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Impuestos a salarios y ganancias se convertirán en principal ingreso del Gobierno a partir de 2022

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Los impuestos que cobra el Gobierno a los salarios, ganancias de trabajadores independientes y de personas físicas o empresas por sus actividades comerciales, se ubicarán como el principal ingreso del Ministerio de Hacienda a partir del año 2022.

Por primera vez en la historia tributaria del país, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), anteriormente conocido como Impuesto de Ventas, pasará a un segundo plano de importancia; esto a pesar de proyectarse un aumento en la recaudación del próximo año del 18.2%.

La línea de impuestos a los ingresos y utilidades pasará de recaudar ¢1,625 billones en 2021, a ¢2,008 billones en 2022, dando un salto de 23,6% de aumento de un año a otro, lo que representa más de ¢383 mil millones adicionales y frescos para el fisco.

Solamente con los ingresos que le deja al Estado los impuestos a ingresos y utilidades, se podrá cubrir el 17,4% del total del Presupuesto Nacional del 2022, que alcanzará los ¢11,506 billones en gastos y pago de deuda.

Así lo confirma un informe del Departamento de Análisis Presupuestario de la Asamblea Legislativa que analiza las proyecciones de ingresos para el próximo año, basado en el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional enviado al Congreso por el Ministerio de Hacienda. El insumo fue entregado directamente a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que tienen la tarea de analizar el presupuesto y emitir informes para su discusión.

Según e informe:

Para el próximo año el impuesto de renta pasa a ser el ingreso tributario más importante (para el proyecto del 2021 lo fue el IVA) y se estima en ¢2.008.596,1 millones, con un crecimiento del 23,6% respecto a lo presupuestado a agosto del 2021. Este renglón de ingreso explica el 33,6% del total de ingresos corrientes esperados para el 2022 y el IVA el 32,8% de manera que, entre ambos, generarán el 65,9% de los ingresos corrientes y el 73,8% de los ingresos tributarios. Indica el informe.

Pese al fuerte incremento que se espera en la recaudación el próximo año de este y siete impuestos más que componen la casilla de “ingresos tributarios” del Gobierno (entre 1,9% y 25,3%), el dinero sigue siendo insuficiente para los niveles de gasto que tiene el país .

En esa razón, se apoya la Administración Alvarado Quesada para impulsar el proyecto de Ley de Renta Global Dual, que golpearía aún más los salarios de quienes ya pagan el impuesto (salarios mayores a ¢842 mil al mes) y busca poner a pagar a quienes tienen ingresos de ¢702.000 en adelante.

Las voces en contra, representadas por varios diputados de oposición, ven contraproducente la aprobación de cambios drásticos como la ley de Renta Global Dual, ya que aseguran que urgen otras discusiones, como la disminución de la carga tributaria que pesan sobre los ingresos de los ciudadanos o empresas y la reactivación de la economía. 

A la carga de impuestos que recae sobre los salarios y utilidades hay que sumarle las contribuciones obligatorias que hacen tanto asalariados como patronos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esto ubica a Costa Rica como el país con la carga sobre salarios y ingresos más alta de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarollo (OCDE).

Fuerte carga tributaria

Ministerio de Hacienda. Foto: archivo (CRH)

La carga que recae sobre las utilidades de la empresas se ubican entre las más pesadas de la OCDE. Costa Rica es el cuarto con la carga tributaria más alta para las empresas.

Así se desprende de datos recopilados por el Banco Mundial y el programa Doing Business, que ubican a Colombia, Francia e Italia, como los únicos países que superan a Costa Rica en este ránking.

Según el índice, Costa Rica termina cobrando a las empresas alrededor de un 58,3% de sus utilidades o ganancias anuales. Los datos tomaron en cuenta una empresa promedio de mediano tamaño, y lo que debe pagar en el segundo año de operación. Aplican todos los impuestos directos gubernamentales, municipales, tasas y contribuciones a la seguridad social.

El diputado Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ve pocas posibilidades de aprobación de cambios en el cobro de impuestos, especialmente los que golpean salarios y no contribuyen a la reactivación económica. “El Gobierno redactó de forma inadecuada los proyectos de ley negociados con el Fondo Monetario Internacional, los mandó al Congreso con deficiencias técnicas y ahora no vamos a correr por aprobarlos” indicó el diputado justificando la razón por la cual no apoyan las iniciativas.

En la misma dirección opinó la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional María José Corrales y el vocero del bloque independiente Nueva República, el diputado Jonathan Prendas.

Gobierno proyecta un panorama fiscal ‘crítico’ si tuviera que rescatar pensiones del IVM y PJ

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda prevé una situación fiscal “crítica” si el Estado costarricense se viera obligado a rescatar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el fondo de pensiones del Poder Judicial.

La alerta se plasmó debido a que ambos sistemas de jubilación mantienen voluminosos déficits actuariales, a pesar de que pasaron por un proceso de reforma en busca de su sostenibilidad futura.

“Si los fondos del IVM y del Poder Judicial llegaran a experimentar déficits, el Gobierno deberá salir al rescate, para cumplir con el pago de las pensiones correspondientes, por la garantía de solvencia que posee el sistema de seguridad social”, se advierte en el Informe de Riesgos Fiscales: Regímenes de Pensiones, elaborado por la Dirección de Crédito Público de Hacienda.

El estudio, de marzo del 2021, agrega que, además, Hacienda debe cargar con el endeudamiento gubernamental, el cual, en julio anterior, fue equivalente al 69,1% del producto interno bruto (PIB).

“Por tanto, resultaría una situación bastante crítica para el país”, se explica en referencia al respaldo estatal a los fondos de pensiones básicos.

El temor de Hacienda se genera porque el último estudio actuarial al IVM, de julio del 2019, registró un déficit en el sistema de ¢100 billones para un periodo de 75 años. Dicho monto es equivalente a dos veces la producción de un año de Costa Rica.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reformó el fondo en agosto anterior, y extendió la vida de la reserva del fondo hasta 2052 desde el 2037; pero aún no se ha determinado la reducción en el déficit.

En el caso del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial se reportó un faltante de ¢698.139 millones, según el respectivo estudio actuarial, de marzo del 2021.

Este régimen tenía un déficit de ¢5,3 billones, previo a la reforma legal del 2018, que redujo beneficios y elevó el aporte de los trabajadores y pensionados.

Los desequilibrios de estos dos regímenes básicos no implican que el Estado deba aportar el dinero de manera inmediata, sería de forma gradual por varias décadas, en caso de cumplirse las proyecciones de los informes actuariales.

Por ejemplo, el IVM requeriría de un aporte excepcional de ¢3,1 billones, en el 2053, para poder pagar el total de pensiones ese año, según el último estudio del régimen.

En el caso del sistema de los empleados judiciales, el faltante de recursos sería de ¢263.530 millones, en el 2048, momento en que se proyecta se acabe la reserva del sistema.

El Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), administrado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), es el único fondo básico que no presenta desequilibrios. El más reciente estudio actuarial, de marzo anterior, proyectó un superávit de ¢75.610 millones para los próximos 75 años.

Los tres sistemas de jubilaciones contaban, hasta junio pasado, con 2,42 millones de trabajadores cotizantes y casi 320.000 pensionados, según la Superintendencia de Pensiones (Supén).
Sin espacio fiscal

Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó que el país está actualmente en un proceso de ajuste fiscal que se afectaría de manera importante en caso de ser necesario aplicar el respaldo estatal a un fondo de jubilaciones con dificultades.

“Si hablamos que un régimen de pensiones se requiere poner alrededor de un 1% o 2% del PIB, para ajustar el pagos de jubilaciones, le pegaría muy fuerte al Estado. Hay que entender que no tenemos espacio fiscal para asumir este tipo de contingencias”, subrayó el jerarca.

Villegas dijo que no espera la materialización de este riesgo en el corto plazo.

Para Rocío Aguilar, jerarca de la Supén, el riesgo para el Estado se redujo, pero sigue latente.

En el caso del IVM, la reciente reforma permitió elevar la solvencia de un 48,3% hasta casi 65%, es decir que el sistema aún no tiene la capacidad de pagar el 35% de sus compromisos a futuro.

“Los riesgos, para el Estado siguen existiendo, en el tanto sea el garante de las pensiones en los regímenes básicos y sigan presentándose rezagos en las decisiones respecto a los cambios demográficos”, destacó Aguilar.

La funcionaria destacó que es necesarios efectuar un nuevo estudio al régimen administrado por la Caja, pues el último se hizo previo a la pandemia de la covid-19, con lo cual no se tiene certeza del efecto para el sistema.

Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, enfatizó, en agosto pasado, que los cambios al sistema permiten al país tener tiempo adicional para discutir las opciones de darle un financiamiento de más largo plazo al IVM.

En el caso del régimen del Poder Judicial, el actuario Raúl Hernández afirmó que la reforma del 2018 otorgó al fondo un escenario más manejable, a diferencia de la situación previa.

“Si para los próximos años se da una entrada de nuevos trabajados del 1% anual, el déficit del sistema sería de ¢279.000 millones, lo cual considero que es administrable”, dijo Hernández, el pasado 8 de setiembre, durante una rendición de cuentas hecha por la Junta Administradora del Fondo.
Igualar cotizaciones

Por otra parte, la jerarca de la Supén consideró que debe establecerse un trato igual en los aportes del Gobierno a los regímenes básicos.

Por ejemplo, en el IVM la contribución patronal es el equivalente al 5,25% de cada trabajador.

Pero en el régimen del Poder Judicial es del 14,36% y en el Magisterio Nacional del 6,75%.

“No deberían haber diferentes aportes patronales dependiendo del fondo en que se encuentra inscrito el afiliado”, destacó Aguilar.

La jerarca explicó que cualquier modificación para una eventual uniformidad debe hacerse vía reforma legal, pues en el Congreso se estableció la cotización a dichos fondos.

La Superintendente también aboga por la unificación de los diferentes regímenes básicos de pensiones en el país, para reducir las desigualdades.

Un jubilado del IVM tiene una pensión promedio de ¢284.250 por mes y de ¢392.911 en el RCC.

Sin embargo, en el Poder Judicial, la jubilación promedio es de ¢1,6 millones.

FB Live: Pagos parciales: Compensaciones

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 27 de setiembre a las 3:00 p.m. con el tema:

Pagos parciales: Compensaciones, a cargo de nuestro especialista, el Lic. Mauricio Berrocal.

¡Le esperamos!

Hacienda publica borrador de nueva versión de estructura para comprobantes electrónicos

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).-El Ministerio de Hacienda puso a disposición de desarrolladores de sistemas de facturación electrónica y público en general, el documento borrador de la versión 4.4 de los Anexos y Estructuras para la generación de los comprobantes electrónicos.

El objetivo de la publicación es recibir observaciones hasta el 1 de octubre este año.

Una vez revisadas las propuestas de los interesados, la Dirección General de Tributación someterá a consulta pública el proyecto final de resolución que se enviará a publicar a La Gaceta, con el fin que durante los 10 días hábiles posteriores a su publicación en el diario oficial, los interesados puedan enviar sus sugerencias.

De momento no se ha publicado la fecha de cuándo empezará a regir la versión 4.4. Durante el próximo mes de octubre 2021 se estarán incorporando los últimos cambios; por lo que podríamos contemplar al menos 6 meses a partir de la publicación. Vamos a estar atentos al tema y les comunicamos tan pronto se defina una fecha oficial”, informó la firma consultora Grant Thornton Costa Rica.

Cambios propuestos para la versión 4.4

1. Se habilita la Identificación de Proveedores No Domiciliados en la Factura de Compra.

2. Se incorpora el código que asigna la DGA a fabricantes, importadores y distribuidores, según el Registro fiscal de bebidas Alcohólicas Ley 8707.

3. Se agrega a la condición de la venta el código para “Ventas Sucesivas”.

4. Se agrega “Sinpe Móvil” como medio de pago.

5. Se modifica la actividad económica del emisor por línea de detalle.

6. Se habilita una sección para desglosar los productos que componen los surtidos/combos/paquetes

7. Se codifican los tipos de descuento (comercial, regalía, bonificación, por temporada, por volumen).

8. Se ajustan los códigos de tarifa del IVA:
• Tarifa 0% – Con derecho a crédito
• Tarifa 0% – Sin derecho a crédito

9. Se incluye un campo para “Impuestos asumidos por el Negocio”:
• Regalías o bonificaciones
• IVA cobrado a nivel de fábrica
• Impuestos Específicos

10. En la factura electrónica de compra será obligatorio indicar una información de referencia.

11. Se agrega una sección para endoso de facturas.

Varias propuestas se barajan para reducir costo de marchamo 2022

Fuente: La República

La rebaja del marchamo para el 2022 es prácticamente un hecho.

Sin embargo, a mes y medio de que el derecho de circulación para el otro año salga a cobro, no existe entre los diputados un acuerdo político para determinar el monto de la disminución, ni tampoco cuáles rubros se rebajarían.

Y es que hay propuestas para bajar a la mitad el monto del impuesto de la propiedad de los vehículos, hacer escalonado el pago del derecho de circulación -para que los carros más caros paguen más – y hasta iniciativas que buscan condonar algunos componentes del marchamo a la gente que tiene cuentas atrasadas y tiene el carro varado, ya sea por accidentes, multas o robo.

Evitar que la medida afecte las finanzas del Estado, es lo que promueve en estos momentos una negociación política entre los diputados de oposición.

Por un lado, la bancada de Liberación Nacional -con 17 legisladores – propone un cobro escalonado de acuerdo con el valor fiscal de los vehículos.

En esta propuesta por ejemplo, los dueños de automotores con un valor superior a los ¢15 millones no recibirían ningún beneficio, mientras que de ese monto para abajo, la reducción iría desde un 5% sobre el valor del marchamo, hasta un 50%.

La idea de los verdiblancos es hacer el cobro del derecho de circulación progresivo; es decir, que entre más bajo el valor fiscal del vehículo, menor será el monto que el ciudadano tendría que pagar por el marchamo.

Así las cosas, por ejemplo, un dueño con un carro que cueste entre ¢940 mil y ¢1,8 millones, disfrutará de una reducción de un 20%, mientras que si el automotor tiene un valor menor a ¢940 mil la rebaja sería de un 35%.

Para los dueños de vehículos con un valor superior a los ¢2,8 millones y hasta los ¢15 millones, disfrutarían de una rebaja de solo 5% en el marchamo.

“Tenemos que proponer alternativas viables para compensar a los dueños de vehículos que se han visto afectados económicamente por los efectos de la pandemia. El PLN consciente de esta situación, ha propuesto una moción para hacer una variación en los tramos de pago, de manera que las personas con un carro con un valor fiscal bajo, paguen menos y por el contrario, quienes tiene un carro caro paguen más. Esto le da un sentido progresista y solidario al pago del marchamo”, dijo María José Corrales, jefa del PLN.

El proyecto que rebajaría el marchamo para el 2021 fue dispensando de todo trámite, por lo que en teoría, podría aprobarse fácilmente en el plenario en un par de sesiones.

En estos momentos, los legisladores están presentando mociones a la iniciativa, con el objetivo de modificar el texto y hacerlo más potable.

Uno de los legisladores que busca cambiar el texto es Erwen Masís de la Unidad, quien plantea eliminar el pago de algunos componentes del marchamo a la gente que tiene cuentas pendientes.

La idea es que además del rebajo del marchamo que se apruebe, se permite a la gente que tiene deudas atrasadas, que solo paguen algunos rubros para que se puedan poner al día.

“Presenté dos propuestas, una para que, además del rebajo que se autorice, se le condone del pago únicamente los impuestos de Hacienda y la segunda propuesta condonaría todos los rubros que componen el marchamo”, explicó el diputado Masís.

El permiso de circulación de vehículos está compuesto por diferentes rubros: el aporte al Consejo de Seguridad Vial, el Seguro Obligatorio Automotor, parquímetros, infracciones a la Ley de Tránsito, el Impuesto de Ventas Sobre el Seguro Obligatorio, el Impuesto a la Propiedad de Vehículos, un impuesto a favor de las municipalidades, un monto de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, el Consejo de Transporte Público y timbres de fauna y scouts.

La propuesta para rebajar el marchamo cuenta con el respaldo del PLN, la Unidad, Nueva República y Restauración Nacional, entre otros partidos.

Mientras tanto, el gobierno de Carlos Alvarado se opone al considerar que la medida afectaría las finanzas del Estado.

“Sería un alivio momentáneo, pero después me van a preguntar qué fue lo que hice. El no hacer el cobro, generaría un hueco mayor al que tenemos hoy, en principio no nos parece la mejor medida”, dijo el mandatario.

Buenos resultados fiscales del país empiezan a disiparse

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Los buenos resultados fiscales que venía acumulando el país producto de un aumento en la recaudación, mayores ingresos por el impuesto de renta y la incorporación de los órganos desconcentrados al presupuesto, parecen comenzar a disiparse.

Los resultados fiscales de agosto dieron como resultado un superávit primario de ₡25.932 millones. Esto es ingresos contra gastos, sin tomar en cuenta el pago de intereses.

El dato sigue siendo positivo desde el punto de vista de que hay más ingresos que gastos. Sin embargo se observa una reducción en el acumulado, que para marzo y abril era superior a los ₡200 mil millones.

Con respecto a julio, representa una caída del 74%.

Proyecciones de distintos agentes económicos – entre ellos el propio Banco Central- señalan que para final de año el resultado primario del gobierno central cerraría en negativo, posiblemente en alrededor de un 1% de déficit.

Para agosto, el pago de intereses de la deuda alcanzó la cifra de ¢1.348.335 millones (3,53% del PIB), el más alto de los últimos 15 años.

Con ello, el déficit financiero total (resultado primario + intereses) fue de un 3,46% del Producto Interno Bruto (PIB) lo que equivale a ¢1.322.403 millones.

Los datos se registran en el informe fiscal de agosto, publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, indicó que el proceso de ajuste fiscal les ha permitido asegurar una estabilidad de las finanzas públicas y será algo que se mantenga estable en el corto plazo.

“En los próximos meses no veremos cambios abruptos en las cifras fiscales del país. No obstante, si Costa Rica desea que tal estabilidad sea perdurable en los próximos años, indudablemente, será necesario que los esfuerzos emprendidos desde la actual Administración, sean complementados con la aprobación de una serie de iniciativas que han sido presentadas en el seno de la Asamblea Legislativa. Esto permitirá generar el marco de referencia para que las finanzas públicas logren su equilibrio en el mediano plazo”, dijo Villegas.

 

FMI inicia revisión de metas y proyectos de ley acordados con Costa Rica

Fuente: La Nación

Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) inicia este 22 de setiembre el seguimiento del programa acordado con el Gobierno de Costa Rica en el marco de la facilidad de Servicio Ampliado del FMI (SAF), por un monto de alrededor de $1.778 millones, informaron esta mañana las autoridades económicas.

La primera misión de revisión del programa iniciará este miércoles 22 de setiembre en la tarde y se extenderá hasta el miércoles 6 de octubre, de manera virtual. La misión será encabezada por Manuela Goretti, quien lideró el equipo técnico que alcanzó el acuerdo en enero pasado.

El objetivo del seguimiento es conocer el cumplimiento por parte del país de las metas cuantitativas acordadas, así como el nivel de avance en los últimos meses con las medidas de política y las reformas estructurales convenidas. Además, se hará un análisis de las perspectivas económicas para el país y una actualización de las proyecciones para las principales variables.

El crédito de este programa sería desembolsado en seis tractos iguales por un periodo de tres años. Después de un primer desembolso que se realizó con la aprobación del programa, se darán cinco desembolsos adicionales, cada uno de ellos condicionado a la aprobación de una revisión semestral.
¿Qué se revisará?

Según el comunicado difundido por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, el objetivo del seguimiento es conocer el cumplimiento por parte del país de las metas cuantitativas acordadas, así como el nivel de avance en los últimos meses con las medidas de política y las reformas estructurales convenidas.

En cuanto a metas cuantitativas el Ministerio de Hacienda ha explicado que el país no tendrá problemas de cumplimiento. Además, se hará un análisis de las perspectivas económicas para el país y una actualización de las proyecciones para las principales variables.

Según el acuerdo, el déficit primario (exceso de gastos, excluidos los intereses, sobre los ingresos del Gobierno) no debe sobrepasar los ¢390.000 millones al cierre de julio y la deuda del Gobierno no debe ser mayor a los ¢26.625.000 millones.

A julio del 2021 el Gobierno Central acumuló un superávit primario (ingresos sobrepasaron los gastos, excluidos los intereses) de ¢100.453 millones (0,26% de la producción) y una deuda de ¢26.384.898 millones.

Donde el país ha tenido dificultades es en la aprobación de los proyectos de ley convenidos.

Según se explica en el comunicado, el programa de políticas en el marco del convenio con el FMI se ancla en tres objetivos: implementar reformas fiscales progresivas para restablecer la sostenibilidad de la deuda mientras se fortalece el gasto en protección social; afianzar la estabilidad monetaria y financiera; e impulsar reformas estructurales para promover un crecimiento mayor, más inclusivo y más verde.

Como parte del acuerdo alcanzado, en la corriente legislativa se encuentran seis proyectos de ley enviados por el Ejecutivo que buscan restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo, y por esa vía también apoyar la recuperación económica.

Dichos proyectos son: el plan de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital , el impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar, el impuesto a inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo, el de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas, el de renta global dual y la iniciativa de Ley Marco de Empleo Público.

Según informó La Nación el lunes pasado el plazo de discusión de dichos proyectos en comisión ha vencido o está por vencer, lo cual implicaría que los diputados tendrían que decidir sobre ellos sin la suficiente discusión.

El 9 de setiembre pasado el Gobierno envió textos sustitutivos a los primeros cuatro proyectos y remitieron propuestas de mociones para el proyecto de renta global dual con el fin de agilizar la discusión; no obstante, los tiempos legislativos podrían dificultar la discusión de las nuevas versiones.

Respecto al plan de empleo público, el 20 de setiembre la Sala Constitucional entregó a la Asamblea Legislativa la redacción completa de la consulta de constitucionalidad sobre la reforma, lo cual permite seguir con la discusión.

Durante la misión, el FMI planea sostener reuniones técnicas con las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como con diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil, la academia y representantes del sector productivo.

Una vez concluida la misión, se estarán comunicando los resultados.

Recaudación de impuestos aumentó 32,5% en primeros ocho meses del año

Fuente: La Nación

La recaudación tributaria muestra un fuerte incremento este año comparado con el mismo periodo del año anterior, muy afectado por la pandemia.

Según la información que publicó este 20 de setiembre, el Ministerio de Hacienda, los ingresos por impuestos aumentaron un 32,5% en los primeros ocho meses de este año, comparados con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos totales subieron un 36,75%.

En la mejora en los ingresos influye “el efecto base”, porque el año pasado con la pandemia los ingresos cayeron, también el pago en marzo del 2021 del periodo fiscal especial de 15 meses y además, porque el 2021 se incorporaron los ingresos de los órganos desconcentrados al presupuesto nacional, así como los frutos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la recuperación en la actividad económica.

Dicho aumento en los ingresos totales combinado con un gasto sin intereses que aumentó un 4,87%, en el mismo periodo, permitió al Gobierno concluir los primeros ocho meses del año con un superávit primario (ingresos totales menos gastos totales excluidos los intereses) equivalente de ¢25.932 millones, 0,07% del PIB. Esto es algo que no sucedía para este periodo desde el año 2008. La proyección para el 2021 es un déficit primario equivalente al 1,1% de la producción.

No obstante, el pago de intereses alcanzó la cifra de ¢1.348.335 millones (3,53% del PIB), el más alto de los últimos 15 años.

Por ello, el Ministerio considera que el ajuste fiscal trazado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los programas de apoyo presupuestario son trascendentales, pues si se logra reducir el monto de intereses, se bajará el déficit financiero.

El déficit financiero (exceso de gastos totales sobre ingresos totales) a agosto 2021, como proporción del PIB, se ubicó en el 3,46%. La proyección para el 2021 es de un faltante financiero equivalente al 6,2% de la producción.

“El propósito de alcanzar un equilibrio de nuestras finanzas públicas ha sido un empeño de la actual administración y debe ser continuado por las siguientes administraciones”, señaló Elian Villegas, ministro de Hacienda.

¿Es sostenible la mejora?

El economista José Luis Arce no es optimista en que la mejora que se nota en las finanzas públicas sea sostenible.

“No hay cambios sustanciales respecto de lo que han mostrado las finanzas gubernamentales meses atrás: una mejora en términos de reducción del déficit financiero y primario, pero debida a factores extraordinarios y no repetibles, especialmente, por el lado de los ingresos, en particular, el periodo fiscal especial de 15 meses en el impuesto de renta, el traslado de superávit de empresas e instituciones públicas al gobierno como medida de emergencia por la pandemia y la recuperación natural de la recaudación de impuestos indirectos asociada con la recuperación de la economía”, opinó el economista.

La contención del gasto, añadió Arce, se sostiene básicamente por voluntad política, no por reformas duraderas en materia de presupuestación lo que las expone a riesgos políticos, en especial, las presiones de grupos de interés y la posibilidad de que posturas muy recortistas de corto plazo terminen en presupuestos incompletos que luego requieran ajustarse con planes extraordinarios.

Para Arce, sin el avance en Asamblea Legislativa de las reformas incluidas en el acuerdo con el FMI, es imposible que se logre continuar con el proceso de ajuste en las finanzas gubernamentales.

Villegas opina que se han logrado estabilizar las finanzas públicas; no obstante, cree que si Costa Rica desea que tal estabilidad sea perdurable en los próximos años, es necesaria la aprobación de las iniciativas presentadas a la Asamblea Legislativa.

Nuevos impuestos asociados a la agenda del FMI con pocas posibilidades de avanzar en campaña

Fuente: La República

A cuatro meses y medio de las elecciones presidenciales, es improbable que se apruebe un nuevo paquete de impuestos – a través de varios proyectos de ley – que pretende el gobierno de Carlos Alvarado.

Y es que diputados de la Unidad, Nueva República y Restauración ya manifestaron su oposición rotunda a nuevos tributos, mientras que en Liberación Nacional el asunto se lo toman con calma para discutir las iniciativas.

“Se les ha ido la mano, ahora quieren cobrar impuestos hasta para las rifas de las escuelas y las que hacen algunas familias en los barrios (…) La Unidad ha señalado en varias ocasiones que no estaremos a favor de ningún nuevo impuesto y así nos mantendremos”, dijo Pablo Heriberto Abarca, jefe de la Unidad.

El legislador rojiazul se refiere a un grupo de propuestas que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de acceder a un crédito por $1.750 millones. El dinero sería vital para ordenar las finanzas públicas y se entregaría por tractos, a medida que se vayan cumpliendo las metas.

Entre los nuevos impuestos se encuentran un 25% de gravámenes para los premios de lotería y otros juegos de azar cuando las ganancias superen los ¢460 mil.

Asimismo, se pretende cobrar renta a los salarios por encima de los ¢700 mil -actualmente solo lo pagan quienes ganan más de ¢840 mil -, y también se cobraría gravámenes a los funcionarios estatales por el salario escolar.

Por otra parte, toda casa o terreno que cueste más de ¢133 millones tendría que pagar impuestos al ser considerado “de lujo”.

“Debemos luchar contra la evasión y no aprobar nuevos impuestos, además de bajar el IVA del 13% al 9% de manera temporal para incentivar el consumo y también renegociar la deuda para disminuir las tasas de interés que hoy pagamos”, dijo Fabricio Alvarado, candidato de Nueva República.

Por su parte, María José Corrales, jefa de Liberación, indicó que el PLN no tiene prisa por discutir estos temas y que los tiempos legislativos se cumplirán.

Proyectos del FMI entrarán de golpe al plenario con mal pronóstico

Fuente: La Nación

Los proyectos de ley del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están a punto de entrar, de golpe, al plenario de la Asamblea Legislativa con un mal pronóstico sobre su futuro.

Llegarán al pleno sin haber sido sometidos a un proceso reposado de cambios y de discusión en las comisiones legislativas de Hacendarios, Jurídicos y Económicos.

Así ocurrirá porque empezaron a expirar los plazos para que estos foros discutan y enmienden los proyectos, a fin de recomendar su aprobación o improbación al plenario.

De hecho, ya venció el plazo para dos de los proyectos: el de reducción de exoneraciones fiscales, así como el de eliminación de plazas vacantes y congelamiento de pensiones de Gobierno durante la crisis fiscal.

Para los otros cinco, el timbre de salida sonará entre la próxima semana y mediados de octubre. El primero en la fila es el del tributo a los premios de lotería, cuyo plazo expira el próximo martes 21 de setiembre.

Luego, siguen aporte de empresas estatales al pago de la deuda pública, impuesto a casas de lujo, renta global y reforma a Ley de Aduanas.

Todos estos proyectos entraron al Congreso en febrero de este año, un mes después de que el Gobierno firmó el acuerdo con el FMI para equilibrar las finanzas públicas.

¿Qué pasa cuando expira el plazo sin que una comisión haya dictaminado? En esos casos, los diputados están obligados a tomar una decisión, aunque no hayan discutido lo suficiente cada proyecto.

Si existen mociones de cambio sin discutir, los congresistas tendrán que votarlas sin leerlas ni discutirlas cuando el proyecto entre en el orden del día de la comisión; solo podrán decir sí o no.

En la sesión siguiente a ese acto, cada diputado podrá usar la palabra por 10 minutos y proceder a votar el expediente. Si no lo hacen en esa sesión, legisladores están obligados a hacerlo en la siguiente, sin discursos ni atrasos.

A ese mecanismo se le conoce como la guillotina legislativa. El artículo 80 del reglamento de la Asamblea Legislativa establece que se aplica una vez cumplido el plazo máximo de 120 días hábiles para que un proyecto pase por una comisión.

Una vez que eso suceda, la agenda del FMI tiene un panorama bastante nublado en el plenario por una razón política: los proyectos entrarán al conocimiento de los 57 diputados sin que hayan sido madurados en comisión y, peor aún, sin que hayan recibido el impulso de alianzas partidarias.

Incluso, los expedientes llegarán al plano sin que se incorporaran los cambios planteados por el Gobierno, a solicitud de Liberación Nacional (PLN), con los que se atenuarían algunos aumentos de impuestos.

En el plenario, los proyectos podrían ser ahogados con centenares de mociones de fondo, según lo permite el artículo 137 del Reglamento. Para ello, existen dos oportunidades.

Esas mociones que se presentan en el plenario, se remiten de nuevo a estudio de la comisión respectiva, que tendría por delante horas de sesiones para el trámite de las propuestas.

Así sucedió, por ejemplo, con el proyecto de Ley Marco de Empleo Público que, si bien se había discutido bastante en la etapa previa al dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración, atravesó extensas horas de discusión de mociones, primero en el seno del órgano legislativo y, posteriormente, en el plenario.

Posteriormente, los diputados podrán reiterar las mociones que sean rechazadas en las comisiones.

Las mociones de fondo no tienen un límite, se pueden presentar cientos, incluso miles. En cuanto a las reiteraciones, el límite es la cantidad de mociones de fondo que hayan sido rechazadas en la comisión. Es decir, no se pueden presentar, entre las reiteraciones, mociones nuevas.
Tic, toc; tic, toc

El plazo reglamentario para que una comisión emita un dictamen es de 60 días hábiles. No obstante, la norma permite ampliar ese plazo, por una sola vez, por un periodo igual: o sea, hasta 120 días hábiles.

Ese periodo se puede ser afectado por varios factores, como feriados, recesos legislativos o días en que un expediente estuvo fuera de la convocatoria del Gobierno.

El 26 de mayo, por ejemplo, se le venció el plazo al proyecto que proponía la eliminación de plazas vacantes en la Comisión de Hacendarios, foro que preside la liberacionista Ana Lucía Delgado.

Recién el jueves pasado 16 de setiembre, se venció el plazo para dictaminar el plan sobre reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas de capital, que plantea eliminar la exención tributaria del salario escolar. Ese texto está en Jurídicos, comisión liderada por Franggi Nicolás.

En el caso del impuesto a los premios de loterías, que también está en Jurídicos, el plazo vence esta semana sin que apenas se hayan realizado audiencias a sectores afectados.

Dos semanas después, le llega la hora al impuesto sobre casas de lujo en el foro de Jurídicos, mientras que el 18 de octubre suena el reloj para dos expedientes: renta global (Hacendarios) y la reforma a la Ley General de Aduanas (Comisión de Económicos, que preside la liberacionista Karine Niño).

El único texto que cuenta con un plazo más holgado es el que plantea un aporte solidario de las utilidades de las empresas públicas a la situación financiera del país, cuyo vencimiento será el 4 de noviembre.

La única manera de que estos proyectos no entren a hacer fila al plenario sería un acuerdo político para no aplicar la guillotina, manteniendo los expedientes suspendidos en el limbo parlamentario.

¿Qué pasará con los textos sustitutivos del Gobierno?

En el panorama aciago que se les presenta a los proyectos del FMI, los borradores de textos sustitutivos presentados por el Gobierno en cuatro de los expedientes podrían no tener mucha cabida, precisamente por los tiempos.

La norma reglamentaria (artículo 80) impide que, cuando a una iniciativa ya se le venció el plazo para dictamen en comisión, se le puedan presentar nuevas mociones de fondo.

La única manera de tramitar un nuevo texto sería, entonces, presentarlo en el plenario dentro de la etapa para gestionar mociones de fondo, lo cual también requiere de ambiente y acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias.

En ese panorama, adicionalmente, aparece la misión enviada por el FMI para evaluar el avance del acuerdo con el Gobierno de Costa Rica, que llegará al país entre finales de setiembre e inicios de octubre.

El veredicto de esa misión será determinante para que el Estado pueda recibir un segundo desembolso del crédito por $1.778 millones, al que accedió bajo la promesa de mejorar sus finanzas públicas con la aprobación de los siete proyectos del acuerdo.

Organizadores de eventos masivos califican como ‘hostigamiento’ el incremento en impuesto a remesas

Fuente: La Nación

La propuesta del Gobierno de aumentar en un 5% el impuesto sobre las remesas molestó a los organizadores de eventos masivos, quienes rechazaron, de manera categórica, la iniciativa y la califican como “hostigamiento”.

Esto surge cuando la industria del espectáculo sigue frenada, debido al distanciamiento social impuesto por la pandemia de la covid-19, que impide la aglomeración de personas. Los shows se suspendieron o cancelaron desde marzo del 2020 y aún no se reactivan.

En un comunicado de prensa conjunto, la Cámara de Promotores de Eventos Masivos (Capema) y la Cámara de Empresas Productoras de Entretenimiento, Eventos y Afines (Caproevent), alzaron la voz al unisono para insistir en que ese incremento golpearía a un sector que actualmente, está prácticamente inactivo.

“Exigimos que el Poder Ejecutivo detenga el hostigamiento y la escandalosa pretensión de seguir aumentando impuestos a nuestra disminuida y agonizante actividad económica, pues con esta acción incomprensible solo traerá́ menor cantidad de espectáculos internacionales al país y un aumento innecesario en el costo del valor del boleto, lo cual perjudicará principalmente al público”, consignaron en el documento.

Esas dos organizaciones se oponen al proyecto de ley 22.369, Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, el cual elevaría de un 15% a un 20% el tributo que se debe de desembolsar sobre los pagos que se realizan a no domiciliados, con ocasión de espectáculos públicos que se presenten en el país.

Esa iniciativa por parte de la agenda acordada por el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Texto sustitutivo

Capema y Caproevent piden a los diputados impedir el avance de esa propuesta, cuyo texto sustitutivo fue presentado este 10 de setiembre y dejó por fuera diversos sectores y servicios contemplados en el texto original, no así a la producción de eventos masivos.

“Exhortamos a las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa a no dar su apoyo a esta nefasta iniciativa.

“Para nadie es un secreto que, producto de la pandemia por la covid-19, el sector más golpeado mundialmente ha sido el de la industria del entretenimiento en vivo”, añadieron en la nota de prensa.

Otra de las molestias externadas por este sector es que llevan casi dos años sin tener actividad alguna y aún no se vislumbra algún visto buen de parte de las autoridades de Salud y Cultura para retomar con cierta normalidad.

“Esto ha generado pérdidas sin precedentes, además de cierres de empresas del sector y reducción de nuestras planillas, siendo que muchos de estos profesionales llevan más de un año sin poder emplearse”, expresaron.

Además, en su documento, sostienen que el continuo aumento de impuestos y tasas, han convertido a Costa Rica en uno de los cinco países con mayor carga impositiva del mundo, en el rubro de espectáculos públicos.

