibida la solicitud, la Administración Tributaria podrá requerir al solicitante el cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados, u otros datos atinentes, como información financiera, o la corrección o aclaración de la información o documentación presentada, con indicación de que si así no lo hiciera se declarará sin derecho al correspondiente trámite, para lo cual le otorgará un plazo de diez días hábiles, que podrá ser prorrogado a solicitud del interesado, según lo considere la Administración Tributaria.
Las condiciones y requisitos exigidos para el otorgamiento de facilidades de establecidos en este Reglamento, deberán ser aplicados por la Oficina de Cobro Judicial en los casos de su competencia. Para tal efecto se deroga cualquier disposición de igual o menor rango que establezca requisitos distintos a los establecidos en el presente Reglamento.
En caso de declararse sin derecho al trámite, se continuará con el cobro de la deuda tributaria.‖

Artículo 18°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 196 para que diga:

―Artículo 196.- Recursos contra el acto que resuelve la solicitud de facilidad de pago.
Contra el acto que resuelve la solicitud de facilidad de pago, no procede recurso alguno.‖
Artículo 19°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el artículo 200 para que diga:

―Artículo 200.- Pago.
1. En todos los casos en que se apruebe una facilidad de pago, la cancelación de la prima y las cuotas mensuales debe hacerse mediante la forma de pago electrónico que determine la Administración Tributaria a través de resolución de carácter general.
2. Si al mes siguiente del vencimiento de la cuota, se verifica en la cuenta corriente que no existe el pago, se tendrá por revocada la facilidad de pago sin necesidad de comunicación alguna.
La Administración podrá cambiar los plazos aquí establecidos mediante resolución general.‖

Artículo 20°- Modifíquense del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, los artículos 205, 208 y 209 para que digan:
―Artículo 205.- Pago indebido.
Se considera que ha existido pago indebido, cuando no exista sustento legal para el cobro del mismo o se encuentre el obligado en presencia de un beneficio fiscal a su favor o en favor de quien sufre la traslación jurídica del impuesto. En tales casos, el crédito generado es líquido y exigible inmediatamente después de realizado el pago.
Existe pago indebido en los siguientes casos:
1) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias.
2) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe de las deudas tributarias liquidadas por la Administración o autoliquidadas por el propio obligado tributario.
3) Cuando la Administración rectifique, de oficio o a instancia del interesado, cualquier error material, de hecho o aritmético en una liquidación u otro acto de gestión tributaria y el acto objeto de rectificación hubiese motivado un ingreso indebido.
4) Cuando producto de un reclamo, se emita una resolución favorable al interesado.
5) Cuando producto de una autoliquidación, se haya hecho una determinación incorrecta del impuesto, generando un saldo a favor del obligado tributario. Debe rectificarse la autoliquidación como paso previo a solicitar la compensación o devolución.
6) Cuando se hayan practicado retenciones a un sujeto exento y este demuestre la exención subjetiva. Cuando el porcentaje de la retención exceda al que legalmente corresponda, únicamente respecto a dicho exceso, siempre que este pago indebido haya ingresado.
7) Cuando se hayan cobrado impuestos de traslación jurídica a un sujeto exento y este demuestre ante el obligado tributario la exención subjetiva. Siempre que este cobro indebido haya ingresado al Fisco y el obligado tributario demuestre fehacientemente el perjuicio económico sufrido, el cual consistirá en su reintegro al sujeto que soportó el pago del impuesto indebidamente trasladado.
En los supuestos de los puntos 6) y 7) de este artículo, la legitimación activa ante el Fisco corresponde al agente de retención o percepción, o al obligado tributario, respectivamente.‖
―Artículo 208.- Compensación a solicitud de parte.
El obligado tributario que solicite compensación de una deuda con saldos acreedores, debe consignarlo en el formulario de autoliquidación y pago que corresponda al impuesto que cancela o en el formulario oficial de pago, sean estos documentos físicos o virtuales que acrediten el saldo a favor.
Cuando la Administración Tributaria deniegue total o parcialmente la compensación mediante resolución motivada, la deuda tributaria deberá cancelarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de dicha resolución, con los intereses de ley.‖
―Artículo 209.- Compensación de oficio.
En la compensación de oficio se aplican las reglas de imputación de pagos establecidas en este Reglamento.
Mediante resolución general, la Administración Tributaria, podrá establecer mecanismos de
compensación por períodos e impuestos específicos.
La compensación de oficio se hará respecto de los tributos que la Administración tenga incorporados en la Cuenta Integral Tributaria o en cualquier otro sistema de registro de créditos y débitos que venga a suplantarla y de acuerdo al desarrollo que los sistemas informáticos le permitan.
Corresponde efectuar la compensación de oficio a la Administración Tributaria a cuya competencia territorial pertenezca el obligado tributario, salvo que se trate de compensaciones efectuadas masivamente.
Cuando el interesado conozca que el crédito compensado no procedía en todo o en parte, debe advertirlo a la Administración, dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación de la compensación de oficio. La Administración Tributaria emitirá, cuando corresponda una resolución que revoque en todo o en parte la suma aplicada y revertirá la compensación para aplicarla correctamente.‖

Artículo 21°- Modifíquense del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, los artículos 214, 216, 217, 218, 219 para que digan:
―Artículo 214.- Suspensión de las solicitudes de devolución y consecuencias del inicio del procedimiento de comprobación o de control tributario.
1. Si en el proceso de análisis de las solicitudes de devolución se determinan, para el impuesto y periodo fiscal en que se originó el crédito, elementos que ameriten el inicio de una actuación de control tributario tendiente a la liquidación previa o definitiva de la obligación tributaria del contribuyente, el órgano actuante podrá suspender el trámite de la solicitud de devolución, para recomendar ante los órganos de control tributario el inicio de actuaciones orientadas a la liquidación tributaria de oficio, notificando al interesado sobre la suspensión.
Si en el transcurso de treinta días hábiles no se notifica el inicio de la actuación de comprobación al contribuyente, se continuará con el trámite respectivo, sin perjuicio de que posteriormente el órgano de control tributario realice la determinación tributaria de oficio.
2. Si se da inicio a la actuación de comprobación dentro del plazo establecido en el artículo en el caso del trámite de una solicitud de devolución, la Administración Tributaria procederá a notificar al interesado el archivo de su solicitud, al encontrarse el crédito sujeto al procedimiento de comprobación.‖
―Artículo 216.- Resolución y recursos
Corresponde al Gerente de la Administración Tributaria Territorial respectiva o a la Dirección de Grandes Contribuyentes Nacionales, emitir y notificar, dentro del plazo de tres meses a partir de la presentación de la solicitud, la resolución de devolución, en la que se liquida tanto el principal como los intereses si corresponden, cuando se verifique la existencia de saldos acreedores, en virtud de los actos de instrucción desarrollados.
Contra la resolución que deniegue, total o parcialmente la solicitud de devolución de saldo acreedor, el interesado puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal Administrativo, dentro del plazo de los treinta días siguientes a la fecha de su notificación.‖
―Artículo 217.- Intereses.
El reconocimiento de los intereses de las situaciones acreedoras del obligado tributario, en los casos de compensaciones y devoluciones, procede de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Código, según se trate de créditos por pago debido o indebido, bajo las siguientes reglas:
1. Crédito por pago debido: En todos los casos los intereses correrán a partir de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de devolución de crédito y hasta que se ponga a disposición del interesado el crédito. No obstante, el plazo indicado se suspenderá por las demoras en el trámite atribuibles al solicitante.
2. Crédito por pago indebido: En estos casos los intereses se reconocen únicamente cuando el pago que genera el crédito haya sido inducido o forzado por la Administración Tributaria y corren a partir del día siguiente de dicho pago o de la declaración que lo origina. No obstante, no se reconocerán intereses por las demoras en el trámite atribuibles al solicitante.
Se considera demora atribuible al solicitante el plazo que transcurra entre la notificación de requerimientos y el cumplimiento de los mismos cuando se refieran a requisitos previamente establecidos por la Administración Tributaria que sean de conocimiento de los obligados tributarios.‖
―Artículo 218.- Ejecución de la devolución de saldos acreedores.
Emitida y notificada por parte de la Administración Tributaria la resolución que reconoce el crédito y ordena el giro del mismo a favor del interesado, la Tesorería Nacional ejecutará la devolución por medio de transferencia electrónica de fondos o cualquier otro procedimiento de pago que garantice la celeridad del envío de los fondos al solicitante.‖
―Artículo 219.- Devolución de saldos acreedores reconocidos por autoridad judicial.
Cuando exista sentencia judicial que reconozca al administrado saldos acreedores por concepto de tributos o sanciones administrativas y sus respectivos intereses, el interesado deberá recurrir a la ejecución de sentencia establecido en el Código Procesal Contencioso Administrativo, salvo que la misma autoridad judicial competente expresamente ordene a la Administración tributaria realizar la liquidación del crédito y ordenar el giro respectivo.
Conforme a los artículos 166 y 167 del Código Procesal Contencioso Administrativo la sentencia firme producirá, automáticamente, el compromiso presupuestario de los fondos pertinentes para el ejercicio fiscal en que se produzca la firmeza del fallo, y la certificación de lo dispuesto en la sentencia que remita el juez ejecutor al Departamento de Presupuesto Nacional al que se refiere el artículo 177 de la Constitución Política, será título suficiente y único para el pago respectivo.‖

Artículo 22°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el título de la Sección IX del Capítulo VIII del Título II, y los artículos 220 y 222 para que digan:

―Sección IX
De la acción de repetición de créditos originados en retenciones, percepciones, o impuestos de traslación jurídica‖
―Artículo 220.- Créditos por pago indebido por concepto de retenciones, percepciones, o impuestos de traslación jurídica
El crédito originado en el pago indebido por retenciones, percepciones, o impuestos trasladables jurídicamente, lo constituye el ingreso efectivo de la retención o percepción del tributo por parte del agente de retención o percepción ante el Fisco, o del cobro del impuesto de traslación jurídica por parte del obligado tributario. El agente de retención, de percepción, o el obligado tributario respectivo, puede ejercer el derecho de repetición sobre el crédito correspondiente una vez que haya demostrado a la Administración Tributaria que ha reembolsado al afectado lo retenido, percibido o cobrado indebidamente.
En caso de que el agente de retención de percepción, o el obligado tributario respectivo, se niegue a efectuar la devolución o que exista diversidad de criterio entre aquél y el sujeto que soportó el pago sobre la legitimación pasiva, el interesado podrá solicitar un criterio a la Administración Tributaria, el cual será vinculante para ambas partes.‖
―Artículo 222.- Elementos probatorios para el reconocimiento de créditos por pago indebido por concepto de retenciones, percepciones, o impuestos de traslación jurídica
Mediante resolución de carácter general, la Administración Tributaria podrá establecer requisitos generales y específicos para el reconocimiento de créditos por pago indebido por concepto de retenciones, percepciones, o impuestos de traslación jurídica.
Corresponde a la Tesorería Nacional certificar las retenciones realizadas a los asalariados del Poder Ejecutivo, Legislativo, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, pensionados de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional y de la Dirección Nacional de Pensiones; y las retenciones sobre intereses a inversionistas en títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda‖

Artículo 23°- Modifíquese del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, el título de la Sección X del Capítulo VIII del Título II, y los artículos 223 y 224 para que digan:
―Sección X
De la devolución a cargo de los agentes de retenciones, percepciones, u obligados tributarios de impuestos de traslación jurídica‖
―Artículo 223.- Legitimación pasiva.
Ostenta la legitimación pasiva el agente de retención o percepción, u obligado tributario de impuestos de traslación jurídica que indebidamente retenga, perciba o cobre tributos por aplicación incorrecta de las normas sustantivas.
El agente u obligado tributario, según el caso, debe efectuar el reintegro de lo retenido, percibido o cobrado indebidamente al interesado en dinero efectivo.
La Administración Tributaria no se hará responsable por retención, percepción o cobro indebido alguno, salvo en caso de retención que se haya efectuado por error de la Administración Tributaria en la indicación del monto o del factor de retención que suministró al agente de retención y que indujo a su vez a error al agente.
En caso de que el agente de retención o percepción, u obligado tributario del impuesto de traslación jurídica se niegue a efectuar el reintegro o que exista diversidad de criterio entre aquél y el retenido o quien sufrió la traslación, sobre la legitimación pasiva, el interesado podrá
solicitar un criterio a la Administración Tributaria, el cual será vinculante para ambas partes.‖
―Artículo 224.- Generación de crédito a favor del agente de retención o percepción, u obligado tributario de impuestos de traslación jurídica.
Todo agente retenedor o percepción u obligado tributario de impuestos de traslación jurídica con responsabilidad de declarar, que ingrese al Fisco pagos indebidos, puede generar el crédito mediante rectificación de su declaración, tanto de la rectificación mensual de ingreso como en la declaración de detalle de retenciones, si corresponde y siempre y cuando no haya trascurrido el término de prescripción.
Salvo en los casos en que la retención se efectúe a un sujeto total o parcialmente exento en cumplimiento de un procedimiento establecido por una norma o una resolución administrativa, el Fisco no responde ante el agente de retención por los intereses sobre el crédito, por considerarse que no fue inducido por la Administración Tributaria, y por no haberse afectado directamente el patrimonio del agente sino el de un tercero.‖

Artículo 24°- Modifíquense del Decreto Ejecutivo N° 38277-H del 7 de marzo de 2014, los artículos 233 y 224 para que digan:
―Artículo 233.- Retenciones indebidas cuya devolución está a cargo del agente de retención.
Constituyen retenciones indebidas, la retención efectuada por una liquidación incorrecta del monto a retener o la aplicación de un factor de retención distinto al señalado por la Administración Tributaria; así como las que recaigan sobre transacciones efectuadas en el extranjero por clientes que el agente tenga fuera del territorio nacional.
Cuando el reintegro de retenciones indebidas corresponde al agente, puede aplicarlo como crédito en las declaraciones diarias y/o mensuales del mismo periodo a que correspondan las retenciones, mediante aplicación de la diferencia, sin necesidad de utilizar la casilla de compensación.
En caso de que el reintegro corresponda a meses anteriores, puede generar el crédito a su favor mediante rectificación de la declaración diaria y/o mensual y rectificación de la declaración informativa correspondiente, pudiendo ejercer el derecho de compensación o de devolución ante la Administración Tributaria.‖
―Artículo 234.- Retenciones indebidas cuya devolución está a cargo de la Administración Tributaria.
Constituyen retenciones indebidas, a favor de quien las haya soportado, cuya devolución se realiza por la Administración Tributaria donde se encuentre adscrito, las siguientes:
Cuando el contribuyente esté erróneamente inscrito ante la Administración Tributaria con la obligación activa en el impuesto respectivo y no le corresponda por el cambio del régimen tradicional al sistema del régimen simplificado o por cambio de actividad, por lo cual deja de ser contribuyente en dicho impuesto y la retención se efectuó por cuanto no actualizó oportunamente la información para el registro de sus datos ante la Administración Tributaria o cuando habiéndolo hecho, esta no los haya registrado oportunamente.
Cuando exista error material, de hecho o aritmético de la Administración, en el cálculo del factor de retención que le corresponde.
Cuando el afiliado no sea contribuyente del impuesto respectivo, previa verificación de esa condición por parte de la Administración Tributaria

 

Proyecto de Ley 19.531 Ley De Regímenes De Exenciones Y No Sujeciones

PROYECTO DE LEY LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES
DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO

Expediente N.° 19.531

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

Las exenciones tributarias, definidas como dispensas legales de obligaciones tributarias y por ello diferenciadas de las no sujeciones de un impuesto, constituyen un mecanismo que utiliza el Estado para realizar ajustes en su política tributaria y económica, que tiene como fin beneficiar o promover determinadas actividades, sectores, regiones o grupos de contribuyentes.

Este fin por sí solo se convierte en una inversión estatal, por lo cual es deber del Estado revisar que las medidas fiscales ayuden a mantener las condiciones de desarrollo humano con que cuenta hoy Costa Rica y aspirar a un desarrollo superior, de ahí surge la necesidad de revisar la normativa relativa a exenciones, por lo que es necesario incrementar la sistematización en el manejo de las mismas así como los mecanismos de control en la autorización y fiscalización correspondientes, para ser evaluadas en términos de sus contribuciones al desarrollo del país, y no solamente en relación con el ingreso no percibido.

A inicios de 1990 se hizo un primer esfuerzo por regularizar las exenciones, mismo que dio como resultado la creación de la Ley Reguladora de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones. Sin embargo, en los años posteriores, se siguieron otorgando gran cantidad de exenciones de manera dispersa en varios cuerpos normativos, para el estímulo de diversas actividades, muchas de las cuales carecen de los requisitos y condiciones indispensables que deben poseer. Otra muestra de legislación emitida, para ordenar la materia exoneratoria la encontramos en el año 2001, con la promulgación de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria. Ambas leyes constituyen claros ejemplos de la necesidad del Estado, en un abierto ejercicio de su potestad tributaria, de actualizar y ajustar a través del tiempo, a la realidad económico fiscal tanto nacional como internacional, el ordenamiento jurídico exoneratorio vigente.

Nuestra Constitución Política, en su artículo 121, así como el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios (CNPT), establecen que el otorgamiento de exenciones, reducciones o beneficios es materia privativa de ley, razón por la cual deviene en indispensable para el establecimiento de exenciones, la definición mediante una norma legal de las condiciones y requisitos fijados para otorgarlas, los beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho período se pueden liberar las mercancías o se deben liquidar los tributos, tal y como lo establece el artículo 62 de dicho Código.

Así mismo, dentro de las necesidades de actualización del ordenamiento jurídico exoneratorio también se han realizado diferentes estudios y/o informes que demuestran que el establecimiento de normas legales a las cuales se amparan los diferentes regímenes que gozan de exención y las herramientas de la administración para su autorización y fiscalización, deben potencializarse de tal manera que reflejen claridad en la inversión que se realiza con el llamado Gasto Tributario producto de exoneraciones de tributos.

En su oportunidad la Contraloría General de la República dispuso al Ministerio de Hacienda que se debe realizar la evaluación de los beneficios sociales y patrimoniales asociados a los beneficios fiscales para valorar su continuidad, verificar si se están cumpliendo los fines para los cuales fueron creados y justificar el gasto tributario a través de inversiones en diversos sectores y si se requieren eventuales ajustes o reformas a dichos regímenes, lo cual ha sido difícil de cumplir porque no todas las normas legales que contienen exenciones poseen los requisitos y condiciones del artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

El Estado de la Nación en los años 2013 y 2014 emitió diversos informes relacionados con las exenciones, que concluyeron, entre otras cosas que la política fiscal en esta materia ha sido contradictoria con el objetivo de desarrollo del país ya que se ha abusado de este recurso como mecanismo de estímulo a diversas actividades, en razón de que cada vez que se aprueban nuevos regímenes de exención se abren peligrosos portillos para que otras organizaciones se basen en los argumentos expuestos por los beneficiarios de un régimen y soliciten las mismas concesiones. Por otro lado han concluido que en un alto porcentaje de las exenciones que se han otorgado, se han limitado a indicar el objeto de las mismas con un contenido muy general, sin que se indiquen controles o regulaciones, plazo de las mismas, y/o tributos a exonerar.

La creación de exenciones tributarias sin que medie de previo un estudio técnico, ha permitido la formación de un bloque anárquico de regímenes exoneratorios, muchos de los cuales convergen en cuanto a beneficios y beneficiarios, lo que provoca un doble o triple beneficio para unos pocos, a costa del esfuerzo de la mayoría de los costarricenses. A partir del año 2011 se realizan los estudios de gasto tributario anualmente y se ha concluido 4 estudios específicos de costo beneficio de dichos regímenes, que han cubierto aproximadamente el 85% de los montos exonerados a nivel de importación según códigos de liberación, realizados por la Dirección General de Hacienda, dentro de los cuales igualmente han encontrado limitantes y carencias legales similares a las apuntadas anteriormente, y más allá de eso subsanar dichas carencias, que generan como consecuencia un ejercicio inadecuado en las funciones de otorgamiento y control de las exenciones de tributos.

Es necesario tomar en cuenta que el Estado sigue haciendo grandes esfuerzos para mejorar la recaudación así como nuestro sistema tributario; de estabilizar y sanear las finanzas públicas razón por la cual resulta coherente, que nuestra legislación en materia de exoneraciones se encuentre ajustada a esta política fiscal y que se actualice y racionalice la normativa atinente a esta materia.

Cabe señalar que, como complemento para que el Estado logre las expectativas mencionadas se ha trabajado en un proyecto que pretende ordenar y sistematizar las exenciones, incluyendo a las que benefician a ciertas instituciones del Estado, con la finalidad que exista similitud en el trato tributario, y que operen todos los sectores en igualdad de condiciones, para eliminar distorsiones, aplicar medidas de carácter general en los regímenes de exención y que se contribuya con el financiamiento del Estado.

El presente proyecto de ley contiene un capítulo denominado Regímenes de Exención que contempla las diversas exenciones conferidas a diferentes actividades y sectores en nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo de este capítulo es agrupar de manera sistemática, en un solo texto normativo, las exenciones otorgadas al sector público, las misiones internacionales, la educación, al manejo de aguas, la generación de energía, a la Cruz Roja, al Benemérito Cuerpo de Bomberos, las asociaciones cooperativas, la asistencia social, los medicamentos, y las actividades: agropecuaria, turística y deportiva. Texto que abunda en subsanar las carencias actuales de la ley y establece las exenciones de acuerdo con el CNPT, para que la administración tributaria competente en el tema de exenciones tenga un marco normativo acorde con la realidad nacional.

Esta excitativa de ley cuenta además con capítulos en los cuales se establecen de una manera más ordenada y uniforme las reglas que tendrán que aplicarse a las figuras de la liberación y la liquidación de bienes adquiridos con exención, de manera que el tratamiento tributario a tales bienes, pueda resultar homogéneo y proporcionado.

