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Taller: Nuevo Régimen de Tributación Simplificada


A partir del 1 de marzo del 2023 aplica un nuevo régimen.

Objetivo:
Mostrar a los participantes las implicaciones de los cambios introducidos al Régimen de Tributación Simplificada, así como establecer las obligaciones, derechos y responsabilidades en este régimen.

Inscríbase en el siguiente enlace: http://bit.ly/3l9o5Yz

Más información:
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Facebook Live: Importancia de los Estados Financieros Auditados

En nuestro primer programa del mes de febrero abordaremos el tema de los estados financieros auditados, la importancia de auditarlos, el propósito de hacerlo correctamente, así como las entidades que los solicitan o aquellas que están vinculadas con el tema.

Con la ayuda de nuestro experto, el CPA. Ronald Varela, entenderemos un poco más sobre esta materia.

Le esperamos el lunes 6 de febrero, en nuestro perfil de Facebook a las 3:00 p.m. 

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Les esperamos!

Ejecutivo rechaza mantener IVA en construcción en 8%

Fuente: CR Hoy

El Poder Ejecutivo se opone a la propuesta de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC)  y de diputados de distintas fracciones legislativas para que el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA) para este sector se mantenga en un 8% hasta el año 2025.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, dijo que el gobierno no quiere que haya diferencias en el cobro de este impuesto. Mencionó que el interés del Ejecutivo es que todos los sectores tengan una tarifa única.

“Eso permite tener transparencia en la recaudación de impuestos. No creemos que sea razonable. Nos parece que deberíamos avanzar más rápidamente hacia una tarifa uniforme“, zanjó Acosta.
Pedido para fortalecer sector

La propuesta de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) y de varias fracciones legislativas es mantener en un 8% la tarifa del IVA por 24 meses, es decir, hasta el año 2025.

En el caso de la CCC, su solicitud forma parte de un conjunto de acciones que demandó para reactivar al sector que continúa en crisis.

De acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la tarifa del IVA que aplica a los materiales e insumos y servicios para la construcción subirá al 13% a partir del 1° de setiembre de este año.

El IVA en este sector se ha venido implementando de forma escalonada y actualmente se aplica un 8%. Si no hay cambios, en setiembre de este año se alcanzaría el 13% como el resto de bienes y servicios.

PLP presenta proyecto para para fusionar los Ministerios de Hacienda, Planificación y Economía

Fuente: El Mundo CR

El Partido Liberal Progresista presentó el proyecto 23.540, para fusionar los ministerios de Hacienda, Planificación y Economía.

Según explicaron «se trata de un proyecto de reforma administrativa del Estado, que fusiona los ministerios de Hacienda, Planificación y Economía y en su lugar crea el Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad MINDEC, cuyo objetivo es generar políticas económicas integrales enfocadas en la ciudadanía con el fin de promover mayor prosperidad y bienestar».

Para el PLP «el proyecto fue motivado por la actual falta de sinergias entre los ministerios económicos cuya función, se supone, es la de definir y presupuestar la ruta económica del país».

Ante esto destacaron que «es claro que al día de hoy trabajan de manera desarticulada al punto que las prioridades de políticas y recursos públicos son eslabones sueltos y no generan un valor público tangible».

De igual forma apuntaron que «al fusionar estos 3 ministerios, le damos al Estado la posibilidad de crear políticas económicas sensatas e integrales, que beneficien al ciudadano con la promoción de un ambiente favorable para la inversión, la competitividad y el desarrollo productivo».

«Además disminuye la burocracia en las interacciones del Estado con las personas, es decir, crear servicios públicos de calidad», concluyeron.

El patrocinio de bebidas alcohólicas es para beneficio de deportistas no para generar impuestos, señala Daniela Rojas

Fuente: El Mundo CR

La jefa de fracción de la Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, manifestó su complacencia ante el apoyo de Mary Munive, ministra del Deporte, a la iniciativa 23.216 «Ley para Impulso y el Fortalecimiento del Deporte Nacional», sin embargo, hizo hincapié en que este proyecto es para beneficiar a los deportistas y no a instituciones públicas por medio de impuestos, como reconoció la jerarca en audiencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

«Celebro que el Ministerio del Deporte esté apoyando la iniciativa del patrocinio de bebidas alcohólicas al deporte nacional, sin embargo, me quedan varias dudas después de la comparecencia de doña Mary Munive, cuando nos plantea la necesidad de que se le incorpore un impuesto a este proyecto de ley», señaló la legisladora.

Rojas recalcó que ese no es el espíritu del proyecto de ley, el cual lo que busca es generar recursos para los deportistas que hoy en día salen a representar a Costa Rica fuera del país o inclusive en competencias internas y que no cuentan con los recursos suficientes para afrontar estas pruebas de la manera óptima.

«No es un proyecto que busca generar dinero o recursos para las instituciones públicas, donde posiblemente luego eso termine convirtiéndose en más burocracia, por lo que esa recomendación que trae el Ministerio del Deporte no la veo muy viable y espero que la próxima semana el proyecto pueda ser dictaminado en comisión y continuar con su trámite en el Plenario Legislativo», agregó la socialcristiana.

Por su parte, la ministra del Deporte, Mary Munive, compartió que desde su cartera se propone que el 25% de las ganancias que se generen de los eventuales contratos del patrocinio de bebidas alcohólicas sea trasladado al Estado.

Munive dijo que algunas instituciones públicas manifestaron oposición al plan por el voto de la Sala Constitucional que indicó que una iniciativa con un propósito similar afectaba el derecho a la salud de los menores de edad, por lo tanto, su recomendación es que se les traslade recursos de esas futuras ganancias a algunas instituciones públicas.

Anteriormente, la especialista y presidenta de la Unafut, Vicky Ross, comentó que los deportistas luchan para cumplir con las condiciones mínimas y han sufrido con más de dos años de pandemia. «El sector privado ha aportado con la ayuda al crecimiento de los distintos deportes. Las preocupaciones sobre el auspicio con bebidas alcohólicas se contrastan con la legislación en otros países que demuestran que tienen que ver más con las costumbres», agregó Ross.

Para el fútbol como el resto de los deportes apoyamos este expediente dijo Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Saprissa quien hizo un llamado en favor de eliminar la prohibición de publicitar el deporte. «El que menos se va a beneficiar es el futbol, pero ayudará más a otras disciplinas como el boxeo o el surf, manifestó», compartió Rojas.

Empresarios piden al Banco Central más acciones por caída del precio del dólar

Fuente: La Nación

Diferentes agrupaciones del sector empresarial intensifican la presión sobre el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para que tome acciones que eviten una mayor depreciación del dólar respecto al colón. Afirman que el comportamiento reciente del mercado cambiario compromete la productividad y la generación de empleo en el país.

Empresarios turísticos, exportadores y agricultores organizaron foros esta semana desde donde instaron a la entidad monetaria a que implemente los mecanismos necesarios para lograr el equilibrio en el tipo de cambio.