“Lejos de apoyar a la industria, aunque sea de manera simbólica, después de más de año y medio de estar paralizados completamente, resulta que nos amanecen con el aumento de la remesa (...) Básicamente las entradas a los espectáculos van a ser más caras. Necesitamos un equilibrio porque habrá un aumento en los gastos”, explicó Andrés Guanipa, de la empresa Move Concerts.

Guanipa agregó que el aumento de ese 5% no representará una recaudación significativa para el erario público, pero sí un gasto para la industria.

“Costa Rica se ha desarrollado de una manera muy importante en el mundo del entretenimiento en vivo y ha sido gracias a los promotores, a la empresa privada que ha desarrollado venues de altura y al público que asiste a los eventos, nunca gracias a una política pública que haya facilitado que esto pase”, amplió el empresario.

Con él está de acuerdo Juan José Rojas, de la empresa BLieve. “Si bien es cierto la ley no se ha aprobado, nosotros como Capema y Caproevent nos oponemos rotundamente porque la industria tiene 18 meses sin ningún tipo de actividad económica y ahora lo que quieren es aumentar el impuesto. Eso denota claramente un cero apoyo del gobierno a la industria”, afirmó.

“Esto deja ver que somos un sector que no le interesa al gobierno”, agregó.

Según las estimaciones de los productores de eventos masivos, alrededor del 40% del costo de boleto se distribuye entre el impuesto al valor agregado (IVA), impuestos municipales y pago por remesas al artista internacional.

“En Costa Rica fuimos los primeros en tener que suspender y/o cancelar todos los eventos que estaban programados y seremos los últimos en lograr reactivar nuestras operaciones”, agregaron.

El proyecto para reducir beneficios fiscales y ajustar tarifas en rentas de capital tenía la intención original de recaudar ¢210.000 millones anuales, o sea, un 0,58% del producto interno bruto (PIB).

El Gobierno está por verificar cuál sería el verdadero rendimiento de esta y las demás iniciativas pactadas con el FMI.

OCDE y OIT atribuyen alto desempleo en CR a problemas fiscales y estructura del mercado laboral

Fuente: La Nación

La pandemia dejó a Costa Rica no solo con un desempleo históricamente alto, sino también en la cima de la desocupación entre los países de la OCDE y entre los latinoamericanos y del Caribe.

El desempleo en Costa Rica saltó de cerca de un 12% antes de la pandemia a un 18%, en promedio, este año. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el trimestre que terminó en julio del 2021, es que 17 de cada 100 trabajadores en el país buscó empleo en ese periodo y no lo encontró, eso son unas 422.000 personas.

Estos resultados dejan a Costa Rica con el desempleo más alto entre 36 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) según se detalla en el informe Perspectivas de Empleo de la OCDE 2021: Navegando por la Crisis y la Recuperación de la Covid-19.

También el país encabeza la lista de las tasas de desocupación entre 13 países de América Latina y el Caribe en una comparación que realizó la Organización Internacional del Trabajo en una nota técnica difundida el 8 de setiembre.

Según dicha nota en el caso costarricense la producción cayó 4,1% con la pandemia, menos que el promedio de 16 países de América Latina, cuya reducción fue de 6,6%, pero el golpe en el mercado laboral fue relativamente peor.
Cuatro razones

De la opinión de los expertos y de los informes se extraen al menos cuatro razones por las cuales a Costa Rica le fue tan mal en este tema durante la pandemia.

La primera es que la crisis sanitaria llegó al país cuando éste ya tenía un alto desempleo, de cerca de 12%.

“Un elemento importante a considerar es el punto de partida. Antes de la recesión del 2020, la tasa de desempleo en Costa Rica era históricamente elevada. Ello se debía a que el crecimiento económico se había venido ya debilitando, particularmente fuera de las zonas francas”, comentó Alberto González, economista del Departamento de Economía de la OCDE.

El desempleo promedio de este grupo de países antes de la pandemia era de 5,3%. En ese momento Grecia y España superaban la tasa de desempleo de Costa Rica y Turquía tenía una similar.

Desde antes de la pandemia Costa Rica atravesaba problemas fiscales que afectaron la confianza y la producción y que desataron manifestaciones y bloqueos en el 2018, lo que explica, en parte ese alto desempleo inicial.

Otra característica de nuestro país, que comentó el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro, es que Costa Rica tiene muchos trabajadores en sectores de servicios que fueron fuertemente golpeados por las restricciones a la movilidad para afrontar la covid-19 como los de hoteles y restaurantes, transportes y empleo doméstico.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos estos grupos de servidores representan un 17% del total de trabajadores de nuestro país.

Los países que tenían menos trabajadores en servicios y más ligados a la producción de materias primas, por ejemplo, sufrieron menos porque incluso el valor de estos productos aumentó con la crisis.

“Gran parte de la fuerza de trabajo (en Costa Rica) estaba en el sector de servicios, en especial turismo, que ha sido el más golpeado, mientras que sectores exportadores, de productos primarios, de comodities han sido menos golpeados y mantuvieron una producción razonable”, comentó Pinheiro.

Una tercera razón es que la crisis llegó a Costa Rica cuando el país apenas se levantaba de una crisis fiscal y la pandemia misma generó un retroceso al golpear los ingresos por impuestos y demandar mayores gastos en salud.

Con estos problemas fiscales, nuestro país, no tuvo el margen que tuvieron otras naciones para aliviar el golpe en el desempleo.

“Durante la recesión del 2020 muchos países de la OCDE utilizaron mecanismos de protección de empleo a gran escala. Y estas medidas se han prolongado durante 2021. Esto explica que sus tasas de desempleo hayan aumentado menos que en otras recesiones. Estos mecanismos también se utilizaron en Costa Rica durante 2020, pero a mucha menor escala”, explicó González.

  “Durante la recesión del 2020 muchos países de la OCDE utilizaron mecanismos de protección de empleo a gran escala. Y estas medidas se han prolongado durante 2021. Esto explica que sus tasas de desempleo hayan aumentado menos que en otras recesiones. Estos mecanismos también se utilizaron en Costa Rica durante 2020, pero a mucha menor escala”.
  —  Alberto González, economista del Departamento de Economía de la OCDE

Un elemento adicional que explica el alto desempleo relativo de Costa Rica, según indicó González, es que en nuestra nación la participación laboral no cayó tanto como en otros países durante la pandemia.

La tasa de participación laboral muestra el porcentaje de personas que trabajan o quieren hacerlo (todos los participantes en el mercado laboral) respecto a la población en edad de trabajar (15 años y más, según el criterio que se usa en nuestro país).

En Costa Rica dicha tasa pasó de 63% en el primer trimestre del 2020 a cerca de 60% actualmente.

“Durante la recesión del 2020 la caída de la participación fue mucho más acusada en otros países de América Latina que en Costa Rica. La participación cayó un 2,4% en Costa Rica mientras que en México y Chile cayó 6,4% y 8,9% respectivamente. Esto traduce en que hay menos individuos buscando empleo de manera activa y por tanto en tasas de desempleo notablemente inferiores”, explicó González.

Sin embargo, añadió González, esas relativamente bajas tasas de desempleo no significan que no haya retos importantes en esos mercados laborales.

“Por el contrario, la mayoría de países de América Latina comparten con Costa Rica el reto de conseguir una recuperación plena del mercado laboral, que tanto el empleo como la participación recuperen sus niveles anteriores a la recesión, y que la calidad del empleo no se resienta, por ejemplo, con incrementos de la informalidad”, dijo el especialista.

Más de 76 mil sociedades disueltas deben resolver la situación de sus bienes

Fuente: Edición Actualidad Tributaria

El especialista en Derecho Tributario, el MDT Raymundo Volio, alertó a las más de 76 mil sociedades recientemente disueltas por la Dirección General de Tributación (DGT), de actuar con rapidez particularmente si tienen bienes inscritos, pues es un proceso que no se puede deshacer.

“Las sociedades disueltas que tengan bienes registrados, deberán a la brevedad proceder con un proceso de liquidación de dichos bienes, pues el trámite de disolución de la sociedad ya se llevó a cabo. El proceso es complejo, pero necesario para no perder los bienes, siendo necesario involucrar a un experto en derecho tributario y a un notario para la elaboración de las escrituras de traspaso de dichos bienes”, comentó Volio.

La lista fue publicada recientemente y se puede consultar en el Registro Público, que procedió como lo dicta el artículo 7mo de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, que aquellas sociedades con más de tres años de no cancelar este impuesto serían disueltas de oficio. Se les ha dado un plazo de 30 días, el cual ya está corriendo, en caso de haber algún error, sin embargo, no hay notificación individual a los afectados.

Esta es la segunda ocasión en que se realiza un proceso masivo de disolusión de propiedades. La primera vez fue el Registro Público quien procedió con la acción, pero esta vez le ha tocado a la administración tributaria.

El experto recomienda a los apoderados de sociedades revisar su estatus actual y corroborarlo en caso de haber realizado pagos del impuesto y que éstos no se hayan registrado adecuadamente en la DGT.


En el siguiente video puede encontrar el criterio del MDT. Raymundo Volio: Sociedades_Disueltas.mp4


Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

Gobierno desiste de incluir el terreno para definir impuesto a casas de lujo, pero pujará tasa fija

Fuente: El Financiero

El Gobierno de la República propuso nuevos cambios para viabilizar el proyecto de reforma del proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional o de Recreo (22.382). Ahora regresaría al cobro del gravamen a viviendas con un valor de construcción superior a los ¢133 millones —como se maneja actualmente—, pero con una tasa fija de 0,5% anual.

La versión de la propuesta hasta ahora establecía cobrar el impuesto sobre todas aquellas viviendas con un valor superior a los 325 salarios base (¢150 millones), y ya no solo partir sobre el valor de la construcción sino también el terreno.

El plan recibió el rechazo de diversos sectores. Por eso ahora se mantendría, únicamente, el valor de construcción.

Incluir el valor de terreno pudo haber aumentado la cantidad de personas que paguen el impuesto, pues el nuevo cálculo aumentaría las posibilidades de que una vivienda sobrepasara la barrera mínima para convertirse en “casa de lujo”.

Por otra parte, la medida de la tarifa fija del 0,5% duplicará el valor del impuesto para los propietarios con casas valoradas entre ₡133 millones y ₡334 millones, ya que pasarán de pagar un 0,25% a un 0,5% anual del valor de su propiedad.

Actualmente, el gravamen tiene una tarifa escalonada de entre el 0,25% y el 0,5% sobre el valor del inmueble; que no supera el 0,25% hasta los ₡335 millones (en el escalón más bajo de siete).

En una nota publicada por El Financiero, la socia directora de Deloitte, Carla Coghi, indicó que el aumento en la tasa es alto para la mayoría de los contribuyentes, quienes podrían experimentar incrementos de hasta un 100% de sus importes.

Por ejemplo, en el caso de una vivienda cuyo valor actual de construcción y terreno sea de ₡253 millones, citó, pasaría de pagar ₡634.000 anuales a ₡1,27 millones anuales.

Coghi además señaló que, en muchas ocasiones el valor inscrito ante del Registro Nacional es el que se incluyó en hipotecas, y que estos valores tienden a ser superiores al costo real de la infraestructura.

El valor de las casas superior a ₡133 millones no es fijo, sino que se actualiza cada año, usando como referencia la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre.

Si el valor de la construcción supera esa barrera, entonces se le suma el valor del terreno y se calcula el gravamen.

El texto sustitutivo plantea que la Dirección General de Tributación estimaría el valor de la propiedad con base en la información declarada por cada propietario ante la municipalidad para pagar el impuesto de bienes inmuebles.

También, se elimina la doble declaración que sucede actualmente y se incluiría una exoneración temporal sobre las herencias; sin embargo, el Gobierno no brindó mayores detalles sobre la misma.

Un ambiente complejo

El Gobierno de la República presentó oficialmente, el 9 de septiembre las modificaciones que propondrá en la redacción de los proyectos de ley en la agenda de ajuste fiscal convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de darles mayor viabilidad política en el Congreso.

La presentación se realiza después de un proceso de consulta con el FMI, según indicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas; quien afirmó que “se sostuvieron reuniones técnicas y las modificaciones propuestas cumplen con el rendimiento fiscal esperado”.

Las propuestas del Ejecutivo buscan una respuesta favorable en el Congreso para una agenda que representa un tercio del ajuste fiscal convenido con el FMI, como parte del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años que se pactó que con esa entidad.

Los otros dos tercios dependerían de medidas de contención del gasto, como la aplicación estricta de la regla fiscal, algunas medidas ejecutivas vía decreto y la entrada en vigencia de la ley marco de empleo público.

Asimismo, las modificaciones fueron una promesa que realizó el Gobierno a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa, ante los estrechos plazos que quedan para dar dictamen a las mismas en las comisiones de Asuntos Jurídicos, Asuntos Hacendarios y Asuntos Económicos.

La mayoría de las iniciativa deberán ser votadas en estos foros en setiembre y octubre, para decidir si continúan o no su trámite en el Congreso.

Rebaja a marchamo se ‘comería’ equivalente a 13% de los nuevos ingresos de la agenda con FMI

Fuente: La Nación

La rebaja al marchamo que impulsa una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa representaría la eventual reversión de 13% del ajuste fiscal que pretende el Gobierno, por medio de nuevos ingresos, con cinco proyectos incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los cinco proyectos de nuevos ingresos propuestos al organismo aumentarían la recaudación en un 1,12% del producto interno bruto (PIB), siempre y cuando se aprueben todos para su entrada en vigencia en el 2022. Sin embargo, el plan para reducir el marchamo bajaría la recaudación en al menos 0,15% de la producción (unos ¢60.000 millones).

El impacto potencial de la rebaja sobre las finanzas públicas sería incluso mayor si alguna o varias de las iniciativas de nuevos ingresos convenidas con el Fondo se quedan sin aprobar para entrar en vigencia al inicio del 2022.

El proyecto de rebaja pretende reducir el impuesto a la propiedad de vehículos (principal componente del marchamo) para el próximo año. Ello se realizaría en distintas proporciones, según el valor y el tipo de automotor.

La reducción sería de 50% para vehículos livianos con un valor fiscal menor de ¢7 millones, de 25% para aquellos entre los ¢7 millones y ¢10 millones, y de 15% para aquellos entre ¢10 millones y ¢15 millones. No se aplicarían disminuciones a partir de ese monto.

También se haría una rebaja general del 50% para vehículos de carga pesada, buses, maquinaria agrícola y de rent-a-car.

En el caso de las motocicletas con un valor inferior a ¢1 millón, el trato diferenciado que se les aplica es una exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el pago.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró en entrevista con La Nación que una rebaja como la planteada es regresiva y recordó que la mayor parte de la población más pobre del país no posee vehículos. Esto quiere decir, según indicó, que personas con mayor poder adquisitivo dejarán de pagar un impuesto con el que se benefician personas de menores recursos.

También dijo que una caída en los ingresos estatales como el que se estima con esta medida pone al país “en la cuerda floja” para su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entidad que revisará las condiciones fiscales de Costa Rica para decidir si mantiene en curso o no su programa de financiamiento. Esta decisión repercutirá en la confianza de los mercados y, por ende, en indicadores como tasas de interés y tipo de cambio.

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y firmante de la iniciativa, Franggi Nicolás, consideró que el proyecto es “justo” para el usuario, más allá de cualquier impacto fiscal que pueda tener para el Estado.

Dijo que ese impacto se podría compensar con otros proyectos de ley que mejoren la recaudación tributaria, sin precisar si impulsará alguno en específico con mayor ahínco.
Impacto FMI

La rebaja que se impulsa incluso tiene un efecto fiscal negativo del 0,15% del PIB para las arcas estatales. No obstante, estas son las estimaciones más positivas, pues Hacienda considera que podría subir hasta un 0,2% de la producción, por eventuales aumentos en la venta de vehículos ante una mayor actividad económica.

Ese 0,15% del PIB representa incluso un impacto igual o mayor que los aumentos en ingresos que ofrecerían tres de las cinco reformas incluidas en el ajuste fiscal convenido con el Fondo Monetario. El nuevo impuesto a los premios de lotería, la reforma integral al impuesto a las casas de lujo y la contribución de utilidades de las empresas públicas del Estado a la Hacienda pública por cuatro años tendrían efectos muy parecidos o inferiores.

Para esta comparación, además, se utilizaron como referencia las últimas proyecciones brindadas sobre los rendimientos de las iniciativas de la “‘agenda FMI” por el Gobierno de la República. Estas todavía no contemplaban las reducciones en las expectativas de ingreso por algunas propuestas de cambio que realizó el Poder Ejecutivo, el 9 de setiembre pasado, para intentar viabilizar el trámite de los textos en el Congreso.

Medida regresiva

La reducción del marchamo ya se aprobó en 2020 y se aplicó en 2021 en casi los mismos términos que ahora se plantean. No obstante, en aquel entonces Hacienda manifestó que el impacto de la medida se podía suplir con recursos provenientes de una reforma de ley que, inicialmente, se impulsó para el pago de deuda pública a través de superávits institucionales.

En este nuevo caso, no existe una compensación definida.

Las exoneraciones aplicadas en el 2020 significaron un recorte en los ingresos estatales de ¢57.989 millones por rebajas en el marchamo de 1,2 millones de vehículos; así como de ¢2.255 millones por el IVA exonerado a poco más de 200.000 motocicletas.

Según el Ministerio de Hacienda, la medida es totalmente regresiva porque beneficia principalmente a sectores con mayores recursos. “Los hogares más ricos son los que más gastan en vehículos y son los que concentran el pago del marchamo”, puntualizó el ministro Villegas en una carta enviada al Congreso, el 8 de septiembre pasado.

La afirmación de Hacienda se sustenta en datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh de 2018. Esta medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) determinó, con datos a 2018, que cerca del 90% de los gastos en vehículos automóviles del país los realizan hogares en los cuatro deciles de mayores recursos (un 70% de los dos más altos).

La distribución se reparte más en el caso de las motocicletas, pero su participación relativa en el impuesto a la propiedad de vehículos es menor. Este tipo de vehículos son menos en cantidad y pagan tarifas del gravamen de entre ¢700 y ¢15.000, sin contar porcentajes de depreciación.

La diputada Nicolás consideró que la justicia de la medida reside en un aspecto diferente. Afirmó que el uso de los vehículos fue restringido por el estado de emergencia ante la covid-19 y que, por eso, no se debería cobrar el monto regular. “Fue un año igual, lleno de restricciones y a mí me parece una grosería para el usuario pretender cobrarle el marchamo en condiciones iguales”, afirmó.

No obstante, Hacienda rechaza esa interpretación. La cartera sostiene que el gravamen se cobra sobre la tenencia de los vehículos y no sobre el “ruedo”.

Hacienda también rechaza que la medida tenga efectos mayores sobre el consumo y la actividad económica. “La alta concentración en el pago del marchamo en hogares ricos sugiere que una disminución de este impuesto no tendría efectos significativos en el ingreso disponible de los hogares. Por esto, no se espera un aumento en el consumo y, consecuentemente, no habría efectos en crecimiento económico”, redactó el ministro Villegas, a los diputados.
Medida avanza

El proyecto de ley avanza rápidamente en la Asamblea Legislativa. De hecho, el 9 de setiembre pasado se le aprobó una dispensa de trámites para el mismo, una especie de trámite abreviado. Esa decisión contó con el respaldo de 32 congresistas y solo nueve votaron en contra: la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En el momento de la votación, el diputado Pablo Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le bajó el tono a las advertencias de Hacienda. “Que este Congreso no le pueda ayudar a la gente ni un poquito porque ahí hay un drama de que ya se va a arruinar el país es una falacia, que solo se la creen en el PAC y que los diputados de oposición no podemos permitir”, afirmó.

Sin embargo, el ministro Villegas considera que el tema sí puede ser dramático, porque podría llevar a “una situación delicada” respecto al acuerdo con el FMI, según comentó durante la presentación del proyecto de presupuesto nacional para 2022, el 1.° de setiembre pasado.

También recordó en ese momento que cualquier reducción en ingresos se traduce en la necesidad de adquirir más deuda pública o en la imposibilidad de brindar servicios oportunos a las ciudadanía.

Pese al rápido avance del texto en el Congreso, el Gobierno tiene en sus manos la facultad de vetar la iniciativa si lo considera necesario. No obstante, si lo hace, los diputados pueden hacer caso omiso y resellar el texto, si lo aprueban de nuevo con el voto favorable de 38 legisladores.

El cobro del marchamo está pactado, como es costumbre, a partir de noviembre. Hasta entonces se podrán tomar decisiones.

Además de estas rebajas, la iniciativa también incluye descuentos para autobuseros y taxistas sobre los cánones que pagan a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y al Consejo de Transporte Público (CTP).

FB Live: Proyecto de Ley Aprobado de Trabajadores Independientes

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 20 de setiembrea las 3:00 p.m. con el tema:

Proyecto de Ley Aprobado de Trabajadores Independientes, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

¡Le esperamos!

Tras shock del 2020, gobierno proyecta enérgica recuperación en impuestos

Fuente: CR Hoy

Incluso en el escenario más negativo, la recaudación de impuestos este año y el próximo será mayor a la del 2020, luego del shock que ocasionó la pandemia.

De hecho, en el escenario más pesimista, la carga tributaria de 2022 sería superior al promedio de lo que se ha venido recaudando desde 2009, cuando ésta fue en la mayoría de los casos inferior al 13% del Producto Interno Bruto (PIB).

Con base en las proyecciones estimadas por el Ministerio de Hacienda para este año y en su plan de presupuesto para 2022, la Contraloría General de la República corrió un modelo estadístico para establecer cuáles son las probabilidades de recaudación de impuestos para el siguiente año.

El modelo base del cual se parte es la proyección estimada por Hacienda con base en el plan de gastos, el cual señala que la carga tributaria será de un 13,4% del PIB.

Esto representa 0,2 puntos porcentuales menos que lo esperado para este 2021 (13,2% del PIB), pero son datos mucho más optimistas que lo recaudado en 2020 cuando cayó a un 12% del PIB.

Esta estimación toma en cuenta que para el próximo 2022 el Banco Central proyecta un crecimiento de al menos un 3,7% del PIB.

Sin embargo, según la Contraloría si continúa la aparición de nuevas variantes del COVID-19 y son necesarias nuevas medidas de confinamiento, o bien se desacelera el proceso de vacunación, ese crecimiento podría no alcanzarse, lo que involucraría una menor recaudación tributaria.

En este escenario pesimista, la recaudación sería de un 13% del PIB. Más bajo que lo proyectado por Hacienda, pero mucho mejor que el 12% del 2020.

Pero si el panorama económico resulta mejor a lo estimado, gracias a que se acelere el proceso de vacunación, se estimule el consumo y la inversión, a la vez que crece la confianza de los agentes económicos, al carga tributaria pasaría al 14,2%.

De acuerdo con la Contraloría, la eventual aprobación de reformas legales por parte de la Asamblea Legislativa, o administrativas en materia de alícuotas y escalas, así como sobre exenciones o moratorias podrían afectar la recaudación efectiva de 2022.

En ese sentido señalaron que existen varios proyectos de ley que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que buscan aumentar la recaudación. También hay algunos con efecto negativo como el de la reducción sobre el marchamo, el IVA al sector turismo y del impuesto a los combustibles.

Aún sin tener en cuenta estas reformas, el aumento general de la recaudación tributaria sería de un 4,5% para 2022, lo que significa que sería todavía mayor al crecimiento proyectado de la economía ( 3,7%).

Los principales incrementos se producirían en renta y en IVA (5,1% y 4,5%), los cuales son a su vez los más importantes en cuanto a montos.

 

La Contraloría señala que para que estas proyecciones se cumplan es fundamental la materialización de los rendimientos esperados derivados de la Ley N° 9635 sin distorsiones y la recuperación en la carga del resto de ingresos del presupuesto.

Esto en momentos en que el gobierno más bien propone flexibilizar la regla fiscal contenida en esa ley, para favorecer instituciones como el Consejo Nacional de Producción, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y el Ministerio de Educación, entre otras.

OCDE advierte sobre excesiva dependencia de Costa Rica de cargas sociales

Fuente: La Nación

La estructura tributaria del Estado costarricense depende excesivamente de las contribuciones de la seguridad social, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Estas representan una tercera parte de sus ingresos totales, por lo que la OCDE sugiere buscar un equilibrio mejorando la combinación de los impuestos existentes, al tiempo que se aumenten los ingresos ampliando la base de contribuyentes.

“Hay lugar para mejorar la combinación de impuestos, ya que la estructura tributaria actual depende excesivamente de las contribuciones a la seguridad social”, sugirió el organismo en su informe económico sobre Costa Rica del año 2020.

Del total de ingresos percibidos por el Estado de Costa Rica en 2019, el 66% corresponde a impuestos y el 34% a cargas sociales, lo que incluye aportes de patronos y asalariados, reza el estudio.

Si los porcentajes en la recaudación se traducen a montos nominales, usando datos del 2019, las contribuciones sociales equivalen a ¢3 billones de los ¢8,8 billones recaudados.

De acuerdo con la OCDE, el peso de las contribuciones sociales en Costa Rica está por encima del promedio de los países de América Latina y el Caribe (ALC) y, de la propia OCDE.

Entre los países de la Organización, las cargas representan un 26% de los ingresos y en los de América Latina y el Caribe, un 17%, la mitad del caso costarricense.

En Costa Rica, las cargas sociales exigen a patronos y asalariados pagar un monto equivalente al 37% por cada salario. El 26,5% lo paga el patrono y 10,5% el trabajador.

Un señalamiento recurrente

Desde informes anteriores, la OCDE ha recomendado mejorar la combinación de los impuestos existentes y ampliar la base de contribuyentes para mejorar los ingresos estatales.

La OCDE sugirió desde al 2017 reducir las cotizaciones de los patronos y que el faltante se asuma vía impuestos generales.

La medida, dice, incentivaría la formalización, pues en la actualidad la informalidad ronda el 44% del empleo.

“El sistema de impuestos sobre el trabajo de Costa Rica dificulta significativamente la participación en el mercado de trabajo formal, especialmente para trabajadores poco calificados y jóvenes”, señaló en aquella oportunidad.

Para ese año, la tasa impositiva de la nómina de seguro social total era del 36,5%, muy por encima del promedio de 27,2% de la OCDE.

“Las cargas patronales son especialmente altas haciendo que los costos laborales no salariales en Costa Rica sean más altos que la mayoría de los países de la OCDE y casi nueve puntos porcentuales por encima del promedio de la OCDE”, dijo en esa oportunidad.

En el 2017, el aporte patronal era del 26,33%. Luego este subió al 26,5% sobre el salario del trabajador y, en total, la tasa impositiva alcanzó el 37% con el incremento a la contribución de los trabajadores.

“Una tasa tan alta hace subir el costo del empleo formal, haciendo más atractivo contratar o trabajar informalmente.

“A diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países de la OCDE, una de las razones de las altas cargas sociales es que Costa Rica las utiliza como impuestos a la nómina (es decir, impuestos pagados por patronos que no dan derecho a prestaciones sociales).

“Más de un tercio de las contribuciones patronales se destinan a financiar programas no contributivos de lucha contra la pobreza, capacitación e incluso la capitalización de un banco público, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC)”, dijo en ese año el organismo.

De no resultar factible la reducción de la contribución patronal en el corto plazo, la OCDE recomendó reducir las contribuciones para los trabajadores poco calificados, entre otras medidas.

En el informe económico sobre Costa Rica del año 2020, el año del inicio de la pandemia, la Organización volvió a insistir en lo elevado que resultan para los patronos las cargas sociales.

“Son relativamente altas, lo cual desalienta la formalidad”, reiteró.

Así como lo hizo en el 2017, el año pasado volvió a recomendar el traslado de la carga impositiva por aseguramiento, con la salvedad de que en esta oportunidad fue más específica.

Apuntó que la reducción podría ser compensada con un ajuste al impuesto a la propiedad.

“Costa Rica recauda relativamente pocos ingresos de los impuestos a la propiedad. Trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”, indicó.

Como ejemplo puso a Colombia donde la actualización y mejora del catastro podrían dar un rendimiento adicional del 0,3% del PIB.

“Establecer diferentes tasas de impuestos a la propiedad puede ser útil para garantizar la progresividad, como lo demuestran varios países de la OCDE como Irlanda. Estos cambios fiscales ayudarían a aumentar los ingresos de manera eficiente y progresiva, lo que podría ayudar a cerrar el desequilibrio fiscal”, aconsejó.
Informe adicional

Un estudio del Banco Central de Costa Rica (BCCR) reveló que al reducir las cargas patronales a la mitad aumentaría el empleo formal de un 56% a casi un 68%, haría crecer la economía y reduciría el desempleo.

Más de 260.000 personas pasarían de trabajar desprotegidas a cotizar para una futura pensión y a tener seguro de salud, pero el aumento de cotizantes y el crecimiento económico no alcanzarían para cubrir el faltante en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y demás instituciones.

En ese escenario el Banco Central estimó que el Gobierno tendría que aportar ¢536.000 millones anuales, equivalentes a un 1,45% del producto interno bruto (PIB) para asumir la diferencia y darle sostenibilidad al sistema.

Si las cargas patronales bajan en un 25%, el empleo formal subiría de un 56% a un 61,4%, lo que equivale a 120.000 personas más con seguro de salud y cotizando para una pensión.

Con este nivel se crearían unos 23.000 empleos nuevos, pero el Gobierno tendría que aportar ¢240.000 millones en transferencias, equivalentes al 0,63% de la producción.

Intl’ El Salvador exonerará de impuestos las ganancias por el alza del bitcóin

Fuente: La Nación

El Salvador exonerará de impuestos a las ganancias de capital por las alzas en el precio del bitcóin para atraer inversiones extranjeras en esta criptomoneda de curso legal en el país, aseguró un funcionario del gobierno.

El martes 7 de setiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en instaurar el bitcóin como una moneda de curso legal a la par del dólar, divisa que rige la economía de esa nación hace 20 años.

“Si una persona tiene bitcóin como activo y tiene alta ganancia, no va a haber ningún impuesto. Esto es obviamente para incentivar las inversiones extranjeras”, dijo el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, durante una entrevista con la AFP tras el lanzamiento del programa.

“No se paga ni ganancia de capital, ni renta, ni ningún impuesto. Ese es un atractivo que ha llamado muchísimo la atención”, explicó.

El arranque de este plan del presidente Nayib Bukele tuvo algunas dificultades, como una caída en el sistema de la billetera electrónica estatal “Chivo” debido a la alta demanda. Pero las dificultades técnicas se han ido resolviendo paulatinamente.

A la Chivo Wallet solo pueden acceder ciudadanos salvadoreños, que reciben un bono equivalente a $30 en bitcóins para empezar a operar.

El gobierno instaló 200 cajeros Chivo para recargar la billetera electrónica o para hacer retiros en dólares de los bitcoines que reciban de transferencias, depósitos del exterior o ventas de sus comercios.
Alarmas

La apertura de El Salvador al bitcóin encendió las alarmas sobre su posible uso para el blanqueo de capitales en este criptoactivo que opera muchas veces bajo mantos de confidencialidad.

“La Chivo Wallet ya trae mecanismos para hacer debida diligencia. Obviamente, lo importante de ello es la trazabilidad del dinero, la trazabilidad del origen y la trazabilidad de la salida de los fondos. Eso ya está regulado para el sector privado y hay una serie de condiciones que se deben de cumplir como se cumplen hoy con el dólar”, dijo Argueta.

“Estamos cumpliendo una serie de recomendaciones de instituciones internacionales contra el lavado, principalmente la debida diligencia a través del Banco Central de Reserva”, agregó.

Cuando surgió, en el 2009, el bitcóin solo costaba centavos de dólar, pero el año pasado llegó a valer $62.000. El día del lanzamiento del plan de Bukele, esta criptomoneda superaba los $52.000, luego cayó a unos $47.000.

Argueta indicó que si el precio del bitcóin cae mucho, existe una normativa del BCR para detener temporalmente las operaciones y minimizar el impacto de la alta volatilidad.

En el caso de personas naturales o jurídicas, como es opcional tenerlo, el privado asume el riesgo y asume si quiere el bitcóin como activo.

Sobre las reservas estatales, el BCR también ha establecido una normativa técnica para tener un respaldo en dólares ante cualquier eventual pérdida.

Con el 70% de su población sin bancarizar, El Salvador busca que la totalidad de sus habitantes “tengan los medios necesarios para poder usar bitcóin”.

Argueta aclara que la tenencia de esta criptomoneda no es obligatoria, aunque los comercios sí deberán tener el mecanismo para aceptar la operación.

“Acepto la transacción, no tengo la posibilidad de decir no a la transacción, pero cuando se unen los teléfonos, cuando se une la transacción, siempre a mí me va a aparecer en la Chivo Wallet o en otras wallet que van a ser reguladas, a mí me va a aparecer si quiero bitcóin o si quiero dólares”, sostuvo.

Reiteró, además, que los salarios y pensiones se pagan en dólares.

Las remesas de la diáspora salvadoreña –unos 2,5 millones de ciudadanos viven en Estados Unidos– representan el 22% del PIB del país. Argueta aseguró que, sin cobros de comisiones en la Chivo Wallet, el envío de dinero será mayor. Los salvadoreños en el extranjero también tendrán acceso a la aplicación.

“Nuestros hermanos en el exterior que mandan remesas a las familias, pagan alrededor de $400 millones o $450 millones en comisiones a las diferentes instituciones que hacen esas transferencias o a los llamados ‘encomenderos’, que traen el dinero físicamente en vuelos, dijo.

“Esos $450 millones que se cobra en comisiones hoy, nuestros hermanos en el exterior van a mandar a su familia”, estimulando la economía del país, aseguró.

¡Qué no se le pase! Quedan dos semanas para hacer pago parcial de renta

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El próximo jueves 30 de setiembre vence el siguiente plazo para realizar el pago parcial de renta por lo que quedan alrededor de dos semanas para hacer la declaración y realizar los trámites.

Según el Ministerio de Hacienda existe la opción de realizar el pago a través de la plataforma ATV de la entidad, a través de un débito directo, o bien mediante la conectividad con los bancos.

Los pagos parciales son adelantos obligatorios del Impuesto sobre las Utilidades, según lo establece el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con la aplicación de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a partir de este 2021, los pagos de este impuesto se establecen en periodos de un año corrido (enero a diciembre), con lo cual algunas fechas del pago parcial variaron.

  • El primer pago parcial se debe hacer seis meses después de iniciar el período fiscal (último día hábil del mes de junio).
  • El segundo pago parcial nueve meses después de iniciar el período fiscal (último día hábil del mes de setiembre).
  • El tercer pago parcial, 12 meses después de iniciar el período fiscal (último día hábil del mes de diciembre).

 

 

Fitch destaca ‘punto de inflexión’ en el prolongado deterioro fiscal de Costa Rica

Fuente: La Nación

La agencia calificadora Fitch Ratings resaltó este jueves 9 de setiembre el esfuerzo de Costa Rica de avanzar en el proceso de consolidación de las finanzas del Gobierno, expresado en el Presupuesto Nacional 2022.

Fitch además destacó que el proceso de deterioro fiscal observado durante la última década podría estar alcanzando un punto de inflexión, como consecuencia de un fuerte resultado financiero a julio pasado, la aprobación de la facilidad crediticia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de las medidas de consolidación presentes en dicho presupuesto.

La calificadora resaltó que el plan de gastos presentado el pasado 1. ° de setiembre al Congreso, apunta a un déficit fiscal del 5% del producto interno bruto (PIB) y un superávit primario de 0,1% de la producción, es decir, una mejora de 1,3 puntos porcentuales en comparación con el resultado fiscal proyectado por el Gobierno para el 2021.

Además, la clasificadora destacó que se mantiene el proceso de contención del gasto gubernamental.

Sin embargo, estos esfuerzos de consolidación aún están en peligro por un estancamiento político, una alta carga de intereses y el aumento de casos de coronavirus, que se reflejan en la Perspectiva Negativa de la calificación “B” de Costa Rica, expresó Fitch, en un comunicado.

“El marco fiscal a mediano plazo, presentado junto con el paquete presupuestario, mantiene la ambiciosa ruta de consolidación de cinco años existente, con el objetivo de lograr un superávit primario del 2,6% del PIB para el 2026, una mejora de seis puntos desde 2020 y 5,3 puntos porcentuales en relación con el 2019”, señaló la Fitch en el reporte.

La agencia estadounidense destacó que el avance de las próximas medidas, como la aprobación de leyes, implicará el respaldo del próximo Gobierno y el congreso electo en el 2022.