Como parte de las reformas que se pretenden con esta iniciativa de ley, encontramos la relacionada con el procedimiento administrativo a aplicar para dejar sin efecto una autorización de exención, por incumplimiento de un beneficiario. Se propone que el instituto jurídico a utilizar sea la revocación, para que no se genere incerteza jurídica en cuanto a los efectos producidos en el tiempo por la exención otorgada. Asimismo, se establece un plazo de prescripción, así como causales de interrupción de la misma, confiriéndose con ello seguridad jurídica al administrado.

Una de las novedades que incorpora este proyecto de ley es el capítulo correspondiente a las infracciones y sanciones administrativas, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el otorgamiento y disfrute de una exención, de manera tal que ya no deba recurrirse a aplicar supletoriamente el CNPT, por el vacío legal existente en materia sancionatoria tributaria relacionada con la materia de exenciones. En este capítulo se están creando tres sanciones, una sanción para aquellos beneficiarios que mediante el debido proceso se ha determinado que han realizado un mal uso y destino de los bienes exonerados o han incumplido algunas de sus obligaciones y/o condicionantes, otra sanción para aquellos beneficiarios que incumplan con la obligación de presentar informes a la Dirección General de Hacienda producto de autorizaciones genéricas de exención de tributos y una sanción para aplicar en aquellos casos en los que el beneficiario o el interesado solicite una autorización de liquidación de tributos y luego de su emisión el mismo no la materializa en un plazo determinado.

Dentro del proyecto de ley se realizan derogatorias de normas que contienen exenciones de tributos, por criterios técnicos y de actualización normativa, las cuales se van a traducir en un impacto fiscal favorable para el Estado. Como parte de este impacto fiscal existirá una disminución en ciertos bienes que no podrán volverse a exonerar y por ende aumentar la recaudación de impuestos, en virtud de la incorporación en algunas normas de un criterio restrictivo en el uso de bienes exonerados para fines exclusivos y asociados a la actividad incentivada.

Tal y como queda evidenciado este proyecto de ley resulta una medida fiscal indispensable y necesaria para el mejoramiento del sistema tributario de este país, siendo que las exenciones constituyen un gasto tributario que debe ser medido y controlado de una manera eficiente por la administración tributaria, y para estos efectos debe dotarse a la misma de instrumentos que garanticen su eficiencia en la autorización y el control de este incentivo fiscal, de manera tal que se atienda a los principios de racionalización y rendición de cuentas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos al estimable conocimiento de la Asamblea Legislativa, para su respectiva discusión y aprobación el presente proyecto de ley.


LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- Objetivo
Definir en forma taxativa las no sujeciones y exenciones previstas en el ordenamiento jurídico costarricense, creando un régimen sancionatorio aplicable a
incumplimientos a la normativa que las rige.

Para las exenciones aplicables a la importación y compra local de mercancías se regula además, el otorgamiento, los procedimientos para la
liberación, liquidación y traspaso de bienes exonerados, y los mecanismos de control para el correcto uso y destino de los mismos.

ARTÍCULO 2.- Definiciones

Para la aplicación de la presente ley se establecen las siguientes definiciones:

a) Exención: Dispensa total o parcial del pago de la obligación
tributaria, otorgada por la ley.

b) Tipos de exención: Las exenciones pueden ser clasificadas
objetivas o subjetivas, en concretas o genéricas y temporales y
permanentes.

c) Exención objetiva: Es aquella que recae sobre un bien destinado a
un uso específico.

d) Exención subjetiva: Es aquella a la cual tiene derecho un
determinado sujeto en razón de su condición.

e) Exención concreta: Es aquella que recae sobre un bien
individualizado según determinadas variables.

f) Exención genérica: Es aquella que recae sobre un conjunto de
bienes, limitados a una cantidad y/o que deben hacerse efectivas en un
espacio de tiempo determinado.

g) Exención temporal: Es aquella que tiene una duración limitada en
el tiempo.

h) Exención permanente: Es aquella no que tiene limitación temporal
alguna.

i) No sujeción: Disposición legal que exceptúa de la obligación
tributaria, en la cual el legislador ha considerado que en determinados
bienes o actividades no estarán sujetos a tributos. Con la no sujeción no
llega a nacer la obligación tributaria.

j) Liberación: Mecanismo establecido por ley para extinguir tributos
exonerados, ya sea por haberse cumplido el plazo o las condiciones
previstas.

k) Liquidación: Mecanismo mediante el cual el beneficiario puede
solicitar la autorización para cancelar los tributos sobre bienes o
mercancías inicialmente exonerados.

l) Autorización de exención: Acto administrativo mediante el cual se
autoriza la exención al beneficiario.

m) Beneficiario: Aquel sujeto que por ley tiene derecho a una
exención.

n) Beneficiario inmediato: Es la persona física o jurídica a la cual se
le pueden otorgar autorizaciones de exenciones de carácter objetivo para
el posterior uso y disfrute de los beneficiarios mediatos.

o) Beneficiario mediato: En exenciones de carácter objetivo es la
persona física o jurídica que adquiere del beneficiario inmediato u otra
persona, el bien exonerado, para su uso y disfrute.

p) Medicamento: Toda mercancía utilizada en el diagnóstico,
prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos
anormales o de sus síntomas y en el restablecimiento o modificación de
funciones orgánicas del ser humano.

q) Actividad agropecuaria: Comprende las siguientes actividades:
agrícola, avícola, apícola, pecuaria, porcicultura, y acuícola.

r) Tributo: prestación pecuniaria obligatoria, impuestas unilateralmente
por el Estado y exigida por una administración pública como consecuencia
de la realización del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de
contribuir.

s) Tipos de tributos: Son tributos los impuestos, las tasas y las
contribuciones especiales.

t) Tributos aplicables en territorio nacional: Conjunto de todos los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales y municipales.

u) Impuestos: tributos cuyo hecho imponible se define sin referencia a
servicios prestados o actividades desarrolladas por la Administración
Pública.

v) Tipos de impuestos: Para los efectos de la presente ley los
impuestos se dividen en nacionales y municipales.

w) Impuestos nacionales: Aquellos administrados por el Poder
Ejecutivo.

x) Impuestos municipales: Aquellos administrados por las
municipalidades.

y) Valor fiscal: Aquel establecido por la Dirección General de
Tributación para un bien y con el cual se determinan los distintos
impuestos aplicables al mismo.

z) Consolidación: Es el período en que las empresas turísticas
definidas en el artículo 7 de la ley, consolidan su gestión de forma integral:
en el mercado mediante el posicionamiento del producto-servicio, así
como en el campo operativo, administrativo, financiero, para lograr la
generación del rendimiento del inversionista. De tal manera que, una vez
alcanzado este punto; la empresa podría realizar sus inversiones
periódicas, ya sea en mobiliario y equipo o cambios en la infraestructura,
para mantener su calidad y competitividad, sin el uso de los incentivos
turísticos de la ley.

aa) Artículos o bienes indispensables para empresas nuevas
turísticas: Se refiere a todos los bienes muebles, materiales, equipo y
utensilios necesarios para la instalación y el funcionamiento durante su
plazo de consolidación de las empresas dedicadas a las actividades
mencionadas en los incisos a) y c) del artículo 7º de la Ley N.° 6990 de 15
de julio de 1985.

bb) Transporte acuático de turistas: Para los efectos de esta ley se
está a lo dispuesto por la Dirección de Navegación y Seguridad del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

cc) Ente recomendador: Órgano legalmente competente para analizar
las solicitudes de beneficiarios de un régimen de exención, con el fin de
definir su procedencia técnica y formular la recomendación
correspondiente, asumiendo la fiscalización de los beneficiarios e
incentivos otorgados por mandato de la ley.

ARTÍCULO 3.- Alcance

Las personas físicas y jurídicas estarán exentas del pago de impuestos
únicamente en aquellos casos previstos en la presente ley, salvo en lo que
respecta al impuesto general sobre la renta y el impuesto general sobre las
ventas, en los cuales se mantiene además de lo aquí ordenado, las establecidas
en sus leyes de creación. Las no sujeciones establecidas en los distintos cuerpos
normativos permanecen vigentes, salvo disposición expresa en contrario.

ARTÍCULO 4.- Competencias de la Dirección General de Hacienda

La Dirección General de Hacienda del Ministerio de Hacienda se encuentra
facultada para autorizar el disfrute de exenciones del pago de los tributos
nacionales al amparo de esta ley, previa solicitud del interesado, así como las
liquidaciones y liberaciones. En aquellos casos en que la ley lo establezca, será
necesario que la solicitud del interesado sea acompañada del aval emitido por el
ente recomendador respectivo.

Los formularios para la solicitud de exenciones de tributos, liquidaciones y
liberaciones, los requisitos que se deben cumplir y los documentos que se deben
acompañar a la solicitud, serán establecidos por la Dirección General de Hacienda
del Ministerio de Hacienda mediante resoluciones administrativas debidamente
publicadas.

ARTÍCULO 5.- Solvencia fiscal

Toda persona física o jurídica que solicite una autorización de exención
deberá encontrarse al día en sus obligaciones fiscales.

ARTÍCULO 6.- Denegatoria de exenciones

En caso que la solicitud de exención no proceda por no estar conforme con
lo establecido en la normativa, o no haberse cumplido con los requisitos exigidos,
podrá la Dirección General de Hacienda denegar la solicitud. Contra esta
denegatoria podrá el interesado interponer los recursos ordinarios de conformidad
con los artículos 342 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública,
dentro de los tres días siguientes a la notificación de la denegatoria ante la
Dirección General de Hacienda. Corresponde al Tribunal Fiscal Administrativo
conocer de los recursos de apelación incoados. Los plazos establecidos en la
presente ley tendrán el de carácter ordenatorios.

CAPÍTULO II
REGÍMENES DE NO SUJECIÓN Y DE EXENCIÓN

SECCIÓN PRIMERA
SECTOR PÚBLICO

ARTÍCULO 7.- Principio de inmunidad fiscal

El Estado se encuentra no sujeto del pago de todo tributo, por cuanto al
ejercer su potestad tributaria para imponer los tributos se configura como sujeto
activo de una obligación tributaria que debe administrar y recaudar; de modo que
no puede constituirse en deudor de aquellos tributos creados a su favor. Con
base en lo anterior, se considera que las actividades que desarrolla el Estado para
cumplir los fines legalmente establecidos en razón de su naturaleza, se
encuentran no sujetas del pago de tributos, según lo regulado en esta sección.

ARTÍCULO 8.- No sujeción de los Poderes de la República, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes de la República
Los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, y la Defensoría de los
Habitantes, se encuentran no sujetos del pago de los Tributos aplicables en territorio nacional generados en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 9.- Instituciones no sujetas a todo tipo de tributo. Se encuentran no sujetos de todo tributo aplicable en territorio nacional los
siguientes entes y órganos del Estado Costarricense:

a) La Caja Costarricense de Seguro Social.
b) Las municipalidades.
c) El Instituto Nacional de Aprendizaje. Salvo el impuesto establecido
en la Ley N.° 6946 y sus reformas.
d) El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura.
e) El Patronato Nacional de la Infancia.
f) La Oficina de Cooperación Internacional de la Salud.
g) El Instituto de Desarrollo Rural.
h) El Instituto Nacional de las Mujeres, que además se encuentra
exento del pago de timbres y derechos registrales.
i) La Comisión Nacional de Emergencia y Prevención de Riesgo, que
además se encuentra exenta del pago de tasas, y derechos del Registro
Nacional.
j) El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Salud y
Nutrición.
k) El Banco Hipotecario de la Vivienda. Sus operaciones y aquellas que
realice con entidades autorizadas, no estarán sujetas al pago de tributos
nacionales y municipales, cargos de colegios profesionales, y derechos
registrales.
l) El Instituto Costarricense sobre Drogas.
m) El Instituto Nacional de Estadística y Censos.
n) La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), excepto del
impuesto general sobre las ventas.

ARTÍCULO 10.- Consejo Nacional de la Producción

Se exonera al Consejo Nacional de la Producción de los derechos
arancelarios a la importación en la compra de maquinaria, equipo y herramientas
para fines agrícolas y pecuarios.

ARTÍCULO 11.- Consejo de Seguridad Vial

El Consejo de Seguridad Vial Cosevi, está exonerado del pago de toda
clase de tributos, directos o indirectos, para la adquisición de los vehículos para
patrullaje, los instrumentos y equipos necesarios para el equipamiento interno de
las unidades, los instrumentos y equipos utilizados para la comunicación, el control
de tránsito y la administración vial en vías públicas.
También están exentos de esos tributos el material y el equipo necesarios
para la confección de las licencias y los permisos para conducir, las placas, el
señalamiento vial y el avituallamiento de la policía, así como para la confección de
dispositivos retrorreflectivos como chalecos, capas, gorras, mochilas, brazaletes,
identificadores de zapatos y mochilas, collares y “jackets” utilizados en las
campañas estudiantiles de seguridad vial para la protección de las personas
menores de edad.

ARTÍCULO 12.- Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

Se exonera del pago de los derechos arancelarios a la importación las
mercancías adquiridas por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal que sean
destinadas a obras o servicios públicos municipales o adquiridos para el desarrollo
de sus funciones. Se exonera del pago de impuestos municipales.

ARTÍCULO 13.- Instituto Mixto de Ayuda Social

Se exonera al Instituto Mixto de Ayuda Social, del pago del impuesto sobre
bienes inmuebles, el impuesto sobre la renta, el impuesto general sobre las
ventas, las tasas y los peajes a favor del Estado, así como del pago del Impuesto
Selectivo de Consumo aplicable a las importaciones y compras locales de bienes y
servicios que realice, para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 14.- Consejo Investigación Ciencia y Tecnología

Se exonera al Consejo Investigación Ciencia y Tecnología del pago del
impuesto de derechos aduaneros de importación (DAI) aplicable a la importación
de mercancías, excepto vehículos, que sean adquiridas para el desarrollo de sus
funciones.

ARTÍCULO 15.- Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo

Económico de la Vertiente Atlántica
Se exonera a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica, del pago de derechos arancelarios a la
importación aplicable a la importación de mercancías, excepto vehículos, que sean
adquiridas para el desarrollo de sus funciones.

ARTÍCULO 16.- Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

Se exonera al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) del
pago de los derechos arancelarios a la importación de maquinarias, repuestos,
accesorios, herramientas, implementos, materiales de toda clase y mercaderías
que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines.

ARTÍCULO 17.- Instituto Costarricense de Turismo

Se exonera al Instituto Costarricense de Turismo del pago de impuestos
aplicables a la importación o compra local de los equipos y materiales de
promoción turística, equipo de computación y vehículos de transporte necesarios
para el desempeño de su actividad. Los vehículos exonerados no podrán tener
una cilindrada mayor de dos mil centímetros cúbicos.
El Instituto Costarricense de Turismo, en cuanto a la ejecución del Proyecto
Turístico de Papagayo, estará exonerada del pago de todo tipo de impuestos a la
compra y a la importación de maquinaria, equipo y materiales para construcción,
desarrollo y ejecución de la actividad turística prevista en la Ley N.° 6758.

ARTÍCULO 18.- Instituto Costarricense de Ferrocarriles

Se exonera al Instituto Costarricense de Ferrocarriles del pago de los
impuestos nacionales, municipales y contribuciones especiales. La anterior
exención no aplica para los impuestos sobre las ventas, ni para los impuestos
aplicables a la importación de vehículos y las tasas por servicios urbanos.

ARTÍCULO 19.- Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

Se exonera al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del
pago de todo tipo de impuestos, excepto del impuesto a la importación de
vehículos, impuesto sobre las ventas e impuestos selectivos de consumo.
Asimismo, se exonera de los impuestos y tasas municipales, y de los derechos
registrales, que sean generados en el ejercicio de las funciones para las que fue
creado.

ARTÍCULO 20.- Instituto Costarricense de Electricidad

Se exonera al Instituto Costarricense de Electricidad del pago de los
derechos arancelarios de importación aplicables a las mercancías que importen
para el cumplimento de los fines para los que fue creado.
Las actividades que realice el Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas, como operador o proveedor en mercados nacionales competitivos, de
servicios y productos de telecomunicaciones o de electricidad, se encuentran
gravadas con los impuestos sobre la renta y general sobre las ventas.
Asimismo, se encuentra exenta de los tributos municipales de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N.° 8660 de 8 de agosto de 2008.

ARTÍCULO 21.- Banco Central de Costa Rica

Se exonera al Banco Central de Costa Rica, del pago de todo impuesto o
contribución nacional. La compra de monedas y billetes está exenta del impuesto
sobre las ventas.

ARTÍCULO 22.- Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural

Se exonera al Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural del pago de
tributos y cánones a cancelar por el uso de las frecuencias de radio y televisión
que le sean otorgadas, así como aquellos tributos y cargas aplicables en la
importación o exportación, adquisición o venta de bienes y servicios dedicados a
los fines y servicios públicos que le han sido encomendados.

ARTÍCULO 23.- Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel)

Se exonera al Fondo Nacional de Telecomunicaciones del pago de los
impuestos aplicables a la importación y compra local de mercancías y servicios.
Las inversiones que esta institución realice, así como las rentas que obtenga,
estarán igualmente exonerados de todo impuesto.

ARTÍCULO 24.- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación

Se exonera al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, del pago
de los impuestos aplicables a la importación de materiales didácticos, deportivos,
o de estímulo y fomento al deporte. El Instituto podrá obsequiar dicho material,
pero no podrá venderlo sin la liquidación previa de los tributos correspondientes.
Para otorgar la presente exoneración el Ministerio de Hacienda requerirá de la
recomendación previa del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación.

ARTÍCULO 25.- Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento

Se exonera al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y
Avenamiento, del pago de los impuestos municipales y nacionales, excepto
aquellos aplicables a la importación o compra de vehículos y al establecido en la
Ley N.° 6946 Impuesto del uno por ciento (1%) sobre el valor aduanero a las
importaciones. Se exonera además, del pago por concepto de derechos
registrales.

ARTÍCULO 26.- Junta de Protección Social

Se exonera a la Junta de Protección Social del pago de los impuestos aplicables a la importación y compra local de mercancías y servicios que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines para los que fue creada. Las loterías nacionales, rifas, juegos y demás productos de azar que venda, distribuya o
comercialice en territorio nacional no están exentas del impuesto sobre las ventas.

ARTÍCULO 27.- Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
Se exonera al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo del pago de los
derechos arancelarios a la importación de mercancías.

ARTÍCULO 28.- Patronato Nacional de Ciegos
Se exonera al Patronato Nacional de Ciegos del pago de los tributos
nacionales y municipales generados en el ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN SEGUNDA

MISIONES INTERNACIONALES Y AFINES

ARTÍCULO 29.- Principio de reciprocidad
Los beneficios concedidos en esta sección, responden a la aplicación del
principio de reciprocidad que rige las relaciones entre las distintas misiones
diplomáticas y consulares de los distintos países. Los presentes beneficios se
conceden para garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones
diplomáticas en calidad de representantes de los Estados. Aparte de las restantes
responsabilidades asignadas como ente recomendador, corresponde en todos los
casos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto verificar que los incentivos
otorgados en el territorio nacional sean los mismos que reciben nuestras
representaciones estatales en los demás países.

ARTÍCULO 30.- Exención a compras locales
Se exonera a las misiones diplomáticas y consulares, y a los funcionarios
extranjeros de cada una de las citadas entidades, del pago de los impuestos
aplicables a las compras que realicen en el mercado nacional, siempre y cuando
se otorgue el mismo beneficio a las misiones diplomáticas y consulares de Costa
Rica ubicadas en sus países de origen. Dicha exoneración aplica para los
organismos internacionales salvo disposición expresa en contrario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, definirá los sujetos de esta
exención, el monto a exonerar y el procedimiento que de acuerdo con la
reciprocidad, deba aplicarse. Corresponde a la Dirección General de Hacienda
definir vía reglamento, el mecanismo y procedimiento a seguir para la adecuada
aplicación de este artículo.


ARTÍCULO 31.- Exención del Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores

Salvo norma expresa en contrario, se exonera los vehículos propiedad de
los organismos internacionales, de los organismos públicos de vocación
internacional y los de sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados, del
Impuesto sobre la Propiedad de Vehículos Automotores, creado mediante artículo
9 de la Ley N.° 7088 de 30 de noviembre de 1987 y sus reformas.
Para las misiones diplomáticas, consulares y sus funcionarios extranjeros,
la exención estará condicionada a que concurra la reciprocidad absoluta con el
país que se trate, lo cual deberá acreditar el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, y los mismos deberán liquidar los tributos exonerados en los términos
establecidos en el artículo 105 de la presente ley.

ARTÍCULO 32.- Organismos Internacionales que tengan su sede principal en la República de Costa Rica

Se exonera a los jefes de misión y a los funcionarios extranjeros de los
organismos internacionales que tengan su sede principal en la República de Costa
Rica del pago de los impuestos aplicables a las compras que realicen en el
mercado nacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, definirá los sujetos de esta
exención, el monto a exonerar y el procedimiento que deba aplicarse.
Corresponde a la Dirección General de Hacienda definir vía reglamento, el
mecanismo y procedimiento a seguir para la adecuada aplicación de este artículo.

SECCIÓN TERCERA
EDUCACIÓN Y AFINES

ARTÍCULO 33.- Instituciones de educación superior
Se exonera a las instituciones estatales de educación superior universitaria
y a las instituciones estatales de educación parauniversitarias del pago de los
tributos aplicables a la importación y compra local de mercancías y servicios, que
sean necesarios para llevar a cabo los fines para las que fueron creadas. Esta
exención no aplica a ninguna fundación asociada a un centro de educación
superior, o para mercancías y servicios utilizados para la generación de productos
o servicios para su comercialización.

ARTÍCULO 34.- Consejo Nacional de Rectores
Se exonera al Consejo Nacional de Rectores del pago de los tributos
aplicables a la importación y compra local de mercancías y servicios, que sean
necesarios para llevar a cabo los fines para el que fueron creadas.