El sector productivo nacional argumentó, durante la actividad Tipo de cambio y su impacto en la competitividad y la generación de empleo, efectuado este miércoles 1.° de febrero, que el brusco descenso en el precio de la divisa genera el riesgo de fuga de turistas a otros países, pérdida de competitividad y caída de las exportaciones.

Esta actividad fue organizada por la Cámara Nacional de Agricultura, la Cámara Nacional de Bananeros, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional), la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), la Cámara Nacional de Turismo, la Cámara de Industrias y la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).

También se sumaron la Cámara de Plantas Flores y Follajes de Costa Rica, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Melón, la Alianza Nacional Agropecuaria y el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe).

“Por la responsabilidad que tienen con miles de familias, piden al Banco Central, detener la caída del dólar”, se difundió en un comunicado de prensa posterior a la actividad.

La petición se hizo tan solo un día después de que Róger Madrigal, presidente del BCCR, dio a conocer las proyecciones económicas para Costa Rica con la presentación del Informe de Política Monetaria 2023-2024. Durante su presentación, el jerarca dijo que no ve las condiciones para que se dé un supuesto de un tipo de cambio del colón apreciándose indefinidamente.

“En el tipo de cambio, el Banco Central debe ser muy cuidadoso y sensitivo. Es un precio al que se le presta mucha atención y de mucha influencia en ingresos y costos. La idea es que el precio se forme de la manera más neutral posible, de acuerdo con las fuerzas del mercado”, afirmó Madrigal, este martes.

El precio de la divisa inició un proceso de reducción desde el pasado 4 de enero, cuando cerró en ¢596,73, hasta alcanzar un mínimo de ¢555,12, el pasado viernes 27 de enero, en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). Luego, en las primeras tres jornadas de esta semana, elevó su costo a ¢556,15, el día lunes; a ¢557,37, el martes; y ¢563,46, este miércoles, según datos del BCCR.

Amenazas

“Un dólar barato no beneficia a nadie en el mediano y largo plazo, solo destruye empresas y empleo para las familias”, dijo Rigoberto Vega representante de los empresarios, en el evento que reunió a más de 200 personas del sector productivo.

Entre los más amenazados están las pequeñas y medianas empresas (pymes), se detalló en el comunicado.

Para subrayar los riesgos se agregó que los empresarios turísticos tienen problemas para pagar salarios y servicios porque reciben menos colones por sus dólares. Mientras que los compradores y consumidores de bienes costarricenses deberán pagar más dólares por los mismos productos y servicios.

Otro ejemplo expuesto fue que, en tan solo 12 meses, la caída en el tipo de cambio del dólar incrementó en 33,5% los costos de producción de la piña. Según la información difundida, el costo promedio anual por hectárea era de $5.235, en enero del 2022, y pasó a $6.987 para el mismo mes en este año, es decir, 33,4% adicional por efecto de la apreciación del colón, se informó en la actividad.

Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias, sostuvo que la pérdida de competitividad por la baja del precio del dólar amenaza la oportunidad de empleo para los trabajadores con menos capacidades, principalmente en las zonas rurales.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) pidió al Banco Central mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional, en aras de no comprometer la estabilidad de la base productiva nacional y el empleo formal.

José Luis Araya, director ejecutivo de Uccaep, afirmó que el aumento hecho por el BCCR en la tasa de política monetaria (TPM), para frenar la inflación, contribuye a la apreciación del colón porque elevó el premio en invertir en la moneda nacional.

El vocero hizo un llamado a la institución monetaria para que tenga presente el impacto negativo del comportamiento reciente en el tipo de cambio en algunos sectores económicos.

“Uccaep tiene claro que hay factores de oferta y demanda que escapan del control del Banco Central. No obstante, entendemos que la entidad cuenta con las herramientas para evitar la volatilidad no deseada del tipo de cambio”, dijo Araya. Recordó que uno de los objetivos legales del BCCR es promover el ordenado desarrollo de la economía costarricense.

Adicionalmente, un grupo de siete asociaciones empresariales turísticas argumentaron que la caída en el valor del dólar provocó una reducción del 20% en los ingresos en colones e imposibilitará generar más empleos. Las aseveración se hizo en un comunicado enviado luego de una conferencia de prensa virtual organizada este martes 31 de enero.

En este caso, las organizaciones fueron la Asociación Cámara de Turismo Guanacasteca, Arenal Cámara de Turismo y Comercio, Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos; Cámara de Turismo Zona Azul, Cámara de Turismo de Monteverde, Asociación Cámara de Turismo y Comercio Sostenible del Pacífico Central; y la Asociación de Transportistas de Turismo.

“Las cámaras aquí representadas, alzamos la voz para externarles nuestra preocupación por los efectos negativos que esta acelerada y desproporcionada revaluación del colón está teniendo en la industria”, se informó en un comunicado de prensa.

Las organizaciones también afirmaron que la actual situación generará posposición de nuevos proyectos de renovación, remodelación y ampliación de instalaciones turísticas.

Precios de Transferencia y la declaración de renta 2022

Se trata de estar preparados para evitar correr o recurrir a declaraciones de renta rectificativas, lo que también implica multas y sanciones.

En este programa de nuestra serie de Precios de Transferencia, la Licda. Zaira Mora explica cómo podemos estar listos de cara a este momento del año tan importante, aún cuando a la empresa u organización no le dé tiempo para estar en orden antes del 15 de marzo.

Le invitamos a verlo y compartirlo:

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Los productos que amanecieron más baratos este miércoles 1 de febrero

Fuente: La teja

Este miércoles 1 de febrero empezará a regir una modificación en la Canasta Básica Tributaria, que busca beneficiar a la población más vulnerable del país.

El experto en finanzas, Daniel Suchar, explicó que la Canasta Básica Tributaria está conformada por 213 productos y forma parte de la Canasta Básica general (que contiene 289), que también incluye bienes y servicios. Sin embargo, los productos que la componen corresponden a aquellos que más consumen las personas del país que reciben menos ingresos.

La Canasta Básica Tributaria siempre ha tenido un impuesto de valor agregado del 1%, pero la novedad que se vivirá este miércoles es que se incluyeron unos 55 productos en esta lista, lo que quiere decir que esos artículos pasarán de tener un Impuesto del Valor Agregado (IVA) de 13% a solo el 1%.

Entre los alimentos que verán la rebaja en el impuesto están panes, tortillas, repostería y galletas; además, cereales, arroz, harinas y pastas alimenticias (no incluye arroz con procesos agregados ni con ingredientes adicionales); quesos y leche. También los huevos y carne de pollo, res y cerdo (no se incluyen sazonadas, marinadas, condimentadas o preparadas) y algunas frutas sin ninguna preparación.

Entre los que se incluyeron en esta ocasión están los artículos integrales, que hasta el momento tenían un 13%. El arroz integral, el pan integral, la avena integral, son parte de ellos.

Pero también, como novedad, hay productos de cuidado personal; por ejemplo, cepillos de dientes, hilo dental, pañales desechables, papel higiénico, pasta de dientes, talco, toallas sanitarias, tampones y protectores diarios, toallitas húmedas para higiene y limpieza personal (no incluye las desmaquillantes, ni las desinfectantes).