Fitch agregó que las mejoras expresadas en el presupuesto del próximo año se basan, principalmente, en medidas de gasto, el cumplimiento de la regla fiscal y un decreto ejecutivo que limita el crecimiento del gasto corriente del Gobierno.

“El presupuesto también asume que se promulgarán medidas basadas en los ingresos, como eliminar algunas exenciones de impuestos sobre un beneficio de empleo público y premios de lotería”, se explica en el comunicado.

Estas medidas, así como el proyecto de ley de empleo público, dependerán de la aprobación de los diputados en la Asamblea Legislativa.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, consideró el comunicado de la calificadora como un cambio de criterio que visibiliza el esfuerzo del país en la contención del gasto, gestión de la deuda e impulso de reformas legales.

“Es necesario sentir que vamos saliendo un poco de la situación, pero con base en la evidencia de buenos resultado. Permanece un problema que es importante arreglar y para el cual hay una hoja de ruta establecida”, destacó el jerarca.

La agencia anticipó que la deuda del Gobierno se estabilizaría en los próximos cinco años, por debajo del 70% de la producción, si el país no se desvía del cumplimiento de la regla fiscal y los compromisos pactados con el FMI.

“Las proyecciones presupuestarias para 2022 son consistentes con la consolidación fiscal anticipada en el acuerdo con el FMI, que prevé un superávit primario superior al 2% del PIB para 2025”, se afirmó en el comunicado.

La calificadora consideró importante para el Gobierno cumplir con los acuerdos con el Fondo dado que los desembolsos del organismo multinacional son relevantes para reducir la presión del costo de la deuda.

El programa de Facilidad de Fondo Extendida (EFF) con el FMI brinda a Costa Rica un financiamiento por $1.800 millones aproximadamente, en tres años.

El primer desembolso de $296 millones ocurrió en julio anterior, después de que el Congreso costarricense aprobara dicho préstamo.

Sin embargo, hay pendientes cinco desembolsos más que dependerán del cumplimiento de metas en reformas legales, como la aprobación del proyecto de renta global.

  Se empieza a generar un cambio de criterio en las calificadoras que ven el esfuerzo del país en la contención del gasto y gestión de la deuda”.
  —  Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Villegas destacó que contar con los recursos del Fondo es de gran ayuda porque evitan distorsionar el mercado interno.

“El acuerdo con el Fondo, en esencia, nos pide ser responsables fiscalmente. Es aplicar las políticas definidas en la ley (reforma fiscal del 2018), como la regla fiscal, y agregar recursos que provienen de eliminar exoneraciones e incrementar tarifas de impuestos“, afirmó el Ministro.

En el comunicado de la agencia se destaca que los mejores resultados fiscales de este año brindan un alivio a la sostenibilidad de la deuda y permitieron al Ministerio de Hacienda reducir los rendimientos de los bonos de deuda interna en más de 260 puntos básicos, este año.

A julio anterior, el Gobierno cumplió dos metas cuantitativas acordadas con el Fondo. Hubo superávit primario y la deuda creció menos de los esperado.

Riesgos latentes

Fitch informó, en su comunicado, de que la recuperación de la economía costarricense está en marcha, después de la contracción del 4,1% de la producción en el 2020.

Para este año prevé un crecimiento del 3,7% del PIB. Sin embargo, hay varios riesgos en el horizonte, en el corto y mediano plazos.

Por ejemplo, se menciona que los casos de covid-19 vuelven a incrementar en el país, pese al avance de la campaña de vacunación.

Esta situación podría implicar la vuelta a las restricciones de movilidad y afectar la recuperación de la economía del país.

Aunque, la mayor incertidumbre para los próximos años será en el ámbito político, pues de las elecciones presidenciales del próximo año dependerán el apoyo a las iniciativas de consolidación fiscal pendientes.

“La implementación de las medidas de consolidación necesarias para cumplir estos objetivos (del FMI) dependerá, principalmente, de la próxima administración. Las elecciones presidenciales y del Congreso están programadas para febrero de 2022 y el resultado es incierto”, subrayó Fitch.

Villegas dijo que, en mayo del 2022, quienes asuman el gobierno deben mantener la responsabilidad fiscal establecida en el acuerdo con el Fondo para beneficio del país.

“Si nos tomamos la medicina amarga por tres años, vamos a salir de esta situación de una manera permanente. Pero si empezamos a echarle azúcar a la medicina, vamos a terminar sin resfriado pero con diabetes. Hay que tener cuidado”, afirmó el jerarca de Hacienda.

Otro elemento adverso puntualizado por Fitch es el estancamiento de la actual Asamblea Legislativa para lograr aprobar proyectos para revertir el deterioro fiscal, máximo con el historial del país de no aprobar o retrasar medidas fiscales.

A partir de octubre, es más probable que las tensiones políticas se eleven a raíz del comienzo de la campaña política, señaló la calificadora.

Diputados aprueban moción de trámite rápido para votar proyecto que rebaja el marchamo 2022

Fuente: El Mundo CR

La tarde de este jueves los diputados aprobaron una moción para dispensar de todo trámite el proyecto de rebajo del marchamo.

La moción, presentada por Nueva República, facilita la votación del expediente 22.519 la próxima semana.

«Le daremos un salvavidas a miles de costarricenses en estos tiempos tan difíciles y a la vez vamos a darle un empujón a la economía, porque habrá más plata en la calle, más compras, más ventas y más dinamismo», comentó Jonathan Prendas, jefe de Nueva República.

Por su parte la diputada liberacionista, Franggi Nicolás, propulsora del proyecto, señaló que «celebro que hoy la mayoría de fracciones, a excepción de PAC, apoyaran darle este trámite rápido».

«Los costarricenses hoy más que nunca merecen un alivio en sus bolsillos, el rebajo del marchamo de este año es una medida justa, que seguiré impulsado para que sea una realidad», sostuvo la legisladora.

El diputado Dragos Dolanescu, quien presentó el proyecto junto a Nicolás, manifestó que «con esto aceleramos el proceso de aprobar un marchamo más barato para aliviarle la carga a muchas familias que aguantan el embate de esta crisis económica que vive el país».

La propuesta permitirá una reducción del marchamo a los vehículos cuyo valor sea menor a los 15 millones de colones.

La ley establecerá tramos o grupos de beneficiarios según el valor del carro para que así sea un efecto progresivo.

La moción fue aprobada con 32 votos a favor y 9 votos en contra.

Agricultores consideran urgente rebajar impuesto a combustibles

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) hizo un llamado al gobierno para que de manera “urgente” se analice un mecanismo que permita reducir el monto del impuesto único a los combustibles.

Según el sector, los incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel este año los tiene al borde, con incrementos que superan el 30% en los costos.

“Es necesario que se analice el impacto que tienen los precios de los combustibles en los costos para los productores. Necesitamos un compromiso real del Gobierno en cuanto a la revisión del impuesto único de los combustibles, estos aumentos constantes tienen en jaque la productividad del sector agroindustrial que ya no puede seguir asumiendo estos costos tan elevados. La petición es clara, urge una rebaja real en los precios de los combustibles”, dijo Francisco Muñoz, Presidente de la CNAA.

Los precios de los hidrocarburos han venido creciendo de manera constante durante todo el año, empujados por el incremento en los precios internacionales.

Sin embargo, una parte importante del precio final lo compone el impuesto único. Según datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), en Costa Rica, el precio de venta del diésel, que es el combustible más utilizado por el sector agropecuario, durante los últimos dos años, es en promedio un 23% más alto que en resto de los países centroamericanos de acuerdo con la Cámara.

“Los aumentos constantes en los precios de los combustibles que deben pagar los costarricenses, están afectando directamente la producción de alimentos, es por esta razón que la CNAA exhorta al Gobierno a revisar a profundidad el impuesto único de los combustibles, que va incluido en el precio final al consumidor. La Cámara considera que, para lograr la reactivación económica del país, el Gobierno debe poner de su parte, comprometiéndose en rebajar el precio de los hidrocarburos”, afirmaron.

 

Registro inicia publicación de listado de sociedades que serán disueltas por no pagar impuesto

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Registro Nacional empezó a publicar esta semana en el diario oficial La Gaceta, la lista de las 76.819 sociedades que serán disueltas en los próximos meses, por no pagar el impuesto a las personas jurídicas durante tres periodos fiscales consecutivos o más.

El impuesto a las personas jurídicas se paga una vez al año, el plazo para cancelarlo sin recargo vence el 31 de enero y esta obligación deben cumplirla las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las casas extranjeras, las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada, en comandita o colectivas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, cuya numeración inicia con 3-012, 3-101, 3-102, 3-103, 3-104, 3-105.

Esta medida se ejecuta en cumplimiento al artículo 7 de la Ley N° 9428 “Impuesto a las personas jurídicas” e incluye a todas las personas indicadas en la certificación DGT-DR-CER-001-2021 que emitió la Dirección General de Tributación el 15 de abril 2021.  Esa certificación incorpora información correspondiente a los periodos 2017,2018,2019,2020 y 2021.

Conforme lo estipulado en el artículo 207 del Código de Comercio, dentro de los treinta días hábiles, los interesados que así lo deseen podrán presentar las consideraciones del caso ante la Dirección General de Tributación, mediante el correo electrónico direccionrecauda@hacienda.go.cr .

Fabricio Alvarado promete bloquear impuestos a zonas franca

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- El candidato presidencial del PartidoNueva República, Fabricio Alvarado,  prometió a los empresarios bloquear cualquier proyecto de ley que pretenda crear impuestos sobre las zonas francas.

Alvarado adquirió el compromiso durante una reunión que tuvo este martes con empresarios de zonas francas agrupados en la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras).

El aspirante presidencial, además afirmó que frenará cualquier proyecto que pretenda cambiar las condiciones que el país le ofrece a las empresas transnacionales para que se instalen en las zonas francas, el régimen con mayor productividad del país y el que genera los empleos mejor pagados.

El candidato de Nueva República no habló de ninguna propuesta concreta, pero afirmó a los empresarios que también trabajará por reducir los costos de insumos básicos para la producción, como la electricidad.

Y citó el ejemplo de Estados Unidos, y México, que tienen mejores precios de electricidad para el sector industrial que Costa Rica; mientras en esas naciones, según el abanderado presidencial, el kWh tiene un precio de $6,9 y de $8, respectivamente, en Costa Rica el valor del kWh es de $16,3.

En el 2019, según datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) las zonas francas aportaron $585 millones a la seguridad social, además les compraron insumos por $2.323 millones a las pequeñas y medianas empresas costarricenses.

En ese mismo año, de acuerdo con la fuente, las firmas instaladas en zonas francas pagaron más de $2.000 millones en salarios; el régimen generó entre 2013 y el 2019 el 33% del total del empleo formal en el país.

Según estimaciones de Cinde, por cada $1 que el país exonera en impuestos a las empresas de zonas francas, recibe un retorno de $2,5.

 

Altas cargas sociales e impuestos frenan creación de nuevos empleos

Fuente: La República

Si usted es una de las personas que anda en busca de empleo y no ha podido ser contratado pese a los múltiples intentos e incontables aplicaciones en línea, es probable que parte de su problema se explique por el elevado costo de las cargas sociales que pagan las empresas a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Y es que Costa Rica no solo destaca entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por ser el que tiene el mayor índice de desempleo -triplicando el promedio para los integrantes de esa organización -, sino que también obliga a los empresarios a asumir responsabilidades sociales y tributarias, muy por encima de la media.

A diferencia de las empresas en zonas francas que tienen regularmente puestos de trabajo por llenar, según Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, las empresas fueran de ese régimen viven un panorama totalmente distinto.

Una alta carga impositiva reduce los recursos disponibles de las empresas para inversión futura como capital físico y la capacidad de expansión contratando más personal; es decir, el dinero que podría ir destinado a generación de empleo, se destina a impuestos y otras cargas sociales.

Nuestro país es el que tiene la carga efectiva de impuestos más alta entre los miembros de la OCDE, superando en más de cinco puntos a los ‘seguidores’ más cercanos, como lo es Chile.

Este término de “carga efectiva” se refiere a la cantidad real de impuestos que termina pagando una corporación como porcentaje de la renta o ganancia.

Es decir, en el caso de Costa Rica, la tasa oficial es del 30%, pero las empresas acaban pagando aproximadamente un 43,3% de carga impositiva, según las cifras que maneja el portal de la OCDE al 2020.

“El problema que tenemos en las cargas fiscales, es alto grado de informalidad del país, donde hay personas ocupadas que no cotizan, limitando la posibilidad reducir esas cargas y mantener la sostenibilidad”, agregó Morales.

Asimismo, el panorama que se aproxima tampoco es alentador, puesto que, en el proyecto de renta global dual de la agenda con el FMI a las empresas al sexto año se les cobraría un 15% adicional sobre los dividendos, aunque no los haya distribuido, haciendo que estas acaben con una carga fiscal efectiva superior.

Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a entender que la pesada carga fiscal, cada vez mayor, está aniquilando cualquier iniciativa que pretenda crear empleo y prosperidad en el país? El frío no está en las cobijas. Debe ponerse un alto a este tipo de medidas empobrecedoras”, se refirió Natalia Díaz, presidenta Partido Unidos Podemos sobre ese apartado del proyecto.


Denuncian que Hacienda excluye de cobro de impuestos a algunos productos de tabaco

Fuente: CRC 89.1 Radio

La Red Nacional Antitabaco (RENATA) denunció ante la Contraloría General y ante la Defensoría de los Habitantes para que se investigue por qué no se han estado cobrando todos los impuestos de la Ley 9028 y su reglamento a productos de tabaco que son utilizados por dispositivos electrónicos.

Según Renata, desde el año 2012 rige la Ley y su reglamento, a partir de los cuales se comenzó a cobrar el tributo correspondiente a cigarrillos tradicionales. El tributo debió cobrarse también a todos los productos de tabaco que han ido apareciendo con los años.

Teresita Arrieta, de la Red Antitabaco, dijo que están preocupados de que este tipo de consumo no esté siendo tasado como corresponde.

La entidad solicita que se investigue por qué hay varios rubros en el sistema de Hacienda que son productos de tabaco y que están listados en el Ministerio de Salud como tales, pero que en la administración tributaria no los consideran productos de tabaco en cuanto al cobro de impuestos.

La presidente de Renata, Nydia Amador, dijo que también urge la entrada en vigencia del proyecto que regula los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud, Costa Rica recaudó impuestos al tabaco en 2020 por 27 mil millones de colones y la atención de enfermedades asociadas al consumo de productos de tabaco fue de 300 mil millones de colones.

Hacienda pide a diputados aprobar impuesto de renta global

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -El ministro de Hacienda, Elian Villegas, pidió a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley que busca crear el impuesto de renta global dual.

Así lo solicitó el jerarca en una audiencia en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso en la que también participó el director general de Tributación, Carlos Vargas, para referirse a la iniciativa que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.393- propone el establecimiento del impuesto sobre la renta a las personas físicas como un tributo de carácter personal y directo. Este se ajustaría a los principios de igualdad, generalidad, progresividad y no confiscatoriedad, según el texto.

De acuerdo con el proyecto, se fijaría un mínimo no imponible de ¢8.200.000 y se mantendría exento del impuesto a poco más del 70% de los asalariados del país.

El objetivo del impuesto es gravar la totalidad de las rentas, ganancias y pérdidas patrimoniales.

Las autoridades de Hacienda defendieron la iniciativa y reiteraron que es progresiva, ya que pretende unificar las rentas.

Según Vargas, el impuesto recaería principalmente en las personas de mayores ingresos económicos.

El texto indica que quedarían exentas del impuesto las rentas y las ganancias de capital obtenidas por el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), así como las rentas y las ganancias de capital obtenidas por los regímenes de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Además, las rentas y ganancias de capital obtenidas por los fondos de pensión y planes de beneficio y por el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Hacienda insistió en la aprobación del proyecto de ley, a pesar de las objeciones planteadas por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

 

Carlos Alvarado reprocha al Ministerio de Hacienda cierre de la sede del PUSC

Fuente: La República

El cierre de la sede del PUSC por parte del Ministerio de Hacienda, fue calificado como “un error” y “una barbaridad” por el mandatario Carlos Alvarado.

Me parece un error y una barbaridad, porque si hay algo sagrado en Costa Rica es la democracia y aunque el bloque de legalidad estuviera en el actuar, no se puede obviar que hay un contexto de elecciones y en Costa Rica las elecciones son sagradas”, dijo el presidente esta semana.

Una deuda originada en 2016, hizo a la Dirección General de Tributación cerrar la sede de la Unidad el pasado viernes.

Esto, sin importar que dos días después, el partido iba a seleccionar a sus candidatos a diputados.

La acción de Hacienda fue cuestionada severamente por los personeros del PUSC, así como por integrantes de otros partidos, quienes calificaron el acto, como una afrenta a la democracia. Pese al retraso, este domingo la Unidad realizó sus asambleas y pudo designar a los candidatos de varias provincias.

Cuotas de préstamos se encarecen por aumento en “siniestralidad” de seguro por desempleo

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Si usted tiene un crédito por el cual le cobran un seguro de desempleo es posible que ya haya recibido una notificación de que la cuota aumentará a partir de este mes. Si no ha recibido la notificación es posible que la reciba pronto.

La razón obedece a una mayor “siniestralidad”; es decir, el aumento en los casos de desempleo en el último año ha hecho que el costo del seguro aumente y por eso el Instituto Nacional de Seguros (INS) está trasladando ese costo a las pólizas.

Así lo confirmó la entidad ante consulta de CRHoy.com, al dar a conocer los datos sobre la cantidad de casos que se han venido produciendo. Por ejemplo en 2018 el promedio osciló entre 2.900 y 3.200 casos por mes, para 2019 osciló entre 3.100 y 3.500 y para el año pasado osciló entre 3.200 y 4.500 casos.


El desempleo llegó el año pasado a un máximo histórico del 24%. Según la última medición, a julio pasado se había reducido a un 17,4%.

De acuerdo con el INS, pese a  la elevada siniestralidad que ha representado el aumento del desempleo en el país, realizaron un análisis de causalidad con el fin de optimizar los costos de estos productos y que el impacto en el asegurado sea el menor posible.

“Estos análisis incluyen varios elementos técnicos y actuariales, que corresponden a la operativa propia de todos los seguros. En el caso del seguro colectivo de protección crediticia por desempleo, el porcentaje de incremento varía según el comportamiento siniestral de cada cliente y se aplica a partir de las renovaciones de mayo 2021″, dijo la entidad.

A nivel bancario entidades como el BAC señalan que el incremento será de alrededor de un 20% en la cuota del seguro o de $5, esto por concepto de que la tarifa por el seguro pasará de un 3,8%a un 4,5%, más el impuesto al valor agregado (IVA).

El seguro de Protección Crediticia por Desempleo del INS es un seguro colectivo dirigido a personas asalariadas, residentes en Costa Rica, que cuenten con un préstamo en una entidad financiera.

La cobertura está dirigida únicamente para trabajadores asalariados.

La póliza opera a partir del mes de despido, siempre y cuando no sea causado por dolo del asegurado. Debe existir, responsabilidad patronal.

 

FB Live: Auditoría por Primera Vez

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 06 de setiembrea las 3:00 p.m. con el tema:

Auditoría por Primera Vez, a cargo de nuestros especialistas, el MAF. Ronald Varela y el Lic. Mauricio Berrocal.

¡Les esperamos!

Iniciativa permitirá que contribuyentes paguen IVA cuando lo recauden

Fuente: El Mundo CR

La Comisión de Asuntos Hacendarios, dictaminó el expediente 21.801, que dará un respiro a todos los contribuyentes que al finalizar el mes tienen que pagar el IVA producto de sus ventas a crédito, como si fueran de contado.

Muchos de estos contribuyentes se financian para pagar el impuesto o bien, toman del capital de trabajo de su negocio, para poder hacerle frente a la situación.

El proyecto socialcristiano extiende el plazo hasta un máximo de tres meses de manera que podrán realizar el pago del IVA, cuando cobren la factura y recogen el monto de sus ventas.

La medida aplicará para microempresarios, pequeños productores, trabajadores independientes, proveedores de servicios profesionales, facilitando el desarrollo de encadenamientos productivos.

«Estamos avanzando con una importante herramienta para la reactivación económica que además dará justicia tributaria y aliviará la situación financiera que agobia a cientos de dueños de pequeños y medianos negocios. Espero que pronto podamos convertir esta iniciativa en Ley de la República», aseguró el jefe de fracción Pablo Heriberto Abarca.

Diputados reprochan que ministro de Hacienda se oponga a rebajar marchamo: “Desconoce la realidad”

Fuente: Monumental

Los diputados reaccionaron molestos ante las declaraciones del ministro de Hacienda, Elian Villegas, que pide no aprobar una rebaja al marchamo del 2022 y tomar en cuenta la situación fiscal.

Incluso los legisladores consideran que desconoce la realidad de los costarricenses. El diputado independiente, Jonathan Prendas, indicó que el ministro parece no vivir en Costa Rica.

Villegas pidió a los legisladores no caer en la “ilusión de cantos de sirena” y “taparse los oídos” ante quienes piden la aprobación de esa iniciativa.

El jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Heriberto Abarca, afirma que el gobierno juega con sus propias prioridades para gastar solo en lo que les interesa.

La subjefa de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), Floria Segreda señaló que se trata de tener conciencia con las personas y calificó de un “insulto” las declaraciones de Villegas.

La moción para tramitar la iniciativa bajo una vía rápida se vería la próxima semana y cuenta con el apoyo de la mayoría de fracciones legislativas.

Hacienda proyecta presupuestos con aumentos por debajo del 2% al menos hasta 2025

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La aplicación de la la regla fiscal debido al alto endeudamiento que tiene el país obligará a que en los próximos años el crecimiento de los presupuestos no alcance ni siquiera un 2% cada año.

Así lo estimó Elian Villegas, ministro de Hacienda al mediodía de este miércoles al presentar el plan de gastos del gobierno para 2022.

Para este 2022 el crecimiento del presupuesto será de un 1,96% del PIB y según las estimaciones de la aplicación de la regla fiscal para los siguientes años será de entre un 1,79% del PIB y un 1,96% del PIB.

“Es importante ver el tema a futuro pues al menos hasta 2026 no vamos a tener un presupuesto que pueda crecer más del 3% dijo Villegas.

A pesar del énfasis del Jerarca en el tema de la regla fiscal, el gobierno ha venido promoviendo flexibilizar la aplicación de esta normativa en algunos rubros específicos, para favorecer el crecimiento del gasto en entidades como el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Educación (MEP). Incluso el presidente Carlos Alvarado dijo esta semana que estaría de acuerdo en que se le quite este techo a Japdeva.

 

Costa Rica recupera senda fiscal y volverá a financiar mayoría de presupuesto con tributos

Fuente: La República

Después de un traspié para este año, Costa Rica retomó el camino de la recuperación fiscal y gracias al crecimiento de los nuevos ingresos -principalmente IVA y renta - volverá a financiar la mayoría de su presupuesto con los tributos existentes y no con más y más deuda.

El plan de gastos del otro año será de ¢11,5 billones y un 52,8% del financiamiento será por la vía de impuestos y el restante 47,2% corresponderá a nueva deuda.

Se trata de una clara mejoría con respecto al plan de gastos para el 2021, el cual, se financió en un 54,9% con deuda y tan solo con un 45,1% de tributos.

Esto implica que el país volvió a inclinar la balanza a su favor, tras un año muy duro por la Covid-19 y las diversas restricciones al comercio.

El cambio de rumbo se da gracias al crecimiento proyectado de 2,8% en los ingresos por impuestos, en gran parte debido a los ¢2 billones que se obtendrían de la renta y a ¢1,9 billones adicionales del IVA.

Sin embargo, lo más importante es que significaría una clara señal de que Costa Rica avanza por la senda correcta para mitigar el impacto del déficit y superar las complicaciones económicas que se derivaron de la Covid-19.

Y es que, por ejemplo, tan solo en julio los ingresos totales mostraron un crecimiento de 36,51% con respecto al mismo periodo del año pasado.

A nivel tributario, los ingresos ese mes representaron ¢3 billones; es decir, un aumento de ¢773 mil millones con respecto al año previo, a la vez que se registró como la cifra más alta de los últimos 15 años.

Otra noticia positiva del proyecto de presupuesto, es que por segundo año consecutivo hay reducción en el gasto primario como proporción del PIB, pasando del 16,8% al 16,1% del PIB.

Asimismo, el gasto total podía crecer hasta un 1,96% por la regla fiscal, pero en el presupuesto se fijó que el crecimiento sea de 1,82% en comparación con el 2021.

Pese a todas las buenas noticias, aún genera preocupación el saber hacia dónde se dirigirán los recursos y es ahí donde la oposición iniciará un estira y encoge con el gobierno de Carlos Alvarado para rebajar aún más el gasto.

De momento, la tajada más grande se la llevará el honrar el servicio de la deuda; al consumir el 43,4% de los recursos que se utilizarán para el pago de intereses y de amortización.

Por lo tanto, entre los aspectos en los cuales pondrán la lupa los diputados es la gestión de deuda.

Esto ya que, sin ir muy largo, ya se tiene un 48% del presupuesto 2021 ejecutado en lo que va del año y los vencimientos de deuda entre octubre y febrero ascienden a $2.191 millones, hizo notar Silvia Hernández, presidente de la Asamblea Legislativa.

El resto del dinero se dirigirá a ministerios, órganos desconcentrados y Presidencia (41,7%), pensiones (9,7%), Poder Judicial (4,1%), Poder Legislativo (0,7%) y Tribunal Supremo de Elecciones (0,4%).

¿Qué sigue?

Este es el orden de eventos que debe seguir el presupuesto hasta su aprobación

Eventos

  Comisión de Asuntos de Hacendarios designa una Subcomisión
  Primera sesión post 1 de setiembre
  Subcomisión rinde informe
  1 de octubre
  Presentación de mociones
  A más tardar el 15 de octubre
  Votación del proyecto en Comisión de Hacendarios
  20 de octubre
  Dictamen sobre el proyecto
  25 de octubre
  Trámite en primer debate en el Plenario
  27 de noviembre
  Trámite en segundo debate en el Plenario
  29 de noviembre

Atención

En el proyecto de ley de presupuesto 2022 se incluyen ¢5 billones para el pago de la deuda pública, lo que equivale a dirigir:

Por Mes ¢416,4 Miles de millones
Por Día ¢13,9 Miles de millones
Por Hora ¢578,4 Millones
Por Minuto ¢9,6 Millones
Por Segundo ¢160,7 Mil

Gobierno opuesto a rebajar el marchamo del 2022

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, externó a los diputados su oposición a la propuesta para rebajar el marchamo 2022, porque afectaría el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.

Villegas argumentó que reducir el tributo sobre la propiedad de vehículos, cobrado en el derecho de circulación, impactaría el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hacemos la advertencia expresa a la Asamblea Legislativa de que la aprobación de esta reducción al impuesto podría obstaculizar el acuerdo que el país alcanzó con el FMI, ya que resultaría incomprensible que el país, que requiere un ajuste fiscal, en vez de aumentar los ingresos del Estado, los esté disminuyendo, comportándose por tanto como un país que no requiere de ningún ajuste”, subrayó el jerarca en una carta enviada este martes 31 de agosto al Congreso.

Villegas remitió la misiva a Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa, y a los jefes de las bancadas.

La reacción del jerarca de Hacienda se da después de que el Partido Liberación Nacional (PLN) anunciara el respaldo al proyecto impulsado por la verdiblanca Franggi Nicolás, el independiente Dragos Dolanescu y otros congresistas.

La iniciativa implicaría una reducción en el tributo de al menos ¢61.000 millones, según las estimaciones de Hacienda.

Al no contar con esos ingresos, Villegas afirmó que la única vía para reponerlos será mediante la emisión de nuevos bonos de deuda.

El año pasado, los diputados aprobaron una disminución en el marchamo 2021 que implicó una caída en la recaudación de ¢57.000 millones en el impuesto a la propiedad de vehículos. Este tributo representa, en promedio, el 70% del pago del derecho de circulación.

La nueva propuesta denominada de “alivio en el pago del marchamo 2022″ plantea una rebaja del 50% en el impuesto sobre la propiedad de vehículos para los autos particulares con un valor fiscal de hasta ¢7 millones.

La disminución también aplicaría a los automóviles de carga liviana de hasta ¢15 millones (vehículos de trabajo), así como los de carga pesada, busetas y autobuses, de turismo, maquinaria agrícola, los de ‘renta car’ y servicio público.

En el caso de los vehículos particulares con valor fiscal entre los ¢7 millones y los ¢15 millones, la reducción del pago será de hasta un 25%, mientras que a los automotores entre los ¢10 millones y los ¢15 millones se les aplicará una baja del 15%.

El proyecto implica que los propietarios de naves, buques y aeronaves tengan que cancelar el total del impuesto sobre la propiedad de los vehículos para el 2022.

A las motocicletas con un valor fiscal menor a ¢1 millón, les aplicarán una exoneración del impuesto al valor agregado en el cobro del marchamo.

Del beneficio impulsado en el proyecto se excluyen los vehículos que aparezcan a nombre de altos jerarcas del sector público o en sociedades en las que participen.

Golpe a ajuste fiscal

El ministro Villegas destacó que aprobar una reducción del impuesto, por segundo año consecutivo, constituiría en un gran golpe al proceso de ajuste fiscal.

“Dentro de los escenarios que se han acordado con el FMI se asume, en primer lugar, la posibilidad de contar con todos los ingresos provenientes de los impuestos vigentes a la fecha y no se contempla, bajo ningún supuesto, la posibilidad de que estos impuestos sean reducidos”, afirmó.

Reiteró que la mayoría de los costarricenses no son propietarios de un automóvil, con los cual no se ven afectados por el tributo.

“Este es un impuesto a la tenencia de un activo, un impuesto directo al poder adquisitivo, donde, además, se paga más conforme el vehículo tenga un mayor valor, por lo cual, tiene todas las características propias de un impuesto progresivo”, destacó Villegas.

Agregó que el Gobierno impulsa poner en orden las finanzas públicas, mediante la contención del gasto y nuevas cargas impositivas.

Ingresos por IVA en Costa Rica crecen más que en la mayoría de la región

Fuente: La República

Costa Rica es el cuarto país de América Latina en donde más se ha recuperado la recaudación del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) demostró un estudio de la Cepal.

Comparando lo acumulado entre enero y junio del 2021, con lo recaudado en el mismo periodo en el 2020, se da un crecimiento del 34,7%.

Esto luego de que más bien hace un año se estaba en número negativos (-5,8%), explicado en gran parte por la ley de alivio fiscal donde los contribuyentes debían presentar las declaraciones de los meses de marzo, abril y mayo del 2020, pero el pago del impuesto correspondiente, lo podían realizar hasta el 31 de diciembre de 2020.

Lea más: Sector turismo molesto por negativa de Hacienda a extender moratoria del IVA

Y no se puede adjudicar meramente un efecto rebote, ya que, por ejemplo, en Panamá hace un año había una caída del -36,3% y este año solo creció en un 3,9%.

Crecimiento IVA (datos en % de variación interanual)

  Perú: 38,6
  Chile: 38,4
  El Salvador: 35,9
  Costa Rica: 34,7
  Honduras: 32,3
  Nicaragua: 28,8
  República Dominicana: 25,0
  Guatemala: 23,4
  Argentina: 19,3
  Brasil: 19,3
  Ecuador: 9,0
  México: 8,9
  Uruguay: 7,6
  Panamá: 3,9
  Paraguay: Sin datos

Esos resultados están alineados a las informaciones que presenta Hacienda mes a mes, por ejemplo, a junio que es el último mes en cuestión analizado por la Cepal.

A junio se registraron ingresos totales por ¢3.147.881 millones (8,32% del PIB), para un crecimiento de 36,27% con respecto al mismo periodo del 2020, lo que significa un aumento de ¢837.781 millones (2,32% del PIB).

Con respecto al IVA exclusivamente, solamente observando los datos de junio 2021 vs junio 2020, se reportó una variación de 36,04%, lo que representa una recaudación de ¢970.201 millones (2,56% del PIB).

Pero no todo en cifras fiscales es óptimo, puesto que solo por detrás de Paraguay y El Salvador, Costa Rica es el tercer país donde más ha crecido el pago de intereses en el primer semestre del año.

Cambios en presupuesto incrementaron déficit fiscal en casi ₡127 mil millones

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Los tres presupuestos extraordinarios impulsados por el gobierno y aprobados por el Congreso en los primeros siete meses del año, así como un total de 8 modificaciones por decreto, incrementaron el déficit fiscal en ¢126.979 millones, lo que equivale a un 0,3% del PIB.

El cálculo lo realizó la Contraloría General de la República, al señalar que los cambios presupuestarios significaron un aumento  de ¢112.587 millones en los ingresos corrientes, en su mayoría explicado por los efectos de las leyes N.º 9371 y N.º 9925.

Además, se ha producido un efecto negativo por el lado de los egresos, pues se generó un gasto adicional por ¢153.343 millones en el gasto corriente, asociado con las transferencias corrientes a la Caja Costarricense del Seguro Social y a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

De acuerdo con la Contraloría, también hubo un egreso adicional por ¢86.223 millones en el gasto de capital.

“Un factor común que explica el detrimento de los resultados fiscales, es el aumento en el gasto distinto a amortización. Al respecto, en el proceso de aprobación de la Ley de presupuesto inicial N.° 9926 los legisladores rebajaron ¢161.486 millones (1,4%) mediante mociones; no obstante, al hacer un ejercicio para comparar los movimientos en cada título, programa y objeto del gasto, se puede observar que de esos rubros se reincorporan gastos por ¢89.606 millones, 55,5% de las rebajas iniciales, en su mayoría en la partida de transferencias corrientes”, indicó la Contraloría.

En términos generales, los cambios en el presupuesto implican que este haya presentado un incremento del 2,1% respecto al monto aprobado inicialmente.

La Contraloría destacó que la incorporación de las leyes que permitieron usar superávits de instituciones en el pago de deuda generó un efecto positivo, al reducir el crecimiento de los resultados deficitarios.

 

Solo ¢37 de cada 100 colones del impuesto a combustibles se invirtió en arreglo de vías

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Durante el 2020 el Impuesto Único a los Combustibles le generó al Ministerio de Hacienda ingresos por ¢436.394 millones; de esa totalidad, solamente ¢160.200 millones terminaron financiando la conservación, mantenimiento rutinario, mejoramiento y rehabilitación de las carreteras del país.

El monto para vías se dividió en dos partidas, ¢74.446 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y ¢85.774 millones distribuido en las 81 Municipalidades del país para atender la red cantonal vial.

Eso quiere decir que, de cada ¢100 que usted pagó de impuesto a los combustibles, solo ¢37 se reinviertieron en obras viales, mientras que el resto quedó distribuido en tres instituciones y en el Ministerio de Hacienda para sufragar gastos corrientes de la Administración.

Así se desprende de un análisis de las cifras tributarias del Gobierno durante el 2020, confirmadas por la oficina de prensa de la cartera de Hacienda a CRHoy.com.

El diseño de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributaria (Ley 8114) que regula el impuesto, le da al Gobierno de turno un amplio margen para administrar el jugoso tributo. Aunque el discurso oficial de las administraciones, ha sido que el impuesto a los combustibles es una mejora directa al mantenimiento de las vías y bienestar de los conductores, es un discurso parcialmente cierto, ya que el 51.4% termina en la Caja Única del Estado para utilizar en gasto corriente.

Según la liquidación del impuesto del 2020, solicitado por este medio, la distribución del tributo en destinos específicos fue de ¢178.554 millones, solamente el 48,6% de la recaudación.

Además del Conavi y las Municipalidades, ¢12.148 millones fueron a las arcas del Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), ¢3.701 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica y ¢2.503 millones a la Cruz Roja.

La ley 8114 también establece que un porcentaje de 0,1% de la recaudación es para “beneficios ambientales agropecuarios” administrados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo el año anterior Hacienda no reportó ninguna transferencia desde este tributo.

El peso del impuesto encarece en un promedio de 35,4% en precio final que pagan los conductores en la compra de los combustibles. Actualmente en la gasolina súper, el impuesto es de 35,4% por cada litro, en la plus 91 de 34,9% y en el diésel de 25,1%, siendo el principal componente que infla el valor de los hidrocarburos, solo superado por el precio internacional del producto.

Un bloque de 18 diputados de diferentes fracciones encabezada por el Partido Restauración Nacional (PRN) impulsan una vía rápida para el proyecto de ley 22.252, que permitiría reducir el impuesto único a los combustibles en un 50% por un periodo de dos años, como una forma de abaratar el el costo de vida, generar reactivación económica y estimular la generación de empleo.