ARTÍCULO 35.- Exenciones a favor de la Earth
Se exonera a la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda del
pago de los tributos generados por la importación y/o exportación de todos
aquellos artículos que requiera para sus programas de docencia e investigación.
Los funcionarios y el personal docente de la Earth, no costarricenses o
residentes en Costa Rica, gozarán de las mismas prerrogativas que las misiones
internacionales, conforme a la Convención sobre Relaciones Diplomáticas y
Protocolo Facultativo suscrita en Viena el 13 de abril de 1961, los decretos y la
costumbre internacional, excepto en cuanto a la importación de vehículos. En lo
que concierne al menaje de casa, solo tendrán derecho a la exoneración de todo
tributo y sobretasas por una sola vez.

ARTÍCULO 36.- Juntas de educación y administrativas
Se exonera a las juntas de educación y administrativas de las instituciones
públicas de enseñanza debidamente inscritas ante el Ministerio de Educación
Pública, del pago de los impuestos aplicables a la importación y compra local de
mercancías y servicios, siempre y cuando sean necesarios para llevar a cabo los
fines para las que fueron creadas esas organizaciones o en beneficio de los
centros educativos públicos que les corresponda atender.

ARTÍCULO 37.- Fundación Omar Dengo
Se exonera a la Fundación Omar Dengo, del pago de los tributos aplicables
a la importación de mercancías que sean requeridas para la ejecución del
Programa de Informática Educativa. Las solicitudes de exención deben ser
recomendadas por el Ministerio de Educación Pública previa presentación ante el
Ministerio de Hacienda.

SECCIÓN CUARTA
MANEJO DE AGUAS

ARTÍCULO 38.- Asadas
Se exonera a las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos
y Alcantarillados Comunales, del pago del impuesto sobre las ventas, selectivo de
consumo, timbres, e impuestos aplicables a la importación de equipo que
requieran para el ejercicio de sus funciones. Las solicitudes de exención deben
ser recomendadas por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
antes de presentarse al Ministerio de Hacienda.

ARTÍCULO 39.- Aguas residuales
Con el fin de mitigar la contaminación del recurso hídrico y mejorar la
calidad del agua, se exonera la adquisición de los sistemas que sean instalados en
el territorio nacional para el tratamiento de aguas residuales y sus componentes, así
como los materiales e insumos que se incorporen directamente en la construcción de
este tipo de sistemas, de los impuestos aplicables a su importación.

SECCIÓN QUINTA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU USO RACIONAL

ARTÍCULO 40.- Exención a cooperativas de electrificación rural
Se exonera a las asociaciones cooperativas de electrificación rural y los
consorcios cooperativos formados por ellas, regulados mediante Ley N.° 8345 de
26 de febrero de 2003, del pago de los mismos impuestos que les han sido
exonerados a las empresas de servicios eléctricos y a las de servicios públicos
municipales, que puedan pesar sobre los bienes y servicios para la construcción,
administración y operación general de sus sistemas.

ARTÍCULO 41.- Empresas productoras de energía eléctrica
Las empresas productoras de energía eléctrica autónoma o paralela
proveniente de fuentes renovables, para su venta al Instituto Costarricense de
Electricidad, gozarán de las mismas exenciones que dicho Instituto, para la
importación de maquinaria y equipo para conducción de agua, así como para
“turbinar”, generar, controlar, regular, transformar y transmitir energía eléctrica.

ARTÍCULO 42.- Exención a mercancías necesarias para la generación de energía

Se exonera del pago de los impuestos selectivo de consumo, derechos
arancelarios de importación, general de ventas y el estipulado en la Ley N.º 6946,
de 13 de enero de 1984, los materiales y equipos que contribuyan al ahorro y el
uso racional y eficiente de la energía, o que promuevan el desarrollo de fuentes de
energía renovables que reduzcan la dependencia del país de los combustibles
fósiles, ya sean importados o fabricados en territorio nacional, que se detallan a
continuación:
- Calentadores solares de agua para todo uso, con certificación de
eficiencia expedida por un laboratorio acreditado.
- Tanques de almacenamiento de agua para sistemas de
calentamiento solar del tipo termosifón.
- Paneles de generación eléctrica fotovoltaica, de cualquier capacidad.
- Sistemas de control para paneles fotovoltaicos, generadores eólicos
e hidroeléctricos de corriente directa.
- Convertidores estáticos de corriente directa en alterna para sistemas
fotovoltaicos, eólicos y generadores hidroeléctricos de corriente
directa.
- Baterías de plomo ácido de ciclo profundo y baterías de níquelcadmio
y níquel-hierro, con capacidades mayores a 50 amperioshora.
- Cabezales economizadores de agua caliente para duchas y
fregaderos, con consumo inferior a 9,5 litros/minuto.
- Luminarias fluorescentes y halógenos eficientes.
- Generadores eólicos e hidroeléctricos para uso no relacionado con la
generación privada de electricidad, que señala la Ley N.° 7200, de 28
de setiembre de 1990.
- Equipos de control de voltaje y frecuencia para generadores eólicos e
hidroeléctricos.
- Equipos electrodomésticos de corriente directa, para utilizarse con
paneles fotovoltaicos, generadores eólicos e hidroeléctricos de
corriente directa.
- Materiales para construir equipos para aprovechar las energías
renovables.
- Vidrio atemperado con menos de cero coma cero dos por ciento
(0,02%) de contenido de hierro.
- Aislantes térmicos para colectores solares como polisocianurato y
poliuretano, los aditivos para elaborarlos o ambos.
- Placas absorbentes y tubos aleteados para calentadores de agua.
- Perfiles de aluminio específicos para construir calentadores solares
de agua.
- Aislantes térmicos para tuberías de agua.
- Cualquier aislante térmico útil para mejorar el aislamiento de tanques
de almacenamiento de agua calentada con sistemas solares.
- Instrumentos de medición de variables relacionadas con las energías
renovables, tales como: medidores de temperatura, medidores de
presión de fluidos, anemómetros para medir la dirección y la
velocidad del viento y medidores de la radiación solar.
- Sistemas de bombeo alimentados con sistemas fotovoltaicos y
eólicos.
- Refrigeradores y cocinas solares.
- Bombas de ariete.
El Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el Ministerio de
Hacienda, podrán mediante criterio técnico debidamente fundamentado, modificar
la lista de materiales y equipos descrita en este artículo, para adaptarla a los
avances del conocimiento científico y tecnológico. El procedimiento para
actualización de la lista de bienes a exonerar será establecido mediante Decreto
Ejecutivo.

SECCIÓN SEXTA
MEDIOS DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 43.- Concesionarios de taxis
Se exonera a los concesionarios del servicio de taxi, del pago del sesenta
por ciento (60%) de los impuestos aplicables a la importación de un vehículo
nuevo tipo automóvil que utilice combustibles fósiles para ser destinado al
transporte remunerado de personas en esa modalidad. Si el vehículo a exonerar
utilizara tecnología limpia, la exención será del cien por ciento de los impuestos
aplicables a su importación.
El valor fiscal de los vehículos que utilicen combustibles fósiles a exonerar
no podrá ser superior a los treinta y cinco mil dólares estadounidenses
($35.000,00) o su equivalente en moneda nacional. En el evento que el
beneficiario adquiera un vehículo cuyo monto sea superior, deberá cancelar los
tributos aplicables al monto del valor fiscal que exceda el tope exonerado.
En caso que el concesionario de taxi solicitara la exención de un vehículo
tipo utilitario de doble tracción, para ser utilizado bajo la modalidad de taxi, en una
zona fuera de la gran área metropolitana, la exención será del sesenta por ciento
(60%) del pago de los impuestos aplicables a su importación. Los vehículos
adquiridos para ser utilizados bajo la modalidad taxi adaptado para el transporte
de personas con discapacidad tendrán una exoneración del cien por ciento (100%)
de los impuestos aplicables a su importación. El valor fiscal de los vehículos
exonerados con base en este párrafo, no podrá ser superior a los cincuenta mil
dólares estadounidenses ($50.000,00) o su equivalente en moneda nacional. En
el evento que el beneficiario adquiera un vehículo cuyo monto sea superior,
deberá cancelar los tributos aplicables al monto del valor fiscal que exceda el tope
exonerado.
En ningún caso podrá el concesionario de taxi contar con dos o más
vehículos de cualquier clase que hayan sido exonerados con base en el presente
artículo.
Podrá disfrutarse esta exención cada cuatro años. Una vez vencido este
plazo, el beneficiario podrá solicitar una nueva exoneración, para lo cual deberá
liquidar los impuestos exonerados en los términos establecidos en el artículo 105
de la presente ley. Podrá liquidarse los impuestos antes del vencimiento del plazo
por el cual fue dada la exención, pero no tendrá derecho a solicitar una nueva
exención hasta que se cumpla el plazo original.

ARTÍCULO 44.- Autobuses
Los permisionarios y concesionarios del transporte colectivo de personas,
no se encuentran sujetos al pago de los impuestos aplicables a la importación de
autobuses, así como de chasis con motor o sin él para este tipo de vehículos,
excepto del pago de los derechos arancelarios de importación cuya tarifa se fija en
un cinco por ciento (5%). Asimismo, se les exonera del pago de los impuestos
aplicables a la importación y compra local de partes y repuestos para autobuses,
salvo del pago de los derechos arancelarios de importación, cuya tarifa, si supera
el cinco por ciento (5%), se exonerará la obligación tributaria correspondiente a
dicho exceso tarifario.

ARTÍCULO 45.- Exoneración de dispositivos de seguridad
Se exonera de todo tributo, a excepción del impuesto sobre las ventas, la
importación y venta de las sillas de seguridad, cojines elevadores o “booster” y
dispositivos aplicables a los cinturones de seguridad para la protección de
personas menores de doce años que midan menos de 1,45 metros de estatura.
Asimismo, se exoneran de cualquier tributo los sistemas de bolsas de aire, los
dispositivos de seguridad, el apoya-cabezas, los cascos de seguridad, la
vestimenta retrorreflectiva y de protección para ciclistas y motociclistas, triángulos
y chalecos retrorreflectivos.

ARTÍCULO 46.- Exenciones para ciclistas
Estarán exentos del pago de impuestos, excepto del impuesto de ventas,
los implementos de seguridad de los ciclistas, así como las bicicletas cuyo valor
sea inferior a mil dólares moneda de los Estados Unidos de América
(US $1.000,00).

SECCIÓN SÉTIMA
CRUZ ROJA Y BOMBEROS DE COSTA RICA

ARTÍCULO 47.- Exención a favor de la Cruz Roja
Se exonera a la Cruz Roja Costarricense del pago de los impuestos
nacionales y municipales, y tasas, aplicables a la importación, compra local de
mercancías y servicios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Asimismo,
se encuentra exonerada del pago de los impuestos y tasas generadas por la
adquisición y enajenación de bienes inmuebles necesarios para el ejercicio de sus
funciones.

ARTÍCULO 48.- Exención para ambulancias y similares
Se exonera al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, a la Cruz
Roja Costarricense, del pago de todo tributo aplicable a la importación y compra
local de las ambulancias, los vehículos que se convertirán en ambulancias, los
coches bombas, los equipos y las refacciones que utilicen las ambulancias.

ARTÍCULO 49.- Exención al Cuerpo de Bomberos
Se exonera al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, del pago de
los impuestos aplicables a la importación y compra local de las siguientes
mercancías: las unidades extintoras de incendio, los vehículos que se convertirán
en unidades extintoras de incendio; los vehículos de apoyo, las plantas eléctricas
portátiles, las bombas portátiles; los equipos y artículos para extinción de
incendios, para rescate y para emergencias con materiales peligrosos; los equipos
de comunicación y equipos electrónicos para atención de emergencias; los
repuestos, las llantas, los lubricantes y los artículos para mantenimiento de las
unidades extintoras, los vehículos y los equipos para extinción de incendios, el
rescate y las emergencias con materiales peligrosos; los equipos de protección
personal para extinción de incendios, el rescate y las emergencias con materiales
peligrosos; el espumógeno y polvo químico para extinción de incendios; los
artículos y bienes de similar naturaleza.
SECCIÓN OCTAVA
ASOCIACIONES COOPERATIVAS
ARTÍCULO 50.- Exención a las asociaciones cooperativas
Se exonera a las asociaciones cooperativas, del pago de los impuestos
nacionales y municipales y de las tasas, que se deban aplicar sobre los actos de
formación, inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales para
su funcionamiento. Además, tendrán derecho a una exención del cincuenta por
ciento (50%) del pago de los montos correspondientes a los timbres y derechos
registrales aplicables sobre los documentos otorgados por ellas en favor de
terceros o de estas en favor de aquellos, y en todas las actuaciones judiciales en
que tengan que intervenir, activa o pasivamente.
ARTÍCULO 51.- Cooperativas de vivienda
Se exonera a las cooperativas de vivienda del pago de los derechos
registrales, que se genere por los todos los actos, operaciones y contratos que
realice en uso de sus facultades legales.
ARTÍCULO 52.- Consejo Nacional de Cooperativas
Se exonera al Consejo Nacional de Cooperativas del pago de los impuestos
nacionales, municipales, tasas y contribuciones especiales, derechos registrales,
que puedan afectar sus bienes, derechos y acciones, rentas o ingresos de
cualquier clase o sobre los actos jurídicos, contratos o negocios que celebre.
SECCIÓN NOVENA
ASOCIACIONES Y FUNDACIONES
ARTÍCULO 53.- Asociaciones de desarrollo comunal
Se exonera a las asociaciones de desarrollo comunal debidamente
inscritas, del pago de los derechos arancelarios de importación aplicables a las
mercancías que adquieran para el cumplimiento de los fines para los que fueron
creadas. Asimismo, los actos y contratos en que participen las asociaciones y que
sean relativos a la realización de sus fines, se encuentran exentos del pago de
derechos registrales.
ARTÍCULO 54.- Fundaciones
Se exonera a las fundaciones sin fines de lucro que se dediquen a la
recolección y tratamiento de basura, a la conservación de recursos naturales,
ambiente en general, higiene ambiental y salud pública, del pago de los impuestos
municipales, y del derecho arancelario a la importación aplicable a la importación
de mercancías, necesarias para el cumplimiento de los fines indicados. Asimismo,
se encuentran exentas del pago de los derechos registrales de inscripción.
SECCIÓN DÉCIMA
ASISTENCIA SOCIAL
ARTÍCULO 55.- Organizaciones de atención a menores
Se exonera a las instituciones, fundaciones y asociaciones sin actividades
lucrativas, que se dediquen a la atención integral de menores de edad en estado
de abandono, deambulación o en riesgo social y que estén debidamente inscritas
en el Registro Público, del pago de los derechos arancelarios a la importación,
siempre y cuando las mercancías a exonerar sean para el desarrollo de los fines
para los que fueron creadas.
ARTÍCULO 56.- Fundaciones específicas
Se exonera a la Fundación Ayúdenos para Ayudar, cédula jurídica
N.° 3-006-109117-31, y a la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños, cédula
jurídica N.° 3-002-045191-17, del pago de los impuestos nacionales y municipales
que se generen del ejercicio de las funciones para las que fueron creadas.
ARTÍCULO 57.- Ciudad de los Niños
Se exonera a la Ciudad de los Niños, creada mediante Ley N.° 7157 de 19
de junio de 1990, del pago de todo tributo nacional o municipal. Las importaciones
de mercancías que realice para el cumplimiento de sus fines están igualmente
exentas del pago de impuestos. Asimismo, está exenta del pago de derechos
registrales
ARTÍCULO 58.- Asociación Protección al Adulto Mayor
Se exonera a la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano,
cédula jurídica 3-002-084184, del pago de los impuestos general sobre las ventas
y selectivo de consumo, aplicable a las compras que realicen de mercancías para
el cumplimiento de sus fines.
Artículo 59. Ejército de Salvación. Se exonera a la Asociación el Ejército de
Salvación, cédula jurídica 3-002-45556-03, del pago de los impuestos aplicables a
la importación de mercancías, siempre y cuando sean necesarias para el
cumplimiento de sus fines.
ARTÍCULO 60.- Cuidados paliativos
Se exonera a las asociaciones y fundaciones dedicadas a los cuidados
paliativos que estén habilitadas y acreditadas por el Ministerio de Salud de los
impuestos aplicables a la inscripción de bienes inmuebles, excepto de los
impuestos municipales. Igualmente se les exonera de los impuestos aplicables a
la importación y compra local de vehículos destinados exclusivamente a la
atención y tratamiento directo de los pacientes atendidos por ellas.
Los vehículos deberán ser inscritos a nombre de las asociaciones y
fundaciones de cuidados paliativos. No podrán ser traspasados antes de diez
años a terceros, para lo cual se regirá por lo dispuesto en el capítulo sobre
liquidación de bienes de esta ley.
SECCIÓN UNDÉCIMA
MEDICAMENTOS Y AFINES
ARTÍCULO 61.- Medicamentos y elaboración de medicamentos
La importación y compra local de medicamentos, no están sujetos a ningún
tributo nacional, excepto a los derechos arancelarios. La condición de
medicamento será acreditada por el Ministerio de Salud.
La materia prima que se utilice exclusivamente en la producción de
medicamentos, se encuentra no sujeta del pago de los tributos aplicables a la
importación y compra local. Excepto a lo referente al Impuesto General sobre las
Ventas.
Se exonera los reactivos o catalizadores, maquinaria y equipos requeridos
exclusivamente para la producción de medicinas del pago de los tributos
aplicables a las compras locales e importación, excepto de los derechos
arancelarios de importación.
El Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Hacienda, elaborarán
y publicarán en el Diario Oficial, la lista de los bienes, insumos y equipos con
derecho a las exenciones indicadas en los párrafos anteriores. Para estos
efectos, deberá verificar que los bienes a incluirse en las listas a exonerar, sean
de uso médico.
Corresponde al Ministerio de Salud recomendar el otorgamiento de las
exenciones en cada caso, con base en la lista indicada.
ARTÍCULO 62.- Equipo médico
Se exonera todo equipo médico cuyo uso sea exclusivo para la realización
de procedimientos médicos no estéticos, del pago de los tributos aplicables a las
compras locales e importación, excepto de los derechos arancelarios.
Corresponde al Ministerio de Salud determinar cuáles equipos califican como
sujetos a esta exención y recomendará en cada caso su otorgamiento al Ministerio
de Hacienda.
Los importadores de equipos médicos para uso de procedimientos no
estéticos, deberán solicitar ante el Ministerio de Salud, que se recomiende la
exención correspondiente supeditada al uso exclusivo para el cual se solicita. El
Ministerio de Salud emitirá la recomendación respectiva y corresponderá al
Departamento de Gestión de Exenciones, conocer de la misma y autorizar la
exención correspondiente en caso que proceda. El procedimiento de
otorgamiento de este tipo de exención será regulado vía reglamento.
ARTÍCULO 63.- Equipo para personas con necesidades especiales
Se exonera el equipo requerido por personas con alguna discapacidad para
facilitar su desarrollo inclusivo y su autonomía, incluyendo sillas de ruedas,
andaderas, bastones, camas y equipo ortopédico, prótesis para sustituir funciones
y o estructuras corporales, lentes de anteojería médica, lentes de contacto y
audífonos, artículos necesarios para la rehabilitación del invidente, programas de
educación especial, productos de apoyo, incluyendo dispositivos, equipo,
tecnología, instrumentos, software y sus actualizaciones, de los tributos aplicables
a su importación y compra local.
Se exonera además los artículos utilizados en anteojería médica,
incluyendo las montaduras de gafas cuyo valor no exceda los $10,00 y las partes
de estas montaduras, el vidrio óptico y los elementos de vidrio óptico utilizados
exclusivamente para la fabricación de artículos de anteojería médica, los esbozos
de lentes para anteojería médica de vidrio no óptico y sin trabajar ópticamente;
limpiadores, desinfectantes, soluciones remojadoras, tabletas desproteinizadoras
todos para lentes de contacto; ceras, aceites y pulimentos para fabricación de
gasas, y láminas de acetato de celulosa plasticadas para la fabricación de gafas,
del pago de los impuestos aplicables a su importación, excepto del pago del
impuesto sobre las ventas.
En el caso de los artículos necesarios para la rehabilitación del invidente,
corresponde a la Junta Directiva del Patronato Nacional de Ciegos elaborar
anualmente, la lista de artículos que califican como tales y remitirla a la Dirección
General de Hacienda para su aplicación.
ARTÍCULO 64.- Vehículos para personas con necesidades especiales
Se exonera a las personas que por su condición física, mental o sensorial,
se les dificulte en forma evidente y manifiesta la movilización, y como
consecuencia el uso del transporte público, un vehículo cuyo valor fiscal no sea
superior a los cuarenta mil dólares estadounidenses ($40.000,00) o su equivalente
en moneda nacional, del pago de los tributos aplicables a su importación o a su
compra local. En el evento que el beneficiario adquiera un vehículo cuyo monto
sea superior a los cuarenta mil dólares, deberá cancelar los tributos aplicables al
monto del valor fiscal que exceda el tope exonerado.
El vehículo que sea exonerado según lo previsto en este artículo, deberá
ser inscrito a nombre del beneficiario. El Registro Nacional deberá registrar estos
vehículos bajo una categoría especial y se les asignará una placa cuyo distintivo
será el símbolo reconocido internacionalmente.
Las condiciones físicas, mentales o sensoriales de la persona que solicite la
exención prevista en este artículo, debe ser acreditada por el Centro Nacional de
Rehabilitación, Dr. Humberto Araya Rojas, o por el Departamento de Valoración
de la Invalidez de la Caja Costarricense de Seguro Social, que emitirán el
dictamen correspondiente.
ARTÍCULO 65.- Uso del vehículo exonerado
El vehículo adquirido al amparo del artículo anterior, es para el transporte
del beneficiario o para la satisfacción de sus necesidades. Podrá ser conducido
por el beneficiario o por las personas que él haya autorizado ante la Dirección
General de Hacienda para estos fines. En caso que el beneficiario viaje dentro del
vehículo, no será necesario que la persona que conduce esté debidamente
acreditada.
Corresponde al Ministerio de Hacienda reglamentar el uso de este tipo de
vehículos.
ARTÍCULO 66.- Vigencia de la exención
Podrá disfrutarse la exención contenida en el artículo 63 cada siete años.
Una vez vencido este plazo, el beneficiario podrá solicitar una nueva exoneración,
para lo cual deberá liquidar los impuestos exonerados en los términos
establecidos en el artículo 105 de la presente ley. También deberá liquidar los
impuestos exonerados si solicita la liquidación antes de los siete años, con el
objeto de mantener el vehículo para el uso del beneficiario, no pudiendo el
beneficiario solicitar una nueva exoneración hasta que se cumpla el plazo de los
siete años.
En caso de traspasar los vehículos que sean exonerados a terceros, que
no gocen de una exención similar, se deberá liquidar los tributos exonerados en
los términos establecidos en el artículo 105 de la presente ley. El traspaso a
terceros podrá realizarse aun antes de cumplirse el plazo de los siete años, no
pudiendo el beneficiario solicitar una nueva exoneración hasta que se cumpla el
plazo de los siete años.
SECCIÓN DECIMOSEGUNDA
SECTOR AGROPECUARIO
ARTÍCULO 67.- Maquinaria, equipo, e insumos
Se exonera la maquinaria, equipo, e insumos, cuyo uso y destino sea
exclusivamente para la actividad agropecuaria que se desarrolla en territorio
nacional, del pago de los tributos aplicables a su importación y compra local. No
podrán ser incluidos dentro de esta exención, bienes o insumos que puedan ser
utilizados o destinados a cualquier otro tipo de actividad además de la
agropecuaria.
Asimismo, se exonera la materia prima para la elaboración de insumos
agropecuarios y los materiales utilizados para el empaque de banano, del pago
de los tributos aplicables a su importación y compra local, excepto de los derechos
arancelarios. Igualmente, se exonera los equipos e instrumentos necesarios para
la protección del medio ambiente y de los trabajadores utilizados por las
compañías bananeras de los impuestos aplicables a su importación.
Las exenciones previstas en este artículo solo se pueden otorgar, previa
verificación que esas mercancías no son producidas en condiciones adecuadas de
cantidad, precio, calidad y oportunidad de entrega, en territorio centroamericano.
ARTÍCULO 68.- Determinación de mercancías a exonerar
La maquinaria, equipo y demás insumos previstos en el artículo anterior,
serán definidos en forma taxativa por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el
Ministerio de Hacienda, mediante listados que deberán ser publicados en el Diario
Oficial. Corresponde a estas instituciones mantener los mismos actualizados,
realizando la debida publicación con cada actualización. Para la determinación de
estas mercancías, se deberá considerar el impacto que las mismas tienen para el
medio ambiente, excluyendo todas aquellas que por su contenido sean altamente
nocivas para la salud o el medio ambiente. El Ministerio de Hacienda, con
colaboración del Ministerio de Agricultura y Ganadería y del Ministerio de
Ambiente y Energía, definirán las mercancías que tienen impacto en el medio
ambiente mediante listados que deberán ser publicados en el diario oficial La
Gaceta.
ARTÍCULO 69.- Grupos de personas productoras orgánicas
Los grupos de personas productoras orgánicas organizadas (GPO)
debidamente registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además de
las exenciones previstas en el artículo 66, tendrán derecho a exonerar:
a) Los insumos utilizados en las diferentes etapas de producción y
agroindustrialización de productos agropecuarios, de los tributos
aplicables a su importación.
Un vehículo de trabajo tipo “pick-up”, con capacidad de carga igual o
superior a dos toneladas, de los tributos aplicables al momento de su
importación. Podrá disfrutarse esta exención cada cuatro años. Una vez
vencido el plazo de los cuatro años, el beneficiario podrá solicitar una
nueva exoneración, para lo cual deberá liquidar los impuestos exonerados
en los términos establecidos en el artículo 105 de la presente ley.
b) En caso de traspasar los vehículos que sean exonerados a terceros,
que no gocen de una exención similar, se deberá cancelar la totalidad de
los tributos exonerados. El traspaso a terceros podrá realizarse aún antes
de cumplirse el plazo de los cuatro años, no pudiendo el beneficiario
solicitar una nueva exoneración hasta que se cumpla el plazo
originalmente dado. Lo mismo sucede en caso de solicitar la liquidación
antes del plazo por el cual fue dada la exención para mantener el vehículo
a su nombre, en cuyo caso tampoco tendrá derecho a aplicar
depreciación.
ARTÍCULO 70.- Centros agrícolas
Los centros agrícolas tienen derecho a exonerar un vehículo con las
mismas características y limitaciones previstas en el inciso b) del artículo anterior.
ARTÍCULO 71.- Actividad pesquera
Se exonera a los pescadores que realizan pesca de pequeña escala,
mediana escala y avanzada, de conformidad con lo establecido en el artículo 43
de la Ley N.° 8436 de fecha 1 de marzo de 2005, y que estén debidamente
inscritos como tales ante Incopesca, del pago de los impuestos correspondientes a
la importación y compra local de maquinaria, equipo, e insumos que requieran,
para desarrollar la actividad pesquera. Esta exención no es aplicable para
desarrollar la pesca deportiva.
ARTÍCULO 72.- Ente recomendador
Las solicitudes de exención del sector agropecuario deben ser
recomendadas para su aprobación ante el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería a través de la Comisión de Recomendación Agrícola
para Incentivos Fiscales o su Secretaría. En el caso de las exenciones asociados
a la actividad pesquera, corresponde al Incopesca realizar la recomendación
respectiva.
ARTÍCULO 73.- Comisión de Recomendación Agrícola para Incentivos
Fiscales
La Comisión de Recomendación Agrícola para Incentivos Fiscales de
Insumos Agropecuarios, es un órgano técnico asesor de las autoridades
ministeriales de Hacienda y de Agricultura y Ganadería en materia de exenciones
aplicables al sector agropecuario y pesquero. Se regirá por lo dispuesto en esta
ley por las disposiciones contenidas en la Ley General de la Administración
Pública para órganos colegiados y por el reglamento que se emita para estos
efectos.
Está conformada por un representante titular y su respectivo suplente, de
las siguientes instituciones y entidades:
a) Un representante del Ministerio de Agricultura y Ganadería, quien
presidirá la Comisión.
b) Un representante del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante del Ministerio de Hacienda.
d) Dos representantes del sector privado, correspondiendo una
designación a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la otra
a la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
e) Un representante de las organizaciones de productores orgánicos,
correspondiendo la designación al Asomaoco.
f) Un representante del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura
(Incopesca).
Será presidida por el representante del Ministerio de Agricultura y
Ganadería y en su ausencia, por el representante del Ministerio de Hacienda, en
ausencia de ambos representantes, en el mismo orden podrá presidir la comisión
el suplente de cada representante.
ARTÍCULO 74.- Competencia de la Comisión
Son atribuciones y deberes de la Comisión:
a) Conocer de las solicitudes de exenciones especiales que le sean
trasladadas y determinar si el objeto, conforme a su naturaleza y a las
especificaciones exigidas por ley, clasifica para ser exonerado, y emitir la
respectiva recomendación.
b) Elaborar los estudios técnicos que le sean requeridos por el
Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
c) Recomendar al Ministerio de Agricultura y Ganadería y al Ministerio
de Hacienda en forma oportuna, la maquinaria, bienes e insumos que
deben ser considerados como sujetos a la exención prevista en el artículo
67.
ARTÍCULO 75.- Secretaría de Recomendación Agrícola para Incentivos
Fiscales
La Comisión de Recomendación Agrícola para Incentivos Fiscales contará
con el apoyo de una Secretaría Técnica, que se constituye como un órgano
permanente adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería.
ARTÍCULO 76.- Competencias de la Secretaría
Corresponde a la Secretaría, conocer y recomendar la aprobación ante el
Departamento de Exenciones de la Dirección General de Hacienda, de las
solicitudes de exoneración de maquinaria, equipo e insumos agropecuarios, que
se realicen amparadas