En cuanto al cuidado del hogar se destacan las bolsas plásticas para basura, el bombillo eléctrico corriente (filamento), escoba, fósforos, pala para basura y el palo o gancho para limpiar pisos.

Por último, están los artículos escolares como lapiceros, borradores de caucho o material plástico, calzado escolar, cuyo precio máximo al consumidor no sobrepase la suma de ¢15.471.00; compás, reglas planas, transportadores, escuadras, todos inferiores o iguales a 30 centímetros; crayones, cuadernos, goma cola o pegamentos de toda clase para uso escolar, hojas blancas, rayadas y de colores, lápices de color, lápices de mina negra, plastilina, pinturas de colores. También, salveque de tela o nylon, tajador o sacapuntas manual de bolsillo, tijera punta roma, tiza en barritas y uniforme de preescolar, escolar o colegial.

Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, dice que a partir de este miércoles, cuando las personas compren estos productos, deben verificar en su factura que el IVA de cada uno de ellos sea de solo el 1%; de lo contrario, pueden denunciar al negocio que está irrespetando la ley a la línea gratuita 800-266-7866 del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).

Consumidores de plataformas de hospedajes desconocen su derecho a reclamar devolución del IVA

Fuente: La República

La Asociación de Consumidores Libres realizó un sondeo en línea entre los meses de diciembre y enero con el objetivo de determinar si los usuarios costarricenses de las aplicaciones Airbnb, HomeAway y VRBO estaban siendo afectados por los dobles cobros que ocasiona el mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda.

Por reglamento, las entidades financieras automáticamente retienen el 13% en cualquier compra que lleve los nombres de esas plataformas y lo pasan a las cuentas de la Tesorería Nacional.

El sondeo concluyó que un total de 103 usuarios de estas aplicaciones que respondieron el cuestionario fueron afectados por los dobles cobros. Y constató que un 71% de los consumidores perjudicados no ha acudido a hacer efectivo su derecho a la devolución de impuestos frente a dobles cobros, principalmente debido a desconocimiento sobre el procedimiento o incluso del derecho que tienen a hacerlo.

«La Asociación de Consumidores Libres está contactando a estas personas para brindarles información de cómo hacer efectivo su derecho a la devolución de impuestos y de igual manera, está planeando otras acciones con el objetivo de solucionar estos dobles cobros que únicamente afectan a los usuarios nacionales de forma discriminatoria», comentó Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres.

Los hospedajes fuera de Costa Rica están exentos del IVA, incluso si se reservan con tarjetas de crédito o débito locales, por lo que en ese caso es necesario ingresar a la plataforma Trámite Virtual (TRAVI) del Ministerio de Hacienda para solicitar que se devuelva el monto cobrado erróneamente. De igual forma, también tienen derecho a la devolución los alojamientos reservados en Costa Rica, siempre que el anfitrión haya emitido la respectiva factura electrónica.

Entre otros datos recolectados en el muestreo, también se evidenció que un 58% de los consumidores reservaron hospedajes fuera del país en los últimos dos meses, lo cual indica que los cobros indebidos son bastante frecuentes.

Calendario Tributario mes de Febrero 2023


Ver Calendario: Febrero 2023

Comerciantes deben presentar declaración del Impuesto de Patentes

Fuente: La Nación

El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica recordó a las personas que tengan comercios que ya deben presentar la declaración del Impuesto de Patentes en las Municipalidades donde hayan solicitado el permiso. Si la gestión no se hace a tiempo, puede acarrear sanciones y multas.

Guillermo Smith, presidente del Colegio, explicó que este impuesto es una obligación tributaria, la cual deben cumplir las personas físicas y jurídicas que ejercen actividades lucrativas con una licencia municipal, en la que se permite la operación y funcionamiento de cualquier tipo de actividad económica.

La entidad señaló que los contribuyentes que posean patentes municipales deben poner atención a los sistemas de cada uno de los gobiernos locales, debido a que cada municipalidad establece sus requisitos, sanciones, multas y medios de pago de este impuesto.

Leonardo Ávila, consultor y socio de la firma especializada ICS, explicó que esto ocurre porque el Impuesto de Patentes se regula por Ley Especial, la cual es propuesta por cada una de las Municipalidades y aprobada en la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el artículo 92 del Código Municipal, .

Por ejemplo, la Municipalidad de San José establece que la declaración del tributo debe presentarse en un plazo máximo de tres meses calendario, contados a partir de la finalización del periodo fiscal correspondiente que le fue autorizado al comercio por el Ministerio de Hacienda.

Es decir, si una tienda en San José tiene el cierre fiscal en diciembre, tendrá que declarar el impuesto a las patentes entre enero y marzo del año siguiente.

En el caso del cantón central de Heredia, los patentados deben presentar la declaración a más tardar cinco días hábiles después de la fecha límite que señale la Dirección General de Tributación, adscrita al Ministerio de Hacienda, para la presentación de la declaración del impuesto de renta.

El plazo para declarar el impuesto sobre la renta del 2022 vence el próximo miércoles 15 de marzo, de acuerdo con el calendario del Ministerio de Hacienda; así que desde ese momento corre el periodo para cumplir con dicha obligación en este municipio.

La Municipalidad de Heredia establece como parte de las sanciones que se aplique el monto de la patente del año anterior, más 30% de recargo, así como una multa del (10%) por no presentación del documento. No obstante, si logran presentar la declaración de forma tardía, al patentado se le aplicará el monto declarado más la multa del 10%.

¿Y cuáles son los requisitos? Según Ávila, la información que se debe incluir en la declaración también dependerá de la Ley Especial de cada municipio, aunque agregó que, por lo general, se usan las ventas o ingresos brutos para determinar el impuesto aplicable, entre otros elementos. El monto a cancelar se calcula como un porcentaje que define cada uno de los gobiernos locales a través de su respectiva ley.

De su lado, el Colegio también ofrece una guía detallada con requisitos mínimos para emitir un informe de certificación de ingresos para efectos del cálculo de la patente municipal, con el fin de que los contadores puedan realizar los documentos que solicitan los municipios.

En cuanto al pago del tributo, Ávila manifestó que este impuesto de patentes debe cancelarse de manera trimestral, como lo expone el artículo 90 bis del Código Municipal. Eso sí, explicó que los plazos y la forma de pago están definidos por cada Municipalidad.

Otro factor a tomar en cuenta es que la declaración debe presentarse aunque la actividad lucrativa no se haya realizado en el periodo, siempre y cuando no se haya cancelado la patente, pues el impuesto se debe pagar durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad o mientras se tenga la licencia.

Otros tributos

De igual forma, Smith resaltó que a partir del 1.º de enero también surge la obligación del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al que son objeto los terrenos y las instalaciones o construcciones fijas y permanentes que existan en las propiedades.

