CAPÍTULO II
EJECUCIÓN JUDICIAL

ARTÍCULO 202.- EL PROCESO DE EJECUCIÓN JUDICIAL.

El proceso de ejecución judicial será el proceso monitorio regulado por la Ley Nº 8624 Ley de Cobro Judicial, a cargo de los juzgados civiles especializados o no en el cobro de obligaciones dinerarias, del domicilio del demandado, sin importar la cuantía con las siguientes excepciones:

a) No existirá el trámite de citación de partes para sentencia. Si el ejecutado no se opusiere, dentro del término correspondiente, el tribunal respectivo declarará con lugar la demanda y ordenará continuar la ejecución, por medio de resolución razonada que no requerirá las formalidades de sentencia.

b) Para decretar embargos preventivos no deberá realizarse depósito alguno de garantía.

c) Solo se admitirá la oposición vía incidental que se funde en la falta de exigibilidad, el pago o la prescripción.

d) Los notificadores, peritos y ejecutores del proceso de ejecución judicial, deberán desempeñar su cargo en forma obligatoria, sin necesidad de depósito alguno por honorarios, los cuales se girarán del producto de los bienes embargados, una vez cubiertos el crédito, los intereses y las costas y serán siempre a cargo del accionado. El Juez no levantará el embargo hasta tanto no estén cubiertos dichos honorarios. Los notificadores peritos y ejecutores que no cumplan con la obligación precedente se harán acreedores de una sanción equivalente a un salario base, cuya tramitación será de competencia del Director de Adeudos Estatales de la Dirección General de Hacienda.

ARTÍCULO 203.- EL PROCESO DE REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL. Autorícese al Poder Judicial para que efectúe el remate electrónico de bienes embargados mediante el procedimiento que será regulado por la Corte Suprema de Justicia.”

ARTÍCULO 18.- Modifíquense los artículos 2 y 8 de la Ley número 2393 denominada Crea Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda, de 11 de julio de 1959, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

1) “Artículo 2º.- La Oficina de Cobros contará con el personal administrativo que requieran las necesidades del servicio; atenderá la organización del cobro de las obligaciones a su cargo.
Los Fiscales de Cobro podrán disponer la cancelación de impuestos, tasas o créditos de cualquier clase a favor del Gobierno, cuando los plazos de prescripción correspondientes hubieren vencido y se trate de cuentas o créditos incobrables. La resolución que así lo disponga deberá contar con la aprobación del Director de la Dirección General de Hacienda, y será puesta en conocimiento de los organismos correspondientes y de la Contabilidad Nacional para que cancelen en sus registros o libros las cuentas o créditos respectivos.
2) “Artículo 8°.- Los Fiscales de la Oficina de Cobros Judiciales, gestionarán el pago de las sumas que deban cobrar por los medios legales que consideren convenientes. Deberán iniciar los trámites en sede judicial, a más tardar, un mes después del recibo de los documentos correspondientes.”
CAPITULO IV
DEROGATORIAS

ARTÍCULO 19.- DERÓGUENSE LAS SIGUIENTES NORMAS:
a) El artículo 4 de la Ley No. 7218, Ley de Ajuste Tributario del 16 de enero de 1991.
b) Los artículos 3, 4, 6, 7, 16, 17 y 18 de la Ley No. 2393 de 11 de julio de 1959, Crea de Oficina de Cobros de la Dirección General de Hacienda.
c) El inciso d) del artículo 196 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas.

CAPITULO V
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
TRANSITORIO I.- Para los efectos del artículo 190 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, los casos que a esa fecha se encuentren con demanda interpuesta serán gestionados por los Fiscales de Cobro de la jurisdicción de la autoridad judicial ante la que se tramiten.

TRANSITORIO II.- Lo dispuesto en los artículos 18 bis, 131 y 137 bis, que se adicionan al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, entrarán a regir en el momento en que la Dirección General de Tributación disponga de los sistemas tecnológicos necesarios para su implementación, la cual tendrá un plazo de 12 meses improrrogable para su adquisición o desarrollo. Una vez desarrollado el Sistema de Notificación de buzón electrónico, la Dirección General de Tributación estará en la obligación de divulgar, en su página de internet y en un diario de circulación nacional, con al menos 3 meses de antelación, la entrada en operación de estos sistemas.
TRANSITORIO III.- Los embargos administrativos que se hayan practicado antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, mantendrán su vigencia de conformidad con los términos y condiciones en que fueron decretados.
TRANSITORIO IV.- Los requerimientos de información por suministro que deben cumplir los Grandes Contribuyentes, relacionados a la información de accionistas de las personas o estructuras jurídicas, se deberán continuar suministrando hasta que la Dirección de Grandes Contribuyentes tenga el acceso a la base de datos que va a administrar el Banco Central de Costa Rica de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
TRANSITORIO V.- Las reformas de los artículos 53, 74 y 90 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no afectarán a aquellos procesos que, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, ya se encuentran presentadas al Ministerio Público

TRANSITORIO VI.- A partir de la entrada en vigencia de esta Ley y hasta 1 de enero del 2019, las entidades jurídicas obligadas al suministro de información establecido en el Capítulo III de esta Ley, deberán mantener bajo su resguardo la misma, y suministrarla a la Administración Tributaria o al Instituto Costarricense sobre la Drogas en un plazo no mayor de 3 días hábiles, cuando estos órganos así lo requieran. El incumplimiento a estos requerimientos será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 84 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Para estos efectos, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el Instituto Costarricense sobre las Drogas, deberán garantizar que el sistema informático cumpla con las medidas de seguridad y trazabilidad de la información, de conformidad con estándares internacionalmente aceptados de confidencialidad de la información, lo cual será verificado por medio de una auditoria externa que al efecto contratará el Estado. En caso de que estos no hayan cumplido con las medidas de seguridad, el plazo se extiende hasta la emisión de cumplimiento del ente certificador.

Si de previo al 1 de enero del 2019 se cumplen con las condiciones de seguridad, confiabilidad, confidencialidad, y trazabilidad de la información, establecidas, se tendrá acceso a toda la información regulada en el Capítulo II de la presente ley, en caso contrario se mantendrá la información en poder de las entidades jurídicas hasta la emisión de cumplimiento del ente certificador.

TRANSITORIO VII.- Para efectos de establecer los medios electrónicos para registrar las transacciones y los comprobantes de sus transacciones de compra y venta, registros contables y otros medios requeridos para el control tributario, se contará con un período de hasta veinticuatro meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

DADO A LOS VEINTICUATRO DlAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. SAN JOSÉ, SALA DE SESIONES DE LA COMISiÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS HACENDARIOS.