El principal opositor a la iniciativa es la administración Alvarado Quesada, que tanto en voz del presidente como del ministro de Hacienda han objetado la reducción, porque impactaría negativamente el mantenimiento de vías.

“Si a mí no me importara lo que sigue después de mi mandato está bien, denle. Pero eso es un problemón para el próximo Gobierno, lo deja interesantemente desfinanciado (…) yo lo podría aceptar pero el problema no lo voy a tener yo, el problema lo va a tener el otro gobierno porque va a perder el 50% de sus ingresos empezando su primer año” indicó Alvarado en declaraciones a la prensa el pasado 11 de agosto.

Sin embargo, la posición del mandatario es censurada por los legisladores de Restauración Nacional y la Unidad Social Cristiana, que aseguran que una rebaja en el precio de los combustibles generaría mayor poder adquisitivo en los personas y empresas, que se traduciría en mayor recaudación en otros impuestos, como por ejemplo IVA o renta de las personas jurídicas.

De aprobarse la ley, el precio de la gasolina super caería automáticamente de ¢751 el litro a ¢618; en el caso de la regular pasaría a costar ¢600 el litro mientras que el diésel ¢523. Esto quiere decir que llenar el tanque de un automóvil (36 litros) con gasolina súper, actualmente cuesta cerca de ¢27.000, con la rebaja pasaría a costar ¢22.200, cerca de cinco mil colones menos.

La reducción podría significar un faltante de al menos ¢216 mil millones (calculado con base en el ingreso del 2020) en las finanzas públicas, que tendría que solventar Hacienda con alguna fuente de financiamiento adicional.

Impuesto fácil de cobrar y en aumento

El Impuesto Único a los Combustibles es el quinto tributo que generó mayor recaudación en el país durante el 2020.

En primer lugar se ubicó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con ¢1,02 billones; seguido del impuesto de Renta/Utilidades a empresas ¢903.844 millones; en tercer lugar el IVA recaudado en Aduanas ¢595.773 millones; también el impuesto de Renta/Utilidades a personas físicas (impuesto a salario) ¢568.091 millones y en quinto lugar el Impuesto Único a los Combustibles con ¢436.394 millones.

Estos cinco impuestos, junto con las transferencias no tributarias (4,7%); el tributo a las remesas al exterior (3,8%); el impuesto al consumo en Aduanas (2,8%); el arancel sobre importaciones (2,4%) y el Impuesto a la Propiedad de los Vehículos (marchamo 2,3%), recaudaron el 87,5% de todos los ingresos del Ministerio de Hacienda en 2020.

El panorama de recaudación del impuesto mejora para este 2021.

En los primeros seis meses del año, el Impuesto Único a los Combustibles recaudó ¢308.331, según un informe de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), lo que prevé un posible aumento en la recaudación respecto al año anterior, cerrando el año en cifras superiores a los recaudado en 2019 (¢552.016 millones) o 2018 (¢517.665 millones) previo a las restricciones de tránsito instauradas debido a la pandemia.

 

Industria turística reclama afectaciones tras entrada del 4% del IVA

Fuente: La República

Desde el pasado mes de julio entró a regir el impuesto al valor agregado (IVA) para varios sectores del turismo nacional, situación que estaría impactando el estado económico actual de muchas empresas turísticas.

Y es que, a pesar de que industrias como hotelería y restaurantes ya estaban cancelando el tributo, otras relacionadas a transporte, agencias de viajes y tour operadores deberán pagar el 4% de impuesto por un año, pero para julio del 2022 será de un 8% y finalmente de un 13% a partir de 2023.

Para la Cámara Nacional de Turismo y para la Asociación Costarricense de Agencias de Viajes, a pesar de que sus afiliados se han venido preparando para este momento, solo tienen dos alternativas: el traslado del impuesto a los clientes o que los empresarios asuman ese monto para no afectar todavía más el sector.

Asimismo, señalan que, si bien en otros países como Colombia se dan exenciones del IVA a planes de turismo o tiquetes aéreos, en Costa Rica no se optó por mantener la moratoria al sector turístico.

Aunque la aplicación del 4% del IVA tendrá un efecto en varios empresarios turísticos, deberán esperar al mes de setiembre para estimar el impacto real de la entrada en vigencia de este nuevo tributo, de acuerdo con Shirley Calvo, directora de la Cámara Nacional de Turismo.

Dicha entidad mantiene la esperanza de que el proyecto de ley sobre la ampliación de la moratoria del IVA, que no tiene el respaldo del Gobierno, sea impulsado por diputados en las sesiones ordinarias del Congreso.

Por su parte, la Cámara Costarricense de Agencias de Viajes dice que, comparado con otros países de América Latina y de la OCDE, los empresarios en Costa Rica tienen una de las cargas impositivas más altas, la cual estiman en un 58%, a la que deberán sumar ahora este 4% lo que obligaría el cierre de negocios y despidos.

“Es una lástima porque los empresarios turísticos siempre hemos pagado impuestos y lo más importante es estar en regla, pero con estos costos nos quedamos fuera del mercado”, dijo Sary Valverde, presidenta de la Asociación Costarricense de las Agencias de Viajes.

En el caso de los Tour Operadores, el sistema tarifario es el problema ya que se planifica de manera anual, por lo que la aplicación del IVA impactará en las tarifas del 2021 originando que los empresarios pierdan ese 4%.

Incluso, algunos han planteado la posibilidad de movilizar empresas a Panamá, que consideran tiene un régimen de incentivos muy diferente para el turismo y donde se aplican exenciones a este sector.

“Algunas empresas lo están valorando y es una llamada de atención porque el impacto es grande, dentro de los ingresos al final, la mayoría de empresarios están asumiendo estos costos en este momento”, finalizó Valverde.

Además, sostiene que, en comparación con países como Panamá, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua o México, que son países que compiten por el mismo consumo, Costa Rica resulta entre un 40% o 60% más caro.

En el caso de la Asociación de Transportistas Turísticos de Costa Rica cuestionan que la reactivación del Gobierno es poner más impuestos, en vez de generar incentivos.

“Aquí, como muchas cosas en este país, nosotros estamos asumiendo sobre nuestros hombros la carga de los impuestos, que no hay otra forma, sino cómo hacemos, nos quedamos en la casa guardados y no operamos”, afirmó Leonel Cervantes, presidente de la Asociación de Transportistas Turísticos.

Igualmente, reclaman que el Poder Ejecutivo tiene una “voracidad” por el tema de los impuestos.

“Este Gobierno no ha tenido visión para ver que, a menor costo mayor ingreso. Es una lucha cuesta arriba, no encontramos la manera de llegar a la parte final de esa cuesta para ver si salimos de esta situación que nos tiene metidos la pandemia y la poca ayuda del Gobierno”, finalizó Cervantes.

Ante este panorama, el sector turístico está destinado a aplicar este 4% del IVA, en momentos que esperan se produzca una verdadera reactivación económica en medio de la crisis por la pandemia.

Servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil estarán sujetos a IVA

Fuente: El Financiero

Todos los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil, prestados a proyectos registrados y visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) —independientemente de la fecha de registro y visado—, estarán sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir de este 1.º de setiembre.

Estos servicios serán gravados con una tarifa reducida del 4% del IVA, según indica el transitorio V bis a la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas (N° 9635).

Dicho transitorio fue adicionado a través de la Reforma Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas para el impulso de la reactivación económica (N° 9887), publicada el 16 de setiembre de 2020 en el diario oficial La Gaceta.

La entrada en vigencia de la tarifa del 4% tendrá impacto en el desarrollo económico de Costa Rica, principalmente en un sector de construcción que le ha costado recuperarse de los efectos de la pandemia, dijo Alberto Porras, socio director de GCF Consultores.

De acuerdo con el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), la industria de la construcción reportó a junio de 2021 una variación interanual de -0,5%.

“A pesar de los retos de la industria, será obligación del contribuyente prestador de estos servicios indicados, adicionar en su facturación el rubro de IVA y continuar realizando de forma mensual su Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado”, agregó Porras.

Ajuste gradual

Los cuatro servicios seguirán gozando de una exención del 100% hasta el martes 31 de agosto de 2021, pues el gravamen del 4% regirá del miércoles 1.º de setiembre de 2021 al miércoles 31 de agosto de 2022.

La tarifa del IVA continuará su ajuste gradual debido a que pasará de 4% a 8% a partir del 1.º de setiembre de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2023; según establece el transitorio V bis a la Ley N° 9635.

Además, todos estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general del 13% a partir del 1.º de setiembre de 2023.

FB Live: ¿Por qué Tributación está pidiendo información de vinculados a empresas de Zonas Francas?

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 30 de agosto a las 3:00 p.m. con el tema:

¿Por qué Tributación está pidiendo información de vinculados a empresas de Zonas Francas?, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

Para evitar aumentos en productos importados comerciantes y exportadores piden bajar impuestos

Fuente: La República

Con el objetivo de evitar que el aumento de costos en el transporte marítimo internacional se traslade a los consumidores, varias cámaras empresariales del sector exportador y de comercio, hicieron un llamado al Gobierno para reducir la carga impositiva sobre los fletes internacionales.

De no hacer nada, se corre el riesgo de aumentos masivos en el peor momento para la economía, ya que los costos de importación y exportación subieron, entre otras cosas, por el incremento de los fletes internacionales en un 70% los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo período del 2020, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Para evitar el alza de productos -desde comida, hasta artículos como ropa, zapatos y otros -, los empresarios proponen al gobierno eliminar el flete de la base imponible del Valor Aduanero.

Para ello, se migraría temporalmente del Incoterm CIF al incoterm FOB, y de esta forma, disminuir el pago de los impuestos de importación sobre la proporción del flete internacional, aminorando el impacto en el costo de las mercancías.

Los incoterms son reglas internacionales que sirven para determinar en qué momento de la compra se transmite el riesgo sobre la mercancía y las responsabilidades del comprador y vendedor.

La otra opción, propone aplicar un índice con valores de referencia del transporte internacional por región -aceptados previos a la pandemia - para eliminar el efecto inflacionario en el pago de dicho impuesto.

“Se trata de un problema mundial con múltiples causas, la gran mayoría externas al país. Sin embargo, el aumento tan grande y sostenido en el costo de los fletes marítimos internacionales, está impactando directamente el costo de las mercancías, lo que a su vez llegará a aumentar el costo de vida de los costarricenses. Por ello proponemos a las autoridades medidas temporales para mitigar el efecto”, dijo Dyalá Jiménez, Directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica.

Por otra parte, la tendencia del aumento en los costos de los fletes desde Costa Rica es mayor cuando el destino es Asia, con un crecimiento entre 2020 y 2021, de 139%, mientras que para Europa el promedio es del 50%, de acuerdo con Jairo Mena, asesor económico.

“Se estima que, para este último periodo, el aumento del envío de contenedores desde Asia hasta Costa Rica ronda el 700%”, agregó el consultor.

Por lo tanto, con estas medidas también se busca darle mayor sostenibilidad al sector.

“Este año el sector exportador no ha logrado explotar aún más su potencial, debido a los altos costos en la operación portuaria y marítima, un resultado de la escasez de contenedores, situaciones climatológicas entre otras (...) Necesitamos acciones históricas de parte de las autoridades para brindar sostenibilidad al sector que hoy se encuentra sosteniendo el empleo y promoviendo la reactivación económica” señaló Laura Bonilla, Presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

Defensoría pide a ministro de Hacienda aclarar manifestaciones sobre el cobro del marchamo

Fuente: El Mundo CR

La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, mediante oficio DH-1204-2021 del 23 de agosto del 2021, solicitó al ministro de Hacienda, Elián Villegas, aclarar algunas dudas generadas a raíz de un video divulgado, en el que hace referencia al cobro del Impuesto de la Propiedad de Bienes Muebles, conocido como “marchamo”.

En este video, el ministro considera como una irresponsabilidad fiscal el proyecto de ley que busca reducir el pago del marchamo 2022, además de que asegura que el 50% de la flotilla vehicular del país está en manos del 30% de la población más adinerada. En razón de lo anterior, la jerarca de la Defensoría solicitó al ministro de Hacienda aclarar, cuál es la base estadística que respalda esta aseveración.

Asimismo, Crespo pidió que se detalle el monto exacto recaudado en el período 2020-2021 por concepto del cobro del marchamo, la forma en la cual se desagrega el monto recaudado por concepto del cobro de dicho impuesto, refiriéndose puntualmente al fin específico de cada rubro.

De igual forma, la defensora solicitó al jerarca de Hacienda remitir el estudio base con el cual se afirma el impacto que tendría dicha disminución en el pago del marchamo sobre los ingresos tributarios, el déficit del gobierno y la sostenibilidad fiscal.

«Esta información es de vital importancia ante una medida que no es permanente, sino de aplicación exclusiva para el año 2022; debido a la crisis económica y que responde a acciones de reactivación económica que buscan reducir los costos del sector productivo para fomentar el empleo y a la vez, apoyar a los hogares para que no vean más disminuidos sus ingresos y lograr superar esta etapa recesiva de la economía», enfatizó la defensora.

Debe indicarse que el Ministerio de Hacienda, informó mediante publicación efectuada en su página oficial, que al mes de junio del 2021, las finanzas del Gobierno Central registraron un superávit primario (ingresos menos gastos, sin intereses) de 0,45% del PIB, hecho que no sucedía desde el año 2008; lo cual indica que la sociedad costarricense ha cumplido con su cuota de sacrificio en aras de la estabilidad fiscal.

«Necesitamos la aclaración de aseveraciones efectuadas por parte del señor ministro, en aras de velar por el derecho a la información clara, concisa y razonable de la población», finalizó Crespo.

País registra entre un 20% y un 30% menos en ingresos tributarios por turismo

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- A pesar de la paulatina recuperación en la llegada de turistas extranjeros, los ingresos tributarios ligados a este sector todavía están lejos de alcanzar los niveles prepandemia, e incluso por debajo de los del primer semestre del año pasado.

Según la Contraloría General de la República, los ingresos tributarios relacionados con la actividad turística que percibieron el gobierno central y el ICT en el primer semestre del 2021 ascendieron a ¢12.364,7 millones y ¢7.280,3 millones, respectivamente.

Mientras, en el primer semestre de 2020 fue de ¢15.485,9 millones y ¢10.318,2 millones, en ese orden, lo que representa una caída del 20,1% y 29,4%, respectivamente.

 

Según la entidad, la baja recuperación en la entrada de turistas en el primer semestre de este año ha afectado al ICT y otras instituciones que son dependientes de esos ingresos, entre ellas Aviación Civil y las municipalidades, e indirectamente SINAC y el SFE.

La entidad también certificó que hubo una reducción del 30,4% en la ejecución de gastos del ICT, con respecto al mismo periodo de 2020.

Dicha situación se da principalmente por la reducción del 53,2% de la partida de publicidad y propaganda con respecto al 2020 y la de otros servicios de gestión de apoyo en un 66,9%.

 

Congreso aprueba condonación de deudas con la Caja

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Los diputados aprobaron  la tarde de este martes, en primer debate,  el proyecto de  ley que autoriza a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a condonar las deudas de cerca de 117 mil trabajadores independientes con la seguridad social.

Se trata de un texto sustitutivo acogido por la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso al proyecto 21.522, Ley de amnistía con la CCSS y que es impulsado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El plan se aprobó con el respaldo de 42 diputados.  Entre tanto, votaron en contra la socialcristiana, Shirley Díaz y los diputados de Integración Nacional, Walter Muñoz y Sylvia Villegas.

La iniciativa pretende autorizar a la Caja a condonar a trabajadores independientes el principal, multas, recargos e intereses de sus deudas por cuotas de aseguramiento no pagadas.

En el caso de los patronos, solo les condonarían multas, recargos e intereses de los aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al Seguro por Enfermedad y maternidad (SEM) y lo correspondiente a la Ley de protección al trabajador.

Los diputados de la Comisión de Económicos dejaron claro que en el caso de los aportes patronales al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular, se perdonaría el principal, multas, recargos e intereses.

El jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, explicó que se trata de “un borrón y cuenta nueva” con la intención de emparejar la cancha y que la institución perciba ingresos frescos, pues los trabajadores y los patronos se enfrentan a cobros retroactivos de hasta 12 años que les impiden “ponerse al día “y retomar la contribución.

El proyecto fija en un año el plazo para que los trabajadores independientes y los patronos se acojan a la medida, para lo cual deberían de presentar una solicitud expresa para iniciar con el proceso.

El segundo y último debate debate quedó previsto para el martes 31 de agosto.

 

Impuesto al cannabis medicinal divide a diputados

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Los diputados no logran ponerse de acuerdo acerca del impuesto que deberían de pagar las personas físicas o jurídicas que vayan a incursionar en el mercado del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, de aprobarse el proyecto que se discute en el Congreso para este fin.

Este jueves los diputados de la Comisión de Ambiente no llegaron a un acuerdo sobre cual sería el impuesto que se cobrará a quienes quieran dedicarse a esta actividad productiva.

Los diputada presidenta de la comisión, Paola Vega y el diputado liberacionista Roberto Thompson apoyan la creación de este impuesto, que iría dedicado para que las instituciones puedan dar acompañamiento a los productores que incursionen en el mercado y para que el Ministerio de Seguridad combata el mercado ilegal.  Entre tanto el socialcristiano, Erwen Masís, se pronunció  en contra de cualquier tributo.

El texto del proyecto sugiere que sea un 1%, sin embargo hay intenciones de rebajarlo a un o,5% o un 0,75% de las utilidades netas. La primera opción fue rechazada este miércoles, entre tanto, queda la moción que propone el 0,75%  pendiente de discutir.

Dentro de las mociones aprobadas este miércoles también están dos que facultan a las universidades privadas para que de manera conjunta con las públicas y la Caja Costarricense de Seguro Social realicen investigaciones y produzcan en sus laboratorios medicamentos y productos de uso terapéutico de uso autorizado por el Ministerio de Salud, utilizando cannabis psicoactivo, sus extractos y derivados, así como para recibir, comprar, procesar y distribuir para uso medicinal y terapéutico  sus productos y derivados.

Los diputados aprobaron también que el Ministerio de Salud sea el ente encargado de definir la cantidad de plantas que una persona pueda cultivar para fines medicinales, previa prescripción de un médico especialista. Se faculta que el cultivo pueda hacerlo un familiar mayor de edad.

También se fijó en 6 años los plazos de validez de las licencias para el cultivo o industrialización. Las licencias se renovarán por un período igual.

Los diputados tienen pendiente afinar la moción 10 del texto, la cual fue aprobada pero requiere de especificidad. Lo que se busca es que, en le marco de la reactivación económica, se permita la participación a los pequeños y medianos agricultores y no solo a grandes empresas.

 El proyecto para legalizar el cannabis medicinal y la industria del cáñamo industrial está en su etapa final de discusión.  Este miércoles a los legisladores de la Comisión de Ambiente solo les quedó pendiente la discusión de 9 mociones – de 29- de discutir del primer día para presentar cambios al texto vía artículo 137 del Reglamento Legislativo.

Tras esta etapa se habilitará un segundo y último día de mociones y posteriormente el proyecto irá al Plenario para su discusión final  y votación.

Impuesto al vapeo sufre traspié, diputados lo mandan a Sala IV

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El  impuesto del 20% a los vapeadores  y los accesorios para el vapeo quedó frenado de momento en el Congreso.

El segundo y último debate de este proyecto de ley no se dará esta semana luego de que un grupo de 14 diputados presentaran ante la Sala IV una consulta de inconstitucionalidad.  Los magistrados de la Sala Constitucional tendrán un mes para resolver la consulta, de lo que dependerá su paso a debate final.

La consulta la firmaron 8 de los 9 socialcristianos: Pablo Abarca, Aracelly Salas, Shirley Díaz,  José  María Guevara, María Inés Solís, Óscar Cascante, Erwen Masís y Pedro.  También los independientes Zoila Volio, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.

Se sumaron además Melvin Núñez de Restauración Nacional, Otto Vargas del Partido Republicano Social Cristiano e Ignacio Alpízar de Nueva República.

Los firmantes aseguraron que  este proyecto podría estar generando una doble imposición jurídica  y económica sobre el tabaco, sus derivados y los sistemas de vapeo electrónico.

El proyecto, autoría del liberacionista Luis Aiza, señala que esos recursos -los provenientes del 20% del impuesto- se destinarán para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) los utilice en la compra de medicamentos que se requieren para enfrentar los efectos de las enfermedades que provoca el consumo de estos productos.

Además, la propuesta de ley establece la prohibición  de usar aparatos vapeadores y cigarrillos electrónicos en los mismos lugares donde se prohíben fumar los convencionales.

En un inicio la propuesta del proyecto era de un tributo de ¢1.000 tanto a vapeadores como a sus artefactos. En la etapa de discusión en la comisión de Asuntos Sociales se fijó después en un 40% y finalmente en el 20% aprobado inicialmente.

La propuesta de ley fija sanciones a quienes infrinjan la eventual  ley:

  • 10% de un salario base a las personas que utilicen los dispositivos, con o sin nicotina, en lugares donde se encuentre prohibido su uso.
  • 15% de un salario base a los responsables de colocar los avisos de prohibición del uso de los dispositivos en instalaciones públicas o privadas.
  • 50% de un salario base a las personas que, siendo administrador, director, curador, fiduciaria, apoderado o cualquier otra posición con facultad de decisión de empresas o instituciones públicas o privadas que permitan el uso de los dispositivos en sitios prohibidos.
  • 50% de un salario base a las personas que vendan cualquiera de estos productos (vaporizadores, accesorios, líquidos) a personas menores de edad.

La ley 7337 establece que el salario base actual en el país es de ¢450.200.

 

Proponen trazabilidad fiscal para compras internacionales

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -Un proyecto de ley pretende establecer la trazabilidad fiscal para las compras internacionales que se realicen con tarjetas de crédito o débito de uso internacional por medio de internet o cualquier plataforma de telecomunicaciones o digital.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.650- fue presentada por la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Asamblea Legislativa.

La propuesta consiste en una reforma al artículo 30 del capítulo V “Determinación del impuesto, créditos, liquidación y pago del título I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA)” de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El proyecto establece que los emisores de tarjetas de crédito o débito de uso internacional, públicos o privados, deberán recibir el monto del IVA cuando sus tarjetahabientes hagan compras de bienes intangibles y servicios por medio de internet o las plataformas digitales, y posteriormente tendrán que depositarlo al fisco.

La propuesta también incluye las siguientes disposiciones:

  • Corresponde al emisor de la tarjeta de crédito o débito informar a la Administración Tributaria sobre las transacciones que realice el tarjetahabiente por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales.
  • La Dirección General de Tributación establecerá la forma en que debe reportarse la información requerida para el control, cobro y fiscalización del impuesto a cargo de los emisores de tarjetas.
  • El suministro inexacto o incompleto de la información requerida, por parte del emisor, se sancionará de acuerdo con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
  • Las sumas percibidas deberán depositarse a favor del fisco en el sistema bancario nacional o en sus agencias o sucursales que cuenten con la autorización del Banco Central de Costa Rica (BCCR) a más tardar dentro de los tres días siguientes de efectuada o recibida la transacción.
  • Las disposiciones aplican para aquellas entidades, públicas o privadas, que comercialicen a partir de una cuenta bancaria y por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales servicios o bienes intangibles para facilitar los pagos a la cuenta de un vendedor o proveedor no domiciliado en el territorio de la República.

De acuerdo con la propuesta, el tarjetahabiente podrá solicitar la devolución del impuesto ante la Administración Tributaria cuando haya realizado compras con tarjetas de crédito o débito a nivel internacional y se encuentre ante alguna de las siguientes situaciones:

  • Adquiera bienes intangibles y servicios por medio de internet o cualquier otra plataforma de telecomunicaciones o digitales y sobre las que el uso, disfrute o consumo se realice totalmente en otra jurisdicción.
  • Utilice los medios electrónicos de pago para la transferencia o envío de dinero a personas o entidades ubicadas fuera del territorio nacional cuyo resultado sea la manutención o el consumo final en una jurisdicción distinta a Costa Rica.

Según Hernández, la ruptura de la trazabilidad fiscal en las compras internacionales es la génesis del alto incumplimiento tributario en el país.

“Para evitar generar una ventaja competitiva artificial que beneficie a multinacionales con significativo poder de mercado y que va en detrimento del mayor encadenamiento (productivo, laboral y tributario) de las compras locales, es indispensable que las compras internacionales tengan la misma retención que las compras locales de bienes y servicios, sin perjuicio de que para ello se realice una ágil compensación que evite la duplicación de la carga tributaria a la población costarricense. Esto tendrá la loable consecuencia de integrar de manera definitiva las bases de datos de la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Aduanas”, agregó.

 

Hacienda captó ¢165.000 millones en subasta de bonos de deuda

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda captó, este lunes 23 de agosto, ¢164.609 millones en una subasta de bonos de deuda interna.

La Tesorería Nacional asignó el monto a títulos valores con vencimiento entre el 2024 y el 2036, se detalla en un comunicado de prensa.

Al cierre de la subasta, la entidad recibió ofertas de inversionistas por más del doble del dinero colocado.

La entidad informó de que se mantuvo la tendencia a la reducción en los rendimientos para los títulos colocados.

Este ajuste a la baja está influido por una serie de factores, algunos de cuales son transitorios y otros permanentes. Entre ellos, el exceso de liquidez en el mercado local, la poca demanda de crédito, la política monetaria expansiva del Banco Central y las implicaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista de consolidación fiscal.

Este lunes, la Tesorería asignó, al bono con vencimiento en 2024, un total de ¢135.795 millones a una tasa de 3,17%, es decir una baja de 48 puntos base comparado con el rendimiento para un título al mismo año en el mercado secundario, se detalla en el comunicado.

La serie al 2036 recibió la segunda asignación en relevancia por ¢23.889 millones, a una tasa de 7,07%, es decir, 58 puntos por debajo del mercado secundario.

Adicionalmente, al 2029, se colocaron ¢3.313 millones a un rendimiento de 5,42% y, al 2032, ¢1.612 millones a una tasa de 5,17%, precisó la entidad pública.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, enfatizó en que la disminución en los rendimientos se traduce en una baja en la tasa de interés real, en colones, para el mercado interno lo cual estimula la actividad productiva.

“El logro de disminución de la tasa de interés, que se ha observado en las subastas realizadas por el Ministerio, es un reflejo de la confianza de la comunidad inversora en el ajuste fiscal emprendido por esta Administración y que se materializa en la hoja de ruta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, afirmó el jerarca.

Hacienda detalló que, con la asignación efectuada este lunes, ya se logró captar el 49,7% del monto previsto a colocar para el segundo semestre del 2021.

La entidad acumula, desde el 1. ° de julio a este 23 de agosto, un total de ¢696.459 millones de recursos captados en el mercado interno entre títulos en colones y dólares.

La captación estimada para el segundo semestre del año es de ¢1,4 millones de millones (billones).

En el primer semestre del año la estimación de captación fue de ¢1,8 billones, pero se recogieron cerca de ¢2,2 billones, los cuales ayudaron a aliviar las necesidades del segundo semestre.

Además de financiamiento bursátil, el Gobierno envió al Congreso un cuarto presupuesto extraordinario para poder utilizar créditos externos otorgados por organismos multilaterales.

En específico, están los $300 millones dados por el Banco Mundial, $296,5 millones del primer desembolso del FMI y $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Impuesto a casas de lujo golpearía viviendas de ¢108 millones en adelante

Fuente: La Nación

El proyecto de reforma al impuesto a las casas de lujo golpearía con fuerza a los dueños de viviendas con construcciones valoradas en más de ¢108 millones.

El tributo implicaría un alto pago para un grupo de propietarios que hoy está exento, así como para quienes ya pagan este gravamen.

Personas que están exentas pasarían a desembolsar al menos ¢750.000 anuales, por ejemplo.

Actualmente, deben pagar el impuesto los propietarios de casas cuya construcción supere los ¢133 millones.

Si la edificación supera ese umbral, se suma también el valor del terreno. Entonces, el gravamen anual se cobra sobre el monto total con una tasa progresiva, que va del 0,25% al 0,55%.

El proyecto del Gobierno plantea importantes cambios en la forma de cobrar. El primero es que el impuesto se cobrará a las casas que superen los ¢150 millones, pero tomando en cuenta el terreno y la construcción a la vez.

Esta fórmula tiende a aumentar la cantidad de casas sometidas al tributo.

Además, la tasa sería de un 0,5% fija sobre el valor de la vivienda, lo que aumentará el porcentaje de pago para las viviendas ubicadas en los rangos más bajos.

Por ejemplo, hoy una construcción de ¢110 millones está exenta porque no excede los ¢133 millones.

Si la reforma es aprobada, el panorama cambiará para el dueño de esta casa, pues también debe tomarse en cuenta el terreno. Si el lote alcanza los ¢40 millones, entonces el valor total suma ¢150 millones y la propiedad entra en el grupo de casas de lujo.

Le corresponderá cancelar un impuesto anual de ¢751.000, equivalente a un 0,5% del valor total de ¢150 millones.

Otro ejemplo es el siguiente. Un propietario que hoy paga ¢475.000 de impuesto pasaría a desembolsar ¢950.000.

Este es el caso del dueño de una vivienda cuya construcción está valorada en ¢133 millones y el terreno en ¢50 millones, para un total de ¢183 millones.

Paradoja con exoneración

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, les planteó a los diputados una exoneración, la cual consiste en eximir del impuesto a aquellas casas con un valor total entre ¢150 millones y ¢210 millones, si el precio del lote supera el 40% del valor de la construcción.

Con esa regla, tendría que tributar ¢751.000 el dueño de una edificación de ¢108 millones con un lote de ¢42 millones (para valor total de ¢150 millones), pues el lote equivale al 39% del valor de la obra.

Paradójicamente, pasaría de pagar ¢525.000 a quedar libre de impuesto el propietario de un inmueble valorado en ¢210 millones, si la construcción vale ¢148 millones y el terreno ¢62 millones. Sería exonerada porque el lote vale un 42% del precio de la edificación.

Otra propiedad con un valor total de ¢160 millones pagaría unos ¢800.000 si el terreno vale ¢42 millones, un 35% de los ¢118 millones de construcción.

El ministro de Hacienda argumentó que, en otro caso, una casa de ¢106 millones no pagaría si el lote vale ¢44 millones, pues el terreno supera el 40% del valor de la obra.

Carlos Vargas, director de Tributación, agregó que no es tan usual que el valor de los terrenos sean inferiores al 40% del precio de construcción.

“Veamos una casa de ¢110 millones con un valor de terreno relativamente bajo con relación con el valor de la construcción. Es un supuesto hipotético que se está planteando. Habrá que ver si existe una casa con ese valor de construcción que cueste esos montos, porque usualmente hay una relación proporcional entre el terreno y la construcción”, dijo Vargas.

¿Cuál es esa proporción, según la experiencia de Hacienda?, se le preguntó al director.

“El valor puede andar entre el 40% y 50%. Por eso es que estamos proponiendo una exoneración. Esto permite excluir la posibilidad de que casas con un valor relativamente modesto. Evidentemente una casa de ¢90 millones no es una casa modesta”, aseveró el director.

Cambio de tasa

El director de Tributación también defendió el cambio de tasa.

“Uno puede pensar en escalas progresivas cuando está en un segmento muy amplio, donde usted lo que trata es de buscar un nivel similar en el carga tributaria que deben aportar dentro de todo ese amplio grupo de población. Pero estamos hablando de un grupo muy reducido, el 2% de mayor ingreso del país”, justificó el alto funcionario.

Con la ley vigente, los inmuebles valorados entre ¢133 millones y los ¢334 millones pagan un 0,25%.

Para las casas de más de ¢334 millones, el impuesto aumenta, sobre el exceso, en forma proporcional con tarifas del 0,30%, 0,35%, 0,40%, 0,45%, 0,50% y hasta un 55%, según la norma vigente.

Con la reforma, la tarifa sería siempre de un 0,5% sobre el valor total, con lo que un inmueble de ¢220 millones pasaría de pagar ¢550.000 a ¢1.100.000.

Esta iniciativa forma parte de la agenda de ajuste fiscal negociada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Con ella el Gobierno, antes de valorar excepciones, planteó recaudar unos ¢61.200 millones anuales, en vez de los cerca de ¢5.000 millones actuales.

La otra exoneración planteada por Hacienda es para los propietarios que hayan recibido los inmuebles en herencia antes del 1.° de marzo del 2021.

Distribuidoras reclaman por rechazo a exonerar IVA en factura eléctrica

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Las empresas distribuidoras de energía eléctrica mostraron su repudio ante la decisión de los diputados de no aprobar una iniciativa de ley que pretendía establecer una exoneración en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en favor de los ciudadanos.

La negativa se produjo en la comisión de Asuntos Hacendarios y, según los empresarios, del sector se beneficiaba a 869.910 familias afectadas por cobro del IVA en sus recibos desde que entró la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Esta era una oportunidad que los diputados tenían para apoyar la reactivación económica del país, sin embargo, prefirieron darle la espalda a los costarricenses.  Sólo en el 2020 las familias pagaron más de 8 mil millones de colones en IVA”, señaló la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (Cedet).

La organización desmintió la posición expresada  por el Ministerio de Hacienda en contra del proyecto, que señaló que de aprobarse se estaría generando una obligación de realizar devoluciones del dinero a las empresas.

“Lamentamos que después de dos años de trabajo para avanzar con este proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda indicara que de aprobarse el mismo provocaría devoluciones por el pago del tributo a las empresas distribuidoras. Lo cierto es que pudimos haber llegado a un acuerdo para el beneficio de las familias costarricenses, máxime en estos momentos de crisis económica, agravada por la pandemia”, indicó Cedet.

 

Impulsan impuesto de $1 por tabla de surf que ingresa al país

Fuente: El Mundo CR

Los representantes del deporte del surf en nuestro país, pidieron a los miembros de la Comisión Permanente Especial de Turismo, que los apoyen y ayuden a redactar un proyecto de ley por medio del cual se cobre un impuesto de 1$, por cada tabla de surf que ingrese al país.

La propuesta pretende que los recursos generados por esta nueva recaudación, que será pagado por los turistas, se distribuyan entre el Instituto Costarricense de Turismo, ICT, Cruz Roja Costarricense y la Federación de Surf para incentivar la práctica de este deporte y ayudar a quienes lo practican.

Los dirigentes del surf en el país, el Presidente Mario Ríos, Randall Chaves Arrieta y el deportista Carlos “Cali” Muñoz, indicaron que se estima que un 16 por ciento de los turistas que ingresan a nuestro país, vienen con el propósito de la práctica de este deporte y portan hasta tres tablas de surfing, cada uno de ellos.

El surfista nacional Carlos “Cali” Muñoz, dijo que en nuestro país hay mucho talento en la parte del Caribe y Puntarenas, pero lamentablemente no hay tantos recursos para que más niños y jóvenes puedan ser atletas de alto rendimiento.

Indicó que los atletas cuando salen del país tienen que pagar los seguros, las inscripciones a los torneos, la habitación del hotel, las tablas que se lleva y muchas cosas más.

Por su parte el legislador Melvin Núñez Piña, quien impulsó la ley del Día Nacional de Surf, aseguró que es un orgullo para él que hoy se esté haciendo historia, con el apoyo a este deporte.

Núñez Piña dijo que, aunque parezca que los eventos de este deporte son caros, pues se requieren hasta 700 mil dólares para la organización de un mundial, todo este dinero se devuelve en una gran publicidad a nivel internacional, que da muy buen resultado.

Para Núñez, la publicidad que se generó en Tokio con la participación de los surfistas nacionales es un ejemplo, de la publicidad de carácter mundial que produce este deporte.

Los legisladores aprobaron una moción, que fue presentada por la legisladora Aida Montiel y otros para que -con base en la reciente ley 9737, que incentiva la práctica de este deporte- se impulse que los comités cantonales, que tienen playas, procedan a la creación de alianzas que permitan un mayor desarrollo y masificación de dicho deporte.

FB Live: Criterios para la Clasificación de Grandes Contribuyentes

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 23 de agosto a las 3:00 p.m. con el tema:

Criterios para la Clasificación de Grandes Contribuyentes, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

¡Les esperamos!

Ministerio de Hacienda hace un llamado a la responsabilidad fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Desde el Ministerio de Hacienda se hace un vehemente llamado a la responsabilidad fiscal, solicitándole al Poder Legislativo no aprobar iniciativas que impliquen una disminución en la recaudación de impuestos y que vayan en contra del esfuerzo de consolidación fiscal que realiza el país para estabilizar las finanzas públicas.