Este tributo puede cancelarse cada mes, semestralmente o todo el año, según las posibilidades del contribuyente y de la Municipalidad. Además, se debe cancelar por cada una de las propiedades que tenga la persona en la jurisdicción, y si la propiedad pertenece a varios codueños, cada uno cancela de forma proporcional a su derecho.

Por otro lado, el Colegio recordó que el pago del Impuesto a las Sociedades tiene como fecha límite este martes 31 de enero. Este tributo lo deben pagar todas las sociedades mercantiles, así como toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentran inscritas o que se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional.

Las tarifas oscilan entre ¢69.330 y ¢231.100, según el estado en que se encuentre cada una de las personerías. El tributo comprende el período fiscal de un año, entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre, y para las nuevas sociedades al momento de presentación de la escritura de constitución ante el Registro Nacional, por los meses que funcionó.

Sobre el envío de los archivos XML y las posibles sanciones por su omisión


Por:
M.Sc. Luis Felipe Rodríguez V
Editorial Actualidad Tributaria

Ya han transcurrido varios años desde que el sistema tributario pasó del sistema de facturas físicas a los comprobantes electrónicos. Estos últimos se encuentran regulados en distintas normas tributarias, pero principalmente en el “Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios”, que es el Decreto ejecutivo núm. No. 41820-H. En él, se dan las siguientes definiciones que resultan importantes:

    “Comprobante electrónico. Documento electrónico en formato XML autorizado por la Administración Tributaria que respalda la venta o adquisición de bienes y la prestación de servicios, el cual debe ser generado, expresado y transmitido en formato electrónico en el mismo acto de la compraventa o prestación del servicio.”

    “Archivo XML. Es un documento en el formato denominado, por sus siglas en inglés, “Extensible Markup Language” (XML) o Lenguaje Extensible de Etiquetado, el cual permite la transmisión de documentos entre diferentes plataformas, así como su validación e interpretación entre aplicaciones y entre organizaciones.”

Por su parte, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios autoriza a la Administración Tributaria a solicitar información de trascendencia tributaria a todos los contribuyentes, en los términos del artículo 104. Por su parte, el mismo Código Tributario establece en el artículo 83 una sanción tributaria de considerable cuantía denominada “Incumplimiento del suministro de información”. A su vez, el numeral 85 establece una sanción por no emitir facturas.

Para la Dirección General de Tributación, los archivos XML son documentos de trascendencia tributaria y procedió, en ocasiones, a instaurar procedimientos tributarios sancionadores con base en el artículo 83.

Pues bien, a través de las vías procesales correspondientes el asunto llegó a examen del Tribunal Fiscal Administrativo, jerarca impropio de la Dirección General de Tributación. Al analizar estas conductas de la DGT, determinó, en sendas ocasiones, que dicho órgano se había apartado de los principios de legalidad y de tipicidad, propios del derecho administrativo sancionador, por cuanto el artículo 83 no se puede aplicar a la omisión en el envío de los archivos XML.

En ese sentido, indicó:
      “Así las cosas, se concluye que la acción de incumplir con el envío del archivo XML a la Administración Tributaria, para la validación de los comprobantes electrónicos, que como bien señala la recurrente, no está prevista o sancionada, en el numeral 83 del Código Tributario, como acción u omisión objeto de sanción, en estricto apego al Principio de Tipicidad en materia penal.” (Tribunal Fiscal Administrativo, resoluciones 533-S-2020, reiterada en la resolución 557-S-2020).

Frente a esta situación, la Administración Tributaria reaccionó a través de una consulta. Reconsideró el criterio que había sostenido en ese momento, y concluyó que la omisión en el envío de los archivos XML resultaba violatoria del Reglamento de Comprobantes Electrónicos, y que si bien no era sancionable a través del artículo 83 CNPT, sí lo era con base en el 85 de la misma ley.

Así las cosas, es importante que los archivos XML sean enviados correctamente, a efectos de evitar eventuales procedimientos administrativos sancionadores. Ahora bien, la aplicación del artículo 85 CNPT podría resultar igualmente discutible de cara al caso concreto.

Ciberataque a Costa Rica fue el quinto mayor en el mundo

Fuente: CR Hoy

El ciberataque del que fue objeto Costa Rica fue el quinto mayor a nivel mundial.

Así lo dio a conocer la firma de tecnología y la seguridad de la información Sistemas Aplicativos SISAP que evaluó los 6 incidentes que consideran tuvieron mayor relevancia en temas de ciberseguridad en el 2022.

“El ataque coordinado a Costa Rica ha fijado un antes y un después en la ciberseguridad de la región; además de ser el primer reto que asumió el presidente Rodrigo Chaves en su mandato, también le mostró a los gobiernos y organizaciones privadas de la región centroamericana que los ciberataques eran una realidad latente y cercana.

Todo inició el 18 de abril de 2022, día en el que empezó el ataque a 30 instituciones costarricenses; tales como el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Seguro Social, entre otros”, recordó SISAP sobre el conjunto de ataques que le ha costado al país hasta ahora 13 mil millones de colones a la atención de emergencia calificada de seguridad nacional.

Conti, una organización de origen ruso, se autoproclamó autor de estos ataques de los cuales, uno de los que más daño causó fue el incidente al Ministerio de Hacienda, ya que los ciberdelincuentes entraron a los servidores y secuestraron información relacionada al sistema de declaración de impuestos.

Para recuperarlo, Conti le exigió al gobierno el pago de $10 millones, para luego duplicar el rescate a $20 millones, pagos que nunca se dieron, pero pusieron a Conti en el mapa.

Según José Amado, Cybersecurity Outsourcing Director de SISAP, este podría ser un primer ataque masivo de este grupo en la región, con la visión de continuar replicando ciberataques coordinados.

“Como expertos consideremos que este tipo de ataque por parte de Conti se seguirán replicando en distintos países de la región, y posiblemente a niveles mayores, los mismos tienen fines económicos, pero no se descartan motivaciones políticas. Lo cierto es que las organizaciones públicas y privadas deben poner mayor atención a la ciberseguridad de su información”, agregó.

Según el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU.), se estima que, hasta enero del 2022, el grupo ruso había extorsionado a más de mil víctimas. consiguiendo pagos en rescate que ascienden a $150 millones.

Los otros 5

Según el estudio, estos son los otros 5 principales ciberataques del año pasado.

1.-Guacamaya Group

De acuerdo con Alberto Higuera, Gerente de Arquitectura de Soluciones de SISAP en Colombia, por lo general las bandas de ciberdelincuentes provenían de Europa, Asia y África. Sin embargo, Latinoamérica vio el surgimiento de Guacamaya Group, organización de hacktivistas cuya motivación inicial era “ecologista y antiimperialista”, sin embargo, en el trascurso de sus ataques han tenido como objetivos a distintas empresas privadas e instituciones de gobierno, como en el caso del Perú, en donde atacaron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; también en México atacaron a la Secretaría de la Defensa Nacional; y en Chile, el blanco fue el Estado Mayor Conjunto.