Reforma Ley del Impuesto sobre la Venta

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 


BORRADOR

 

PROYECTO DE LEY

Reforma Ley del Impuesto sobre la Venta

EXPEDIENTE N.º


CAPÍTULO I

REFORMA A LA LEY No. 6826,  LEY DE IMPUESTO GENERAL
SOBRE LAS VENTAS,  DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1982,
Y SUS REFORMAS Y LEYES CONEXAS


ARTÍCULO 1.- REFORMA DE LA LEY No. 6826

Refórmese la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, en la forma que se indica a continuación:

1.-  Modifíquese el artículo 1 para que se lea como sigue:

“Artículo 1.- Objeto del impuesto

1.- Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y en la prestación de servicios realizados en el territorio de la República.

2.- A efectos de este impuesto, se entenderán realizados en el territorio de la República:

a) Las ventas de bienes en los siguientes casos:

i. Cuando los bienes no sean objeto de transporte,  si los bienes se ponen a disposición del adquirente en dicho territorio.

ii. Cuando los bienes deban ser objeto de transporte para la puesta a disposición del adquirente, si el transporte se inicia en el referido territorio.

iii. Cuando los bienes se importen.


b) Las prestaciones de servicios en los siguientes casos:

i. Cuando los servicios sean prestados por un contribuyente del artículo 4 de esta ley ubicado en dicho territorio.

ii. Cuando el destinatario sea un contribuyente del artículo 4 de esta ley y esté ubicado en el territorio de la República, con independencia de dónde esté ubicado el prestador y del lugar desde el que se presten los servicios.

iii. Los servicios relacionados con bienes inmuebles cuando estén localizados en el citado territorio.

iv. Los servicios de transporte en los siguientes casos:

a) En transporte terrestre por la parte de trayecto que discurra por el territorio de la República.

b) En transporte marítimo y aéreo, cuando se origine en el territorio de la República.

c) Los siguientes servicios cuando se presten en el territorio de la República:

i. Los relacionados con actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o similares, así como las exposiciones comerciales, incluyendo los servicios de organización de estos y los demás servicios accesorios a los anteriores.

ii. Servicios de telecomunicaciones, de radio y de televisión, independientemente del medio o la plataforma tecnológica por medio del cual se preste dicho servicio.”

2.- Modifíquese el artículo 2 para que se lea como sigue:

“Artículo 2.- Hecho generador

El hecho generador del impuesto es la venta de bienes y la prestación de servicios realizadas, en forma habitual, por contribuyentes del artículo 4 de esta ley.

Para los efectos de esta ley, por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa, de manera principal y predominante y que ejecuta en forma pública y frecuente y a la que se dedica la mayor parte del tiempo.


1.- Para los fines de esta ley se entiende por venta de bienes:

a) La transferencia del dominio de bienes.

b) La importación o internación de bienes en el territorio nacional, con independencia de la habitualidad de la actividad del contribuyente.

c) La venta en consignación y el apartado de bienes.
ch)  El arrendamiento de bienes con opción de compra cuando esta sea vinculante o, cuando no lo sea, en el momento en que se ejecute la opción.

d) El retiro de bienes para uso o consumo personal del contribuyente o su transferencia sin contraprestación a terceros.

e) El suministro de productos informáticos estandarizados, loscuales se componen del soporte físico y los programas o las informaciones incorporadas a dicho suministro.

Se considerarán productos informáticos estandarizados los de esta naturaleza que se hayan producido en serie, en forma que puedan ser utilizados, indistintamente, por cualquier consumidor final.

e) Cualquier acto que involucre o que tenga por fin último la transferencia del dominio de bienes, independientemente de su naturaleza jurídica y de la designación, así como de las condiciones pactadas por las partes.

2.- Para los fines de esta ley, se entiende por prestación de servicios toda operación que no tenga la consideración de transferencia o importación de bienes.  Entre otras, tendrán la consideración de prestación de servicios:

a) Los que se deriven de contratos de agencia, de venta en exclusiva o de convenios de distribución de bienes en el territorio de aplicación del impuesto, que impliquen obligaciones de hacer o de no hacer.

b) La transmisión de los derechos de llave.

c) Los préstamos y créditos.

d) El uso personal o para fines ajenos a la actividad de servicios, así como las demás operaciones efectuadas a título gratuito, incluida la transmisión de derechos, en particular la de derechos distintos al dominio pleno. 

3.- Modifíquese el artículo 3 para que se lea como sigue:

“Artículo 3.- Momento en que ocurre el hecho generador

El hecho generador del impuesto ocurre:

1) En la venta de bienes, en el momento de la facturación o entrega de ellos,  el acto que se realice primero.

2) En las importaciones o internaciones de bienes en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero, según corresponda.  No obstante, cuando un bien desde su entrada al territorio nacional sea colocado en zonas francas, depósitos temporales o sea vinculado a determinados regímenes aduaneros que se especifiquen reglamentariamente, la importación se producirá cuando salga de las mencionadas áreas y abandone los regímenes indicados para ser introducido en el territorio nacional.

3) En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación del servicio, el acto que se realice primero.  No obstante lo anterior, en las prestaciones de servicios que originen pagos anticipados anteriores o en el curso de estas, el impuesto se devengará en el momento del cobro del precio por los importes efectivamente percibidos.

4) En el autoconsumo de bienes en la fecha en que los bienes se retiren de la empresa y en el autoconsumo de servicios en el momento que se efectúen las operaciones gravadas.

5) En las ventas en consignación en el momento de la entrega en consignación y en los apartados de bienes, en el momento en que el bien queda apartado, según sea el caso.

6) En los arrendamientos de bienes con opción de compra vinculante en el momento de la puesta a disposición del bien y cuando la opción no es vinculante en el momento de la ejecución de la opción.”

4.-  Modifíquese el artículo 4 para que se lea como sigue:

“Artículo 4.- Contribuyentes

Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas o entidades que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción, distribución o venta de bienes o prestación de servicios.

Asimismo, las personas de cualquier naturaleza, que efectúen importaciones o internaciones de bienes, están obligadas a pagar el impuesto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de esta ley.

En el caso de los servicios cuyo prestador no se encuentre domiciliado en Costa Rica, el contribuyente será el destinatario del servicio, independientemente del lugar donde se esté ejecutando, siempre que sea a la vez contribuyente de este impuesto conforme a lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo.

Igualmente, son contribuyentes todos los exportadores y los que se acojan al régimen de tributación simplificada.


5.-  Modifíquese el artículo 9 para que se lea como sigue:

“Artículo 9.- Exenciones

Están exentos del pago de este impuesto:

1) Las ventas, así como las importaciones o internaciones, de los bienes y servicios definidos en la “Canasta Básica Tributaria”, la cual será establecida mediante decreto ejecutivo emitido por el Ministerio de Hacienda previa consulta al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), y será revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados de una nueva encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

2) Esta “Canasta Básica Tributaria” de consumo de los hogares tendrá como objetivo proteger a la población en condición de pobreza, del impuesto de ventas; por lo tanto, ninguna modificación a dicha Canasta agravará las condiciones de exoneraciones al gasto total de tal población y no podrán desatender los criterios nutricionales necesarios para garantizar a la población una alimentación balanceada y saludable.  Los reencauches y las llantas para maquinaria agrícola exclusivamente.

3) Los productos veterinarios y los insumos agropecuarios y de pesca que definen, de común acuerdo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda.

4) Las medicinas.  Se entiende por medicina todo bien utilizado en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos anormales o de sus síntomas y en el restablecimiento o modificación de funciones orgánicas del ser humano.

La condición de medicamento será acreditada por el Ministerio de Salud para los efectos pertinentes.

5) Los libros con independencia de su formato.  Esta exoneración no será aplicable a los medios electrónicos que permiten el acceso y lectura de libros en soporte diferente del papel.

6) Las exportaciones de bienes, así como las operaciones relacionadas con estas; las ventas de bienes y entre beneficiarios del Régimen de Zona Franca; la introducción de bienes en depósitos aduaneros o su colocación al amparo de regímenes aduaneros y la reimportación de bienes nacionales que ocurren dentro de los tres años siguientes a su exportación. Igualmente, estarán exentos los servicios prestados por contribuyentes de este impuesto cuando se utilicen fuera del ámbito territorial del impuesto, así como la prestación de los servicios que sean destinados a ser utilizados por los beneficiarios del Régimen de Zona Franca o prestados entre beneficiarios de dicho régimen.

7) Los servicios de transporte terrestre de pasajeros y los servicios de cabotaje de personas, siempre y cuando cuenten con permiso o concesión otorgada por el Estado y cuya tarifa sea regulada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cualquiera que sea su naturaleza o el medio de transporte utilizado. Asimismo, la importación de autobuses o chasis con o sin motor y las embarcaciones utilizadas para la prestación de estos servicios de transporte colectivo de personas. Esta exoneración también será aplicable a la compraventa local, el arrendamiento y el leasing de estos bienes, en el tanto los titulares sean concesionarios o permisionarios. El alquiler y el leasing comprenderán los bienes muebles, así como también los planteles y las terminales utilizadas para su operación.


8) Las comisiones por los servicios y los intereses que se originen en las operaciones de préstamos y créditos realizados por las entidades financieras que sean reguladas, supervisadas o fiscalizadas por los siguientes órganos, según corresponda: La Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia General de Seguros o cualquier otra superintendencia o dependencia que sea creada en el futuro y que esté a cargo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Lo anterior incluye a todas aquellas entidades o empresas costarricenses integrantes de los grupos financieros supervisados por los órganos mencionados. Los créditos para descuento de facturas, los arrendamientos financieros y arrendamientos operativos en función financiera, así como los servicios de captación de depósitos del público, los retiros de efectivo independientemente del medio que se utilice para ello, la utilización de servicios de entidades financieras para el pago de servicios e impuestos, las operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por objeto divisas. 

9) Los arrendamientos de inmuebles destinados exclusivamente a viviendas, así como los garajes y anexos accesorios a las viviendas y el menaje de casa, arrendado conjuntamente con aquellos, siempre y cuando el monto de la renta mensual sea igual o inferior a un salario base. También estarán exentos los pagos que realicen las organizaciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los alquileres en los locales o establecimientos en los que desarrollen su culto.

10) El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual exceda de los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h consumido.

11) La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 40 metros cúbicos; cuando el consumo mensual exceda de los 40 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipientes de cualquier material.

12) El autoconsumo de bienes o servicios siempre que no se hubiese reconocido al sujeto pasivo un crédito total o parcial con ocasión de la adquisición o importación de los bienes o de sus elementos componentes o por la recepción del servicio que sea objeto de dicha operación.

13) La venta o importación de sillas de ruedas y similares, equipo ortopédico,  prótesis en general, así como toda clase de equipos usados por personas con problemas auditivos, el equipo que se emplee en programas de rehabilitación y educación especial, incluidas las ayudas técnicas y los servicios de apoyo para personas con discapacidad.

14) Los servicios de educación privada.

15) Los bienes y servicios que venda o preste la Cruz Roja Costarricense.

16) La adquisición, venta y prestación de bienes y servicios realizados por la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (Earth), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) y la Universidad para la Paz.

17) Las actividades culturales, artísticas, deportivas, científicas, educativas y recreativas que se realicen sin fines de lucro y que cuenten con la aprobación del Ministerio que le corresponde.

18) La importación de implementos deportivos realizada por organizaciones deportivas sin fines de lucro constituidas al amparo de la Ley No. 7800 del 30 de abril de 1998, y sus reformas, denominada “Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico, de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, la cual se mantiene vigente en los términos previstos en esa ley.

19) La prestación de servicios así como el suministro de bienes directamente relacionados con ellos, que los organismos sin fin lucrativo -que persiguen objetivos de naturaleza política, sindical, religiosa, filosófica, filantrópica o cívica- o grupos autónomos de personas que ejercen una actividad exenta y que no sean sujetos pasivos de este impuesto, presten a sus miembros sin que exista contraprestación, en interés colectivo de estos.

20) La adquisición de bienes y servicios realizada por la Fundación Ayúdenos a Ayudar y la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, de conformidad con la Ley No. 8095, de 15 de marzo de 2011. Estarán igualmente exentos la venta de bienes y la prestación de servicios que hagan dichas entidades.

21) Los servicios de salud privados. Esta exoneración no se aplica a los servicios de hospitalización y cirugía, los cuales pagarán la tarifa general del impuesto. 

22) La adquisición y venta de bienes y servicios que hagan las instituciones estatales parauniversitarias y de educación superior, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, siempre y cuando sean necesarios para la realización de sus fines.

23) La adquisición de bienes y servicios que hagan las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública, siempre y cuando sean necesarios para la realización de sus fines y en beneficio de los centros educativos públicos que les corresponda atender.

24) La compra de ambulancias, las unidades extintoras de incendio conocidas como coches bombas, los equipos y las refacciones que utilicen las ambulancias, que requieran la Cruz Roja Costarricense, el Cuerpo de Bomberos y la Caja Costarricense de Seguro Social.

25) La adquisición de bienes y servicios que haga el Cuerpo de Bomberos y la Asociación Cruz Roja Costarricense, siempre y cuando sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

26) La importación o compra local de las siguientes materias primas e insumos.

a) Trigo, así como sus derivados para producir alimentos para animales.
b) Frijol de soya, así como sus derivados para producir alimentos para animales.
c) Sorgo.
d) Fruta y almendra de palma aceitera, así como sus derivados para producir alimento para animales.

27) El uso de espacio publicitario o promocional para fines propios realizado por las televisoras y emisoras de radio”.

28) La importación de bienes o servicios cuya adquisición se encuentra exenta de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

6.-  Modifíquese el artículo 10 para que se lea como sigue:

“Artículo 10.- Tarifa del impuesto

La tarifa del impuesto es del quince por ciento (15%) para todas las operaciones sujetas al pago del impuesto de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de esta ley.”

7.-  Modifíquese el artículo 11 para que se lea como sigue:

“Artículo 11.- Base imponible en ventas de bienes

En las ventas de bienes el impuesto se determina sobre el precio neto de venta, que incluye para estos efectos el monto de los tributos y gravámenes de cualquier clase que recaigan sobre tales bienes, en particular: el impuesto selectivo de consumo, el impuesto específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico, excepto la leche y los jabones de tocador, el impuesto específico sobre las bebidas alcohólicas y el Impuesto específico al Tabaco, cuando los bienes de que se trate estén afectos a estos impuestos.
En los arrendamientos de bienes con opción de compra, será sobre el precio total de la venta de estos, el cual debe ajustarse al precio normal de mercado.