Esta solicitud se realiza en el marco del conocimiento de la propuesta de ley que busca aplicar nuevamente una reducción en el impuesto a la propiedad de vehículos, que forma parte de los derechos de circulación conocidos comúnmente como el marchamo.

Este tipo de medidas impacta la disponibilidad de recursos para programas prioritarios hacia la población establecidos en la legislación vigente y afectaría negativamente la meta de recaudación incluida en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (1,17% PIB), y con ello los resultados fiscales del presente ejercicio económico.

El proyecto que pretende reducir nuevamente este impuesto para el periodo 2022, no establece una fuente alterna de recursos para compensar los ¢70 mil millones que generaría la rebaja. Esta reducción exigirá, sin duda alguna, la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para compensar el faltante que se generaría, ya sea mediante un incremento de la deuda o la generación de nuevos impuestos, cuyo pago finalmente, terminará siendo asumido por la totalidad de la población.

Tasa básica pasiva baja hasta un nuevo récord: 2,95%

Fuente: La Nación

La Tasa Básica Pasiva (TBP) bajará hasta un nuevo récord a partir de este jueves 19 de agosto, cuando llegue a 2,95%, porcentaje que se mantendrá hasta el próximo miércoles 25 de agosto. Este es el valor más bajo del indicador desde 1978.

Dicha tasa resulta importante para las personas que buscan o tienen un crédito en colones pues se utiliza como referencia; así como para quienes ahorran por medio de instrumentos como certificados de depósito a plazo o bonos indexados a ella.

Lo anterior porque quienes mantienen créditos podrían ver mejoras en las tasas que enfrentan por sus créditos; mientras que entre los ahorrantes las reducciones significan que los rendimientos en el mercado financiero están a la baja.

“Esto es consecuencia en parte por la enorme liquidez del sistema financiero y que esa liquidez no está fluyendo a la actividad crediticia, porque la actividad productiva está decaída”, explicó Adriana Rodríguez, economista y gerente de bolsa de Grupo Acobo.

El valor anterior de la tasa en colones era de 3%, cuando también tocó un récord históricamente bajo.

La Tasa Básica Pasiva es un promedio ponderado de las tasas de interés brutas de captación a plazo en colones, de los distintos grupos de intermediarios financieros, que conforman las Otras Sociedades de Depósito (OSD), donde se agrupan bancos comerciales, cooperativas, financieras y mutuales.

El dato de la TBP se publica en un entorno de tasas de interés a la baja, una tasa de política monetaria de 0,75%, producto de una política expansiva del Banco Central, y una débil demanda de crédito por parte del sector privado.

El presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, explicó que el proceso seguido por la TBP refleja la política expansiva adoptada por el Banco Central, que ha generado la reducción de la tasa de política monetaria y eso, a su vez, ha evolucionado en condiciones financieras más favorables con menores tasas de interés en el mercado.

Cubero también destacó la alta liquidez en colones del sistema, que se ha visto influenciada por la disminución del encaje mínimo legal así como por las facilidades especiales crediticias otorgadas por el Central a diversas entidades financieras.

Según datos del Banco Central, el promedio de la TBP para bancos públicos se ubica en 2,06%, mientras que para bancos privados en 2,73% y para otros intermediarios (que incluye financieras, cooperativas y mutuales) el promedio es de 4,3%.

Por su lado, la Tasa Efectiva en Dólares (TED) que también se calcula cada miércoles alcanzó un valor de 1,55%, lo que significa una reducción de nueve centésimas de punto porcentual.

Costa Rica queda rezagada en recuperar confianza de consumidores y empresarios

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) A la hora de generar condiciones económicas y políticas que generen confianza de la gente y de los empresarios, las autoridades costarricenses quedan debiendo.

La mayoría de naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) vieron caer la confianza en sus gobiernos durante el primer año de la pandemia pero la recuperaron para este año. En algunos países repuntó tanto que se puede hablar claramente de optimismo; sin embargo en Costa Rica esas tendencias no han marchado igual.

De hecho, la recuperación ha sido tan lenta, en comparación con esas naciones, que aquí todavía se puede hablar de pesimismo.

Así se desprende de un análisis elaborado por CRHoy a partir de los datos de esa organización que toma en cuenta los índices de confianza del consumidor y de los empresarios desde enero de 2020 a las cifras más actuales.

En ambos casos se midió la cantidad de puntos que perdió cada país entre enero del 2020 y julio del 2020. Se tomaron estos meses como referencias que indicaban el momento pleno antes de la pandemia y la siguiente medición completa postpandemia y se comparó con los puntos que logró recuperar desde ese momento (que en la mayoría de naciones fue el más pesimista) y el dato más reciente que para los consumidores fue mayo pasado y para empresarios fue julio.

En el caso de la confianza de los consumidores Costa Rica fue el quinto país que menos puntos logró recuperar en el índice (0,67) entre julio 2020 y julio 2021, después de haber perdido 1,14 puntos entre enero 2020 y julio 2020. Es decir, en todo un año apenas recuperó la mitad de lo perdido en seis meses.

Con estos resultados se obtiene que hasta la última medición Costa Rica acumulaba un índice del 98,04, con lo cual sigue siendo uno de los 11 países que todavía está por debajo del umbral de 100 considerada la línea que divide el optimismo del pesimismo.

  • Un indicador por encima de 100 señala un impulso en la confianza de los consumidores hacia la situación económica futura, como consecuencia de lo cual son menos propensos a ahorrar y más inclinados a gastar dinero en compras importantes en los próximos 12 meses.
  • Un indicador por debajo de 100 indica una actitud pesimista hacia la evolución futura de la economía, lo que posiblemente resulte en una tendencia a ahorrar más y consumir menos.
  • De hecho, a partir de enero Costa Rica mantiene una tendencia decreciente en la confianza de los consumidores (tercer gráfico), una realidad distinta al promedio de la OCDE que más bien ha tendido a mejorar desde ese momento.



    La recuperación de la confianza por parte de los empresarios ha avanzado a una mayor velocidad que en el caso de los consumidores, pero las cifras están lejos de ser del todo positivas.

    Entre enero y julio del 2020 se perdieron 0,13 puntos en el índice, y entre julio 2020 y julio 2021 se recuperaron 1,08 puntos. En teoría se logró recuperar más de lo perdido, pero lo cierto es que se parte de un nivel muy bajo: ya los empresarios tenían una elevada desconfianza.

    De hecho, Costa Rica no solo es el último en el nivel de recuperación entre todos los países de la OCDE, sino que en el índice general es el penúltimo con el índice más bajo, superado únicamente por Canadá.

    Así, aunque Costa Rica se ubica con un índice de 99 puntos, países como Estonia, Irlanda superan los 105 puntos, luego de haber perdido entre 4 y 5 puntos al inicio de la pandemia.

    En la tendencia comparada con el promedio, Costa Rica más bien empezó a retroceder en mayo, mientras que el promedio de naciones OCDE mantiene una tendencia creciente.



    ¿Qué está impidiendo mejorar la confianza en el país? Para el sector industrial y empresarial costarricense mucho tiene que ver con las señales que se envían desde el Poder Ejecutivo para la reactivación económica, las cuales son contradictorias.

    Por ejemplo, por un lado se habla de reactivación y generación de empleos, pero por otro se tramitan normativas como la de la CCSS que pretende cobrar morosidades de hasta 10 años a trabajadores independientes.

    Para la Cámara de Industrias algunos factores que pueden explicar por qué en Costa Rica ha costado más que los empresarios recuperen la confianza, empieza por el hecho de que previo a la pandemia segmentos de la industria como el régimen definitivo venían apenas iniciando un proceso de recuperación, con una situación débil en las finanzas públicas, y que apenas se estaban empezando recoger los frutos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.   La aprobación de dicha ley, durante el segundo semestre del 2018, ya había también generado incertidumbre, y las huelgas y bloqueos de sectores opositores impactaron directamente muchas actividades económicas y con ello la confianza de los empresarios. La pandemia y su atención no sólo impactó la actividad económica y el empleo, sino también impactó los ingresos y gastos del Gobierno Central, impactando adicionalmente el déficit fiscal. Unas finanzas aún más débiles implicaron que, a diferencia de muchos países de la OCDE, Costa Rica no contará con la posibilidad de aplicar amplios programas de apoyo y estímulo”, afirmó Carlos Montenegro, director ejecutivo de la Cámara de Industrias.

    A lo anterior, los industriales le suman el “manejo errático” de parte del Gobierno en torno al acuerdo con el FMI y a una primera propuesta cargada en impuestos, que también coadyudó a no generar suficiente confianza en los agentes económicos.

    Otro elemento que agregan es la incertidumbre sobre el futuro de la agenda de los proyectos del acuerdo con el FMI, particularmente la Ley de Empleo Público, y el inicio de la campaña política con una gran cantidad de candidatos y una Asamblea Legislativa que se vislumbra todavía más fraccionada que la actual.

    A nivel regional algunas firmas especializadas han venido midiendo estas percepciones. Una de ellas es Pwc, la cual en su última encuesta a gerentes y CEOs de la región determinó que para este 2021 había un incremento general en la confianza, pero con algunas amenazas externas.

    Esas preocupaciones tienen que ver con el aumento de la obligación tributaria (76%), seguida por la pandemia y otras crisis sanitarias (72%), la incertidumbre en la política fiscal (67%), el exceso de regulación (62%) y la incertidumbre política (62%).

    “El impacto de COVID-19 en la economía ha sido muy fuerte y el camino de la recuperación no está despejado aún. Sin embargo, el desarrollo de diferentes vacunas y la puesta en marcha del proceso de vacunación en varios países alrededor del mundo resalta entre las principales razones del optimismo. En la región y en América Latina, hemos observado un acceso limitado a la vacuna con excepción de muy pocos países. Y la mejora esperada en nuestras economías podría extenderse, dependiendo de la rapidez con la que los países puedan acceder a la vacuna”, señaló Pwc en su último estudio para este año.

     

Concejo Municipal de Goicoechea acuerda apoyar Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas

Fuente: El Mundo CR

El Concejo Municipal de Goicoechea acordó por unanimidad este lunes apoyar el expediente 22.304, Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas.

El objetivo del expediente 22.304, Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica, es promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, encadenamientos productivos, creación de emprendimientos y contratación de talento humano costarricense, incluyendo un impacto significativo en los sectores turístico y comercial.

Los beneficiarios de este proyecto serán las personas físicas o jurídicas, no domiciliadas en Costa Rica, que realicen proyectos de Producción Fílmica o Audiovisual y se les otorgará los siguientes incentivos:

  -Exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a las ganancias.
  -Devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación permanente de bienes al territorio nacional para la realización de las actividades fílmicas.
  -Exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación temporal que recaiga sobre equipos, útiles, repuestos, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico que se requieran para la realización del proyecto.
  - Las personas encargadas de ingresar materiales, equipo o vestuario del proyecto se les facilitará el ingreso del equipaje correspondiente, sin pago de tributos ni otras cargas.
  -Adicionalmente, cuando se trate de proyectos que realicen en el país compras de bienes y servicios nacionales que superen un monto de US$500,000.00 (quinientos mil Dólares), se les otorgará la devolución del 100% de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado que hubiesen pagado sobre las mismas.

De aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo conformará una oficina especializada y una ventanilla única digital, para la tramitación de los proyectos y la consecución de los beneficios y exoneraciones correspondientes; además, el Estado y sus instituciones facilitarán los permisos para el acceso y filmación en locaciones pertenecientes al Estado.

Esta iniciativa busca promover la inversión y el desarrollo de producciones y actividades fílmicas de carácter internacional en Costa Rica, como fuente de generación económica, encadenamientos productivos, creación de emprendimientos y contratación de talento humano costarricense, incluyendo un impacto significativo en los sectores turístico y comercial.

El Concejo Municipal de Goicochea espera que pronto se de la aprobación del proyecto.

Aprueban impuesto a vapeadores en primer debate

Fuente: La República

Con 25 votos afirmativos, se aprueba en primer debate el colocar un impuesto del 20% sobre los vapeadores y otros accesorios relacionados al vapeo.

La tasa de impuesto es menor a la anteriormente planteada del 40%; pero no es la primera vez que la propuesta sufrió modificación, puesto que ¢1.000 de tributo fue la iniciativa de arranque.

“Estoy preocupado porque se aprobó una moción que redujo el impuesto del 40% al 20%, y he recibido comunicaciones que señalan la inconveniencia de esa reducción, con instituciones preocupadas por los efectos de la salud del tabaquismo; para debatir de este tema tendríamos que aportar datos, más allá de decir que los impuestos son malos”, dijo José María Villalta, diputado frenteamplista.

Con esos recursos, se pretende financiar a la Caja en la compra de medicamentos contra las enfermedades ocasionadas por estos productos.

A su vez, se prohíbe el uso de estos dispositivos en los lugares públicos donde ya se prohíbe el fumado con el cigarrillo tradicional, ya que de lo contrario, se exponen a multas cercanas a un 10% de un salario base.

Entre otras de las sanciones que se incluyen en esta ley, destaca la mitad de un salario destaca la multa de ¢225.100 a quienes vendan estos productos a menores de edad.

Las reacciones negativas en el seno del Congreso con respecto al avance del proyecto, no se hicieron esperar.

“Todos los impuestos afectan el crecimiento económico y desincentivan el consumo porque encarecen el precio final al consumidor, pero además estamos poniendo obstáculos a aquellas personas que usan este mecanismo como una solución para dejar de fuma”, colocó María Inés Solís, legisladora socialcristiana en su cuenta de Twitter.

Gobierno Central cumplió con la regla fiscal en el primer semestre

Fuente: La Nación

El gasto ejecutado de las entidades incluidas en el Presupuesto Nacional, que contempla las que conforman el Poder Ejecutivo (Presidencia, ministerios y órganos desconcentrados), el Legislativo y el Judicial, aumentó, en el primer semestre, por debajo de lo que dicta la regla fiscal.

Así lo indica el Ministerio de Hacienda en el segundo informe trimestral del 2021 sobre el comportamiento del gasto corriente de las entidades incluidas dentro del Presupuesto Nacional y de las instituciones del resto del sector público no financiero.

El reporte se publicó este lunes 16 de agosto en el sitio web del Ministerio.

Según el documento, el crecimiento del gasto corriente ejecutado a junio del 2021 de las entidades incluidas en el Presupuesto, excluyendo los egresos destinados a la atención de la pandemia por covid-19 en el primer semestre del 2020, fue de un 3,60%, el cual se ubica por debajo del techo de crecimiento que impone la regla fiscal (4,13%).

“De mantenerse esta tendencia, se cumpliría con esta regla al 31 de diciembre del 2021″, indica el informe.

La directora de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, del Ministerio de Hacienda, Ana Miriam Araya, explicó que el cumplimiento de la regla fiscal se mide en forma anual; no obstante, los informes trimestrales permiten a las entidades autoevaluarse.

La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente del sector público (incluye, principalmente, remuneraciones, transferencias a otras entidades e intereses) que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde diciembre del 2018. Para el 2021, el tope es del 4,13%.

Araya detalló, además, que la regla fiscal se debe cumplir con el gasto presupuestado (el planeado), el cual puede tener modificaciones durante el año, y con el gasto ejecutado (el que efectivamente se realiza).

¿Qué pasa con el resto del sector público?

Además del Gobierno Central, hay 108 entidades del sector público no financiero que también deben cumplir la regla, tanto a nivel presupuestado como ejecutado.

De esas 108, 55 no completaron la información y 53 sí lo hicieron. De esas 53, 10 presentan crecimientos en sus planes de gastos al segundo trimestre del año que sobrepasan la regla fiscal.

No obstante, explicó Araya, los presupuestos no siempre se ejecutan completos, entonces puede ser que, aunque el plan sobrepase el monto permitido por la regla, el gasto realizado sí se cumpla.

Desde el punto de vista de la ejecución del gasto corriente, Araya detalló que no se puede hacer, hasta ahora, una medición para este grupo de entidades como la del Gobierno Central, pero se puede evaluar el comportamiento de las erogaciones corrientes realizadas con respecto al monto máximo que pueden ejecutar en el 2021, con base en la regla.

En esta medición, hay ocho entidades cuyo gasto ejecutado sobrepasa en el primer semestre, en un 50%, lo máximo que pueden gastar. Araya explicó que eso no significa que vayan a incumplir, porque podría ser que en el segundo semestre gasten menos y acaten, así, la disposición; no obstante, es una llamada de atención para dichas entidades, en el sentido de que ya han gastado, en el primer semestre, más de la mitad de lo que pueden.

Estas instituciones son el Colegio de Enfermeras y Enfermeros, así como el de optometristas; la Oficina Nacional Forestal; el Instituto Nacional de Estadística y Censos; el Consejo Nacional de Cooperativas; el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, y el Colegio de Periodistas.

El informe fue elaborado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y por la Dirección General de Presupuesto Nacional; se publica cada tres meses en acatamiento al artículo 20 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

La divulgación permite conocer y analizar el comportamiento del gasto corriente ejecutado cada trimestre del año, tanto dentro del Presupuesto Nacional como en las entidades y órganos que conforman el resto de sector público no financiero.

Dilema fiscal desafía a países con incentivos tributarios para zonas francas

Fuente: La Nación

Un total de 25 países de América Latina y el Caribe, incluida Costa Rica, que ofrecen incentivos tributarios para atraer empresas al país, afrontan actualmente un gran dilema.

Así lo exponen los especialistas Alberto Barreix, consultor fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fernando Velayos, quien también es especialista internacional en administración tributaria, en un reciente artículo llamado El impacto de los compromisos de comercio y fiscalidad internacionales sobre los incentivos tributarios y la recaudación, publicado en el blog del BID.

Se trata de lo que ellos denominan “la trilogía imposible”, que consiste en cómo hace el país para cumplir con sus compromisos internacionales, dar incentivos tributarios y mantener la suficiencia recaudatoria.

Este tema es adicional al del impuesto mínimo global que aprobaron los países del G20, pero también está relacionado.

La trilogía imposible

En su artículo Barreix, quien ha participado en programas de reforma fiscal en América Latina y el Caribe, incluida Costa Rica y Velayos, explican que el sistema actual de incentivos invita a las empresas a realizar un arbitraje.

Un arbitraje, explicó Priscilla Piedra, socia de Impuestos de Deloitte, es como se le llama técnicamente al hecho de que se pueda escoger pagar en un sistema impositivo o en otro.

Por ejemplo, cita el artículo, una empresa del régimen de Zona Franca podría sobrefacturar (poner precios mayores) a los bienes y servicios que vende a las empresas del régimen general y de ese modo reducir la ganancia de las que están fuera del régimen especial; y aumentar la de las que están dentro, las cuales tiene beneficios fiscales y así se reduce el pago del impuesto sobre la renta.

O también, indicó Piedra, el arbitraje se puede dar cuando una empresa del régimen tradicional se pasa al especial porque paga menos impuestos.

El caso costarricense

Piedra explicó que el régimen de Zonas Francas en Costa Rica nació, como en casi todo el mundo, como un régimen de incentivos para atracción de inversión extranjera centrada en las exportaciones. En resumen, podían gozar de los beneficios aquellos que fueran exportadores y se establecían límites a lo que se podía vender en el mercado local.

No obstante, la Organización Mundial del Comercio (OMC), revisó el régimen de Costa Rica en cuanto a bienes y estableció que esos límites a ventas locales se tenían que eliminar.

De ahí nació la reforma al régimen, la ley número 8974, del año 2010, la cual eliminó el tope mediante su artículo 21 ter, que indica: “Las exenciones y los beneficios que les sean aplicables, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, no estarán supeditados de hecho ni de derecho a los resultados de exportación”.

Esto provocó que algunas empresas se trasladaran del régimen definitivo a las Zonas Francas, añadió Piedra.

“Más recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revisó a un grupo grande de países que tienen regímenes de incentivos fiscales para determinar si son fiscalmente perjudiciales y en el caso de Costa Rica nos hizo la advertencia en relación al tratamiento de los servicios, en donde se mantenía un límite de prestación de servicios en el mercado local del 50%”, detalló la abogada.

Entonces vino la ley número 9689, del 2019, la cual asegura el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la OCDE en el marco inclusivo del plan de acción de lucha contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (lo que se conoce como BEPS).

De esta forma se eliminó el límite del 50% de ventas máximas para el mercado local para las empresas de servicios en Costa Rica, en el 2019.

BEPS, según se desprende de la definición de la OCDE, se refiere a medidas que han tomado los países que erosionan la base de los impuestos y provocan el traslado de beneficios de las empresas multinacionales hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades.

¿Por qué no se han traslado más empresas? Porque el nivel de inversión que se pide si bien para una empresa grande puede resultar pequeño, no lo es para la mayoría de las empresas, indicó Piedra; y además existen requisitos a cumplir como los de mantener la cantidad de empleados que se había indicado, presentar informes y contar con un estudio de precios de transferencia, que hace que para una empresa normal el beneficio no sea tan alto.

Adrián Torrealba, exdirector de Tributación y socio de Facio & Cañas, añadió que, según los autores, cuando se dan estas situaciones (se eliminan los límites de venta al mercado local) pasan dos cosas: si el grupo económico tiene otra operación interna local, que no está bajo el régimen de Zona Franca, pueden hacer transacciones entre sí que haga que la utilidad se desplace hacia la empresa en Zona Franca y baja la utilidad de la empresa no bonificada, la que no tiene incentivo, con lo cual se afecta la recaudación.

“El otro fenómeno es que son empresas que pueden competir en el mercado local con otras empresas del mercado interno, siendo que las del mercado local no tienen exención mientras que sus competidoras sí, con lo cual se da un problema de competencia”, añadió Torrealba.

“A lo largo del tiempo, las empresas bonificadas pueden ofrecer precios más competitivos porque pagan menos impuesto a las ganancias, lo cual elimina la competencia entre las empresas no bonificadas y reduce aún más la recaudación para los gobiernos”, indica el artículo.

Propuestas

Ante esta situación, Barreix y Velayos proponen tres opciones que reducen la posibilidad de arbitraje de las empresas bonificadas.

La primera es una “regla de la proporcionalidad” al aplicar la deducción del impuesto sobre la renta, de manera que si la empresa no está gravada, el que le compra no puede deducir ese gasto del impuesto sobre la renta, si la empresa paga la mitad del impuesto, entonces el que compra solo puede deducir la mitad del gasto.

La segunda es: “aplicar una retención definitiva sobre las ventas de bienes o servicios al mercado doméstico a una tasa efectiva de tributación (TET)”. Esto sería, por ejemplo, crear una tasa adicional al IVA para los nacionales que compran productos a las empresas en Zona Franca.

La tercera, es gravar con la tasa que se aplica a los servicios prestados por no residentes (mediante una retención final como un porcentaje sobre el valor de ventas, que habitualmente coincide con la tasa aplicada a la asistencia técnica), a aquellos contratados desde el mercado interior en las empresas de Zona Franca.

“Es tratar a la Zona Franca de la misma forma en que se trata a los no domiciliados, y entonces aplicarle la tarifa de lo que nosotros mal llamamos remesas al exterior”, detalló Piedra.

Entonces, añadió la abogada, quien compre el bien o servicio a la empresa en Zona Franca, ésta le retiene del pago un porcentaje que los autores proponen sea similar al de la asistencia técnica, que en nuestro caso sería del 25%.

Para Torrealba, es un tema complicado, pero que se debe comenzar a conversar en el país.

“Sin duda eso es un tema que hay que tratar porque además, advierten ellos, si estas medidas que proponen fueran cuestionadas bajo BEPS entonces ahí se requiere que exista una flexibilización de las normas BEPS para países en desarrollo que requieren dar incentivos para atraer inversión extranjera, etc. Es un tema complejo, y yo creo que no podemos dejar de discutirlo abiertamente y reflexivamente en la línea que plantean los autores”, opinó Torrealba.

Piedra indicó que cualquier de las tres propuestas requiere una reforma legal.

“En mi opinión, antes de entrar a analizar a nivel local algo así, es mejor esperar al resultado de la propuesta del impuesto mínimo global, sobre todo en lo que respecta al Pilar Dos”, consideró la abogada.

Comex y Azofras sostienen que reforma de 2019 a zonas francas corrigió sesgos

Tanto en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como en la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) consideran que la reforma realizada por Costa Rica al régimen de zonas francas, en el 2019, así como el reducido tamaño del mercado interno, hacen que en Costa Rica el dilema conocido como de “la trilogía imposible”, sea poco significativo.

Este dilema consiste en cómo hace un país para cumplir con sus compromisos internacionales, dar incentivos tributarios y mantener la suficiencia recaudatoria, y fue planteado por Alberto Barreix y Fernando Velayos en el artículo El impacto de los compromisos de comercio y fiscalidad internacionales sobre los incentivos tributarios y la recaudación, publicado en el blog del BID.

“En el contexto de la última reforma efectuada a este régimen, las cuestiones que rodean la problemática planteada en el artículo objeto de consulta, fueron objeto de valoración y decisión por parte del Estado costarricense”, comentó Valenciano.

Un equipo integrado por los ministerios de Hacienda (rector de la política fiscal) y Comercio Exterior (rector de la política de inversión) efectuaron un análisis técnico pormenorizado, basado en datos y evidencia, que permitió diseñar un abordaje consensuado para cumplir los estándares internacionales de la Acción 5 de BEPS resguardando los intereses del país tanto en materia de atracción de inversión como de recaudación fiscal, resaltó.

“Como resultado, implementamos reformas legales y reglamentarias validadas internacionalmente, que hoy nos permiten contar con un régimen sólido, en el que operan empresas con verdadera sustancia, y no operaciones tipo cascarón que buscan eludir responsabilidades fiscales”, dijo Valenciano.

Carlos Wong, presidente de Azofras, añadió que en el caso de Costa Rica, a raíz de los procesos OCDE y la aprobación de BEPS, no se presentan sesgos de mercado como dice el artículo porque la normativa BEPS establece que los países no pueden hacer ring fencing (cercado de anillo).

“Por lo tanto pueden vender al mercado local, pero esa venta es en condiciones similares a las empresas de mercado local, o sea, pagaría impuestos”, dijo Wong.

Ring fencing se da cuando un sistema tributario trata ordinariamente a las empresas de su mercado interno, por lo tanto tienen una carga tributaria fuerte, pero aquellas que vienen de afuera y se dirigen hacia afuera del país les da un incentivo, explicó Torrealba y contra eso lucha BEPS.

“Nosotros teníamos en el régimen de Zona Franca, el régimen de exportación de servicios, ahora se permite que, las empresas de Zona Franca puedan tener el régimen cuando se dedican a sectores estratégicos y ya no porque exportan, entonces lo que estás incentivando ahí es el carácter estratégico de los servicios independientemente que sean para el mercado interno o para afuera, eso es lo que evita el Ring fencing y para eso se hizo la reforma reciente”, detalló Torrealba.

“Además, en Costa Rica el tamaño del mercado local no es atractivo para muchas de estas empresas”, añadió Wong.

Para Valenciano, es relevante tener claro que, en el caso de Costa Rica, por el tamaño reducido del mercado nacional, la problemática planteada por el artículo, de facto, tiene un efecto nulo.

“Ello debido a que las empresas que se instalan dentro de nuestro Régimen de Zona Franca mayoritariamente operan en mercados globales y funcionan como hubs de exportación de bienes y servicios hacia diferentes regiones del mundo”, indicó Valenciano.

Además, aún cuando no tienen restringida la posibilidad de vender en el mercado nacional, lo hacen muy poco, pues no es el blanco de sus estrategias de negocios.

“Los datos más recientes publicados por el administrador del régimen, Procomer, evidencian que el porcentaje de ventas que realizan estas empresas localmente promedia apenas 4,2% de sus ventas totales”, añadió.

Otro de los argumentos de Wong es que las regulaciones vigentes sobre precios de transferencia vigentes en Costa Rica hacen difícil el uso de esta plataforma para desviar utilidades.

“La regulación de precios de transferencia implica que los precios transados entre unidades relacionadas deben mantener la proporcionalidad y razonabilidad de una transacción normal entre empresas no relacionadas, por lo que se establece un principio de tasa de utilidad y ganancia como base tributaria”, explicó Wong.

Por ello, añadió el presidente, las empresas establecidas en Costa Rica pueden ver en el país un lugar favorable no solo para invertir, sino también para reinvertir sus utilidades. Recordó que el 70% de las inversiones vienen por reinversión de utilidades.

Para Wong, los tres puntos que recomienda el artículo deben analizarse más bien dentro del contexto de los dos pilares de reforma de impuestos que impulsa OCDE.

“En este contexto debemos como país ser cautelosos y vigilar porque se den cláusulas de salvaguardia que protejan el sistema de Zona Franca del país y que permitan garantizar los derechos adquiridos así como tener el tiempo para desarrollar una verdadera agenda de competitividad y de incentivos alternos que nos permitan seguir siendo exitosos en la atracción de inversión extranjera de calidad”, dijo Wong.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, prefirió no referirse.

“Dada la circunstancia que tenemos actualmente con el tema del G20 y demás, yo preferiría no entrar a hacer comentarios sobre algo que es muy teórico y que podría prestarse para distintas interpretaciones en este momento, en el cual creo debemos ser muy prudentes en esa materia”, justificó Villegas.

Partido propone eliminar 90 impuestos y abaratar combustible

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- El Partido Liberal Progresista Plus (PLP+) propone al electoral eliminar 90 impuestos y abaratar las tarifas de combustibles y electricidad. 

De acuerdo con Eli Feinzaig, economista que fundó y lidera el partido, el Estado no es capaz de brindar un eficiente y eficaz a pesar de la alta carga tributaria que pesa sobre las familias y las empresas.

La propuesta es parte del Plan de Alivio Fiscal que la fuerza política plantea para gobernar a partir del 2022. Según el PLP+, la eliminación de impuestos ayudará a la reactivación de la economía, uno de los principales dolores de cabeza en este momento.

Entre los impuestos que se irían, de ganar ese partido la Presidencia de la República, están el tributo sobre el cemento nacional e importado, el que se cobra a los productos químicos de uso agrícola, el de los medicamentos veterinarios importados, y los timbres que hay que pagar para realizar muchos de los trámites ante instituciones públicas.

En cuanto a los precios de la electricidad, el partido propone la apertura del mercado de electricidad y el de los combustibles, hoy en poder de las empresas estatales Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Con los precios de los combustibles y la electricidad, no solo ahogamos al consumidor y productor nacional. Esto también provoca que se ahuyente la inversión extranjera y las empresas trasnacionales decidan operar en países con menor carga impositiva y costos más bajos” manifestó Feinzaig. 

El economista afirmó que la eliminación de monopolios traerá como beneficio un abaratamiento del costo de vida de los costarricenses. 

El Liberal Progresista Plus además propone reducir el Estado para hacerlo más eficiente.

 

Tributación afirma que solicitud de datos a zonas francas es para realizar estudios

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).-La inusual solicitud de datos sobre negocios y transacciones de las zonas francas que realizó Tributación a estas empresas se hizo “en el marco de los estudios que está elaborando la Administración Tributaria”, como parte de un plan de acción conjunta que realiza el Área de Ingresos del Ministerio de Hacienda.

Así lo aclaró la entidad este viernes luego de que el requerimiento despertó la preocupación de empresarios y distintos actores en materia tributaria.

“Lo solicitado se encuentra dentro del marco del suministro de información por requerimiento que hace la Administración,  con el fin de llevar a cabo estudios sobre el comportamiento fiscal de los contribuyentes,  en este caso en área de manufactura únicamente”, indicó Tributación.

Inicialmente se creyó que era un requerimiento para todas las empresas del régimen, pero según la cartera, solo incluyó a las del área de manufactura que al momento de iniciar un estudio, tenían la clasificación de Grandes Contribuyentes Nacionales o Territoriales.

“Se debe  recordar que no todas las empresas de este régimen tienen exoneración total, algunas tienen tarifas reducidas.  Otro  elemento relevante es que el riesgo de traslado de utilidades por la vía de precios de transferencia puede darse tanto a lo interno del país como a lo externo con partes vinculadas”, señaló Tributación.

La dependencia agregó además que este tipo de requerimientos están apegados a la legislación.

 

Alvarado asegura que rebajo de impuesto a los combustibles es problemón para el próximo gobierno

Fuente: El Mundo CR

El presidente Carlos Alvarado se refirió este miércoles a la propuesta de los diputados Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño para que se rebaje la tarifa del Impuesto Único de los Combustibles.

Según indicó el medio AmeliaRueda, Alvarado aseguró que «si a mí no me importara lo que siga después de mi mandato, está bien, denle, pero eso es un problemón para el próximo gobierno. Lo deja interesantemente desfinanciado».

«Entonces yo preguntaría también a quien quiere gobernar para el próximo periodo, ¿Qué opina de esto? ¿Quiere entrar quedado?», agregó.

Además, el mandatario adelantó «que temas en materia de reducir el impuesto al 50%, que sé que suena muy atractivo para todos porque prácticamente todos usamos gasolina en nuestro transporte, suena muy atractivo y les soy franco, incluso yo lo podría aceptar, pero el problema no lo voy a tener yo, el problema lo va a tener el otro gobierno, porque va a perder el 50% de los ingresos empezando su primer año».

«¿Y cómo los va a llenar? ¿Cómo va a atender sus responsabilidades? ¿Se va a endeudar más? ¿Va a empezar a despedir gente? ¿Cuál gente? ¿Va a cerrar instituciones? ¿Cuáles instituciones? Entonces, si vamos a tener esa discusión, tengámosla toda», añadió.

Por otra parte, Alvarado se refirió al proyecto del diputado socialcristiano, Pablo Heriberto Abarca, Ley para hacer más justo el impuesto único a los combustibles, y afirmó que «Hacienda se ha comprometido a revisarlo. Particularmente en lo que tiene que ver con los ajustes automáticos».

Durante el segundo semestre del año hacienda proyecta colocación de ¢1,4 bill y BCCR de ¢326 mill

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) presentaron este jueves 12 de agosto los planes de colocación de títulos de deuda interna del Gobierno Central y del BCCR para el segundo semestre del año.

Como parte de la estrategia expuesta al mercado bursátil, Hacienda proyecta colocar títulos de deuda interna por ¢1,4 billones, de los cuales ya ha captado ¢513.811 millones.

Por su parte, el BCCR espera colocar bonos hasta por un monto de ¢326.000 millones.

Hacienda utilizará una estrategia de financiamiento que incluye subastas de valores de deuda interna, con el objetivo de alargar el perfil de la deuda del país y disminuir el costo de financiamiento de los recursos captados. Según el calendario anunciado por la Tesorería Nacional, durante este segundo semestre se programaron 13 colocaciones, de las cuales ya se han realizado cinco.

Adicionalmente, Hacienda realizará operaciones (inversas) de gestión de pasivos con recursos de préstamos externos y renovará la oferta de valores, todo esto con la premisa de no presionar las tasas de interés del mercado local.

La estrategia para este primer semestre contempla colocar los instrumentos de la siguiente manera:

El Ministerio agradeció la confianza que ha mostrado el mercado bursátil en la gestión de deuda llevada adelante en el primer semestre, durante el cual la Tesorería Nacional emitió títulos por ¢2.234.337millones, aun cuando las necesidades de financiamiento previstas eran por ¢1.800.000 millones.

“La estrategia anunciada para este semestre tiene como premisa continuar con el proceso de racionalización de las tasas de interés del mercado local, alargar el perfil de la deuda del país y disminuir el costo de financiamiento de los recursos captados. Los exitosos resultados obtenidos durante el primer semestre mediante las subastas y canjes de títulos de deuda, son muestra de la confianza que ha depositado la comunidad inversora local en la gestión de la deuda realizada por el Gobierno Central.  Que complementado con el ajuste en el gasto e incremento de recursos frescos forman parte de las acciones necesarias para avanzar en el proceso de ajuste fiscal. Por tanto, resultará fundamental el apoyo de las y los señores diputados mediante la aprobación de las iniciativas de ley que están en este momento en la Asamblea Legislativa con el propósito de consolidar la hoja de ruta acordada con el Fondo Monetario Internacional”, manifestó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Por su parte, para cumplir con su meta de liquidez agregada durante el primer semestre del 2021, el Banco Central de Costa Rica captó un 55% del monto máximo anunciado. En ese proceso, su estrategia se ha enfocado en la colocación de Bonos de Estabilización Monetaria con plazos a 2 años.

“En el segundo semestre de este año, el BCCR continuará enfocado en captar como máximo los fondos correspondientes a los vencimientos de sus propios títulos. De esa forma, no generará presiones sobre las tasas de interés en el mercado de valores”, señaló Rodrigo Cubero, Presidente del Banco Central. 