A diferencia de otros grupos criminales, Guacamaya Group no ha exigido ningún soborno a sus víctimas; por el contrario, ha filtrado la información a medios de comunicación y público en general. De acuerdo con Higuera, esta forma de accionar es igual de peligrosa, ya que no se tiene conocimiento exacto de quiénes podrían tener acceso a dicha información, la cual al caer en manos incorrectas podrían poner en riesgo la seguridad de todo un país o de la misma región.

2.-Guerra Rusia-Ucrania

A diferencia de las guerras convencionales, las ciberguerras no se anuncian de manera oficial, pero se tiene conocimiento que previo a la actual guerra entre Rusia y Ucrania, ya se habían suscitado una serie de ataques cibernéticos entre ambas naciones por medio de ciber ejércitos.

Entre estos se pueden destacar una serie de ataques de tipo ransomware, campañas de phishing, spamware, denegaciones de servicio y ataques de malware destructivos conocidos también como “wiper”.

Los ataques de tipo “wiper” se conocieron desde enero 2022 luego de la invasión rusa a Ucrania, y justamente tenían como objetivo atacar distintas entidades ucranianas. A diferencia de otros tipos de ataques que buscan obtener información, los ataques “wipers” destruyen por completo la información y se van propagando como un virus entre distintos servidores y computadoras.

3.-LastPass

Este es un gestor de contraseñas bastante popular en el mundo de la informática, una alternativa segura para evitar caer en ataques de phishing y robo de credenciales. Sin embargo, en agosto del 2022 dio a conocer que fue víctima de un ciberataque.

Luego de un análisis forense, la compañía concluyó que los atacantes habían logrado acceder a los sistemas, utilizando el punto final comprometido de un desarrollador; mediante dicha investigación el CEO de LastPass aseguró que, aunque el actor de amenazas pudo acceder al entorno de desarrollo y diseño, los controles del sistema impidieron que el actor de amenazas accediera a los datos de los clientes o a las bóvedas de contraseñas cifradas.

Los atacantes lograron acceder a copias de seguridad que guardaban en el entorno de desarrollo durante 4 días, la compañía aseguró que los datos más sensibles como usuarios y contraseñas se encontraban cifrados, por lo que los atacantes no habrían podido acceder a dicha información. Sin embargo, alertaban a sus clientes para estar atentos ante posibles campañas de phishing en los que ciberdelincuentes podrían pretender robar credenciales haciéndose pasar por el propio Lastpass.

4.-Scams en las instituciones bancarias

El término anglosajón “scam” se refiere a todo tipo de estafa o ataque fraudulento en Internet. En el año 2022, se identificó un aumento significativo de “scams” en las instituciones bancarias de la región centroamericana. Con sitios web que suplantaban la identidad de bancos del sistema con el fin de obtener por medio de engaños los usuarios y contraseñas de cuentahabientes, para luego realizar transferencias bancarias que en muchas ocasiones se vuelven irrastreables y por lo tanto difícilmente recuperables.

Los ataques “scam” que se han visto en los últimos meses en la región, son ataques bien organizados y planificados, muy similares a los que se vieron en Países Bajos en el año 2021, en donde se logró identificar que las estructuras criminales contaban con una red de más de 750 dominios conectados, para alojar páginas de phishing que se hacían pasar por bancos, transporte, logística, gobierno, etc.

A medida en que los Equipos de Atención y Respuesta a Incidentes (CERT) atacan a las organizaciones cibercriminales, estas van ideando nuevos mecanismos para evadir los controles, tal y como lo comenta Amado: “hemos identificado como los ciberdelincuentes colocan a las páginas de phishing controles antibots que evitan ser rastreado, o bien dan acceso solo a dispositivos móviles lo cual dificulta su localización por parte de los equipos de Atención y Respuesta a Incidentes.”

5.-Grupo Conti

6.-Ataques al sistema de salud y su impacto al usuario

Los sistemas de salud también son sectores vulnerables a ciberataques, pero lo más preocupante en estos incidentes es que no se habla únicamente de pérdida de información o dinero; se trata de vidas humanas que pueden perderse a la hora de sufrir un ciberataque.

A finales de 2022, RansomHouse hackeó la información de la empresa Keralty, un proveedor de salud colombiano que opera una red de 12 hospitales y 371 centros médicos en Latinoamérica, España, Estados Unidos y Asia; gestionando la salud de alrededor 6 millones de personas.

Ransomhouse surge en marzo de 2022 y sus miembros se autodenominan “soldados de la libertad”, pero en su modelo de operar manejan técnicas extorsionistas; es decir roban datos privados para pedir a cambio un pago.

31 de enero vence el plazo para pagar el impuesto a las personas jurídicas

Fuente: Ministerio de Hacienda

El martes 31 de enero, vence el plazo para pagar sin recargo, el impuesto a las personas jurídicas del periodo fiscal 2023.

Esta obligación deben cumplirla las sociedades mercantiles, las sucursales de una sociedad extranjera o su representante, las empresas individuales de responsabilidad limitada, las casas extranjeras, las sociedades anónimas, las de responsabilidad limitada, en comandita o colectivas, y las empresas individuales de responsabilidad limitada.

Están exentas de este pago las micro y pequeñas empresas inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Quienes no atiendan esta obligación se exponen al pago de intereses y a la sanción por morosidad, de acuerdo con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, e incluso a la disolución de la sociedad, conforme lo dispone la Ley, cuando no se pague el impuesto durante tres periodos consecutivos.

El pago se puede realizar a través de un Débito en Tiempo Real (DTR), por medio de la página web de la entidad bancaria o directamente en sus ventanillas, con solo indicar el número de identificación de la persona jurídica.

Las tarifas a pagar, según el tipo de contribuyente, son las siguientes:

Las sociedades con actividad económica lucrativa, inscritas ante la Dirección General de Tributación, deberán encontrarse al día en la presentación de sus declaraciones autoliquidativas sobre las utilidades y/o rentas capital, esto con el fin de poder determinar la tarifa del impuesto a pagar.

Para más información puede ingresar a la página web del Ministerio de Hacienda www.hacienda.go.cr, sección “Información Tributaria”, apartado “Información de impuestos administrados por DGT”

 

Facebook Live: Precios de Transferencia y la declaración de renta 2022

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 30 de enero a las 3:00 p.m. con el tema:

Precios de Transferencia y la declaración de renta 2022, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

Cuando hablamos de que ya se cerró el periodo fiscal 2022 y que estamos próximos a presentar la declaración de Renta, no podemos dejar de lado el tema de Precios de Transferencia. Ya sea que la empresa vea los precios de transferencia como costos o ingresos, tiene que tomarlos en consideración en esta declaración, no después, que es lo que ha ocurrido usualmente.

En nuestro programa del 30 de enero, revisaremos justamente cuáles son los puntos a no olvidar sobre Precios de Transferencia, de cara a la declaración de renta para el periodo 2022.

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Les esperamos!