En las operaciones a que se refiere el artículo 2, inciso 1, subinciso ch), e inciso 2, subinciso d), será el costo de la mercancía o servicio.

En las transacciones cuya contraprestación no consiste en dinero, la base imponible será la que se habría acordado en condiciones normales de mercado y en la misma fase de producción o comercialización, entre partes independientes.

En las operaciones entre partes vinculadas, el precio neto de venta debe ajustarse al valor normal de mercado que pactarían partes independientes, siempre que se produzca un perjuicio fiscal.

No forman parte de la base imponible:

1. Los descuentos aceptados en las prácticas comerciales, siempre que sean usuales y generales,  y se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva o en otro documento expedido por el contribuyente, en las condiciones que se determine reglamentariamente.  Esta disposición no será de aplicación cuando las disminuciones de precio constituyan remuneraciones de otras operaciones.

2. El valor de los servicios que se presten con motivo de las ventas de bienes gravados, siempre que sean suministrados por terceras personas y se facturen y contabilicen por separado.

3. Los gastos financieros que se facturen y contabilicen por separado, siempre y cuando el monto del financiamiento no supere el equivalente a tres veces el promedio simple de las tasas activas de los bancos del Sistema Bancario Nacional para créditos del sector comercial o, sin superarlo, el financiamiento no sea el resultado de reducir el precio de la mercancía por debajo del precio en las ventas de contado. En los casos en que el financiamiento supere el rango anterior o conlleve una reducción del precio en los términos dichos, solo el exceso o la diferencia con el precio de contado formarán parte de la base imponible.

La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en este artículo se reducirá en las cuantías siguientes:

1. El importe de los envases y embalajes susceptibles de reutilización que hayan sido objeto de devolución.

2. Las devoluciones de bienes realizadas según las prácticas comerciales, así como por los bienes entregados en consignación y no vendidos.

3. Cuando, por resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos de comercio queden sin efecto, total o parcialmente, las operaciones gravadas, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente.

Se faculta a la Administración Tributaria para determinar la fórmula de cálculo de la base imponible y ordenar la recaudación del impuesto en el nivel de las fábricas, mayoristas y aduanas, sobre los precios de venta al consumidor final, en el nivel del detallista, en las ventas de bienes en las cuales se dificulte percibir el tributo. El procedimiento anterior deberá adoptarse mediante resolución razonada, emitida por la Administración Tributaria y deberá contener los parámetros y los datos que permitan a los contribuyentes aplicar correctamente el tributo.

Para determinar la base imponible, la Administración Tributaria estimará la utilidad con base en un estudio que realizará a las empresas líderes en el mercado de los respectivos productos.”

8.-  Modifíquese el artículo 14 para que se lea como sigue:

“Artículo 14.-  Determinación del impuesto

El impuesto que debe pagarse al fisco se determina por la diferencia entre el débito y el crédito fiscales.

El débito fiscal se determina aplicando la tarifa de impuesto a que se refieren los artículos 10 o 10 bis de esta ley, según corresponda, al total de ventas de bienes y prestaciones de servicios sujetas y no exentas.

El contribuyente queda obligado a trasladar el débito fiscal a quien adquiera el bien o el servicio, quien queda obligado a pagarlo.

El crédito fiscal nace en el momento en que, con posterioridad a que ocurra el hecho generador, el contribuyente dispone de la correspondiente factura, los comprobantes de pago de este impuesto en aduanas, según corresponda o cuando se trate de descuentos, en otro documento expedido por el contribuyente, en las condiciones que se determine reglamentariamente.

Cuando el crédito fiscal sea mayor que el débito en un período fiscal, la diferencia constituye un saldo del impuesto a favor del contribuyente que podrá compensarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley.”

9.-  Modifíquese el artículo 16 para que se lea como sigue:


“Artículo 16.-  Plazo y formas de aplicar el crédito

El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración relativa al período en que nace para su titular de acuerdo con el artículo 14 de esta ley o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea a favor del contribuyente, el saldo existente se transferirá al mes o a los meses siguientes y se sumará al crédito fiscal originado por las adquisiciones efectuadas en esos meses. Si por circunstancias especiales el contribuyente prevé que no ha de originar, en los tres meses siguientes, un débito fiscal suficiente para absorber la totalidad del saldo de su crédito fiscal, tendrá derecho a utilizarlo en la forma prevista en los artículos 45 y 47 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el contribuyente realice operaciones de las mencionadas en los párrafos segundo y tercero del artículo 14-E de esta ley, en una cuantía superior al setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus operaciones con derecho a crédito de acuerdo con el artículo 14-G de esta ley, tendrá derecho a optar por la utilización de alguno de los siguientes sistemas:

a) La devolución expedita del crédito en la forma que se determine reglamentariamente, para lo cual deberá inscribirse en un registro especial y utilizar los medios que para estos efectos defina la Administración Tributaria.

b) Cualquier otro sistema desarrollado por la Administración mediante reglamento con la finalidad de garantizar la recuperación ágil y eficiente del crédito fiscal.


Para los fines de este artículo, los exportadores de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva no estarán sujetos a la limitación del setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus operaciones previstas anteriormente.”


10.-  Modifíquese el artículo 17 para que se lea como sigue:

“Artículo 17.- No gravamen a los bienes exentos o no sujetos

En ningún caso los bienes a que se refieren los artículos 9 y 9 bis de esta ley deberán gravarse con impuestos selectivos de consumo.”


11.- Modifíquense los párrafos primero y segundo del inciso f) del   artículo 28, cuyo texto se leerá como sigue:

“Artículo 28.- Requisitos

[…]

f) Cualesquiera otros elementos que se consideren necesario tomar en cuenta por la índole de la actividad.

La fijación de los límites cuantitativos de los elementos a que se refieren los incisos anteriores, excepto el a), se fijará mediante decreto ejecutivo que deberá emitirse para establecer el régimen de tributación simplificada para el grupo o la rama de actividad correspondiente.”

12.- Modifíquense los artículos 5, 8, 15 bis y 29, para que donde dice “mercancías”, se lea “bienes”.

13.- Modifíquense los artículos 7, 13 y 19, para que donde dice “mercancías”, “las mercancías”, “las mercancías sobre las” o “las mercancías respectivas”, se lea “bienes”, “los bienes”, “los bienes sobre los” o “los bienes respectivos”.


ARTÍCULO 2.- ADICIONES A LA LEY No. 6826.

Adiciónese a la Ley No. 6826,  Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, lo que se indica a continuación:

1. Se adiciona un artículo 9 bis, cuyo texto se leerá como sigue:

“Artículo 9 bis.- No sujeción

No estarán sujetas al impuesto:

1) Los traspasos de bienes inmuebles y muebles registrales gravados con el impuesto a la transferencia (Ley No.6999 “Ley del Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles” del 03 de setiembre de 1985 y sus reformas y Ley No. 7088 “Ley de Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano” del 30 de noviembre de 1987 y sus reformas).

2) La transmisión de la totalidad del patrimonio o una o varias líneas de negocio del contribuyente, en casos de reorganización empresarial por distintos medios, como la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés, aportes no dinerarios o en activos, fusiones,  compra del establecimiento mercantil, compra total o parcial de activos y/o pasivos y otros, cuando el adquirente continúe en el ejercicio de las mismas actividades del transmitente.

El crédito de impuesto no prescrito, si lo hubiera, será aplicado por el adquirente a efecto de que lo impute a futuros débitos de impuesto, o bien, le será devuelto a este aunque lo haya solicitado el transmitente.

3) El suministro de muestras gratuitas de bienes sin valor comercial estimable, con fines de promoción de las actividades.

Se entenderá por muestras de bienes los artículos representativos de una categoría de tales bienes que, por su modo de presentación o cantidad, solo pueda utilizarse con fines de promoción.

4) Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la promoción de las actividades.

5) El suministro de impresos u objetos de carácter publicitario, sin que medie contraprestación.

Se considerarán objetos de carácter publicitario los que carezcan de valor comercial intrínseco, en los que se consigne, en forma indeleble, la mención publicitaria.

6) Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivados de relaciones administrativas o laborales, o de carácter cooperativo por sus asociados de trabajo.

7) El suministro de bienes y prestaciones de servicios realizados directamente por los entes públicos, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

En todo caso, se consideran incluidos en los supuestos de este inciso, los servicios de salud y educación realizados por los entes públicos.

8) El suministro de bienes y prestaciones de servicios a título gratuito que sean obligatorios para el sujeto en virtud de las normas jurídicas y los convenios colectivos. Tampoco estará sujeto al impuesto,  la prestación de servicios de radio y televisión,  a título gratuito y con fines de interés social, en cualquiera de sus modalidades, conferidas al Estado, instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta de Protección Social, a las juntas de educación, a las instituciones docentes del Estado, Cruz Roja Costarricense y a otras asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científico o cultural, así como las donaciones realizadas en favor de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, de las asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 de la Ley de Asociaciones, o de los comités nombrados oficialmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.

9) La entrega de dinero a título de contraprestación o pago.

10) La venta de combustibles a los que se les aplica el Capítulo I de la Ley No. 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias,  del 4 de julio de 2001; las materias primas e insumos utilizados en los procesos de refinación y fabricación, incluso la mezcla y el combustible consumido en el proceso productivo para la obtención de los productos listos para la venta que expende la Refinadora Costarricense de Petróleo.


2. Adiciónese un artículo 10 bis para que se lea como sigue:

“Artículo 10 bis. Tarifa reducida

La compra de empaque y embalaje, así como la materia prima para producir estos últimos; maquinaria y equipo que no se encuentren exentos del pago de este impuesto, y sean utilizados para la producción de bienes incluidos en la Canasta Básica Tributaria, así como la materia prima para la producción de medicamentos, estarán sujetas al pago de una tarifa del cinco por ciento (5%).

También estarán sujetos a la tarifa del cinco por ciento (5%)  los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios, agroindustriales, acuicultura y pesca no deportiva, de siembra, cosecha, recolección, fumigación, fertilización, control mecánico y químico de malezas, transporte, clasificación de productos, arrendamiento de terrenos, acopio, almacenamiento, comercialización y servicios. No estarán sujetos a tarifa reducida los servicios prestados por profesionales liberales, los cuales estarán sujetos a la tarifa general de este impuesto.

Las comisiones pagadas a las operadoras de pensiones establecidas de conformidad con la Ley No. 7983, Ley de Protección al Trabajador, del 16 de febrero de 2000, y sus reformas, estarán sujetas a una tarifa del cinco por ciento (5%).

La compra de boletos o pasajes aéreos cuyo origen de ruta sea Costa Rica, para cualquier clase de viaje, nacional o internacional, estará sujeta a una tarifa del cinco por ciento (5%) sobre la tarifa aérea vendida en el boleto o pasaje.”

3. Adiciónense un párrafo segundo y un párrafo tercero al artículo 12; los textos se leerán como sigue:

“Artículo 12.- Base imponible en la prestación de servicios

[…]

En el caso de los préstamos y créditos la base imponible será el valor de los intereses; cuando se trate de juegos de azar, será el valor de lo apostado y en los casinos será el valor de las fichas compradas.

  No formarán parte de la base imponible las bonificaciones en cualquiera de sus modalidades que resulten equivalentes a descuentos usuales y generales, siempre que se consignen por separado del precio de venta en la factura respectiva o en otro documento equivalente expedido por el contribuyente. Esta disposición no será de aplicación cuando las disminuciones de precio constituyan remuneraciones de otras operaciones.”


4. Adiciónese un artículo 13 bis; el texto se leerá como sigue:

“Artículo 13 bis.- Base imponible en operaciones en moneda distinta al colón

En las operaciones cuya contraprestación se haya fijado en moneda o divisa distintas del colón se aplicará el tipo de cambio de venta, fijado por el Banco Central de Costa Rica, que esté vigente en el momento en que se produce el respectivo hecho generador.”


5. Adiciónense los artículos 14 A, 14 B, 14 C, 14 D, 14 E, 14 F, 14 G, 14 H, 14 I y 14 J; los textos se leerán como sigue:

“Artículo 14 A.- Requisitos subjetivos del crédito fiscal

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley, podrán hacer uso del crédito fiscal los contribuyentes que hayan iniciado actividades sujetas a este impuesto.

No obstante, el impuesto pagado con anterioridad al inicio de la actividad sujeta, conforme a las disposiciones de esta ley, dará derecho a crédito fiscal siempre que proceda de operaciones que sean necesarias para el ejercicio de la actividad y esta se inicie efectivamente en un plazo máximo de 4 años.


Artículo 14 B.- Limitaciones del crédito fiscal

1. Los contribuyentes no tendrán crédito fiscal por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no estén vinculadas, directa y exclusivamente, a su actividad.

2. No se entenderán vinculadas directa y exclusivamente a la actividad, entre otros:

a) Los bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros oficiales de la actividad.
b) Los bienes y derechos que no se integren en el patrimonio de la actividad.


Artículo 14 C.- Exclusiones y restricciones del crédito fiscal

1. No procederá el crédito fiscal en cuantía superior a la que legalmente corresponda, ni antes del momento en que ocurra el hecho generador, a excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14-A de esta Ley.

2. No darán derecho a crédito fiscal la adquisición de los bienes y servicios que se indican a continuación y los accesorios o complementarios a estos, salvo que sean objeto de venta o alquiler por contribuyentes dedicados con habitualidad a tales operaciones o que el importe de estos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre la renta:

a) las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino;

b) los alimentos, bebidas y tabaco;

c) los espectáculos y servicios de carácter recreativo;

d) los servicios de desplazamiento o viajes, hotelería y alimentación;

e) los vehículos cuya placa no tenga clasificación especial, así como la cesión de uso de estos por cualquier título.  En este caso se concederá crédito por el cincuenta por ciento (50%) del impuesto pagado.


Artículo 14 D.- Requisitos formales del crédito fiscal

1. No procede el derecho a crédito fiscal por la importación o adquisición de bienes o servicios, cuando las compras no estén debidamente documentadas o el documento no cumpla los requisitos reglamentarios.

2. Solo tendrán crédito fiscal los contribuyentes que estén en posesión de la documentación que respalde su derecho.

Para estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del crédito fiscal:

a) La factura original expedida por quien realice la venta o preste el servicio o los comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria, así como, cuando se trate de descuentos, los documentos expedidos por el contribuyente, en las condiciones que se determine reglamentariamente.

b) En el caso de las importaciones, el documento en el que conste el impuesto pagado.

c) En el caso de recaudación del impuesto a nivel de fábrica, mayorista o aduana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley, el contribuyente podrá aplicar como crédito el factor que determine la Administración sobre el valor de la factura o documento equivalente que se emita en la adquisición.

3. Los documentos anteriores que no cumplan los requisitos establecidos legal y reglamentariamente no serán válidos para respaldar el crédito fiscal, salvo que los defectos sean subsanados según lo previsto en el Reglamento a esta Ley, previo al inicio de cualquier actuación fiscalizadora.

4. No será admisible el crédito fiscal en cuantía superior al impuesto expresa y separadamente consignado según el documento justificativo del crédito fiscal que haya sido pagado.

5. Cuando se trate de bienes o servicios adquiridos en común por varias personas, cada uno de los adquirentes tendrá crédito fiscal en la parte proporcional correspondiente, siempre que en el original y en cada una de las copias de la factura se consigne, en forma distinta y separada, la porción de base imponible e impuesto trasladado a cada uno de los destinatarios.

Artículo 14 E.- Operaciones que dan derecho a crédito fiscal

Como regla general, solo da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al impuesto.

También tendrán derecho al crédito fiscal los contribuyentes que hayan realizado operaciones con instituciones del Estado, en virtud de la inmunidad fiscal, o con entes públicos o privados que por disposición en leyes especiales gocen de exención de este tributo, cuando tales operaciones hubieran estado de otro modo sujetas y no exentas.

Igualmente, da derecho a crédito fiscal el impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de operaciones exentas por exportaciones, operaciones relacionadas con exportaciones y servicios que se presten por contribuyentes del artículo 4 cuando sean utilizados fuera del ámbito territorial del impuesto.

Artículo 14 F.- Realización de operaciones con y sin derecho a crédito fiscal

Cuando la totalidad o una parte de los bienes o servicios adquiridos se destinen indistintamente a operaciones con derecho a crédito fiscal y a operaciones sin derecho a crédito fiscal, la determinación del crédito fiscal a utilizar contra el débito fiscal se hará de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El crédito procedente de la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones con derecho a crédito fiscal se utilizará en un cien por ciento (100%) contra el débito fiscal del período.

b)   El impuesto procedente de la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones sin derecho a crédito no concede derecho a crédito fiscal y constituye un costo o gasto.

c)  En los casos que no pueda identificarse, para un determinado impuesto pagado, si el bien o el servicio adquirido ha sido utilizado exclusivamente en operaciones con derecho al crédito fiscal o en operaciones sin derecho a crédito fiscal, el contribuyente únicamente tendrá derecho al crédito fiscal en la proporción correspondiente a las operaciones con derecho a crédito del período sobre el total de operaciones. El resto del impuesto pagado o por pagar constituirá un costo o gasto.

Artículo 14 G.- Porcentaje de crédito fiscal en la realización conjunta en actividades con y sin derecho a crédito

La proporción de crédito fiscal a que se refiere el inciso c) del artículo anterior se determinará multiplicando por 100 el resultante de una fracción en la que figuren:

1.- En el numerador, el monto total, determinado para cada año, de las operaciones con derecho a crédito realizadas por el contribuyente.

2.-  En el denominador, el importe total, determinado para el mismo período de tiempo, de las operaciones realizadas por el contribuyente, incluidas las operaciones sin derecho a crédito. En particular, se incluirán en el importe total las operaciones cuyo impuesto general sobre las ventas se hubiera cobrado a nivel de fábrica o aduanas, así como las operaciones no sujetas contempladas en el inciso 1) del artículo 9 bis de esta ley.

3.-  Si del porcentaje resultante se obtiene una cifra con dos decimales, se redondeará a la unidad superior.

Para la determinación de la proporción no se computarán en ninguno de los términos de la relación:

1.- Las operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados fuera del territorio de la República.

2.- El importe de las ventas y exportaciones de los bienes de capital que el contribuyente haya utilizado en su actividad.

3.- El importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad habitual del contribuyente. Una actividad financiera no se considera actividad habitual del contribuyente cuando no exceda el quince por ciento (15%) de su volumen total de operaciones en el período fiscal considerado.

4.- Las operaciones no sujetas al impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2) del párrafo primero de este artículo.

Artículo 14 H.- Aplicación de la proporción de crédito fiscal

La proporción provisionalmente aplicable a cada período fiscal, empezando desde el período fiscal del mes de enero, será la fijada como definitiva para el año calendario precedente.

En la declaración del impuesto correspondiente al mes de diciembre, el contribuyente calculará la proporción definitiva en función de las operaciones realizadas en el correspondiente año calendario. Esta se aplicará a la suma del impuesto pagado por el contribuyente durante el año correspondiente.

En función de este resultado de crédito definitivo, el contribuyente practicará el consiguiente ajuste del crédito provisional en la liquidación del impuesto correspondiente al mes de diciembre.

El procedimiento para la determinación y aplicación de la proporción del crédito aplicable también será utilizado por los contribuyentes que inicien operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, para lo cual deberán utilizar durante los períodos incluidos en el primer año calendario de operaciones una proporción provisional previsible.

Artículo 14 I.- Crédito fiscal por bienes de capital

Cuando el contribuyente realice o prevea realizar exclusivamente operaciones con derecho a crédito fiscal, en la adquisición de bienes de capital afectos a la actividad, el impuesto pagado dará derecho a crédito fiscal el mes de su adquisición.

En caso de que el contribuyente realice o prevea realizar operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, dicho crédito se ajustará en la forma en que se determine en el reglamento.

Artículo 14 J.- Crédito fiscal en operaciones sujetas a tarifa reducida

En el caso de las operaciones sujetas al tipo reducido a que se refiere el artículo 10 bis, el crédito fiscal será el que resulte de aplicar el tipo reducido a la base imponible del impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios utilizados en la realización de las operaciones sujetas al tipo reducido.

Cuando se trate de bienes o servicios utilizados indistintamente en operaciones con derecho a crédito fiscal pleno y en otras operaciones, se seguirán las reglas del artículo 14 F para determinar la parte de impuesto que ha sido pagada, pero a la que se le aplican las limitaciones del párrafo anterior.”


6. Adiciónese un capítulo V bis, el cual contendrá un artículo 17 bis; el texto se leerá como sigue:


“CAPÍTULO V BIS

RÉGIMEN ESPECIAL DE BIENES USADOS


Artículo 17 bis.- Régimen especial de bienes usados

1. Se establece un régimen especial para los contribuyentes revendedores de bienes usados.

2. Los contribuyentes que deseen acogerse a este régimen deberán comunicárselo a la Administración Tributaria con carácter previo al comienzo del período fiscal al que vaya a resultar aplicable. La opción deberá mantenerse por un período mínimo de dos años calendario, cualquiera que sea la modalidad elegida.

3. Los contribuyentes por este régimen especial deberán aplicar las siguientes disposiciones:

a) Si adquirieron un bien de un contribuyente que tuvo derecho al crédito por la totalidad del impuesto general sobre las ventas que él pagó en su adquisición, o si lo importaron o internaron, deberán aplicar a este bien las reglas generales del impuesto contenidas en esta ley, salvo que opten por la modalidad especial del subinciso c) siguiente.

b) Si adquirieron un bien de quien no fuera contribuyente o de un contribuyente que no tuvo derecho al crédito por la totalidad del impuesto que él pagó en su adquisición, deberán cobrar al adquirente el impuesto general sobre las ventas sobre la diferencia entre el precio de venta y el de compra del mencionado bien, determinada de la forma siguiente, salvo que opten por la modalidad especial del subinciso c) siguiente:

i. El precio de venta estará constituido por el precio neto de venta o base imponible, más el impuesto general sobre las ventas que grave esta operación.

ii. El precio de compra estará constituido por el precio neto de venta o base imponible, más el impuesto general sobre las ventas que en su caso grave esta operación.

c) Los contribuyentes podrán acogerse a la siguiente modalidad especial, en forma alternativa a lo previsto en los subincisos a) y b) anteriores. Por esta modalidad deberán cobrar este impuesto en cada operación sobre una base imponible determinada de la forma siguiente:

i. El precio de venta estará constituido por el precio neto de venta o base imponible, más el impuesto general sobre las ventas que grave esta operación.