Con respecto a los montos de colocación previstos para este semestre, Hacienda aclaró que las necesidades de captación en el mercado interno estarán sujetas a la aprobación de los créditos de financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa, pues de contar con nuevas aprobaciones de préstamos de apoyo presupuestario, se reducirían las necesidades de captación en el mercado de deuda interna local. 

Otro aspecto que podría afectar el monto anunciado, es la reducción en el déficit financiero proyectado. Este aspecto ya se experimentó durante el primer semestre, pues las necesidades de financiamiento brutas comunicadas hoy se ubican en 12,6% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que al inicio del año se estimaron en 13,5% del PIB. La reducción en la estimación del déficit financiero permitió disminuir las necesidades de financiamiento por parte de este Ministerio, debido a que a hoy la proyección de déficit fiscal es del 6,2% como proporción del PIB, mientras que a inicios del año fue del 7,0%

En el evento, realizado de manera virtual, también participaron el viceministro de Egresos de Hacienda y director de Crédito Público, Isaac Castro; el subtesorero nacional, Mauricio Arroyo; y la directora de la División Gestión de Activos y Pasivos del BCCR, Bernardita Redondo.

FB Live: Auditorías en Zonas Francas

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 16 de agosto a las 3:00 p.m. con el tema:

Auditorías en Zonas Francas, a cargo de nuestro especialista, el MAF. Ronald Varela.

¡Le esperamos!

Reforma de impuesto a casas de lujo sigue congelada pese a oferta de cambios de Hacienda

Fuente: El Financiero

El Ministerio de Hacienda espera una pronta discusión legislativa del proyecto que reforma el tributo solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda (ISO), popularmente conocido como el impuesto a las casas de lujo. Sin. embargo, el ambiente en Cuesta de Moras es frio.

La intención general del proyecto de Ley de Impuesto a Inmuebles de Lujo para Uso Habitacional, Ocasional y de Recreo (22.382) es elevar la recaudación tributaria, a través de un aumento tarifario y la utilización del valor del terreno para definir qué es una vivienda “de lujo”.

La reforma también busca enmendar un gravamen que hasta ahora ha dejado resultados fallidos y que es fácilmente eludible. Según el ministro de Hacienda, Elian Villegas, actualmente podría decirse que el gravamen únicamente lo pagan “quienes quieren pagarlo”.

El impuesto se estableció en 2009 para fortalecer la inversión en vivienda social y pretendía recaudar unos ¢10.000 millones anuales. Sin embargo, más de 10 años después, este 2021, registra una recaudación de solo ¢4.639 millones a junio (su plazo de pago venció en agosto).

Según la administración, las bajas cifras recaudatorias responden en gran medida a grandes porcentajes de incumplimiento, pues se trata de un impuesto que autodeclara cada contribuyente y de difícil fiscalización.

Con el cambio, el ministro Villegas indicó a EF que la idea es permitir una participación más activa de Tributación. Esta dirección definiría cual es el impuesto y lo pondría a cobro cada año, como ya ocurre con el impuesto a la propiedad de vehículos (el marchamo). Luego tendría que fiscalizar a quienes no paguen.

Especialistas en asesoría tributaria comentaron a EF que la propuesta de Hacienda efectivamente facilitaría el cumplimiento e incluso las gestiones de quienes hoy lo declaran (pues deben realizar avalúos propios); sin embargo, advirtieron que dejar la definición del costo de los inmuebles en bases de datos resta control a los administrados sobre el verdadero valor de los mismos y alertaron sobre algunas complicaciones técnicas que podrían elevar los registros.

Pese a las expectativas de Hacienda, el proyecto no tiene un camino sencillo en el Congreso. Los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos –foro encargado del expediente– manifiestan disconformidades relacionadas con la tasa del importe, entre otras cuestiones de fondo.

El proyecto y los cambios

Actualmente el impuesto se cobra sobre aquellas viviendas con un valor de construcción superior a los ¢133 millones. Este valor no es fijo, sino que se actualiza cada año, usando como referencia la variación experimentada por el índice de precios al consumidor (IPC) hasta noviembre. Si el valor de la construcción supera esa barrera, entonces se le suma el valor del terreno y se calcula el gravamen.

Con la reforma, el impuesto se cobraría sobre todas aquellas viviendas con un valor superior a los 325 salarios base (¢150 millones a 2021), ya no solo partiendo sobre su valor de construcción sino también de su terreno.

Este cambio podría aumentar la cantidad de personas que paguen el gravamen, pues el valor de terreno aumentaría las posibilidades de que la vivienda sobrepase la barrera mínima para convertirse en “casa de lujo”.

Además de este cambio, la principal herramienta para frenar la elusión del impuesto que impulsa Hacienda es que el gravamen ya no lo declararía cada contribuyente, sino que lo definiría la propia Dirección General de Tributación (DGT). Para ello utilizaría la información disponible en el Registro Nacional y en las municipalidades.

Es decir, la propia DGT definiría quiénes pagan el impuesto y no los propios contribuyentes. “Ya lo que se va a generar es un cobro a raíz de las bases de datos y aquellas personas que no lo paguen deberá demostrar por qué no lo hacen”, explicó el ministro Villegas.

Otro cambio que propiciaría la reforma y que aumentaría la recaudación es un aumento en la tasa del impuesto. Actualmente el gravamen tiene una tarifa escalonada de entre el 0,25% y el 0,55% sobre el valor del inmueble; que no supera el 0,25% hasta los ¢335 millones (en el escalón más bajo de siete); pero con el cambio se pasaría a una tarifa flat del 0,5% para todas las propiedades que superen los ¢150 millones.
Cambios de peso

El socio director de Grant Thornton, German Morales, aseguró a EF que la reforma supone un cambio sustancial.

Indicó que la posibilidad de que se utilicen datos municipales o del Registro Nacional resta control a los contribuyentes para determinar el valor real de sus inmuebles y añadió que la inclusión del valor del terreno en la base de cálculo para definir cuál es una casa de lujo deja espacio para la incertidumbre en el caso de plusvalías.

“Recordemos que para efectos fiscales la depreciación de un inmueble anda en 50 años, es un 2% por año y solamente para la parte constructiva. El valor del lote siempre va a subir“, explicó.

La socia directora de Deloitte, Carla Coghi, añadió que el aumento en la tasa es alto para la mayoría de los contribuyentes, que podrían experimentar incrementos de hasta un 100% de sus importes.

En el caso de una vivienda cuyo valor actual de construcción y terreno sea de ¢253 millones, citó, pasaría de pagar ¢634.000 anuales a ¢1,27 millones anuales.

Coghi además señaló que en muchas ocasiones el valor inscrito ante del Registro Nacional es el que se incluyó en hipotecas, y que estos valores tienden a ser superiores al costo real de la infraestructura.
Camino complejo

La iniciativa de ley tiene por delante un panorama complejo en el Congreso. Una mayoría de los diputados de la comisión de Asuntos Jurídicos se muestran reacios, ante varios aspectos del proyecto como la inclusión del valor del terreno en el cálculo mínimo para definir qué es una “casa de lujo” y la eliminación de las tarifas escalonadas vigentes.

Estos puntos los mencionaron a EF el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Jorge Fonseca, y la legisladora de Restauración Nacional (PRN), Mileyde Alvarado; quienes señalaron que el trámite del proyecto parece complicado y lejano de “tener ambiente” para su avance.

La ley ya establece que estarán exonerados del tributo las propiedades del Gobierno Central, de las municipalidades y de algunas asociaciones o fundaciones. También deja por fuera los bienes en inventario de inmobiliarias, los que fueron declarados patrimonio histórico o arquitectónico y las sedes diplomáticas (siempre que sean de su propiedad).

No obstante, para dar mayor viabilidad a la iniciativa, el Gobierno ya anunció de que impulsará algunas excepciones adicionales en el proyecto. Por ejemplo, dijo que planteará eliminar el gravamen cuando se trate de viviendas heredadas o cuyo valor de terreno represente más de un 40% del valor total del inmueble, en aquellas viviendas con un valor superior a los ¢210 millones.

El proyecto de reforma actualmente está en etapa de consulta a instituciones y aún no recibe audiencias legislativas. Existe un plazo hasta el próximo 6 de octubre para la confección de un primer informe de subcomisión sobre el mismo, según indicó a EF el despacho de la diputada Franggi Nicolás, del PLN, presidenta de la comisión de Jurídicos.

De todas las iniciativas negociadas con el FMI para ajustar la deuda pública en 2023, la reforma al impuesto sobre las casas de lujo es la que tendría un menor impacto fiscal (0,08% del PIB). Su rendimiento sería menos de una catorceava parte del total en materia de nuevos ingresos que se propuso al organismo internacional.

No obstante, ese 0,08% del PIB representa unos ¢30.000 millones anuales: unas seis veces lo que se recaudó este 2021 con la versión actual del tributo. El proyecto planea que de la nueva recaudación, se mantengan 8.655 salarios base para financiar programas de vivienda (unos ¢4.000 millones aproxiamadamente).

Las proyecciones de recaudación se publicaron como parte de la carta de entendimiento entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la cual Costa Rica se comprometió a realizar un ajuste fiscal que le permita estabilizar su deuda pública a partir de 2023 (que incluye este proyecto), a cambio de un programa de financiamiento de $1.778 millones, en condiciones blandas, por los próximos tres años.

Costa Rica ya puede competir con mejores armas por “nómadas digitales”

Fuente: La República

Con una serie de beneficios fiscales y facilidades para vivir y trabajar en el país, Costa Rica empezó a competir con mejores condiciones por el apetecible mercado de los “nómadas digitales”.

Se trata de turistas de larga estancia que podrían vivir en el país de manera temporal con sus familias, a la vez que generan empleos y encadenamientos productivos al consumir productos, alquilar viviendas o apartamentos y disfrutar de las playas, montañas y otros atractivos turísticos.

Y es que en medio de la emergencia sanitaria que ha significado la Covid-19 en todo el mundo, urge la reactivación económica y por tanto, hay una gran competencia por este tipo de turistas, los cuales, tienden a gastar mucho más que un ciudadano promedio.

La exoneración del impuesto sobre las utilidades, la importación libre de impuestos de cualquier equipo necesario para trabajar, el reconocimiento de la licencia de conducir por un año y el permiso para abrir cuentas bancarias, son algunos de los beneficios y facilidades otorgadas a los nómadas digitales a partir de ayer, cuando el presidente Carlos Alvarado sancionó la ley.

“Este es un proyecto que tiene escrito a través de todas sus páginas las palabras empleo y bienestar en todo el territorio nacional, porque facilita que personas de distintas partes del mundo puedan estar en Costa Rica trabajando y que eso atraiga todas las inversiones y aportes que puedan traer. El nómada digital consume servicios, alimentación, hace compras, usa el transporte, contrata personas y todo eso genera más empleo en el país y todo viene a generar crecimiento”, dijo el presidente Alvarado.

La normativa establece la categoría migratoria de no residente para los beneficiarios, así como exención total del impuesto sobre las utilidades.

Costa Rica es el séptimo mejor destino del mundo para que los nómadas digitales se establezcan, de acuerdo con un estudio de la firma InsureMyTrip publicado por Forbes en mayo de este año.

En Latinoamérica se ubica después México, con una puntuación de 6,1 sobre diez. La lista la encabeza Noruega, mientras que Emiratos Árabes Unidos es el menos apetecido entre los países y territorios analizados.

Los beneficios otorgados ayudarían al país a ocupar una mejor posición.

“Avanzamos hacia la reactivación económica con la firma de esta ley. Costa Rica tiene en esta legislación pionera en el área, desde el punto de vista de su solidez, una gran herramienta para potenciar al país como destino predilecto”, dijo Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación y uno de los mayores defensores de la iniciativa en el Congreso.

La ley firmada ayer permitirá a toda persona extranjera, con un ingreso mayor a $3.000 al mes, permanecer hasta por un año en el país con una visa que puede prorrogarse por un año adicional. Si viaja con su familia, el ingreso debe ser de $5.000.

Asimismo, la importación de equipo personal básico de cómputo, informático, de telecomunicaciones o análogos, necesarios para cumplir con sus labores o la prestación de sus servicios, estarán exonerados del pago de todos los impuestos siempre y cuando cumplan con los criterios de proporcionalidad que serán dictados por parte de la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

Los beneficiarios tendrán exención total sobre el impuesto sobre las utilidades y su licencia de conducir será válida.

Los 32 Centros de Desarrollo Turístico del país tienen condiciones para recibir y atender nómadas digitales. El “nómada digital” puede establecer su “oficina” en las playas, montañas, volcanes y una variedad de ecosistemas en Costa Rica.

Mejores destinos

Costa Rica es uno de los países considerados más amigables con los nómadas digitales, según un estudio de la firma InsureMyTrip publicado por Forbes. La publicación es de mayo, por lo que el país estaría con mejor puntuación tras aprobación de ley.

  1. Noruega (7,8)
  2. México (7,3)
  3. Alemania (7,1)
  4. Portugal (6,8)
  5. Islandia (6,8)
  6. Grecia (6,4)
  7. Costa Rica (6,11)
  8. Jamaica (6,0)
  9. España (6,0)
  10. Bermudas (5,9)

Los beneficios

Este es un listado de los principales beneficios que tendrán los nómadas digitales:

  Exención del impuesto sobre utilidades
  Importación libre de equipo necesario para el servicio
  Reconocimiento de la licencia de conducir
  Visa por un año, prorrogable
  Permiso para abrir cuentas bancarias locales

Ejecutivo solicita priorizar iniciativas para reducir el precio del gas y gastos de Recope

Fuente: El Mundo CR

Este martes, el Poder Ejecutivo envió a la presidenta del Directorio Legislativo, las jefaturas de fracción y a las diputaciones independientes un oficio solicitando priorizar en las sesiones ordinarias dos proyectos: la reducción del impuesto al gas GLP en ₡27 por litro, empleado comúnmente por sodas, restaurantes y emprendimientos turísticos. Así como abaratar los costos de operación de Recope, eliminando el aporte al fondo de ahorro de los trabajadores.

Se trata de los expedientes N°22027 “Eliminación del aporte de la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope) al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de los Trabajadores”, y N°22.424, “Reducción del Impuesto Único al Gas GLP”.  Ambas iniciativas fueron propuestas por el diputado Erwen Masís.

Reducción del impuesto único al gas LP

El proyecto de ley N°22424 pone a consideración de la Asamblea Legislativa equiparar el impuesto aplicado al combustible búnker con el aplicado al gas licuado de petróleo, conocido como gas GLP.

Actualmente, por cada litro de gas licuado de petróleo el consumidor paga ₡51, 25 por concepto del impuesto único, mientras que por búnker cancela ₡24, 25. Con la reducción propuesta en el proyecto de ley, ese costo sería igual al del búnker, lo cual generaría un ahorro de ₡27 por cada litro para las personas de menores recursos que cocinan con gas GLP y a pequeños negocios como sodas o restaurante y a una serie de emprendimientos turísticos que utilizan este combustible.

De acuerdo con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el precio máximo comercializador es de 9.556 colones para un cilindro de gas de 25 libras, de aprobarse este proyecto la reducción se estima en alrededor de 300 colones por cilindro. En el caso de la presentación de 100 libras, el ahorro ascendería a los 1.225 colones para el consumidor.

La modificación a la baja de este tributo representa un ahorro para los consumidores que supera los ₡8.800 millones al año.

Paralelamente, el gas licuado de petróleo es menos contaminante y tiene una mejor relación costo-eficiencia que otros combustibles como el diésel y la gasolina.

El Poder Ejecutivo solicita la priorización de esta iniciativa para contribuir a la reducción de costos de la institución y con esto continuar la ruta de la eficiencia presupuestaria que se ha propuesto el Gobierno desde inicio de la administración, así como incidir en la disminución del precio de los combustibles para beneficiar las dinámicas productivas del país y con éstas la generación de empleo.

Eliminación del aporte de Recope al Fondo de los trabajadores

Este proyecto de ley plantea eliminar la transferencia mensual del 6,5% de la planilla que hace la institución al Fondo, lo que equivale a ₡1.555,74 millones al año.

Para Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, las dos propuestas tienen el potencial de beneficiar simultáneamente a varios sectores del país y de mejorar la eficiencia de Recope.

«Lo que se pretende es impactar en los costos de los combustibles. Para el Ejecutivo es prioridad buscar los mecanismos que nos ayuden a reducir el impacto que está teniendo el precio de los combustibles en la actividad productiva y en los hogares, sin que esto repercuta en la estabilidad fiscal del país», detalló la jerarca de la Presidencia.

En la nota enviada por la ministra de la Presidencia, el ministro de Hacienda y el presidente ejecutivo de Recope se solicitaron que se considere, en el marco de lo que permite el Reglamento Legislativo, que a estos expedientes se les otorgue una dispensa de trámite o bien, sean valorados para trasladarlos a alguna Comisión Plena. Además, se adjuntó una propuesta de moción al expediente N°22.424, “Reducción del Impuesto Único al Gas GLP”, para hacer efectiva la equiparación del monto del impuesto del gas GLP al del búnker.

Ajuste de impuesto único a combustibles provoca alza de ¢2 en precio de gasolinas

Fuente: Amelia Rueda

Las gasolinas tendrán un nuevo aumento de ¢2 y el diésel de ¢1, esto tras la actualización del impuesto único a los combustibles hecho por el Ministerio de Hacienda y aprobado este martes por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Con esta alza los precios por litro quedarán así:

El impuesto a los combustibles representa en este momento el 35,2% en la gasolina super (¢264 por litro); 34,7% en la plus (¢252 por litro) y 24,9% en el diésel (¢149 por litro).

La actualización del impuesto único de combustible se debe hacer cada tres meses, según lo dictaminado por ley.

Este será el noveno incremento que se aplica al precio de la gasolina, luego de que el pasado 23 de julio se aplicara un aumento de hasta ¢16 en el precio de los combustibles.

La tendencia al alza en el precio de los hidrocarburos se ha mantenido desde el inicio del año. De acuerdo con los registros, la gasolina súper ha tenido nueve aumentos y una rebaja (de ¢1); la regular plus ha tenido ocho aumentos y dos rebajas (de ¢11 y ¢4) y el diésel registra nueve aumentos y dos rebajas (de ¢18 y ¢1).

La mayoría de los ajustes se deben a las peticiones mensuales que realiza la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), además de impuesto a los combustibles y una petición de alza de los expendedores de combustible.

Este nuevo ajuste entrará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Hacienda capta ¢223.703 millones y $73 millones, la suma más alta del 2021

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda logró levantar, este lunes 9 de agosto, el monto de financiamiento más alto del 2021, en una subasta de bonos de deuda interna.

La Tesorería Nacional consiguió captar ¢223.703 millones y $73 millones (¢45.441 millones, al tipo de cambio de este lunes), con emisiones en colones y dólares, respectivamente, confirmó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El jerarca comentó que, durante la convocatoria, recibieron ofertas por ¢490.000 millones.

“Creo que es un ofrecimiento histórico”, destacó Villegas.

La subasta de este lunes superó a la efectuada el pasado 26 de marzo, cuando la Tesorería logró asignar ¢209.711 millones y $21,7 millones (¢13.507 millones) en títulos valores a inversionistas, en el mercado local.

“El mercado financiero costarricense reafirma su confianza en la hoja de ruta de consolidación de las finanzas públicas, lo que se refleja tanto en la cantidad de recursos que se ofrecieron (¢490.000 millones) como en las condiciones de tasa de interés que fueron solicitadas”, aseguró Villegas.

Una subasta es un proceso de venta de títulos sean públicos o privados, que se efectúa en la Bolsa Nacional de Valores, en el mercado primario; es decir, entre el emisor y los inversionista, por medio de un puesto de bolsa autorizado.

En el caso de Hacienda, la entidad tiene establecido un cronograma anual de subastas y, días previos a la ejecución del remate, anuncia las características de los bonos en plazo y rendimiento.

Precisamente Hacienda, en conjunto con el Banco Central, dará a conocer, este jueves 12 de agosto, el Plan de Endeudamiento Interno del Gobierno Central, para el segundo semestre de este año.

La entidad convocó a una actividad virtual a puestos de bolsa, entidades bancarias, fondos de inversión, fondos de pensiones y al medio financiero para brindar el detalle de su necesidad de financiamiento.

Para el primer semestre de este año, Hacienda estableció la meta de captación, en el mercado interno, de ¢1.710.000 millones.

Sin embargo, al 22 de junio pasado, la entidad pública había superado dicha meta en 21%, al financiarse por ¢2.170.000 millones.

La asignación

Al final cierre de la jornada bursátil, la mayor asignación se dio en un título con vencimiento al 2032 al cual se le asignaron ¢117.841 millones, a un rendimiento de 6,95%.

“Sí logramos seguir el proceso de reducción de rendimientos. Por ejemplo, en el bono a 11 años, asignamos a 6,95%. Si se compara con una asignación de hace un año, para un título también a 11 años, la diferencia son 230 puntos base (un punto base equivale a una centésima de punto porcentual). Entonces sí hay una reducción importante”, aseguró Villegas.

Para un título con vencimiento al 2026, la Tesorería colocó ¢79.656 millones a una tasa del 4,96%.

Mientras que para otra emisión, al 2040, la asignación fue de ¢26.206 millones, con un rendimiento de 5,65%.

En moneda extranjera, la mayor captación fue $60 millones (¢37.348 millones) para un bono de deuda interna cuyo vencimiento será en el 2025. La rentabilidad para este instrumento se cerró en 3,95%.

Por último, al 2027, se asignaron $7,6 millones (¢4.730 millones) a una tasa de 4,38%.

Para Vidal Villalobos, economista de Prival Bank, el resultado de este lunes se explica por la combinación de varios factores.

Por ejemplo, mencionó que el Gobierno muestra una menor ansiedad por captar recursos, dado el avance del financiamiento externo con organismos multilaterales.

“Los bancos no están colocando crédito, así que tienen que buscar dónde dejar el dinero (…) Hay mucha liquidez en el sistema”, destacó Villalobos.

El economista mencionó que el Banco Central también efectuó, este lunes 9 de agosto, una subasta en la cual captó casi ¢30.000 millones, a un rendimiento de 1,96%, para un bono con vencimiento al 2023.

Atención virtual genera indefensión ante Hacienda

Fuente: Diario Extra

Si dice que en un futuro serían máquinas las que se encargarían de la atención de usuarios, pero ¿cuál es la probabilidad de que puedan resolver casos tan complejos como los tributarios?

El Ministerio de Hacienda habilitó una plataforma poco antes del inicio de la pandemia y ante la implementación del teletrabajo ha sido casi la única salida de los contribuyentes para buscar una respuesta a sus problemas.

La idea era agilizar la atención al usuario, pero lo cierto es que muchos temas no pueden ser resueltos por esa vía y las personas quedan sin acceso a una respuesta pronta y asertiva.

De acuerdo con Raymundo Volio, especialista en derecho tributario, este tipo de mecanismos, lejos de ayudar al contribuyente, se han convertido en una pesadilla.

Lo enmarca en una serie de acciones abusivas frente a la gente porque, en lugar de facilitar la recaudación, solo aleja a los obligados y los orilla a conductas evasivas.

“El caso más crítico es el de la plataforma Travi (Trámites Virtuales) del Ministerio de Hacienda. Recordemos que con la pandemia Hacienda ha estado trabajando de manera virtual, por lo que esta plataforma se ofreció para ayudar en este sentido. Sin embargo es una plataforma sin sustento legal y propicia la arbitrariedad, al tiempo que deja abandonado al contribuyente”, comentó Volio.

A su criterio, se registra un aumento considerable en casos donde no se atiende con rapidez ni eficiencia, con estancamiento de hasta un año en un trámite que antes tardaba a lo sumo dos meses.

“Se ha visto cómo algunos trámites se resuelven sin la mediación esperada, simplemente para salir del paso, sin opción de recurso alguno, como lo ha señalado el propio Ministerio de Hacienda, cuando las gestiones ante el Travi deberían ser consideradas como cualquier otra gestión frente a la autoridad”, añadió.

Lo que ocurre es que la plataforma responde de manera automática solo algunas consultas muy generales, de modo que para la mayoría de los contribuyentes la atención no es personalizada o individual, y si por ese medio no obtiene la respuesta se debe enviar un correo y en muchas ocasiones el correo lo remite nuevamente al Travi.

“Para colmos la respuesta de la administración a muchas de las cosas incluye alguna excusa como la falta de recursos o a priori te dicen que el trámite se llevará muchos meses más de lo esperado por la situación actual de la pandemia. Que sepamos, todo el personal de Hacienda ha mantenido su puesto completo en estos meses, es decir, no se han recortado puestos ni horarios”, cuestionó.

Recientemente el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica envió una misiva a Carlos Vargas, director general de Tributación, en la que señalaban algunos problemas que se han generado debido al uso de Travi, que son contrarios a los derechos de los contribuyentes.

El artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios estipula que los contribuyentes tienen el derecho a ser informados y asistidos por la administración, lo que no sucede en este momento.

Empresarios llaman atención al Gobierno: Contagios no están en los comercios

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Los empresarios insisten que el gobierno debería de flexibilizar más las restricciones durante el mes de agosto pues los contagios de COVID-19 no están ocurriendo en el comercio, afirmaron.

La Cámara de Comercio de Costa Rica reiteró a las autoridades que todos sus agremiados cumplen en un 100% con los protocolos sanitarios para impedir nuevos contagios de la enfermedad viral.

Con las restricciones, reclamó la Cámara, lo que logra el Gobierno es el fomento de actividades clandestinas donde no hay ningún control de la pandemia.

El Gobierno decidió que a partir de este 9 de agosto la restricción vehicular sanitaria inicie a las 10:00 p. m. y termine a las 5:00 a. m., y se mantendrá por placa par o impar durante los fines de semana. 

Empero, el sector comercio insiste en que la medida se aplique a partir de las 11:00 p. m. entre semana y que se elimine por completo durante los fines de semana. 

Los empresarios argumentan que con su propuesta estarían en capacidad de generar hasta 17.000 nuevos empleos pues las ventas aumentarían en un 20% de acuerdo con estudios “detallados y completos” en los que sustentan sus expectativas.

La Cámara de Comercio alegó que su propuesta además beneficiaría a las arcas del Gobierno, pues el incremento en las ventas también generaría un aumento de la recaudación de impuestos por el orden de los ¢10.500 millones mensuales, ¢6.200 por concepto del impuesto al valor agregado y ¢4.300 por el impuesto sobre la renta.

Costa Rica tiene una tasa de desempleo de un 17%, mientras que el sector informal de la economía emplea a casi un 50% de las personas.

“Si no se flexibilizan las medidas de restricción sanitaria vigentes, vendrán nuevos despidos en sectores que ya se encuentran muy afectados“, advirtieron los empresarios.

En tanto, el Gobierno insiste en que las medidas de restricción se van a flexibilizar hasta que el país alcance la inmunidad de rebaño, en algún momento del último trimestre del año.

 

Contraloría: presupuesto extraordinario deteriora cifras fiscales

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -El Gobierno deterioraría los principales resultados fiscales del país con el quinto presupuesto extraordinario 2021 que envió a la Asamblea Legislativa para su discusión y votación.

La advertencia la hizo la contralora general de la República, Marta Acosta, en un informe que entregó a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que estudia el nuevo plan de gastos presentado por el Poder Ejecutivo.

Según explicó, un 82% de los recursos de financiamiento incorporados en el quinto presupuesto extraordinario corresponden a la colocación de títulos valores de la deuda interna a largo plazo y serían destinados a proyectos y gastos de diversa índole.

“Esto llevaría  a un deterioro de los principales resultados fiscales. Por lo anterior, acciones con enfoque a la sostenibilidad siguen siendo imprescindibles“, indicó la Contralora.

Acosta mencionó que el proyecto de ley provocaría un aumento de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, ¢92.942 millones, en el déficit financiero.

Además, el déficit en cuenta corriente se elevaría en 0,2% del PIB (¢66.262 millones). En ese mismo porcentaje crecería el déficit primario (¢92.942 millones).

“El mayor desequilibrio se explica, principalmente, por el aumento del gasto de ¢45.975 millones en transferencias, ¢25.551 millones en remuneraciones, ¢12.662 millones en servicios, entre otros. Aunado al hecho de que la mayoría de ingresos incorporados corresponden a financiamiento”, amplió la jerarca de la Contraloría General de la República (CGR).

El nuevo presupuesto plantea que los ingresos se financien con la colocación de títulos valores de la deuda interna a largo plazo por ¢67.615 millones.

Con ello, se aumentaría en ¢6.181.966,3 millones el total solicitado para colocaciones en el 2021, indica también un estudio que hizo el departamento de Análisis Presupuestario del Congreso remitido a la Comisión de Asuntos Hacendarios.

De acuerdo con este informe, uno de los objetivos del proyecto de ley es “aumentar la autorización para emitir títulos valores de la deuda interna para el financiamiento de nuevos gastos prioritarios de las instituciones”.

Gasto corriente crecería

El informe técnico del departamento de Análisis Presupuestario del Congreso menciona que el proyecto de ley aumentaría los gastos corrientes en ¢60.901,3 millones.

El crecimiento se mantendría dentro del rango permitido por la regla fiscal para el 2021, que es de 4,13%, según lo indicado por el Ministerio de Hacienda.

El aumento propuesto en el proyecto de ley haría que el gasto corriente aprobado para el Gobierno sea mayor en alrededor del 2% al monto inicial estimado por Hacienda para 2020, de acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR).

El 70,2% de los recursos incorporados en el quinto presupuesto extraordinario se asignarían a los ministerios de Educación Pública (MEP) y de Trabajo y Seguridad Social.

El presupuesto del MEP se aumentaría en ¢46.958,9 millones, todos financiados con la colocación de títulos valores de la deuda interna.

Entre los incrementos propuestos, destacan los siguientes:

  • ¢30.590,9 millones para el cumplimiento del Convenio de Pago por Cuotas Obrero-Patronales entre el MEP, Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por deudas del MEP.
  • ¢16.368,0 millones para el cuestionado fideicomiso constituido entre el MEP y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para la construcción de 103 obras educativas en el país, de las cuales solo se entregaron 48 y otras 7 quedaron inconclusas y abandonadas.
  • Una autorización al fideicomiso para utilizar ¢10.547,4 millones para concluir las 7 obras educativas.

Al Ministerio de Trabajo se le asignan ¢19.880,8 millones, de los cuales ¢7.490,4 millones corresponden a la incorporación del superávit específico del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y ¢7.390,4 millones se financiarían con la emisión de títulos valores de la deuda interna.

Algunos de los destinos de los recursos serían los siguientes:

  • ¢¢5.000 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para el subsidio de cuido y desarrollo infantil de niños.
  • ¢7.390,4 millones para el Programa Empléate.
  • ¢100,0 millones, de los cuales se destinarían ¢97,9 millones para reintegros o devoluciones y restitución de sumas pagadas de más y ¢2,1 millones de una transferencia a la Municipalidad de Santa Ana.

El quinto presupuesto extraordinario debe ser discutido y dictaminado, afirmativa o negativamente, por la Comisión de Asuntos Hacendarios.

 

FB Live Estudio de Precios de Transferencia: Documentación de soporte

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 9 de agosto a las 3:00 p.m. con el tema:

Estudio de Precios de Transferencia: documentación de soporte, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

¡Le esperamos!

Lineth Saborío rebajaría impuestos asociados a la gasolina

Fuente: La República

De ganar la carrera presidencial en febrero del 2022, Lineth Saborío, candidata de la Unidad, se compromete a revisar los impuestos asociados a la gasolina.

Asimismo, no descarta abrir el monopolio de Recope, con el objetivo de abaratar el costo productivo y hacer de Costa Rica un país más amigable con la inversión.

“Es exorbitante lo que pagamos es nuestro país por el combustible y llega el nuevo aumento. Necesitamos que el dinero se quede en los bolsillos de las familias. El impuesto único a los combustibles se debe reducir y abrirse el mercado de Recope”, dijo Saborío.

Y es que esta semana entró en vigencia el octavo aumento del año para todas las gasolinas.

Ganaderos rechazan aumento a impuesto de inmuebles “de lujo”

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La Corporación Ganadera (Corfoga) condena las pretensiones del Gobierno de aumentar el impuesto que se cobra sobre los bienes inmuebles “de lujo” para uso habitacional, ocasional o de recreo.

Asimismo, los ganaderos rechazaron cualquier impuesto que grave a la población en general pero, especialmente, al sector productivo.

La Junta Directiva asumió esa posición a pesar de que el proyecto de ley indica que las propiedades donde se desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales, de conservación de recursos naturales, agroindustriales y comerciales no estarán gravadas con el impuesto.

“La realidad es que cualquier otra carga en materia tributaria golpearía una vez más a los sectores que participan en la economía”, manifestó la Directiva.

Corfoga afirmó que, nuevamente, a través del tributo, serán las familias y las empresas las que deberán asumir las malas decisiones en que ha incurrido el Gobierno en materia fiscal.

De igual manera, los empresarios reclamaron las intenciones del Poder Ejecutivo de aumentar la carga tributaria en momentos en que el país aún no sale de la indignación por varios casos de corrupción que han acaparado a la opinión pública, como el del presunto cobro de sobornos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a empresas constructoras que acaparan contratos de construcción y conservación vial.

De no corregirse esos problemas, según Corfoga, será difícil que mejoren las finanzas públicas.

La Corporación advirtió de que el proyecto podría provocar que aumente el valor de cualquier inmueble, incluso los de las clases media y baja, de zona rural o urbana, debido al incremento en la plusvalía por diversas razones.

“El problema que visualizamos es que los ganaderos, en este caso, pueden tener sus casas sencillas y humildes en terrenos productivos extensos y bonitos y por tal razón los técnicos tributarios, con tal de mejorar la recaudación, los valoran muy alto“, comentó Luis Diego Obando, director ejecutivo de Corfoga.

El gremio consideró que en lugar de pensar en aumentar los impuestos, el Gobierno debería cobrar mejor los que ya existen.

La propuesta para incrementar el impuesto sobre los inmuebles “de lujo” forma parte de la agenda de proyectos de ley que acompaña el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

 

Costa Rica: desembolso con FMI contribuye a estabilidad en tasas y tipo de cambio

Fuente: El Economista

El primer desembolso en el marco del convenio de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) equivalente a $293,5 millones contribuirá en la estabilidad en tasas de interés y tipo de cambio.

Así lo consideraron varios analistas económicos consultados por La Nación sobre el posible efecto que tendrán dichos recursos en el país.

El dinero ingresó el pasado viernes 31 de julio, según confirmó el Banco Central y es el primero de seis desembolsos que se darían si el país cumple con los acuerdos pactados con el FMI.

Estos fondos se unen a otros préstamos externos que han ingresado este año, como los $300 millones del Banco Mundial y $100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, informó que esperan enviar el presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa para utilizar estos recursos a inicios de la próxima semana.

Freddy Miranda, gerente general de INS Valores descarta bajas adicionales en las tasas de interés, pero sí una estabilidad en las mismas.

“Las tasas de interés (de mediano y largo plazo) ya se han ubicado a un nivel en el cual considerando las perspectivas inflacionarias, de crecimiento económico, permiten al Ministerio de Hacienda ir disminuyendo gradualmente el costo de la deuda, así como el perfil de vencimientos”, opinó Miranda.

El especialista consideró que no habrán disminuciones adicionales importantes, pues los inversionistas también requieren un rendimiento razonable frente a las expectativas inflacionarias.

  El primer desembolso del FMI permitirá estabilizar las tasas de interés internas y facilitará la estabilización del tipo de cambio, elementos fundamentales para la reactivación económica del país

  —  Carlos Conejo, economista de la UNA.

Por su parte, el economista Carlos Conejo, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, el ingreso del primer desembolso del FMI permite ir consolidando la confianza en el país y en la capacidad de las autoridades públicas para ir encaminando el país hacia la estabilidad y la reactivación económica.

“Permitirá estabilizar las tasas de interés internas y facilitará la estabilización del tipo de cambio, elementos fundamentales para la reactivación económica del país”, comentó Conejo.

Respecto al tipo de cambio, el gerente de INS Valores comentó que con este desembolso no tendría una presión importante adicional, más que la estacionalidad recurrentes en diferentes momentos de cada año.

“Estos dólares se utilizan para sustituir deuda cara, Hacienda tiene vencimientos en dólares para final de año y principio del próximo, creería que se puedan utilizar para esos casos y no para realizar pagos en deuda colones dado que el mercado en colones ha mostrado bastante liquidez”, dijo Miranda.