Rodrigo Arias pide respetar independencia de la Procuraduría y confirma fecha para interpelar a Nogui Acosta

Fuente: Delfino

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, se pronunció este jueves sobre el anuncio hecho ayer por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de querer usar la Procuraduría General de la República como órgano acusador del Estado al cuestionar la confiabilidad del Ministerio Público en perseguir el “mega caso de evasión fiscal” revelado la semana pasada por jerarcas del Ministerio de Hacienda.

En un comunicado enviado a la prensa, Arias dijo que todos los actores políticos, especialmente aquellos que obtuvieron la confianza del voto para representar a la ciudadanía, tienen la obligación de cumplir con la Constitución Política y con la ley.

  El poder que nos ha sido otorgado, de forma temporal, debe ser utilizado con una gran contención, de forma responsable y siempre teniendo presente el bienestar de las y los habitantes de la República. Esto implica respetar de forma absoluta la independencia de poderes y las decisiones tomadas de forma legítima por las instituciones competentes, aun cuando no sean de nuestro agrado.

Según Arias, algo contrario a lo anterior sería caer en el autoritarismo, en el abuso del poder, en la utilización de las instituciones para beneficio propio y no de la colectividad.

“La Constitución Política es la norma suprema que nos rige, y la voluntad política debe subordinarse a ella. Por ello, hago un llamado a que todas las autoridades seamos respetuosas de los procedimientos establecidos que han hecho de nuestra democracia un ejemplo en el mundo. El respeto a la independencia de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, hoy y siempre, es el respeto al Estado de Derecho”, agregó.

El presidente legislativo solicitó fortalecer el Estado de Derecho en vez de debilitarlo y fortalecer la vida republicana, y un uso del lenguaje prudente de la razón y de la Constitución.

  Evitemos el conflicto, las posturas autoritarias y enfoquémonos en resolver los grandes problemas que tenemos: la inseguridad, el desempleo, el estancamiento económico, el alto costo de la vida, entre otros. Con diálogo, con respeto y con buena voluntad, a pesar de nuestras diferencias políticas, podemos sacar adelante a Costa Rica.

Interpelación a Nogui Acosta

Arias Sánchez confirmó que, una vez la moción se apruebe en la sesión de este jueves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaen, será llamado a interpelación del Plenario el 31 de enero próximo, día en que finaliza el periodo de sesiones extraordinarias.

Acosta Jaen deberá rendir cuentas ante los congresistas por la omisión de informar en la conferencia de prensa donde se presentó el “mega caso de evasión fiscal” que involucra al Banco BCT y a su presidente, Leonel Baruch Goldberg, de que sobre el caso pesaba una solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía.

El presidente legislativo afirmó que Acosta Jaen tendrá 30 minutos para hacer una presentación, y posteriormente los diputados harán uso de la palabra en un debate reglado sobre el tema.

Sector de la construcción pide al Gobierno congelar IVA a servicios en 8% por 24 meses

Fuente: La Nación

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) planteó al Gobierno, este jueves, congelar en 8% el impuesto al valor agregado (IVA) para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil durante 24 meses, a partir del 1.º de setiembre del 2023, cuando pasarán a estar gravados con la tarifa general del 13%.

La propuesta la expresó Carlos Trejos, presidente de la Cámara, en una conferencia de prensa en la que presentaron una serie de acciones que consideran deben ser prioritarias para impulsar la reactivación del sector, que el año anterior registró números críticos en diferentes indicadores.

“El aumento (del IVA a 13%) incrementaría los costos de cualquier proceso de construcción en una magnitud relevante, entonces más que mejorar la condición lo que se busca es mantenerla estable para que no venga a sumar a las otras condiciones del entorno que no son muy favorables”, comentó Trejos.

Este aumento está tipificado en el transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), en el que se estipula el incremento en el tributo a todos esos servicios, de forma escalonada. Desde el 1.° de setiembre del 2022 al 31 de agosto de 2023, inclusive, los proyectos registrados o visados por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, independientemente de la fecha de registro y visado, tienen la tarifa del 8%.

Sin embargo, a partir del 1.° de setiembre del 2023 todos estos servicios pasarán a estar gravados con la tarifa general del IVA, es decir, del 13%. Esto aplica únicamente para los servicios de ingeniería, arquitectura, topografía y construcción de obra civil pues la compra de materiales o bienes de construcción, así como el transporte de materiales, están sujetos al 13%.

La Cámara solicitó el respaldo del Gobierno a una propuesta que harán a la Asamblea Legislativa para mantener el tributo en 8% durante 24 meses. Este plazo entraría a regir a partir del 1.° de setiembre del 2023. Según Trejos, el año anterior hubo iniciativas en el plenario para posponer el aumento del 4% al 8%, pero finalmente no se logró implementar.

“Se empezó con poco tiempo para que se lograra implementar, pero sí hubo varios diputados que la apoyaron, entonces la idea en este momento es retomar esos contactos y empezar a hacer esa gestión para lograr posponer este aumento del IVA (del 8% al 13%)”, agregó Trejos.

El presidente de la Cámara enfatizó en que no buscan una exención, sino mantener el tributo tal cual está, en 8%, por un tiempo adicional para impulsar el sector, con el fin de que el incremento se de en un plazo de 24 meses y no en setiembre, como está estipulado.

Además de esa medida, el sector presentó propuestas adicionales, como mejorar el acceso a vivienda para reactivar la economía, facilitando las condiciones de crédito de familias de ingreso medio; impulsar fuertemente la inversión pública para atender el rezago en ese aspecto, así como atender la problemática de disponibilidad de agua para acelerar la ejecución de proyectos constructivos.

Adicionalmente, solicitaron acelerar la mejora regulatoria en trámites y permisos del sector construcción y exhortaron al Gobierno a evitar más cargas impositivas para el sector productivo y lograr una mejor eficiencia y eficacia en la ejecución del gasto público, sin que esto afecte la inversión en obra pública.

Asimismo, instaron al Gobierno a organizar un grupo de trabajo especial, con la participación de jerarcas y representantes de la Cámara, para definir acciones que permitan duplicar el producto interno bruto (PIB) de construcción en los siguientes tres años.

“Las medidas que planteamos se deben de implementar en simultáneo. Unas son más rápidas que otras, o depende de diferentes instituciones o procesos, pero ninguna de ellas por sí sola resuelve el problema, sino que cada una de ellas aporta a la solución”, comentó Trejos.

Situación compleja

En la conferencia de prensa, los representantes de la Cámara de la Construcción externaron que el sector continúa en una situación compleja y aseguraron que no existe una ruta clara por parte del Gobierno que favorezcan la ejecución de obras constructivas.

Carlos Trejos señaló que factores como la inflación, la inestabilidad cambiaria, y el riesgo de mayores aumentos en las tasas de interés representan un desincentivo a la construcción y el desarrollo de proyectos. Al 2022, la participación directa en el PIB es de 3,6%, la más baja desde 1991; mientras que para el 2023 la Cámara pronostica un estancamiento.

Según el índice mensual de actividad económica (IMAE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en noviembre del 2022 la construcción mostró un decrecimiento del 5,4% respecto a noviembre del 2021, un resultado levemente mejor que otros registros del año, pero insuficiente para sacar a la industria de números rojos.