Se dividirá por 2,25 si se trata de reventa de ropa usada; 1,8 si se trata de repuestos de vehículos y 1,25 en los demás casos.

ii. El resultado obtenido se restará del valor de venta y sobre esta diferencia se cobrará el impuesto general sobre las ventas.”
ARTICULO 3.- REFORMA DE LA LEY No.8718

Se reforma la Ley No. 8718 “ Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales y sus reformas”, del 17 de febrero de 2009, en la forma en que se indica a continuación:

1.- Se modifica el artículo 15 para que se lea como sigue:

“Artículo 15.- Exoneración de los tributos en la adquisición de bienes y servicios.

Se exonera a la Junta de Protección Social de todo tipo de tributos, tasas y sobretasas por la adquisición de bienes y servicios, nacionales e internacionales, necesarios para su operación normal y para la producción, distribución, comercialización y administración de las diferentes loterías, juegos, rifas y otros productos de azar. Esta exención no será aplicable al impuesto sobre el valor agregado”.


ARTICULO 4.- REFORMA DE LA LEY No.7088

Se reforma la Ley No.7088 “Reajuste Tributario y Resolución 18ª Consejo Arancelario y Aduanero Centroamericano”, del 30 de noviembre de 1987 y sus reformas, en la forma en que se indica a continuación:

1.- Se modifica el artículo 13 para que se lea como sigue:

“Artículo 13.- Se establece un impuesto sobre la transferencia de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones usadas, que se regirá por las siguientes disposiciones:
a) La transferencia de la propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones usados, gravados con el impuesto sobre la propiedad de vehículos contenido en el artículo 9 de esta ley, estará afecta a un impuesto del cinco por ciento (5%).

(…)

ARTICULO 5.- REFORMA DE LA LEY No.6999

Se reforma la Ley No.6999 “Ley del Impuesto de Traspaso de Bienes Inmuebles” del 03 de setiembre de 1985 y sus reformas, en la forma en que se indica a continuación:

1.- Se modifica el artículo 8 para que se lea como sigue:

“Artículo 8º- La tarifa del impuesto será del cinco por ciento (5%).”


ARTÍCULO 6.- REFORMA DE LA LEY 7293

Se reforma la Ley No.7293 “LEY REGULADORA DE TODAS LAS EXONERACIONES VIGENTES, SU DEROGATORIA Y SUS EXCEPCIONES” y sus reformas, en la forma en que se indica a continuación:

1.- Se modifica el artículo 4 para que se lea como sigue:

“ Artículo 4°.- No estarán sujetos a ningún tipo de tributos ni de sobretasas excepto a los derechos arancelarios, la importación o compra local de medicamentos.

      Se define, como medicamento, toda mercancía utilizada en el diagnóstico, prevención, tratamiento y alivio de las enfermedades o estados físicos anormales o de sus síntomas y en el restablecimiento o modificación de funciones orgánicas del ser humano.

      La condición de medicamento será acreditada por el Ministerio de Salud para los efectos pertinentes.

      Exonéranse de todo tributo y sobretasas la importación y la compra local de equipo médico, de sillas de ruedas y similares, de camas especiales para hospitales, de equipo ortopédico, de equipo para laboratorios químico-clínicos y de investigación agrícola, de equipos odontológicos, de prótesis en general y toda clase de equipo usado por parte de personas con problemas auditivos, así como el que se usa en programas de educación especial para discapacitados.

Asimismo, exonéranse de todo tributo y sobretasas, excepto de los derechos arancelarios, los insumos y todo producto intermedio o final que se utilice en la elaboración de medicamentos. Se incluyen los reactivos o catalizadores, la maquinaria y los equipos requeridos para la producción de medicinas, envases y materiales de empaque de ellos. En el caso de las materias primas utilizadas en la elaboración de medicamentos, exonéranse de todo tributo y sobretasa, excepto del Impuesto sobre el Valor Agregado y de los derechos arancelarios.

      El Ministerio de Salud elaborará y publicará, en el Diario Oficial, la lista de los bienes con derecho a la exención ya descrita. La Dirección General de Industrias del Ministerio de Economía, Industria y Comercio recomendará al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de la exención en cada caso.

      Además, exonéranse de todo tributo y sobretasas la importación y compra local de las mercancías y servicios que requiera la Caja Costarricense de Seguro Social para el cumplimiento de sus fines, excepto en lo referente a vehículos, los cuales se exonerarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº 7088 del 30 de noviembre de 1987 y sus reformas”.


DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS


ARTÍCULO 7.- REGLAMENTACIÓN

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente ley en el plazo máximo de seis meses a partir de su entrada en vigencia.

ARTÍCULO 8.- DEROGACIONES

Deróganse las disposiciones que se indican a continuación:


1. Se derogan los siguientes artículos, párrafos o frases, de la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, según se indica a continuación:

a) En el artículo 5 la frase: “(…) sobre la existencia de mercancías que mantenga en inventario (…)”.

b) El artículo 7.

c) En el artículo 8, incluido el encabezado, las frases: “(…) y los declarantes (…)” y “(…) y declarante (…)”, respectivamente.

d) El artículo 19.

e) El artículo 20 bis.

 

CAPÍTULO II

DISPOSICIONES TRANSITORIAS


TRANSITORIO I.-

Para efectos de las modificaciones introducidas por esta ley a la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, se entenderán gravados los servicios prestados con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, aun cuando el acto, convenio o contrato que los origina se hubiera suscrito con anterioridad.  En este caso, el impuesto recaerá solamente sobre la porción del servicio que reste por prestar y sobre el monto de la contraprestación o pago correspondiente a este.

TRANSITORIO II.-

Cuando se trate de créditos al impuesto general sobre las ventas, los contribuyentes deberán utilizar las reglas de deducción vigentes al momento de compra o adquisición de los respectivos bienes o servicios.
No obstante, los contribuyentes que iniciaron una nueva actividad con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley podrán acogerse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 14 A de la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, para créditos que se hayan generado con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.

TRANSITORIO III.-

Para efectos de aplicar lo dispuesto en los nuevos artículos 14 F, 14 G y 14 H de la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, los contribuyentes que realicen operaciones con y sin derecho a crédito fiscal, de conformidad con las reformas introducidas en esta ley, deberán utilizar, para efectos de cálculo de la proporción provisional aplicable para el período comprendido entre la entrada en vigencia de esta ley y el 31 de diciembre siguiente a su entrada en vigencia, la información correspondiente a las operaciones del año anterior, como si las operaciones se hubieran encontrado sujetas a las nuevas disposiciones contenidas en esta ley.

De igual modo, para efectos del cálculo de la proporción provisional aplicable en el primer periodo de vigencia de esta Ley, se tendrán en cuenta los meses del mismo año calendario anteriores a la entrada en vigencia de esta ley como si las operaciones se hubieran encontrado sujetas a las nuevas disposiciones contenidas en esta ley.

TRANSITORIO IV.- 

Hasta el momento en que el Ministerio de Hacienda disponga de un sistema para la compensación del Impuesto General sobre las Ventas pagado por las personas cuyos hogares se encuentren en condición de pobreza, entendiéndose por esta condición aquellos hogares que se encuentran en los primeros 3 deciles de ingreso de conformidad con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se mantendrá vigente la Canasta Básica Tributaria exenta que se encuentra establecida en el inciso primero del artículo 9 de la Ley No. 6826, Ley del Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas, contenida en el Decreto Ejecutivo No 14082-H del 29 de noviembre de 1982 y sus reformas.  A partir del momento en que entre en funcionamiento este sistema de compensación, quedará derogada para todos los efectos esta exoneración.

TRANSITORIO V.-

Los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil prestados a los proyectos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que a la entrada en vigencia de esta ley cuenten con los permisos de construcción debidamente aprobados por la municipalidad respectiva, estarán exentos del impuesto general sobre las ventas, Ley No. 6826 de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas durante el primer año de vigencia de la presente ley.

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cinco por ciento (5%) durante el segundo año de vigencia de la ley, la cual se incrementará en cinco puntos porcentuales durante el tercer año de vigencia de la ley.

A partir del cuarto año de vigencia de la presente ley se aplicará la tarifa general del impuesto general sobre las ventas prevista en el artículo 10 de la Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas .

Durante la aplicación de la exención y la tarifa reducida del impuesto prevista en este artículo, los servicios que no se encuentren registrados en los términos aquí previstos estarán sujetos a la tarifa prevista en el referido artículo 10.  El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos suministrará la información correspondiente, en la forma y las condiciones que determine la Administración Tributaria. 

TRANSITORIO VI.-

Los sujetos pasivos del impuesto general sobre las ventas podrán cancelar, las siguientes deudas, correspondientes a obligaciones tributarias devengadas al 30 de setiembre de 2014 y/o cuya declaración de autoliquidación, cuando así corresponda, debió haber sido presentada también en fecha anterior al 30 de setiembre de 2014, por un período de dos meses contados a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de esta ley, con exoneración total de intereses y morosidad en el pago del impuesto sobre el valor agregado:

a. Las que, en cumplimiento de la legislación aplicable, se hayan autoliquidado mediante las respectivas declaraciones, sin que hayan ingresado las cuotas tributarias correspondientes.

b. Las que voluntariamente se autoliquiden mediante la presentación de las declaraciones que se hayan omitido en su oportunidad y que se presenten dentro del período establecido en este artículo.

c. Las que, como producto de las declaraciones rectificativas que se hayan presentado o que se presenten dentro del plazo establecido en este artículo, originen cuotas tributarias adicionales a las declaradas originalmente.


Las obligaciones que se deriven de la aceptación del sujeto pasivo de lapropuesta de regularización que le formulen los órganos actuantes de la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 153 del Reglamento de Procedimiento Tributario, Decreto Ejecutivo No. 38277-H, del 2 de abril del 2014 y 144 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
d. Las deudas originadas por la aplicación de las sanciones pecuniarias establecidas en el capítulo II del título III del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que habiendo adquirido firmeza en la vía administrativa no hayan sido pagadas dentro del plazo establecido en el artículo 75 de dicho Código.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en los siguientes casos:

1.     En los que la Dirección General de Tributación haya denunciado o que sean denunciables ante el Ministerio Público, por estimar que las irregularidades detectadas puedan ser constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los artículos 92 y 93 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

2.   En los que los sujetos pasivos no hayan aceptado la propuesta de regularización que le formulen los órganos actuantes de la Administración Tributaria, de conformidad con el artículo 144 del Código citado.

TRANSITORIO VII.-


Los servicios turísticos detallados a continuación, prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo, estarán exentos del Impuesto General sobre las Ventas, Ley No. 6826 de 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, durante el primer año de vigencia de la presente Ley:

1. Alquiler de automóviles o “Rent a Car” y alquiler de triciclos o cuadraciclos
2. Agencia de viajes emisora
3. Agencia de viajes receptiva
4. Agencia mayorista
5. Guía turístico
6. Transporte turístico
7. “Canopy”
8. “Rafting”
9. “Surf”
10. “Kayaking”
11. Paseos en bote
12. Teleféricos
13. “Bungee”

Asimismo, estarán sujetos a una tarifa reducida del cinco por ciento (5%) durante el segundo año de vigencia de la ley, la cual se incrementará en cinco puntos porcentuales durante el tercer año de vigencia de la ley.

A partir del cuarto año de vigencia de la ley, la tarifa general del Impuesto general sobre las ventas será la prevista en el artículo 10, Ley No. 6826, Ley de Impuesto General sobre las Ventas, de 8 de noviembre de 1982, y sus reformas (15%).

Durante la aplicación de la exención y la tarifa reducida del impuesto prevista en este artículo, los servicios que no se encuentren registrados ante el Instituto Costarricense de Turismo, en los términos aquí previstos, estarán sujetos a la tarifa prevista en el referido artículo 10.  El Instituto Costarricense de Turismo suministrará la información correspondiente, en la forma y las condiciones que determine la Administración Tributaria. 


TRANSITORIO VIII.- A partir de la vigencia de la presente ley las tarifas del Impuesto General sobre las Ventas, serán del trece por ciento (13%) para el año 2015, un catorce por ciento (14%) para el año 2016 y un quince por ciento (15%) para el año 2017.

TRANSITORIO IX.- La Administración Tributaria está facultada para continuar otorgando ordenes especiales, a fin de que los contribuyentes puedan efectuar la adquisición de bienes y servicios sin el pago previo del impuesto general sobre las ventas, hasta el momento en que pueda disponer de un sistema de devoluciones que permita realizarlas en un plazo que no supere los ocho días.


ARTÍCULO 9.- VIGENCIA.- Rige a partir de la publicación del Reglamento.

 

Reforma Ley del Impuesto sobre la Renta

ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

 

 

 

 

BORRADOR

 

PROYECTO DE LEY

Reforma Ley del Impuesto sobre la Renta

EXPEDIENTE N.º

Proyecto de Ley

Reforma Ley del Impuesto sobre la Renta

Exposición de Motivos


El presente proyecto propone la modificación de los Títulos I, II, III, IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El artículo 1 reforma el Título I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ampliando de forma genérica la materia imponible del impuesto, al sujetarse las rentas derivadas del capital así como las ganancias y pérdidas de capital.  Se enfatiza también el carácter lucrativo que deben tener las actividades económicas en general, para que su utilidad sea gravable.

Se incluye expresamente en el artículo 2 de la Ley, a las empresas públicas como contribuyentes del impuesto. En el caso específico del Instituto Costarricense de Electricidad solo se gravan los ingresos por telecomunicaciones, no así los referidos a la venta de electricidad.  Asimismo, se sujeta la prestación de servicios de educación privada en todos los niveles académicos, independientemente de la forma jurídica adoptada para la realización de su actividad. 

Por otra parte, se define con mayor claridad el concepto de “establecimiento permanente”, a fin de delimitar los casos de contribuyentes que deben clasificarse como tales. Esta definición se adapta, además, a los estándares internacionales establecidos en materia de Tributación Internacional.

En el artículo 3, se establece la diferencia entre los entes que deben considerarse no sujetos al impuesto (al no perseguir un fin lucrativo con la actividad económica que realizan) y los entes exentos. Entre los no sujetos se incluyen las entidades públicas, en el tanto desarrollen su actividad en condiciones monopólicas o bien, suministren bienes o servicios cuyas tarifas estén sujetas a regulación y se rijan por el principio de servicio al costo.

En cuanto a los entes exentos,  se modifica la regulación de las cooperativas, para dejar como exentas únicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas y las que se dediquen a la venta de electricidad y cuyos precios estén regulados por la ARESEP.

En el artículo 4, se modifica el período fiscal impositivo anual para que abarque del 1° de enero hasta el 31 de diciembre. Este cambio va de la mano con las mejores prácticas internacionales, lo que facilita tanto el control tributario como el cierre del período y la presentación de la declaración tributaria de parte de los contribuyentes.

En el artículo 5 se modifica la determinación de la renta bruta. Se introduce un párrafo para regular lo relativo a las transacciones en moneda extranjera, su valoración en moneda local y el tratamiento de las diferencias cambiarias.

En el artículo 6 la modificación es especialmente importante desde un punto de vista técnico y que refiere el tema de las exclusiones de la renta bruta.  Así, se incorpora el ajuste por inflación en el caso de las revaluaciones de activos fijos y se aproxima en este punto la regulación fiscal a los nuevos planteamientos contables contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera, reformándose, además, los aspectos necesarios para excluir de esta renta aquellas utilidades, dividendos y participaciones y otros dividendos sociales sujetos al Título III de la propuesta. Las ganancias de capital estarán excluidas en el tanto no estén afectas a la actividad del contribuyente o no provengan de una actividad habitual.

Se reforma el artículo 8 para acercar más la relación de gastos deducibles a la realidad económica de las empresas, creando en general un clima fiscal más amable. De manera que se regula la deducción de intereses en el caso de entidades sujetas a la fiscalización de la SUGEF. Esto sin perjuicio de lo que más adelante se comenta (art 8 bis) en materia de subcapitalización.

Asimismo, se podrán amortizar las inversiones en derechos e intangibles.

Respecto a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, este aplicará para todas las empresas, no sólo para las industriales o agrícolas, como lo indica la ley vigente.  De la mano con lo anterior, se presentan otras deducciones que en principio buscan evitar conductas elusivas. En cuanto a los gastos de representación, viáticos y otros similares, estos podrán ser deducibles en el tanto no superen el 1% de los ingresos brutos del contribuyente. En el caso de las donaciones, la deducción no podrá ser mayor al 10% de la renta neta. También se incorpora una deducción por las reservas y provisiones técnicas para el caso de empresas aseguradoras y reaseguradoras.

Se incorpora un artículo 8 bis para limitar la deducción de intereses, con el fin de evitar que se le provoque un perjuicio a la Administración Tributaria por el abuso en la figura del endeudamiento, fenómeno más conocido como subcapitalización.

Por otra parte, en el caso de los ingresos o gastos derivados de la enajenación de bienes, el contribuyente deberá revaluar esos activos con base en la evolución del índice de precios al consumidor.

En un orden similar de ideas, en el artículo 10 se establece la posibilidad de que la Administración Tributaria ajuste la tasa de interés ante la presunción de onerosidad en ingresos gravables por préstamos y financiamientos que se realicen entre entidades vinculadas, nuevamente con el fin de evitar perjuicios al fisco.

Se simplifica el artículo 11 para regular la renta presuntiva a las empresas de transporte internacional no domiciliadas en el país, a las que se les aplicará un mecanismo especial de cálculo con base en la actividad desarrollada en territorio nacional y los gastos incurridos por esa actividad.

En el caso del artículo 13 de la propuesta, con respecto a la renta imponible, se incorpora la posibilidad de que las personas físicas que lleven a cabo una actividad lucrativa, apliquen unos gastos presuntos del 25% de su renta bruta sin necesidad de comprobante alguno; además tendrán derecho a un mínimo exento las personas físicas con actividad lucrativa, regulándose también la aplicación de este beneficio.

Se introduce el artículo 14 para regular lo relativo a las transacciones entre partes vinculadas, materia conocida como “precios de transferencia”, determinando que las operaciones entre partes vinculadas se valorarán a precios de mercado, con el fin de evitar perjuicios a la Administración Tributaria por el traslado de rentas gravables vía precio entre contribuyentes sometidos a diferente tributación efectiva.

Con respecto a la definición de las tarifas aplicables de este impuesto establecidas en el artículo 15, estas quedan en un 30% para las personas jurídicas; mientras que a las personas físicas y a todas aquellas calificadas como micro y pequeñas empresas, se les aplicará una tarifa en tres tramos, del 10% hasta el 25%.

El Capítulo IX y los nuevos artículos 22, 23, 24 y 24 bis, definen los criterios para la certificación de estados contables, los libros de contabilidad y las normas aplicables al respecto. El artículo 22 regula la posibilidad de contar un contador público autorizado para la certificación de los estados contables y financieros que acompañarán la declaración. El artículo 23 regula la validez de las certificaciones y la responsabilidad de la certificación otorgada por el contador. El artículo 24 mantiene la redacción del artículo equivalente de la legislación actual, mientras que en el artículo 24 bis se incluye la obligación de registrar los bienes y derechos afectos a la actividad del contribuyente.

En el Título II de la Ley se modifica el artículo 32 para incluir como ingresos afectos, las rentas provenientes de excedentes distribuidos y pagados por asociaciones solidaristas y cooperativas.

En el artículo 35 se sujeta el pago de la cesantía sobre el exceso del tope máximo de los 8 años y se grava con una tarifa del 15%, a fin de equipararlo a las rentas por concepto de dietas y gratificaciones establecidas en el Título II.

El Título III se reforma por completo para incorporar la legislación necesaria para gravar las ganancias de capital, así como las rentas generadas por el capital. En el artículo 47 se define el objeto de la regulación del Título III, mientras que el artículo 47 B se define el hecho generador del impuesto sobre las rentas de capital y las ganancias y pérdidas de capital; y el artículo 47 C define la materia imponible en este caso, las cuales serán rentas del capital inmobiliario y mobiliario.

En el mismo artículo se define lo que se considera como ganancias y pérdidas de capital, que son aquellas variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente puestas de manifiesto con un cambio de la composición de aquél. Además en el artículo 47 C se definen las situaciones en las que no existen ganancias ni pérdidas de capital.

El artículo 47 D define las circunstancias en las que no se considerará que haya existido ganancia o pérdida de capital en casos de reorganización empresarial, siendo esta una novedad muy interesante para mejorar las operaciones societarias.

En el artículo 48 B se establecen las exoneraciones a este impuesto, de las que merece destacarse por su importancia socioeconómica, la distribución intersocietaria de dividendos, las ganancias de capital obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente o las derivadas de las transmisiones a título gratuito (herencias, legados y donaciones).

Una particularidad interesante la constituye el tratamiento de la inversión colectiva: A los fondos de inversión se les aplicará un impuesto del 15%, quedando exonerada de gravamen la participación por la parte de ganancia de capital que provenga de una renta por la que ya haya tributado el fondo en la fecha de la venta.

En cuanto a la renta del capital inmobiliario del artículo 49, en el caso de este Título III, la renta imponible del capital inmobiliario estará constituida por la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles; dicha deducción constará en una reducción del 15% del ingreso bruto, pero el contribuyente siempre podrá declarar como empresa por este tipo de rentas, si lo considera oportuno.

El artículo 49 B establece la renta imponible en el caso del capital mobiliario, que en este caso está constituida por el total de la renta bruta generada por el capital mobiliario. En el caso de la renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital, estas están constituidas, en el caso de transmisiones onerosas, por la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión.  Para las otras situaciones estará constituida por el valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. Las transmisiones onerosas se regulan en el artículo 49 D, mientras que el artículo 49 E establece ciertas normas específicas de valoración de la renta imponible de ganancias y pérdidas de capital.