Para Miranda el impacto más importante del desembolso es sobre la confianza que puede generar sobre inversionistas en Costa Rica, tanto a nivel de inversión en deuda de Gobierno, quienes esperaban señales como estas para iniciar nuevos proyectos de inversión o continuar con los que tienen.

“Esto es importante de cara a una recuperación económica , que por ejemplo pueda conducirnos a un menor nivel de desempleo”, comentó.

El Banco Central anunció el viernes pasado, como parte de la revisión del Programa Macroeconómico para el 2021 y 2022 una mejora en las proyecciones fiscales que reducen también las necesidades de financiamiento del Gobierno.

“Bajo esas condiciones, las necesidades brutas de financiamiento se reducirían de 13,4% del PIB en el 2020 a 10,8% en 2022 y, de contar con el financiamiento externo previsto, el requerimiento bruto interno sería en promedio de 7,0% del PIB en el lapso 2021-2022 (10,7% en el 2020)”, indicó el Banco Central en el documento.

No obstante, para que las proyecciones se cumplan se supone que se aprueban los proyectos de ley para alcanzar el ajuste fiscal adicional convenido con el FMI.

Así como el acceso a créditos externos de apoyo presupuestario por un monto total de $2.661,5 millones, con el fin de sustituir deuda interna más costosa por otra con mejores condiciones financieras (en tasa de interés y plazo).

Entre las iniciativas legales acordadas con el Fondo están la Ley de Empleo Público, la Ley de Renta Global, la eliminación de exoneraciones (incluye renta al salario escolar y sin afectar fondos de pensiones), y un aporte temporal de utilidades de empresas públicas.

Así como alcanzar un superávit primario del 1% de la producción en el 2023, que permitiría iniciar una reducción sostenida de la deuda total en el mediano y largo plazos.

Consejo Económico reacciona lento al abordar crisis económica

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Las actas del Consejo Económico Presidencial reflejan la lentitud con la que reaccionó el gobierno del presidente, Carlos Alvarado, ante la crisis del mercado interno, provocada por la pandemia del COVID-19.

Así lo constató CRHoy.com al analizar los documentos de las reuniones de ese panel durante el último año. El Ministerio de Planificación (Mideplan) remitió las actas de las sesiones celebradas entre el 27 de agosto del 2020 y el 1º de julio del 2021.

A la fecha, el Gobierno no ha anunciado ningún resultado concreto sobre las medidas discutidas durante las sesiones del Consejo, que coordina la ministra de Mideplan, Pilar Garrido.

Mucho debate ¿Y las acciones?

De acuerdo con el acta Nº. 13 de la sesión del 27 de agosto del 2020 el Consejo abordó el tema del ecosistema digital para la pequeña y mediana empresa (pyme).

El 10 de setiembre del 2020, el tema principal fue el avance del Programa Costa Rica Fluye, compuesto por acciones para mejorar el clima de negocios del país.

Quince días después, el 24 de setiembre, se discutió la formalización de empresas a través de la declaración jurada a través de la estrategia Agilizar.

La siguiente reunión del Consejo Económico Presidencial que reportó Mideplan fue el 1º. de julio del 2021.

Se abordaron durante esa sesión temas como la prórroga en el cobro del impuesto al valor agregado (IVA) al sector turístico, que finalmente entró en vigor a partir de esa misma fecha.

También, los miembros del Consejo recibieron información sobre el incremento de los precios de las materias primas y de la inflación en los principales socios comerciales del país.

Y acordaron fijar su posición sobre los proyectos que buscan disminuir los ingresos de Hacienda a través de la reducción de los impuestos.

En ese sentido, el Consejo se pronunció alegando que “existe total compromiso por la agenda para sanear las finanzas públicas y para ello se requiere de nuevos ingresos y esfuerzos adicionales para eficientizar el gasto público”.

Como se desprende de la actas, en un año de sesiones del Consejo Económico Presidencial, no hubo avances sustanciales en la atención de la crítica situación del mercado interno, que apenas empieza a salir del barranco en el que cayó debido a los efectos de la pandemia en la economía.

Justificación

La Oficina de Comunicación de Mideplan indicó varios de los ministros y jerarcas que integran el Consejo Económico Presidencial se enfocaron durante octubre y noviembre del 2020 a “apoyar activamente el proceso de diálogo multisectorial en todas las sesiones”.

Durante esas conversaciones, el Gobierno intentó ponerse de acuerdo con actores de la sociedad civil en medidas para alejar la probabilidad de que el país incurriera en un impago de su deuda soberana debido a la caída en los ingresos del Gobierno Central y al ensanchamiento de la brecha entre sus ingresos sus gastos.

“En los meses de noviembre de 2020 a enero 2021 el trabajo del Consejo estuvo orientado hacia la negociación técnica del Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por parte de Mideplan, Banco Central de Costa Rica y Hacienda”, informó la oficina de Comunicación del ente coordinador.

Y de seguido justificó: “El Acuerdo con el FMI es clave para la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Ambas condiciones son imprescindibles para dar confianza a los inversionistas y a la comunidad internacional, así como para establecer por ende, un ambiente propicio para la recuperación resiliente y el crecimiento potencial verde e inclusivo“.

Finalmente, entre febrero y junio del año en curso, según Mideplan, el Consejo Económico Presidencial se dedicó a “construir consensos” para la aprobación de proyectos de ley clave del acuerdo, sobre todo empleo público y los empréstitos internacionales que el Gobierno quiere utilizar para canjear deuda cara por deuda más barata.

Compradores cuestionan impuesto a premios de lotería

Fuente: Diario Extra

Los compradores de chances y lotería aseguran que de aprobarse el proyecto de ley que pondría un 25% de impuesto a los premios superiores a ¢225 mil perderían el interés en seguir comprando esos juegos.

Se debe recordar que este tributo es una de las siete propuestas que el Poder Ejecutivo impulsa en la agenda legislativa con el objetivo de obtener el desembolso del préstamo de $1.778 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

SUBE LO CLANDESTINO

Algunos de ellos conversaron con El Periódico de Más Venta en Costa Rica y dijeron que recibir menos dinero en el premio no sería justo, por lo que inclusive estarían dispuestos a acudir a ventas de tiempos clandestinos.

Este es uno de los puntos más preocupantes, ya que la propia institución valora en al menos ¢200 millones la afectación a sus ingresos, producto de la venta de tiempos ilegales.

La iniciativa fue presentada ante los diputados como parte de la agenda de proyectos con el FMI.

“Cabe resaltar que la obtención de premios provenientes de loterías y otros juegos de azar implica un acrecentamiento patrimonial obtenido sin que medie un esfuerzo personal o empresarial, por lo que bajo el principio de solidaridad estos ingresos pueden someterse a imposición tributaria, tal y como se aplica en muchos otros países”, justifica el texto del proyecto.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la expectativa del proyecto es obtener casi un 1% del Producto Interno Bruto (PIB) con la recaudación de ese tributo.

No obstante, en la Asamblea Legislativa el proyecto no tiene buen ambiente e incluso legisladores cuestionan la afectación que pueda generar a casi 2 mil familias que ven en la venta de lotería su principal fuente de ingresos para llevar el sustento a sus hogares.

A ello se debe sumar que si las ventas de los productos disminuyen, muchas de las instituciones que reciben aporte, como hogares de ancianos y hospitales, verían en riesgo esa ayuda que les llega gracias a la venta de los juegos de la suerte.

JPS GUARDA SILENCIO

DIARIO EXTRA ha consultado en varias ocasiones a la JPS cuál es su posición ante la iniciativa que impulsa el gobierno, si considera que esta medida afectaría la venta de sus productos y si se multiplicarían las ventas ilegales. No obstante, hasta el momento no se refiere al respecto.

SINDICATO CUESTIONA

Ronald Barrantes
Seccional ANEP-JPS

La seccional ANEP-JPS externó a DIARIO EXTRA su preocupación ante la iniciativa, en especial porque se impulsaría la clandestinidad, hecho que impactaría directamente en las finanzas de la institución.

Ronald Barrantes, representante de ese gremio, recordó que en 2009 se impuso un gravamen del 10% de renta a los premios.

“En ese momento fue un caos nacional porque las ventas de lotería se vinieron abajo, perjudicando a los grupos sociales que la Junta ofrecía su ayuda. La institución tuvo que tomar la decisión de asumir ese impuesto”, relató.

De acuerdo con el sindicalista, ese panorama de hace 11 años puede servir de referencia para conocer las consecuencias de aprobar un proyecto como este.

“El gobierno dice que es un pequeño grupo el que va a salir afectado y la pregunta es cómo el gobierno va a asumir este reto, cómo cubrir las necesidades de esas personas”, agregó el líder sindical.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a los legisladores para que no aprueben el texto, que ese encuentra en análisis de la comisión del préstamo con el FMI.

COMPRADORES OPINAN

Salvador Silva
“Yo seguiría comprando, pero es injusto porque el premio sería menor”.

David Arguedas
“Muy difícilmente seguiría comprando porque no sé a quién va dirigido ese impuesto, aparte de que el premio se va a reducir”.

Guillermo Rojas
“Con eso voy a tener que dejar de comprar, ahí es donde lo obligan a uno a ir por lo ilegal. Es una lástima que en este país siempre busquen la forma de joder a la gente. No es justo”.

IVA a plataformas digitales le aseguró al gobierno ingresos por ₡1500 millones al mes

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) El cobro del impuesto al valor agregado (IVA) sobre las plataformas digitales, le aseguró al gobierno ingresos frescos que en promedio rondan los ₡1.500 millones al mes.

Así se desprende de los datos del departamento de Estadísticas Fiscales de la Dirección General de Hacienda.

La recaudación se realiza en colones y en dólares. En moneda nacional el promedio es de unos ₡540 millones cada mes, mientras que en la moneda extranjera ronda los $1,6 millones,  lo que en colones equivale a ₡1.041 millones.

Así, entre octubre del año pasado y junio que tiene de vigencia la aplicación de este impuesto, Hacienda ha recaudado el equivalente a ₡14.281 millones, de lo cual ₡4.864 millones corresponde a moneda local y $15,1 millones a dólares (₡9.417 millones al tipo de cambio actual).


Según Hacienda, al tratarse de una “percepción” por parte de las entidades financieras, ellos suministran la información de la retención total y no el detalle por plataforma, por lo tanto desconocen cuánto corresponde a cada servicio.

Desde octubre el gobierno cobra un 13% por servicios transfronterizos que se brindan a través de plataformas digitales, entre ellos sitios de entretenimiento como Netflix y Disney+, de alimentos y transportes como Uber, Uber eats, Didi,  Didi Food, y recientemente plataformas de venta de contenido como Only Fans.

Costa Rica y Emiratos Árabes suscriben convenio que fortalece lucha contra la evasión fiscal

Fuente: Ministerio de Hacienda

Costa Rica y los Emiratos Árabes Unidos ratificaron un convenio para la eliminación de la doble imposición.

Este acuerdo entró en vigencia en junio y se da en el marco del fortalecimiento de las relaciones comerciales y económicas internacionales, siguiendo la tendencia mundial para la prevención de la evasión fiscal y evitar la doble imposición jurídica internacional que puede surgir como producto de operaciones transfronterizas.

Este es el cuarto compromiso de este tipo que ratifica el país, el primero se firmó con España y entró en vigencia en el 2011, el segundo con Alemania, con un rige desde el 2017 y el tercero con México, vigente desde el 2019.

A ellos se suman 19 acuerdos bilaterales de intercambio de información (17 vigentes y dos en proceso de intercambio de notas), la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal y el Convenio Centroamericano de Cooperación Aduanera y Tributaria.  El detalle de cada uno de ellos está disponible en la página web www.hacienda.go.cr , apartado “Acuerdos y Convenios Internacionales Tributarios”,  sección “Tributarios” ( https://www.hacienda.go.cr/contenido/14720-fiscalidad-internacional).

“Durante los últimos años el país ha realizado un esfuerzo importante, en el marco del Foro Global de Transparencia y el Plan de Acción BEPS, este último para combatir la evasión fiscal a nivel internacional, para adoptar las mejores prácticas en materia de transparencia y evitar tanto la doble imposición como la no imposición que surge a raíz de las diferencias que puedan existir entre los ordenamientos fiscales de los países; la ratificación de este Convenio es parte de este proceso”, indicó Carlos Vargas, director general de Tributación.

TRAVI se ha convertido en una pesadilla para el contribuyente


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

El especialista en Derecho Tributario, el MDT Raymundo Volio, insiste en calificar el comportamiento de la administración tributaria como de voraz, al señalar una serie de acciones abusivas frente a los contribuyentes que, en lugar de facilitar la cantidad y calidad de recaudación, sólo aleja a los obligados y los orilla a conductas evasivas.

El caso más crítico es el de la plataforma TRAVI (Trámites Virtuales) del Ministerio de Hacienda, que se esperaba viniera a apoyar la gestión virtual de muchos trámites tributarios y administrativos en esta dependencia, pero que en lugar de ello se ha convertido en una “pesadilla”para los contribuyentes según lo señala Volio.

“Recordemos que con la pandemia el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando de manera virtual, por lo que esta plataforma se ofreció para ayudar en este sentido. Sin embargo es una plataforma sin sustento legal y que propicia la arbitrariedad, al tiempo que deja abandonado al contribuyente”, comentó Volio.

El experto señala que han visto un aumento considerable en casos donde se no atiende con rapidez ni eficiencia, con estancamiento de hasta un año en un trámite que antes tardaba a lo sumo un par de meses. También han visto cómo algunos trámites se resuelven sin la mediación esperada, simplemente para salir del paso, sin opción de recurso alguno como lo ha señalado el mismo Ministerio de Hacienda, cuando las gestiones ante TRAVI deberían ser consideradas como cualquier otra gestión frente a la autoridad.

“Para colmos la respuesta de la administración a muchas de las cosas incluyen alguna excusa como la falta de recursos o a priori te dicen que el trámite se llevará muchos meses más de lo esperado por la situación actual de la pandemia”, explica Volio, “que sepamos, todo el personal de Hacienda ha mantenido su puesto completo en estos meses, es decir, no se han recortado puestos ni horarios”.

A esto Volio lo llama “voracidad fiscal”, acciones que implican cobrar, cobrar y cobrar, a como dé lugar, pero sin ofrecer al contribuyente servicios eficientes, opciones para acelerar los procesos y más bien un aumento en los litigios para poder desentrabar el sistema. Es decir, los contribuyentes tienen, como única opción de ayuda, que recurrir a un amparo de legalidad, lo que incrementa sus costos.

Voces unidas

La voz que levanta el MDT. Raymundo Volio no es la única que se manifiesta contra el tema de la ineficiencia de la plataforma TRAVI.

Recientemente, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica envió una misiva al Director General de Tributación, Carlos Vargas, en la que señalaban algunos problemas que se han generado debido al uso de TRAVI, que son contrarios a los derechos de los contribuyentes.

“Recordemos que, según el artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, los contribuyentes tienen el derecho a ser informados y asistidos por la Administración, lo que no está pasando en este momento. También existe el derecho, por ley, de obtener respuestas oportunas, así como de recibir acompañamiento de un profesional competente en materia tributaria durante el proceso de consulta. Todo esto no se está cumpliendo. Podríamos decir que el contribuyente está abandonado a su suerte”, señaló Volio. 

Volio insiste en señalar que la administración tributaria no está promoviendo un ambiente seguro para la reactivación económica, con cambios y decisiones arbitrarias, con la búsqueda incesante de portillos para cobrar impuestos a lo que sea, en lugar de eficientizar el cobro de los actuales impuestos y luchar contra la evasión sostenida.


En el siguiente video puede encontrar el criterio del MDT. Raymundo Volio: TRAVI.mp4

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

CR camina a revisión del FMI con indicadores financieros firmes pero atrasos en agenda legislativa

Fuente: El Financiero

Costa Rica cumple por el momento con las principales metas cuantitativas de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la primera revisión que realizará el organismo prevista en octubre y de la cual dependerá un segundo desembolso por unos $300 millones de los $1.778 millones totales convenidos.

Sin embargo, existe una piedra en el zapato: el trámite del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) depende aún de su consulta de constitucionalidad, a pesar de que se definió como una meta estructural del acuerdo (de relevancia mayor). Además, las iniciativas que se plantearon para incrementar los ingresos del Estado apenas caminan en el Congreso.

El presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el Fondo, Rodrigo Cubero, aseguró en entrevista con EF que la buena marcha con respecto a las metas cuantitativas auguran un resultado favorable para cierre de 2021; sin embargo, reconoció que existe gran expectativa de qué pueda ocurrir con el plan de empleo público en consulta de los magistrados constitucionales.

Este es un texto fundamental para los objetivos del programa con el Fondo, que busca sanear la creciente deuda pública del país; pues permitiría estabilizar de la inversión del Estado en materia salarial y eliminar el efecto multiplicador de los actuales pluses.

Pese a ello, el Ministerio de Hacienda espera un resultado favorable de la primera revisión. El ministro de la cartera, Elian Villegas, opinó que los resultados fiscales son alentadores, a pesar de que ciertamente el avance en la batería de proyectos de ley de corte fiscal y para obtener nuevos ingresos siguen lejos de ser aprobados y más bien acumulan anticuerpos entre legisladores.

Los límites

Costa Rica acumula, hasta el 30 de junio, ¢26,2 billones de deuda pública (Gobierno Central), un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses) de ¢170.000 millones y reservas internacionales netas (RIN) de $3.727 millones.

Estos son resultados alentadores para cumplir con las tres principales metas cuantitativas o criterios de evaluación que estableció el FMI para su primera evaluación del programa. Esta tomará como referencia el desempeño del país hasta el 31 de julio próximo.

Según dicta la carta de entendimiento suscrita por el Gobierno de Costa Rica y el Fondo Monetario, la deuda pública tendría un techo de ¢26,6 millones hasta esa fecha; mientras que el balance primario a lo sumo podría alcanzar un déficit de ¢390.000 millones y las reservas netas no podrían caer por debajo de los $3.660 millones.

Este cumplimiento, según Cubero y Villegas, permiten vaticinar una buena evaluación por parte del Fondo. El problema surge cuando se analizan los requisitos prácticos de ajuste.

Uno de los principales pilares del acuerdo es la aprobación de una ley que regule el empleo público y detenga el impacto creciente de las remuneraciones estatales en el balance fiscal del país. La reforma en esa materia está bajo análisis de constitucionalidad y de ese proceso dependerá que pueda llegar a su votación en segundo debate y en qué plazos.

Si la reforma supera esta consulta, deberá conseguir el respaldo de al menos seis legisladores más de los que lo hicieron en primer debate; cuando recibió el apoyo de 32, 15 la rechazaron y otros 10 se ausentaron.

Asimismo, el resto de proyectos que se plantearon para aumentar los ingresos del Estado, incluidos una reforma estructural del impuesto popularmente conocido como el impuesto “a las casas de lujo” y otra al impuesto sobre la renta para personas físicas, apenas avanzan en sus primeras etapas legislativas; a pesar de que la jefa de misión que visitó a Costa Rica en enero de este 2021, Manuela Goretti, advirtió de su importancia para la primera revisión que haría el organismo.

Optimismo

Rodrigo Cubero opinó que los resultados fiscales de Costa Rica son buenos y hablan bien del compromiso del país para mejorar sus finanzas, a pesar de la tardanza en cuestiones legislativas. Dijo que los resultados financieros representan una recuperación económica mejor de la esperada y esfuerzos de contención del gasto público.

“Hay buenas noticias por ambos lados y esa marcha firme hacia el cumplimiento de las metas cuantitativas del primer corte, al 31 de julio, es un paso que nos permitirá llegar a esa primera revisión con una buena nota”, comentó.

Cubero sí señaló que todavía queda camino por recorrer en materia de reformas tributarias y estructurales, pero consideró que los mercados y el FMI “entienden” que “en una democracia madura como la costarricense los procesos de discusión legislativa a veces pueden alargarse”.

El ministro Villegas, por su parte, añadió que es evidente que el Gobierno se ha comprometido con la agenda legislativa del Fondo, hasta el punto de que le dedicó gran parte de sus sesiones extraordinarias al trámite exclusivo del plan de empleo público.

“Este proyecto además es una parte importantísima en el ajuste estructural y para mantenerlo en el futuro, porque nos permite contener un gran problema que tenemos en este momento, y desde ese punto de vista es fundamental para el equilibrio fiscal, sobre todo con una contención muy importante del crecimiento del gasto en remuneraciones”, afirmó el jerarca.

Villegas además destacó que el país ha venido realizando esfuerzos para disminuir sus pagos en intereses, y que ahora solo falta “un empujoncito en el lado de los ingresos” que permita consolidar superávits primarios.

Ese “empujoncito” se refiere a los cinco proyectos para allegar nuevos ingresos a la Hacienda pública pendientes en el Congreso.

Sobre la reticencia de fracciones como de Restauración Nacional (PRN), del bloque independiente Nueva República y una mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otras menores, a avanzar con iniciativas de nuevos ingresos, Villegas analizó que se trata de una postura que no debería generalizarse para que el país alcance un equilibrio financiero que necesita.

En enero pasado, la jefa de misión del Fondo, Goretti, aseguró que cada medida señalada en el acuerdo representa una herramienta para alcanzar los objetivos esperados del programa: estabilizar la deuda pública y reducir su acumulado a partir de 2023.

Pese a ello, la presidenta del Congreso, SIlvia Hernández, ya advirtió al Gobierno de que si quiere que la agenda avance deberá conversar y negociar en Cuesta de Moras. Ella señaló tras la aprobación del acuerdo macro con Fondo en segundo debate que el programa busca materializar una agenda que evite un “sendero explosivo” de la deuda, pero que el Gobierno debe ”ser congruente” y buscar acuerdos políticos viables en esa línea.

Contralora plantea proyecto para ahorrar 1% del PIB en finanzas públicas

Fuente: La Nación

Marta Acosta, contralora general de la República, les planteó este jueves a los diputados un proyecto de ley para ahorrar un 1% del PIB en las finanzas públicas, lo que equivale a unos ¢370.000 millones, mediante la centralización de las cuentas bancarias de las instituciones en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Actualmente, numerosas instituciones guardan su dinero en bancos comerciales y, aunque acumulen millonarios superávits, el Gobierno Central les sigue trasladando recursos.

Esta situación permite, por ejemplo, que las entidades le presten su dinero ocioso al Gobierno mediante la compra de bonos de deuda pública, aún cuando ese dinero proviene del propio Ministerio de Hacienda.

Entonces, los contribuyentes pagan impuestos para financiar las transferencias a las instituciones y, luego, se les cobra impuestos para pagar los intereses del dinero que las entidades le prestaron al Poder Ejecutivo.

Este jueves, la contralora explicó que, actualmente, es difícil conocer cuál es la liquidez del Estado, pues los fondos de las diversas instituciones se encuentran esparcidos entre Caja Única, bancos comerciales y otras entidades.

La propuesta de la Contraloría General consiste en centralizar las cuentas de las instituciones en el Banco Central con cuentas a nombre de cada una.

El Ministerio de Hacienda les depositaría allí las transferencias a las entidades mediante un sistema automatizado, pero con mayor información sobre la disponibilidad de recursos de cada una.

Se trataría de una caja única del Estado neutral, regida por la Tesorería Nacional.

Según la contralora, además de propiciar un considerable ahorro en momentos críticos para las finanzas públicas, la iniciativa le daría trazabilidad a la disponibilidad de los fondos públicos.

El cambio también generaría ahorros en el pago de comisiones bancarias.

La propuesta cubriría a toda entidad pública o privada que administre ingresos públicos. Es decir, se regiría por la naturaleza de los ingresos y no por la naturaleza de las instituciones.

Únicamente se exceptuarían los ingresos de las actividades en régimen competencia, los fondos de pensiones, las cuotas obrero patronales y cuota estatal.

Acosta resaltó que, solo en 2018, la CGR contabilizó más de ¢8.000 millones ociosos fuera de la Caja Única del Estado.

Acosta presentó la iniciativa, que la Contraloría trabaja desde hace un año, en la reunión semanal de jefes de fracción.

“El proyecto lo que busca es integrar el manejo de liquidez, que es totalmente fragmentado, desintegrado y poco transparente.

“Estamos trabajando este tema para presentar este proyecto de ley que, en concreto, busca centralizar ese manejo generando ahorros en intereses, menor endeudamiento, aprovechamiento de las economías de escala, aprovechamiento de fondos ociosos”, comentó la contralora.

El texto del proyecto será entregado al Poder Legislativo en los próximos 15 días por la Contraloría General de la República (CGR).

La jerarca del ente contralor resaltó que esta iniciativa ayudaría con la coyuntura fiscal que vive el país, especialmente en cuando el endeudamiento llegó a un 68,2% del PIB en mayo de este 2021.

Creación de una CUT

En diciembre del 2020 la CGR planteó la creación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), la cual va en la misma línea de la propuesta presentada este jueves, pues la idea era ordenar a todas las instituciones públicas a depositar su dinero en una cuenta a su nombre en el BCCR.

La propuesta del órgano contralor es generar un monitoreo permanente sobre los recursos y así detectar los fondos ociosos, los cuales podrían ser utilizados por Hacienda para cubrir las necesidades del Gobierno y, con ello, evitar emitir nuevos títulos de deuda.

“La implementación de la CUT propiciaría ahorros relacionados con la adecuada gestión de la liquidez, pues favorece la toma de decisiones sobre el endeudamiento, reduce considerablemente los costos del servicio de la deuda pública y las necesidades de reservas líquidas, y ayuda a maximizar el rendimiento de las inversiones del excedente de efectivo”, dice una reflexión de la CGR.

El segundo ahorro que generaría la CUT tiene que ver con el costo de las transacciones financieras.

La Contraloría estimó que, en un escenario donde los recursos no se encuentren dispersos y se aprovechen los excesos de liquidez en la gestión de la Tesorería, se habría obtenido un ahorro potencial de aproximadamente un 0,8% del PIB entre enero de 2019 y septiembre de 2020.

La Contraloría añadió que se economizaría aún más si al cálculo se le suman las cuentas que las instituciones poseen en bancos no estatales.
Plataforma integraría finanzas estatales

En el planteamiento de la CUT presentado a finales del 2020, también se habló de utilizar una plataforma para contar con un uso más eficiente de los recursos públicos.

Sobre este tema la Contraloría insistió en la utilización de una plataforma electrónica que permitiría conocer en tiempo real cómo se están utilizando los fondos estatales.

Se trata del el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), del BCCR, por lo que no se debe de invertir en la creación de una nueva plataforma.

En diciembre pasado, la CGR también indicó que 33 instituciones ya estaban haciendo uso de la plataforma de SINPE, donde colocan su cuenta en el Banco Central y ahí manejan sus recursos.

S&P advierte de reforma fiscal insuficiente e inminente afectación en bancos

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).-La firma calificadora de riesgos Standard & Poor’s (S&P) alertó que la reforma fiscal que está planteando el país para atender el problema fiscal es insuficiente y ello, sumado a la fuerte contracción del Producto Interno Bruto y la pandemia, terminarán pasando factura en los indicadores de la banca a nivel nacional.

La advertencia está contenida en el informe “América Latina: Panorama bancario por país” publicado este 28 de julio por la entidad financiera y la visión sobre Costa Rica no luce necesariamente alentadora.

Aún y cuando el país ya aprobó el crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerró el año con un superávit primario en sus cuentas, la calificadora señala que el ajuste fiscal sigue siendo insuficiente y vendrán “grandes déficits&rdquo:

La limitada reforma fiscal continuará debilitando las finanzas públicas, lo que derivará en grandes déficits fiscales continuos y mayores niveles de deuda. La economía aún es resiliente, aunque el crecimiento se ha desacelerado en los últimos dos años y esperamos que el crecimiento del PIB siga bajo debido a la lenta recuperación económica tras la pandemia. Esperamos que el PIB crezca 2.6% este año y 3.6% en 2022-2023.

La agencia había bajado las calificaciones del país el 9 de junio del 2020 de B+ a B debido a mayores expectativas de una contracción más profunda del Producto Interno Bruto (PIB) y del deterioro fiscal.

En este nuevo informe, la empresa señala que las calificaciones de Costa Rica “continúan presionadas por la incertidumbre persistente”.

“La tendencia negativa del riesgo económico en nuestro Bicra (Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País) refleja las presiones en las trayectorias política, económica, fiscal y de deuda del soberano, exacerbadas por la pandemia de COVID-19″, indicaron.

Estos riesgos serán trasladados a la industria bancaria.

De acuerdo con la calificadora el hecho de que los 2 mayores bancos del país sean propiedad del Estado (Banco Nacional y Banco de Costa Rica) y controlen alrededor de 40% de la participación de mercado en términos de créditos, provoca distorsiones del mercado y deprime la rentabilidad.

Debido a esta situación S&P teme 3 efectos directos sobre la banca comercial:

  • Estancamiento de la cartera al consumo limitará el crecimiento del crédito: “La débil actividad económica y el alto desempleo afectarán al segmento de crédito al consumo, pero será la única fuente de crecimiento del crédito en 2021”
  • Calidad de activos empeorará ante los efectos de la pandemia: “Esperamos que los activos improductivos alcancen un máximo de 3.7% en 2021, totalmente cubiertos por reservas, y que se mantengan por encima de 3.6% para 2022. También esperamos que el costo del riesgo en el sistema aumente por encima de 1% durante los próximos dos años”
  • Provisiones más altas y tasas de interés más bajas afectarán la rentabilidad. “En los últimos años, observamos una disminución constante de la rentabilidad del sistema bancario costarricense. Debido al shock económico provocado por la pandemia, consideramos que esta tendencia se exacerbará a medida que los bancos aumenten sus reservas para pérdidas crediticias. Además, las tasas de interés han disminuido hacia niveles históricamente bajos, y están aumentando la presión sobre los márgenes de interés netos y las tasas activas de créditos para productos bancarios principales”.

CRHoy.com solicitó la reacción tanto del BCR como del Nacional sobre las proyecciones de la firma calificadora. Al momento de publicación de este artículo no habían respondido.

Pese a ello, el Banco Central en la última revisión sobre las proyecciones económicas del país en abril había señalado que el sistema financiero seguía mostrando indicadores de solvencia, a pesar de algunos incrementos en la morosidad propios de los problemas de pago que se enfrentaron el año pasado debido a la pandemia.

Asimismo, el ente emisor ha venido manifestando optimismo en torno a las cifras de colocación crediticia. Aún y cuando ahora S&P indica que habrá un estancamiento en la cartera de consumo, las autoridades económicas del país confiaron en la facilidad extraordinaria otorgada por el Banco Central a las entidades financieras para que estas impulsaran la colocación de préstamos y para la segunda mitad del año está pendiente la implementación de un fondo de avales para que este indicador muestre dinamismo.

De momento, la colocación crediticia muestra un ligero repunte en la colocación en colones.

 

5 indicadores que nos abochornan frente a nuestros nuevos amigos de la OCDE

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Costa Rica decidió entrar a jugar a las grandes ligas de algunos de los países con mayor desarrollo y mejores prácticas comerciales, pero lo hizo arrastrando indicadores que sonrojan en relación a los que tienen esas naciones.

Un análisis comparativo de algunos de ellos revelan las claras asimetrías que existen entre algunas de esas naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Costa Rica, la cual apenas acaba de comenzar a caminar junto a esas naciones y tiene todavía muchos pasos por acortar.

Uno de esos indicadores es el relacionado con la pobreza. La OCDE lleva una medición sobre la tasa de pobreza en relación al número de personas cuyos ingresos están por debajo de la denominada línea de pobreza. El cálculo se toma con base en el ingreso familiar.

Los datos más recientes para cada país establece que Costa Rica tiene una tasa del 0,205, muy por encima de su más cercano competidor que es Estados Unidos con un 0,178. Islandia, Dinamarca, República Checa y Finlandia tienen los mejores indicadores.

Los índices de pobreza y los ingresos de las personas están estrechamente ligados a las desigualdades que enfrentan las naciones.

Internacionalmente se adoptó el denominado Coeficiente de Gini para establecer la brecha que se produce entre los grupos de población que más ingresos perciben respecto de los que menos. Así, entre más cercano a 1 es el número, significa que habrá mayor desigualdad (mayor brecha entre ambas poblaciones).

En desigualdad de ingresos Costa Rica es también la peor puntuada, seguida por otras dos naciones latinoamericanas: Chile y México.

Los eslovacos, eslovenos, checos e islandeses son los que gozan de menores desigualdades.

Al valorar la capacidad política que tiene cada país de desarrollar reformas y administrarse políticamente, cobra importancia la confianza que tengan los ciudadanos en sus gobiernos.

Costa Rica no confía en el gobierno de Carlos Alvarado. De hecho, los ciudadanos del país son de los que menos confían en su gobernante entre las naciones que integran la organización y algunas más que se incluyen en la muestra.

Únicamente los gobernantes de Bélgica, Polonia y Chile son peor evaluados por sus ciudadanos que el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) y a tasas abismalmente distantes de los mejor evaluados (29% de Costa Rica contra tasas superiores al 80% de aprobación en Suiza y Noruega).

Otro de los segmentos en donde Costa Rica ocupa el último lugar de las naciones que integran esa organización es en cuanto al número de jóvenes que no tienen empleo, trabajo o educación, los denominados “ninis”.

La OCDE toma en cuenta en esta medición a los jóvenes entre 15 y 19 años y determinó que Costa Rica tiene la tasa más alta de ninis con un 17,9%, con el agravante de que la situación de la pandemia puede llegar a agravar estas cifras debido a las restricciones que han existido sobre el curso lectivo.

El tema de la salud y la capacidad hospitalaria se ha vuelto clave debido a la pandemia; sin embargo, el país ya arrastraba una deuda en cuanto a su capacidad para atender a la población enferma.

Comparado con nuestros amigos de la OCDE, Costa Rica cuenta con una de las peores capacidades, con una tasa de apenas un 1,1 cama por cada mil habitantes.

Países como Australia llegan a casi 4 camas por cada mil habitantes y otros como Alemania o Rusia a ocho. Rompen con todas las tendencias Japón y Corea donde su capacidad es de más de 12 camas por cada mil habitantes.

¿Se tomaron en cuenta estas asimetrías cuando el país pensó en ingresar a este grupo? Jonathan Prendas, presidente de la Comisión que analizó la legislación para entrar a la OCDE afirmó que cuando se comenzó el proceso de adhesión algunos índices, como por ejemplo de desempleo, estaban muy cercanos al promedio de los países que en ese momento conformaban la organización.

A medida que se detuvo el proceso, lamentablemente los gobiernos que tomaron las riendas del país desoyeron algunas de las recomendaciones que ya se habían dado para continuar en la vía del desarrollo que el país necesitaba, igualmente en lo relacionado con las horas de trabajo y sobre todo en el tema de impuestos, esto sirvió de base para las discusiones de los 22 comités respectivos en la nueva realidad del país, y adecuarlos para apuntalar los cambios necesarios que colaboren en el camino de eficiencia y agilidad que el país necesita hoy en día”, dijo el legislador de Nueva República.

La OCDE está en capacidad de emitir recomendaciones para que naciones como Costa Rica puedan equilibrar sus indicadores y tratar de mejorarlos.

El gobierno ha decidido no escuchar algunas de ellas, en especial las que tienen que ver con apertura de mercados, entre ellos del arroz, azúcar y la electricidad.

 

Impuesto al salario escolar del sector público generaría equidad, dice Contraloría

Fuente: La Nación

La Contraloría General de la República (CGR) consideró positiva la propuesta para eliminar la exoneración del impuesto sobre la renta al salario escolar de los empleados públicos.

De acuerdo con el órgano contralor, el planteamiento generaría equidad contributiva.

La iniciativa está contenida en un proyecto de ley sobre eliminación de exoneraciones fiscales, el cual forma parte del ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, el subcontralor general, Bernal Aragón, afirmó este martes: “Se observa positivamente añadir el salario escolar como sujeto del impuesto sobre la renta.

“Esto representa una mejora en el tema de equidad contributiva; además, los diferentes estudios sobre la renta de los salarios y jubilaciones muestran que se concentran niveles de ingresos relativamente altos”, afirmó el subcontralor.

El salario escolar que los funcionarios públicos reciben en enero no es un ahorro ni el fruto de deducciones que se acumulan a lo largo del año.

De acuerdo con sentencias de la Sala Constitucional, el salario escolar es parte del salario ordinario que reciben los funcionarios.

Este se originó por un aumento salarial que el gobierno de José María Figueres Olsen (1994-1998) no pudo pagar en cierto momento y que, entonces, decidió compensarlo como un treceavo salario, aparte del aguinaldo, que se pagaría en enero.