En el comportamiento segregado por obra pública y privada, esta última muestra un resultado menos desfavorable desde setiembre, cuando registró un decrecimiento del 19%, el más bajo desde noviembre del 2019, hasta alcanzar una caída del 3%. De acuerdo con el presidente de la Cámara, el sector privado ha logrado que la caída del sector no sea tan grande.

El peso lo han llevado, principalmente, subsectores que han mostrado mucho más dinamismo que otros, como el de zonas francas y exportación, tanto dentro como fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), así como proyectos destinados al sector hotelero.

Ese dinamismo en el sector privado de la construcción también ha impactado en el comportamiento del empleo, que según Trejos no ha sufrido tanto. “La mayoría de la obra privada es obra de edificación, son proyectos que requieren mucho más mano de obra que una de infraestructura pública”, explicó.

¿Pyme o profesional independiente?  Tiene que saber esto antes de realizar su declaración de renta


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Antes del 15 de marzo de 2023, todos los contribuyentes deberán realizar su declaración de renta anual, para el periodo enero a diciembre 2022. Esto implica completar la declaración D101 y hacer el pago correspondiente de la diferencia entre lo declarado y lo pagado en los adelantos de renta realizados durante el 2022, si hubiese una diferencia. 

Pero las Pymes y los profesionales independientes tienen algunas condiciones especiales que no deben olvidar para realizar este proceso, que podrían ayudarles a pagar el monto justo, ni más ni menos.

El experto en Derecho Tributario y director de Actualidad Tributaria, el MDT. Raymundo Volio, pide a Pymes y profesionales liberales que se asesoren bien, porque muchas veces están pagando más impuestos de los que deben pagar, al autoliquidar por sí mismos sus declaraciones y por supuesto, esto implica que ignoran los beneficios que tienen.

“Las Pymes, gracias a un régimen tributario especial creado en el 2019, tienen algunos beneficios importantes, creados para impulsarlas en los primeros tres años de vida. Por ejemplo en el año uno desde su creación y registro en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el monto a cancelar por impuesto de renta es de 0 colones. Para el año dos pagarían un 5% sobre sus ganancias, para cerrar con el beneficio en el año tres, que sería de 10%”, señaló Volio.

De acuerdo con el experto muchas pymes ignoran este régimen y sus beneficios, así como la forma de acceder a ellos.

“Deben registrarse ante el MEIC aquellas pymes creadas en el 2022 o en los tres años anteriores a ese. Para acceder al beneficio fiscal su registro debe estar actualizado en esta instancia”, comentó el experto.

Trabajadores independientes

Volio le recuerda a los trabajadores independientes (sin patrono) que hay dos categorías, la de profesionales liberales y la de trabajadores voluntarios, esto para efectos tributarios y de la Caja Costarricense del Seguro Social.  Ambos tienen derecho a una tarifa exonerada y progresiva que para el año 2022 es la siguiente:

No obstante sólo los profesionales liberales tienen un beneficio adicional que consiste en la necesidad de deducir un 25% de la totalidad de sus ingresos a razón de gastos sin necesidad de prueba alguna.

“El tema con los profesionales independientes o liberales es que sus gastos deducibles realmente son pocos, comparados con los reconocidos para las empresas. Por ejemplo no se pueden deducir en un 100% conceptos como la alimentación, vehículo o ropa aunque ésta sea un uniforme que se utilizará para el trabajo. De ahí que sea muy importante que se asesoren correctamente, para que no paguen un monto injusto”, dijo Volio.

Para el experto la asesoría es vital en estos momentos, ya que mucha pyme y profesional liberal, con tal de ahorrarse el costo de un asesor, decide auto liquidar la renta. “Luego vienen donde nosotros a decirnos que declararon más o inclusive menos y en cualquiera de los dos casos, quien pierde es la profesional o la pequeña empresa. No estamos para eso en momentos como estos, estamos para pagar lo que es justo”.

En el siguiente video puede encontrar el criterio de nuestro director el MDT. Raymundo Volio:

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Fiscala adjunta explica por qué pidió desestimar “megacaso de fraude fiscal”

Fuente: Delfino

La fiscala adjunta de delitos económicos y tributarios, Criss González Ugalde, salió al paso de las acusaciones e insinuaciones hechas en su contra tras haber pedido desestimar el “megacaso de fraude fiscal” en el que figura como denunciado Leonel Baruch Goldberg, presidente de la Corporación Banco BCT y de la junta directiva del diario digital CRHoy.com.

A través de un comunicado de prensa enviado la tarde-noche de este miércoles, González se defendió de los señalamientos de que asistió en tiempo de sus vacaciones a pedir la desestimatoria de la causa, iniciada por una “denuncia anónima” trasladada por el Ministerio de Hacienda el año pasado.

Tal y como informó Delfino.cr el día de ayer, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios según acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial adoptado desde el 25 de agosto de 2022, era solo una de las 53 fiscalías auxiliares del Ministerio Público que estaban obligadas a abrir durante el cierre colectivo de fin de año 2022, inicio de 2023 y próximamente durante la Semana Santa 2023.

González confirmó que ella fue designada desde el 6 de diciembre de 2022 como la fiscala que laboraría en el despacho del 2 al 6 de enero del 2023; en relevo a la persona que cubriría del 26 al 30 de diciembre.

“Como parte del plan de trabajo agendado para esos días, se asignó a las dos personas fiscales redactar y plantear los requerimientos conclusivos de casos que estaban en condiciones de ser resueltos, los cuales fueron determinados de forma libre e independiente en el mes de diciembre, por parte de cada fiscal de nuestra oficina, entre los que se encontraba el expediente 22-000070-0621-PE”, detalló la fiscala.

  Dicho expediente contenía la denuncia planteada por el Ministerio de Hacienda que relataba una denuncia anónima, advirtiendo, por parte del Ministerio, que los hechos, desde su perspectiva, se encontraban prescritos a nivel administrativo y que se realizaba la remisión de la denuncia como noticia criminis, de hechos que datan del período 2008 a 2015.

La fiscala dijo que producto del análisis de los elementos de prueba que se aportaron dentro de la denuncia que dio origen a dicha causa, se remitió por parte de la Fiscalía una solicitud de peritaje ante la Sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial, la cual respondió mediante el informe 222-SADEF-NR-454-22 del 21 de octubre 2022 que, para realizar la pericia contable requerida, se necesitaba el “trámite de una asistencia internacional a la República de Panamá, con el fin de obtener prueba para el caso”.

González confirmó que ella hizo la consulta a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público, la cual informó vía correo electrónico que ante consulta realizada a su homólogo en Panamá, los delitos contra el Tesoro Nacional o defraudación fiscal fueron tipificados mediante la Ley 70 del 31 de enero 2019 y que, antes de su entrada en vigencia, tales conductas eran competencia de la esfera administrativa y no penal.