El impuesto que se deberá aplicar a lo dispuesto en esta reforma del Título III se devengará cuando surja la renta de capital, debiéndose liquidar y pagar en los primeros 15 días naturales del mes siguiente al momento en que se produjo el hecho generador. El impuesto establecido en este apartado tendrá una tasa del 15%, excepto en el caso de títulos del Sistema Financiero para la Vivienda, así como los emitidos por cooperativas de ahorro y crédito, que pagarían un 8%. Asimismo, los rendimientos por ahorros para asociados de cooperativas tendrán un límite anual exento de un 25% de un salario base; sobre el exceso se pagará un 8%.

Antes de continuar con los comentarios a los dos últimos Títulos de esta Ley, es conveniente hacer una mención a uno de los elementos centrales de esta reforma: A través de esta Ley, el sistema de imposición a la Renta mantiene en Costa Rica su carácter esencialmente cedular.  En el caso de la generación de rentas de naturaleza lucrativa y del capital (tanto rentas como ganancias y pérdidas en este caso) por una misma persona, en particular si es una persona física obligaba a abordar específicamente el tratamiento de esta situación, podría caber la duda de si una renta del capital tiene naturaleza de tal exclusivamente, o si en realidad formaría parte de una actividad lucrativa.

Para resolver este posible conflicto, la Ley empieza por distinguir entre las rentas (y las ganancias y pérdidas) del capital que provienen de un bien o derecho afecto a la actividad lucrativa de aquellas que no. Cuando los bienes o derechos de los que deriva la renta (por ejemplo unas acciones o un inmueble) están afectos a la actividad lucrativa del contribuyente, entonces tributan por el Título I de rentas lucrativas. Cuando no están afectas, entonces tributan por el Título III de rentas del capital y ganancias y pérdidas del capital.

¿Cuándo se consideran afectos los bienes o derechos a una actividad lucrativa? Ante la existencia de distintas fórmulas posibles, la Ley ha optado por el criterio de la inscripción en libros o registros del contribuyente para considerar que un bien o derecho queda afecto, al tiempo que se han incluido diversas cláusulas destinadas a mitigar o impedir comportamientos elusivos ligados a este criterio formal.

El resultado es que el contribuyente tendrá claro cuándo hay afectación y cuándo no. Además, esto es respetuoso con la regulación actual (pues de alguna manera esta idea ya se recogía hoy en el artículo 8 literal f), al obligarse a declarar la diferencia entre el valor de enajenación y el valor neto contable de un activo inscrito en libros); lo que se extiende ahora a todo contribuyente del Título I, no sólo a aquellos obligados a llevar contabilidad. Adicionalmente, se elimina el problema, de compleja y litigiosa solución, como demuestra la actual experiencia costarricense, de la imposibilidad de conocer con exactitud qué parte de gastos no se pueden deducir cuando se manejan al mismo tiempo activos afectos y no afectos; por ejemplo, si son gastos financieros (los intereses de un préstamo) puede una persona física haber pedido el préstamo para varios fines al mismo tiempo, entre otros, la adquisición o el mantenimiento del bien que se enajena con ganancias o que se arrienda, pero que no está afecto a su actividad lucrativa.

Finalmente, y en parte ligado a lo anterior, merece hacerse mención específica al tratamiento de las acciones: Las acciones pueden ser un activo afecto al negocio sin necesidad de que la empresa que las posea se dedique con habitualidad a su compra-venta; es el caso, en particular, de las inversiones financieras permanentes. Para favorecer la autofinanciación, se mantiene una exención de toda distribución de utilidades que queda en el circuito empresarial (en forma de dividendo o de ganancia de capital); esto es, cuando la utilidad se transmite de una sociedad a otra, siendo ambas activas. No obstante, también se evita la múltiple tributación porque, cuando abandona el circuito empresarial, se hace tributar a esa renta disponible una sola vez.

Se reforma completo el TITULO IV en cuanto al impuesto sobre las remesas al exterior, que grava las ganancias de no domiciliados obtenidas en territorio nacional. Estas rentas se gravan en la actualidad en la Ley vigente del impuesto sobre la renta; sin embargo, la propuesta simplifica la aplicación del impuesto.

De acuerdo con el artículo 55, en el caso de las ganancias y rentas de capital, se aplicará lo dispuesto en el Título III con respecto a la base imponible; siendo ésta la renta bruta en los demás casos.

El artículo 56 unifica la tarifa en un 15% sobre los ingresos brutos, salvo lo dispuesto para el transporte internacional y las comunicaciones, así como los reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros, que pagarán un 5,5% de impuesto.

En el caso del pago de intereses del artículo 56, se mantiene en el Transitorio VIII la reforma reciente sobre el Sistema de Banca para el Desarrollo (Ley 9274), en la que se establecieron tarifas reducidas para bancos extranjeros que forman parte de un grupo financiero supervisado por el CONASSIF; asimismo se mantiene la sujeción de todos los bancos en el exterior y la eliminación del privilegio que existía en el tratamiento a la llamada banca “off shore”.

Se adiciona un Capítulo XXIV bis en el TITULO V de la Ley, relativo a disposiciones generales sobre el impuesto sobre la renta.
                                           
El nuevo artículo 58 regula los requisitos para acogerse a la exoneración de donaciones y cesiones gratuitas de derechos, las cuales se sujetarán a lo establecido en el Código Civil.

El artículo 59 de la propuesta es técnicamente muy importante porque define qué rentas se considerarán de fuente costarricense, reformulándose la definición en algunos casos (servicios) e incluyendo también las rentas derivadas de las ganancias de capital.

El nuevo artículo 60 establece los casos especiales de rentas de fuente costarricense, rescatándose la redacción vigente del artículo, pero aclarándose en el inciso d) referido al transporte y comunicaciones, que se trata del servicio que se origine en Costa Rica.

En el nuevo artículo 60 B se establecen otros casos especiales de renta de fuente costarricense, para sustentar un criterio de territorialidad reforzada, solo que limitado a la repatriación de rentas del capital percibidas en el extranjero por parte del domiciliado en Costa Rica (dividendos, rendimientos, regalías, alquileres de inmuebles, ganancias de capital). Dentro de los supuestos establecidos destaca el referido a los premios y cualquier tipo de remuneración que perciban los clubes deportivos y jugadores de fútbol profesional domiciliados en Costa Rica, generados por su participación en eventos internacionales, con independencia del domicilio del pagador.

Con respecto al nuevo artículo 60 C, este busca evitar la doble imposición para el contribuyente, a través de la corrección de la misma, en el caso de la generación de rentas pasivas.

Se reforma el Capítulo XXV en el Título V, estableciéndose en este capítulo la entidad encargada de la administración del impuesto, así como la obligación a actuar como agente retenedor a las diferentes personas físicas y jurídicas en las circunstancias que señala la ley: salarios y otras remuneraciones similares, dietas, las rentas del capital mencionadas en el artículo 47 C, las ganancias de capital generadas por las participaciones de los fondos de inversión, las remeses al exterior y los pagos efectuados por entidades estatales en casos de licitaciones públicas o privadas, ya sean por contrataciones, negocios u otras operaciones. Quienes actúen como agentes de retención deberán retener el impuesto, pagar el impuesto según corresponda y hacer la declaración jurada correspondiente a la Administración Tributaria. Los responsables de la retención son responsables solidarios del pago de impuesto.

Se crea un artículo 62C para acreditar las retenciones realizadas por el artículo 62, a efecto de que puedan ser aplicadas como un pago a cuenta, en los casos en que el contribuyente deba tributar tales rentas conforme al Título I y no conforme al Título III. Esta acreditación es una consecuencia del criterio de renta global a aplicarse en nuestro país, a partir de la modificación del artículo 1 de la ley.

Este Título es de enorme importancia para la correcta aplicación del impuesto, pues se ha decidido fundamentar la gestión del tributo sobre la figura de la retención, de modo que sólo la renta del Título I (lucrativa), las ganancias de capital en general y algunas rentas marginales, quedarán fuera de la órbita de la retención.

En el caso de las ganancias de capital, el artículo 62 E propone que en el caso de la venta de bienes inmuebles situados en territorio nacional, cuya propiedad es de un no domiciliado, la persona que adquiere el bien está obligada a retener el 3% del valor de la transacción, siendo que el comprador es un contribuyente del impuesto sobre la renta.

Por último, en este capítulo se establece que en el caso de que las retenciones no se puedan aplicar, la renta deberá ser objeto de declaración por el contribuyente dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al momento en que se generó.

Este proyecto reforma el artículo 72 de la actual legislación (régimen simplificado), para modificar el inciso g) y el penúltimo párrafo de ese artículo, con el fin de poder incluir una redacción más clara.

Este proyecto contiene varias disposiciones transitorias. La primera mantiene vigente los incentivos de los mecanismos de fomento y compensación ambiental de la Ley Forestal, que mantengan un contrato vigente a la fecha de aprobación de la ley.

El segundo transitorio exime de la aplicación de esta ley a los Certificados de Abono Tributario que se encuentren en discusión en sede judicial o pendientes de pago.

El tercer transitorio mantiene por un plazo de seis meses a partir de la publicación de esta ley, el tratamiento tributario vigente para transacciones sujetas al artículo 23 inciso c) de la Ley que aquí se reforma. 

En el cuarto transitorio, se contempla la posibilidad de aplicar un 15% sobre el precio de enajenación respecto de la ganancia de capital generada en inmuebles adquiridos antes de la vigencia de esta Ley y que no hayan sido contabilizados. 

En el quinto transitorio, se considera la aplicación del nuevo período impositivo del artículo 4 de la ley, así como el pago de los pagos parciales.

En el transitorio sexto, para efectos de la deducción de gastos establecidos en el inciso j) del artículo 9 de esta ley, se establece la utilización del listado oficial de paraísos fiscales dictado por la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE). 

En el sétimo transitorio, se indica que las obligaciones tributarias afectas a transacciones sujetas a precios de transferencia, deberán aplicar el Decreto correspondiente al tema de referencia. En el octavo transitorio, se aclara que se mantiene la vigencia y aplicación de las tarifas reducidas establecidas en el inciso h) del artículo 60 de la Ley 9274, que reforma el Sistema de Banca para el Desarrollo.

REFORMA DE LA LEY No. 7092, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,
DE 21 DE ABRIL DE 1988, Y SUS REFORMAS


ARTÍCULO 1.- REFORMA DEL TÍTULO I DE LA LEY No. 7092

Refórmese el Título I de la Ley No. 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus reformas, en la forma que se indica a continuación:

“TÍTULO I

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES

CAPÍTULO I

HECHO GENERADOR Y MATERIA IMPONIBLE

Artículo 1.- Impuesto que comprende la ley, hecho generador y materia imponible.

Se establece un impuesto sobre las utilidades de las personas físicas, jurídicas, entes jurídicos y entes colectivos sin personalidad jurídica, que desarrollen actividades lucrativas, indicados en el artículo 2 de esta ley.

El hecho generador del impuesto sobre las utilidades referidas en el párrafo anterior es la obtención de rentas procedentes de actividades lucrativas. También, es parte del hecho generador de este impuesto, la obtención de toda renta derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas, que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyente y que se encuentren afectas a la actividad lucrativa.

A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de actividades lucrativas, debiendo tributar conforme a las disposiciones de este título, los ingresos obtenidos por las entidades bancarias y sociedades financieras sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras.

El impuesto grava la percepción de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, provenientes de fuente costarricense, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado ni considerado no sujeto por ley.

CAPÍTULO II

CONTRIBUYENTES Y PERSONAS EXENTAS

Artículo 2.- Contribuyentes.

Independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas o de la reunión de sus juntas directivas o de la celebración de los contratos, son contribuyentes todas las empresas públicas o privadas que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país:

a) Las personas jurídicas legalmente constituidas, las sociedades de hecho, las sociedades de actividades profesionales, entes colectivos sin personalidad jurídica y las cuentas en participación que actúen en el país.

b) Las sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que operen en Costa Rica, de personas no domiciliadas en el país.

Para estos efectos, se entiende por establecimiento permanente cualquier sitio o lugar fijo de negocios en el que se desarrolle total o parcialmente la actividad de la empresa.

Se considerarán establecimientos permanentes:

1. Los centros administrativos
2. Las sucursales
3. La oficinas
4. Las fábricas
5. Los talleres
6. Las minas, las canteras y cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales

La expresión “establecimiento permanente” comprende asimismo:

i. Las obras, una construcción o un proyecto de instalación o montaje o actividades de inspección relacionadas con ellos, pero solo cuando tales obras, proyecto o actividades continúen durante un período o períodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier período de doce meses que empiece o termine durante el año fiscal considerado.
ii. La prestación de servicios por una empresa, incluidos los servicios de consultores, por intermedio de sus empleados o de otro personal contratado por la empresa para ese fin, pero solo en el caso de que las actividades de esa naturaleza prosigan (en relación con el mismo proyecto o con un proyecto conexo) durante un período o períodos que sumen o excedan en total más de 183 días en cualquier período de doce meses que empiece o termine durante el año fiscal considerado.

c) Los fideicomisos y encargos de confianza constituidos conforme a la legislación costarricense.

ch) Las sucesiones, mientras permanezcan indivisas.

d) Las empresas individuales de responsabilidad limitada que actúen en el país.

e) Las personas físicas domiciliadas en Costa Rica, independientemente de la nacionalidad y del lugar de celebración de los contratos.

La condición de domiciliado en el país se determinará conforme al reglamento.

f) Los profesionales que presten sus servicios de forma liberal.

g) Todas las personas físicas o jurídicas que no estén expresamente incluidas en los incisos anteriores, pero que desarrollen actividades lucrativas en el país.

h) Las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios de educación privada, independientemente de la forma jurídica adoptada.

i) Las entidades empresariales del Estado, en particular las siguientes:

El Instituto Costarricense de Electricidad únicamente por los ingresos derivados de su operación en mercados nacionales competitivos de servicios y productos de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley No. 8660, Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y el artículo 6 de la Ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, de 4 de junio de 2008, Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, Banco Crédito Agrícola de Cartago, Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Instituto Nacional de Seguros por los ingresos derivados de su actividad en condiciones de competencia, Fábrica Nacional de Licores, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural.

Artículo 3.-  Entidades no sujetas al impuesto y exentas.

Se consideran no sujetos:

a) El Estado, las municipalidades, las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado que por ley especial gocen de exención y las universidades estatales, así como los fideicomisos constituidos por estas, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, por las actividades educativas y conexas que realicen y por los recursos provenientes de la venta de servicios, siempre y cuando sean reinvertidos en el desarrollo y cumplimiento de sus fines institucionales.

Las restantes entidades públicas no mencionadas expresamente en el inciso i) del artículo anterior, siempre y cuando desarrollen su actividad en condiciones monopólicas o suministren bienes o servicios cuyas tarifas se encuentren sujetas a regulación y estén regidas por el principio de servicio al costo.

b) Los partidos políticos y las instituciones religiosas, cualquiera que sea su credo, por los ingresos que obtengan para el mantenimiento del culto y por los servicios de asistencia social que presten sin fines de lucro.

c) Las organizaciones sindicales, las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo, siempre y cuando los ingresos que obtengan, así como su patrimonio, se destinen en su totalidad, exclusivamente, a fines públicos, de investigación o de beneficencia y que, en ningún caso, se distribuyan directa o indirectamente entre sus integrantes.

d) Las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza.

e) El Hospicio de Huérfanos de San José.

f) Las asociaciones civiles que agremien a pequeños o medianos productores agropecuarios de bienes y servicios, cuyos fines sean brindarles asistencia técnica y facilitarles la adquisición de insumos agropecuarios a bajo costo, buscar alternativas de producción, comercialización y tecnología, siempre y cuando no tengan fines de lucro, así como sus locales o establecimientos en los que se comercialicen, únicamente, insumos agropecuarios.

Además, los ingresos que se obtengan, así como su patrimonio, se destinarán exclusivamente a los fines de su creación y, en ningún caso, se distribuirán directa o indirectamente entre sus integrantes.

g) El cuerpo de Bomberos. 

h) La Benemérita Cruz Roja Costarricense. 

Se consideran exentos:

a) Las cooperativas debidamente constituidas de conformidad con la Ley No. 6756, del 5 de mayo de 1982, y sus reformas, en el tanto sean declaradas, micro, pequeñas o medianas empresas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, o que se dediquen a la venta de electricidad y cuyos precios estén regulados por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, respecto de los ingresos derivados de la actividad regulada.

b) Las asociaciones solidaristas, únicamente respecto de los aportes de sus asociados, no así respecto de las rentas que generen esos ingresos que constituyan una actividad lucrativa.

c) La Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional,  la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores y la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional.

Para efectos de esta ley, los rendimientos pagados por la Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores a sus accionistas tendrán el mismo tratamiento tributario previsto para los excedentes distribuidos a los miembros de una cooperativa.

d) Las siguientes instituciones educativas:

I. Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, creada mediante la Ley No. 7044, de 29 de setiembre de 1986, y el fideicomiso citado en el artículo 6 de esa ley.

II. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), creado mediante convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) de la Organización de Estados Americanos (OEA), ratificado mediante la Ley No. 8028, de 27 de setiembre de 2000, y sus fideicomisos.

III. La Universidad para la Paz y sus fideicomisos.


e) La Corporación Hortícola Nacional, la Corporación Bananera Nacional, la Corporación Arrocera Nacional,  la Corporación Ganadera Nacional,  el Instituto del Café de Costa Rica y la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar.


CAPÍTULO III

PERÍODO FISCAL

Artículo 4.- Período del impuesto.

El período del impuesto es de un año, contado a partir del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. Con las salvedades que se establezcan en la presente ley, cada período del impuesto se deberá liquidar de manera independiente de los ejercicios anteriores y posteriores.

No obstante lo anterior, la Administración Tributaria podrá establecer, cuando se justifique, con carácter general, períodos del impuesto con fechas de inicio y de cierre distintos, por rama de actividad y sin que ello perjudique los intereses fiscales.

 


CAPÍTULO IV

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Artículo 5.- Renta bruta.

La renta bruta es el conjunto de los ingresos o beneficios percibidos en el período del impuesto por el sujeto pasivo, en virtud de las actividades lucrativas a que se refiere el artículo 1 de esta Ley. 

La renta bruta de las personas domiciliadas en el país estará formada por el total de los ingresos o beneficios percibidos o devengados durante el período fiscal, provenientes de actividades lucrativas de fuente costarricense.

Todos los contribuyentes que tributen bajo este título, cuando efectúen operaciones en monedas extranjeras que incidan en la determinación de su renta gravable, deberán efectuar la conversión de esas monedas a moneda nacional utilizando el tipo de cambio de referencia para la venta establecido por el Banco Central de Costa Rica. Las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos que resulten entre el momento de realización de la operación y el de percepción del ingreso o pago del pasivo, o el del cierre del período fiscal constituirán una ganancia gravable o una pérdida deducible en su caso, siempre y cuando se realicen. Salvo disposición expresa en contrario, las reglas de conversión establecidas en el presente párrafo serán de aplicación en los restantes títulos de esta ley.

También forma parte de la renta bruta cualquier incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados, a partir del período fiscal siguiente a la vigencia de esta ley.

Para estos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento y, además, que ha tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso, o que está exento por ley; de lo contrario, dicho incremento del patrimonio se computará como renta bruta, en el momento que la Administración Tributaria lo determine y afectará el período que corresponda, dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Para esos efectos, no se considera como incremento del patrimonio la repatriación de capitales.

Para la verificación de estos antecedentes, todo contribuyente obligado a declarar el impuesto sobre la renta deberá acompañar a su declaración anual un estado patrimonial de sus bienes, incluidos sus activos y pasivos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley.

Artículo 6.- Exclusiones de la renta bruta.

No forman parte de la renta bruta:

a) Los aportes de capital social en dinero o en especie.

b) Las revaluaciones de activos fijos, sin perjuicio de que para efectos del cálculo de las cuotas de depreciación solo sea aceptable la revaluación que corresponda al ajuste por inflación del período fiscal, con fundamento en la variación experimentada por el índice de precios al consumidor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En los casos en que, por aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, sea necesario modificar el valor contable de un bien o derecho, el contribuyente podrá optar entre incorporar esa modificación con efectos fiscales o no, tomando, en este último caso, el valor histórico de los bienes o derechos a efectos de una futura enajenación de estos.  El contribuyente deberá mantener la opción elegida por todo el plazo correspondiente al tiempo que el bien permanezca en su patrimonio. Se admitirá que el contribuyente cambie la opción elegida en las condiciones y con los límites que se establezcan reglamentariamente.

c) Las utilidades, los dividendos, las participaciones sociales y cualquier forma de distribución de beneficios sujetos al Título III de esta ley. 

ch) Las rentas generadas en virtud de contratos, convenios o negociaciones sobre bienes o capitales localizados en el exterior, aunque se hayan celebrado y ejecutado total o parcialmente en el país.

d) Las ganancias de capital gravadas en el Título III, salvo las derivadas de bienes o derechos afectos a la actividad del contribuyente o cuando constituyan una actividad habitual, en cuyo caso deberán tributar de acuerdo con las disposiciones de este Título.  Estarán exentas las ganancias de capital obtenidas por sociedades mercantiles que desarrollan una actividad lucrativa en virtud de la enajenación de acciones y de otros títulos de participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad afectos a su propia actividad lucrativa, en la parte correspondiente a utilidades no distribuidas.

Para los efectos de esta ley, por habitualidad ha de entenderse la actividad a la que se dedica una persona o empresa, de manera principal y predominante y que ejecuta en forma pública y frecuente, y a la que se dedica la mayor parte del tiempo.

e) Las herencias, los legados, las donaciones y los bienes gananciales.

f) Los premios de las loterías nacionales.

g) Las donaciones, respecto del donante, conforme a lo establecido en el inciso p) del artículo 8 de esta ley.

h) Los rendimientos, dividendos y ganancias o pérdidas de capital generados por las participaciones de los fondos de inversión contemplados en la Ley No.  7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, de 17 de diciembre de 1997.


Artículo 7.- Renta Neta.