En el sector privado, este beneficio es prácticamente inexistente.

Luego, en el año 2008, el Congreso decidió exonerar el salario escolar del impuesto de renta, aunque todos los salarios del país (excepto el aguinaldo) deben pagar renta a partir de cierto monto.

Esto generó una desigualdad en detrimento de los trabajadores del sector privado, quienes sí deben pagar impuestos por todos sus salarios del año, siempre que superen los ¢840.000 mensuales.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, la eliminación de la exoneración al salario escolar recaudaría cerca de ¢43.561 millones anuales.

Este proyecto se discute en la Comisión de Asuntos Jurídicos con el nombre de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajustes de Tarifas en Rentas de Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal.
Homologación de rentas de capital

La iniciativa de ley, que recaudaría cerca del 0,35% del producto interno bruto (PIB) a partir del año 2022, también contempla homologar las tarifas del impuesto a las rentas y ganancias de capital al 15%.

Entre ellas se contemplan, por ejemplo, la tasa a los excedentes que distribuyen las asociaciones solidaristas y las cooperativas entre sus afiliados, además de un aumento de cinco puntos porcentuales en las tarifas del impuesto a las remesas al exterior.

De esa manera, a modo de ejemplo, el impuesto a las remesas en transporte y comunicaciones aumentarían de 8,5% al 13,5%.

“Consideramos que contribuye a principios fundamentales de la tributación, al avanzar en la simplificación del sistema, al uniformar las tarifas, así como a una mayor recaudación y heredar confianza en el ajuste hacia la sostenibilidad y, por esta vía, eventualmente, repercutir favorablemente en la actividad económica”, afirmó el subcontralor general sobre el proyecto de ley.

Pese a su criterio positivo sobre el proyecto, la Contraloría aseguró que el Estado también debe estimar los efectos económicos que podría causar el aumento de cinco puntos porcentuales en el impuesto a las remesas, así como el ajuste al 15% de todas las rentas de capital.

De acuerdo con la gerenta de fiscalización del órgano contralor, Julissa Sáenz, eso podría causar una movilización de inversiones de Costa Rica hacia otras naciones, por ejemplo, en capital inmobiliario y remesas.

“Estos agentes económicos podrían encontrar otras opciones más atractivas fuera del país”, aseguró la funcionaria.
Proyectos del FMI

Durante la audiencia legislativa, la gerenta de fiscalización, afirmó que el país encontró “un pequeño respiro” fiscal para tomar decisiones estructurales que corrijan el rumbo de las finanzas públicas.

Ese respiro, explicó Sáenz, se explica porque el déficit financiero pasó de un 3,8% del PIB en el primer semestre del 2020, a un 2% en el mismo periodo de este año.

No obstante, advirtió de que la mejora no solo responde al efecto rebote de la actividad económica, después de la contracción por la pandemia, sino porque también se consideran recursos que entraron por única vez.

Entre estos, se contemplan los ingresos extraordinarios por el periodo fiscal de 15 meses, producto de un ajuste en el calendario tributario, introducido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

También, aseguró la funcionaria, se reflejan el impacto de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública.

“Esta pequeña ventana de oportunidad que tenemos se debería aprovechar para tomar decisiones estructurales de ordenamiento que nos permitan retornar a la senda de la sostenibilidad y así no estar tan vulnerables a choques externos, como hemos experimentado recientemente.

“Este proceso de ajuste es importante porque sabemos que el saldo de la deuda es grande y esto genera que el pago de los intereses sea alto. El año pasado alcanzó 4,7% del PIB, cuando en el 2010 estábamos pagando un 2% del PIB.

“Con la regla fiscal lo que sucede es que el aumento en la proporción de este pago, hace que se estruje el resto del gasto corriente y que, entonces, tengamos que buscar ingresos adicionales”, afirmó.

El 25 de julio anterior, durante su gira a Guanacaste, el presidente de la República, Carlos Alvarado, urgió a los legisladores tramitar los proyectos de ley que forman parte del acuerdo de ajuste fiscal negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alvarado afirmó esperar que la agenda fiscal “no se lea en clave electoral”.

Sus declaraciones ocurrieron luego de que, la semana pasada, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) descartara la posibilidad de crear un foro de discusión exclusivo para discutir ese plan.

La idea fue propuesta por la presidenta del Congreso, Silvia Hernández, quien también es diputada de ese mismo partido.

No esperemos que pronto se apliquen cambios en impuesto de renta

Fuente: La República

La propuesta de renta global, que colocaría en una sola escala el cobro sobre los ingresos de las personas físicas con actividad lucrativa y asalariada, iniciando a partir de los ¢683 mil, no está cerca de convertirse una realidad.

La propia Ana Lucía Delgado, presidente de la Comisión de Hacendarios, donde se encuentra actualmente este proyecto, avisó a Monumental que la aprobación de este proyecto no se dará en breve.

“Se tienen muchas interrogantes, hay una discusión profunda y extensa que debe realizarse, y lógicamente a corto plazo no lo veo viable; existen una serie de observaciones muy válidas, y apenas se han realizado una de dos audiencias con el Ministerio de Hacienda”, dijo Delgado.

En esa primera audiencia del 22 de junio, las autoridades de Hacienda explicaron y realizaron aclaraciones en torno a la iniciativa, como que el trabajo personal dependiente, por jubilación o pensión, actividades lucrativas, las rentas de capital, las ganancias y pérdidas patrimoniales, se unen para ser consideradas en el pago de renta.

No obstante, por cuestión de tiempo ese día, esa presentación se vio reducida.

Cabe recordar que este es uno de los proyectos asociados al empréstito de $1.778 millones provenientes del FMI, y Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central dejó entrever que bastaba con que estos estén cerca de votación, ojalá en primer debate, para el momento de la revisión de este organismo en octubre; por lo tanto, esta iniciativa ya debe estar adelantada para ese entonces.

En la Comisión de Hacendarios recientemente se han hecho consultas a múltiples actores sobre el efecto de este proyecto en cada uno de los sectores; por ejemplo, el mercado asegurador advirtiendo que implicará un costo superior al consumidor.

País cumple a medias en transparencia fiscal de la OCDE

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) Costa Rica ha avanzado en el proceso de implementación del estándar de intercambio de información previa en materia fiscal; sin embargo queda debiendo en otros apartados relacionados con el tema.

Así se desprende del primer Informe de progreso de la Declaración de Punta del Este, relativo a la transparencia fiscal en América Latina por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El informe detalla cuánto han avanzado los países de Latinoamérica en materia de transparencia en este caso Costa Rica queda debiendo en:

  • Revelación de beneficiarios finales. Según la Organización Costa Rica fue considerado “parcialmente conforme”, por lo que le hace falta mejorar en el marco legal.
  • Intercambio automático de información: Costa Rica fue considerada como un país que aún no presenta dicho marco jurídico en plenitud.

“La Declaración de Punta del Este, es un esfuerzo de 13 países de América Latina (dentro de los cuales se encuentra Costa Rica), que busca incrementar la transparencia fiscal. Este informe tiene el objetivo de documentar los avances en el desarrollo de una cultura de transparencia e intercambio de información tributaria en América Latina”, reseñó la firma Grant Thornton respecto a la evaluación.

 

Presidente presiona por impuestos a casas de lujo y lotería

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -El presidente de la República, Carlos Alvarado, pidió a los diputados avanzar con los proyectos de ley que establecerían un impuesto a las casas de lujo y a los premios de lotería superiores a los ¢225 mil.

La solicitud la hizo este domingo después de participar en los actos oficiales de la celebración del 197 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, en Guanacaste.

Alvarado pidió a los legisladores aprovechar la última semana de las sesiones extraordinarias del Congreso para avanzar con el conocimiento de las dos iniciativas, que fueron ofrecidas por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Manifestó que el proyecto de ley que fijaría un impuesto a las casas de lujo afectaría a menos del 2% de la población y que la iniciativa para establecer el tributo a los premios de lotería no tendría repercusiones negativas.

“Ahí están los proyectos. El acuerdo negociado es bueno para el país. Espero que se lea no en clave electoral, sino en clave para Costa Rica”, agregó.

 

Plan de condonación de deudas con la Caja entra a su etapa final

Fuente: La República

Los patronos y trabajadores independientes con obligaciones pendientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social podrían tener un alivio pronto.

Esto por el avance que registra el plan que procura condonar las deudas que tienen con esa entidad por concepto de sanciones, recargos, multas e intereses no atendidos, relacionados con el pago de cargas sociales.

Eso beneficiaría a unos 117 mil trabajadores independientes.

Y para los patronos, esa condonación incluiría el principal, multas, recargos e intereses correspondientes sobre los aportes patronales para el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Banco Popular.

El proyecto de ley de condonación ya superó el trámite en la comisión dictaminadora y está en el Plenario para su discusión final y votación.

Antes tuvo que pasar por correcciones en su versión original, para aclarar que se trataba de una autorización de condonación para la Caja y no de una obligación, como daba a entender la primera versión.

Este ajuste era necesario considerando que este tipo de medidas requieren del consentimiento de la entidad, como reconoció el propio Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea.

“Esto sucede porque la Caja es una institución autónoma encargada de administrar los seguros sociales, de acuerdo a su Ley Constitutiva”, explicó Guiselle Murillo, gerente legal de KPMG Costa Rica sobre los motivos por los cuales era necesario hacer esa modificación.

Por lo tanto, la determinación de que los morosos reciban o no el beneficio será a discreción de la Caja.

Tanto Marielos Alfaro y José Luis Loría, miembros de su Junta Directiva de la entidad, expresaron meses atrás su apertura a la idea, sin embargo, advirtieron que antes deberá realizarse un estudio económico interno que muestre lo que esto representará a las finanzas de la entidad.

Reglas

A continuación, se presentan las reglas que se proponen en el proyecto que tendrían para patrones y trabajadores independientes para la condonación de deudas.

  -Solicitud expresa del patrono o trabajador independiente para acogerse a la condonación.
  -El plazo para acogerse a la condonación es de 12 meses a partir de la entrada en vigencia la ley, sea a través del pago en un solo tracto o bien a través de un acuerdo de pago con la institución.
  -En caso de tener en proceso una investigación administrativa iniciada en su contra para el cobro de periodos retroactivos, que aún no se encuentre firme en sede administrativa, para acogerse a la condonación deberá suscribir junto con la Caja un acuerdo de transacción en el cual se plasmará la condonación en los términos de esta Ley.
  -En caso de tener procesos judiciales iniciados, deberá pagar los gastos incurridos por la Caja correspondientes por concepto de honorarios, calculados sobre el monto pagado de conformidad con la transacción.
  -Trabajadores independientes: Deben estar inscritos y adeudar cuotas.
  -Patronos: La condonación comprende los adeudos pendientes de pago por multas, recargos e intereses que superen un año de antigüedad, contados a partir del momento de entrada en vigencia de esta ley.

Denuncian desigualdad y voracidad tributaria en alquileres tipo Airbnb

Fuente: CR Hoy

Una disposición emitida por las autoridades hacendarias estaría generando el cobro dual de impuestos y de multas así como un aparente trato desigual entre los contribuyentes que tienen bienes inmuebles y los alquilan mediante plataformas digitales, tipo Airbnb.

El problema se originó desde la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que por disposición reglamentaria los dueños de estos inmuebles tenían la posibilidad de tributar con el impuesto a las utilidades o el de rentas de capital si el bien no se encontraba afecto a una actividad lucrativa y contara con un colaborador inscrito a la CCSS.

No obstante muchos contribuyentes no realizaron esta gestión y la administración tributaria dejó la dualidad de obligaciones, lo que ahora les implica tener que presentar una declaración D-125 cada mes y una declaración de impuesto a las utilidades al finalizar el periodo.

“Esto está generando cobros de impuestos y multas ya que muchos contribuyentes presentaron la declaración de impuesto a las utilidades y no han venido cancelado mensualmente la renta de capital”, denunció Marco Vargas Siles, especialista en impuestos y director de Vargas Vargas & Asoc.

Según el especialista, todos los contribuyentes que se inscribieron en la actividad económica de alquileres temporales son obligados a presentar la D-125 y pagar rentas de capital, pero debido a la crisis muchos están sufriendo lo mismo que los hoteles y mantienen elevados gastos de mantenimiento, impuestos municipales, servicios públicos, etc., que no son susceptibles de deducir.

“Más allá de las contingencias, cobros y multas que se están generando, en el fondo se está estableciendo una desigualdad entre agentes económicos con actividades económicas similares. En materia fiscal el principio de igualdad establece la obligación de contribuir con los gastos del Estado en forma proporción con su capacidad económica, de manera tal que condiciones idénticas deben imponer los mismos gravámenes”, aseveró Vargas.

“Es claro que existe una voracidad fiscal y que la intención es generar impuestos sin una racionalidad”, añadió.

De momento Hacienda no ha comunicado ningún tipo de variación en las disposiciones que regulan el cobro de estos impuestos.

 

Resultados fiscales permiten a Hacienda suspender subasta de esta semana

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).-Los buenos resultados fiscales de las últimas semanas, aunado al inminente ingreso de recursos por concepto de la aprobación del crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) le permiten al ministerio de Hacienda darse el lujo de suspender la subasta de bonos que tenía planeado hacer este viernes.

La decisión fue comunicada a la Superintendencia General de Valores mediante hecho relevante.

La decisión resulta inusual si se toma en cuenta que en los últimos años Hacienda más bien venía atravesando dificultades para financiarse en el mercado local.

“Tienen recursos. Viene la plata de FMI y terminan el semestre con superávit”, señaló el economista de Prival Bank, Vidal Villalobos.

El lunes Hacienda confirmó que cerró el primer semestre del año con un superávit primario (diferencia entre ingresos y gastos corrientes sin tomar en cuenta el pago de intereses) de ₡170 mil millones.

Además lleva trabajo adelantado en cuanto al financiamiento para el segundo semestre

En su última subasta de este lunes colocó un monto superior a los ¢121 mil millones de deuda interna. Además, se asignaron títulos en dólares por más de $15,9 millones.

“Esta subasta vuelve a confirmar que el proceso de renegociación de la deuda o reingeniería financiera, se está realizando en el mejor apego a la disciplina de mercado que debe caracterizar a un emisor, es decir, mediante los eventos competitivos de asignación (subastas) de los títulos valores, se ha venido llevando a cabo un proceso de racionalización del costo de la deuda pública costarricense”, dijo el viceministro de Hacienda, Isaac Castro, tras la subasta.

 

 

HBO Max y Onlyfans destacan como nuevas plataformas que tendrán IVA

Fuente: La República

Hacienda agregó a 48 plataformas en la lista de servicios digitales transfronterizos a los cuales se les cobrará IVA, destacando HBO Max y Onlyfans.

Esto a través de un oficio publicado y que regirá a partir de mañana.

Curiosamente, y lo que puede ser un eventual inconveniente, es que colocó HBO Max como HBO Plus.

Algo similar ocurrió anteriormente, cuando originalmente colocaron a Skype como Sky, por lo que posteriormente, en diciembre del año pasado, tuvieron que modificarlo; o el más polémico, el caso de UBER, que debido a un error en cómo lo nombraron, se daban casos de doble cobro, modificándolo a llamarlo UBER Trip.

Ya de previo tuvieron que publicarse otras directrices y oficios con modificaciones; por ejemplo, excluyendo Despegar.com, Booking y Expedia, lo cual aconteció en mayo de este año; así como en febrero se retiró a Airbnb.

Este impuesto rige sobre todos aquellos servicios digitales o bienes intangibles provenientes de plataformas extranjeras que sean consumidas en nuestro país, esto bajo una tasa del 13%

Hay dos maneras, una es el cobro directo por parte del proveedor de servicios digitales; en estos casos, si ellos quieren directamente aumentar el precio al agregar el 13%, deberán inscribirse como contribuyentes ante la Administración Tributaria.

Y la otra para los que no lo hacen, que es a la cual corresponde la lista, que es de aquellos proveedores e intermediarios cuyas transacciones se les debe practicar la percepción del impuesto mediante tarjetas de débito y crédito y otros medios de pago, explicó Silvia González, Socia de Impuestos y Legal de Grant Thornton.

Por lo tanto, si arriban al país nuevas plataformas, es necesario constantemente actualizar el listado de servicios que están bajo este tributo.

Si quiere conocer el listado completo de servicios que tienen este impuesto, ingrese a este sitio.

A continuación, los que se agregarán a partir de este viernes.

https://www.datawrapper.de/_/qxzAE/

Gobierno alcanza superávit primario de 0,45% del PIB al cierre del primer semestre

Fuente: La Nación

Las finanzas del Gobierno Central cerraron, al primer semestre del 2021, con un superávit primario equivalente al 0,45% del producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.

Entre enero y junio de este año, los ingresos totales fueron de ¢3.147.881 millones y los gastos del Poder Ejecutivo, sin el pago de intereses de la deuda, fueron ¢2.977.509 millones, lo que produjo un excedente de ¢170.372 millones, informó el Ministerio de Hacienda, este martes 20 de julio.

“El dato de ¢170.372 millones de superávit primario es muy importante porque significa que empezamos a tener un poquito de dinero propio para pagar intereses. Sin embargo, cuando al gasto le agregamos el pago de intereses, se nos produce el déficit financiero”, explicó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

El resultado obtenido, durante los primeros seis meses de este año, acerca aún más al Gobierno a alcanzar una de las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El país se comprometió a que el déficit primario no sobrepase los ¢390.000 millones, al cierre de julio, y que el saldo de la deuda gubernamental no debe ser mayor a los ¢26.625.000 millones. Hasta junio, el saldo era de ¢26.226.691 millones, según Hacienda.

El último año que las finanzas gubernamentales tuvieron un resultado primario positivo para el primer semestre fue en el 2008, cuando ascendió a 1,92% de la producción. En el Programa Macroeconómico 2021-2022, se proyectó que al final del presente año sea de 1,7% de la producción, aunque dicha estimación podría ajustarse en los próximos días.

El superávit primario es la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales, sin tomar en cuenta el pago de los intereses de la deuda.

El déficit fiscal del Gobierno (incorpora el pago de intereses) finalizó, durante el primer semestre de este año, en 1,97% de la producción, es decir, ¢744.866 millones, detalló el Ministerio, en el comunicado de prensa.

Dicho resultado implica una mejora cuando se compara con el periodo comprendido entre enero y junio del 2020, cuando fue equivalente a 3,78% del PIB, o sea, ¢1.365.710 millones.

Adicionalmente, el déficit fiscal registrado este año es el más bajo desde el 2010, en porcentaje del PIB, cuando ascendió a 2,03%.

“En este año 2021, en medio de una pandemia y con una serie de restricciones importantes en la economía, hemos alcanzado el déficit financiero más bajo de los últimos 11 años”, recalcó Villegas.

El jerarca recalcó que los resultados del primer semestre reafirman el compromiso del Poder Ejecutivo con la responsabilidad fiscal y las metas pactadas en el acuerdo con el FMI.

Para el economista Alberto Franco el resultado financiero, un poco más favorable, puede beneficiar al Gobierno en la obtención de un financiamiento menos oneroso.

“Si la disminución del déficit y las necesidades de financiamiento se logra acompañar de avances en la aprobación de la agenda acordada con el FMI, eso podría permitir reducciones adicionales en las tasas que paga Hacienda”, destacó el analista de Ecoanálisis.
Egresos del Ejecutivo

La información suministrada por Hacienda, muestra que la mejora financiera del Gobierno se sustentó en una reducción en los egresos por transferencias corrientes.

Al primer semestre, este rubro del gasto ascendió a ¢1.312.086 millones, o sea, el equivalente al 3,47% del PIB. Mientras que, al mismo periodo del 2020, fueron de ¢1.372.243 millones, es decir, 3,80% de la producción.

La información publicada por la entidad muestra que la reducción se generó porque este año el Ejecutivo no otorgó el Bono Proteger a las personas afectadas por la pandemia de la covid-19.

Villegas explicó que dicho egreso se financió, durante el 2020, mediante créditos con organismos multilaterales.

“Concretamente en el 2020 a junio habían ¢68.187 millones en recursos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) que se ejecutaron en la atención de la emergencia, confirmó el jerarca.

La mayor parte de los recursos de las transferencias corrientes se dirigen al pago de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, monto que ascendió a ¢382.250 millones.

A otras instituciones públicas destacan ¢280.596 millones, a la Caja Costarricense de Seguro Social; ¢263.908 millones, al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); ¢103.204 millones, a las Juntas de Educación; y ¢105.397 millones, al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

En el caso de las remuneraciones, este gasto corriente ascendió a ¢1.301.419 millones, es decir, el equivalente al 3,44% de la producción al primer semestre de este año.

Mientras que, en el mismo periodo del 2020, fue de ¢1.231.336 millones, equivalente a 3,41% del PIB.

El gasto de capital del Gobierno fue de 0,63% de la producción, o sea ¢238.949 millones, en los primeros seis meses del 2021.

Mientras que, al mismo periodo del año anterior, fue de ¢175.152 millones, es decir, el 0,49% del PIB.

Comportamiento de ingresos

Por otra parte, los ingresos totales del Ejecutivo al primer semestre fueron de ¢3.147.881 millones, el equivalente a 8,32% del PIB. Al mismo periodo del 2020, estos ascendieron a ¢2.310.100 millones, o sea, equivalente a 6,40% de la producción.

El incremento tan significativo se debe a la incorporación de los órganos desconcentrados dentro del Presupuesto Nacional, lo cual implicó introducir la contribuciones patronales al Fondo de Asignaciones Familiares y Desarrollo Social (Fodesaf).

También influyeron los ingresos extraordinarios por ¢106.915 millones de la entrega de superávits libres por parte de varias instituciones públicas para el pago del servicio de la deuda.

De los ingresos totales, la recaudación fiscal significó el 86%, es decir, ¢2.710.444 millones.

La recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre el valor agregado (IVA) se mantienen como los más importantes.

Ambos le dejaron al fisco ingresos por ¢2.032.833 millones, según datos de Hacienda.

Cuidado con los despidos virtuales


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Como parte de la nueva normalidad que vivimos empresas y trabajadores, los especialistas en derecho laboral de Actualidad Tributaria han recibido muchas consultas sobre la posibilidad de realizar los despidos de manera virtual.

Ya sea porque muchas empresas han cerrado sus oficinas físicas y enviado a sus colaboradores a trabajar desde sus casas, o porque las organizaciones también han extendido sus contrataciones fuera del GAM, los encargados de Recursos Humanos se han visto frente a la necesidad de realizar despidos o ceses por vías virtuales, lo que ha generado dudas por parte de los encargados del manejo de personal.

Para la especialista laboral Ana Isabel Borbón, abogada de Actualidad Tributaria, los empleadores deben considerar siempre los siguientes elementos antes de proceder con acciones disciplinarias de manera virtual:

Un clarísimo contrato para teletrabajadores: “Muchas empresas mandaron a su gente a trabajar en casa, pero no contemplaron los cambios que había que hacer en los contratos y los reglamentos. Entonces, los reglamentos siguen vigentes para todos los trabajadores, pero el medio para realizar alguna acción disciplinaria, debe estar claramente indicada y lo mejor es que sea mediante reglamento o política interna creada para teletrabajo. Igualmente hay que ajustar los contratos para que cualquier acción y canal de comunicación sea conocido por todas las partes y sea el oficial”, comentó Borbón.
Establecer los canales oficiales de comunicación en modo teletrabajo: “Esto va de la mano con los contratos claros. Debe existir un canal oficial de comunicación en estos momentos, cuando no es factible vernos frente a frente para entregar una amonestación o un despido. Entonces, el patrono debe dejar claro por cuál vía se van a enviar y recibir las comunicaciones oficiales y la obligación de darse la confirmación de entrega”.
Cómo se va a enviar un despido y cómo se recibirá la respuesta: El despido lleva consigo la entrega de una carta y debe ser en persona, através de su jefe inmediato o el encargado de recursos humanos. “Con las nuevas modalidades de trabajo, es imperioso que las empresas revisen sus procedimientos y establezcan reglas claras. Si quieren despedir o amonestar a una persona por medios electrónicos, debido a la lejanía en la que se encuentra el empleado,  deben asegurarse la forma de recibir una respuesta de recibido, y en ese caso, la carta debería ir firmada en forma digital o de lo contrario debe ser enviada por correo certificado para asegurar su entrega. Lo que no puede pasar es que el colaborador pueda alegar que no recibió la comunicación pues es indispensable definir la fecha de entrega para saber a partir de cuándo inicia el plazo de prescripción para efectos de cualquier reclamo sobre derechos laborales”, comentó la abogada.

Borbón le recuerda a los patronos que el Código de Trabajo no contempla situaciones de despido o renuncia virtual, por lo que la empresa debe contemplarlo en su reglamento o politica interna de forma clara, para que éste los proteja en caso de un juicio laboral.

“La entrega física de una amonestación o un despido sigue siendo la forma más segura para todas las partes, particularmente si no se ha establecido algún otro mecanismo previamente”, concluyó Borbón.


En el siguiente video, puede encontrar el criterio de la Licda. Borbón: Despidos_Virtuales.mp4

Acerca del Bufete Raymundo Volio Abogados y Consultores Tributarios
Expertos y asesores en derecho tributario, el Bufete Raymundo Volio se ha consolidado como una de las más reconocidas firmas asesoras en temas impositivos y fiscales en el país.  A través del centro de información www.actualidadtributaria.com, el Bufete expone los temas de mayor interés para empresas y ciudadanos en los temas fiscales y tributarios, gracias a sus más de 25 años de experiencia en el tema.

PUSC no apoyará más impuestos de agenda complementaria con el FMI

Fuente: El Mundo CR

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), anuncia que no apoyará ningún proyecto de la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contenga nuevos impuestos que golpeen el bolsillo de los costarricenses.

Los socialcristianos consideran que la agenda está mal planteada, cargada de más impuestos y completamente contraria a las necesidades del pueblo costarricense.

«El Gobierno nunca valoró las opciones planteadas por la fracción para generar recursos frescos. Pusimos sobre la mesa proyectos como el de hidrogeno verde, generación distribuida, amnistía en cargas sociales y la necesidad de avanzar en la ampliación de la inversión en fibra óptica, del espectro en 5G y una verdadera agenda para reactivar la economía», señaló el jefe de fracción Pablo Heriberto Abarca.

A lo largo de 3 años, el Poder Ejecutivo fue incapaz de realizar recortes sustantivos del gasto público, plantear una verdadera reforma del Estado y renegociar la deuda pública.

Defensoría preocupada por cobro de IVA a pequeñas empresas de turismo

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- La Defensoría de los Habitantes sostiene su preocupación por la entrada en vigencia Impuesto al Valor Agregado (IVA) al sector turismo, pues en su criterio, esta acción atrasaría la estabilización de los hoteleros y además habría riesgo de llevar a las pequeñas y medianas empresas a la quiebra.

La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, cuestiona al gobierno debido a la inexistente recuperación del sector turismo, que los mantiene en niveles de sobrevivencia.

“El sector turístico la está pasando mal y las medidas restrictivas no ayudan a su reactivación; más de un año después muchas jornadas laborales continúan reducidas y contratos siguen suspendidos”, manifestó la jerarca de la Defensoría.

Crespo se dirigió a las autoridades económicas sobre la necesidad de escuchar a todos los sectores afectados por la pandemia; y la urgencia de impulsar medidas concretas para la reactivación, pues el dilema en el que se encuentran las empresas, genera un golpe directo a gran cantidad de personas que requieren volver a trabajar.

“Tanto en Limón como en Puntarenas, así como en zonas de frontera y sitios de montaña, en cada gira distintos habitantes relacionados con la actividad turística se me han acercado para comentarme la difícil situación que está viviendo el gremio ante la afectación a su actividad productiva en razón de la pandemia”, puntualizó.

 

Proyecto de ley apuesta por poner a Costa Rica a competir por inversiones fílmicas

Fuente: La República

A través de una serie de incentivos, un proyecto de ley propone meter a Costa Rica en la competencia por la atracción de inversiones de producciones audiovisuales, algo en lo que otros países latinoamericanos ya han dado pasos significativos.

La industria global de la producción para pantallas genera miles de millones de dólares en inversión, especialmente desde Estados Unidos, por lo que se pretende captar parte de esos recursos para Costa Rica, enfocándose, inicialmente, en producciones de bajo presupuesto.

El país empieza a esbozar algunas iniciativas y se está trabajando en conformar su primera film friendly zone. Mientras tanto, el proyecto de ley ha obtenido el visto bueno de diputados y representantes del sector audiovisual.

Beneficios

El proyecto llamado Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, presentado por diputados de distintas fracciones, se encuentra en la Comisión de Turismo, bajo el expediente 22.304. Su objetivo es otorgar una serie de beneficios e incentivos para atraer grandes producciones audiovisuales al país, en formatos como películas, documentales, comerciales, entre otros.

De esta forma, se espera generar encadenamientos con otros sectores de la economía y colaborar en la promoción turística.

El texto propone cuatro incentivos principales:

  -La exoneración total del impuesto sobre la renta y de cualquier otro tributo a las ganancias.
  -La devolución de todo impuesto que recaiga sobre la importación de bienes al territorio nacional para la realización de las actividades fílmicas.
  -La exoneración de todo impuesto, gravamen, tasa o contribución a la importación de equipos, útiles, repuestos, vestuario, maquillaje, escenografía y material técnico.
  -Cuando se trate de proyectos que se realicen en el país, a las compras de bienes y servicios nacionales mayores a $500.000, se les otorgará la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por las mismas.

Además, se autoriza a las municipalidades a eximir de tasas y cánones a las empresas o personas jurídicas involucradas, así como brindar las facilidades para el otorgamiento de permisos necesarios.

También plantea que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) conceda visas y permisos migratorios a las personas extranjeras que ingresen para el desarrollo o ejecución de los proyectos, mientras que el Estado facilitará el acceso a áreas o locaciones que le pertenezcan, o que se encuentren bajo su administración, cuidando la protección del medio ambiente.

El trámite de las producciones se llevará a cabo en una oficina especializada y una ventanilla única digital que el proyecto de ley propone crear.

“Cuando estamos hablando de una ley de atracción de inversiones audiovisuales, en el fondo estamos hablando de una ley de reactivación económica”, dijo José Castro, comisionado fílmico de Costa Rica, en audiencia ante los diputados de la Comisión de Turismo a finales de abril.

Según el funcionario, se pueden crear encadenamientos con otros sectores, principalmente en el turismo, transporte, alimentación, entre otras áreas.

Castro recalcó que, inicialmente, el país buscará captar producciones cuyo presupuesto rondan entre $2 y $6 millones, que se consideran bajos en la industria, pero que son “presupuestos gigantes” para Costa Rica.

Así, se espera que la industria impacte en tres momentos u olas: la inversión directa, la publicidad para el país y el turismo fílmico a futuro.

Con esto, se pretende colocar a Costa Rica al lado de países como Colombia, República Dominicana o Uruguay, que ya cuentan con esquemas de incentivos para esta industria.

Potencial

Los números hablan de una industria multimillonaria. Según un estudio de la firma británica Olsberg SPI, la industria de producción fílmica generó una inversión por $177.000 millones en el 2019 solo en términos de producciones para pantallas (películas con guiones, televisión y documentales).

Casi el 65% de dicha inversión proviene de Estados Unidos. Las demás regiones y países del mundo que contempla el estudio reciben más inversión de la que generan.

Además, la firma calcula que para el 2019 la producción global para pantallas generó 14,2 millones de empleos entre directos e indirectos y que el impacto económico total del sector fue de $414.000 millones, casi siete veces el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica.

Por otra parte, el proyecto de ley estima que el mercado potencial para Costa Rica, en caso de contar con una herramienta legal de promoción e incentivo, podría ser de $100 millones anuales en producciones, con un potencial de generación de impuestos conexos al consumo de aproximadamente ¢12.000 millones y acciones de imagen por al menos ¢5.000 millones.

A esto se suma que a nivel local existe un ecosistema audiovisual en crecimiento, pues el país pasó de producir una película al año, a inicios de siglo, a 17 estrenos en el 2018, según comentó la cineasta costarricense Hilda Higaldo, en la audiencia frente a los diputados de la Comisión.

El comisionado fílmico agregó también que actualmente hay 13 instituciones de educación superior formando profesionales en carreras relacionadas al sector audiovisual, lo que significa un semillero de talento humano.

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) también ha estudiado el potencial de la capacidad productiva de este sector en el país.

En un estudio de mercado publicado en junio de este año, Procomer estimó que la oferta se compone de 350 empresas, la mayoría micro o pequeñas. El el 95% son de capital nacional y el 83% percibe ingresos principalmente de la demanda local de sus servicios.

A través de la entrevista a 80 empresas y profesionales del área, Procomer también recopiló que los principales servicios demandados a nivel local son la preproducción y producción, dirección y coproducción, mientras que a nivel internacional se buscan servicios de animación gráfica, digital y servicios técnicos.

Según el estudio, el gremio demanda capacitaciones, mayor promoción del sector y del país y financiamiento, mientras que en recurso humano se denota la necesidad de ejecutores de efectos especiales y scripts. Por el contrario, el recurso humano está en niveles “óptimos” en áreas como dirección de fotografía y equipo de iluminación.

El ente también incluyó el efecto de la pandemia. En el 2019, los ingresos totales del sector audiovisual en Costa Rica se estimaron en $78 millones, cifra que disminuyó un 65% en el 2020, hasta los $27 millones.

Film friendly zone

Un paso inicial en la configuración del sector audiovisual en Costa Rica fue el anuncio, en abril de este año, de la primera film friendly zone: la región Brunca.

Esto se concretó tras la firma de un acuerdo entre Procomer, las municipalidades de los seis cantones de la región y la Federación de Municipalidades de la Región Sur de Puntarenas (Fedemsur).

Este es un concepto que ya se ha usado en otros países como EE. UU. o Argentina y designa a una región como “atractiva y amigable” para realización de producciones audiovisuales y atracción de inversiones de esta industria.

Se eligió la región Brunca por poseer con escenarios como playas, montañas, ciudades pequeñas y zonas rurales, “ideales para contar las historias que demanda la industria mundial de la producción audiovisual”, afirmó Pedro Beirute, gerente general de Procomer, en ocasión del anuncio del acuerdo.

Como parte de la iniciativa, se contempla la creación de un catálogo de proveedores de servicios, capacitaciones para empresas, facilitación de trámites para los permisos de filmación, entre otras acciones.

La Comisión Fílmica ya elaboró también un catálogo de locaciones con lugares de distinta índole del país.

Visto bueno

El proyecto de ley cuenta, hasta el momento, con el respaldo de los diputados de la Comisión de Turismo.

“Se trata de aprovechar este proyecto para potenciar y exaltar todo lo que desde acá hemos generado, como el talento humano”, manifestó Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC) y miembro de la Comisión. Asimismo, han expresado su visto los diputados David Gourzong, Aida Montiel, Melvin Núñez, Laura Guido y Carlos Ricardo Benavides.

Guido acotó que la intención es dar espacio a otras audiencias y hacer algunas mejoras al texto para que sea dictaminado “pronto”.

La iniciativa también suma el apoyo de representantes del sector, aunque proponen cambios. “Estamos muy entusiasmadas porque se legisle para la reactivación del ecosistema audiovisual”, dijo Hilda Hidalgo, de la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica.

La también directora de cine Antonella Sudasassi expuso ante los diputados de la Comisión una serie de recomendaciones que sugiere la Unión de Directoras.

Entre ellas, que se firmen contratos con las empresas para garantizar el cumplimiento de las inversiones y se incorporen a las coproducciones entre los posibles beneficiarios, pues apuntaron que las producciones suelen realizarse entre dos o más países.

También propusieron que, al menos, el 30% del personal creativo que contrate la empresa extranjera sea costarricense, así como que se forme un fondo para financiar el cine nacional.

Para esto, una de las propuestas es que se devuelva solo el 12% del IVA a las empresas y que el 1% restante se use para financiar el fondo y promocionar al país.

El Centro de Cine también se ha pronunciado al respecto. En un criterio enviado a los diputados, el ente considera que la industria audiovisual puede ser parte del proceso de reactivación económica, por lo que creen que el proyecto es un “vehículo fundamental”.

El director del Centro, Raciel del Toro, mencionó también que en este criterio incluyeron una sugerencia para optimizar el texto. La institución apuntó la ausencia de una entidad que emita el criterio técnico de recomendación al Ministerio de Hacienda para la exoneración o devolución de los impuestos. Por ello, el Centro sugiere que ese rol sea ejercido por la Comisión Fílmica.