La renta neta es el resultado de deducir de la renta bruta los costos y gastos útiles, necesarios y pertinentes para producir la utilidad o beneficio y las otras erogaciones expresamente autorizadas por esta ley, debidamente respaldadas por comprobantes y registradas en la contabilidad.

En el reglamento de esta ley se fijarán las condiciones en que se deben presentar estos documentos.

Cuando los costos, gastos o erogaciones autorizados se efectúen para producir indistintamente rentas gravadas o exentas, se deberá deducir solamente la proporción que corresponda a las rentas gravadas.


Artículo 8.- Gastos deducibles.

Son deducibles de la renta bruta:

a) El costo de los bienes y servicios vendidos, tales como la adquisición de bienes y servicios objeto de la actividad de la empresa; las materias primas, partes, piezas y servicios para producir los bienes y servicios vendidos; los combustibles, la fuerza motriz y los lubricantes y similares, y los gastos de las explotaciones agropecuarias necesarias para producir la renta.

b) Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y cuando proceda. Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo, de acuerdo con los requisitos, las condiciones y las normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador.

c) Los impuestos y las tasas que afecten los bienes, los servicios y las negociaciones del giro habitual de la empresa, o las actividades ejercidas por personas físicas, con las excepciones contenidas en el inciso c) del artículo 9.

ch)  Las primas de seguros contra incendio, robo, hurto, terremoto u otros riesgos, contratados con instituciones aseguradoras autorizadas.

d) Los intereses y otros gastos financieros, pagados o incurridos por el contribuyente durante el año fiscal, directamente relacionados con el manejo de su negocio y la obtención de rentas gravables en este impuesto sobre las utilidades, siempre que no hayan sido capitalizados contablemente.

Las deducciones por este concepto estarán sujetas a las limitaciones establecidas en los párrafos siguientes:

No serán deducibles los intereses cuando no se haya retenido el impuesto correspondiente a ellos.

En todo caso, el contribuyente deberá demostrar a la Administración Tributaria el uso de los préstamos cuyos intereses pretende deducir, a fin de establecer la vinculación con la generación de la renta gravable, lo cual deberá evidenciarse en los documentos que deban acompañar la declaración.

Sin perjuicio de los supuestos previstos en los párrafos anteriores, cualquier otra circunstancia que revele desconexión entre los intereses pagados y la renta gravable en el período respectivo dará pie para que la deducción de los intereses no sea admisible.

e) Las deudas manifiestamente incobrables, siempre que se originen en operaciones del giro habitual del negocio y se hayan agotado las gestiones legales para su recuperación, a juicio de la Administración Tributaria y de acuerdo con las normas que se establezcan en el reglamento de esta ley.

f) Las depreciaciones y amortizaciones para compensar el desgaste, el deterioro o la obsolescencia económica, funcional o tecnológica de los bienes o derechos productores de rentas gravadas, propiedad del contribuyente, así como la depreciación de las mejoras con carácter permanente o sobre las revaluaciones, conforme se establece para este caso en el inciso b) del artículo 6 de esta ley.

La Administración Tributaria, a solicitud del contribuyente, podrá aceptar métodos especiales de depreciación y amortización técnicamente aceptables, para casos debidamente justificados por el contribuyente.

Asimismo, la Administración Tributaria podrá autorizar, por resolución general, métodos de depreciación acelerada sobre activos nuevos, adquiridos por empresas dedicadas a actividades económicas que requieran constante modernización tecnológica, mayor capacidad instalada de producción y procesos de reconversión productiva, a efectos de mantener y fortalecer sus ventajas competitivas.

En el reglamento se determinarán los porcentajes máximos que prudencialmente puedan fijarse por concepto de depreciación y amortización o los años de vida útil de los bienes y derechos.  Se tomará en consideración la naturaleza de los bienes y derechos, así como la actividad económica en la cual estos son utilizados.

Cuando el contribuyente enajene bienes o derechos por cualquier título, y por un valor diferente del valor en libros o registros a la fecha de la transacción, tal diferencia se incluirá como ingreso gravable o pérdida deducible, según corresponda, en el período en el que se realice la operación.  Para estos efectos, se entiende por valor en libros el costo histórico, incluidas las inversiones y mejoras, más la revaluación correspondiente menos la depreciación acumulada.  En ningún caso, la revaluación a que se refiere este párrafo podrá ser superior a la variación experimentada por el índice de precios al consumidor establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), atendiendo al año de adquisición del bien o derecho.  La Administración Tributaria podrá admitir el uso de otro índice emitido por un ente competente para una determinada rama de actividad, que tenga una relación más específica con la variación de precios del elemento de activo que se considere.

Si el contribuyente los diera de baja de sus libros o registros, se entenderá realizada la ganancia o pérdida de capital afecta a su actividad en ese momento; a estos efectos, se entenderá, como valor de enajenación, el valor de mercado del bien o derecho en ese momento.

Cuando se trate de bienes semovientes -específicamente el ganado dedicado a leche y cría-, así como de determinados cultivos, podrán concederse depreciaciones o amortizaciones conforme se establezca en el reglamento de esta ley. Los cultivos que, por su ciclo de eficiencia productiva, no puedan catalogarse como permanentes a juicio de la Administración Tributaria, podrán ser amortizados en un número de años que tenga relación directa con su ciclo productivo.

g) Cuando en un período fiscal una empresa obtenga pérdidas, estas se aceptarán como deducción de la renta neta en los tres siguientes períodos. En el caso de empresas agrícolas, esta deducción podrá hacerse en los siguientes cinco períodos.

La determinación de las pérdidas quedará a juicio de la Administración Tributaria y esta las aceptará siempre que estén debidamente contabilizadas como pérdidas diferidas.

No obstante, no se admitirá la compensación de pérdidas con la parte de base imponible positiva que provenga de una ganancia de capital derivada de la enajenación de un bien o derecho que se hubiera incorporado a los libros y registros del contribuyente menos de doce meses antes de su enajenación.

Las empresas que, por su naturaleza, realicen actividades agrícolas junto con otras actividades deberán llevar cuentas separadas de cada actividad para poder hacer esta deducción.

El saldo no compensado en los términos indicados no dará derecho al contribuyente a reclamar devoluciones o créditos sobre el impuesto.

h) La parte proporcional por concepto de agotamiento de los bienes explotables de recursos naturales no renovables, incluidos los gastos efectuados para obtener la concesión, cuando corresponda. Esta deducción deberá relacionarse con el costo del bien y con la vida útil estimada, según la naturaleza de las explotaciones y de la actividad, y de acuerdo con las normas que sobre el particular se contemplen en el reglamento de esta ley. En ningún caso, el total de las deducciones por concepto de agotamiento de recursos naturales no renovables podrá sobrepasar el valor de la adquisición del bien. En este inciso quedan comprendidas las explotaciones de minas y canteras, y de depósitos de petróleo, de gas y de cualesquiera otros recursos naturales no renovables.

i) Las cuotas patronales que se establezcan en las leyes.

j) Las remuneraciones, los sueldos, las comisiones, los honorarios o las dietas que se paguen o resulten exigibles por miembros de directorios, de consejos o de otros órganos directivos que actúen en el extranjero.

k) Los pagos o créditos otorgados a personas no domiciliadas en el país por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole, así como por el uso de patentes, suministro de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias, regalías y similares, el suministro de noticias, por la producción, la distribución, la intermediación o cualquier otra forma de negociación en el país, de películas cinematográficas y para televisión, así como materiales para “videotapes”, radionovelas, discos fonográficos, tiras de historietas, fotonovelas, y todo otro medio similar de proyección, transmisión o difusión de imágenes o sonidos.

Cuando los pagos o créditos indicados sean a favor de casas matrices de filiales, sucursales, agencias o establecimientos permanentes ubicados en el país, la deducción total por los conceptos señalados no podrá exceder del diez por ciento (10%) de las ventas brutas obtenidas durante el periodo fiscal correspondiente.

l) Los gastos de representación y similares en que se incurra dentro o fuera del país, los viáticos que se asignen o se paguen a dueños, socios, miembros de directorios u otros organismos directivos o a funcionarios o empleados del contribuyente, siempre que no representen más del uno por ciento (1%) de los ingresos brutos declarados. No obstante, la Administración aceptará gastos reales que superen este límite y en casos especiales de contribuyentes que, por la naturaleza de su actividad, tal límite conlleve una clara violación de su capacidad económica efectiva.

m) Los gastos pre operativos o de organización de las empresas, los cuales podrán deducirse en el período fiscal en que se paguen o resulten exigibles o, si se acumulan, en cinco períodos fiscales consecutivos, a partir de la fecha del inicio de su actividad productiva, hasta agotar el saldo. Se considerarán gastos de organización todos los costos y gastos necesarios para iniciar la producción de rentas gravables que, de acuerdo con esta ley, sean deducidos de la renta bruta.

n) Las prestaciones y las jubilaciones, limitado su monto al triple del mínimo establecido en el Código de Trabajo, así como, en general, las indemnizaciones que deban pagarse en el contexto de la actividad lucrativa.

ñ)    Los gastos de publicidad y de promoción, incurridos dentro o fuera del país, necesarios para la producción de ingresos gravables.

o) Los gastos de transporte y de comunicaciones, los sueldos, los honorarios y cualquier otra remuneración pagada a personas no domiciliadas en el país.

p) Las donaciones debidamente comprobadas que hayan sido entregadas, durante el período fiscal respectivo, al Estado, a sus instituciones autónomas y semiautónomas, a las corporaciones municipales, a las universidades estatales, a la Junta de Protección Social, a las juntas de educación y las juntas administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del Ministerio de Educación Pública, a las instituciones docentes del Estado, a la Cruz Roja Costarricense y a otras instituciones, como asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales, así como las donaciones realizadas a favor de la Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio, de las asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 32 de la Ley de Asociaciones, o de los comités nombrados oficialmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en las zonas definidas como rurales según el reglamento de esta ley, durante el período tributario respectivo.

La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) de la renta neta calculada del contribuyente donante sin tomar en cuenta la donación.

Las donaciones en especie se valorarán a su valor de mercado, para efectos de esta deducción.

La Dirección General de Tributación tendrá amplia facultad en cuanto a la apreciación y calificación de la veracidad de las donaciones a que se refiere este inciso, y podrá calificar y apreciar las donaciones solamente cuando se trate de las dirigidas a obras de bien social, científicas o culturales, y a los comités deportivos nombrados oficialmente por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, en las zonas definidas como rurales según el reglamento de la presente ley. En este reglamento se contemplarán las condiciones y los controles que deberán establecerse en el caso de estas donaciones, tanto para el donante como para el receptor.

q) Las pérdidas por destrucción de bienes, por causas no imputables al contribuyente, debidamente comprobadas y en la parte no cubierta por los seguros.

r) Las reservas y las provisiones técnicas relativas a las entidades de seguros y reaseguradoras.  La Administración Tributaria definirá, de forma vinculante, los límites técnicos aplicables para determinar las sumas necesarias de reservas y provisiones técnicas, a efectos de fijar la utilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

s) Todas las deducciones contempladas en la Ley No. 7064, Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria, de 29 de abril de 1987.

t) Las reservas de inversión o fondos de desarrollo, útiles, necesarios y pertinentes para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas por ley a los contribuyentes a que se refiere el inciso i) del artículo 2 de esta ley, en el monto que se les haya aprobado por la entidad competente, en caso de requerirlo; en caso contrario, la Administración Tributaria definirá, de forma vinculante, los límites técnicos aplicables para determinar las sumas necesarias de reservas y provisiones técnicas, a efectos de fijar la utilidad de estos contribuyentes.

La Administración Tributaria aceptará todas las deducciones consideradas en este artículo, excepto la del inciso p), siempre que, en conjunto, se cumplan los siguientes requisitos:

1) Que sean gastos necesarios para obtener ingresos, actuales o potenciales, gravados por esta ley.

2) Que se haya cumplido la obligación de retener y pagar el impuesto fijado en otras disposiciones de esta ley.

3) Que los comprobantes de respaldo estén debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Quedará a juicio de esta exceptuar casos especiales, que se señalarán en el reglamento de la presente ley.

La Administración Tributaria está facultada para rechazar, parcial o totalmente, los gastos citados en los incisos anteriores, cuando los considere excesivos o improcedentes o no los considere indispensables para obtener rentas gravables, según los estudios fundamentados que realice.

Para que puedan deducirse los gastos causados y no pagados en el año, será menester que hayan sido contabilizados en una cuenta especial, de manera que cuando se paguen realmente se imputen a dicha cuenta.

Solo serán deducibles los gastos que hayan sido contabilizados en el período fiscal en que se devengaron. La Administración Tributaria podrá aceptar otro tipo de criterio de contabilización para ciertas industrias o contribuyentes.

Artículo 8 bis.- Limitación a la Deducción de Intereses. Sin perjuicio de otras normas en materia de deducción de intereses, el monto deducible por dicho concepto no podrá exceder del valor resultante de multiplicar el monto total de los intereses devengados en el período impositivo (I) por dos veces la relación existente entre el saldo promedio anual del capital contable (C) y el saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses (D)  (I*2(C/D)).

A los efectos del párrafo anterior se entenderá que:

a. El capital contable será la cantidad que resulte de sumar las cuentas de capital social, reserva legal y utilidad no distribuida de la entidad, de acuerdo con sus estados financieros, excluido el resultado del ejercicio.
El saldo promedio anual del capital contable se calculará sumando el capital al inicio y al final del ejercicio fiscal y dividiendo el resultado por dos.

b. El saldo promedio anual de todas las deudas del contribuyente que devengan intereses se calculará sumando el saldo de dichas deudas al inicio y al final del ejercicio fiscal y dividiendo el resultado por dos.

c. La limitación prevista en este artículo no será de aplicación a entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras, ni a la proporción de operaciones realizadas con este tipo de entidades por los contribuyentes. 

d. Tampoco se aplicará la limitación prevista en este artículo a los intereses provenientes del crédito comercial concedido por proveedores no vinculados, siempre que el interés de este tipo de crédito no sea superior al promedio de tasas activas de interés anual en moneda local, de las entidades del Sistema Financiero Nacional.  Para estos efectos se entenderá que existe vinculación entre personas cuando una de ellas ejerce el poder de decisión sobre la otra o cuando el poder de decisión sobre dos o más personas jurídicas involucradas en la operación es ejercido por una misma persona o grupo de interés económico. En uno y otro caso se entiende que existe poder de decisión cuando la persona física o jurídica que lo ejerce posee una participación directa o indirecta en el capital social de la otra, igual o superior al veinticinco por ciento (25%).

e. En estos casos, el contribuyente queda obligado a probar los intereses, contable y documentalmente, cualquiera que sea el ejercicio en que se originaron e independientemente de la prescripción ordinaria de dicho período.  Asimismo deberá demostrar a satisfacción de la Administración que no existe vinculación entre el contribuyente y sus proveedores en caso de ser requerido.


Artículo 9.- Gastos no deducibles.

No son deducibles de la renta bruta:

a) El valor de las mejoras permanentes hechas a los activos y construcciones y, en general, de todas las erogaciones capitalizables, incluidas las inversiones.

b) Los costos o gastos que no hayan tenido su origen en el negocio, actividad u operación que dé lugar a rentas gravadas, así como las erogaciones similares vinculadas con rentas gravadas que no estén respaldadas por la documentación correspondiente o que no se refieran al período fiscal que se liquida.

c) Los impuestos sobre la renta y sobre las ventas, el impuesto selectivo de consumo y los impuestos específicos de consumo y las tasas especiales que sobre estos se fijen, cuando las personas físicas o jurídicas sean contribuyentes de tales impuestos, lo mismo que los recargos, multas e intereses pagados sobre cualquier tributo o por facilidades de pago concedidas sobre deudas tributarias.

ch) Las utilidades, participaciones sociales o dividendos, pagados o acreditados a socios, accionistas, dueños de empresas o personas físicas.

d) Los gastos e impuestos ocasionados en el exterior, salvo los expresamente autorizados por esta ley.

e) Los gastos en inversiones de lujo o de recreo personal. Cuando estas inversiones estén confundidas con las actividades lucrativas, se deberán llevar cuentas separadas para determinar los resultados de una y de otra clase de operaciones, a fin de que puedan deducirse las que se refieran a estas últimas actividades.

f) Lo pagado por la compra de derechos a que se refiere el inciso f) del artículo 8 de esta ley, sin perjuicio de la posibilidad de amortizar su valor, cuando sean adquiridos a título oneroso.

g) Las retenciones y los pagos a cuenta efectuados de acuerdo con esta ley.

h) No son deducibles de la renta bruta:

1) Las remuneraciones no sometidas al régimen de cotización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).  Si el pago de la retención se da en forma tardía, se mantiene la viabilidad de la deducibilidad del gasto, el cual deberá aplicarse en el periodo fiscal en que procedía efectuarlo.  Si no existió el pago correspondiente, y la Administración determina la improcedencia del gasto, ésta deberá comunicarlo a la CCSS para que proceda con el estudio correspondiente. Esta comunicación deberá realizarse por las vías que se definan en el convenio que se suscriba al efecto.
2) Los obsequios y las regalías o donaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos b) y p) del artículo 8 de esta ley.
3) Los gastos de subsistencias del contribuyente y de su familia.

i) Las pérdidas de capital producidas en virtud de traspasos, a cualquier título, de bienes o derechos, a excepción de lo dispuesto en el inciso f), del artículo 8 de esta ley.

j) Tampoco tendrán la consideración de gastos fiscalmente deducibles los gastos correspondientes a operaciones realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en países o territorios calificados por la Administración Tributaria como paraísos fiscales o jurisdicciones no cooperantes, o que se paguen a través de personas o entidades residentes en éstos, excepto que el sujeto pasivo pruebe que el gasto devengado responde a una operación o transacción efectivamente realizada, a juicio de la Administración.  Para estos efectos se entiende como Paraíso Fiscal o jurisdicción no cooperante, aquellos que se encuentren en alguna de las siguientes condiciones:

i.- Que se trate de jurisdicciones que tengan una tarifa equivalente en el impuesto a las utilidades inferior en más de un 40% (cuarenta por ciento) de la tarifa establecida en el inciso a) del artículo 15 de esta Ley, o
ii.- Que se trate de jurisdicciones con las cuales Costa Rica no tenga vigente un convenio para el intercambio de información o para evitar la doble imposición con cláusula para el intercambio de información.

k) El pago o remuneración de sobornos que el sujeto pasivo o empresas vinculadas a este realicen en beneficio de funcionarios públicos o empleados del sector privado, con el objeto de agilizar o facilitar una transacción considera gravable para efectos de la presente Ley.

Lo anterior, independientemente de las formas jurídicas adoptadas para realizar el pago de la remuneración citada.

l) Cualquier otra erogación que no esté vinculada con la obtención de rentas gravables.

CAPÍTULO V

RENTAS NETAS PRESUNTIVAS

Artículo 10.- Presunción de onerosidad en préstamos y financiamientos.

Se presume, salvo prueba en contrario, que todo contrato de préstamo de financiamiento, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, si existe documento escrito, devenga un interés anual no menor a la tasa básica pasiva que fije el Banco Central de Costa Rica más un margen de cinco puntos porcentuales, o, a falta de esta, al promedio de las tasas activas de interés anual de los bancos del Sistema Bancario Nacional.

En los casos en que no exista documento escrito, ante la presunción no se aceptará prueba en contrario. En el caso de transacciones entre partes vinculadas, la Administración podrá ajustar el interés a la tasa indicada en el párrafo anterior, aunque exista acuerdo por escrito en contrario.

La Administración Tributaria podrá aplicar esta presunción en otras situaciones aunque no exista contrato de préstamo, pero sí financiamiento, conforme se establezca en el reglamento de esta ley.

Las disposiciones de este artículo son de aplicación para los Títulos III y IV de esta ley.


Artículo 11.- Renta neta presuntiva de empresas no domiciliadas.

Las empresas de transporte en general y las de telecomunicaciones, constituidas como sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes, cuyos propietarios sean personas no domiciliadas en el país, que efectúen operaciones con países extranjeros y que se les dificulte la determinación de la renta atribuible a Costa Rica, podrán aplicar un sistema especial de cálculo de su renta gravable que establecerá la Administración Tributaria, en función de la actividad desarrollada en el territorio nacional y los gastos que razonablemente le puedan ser asignados, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley.


Artículo 12.- Otras rentas presuntivas.

Para los contribuyentes que sean personas físicas, independientemente de la nacionalidad y el lugar de celebración de los contratos, así como para las empresas individuales de responsabilidad limitada y las empresas individuales que actúen en el país, se presumirá que, salvo prueba directa o indirecta en contrario, obtienen una renta mínima anual por los conceptos siguientes:

a) Prestación de servicios en forma liberal: todo profesional o técnico que preste servicios sin que medie relación de dependencia con sus clientes, que no presente declaración sobre la renta cuando corresponda y, por ende, no cancele el impuesto correspondiente o no emita los recibos o comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria, como lo establece esta ley, o que incurra en alguna de las causales establecidas en los incisos 1) y 2) del presente artículo, se presumirá que obtiene una renta neta mínima anual de acuerdo con la clasificación siguiente:

i. Médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros, abogados y notarios, agrimensores, contadores públicos, profesionales de las ciencias económicas, y corredores de bienes raíces, el monto equivalente a trescientos treinta y cinco (335) salarios base.

ii. Peritos, contadores privados, técnicos y, en general, todos los profesionales y técnicos, colegiados o no, que no se contemplan en el numeral anterior, el monto equivalente a doscientos cincuenta (250) salarios base.

En ningún caso, esas rentas de presunción mínima se podrán prorratear entre el tiempo que el profesional o el técnico dedique a prestar otros servicios, sean estos en relación de dependencia, o bien, por el desarrollo de otras actividades sujetas a este impuesto.

b) Para explotar el transporte terrestre remunerado de personas y carga, si no se presentan declaraciones o si se ha incurrido en alguna de las causales establecidas en los incisos 1) y 2) de este artículo, la renta neta mínima anual presuntiva será el monto equivalente a:

Vehículos de carga con un peso bruto v