  Lo anterior significaba que la Asistencia Penal Internacional no resultaba viable, toda vez que los hechos delictivos investigados en Costa Rica no estaban sancionados penalmente en Panamá, es decir, que estaba ausente la doble incriminación requerida para su tramitación y diligenciamiento y por ende, esto no permitiría seguir con la investigación de la denuncia al no tener elementos para contrastar la maniobra defraudatoria denunciada.

González señaló que a la fecha la solicitud de desestimación planteada debe ser analizada por el Juzgado Penal y que, de acogerse, la misma no implicaría un cierre definitivo del caso ya que dicho requerimiento permite su eventual apertura en caso de obtenerse nuevos elementos para la investigación.

Asimismo la fiscala se refirió a las insinuaciones hechas durante la conferencia de prensa de este miércoles en la Casa Presidencial respecto a haber sido funcionaria del Ministerio de Hacienda cuando dicha cartera era presidida por Baruch.

“Laboré en esa institución a partir de enero de 1999, específicamente en la Dirección Jurídica, siendo mi jefa directa la licenciada Dagmar Hering, Directora Jurídica de ese despacho. En ese sentido, mi trabajo se regía por las asignaciones que daba la Directora Jurídica de ese Ministerio.

Posteriormente, para enero del año 2000, solicité un permiso sin goce de salario en esa institución y estuve fuera de dicho ministerio en los años 2000 y 2001, por haber obtenido una beca de cooperación triangular que gestioné personalmente y me fue otorgada de manera directa por los gobiernos de Chile y Estados Unidos para estudiar una maestría en derecho empresarial. Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, concluyó.

Diez bancos ofrecen colocar primera emisión de eurobonos

Fuente: CR hoy

Diez bancos ofrecieron al Ministerio de Hacienda hacer la primera colocación de eurobonos por $1.500 millones para el pago de deuda.

Así lo confirmó este lunes el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien indicó que el viernes pasado a las 2 p.m. cerró el plazo para la entrega de ofertas.

El jerarca explicó que ahora se entrará en la etapa de selección de uno o a lo sumo dos bancos para colocar los títulos valores en el mercado internacional.

Aunque no existe una fecha definida, el Ministerio de Hacienda prevé que la primera colocación de los eurobonos aprobados por la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado se haga en marzo entrante.

El ministro Acosta dijo que la fecha de la colocación dependerá de la asesoría del banco que resulte elegido y de las condiciones del mercado.

Depósito

El titular de Hacienda también confirmó que el lunes se hizo el depósito para el pago del principal y los intereses del vencimiento de $1.000 millones que el país debía cancelar el 26 de enero.

“En relación con el vencimiento de este mes, hoy (antier) se estará haciendo el depósito de los recursos para el pago del principal y los intereses. Fue un esfuerzo de captación en el mercado local”, aseguró.

Los recursos para el pago de ese vencimiento corresponden a depósitos de Hacienda en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El 29 de noviembre anterior, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a colocar $5.000 millones en eurobonos. Pero Hacienda podrá colocar hasta $3.000 millones en 2023.

El resto de los $5.000 millones se colocarán en dos tractos de $1.000 millones cada uno en 2024 y 2025.

Mejoría

El economista Vidal Villalobos dijo que esperaría una mejoría en la calificación de riesgo del país después de que se haga la primera colocación de los eurobonos.

Esto, por el depósito de los $1.000 millones que hace este lunes Hacienda y por la colocación de títulos valores en el mercado internacional que se realizará en el primer trimestre de 2023.

“Se acabaron las excusas de las calificadoras para no hacer una mejor calificación al país”, declaró.

En todo caso, recordó que en la operativa diaria la percepción de riesgo asociado se ha reducido por la mejoría en el desempeño fiscal y un mayor crecimiento económico que, en su criterio, incluso podría ser de un 4,5%, más alto que el 4,3% estimado por el BCCR.

Villalobos prevé que el conjunto de esos factores podría favorecer a Costa Rica con una colocación exitosa de los títulos valores, a pesar de los retos que enfrentan las economías para colocar deuda.

“Espero una colocación exitosa considerando el ambiente retador en el que va a salir”, subrayó.

En diciembre pasado, el titular de Hacienda dijo que con la colocación de los eurobonos habrá mayor confianza de los inversionistas en el país.

“En relación con las tasas de interés, en términos generales, después de la primera emisión de eurobonos de los últimos años que se han aprobado, la tasa básica pasiva ha disminuido entre dos y tres puntos porcentuales. Entonces, nosotros esperaríamos que en el segundo semestre del año ya hubiese un impacto sobre las tasas que están pagando los costarricenses”, agregó.

Diputado propone eliminar timbre del Colegio de Abogados y Abogadas

Fuente: Delfino

El diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo Rosabal, presentó un proyecto de ley (expediente 23.532) que pretende eliminar el Timbre del Colegio de Abogados y Abogadas.

Según la exposición de motivos del proyecto, el Colegio de Abogados y Abogadas recaudó en 2021, último año auditado, un monto de 1,875 millones de colones por este timbre, y la propuesta de eliminar este cobro se base en que “los timbres profesionales, en especial el del Colegio de Abogadas y Abogados, han llegado a ser una carga adicional para los consumidores, pero no representan ningún beneficio para ellos”.

Dato D+: Según el artículo 102 del Decreto41457 –JP el “Timbre del Colegio de Abogados” debe cancelarse porcentualmente en razón del costo de los procesos judiciales interpuestos, de los contratos o de la cuantía de las gestiones notariales que se realicen, exceptuando aquellos procesos en materia laboral, familia y penal.

Según señala la iniciativa de ley, usualmente, las personas profesionales en derecho trasladan el costo del timbre a sus clientes, siendo esta una práctica contraria a la normativa vigente y que expone a los abogados y abogadas a sanciones.

Adicionalmente, el proyecto de ley señala que el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cobra a cada persona colegiada una cuota mensual de ₡8.500, lo que, tomando en cuenta la cantidad de personas afiliadas, representa unos ₡245 millones mensualmente, lo que el proponente considera “ingresos suficientes para cubrir los gastos de mantenimiento de las instalaciones, las cuales son de uso exclusivo para sus agremiados y los gastos administrativos que tenga dicho colegio profesional”.

¿Interesado en la condonación de deudas con la CCSS? Estas son las 3 cosas que debe saber

Fuente: Crhoy

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) avanza en el proceso de condonación de recargos, multas e intereses de las deudas que mantienen patronos y trabajadores independientes con la institución.

Esto en apego al reglamento a la Ley N°10.232 denominado Ley autorización de condonación para la formalización y recaudación de las cargas sociales, que fue aprobado en abril anterior y que salió publicado en diciembre pasado.

De acuerdo con datos de la Gerencia Financiera, al corte del pasado 19 de enero, la institución tramitaba ya 2.007 solicitudes, de las cuales un 78% correspondían a trabajadores independientes.

  “Este beneficio fundamentalmente está dirigido a patronos y trabajadores independientes que tengan deudas en firme, pero también a aquellos que en el trascurso de los próximos 12 meses puedan acreditar deudas”, comentó Gustavo Picado, gerente Financiero.

Según el ejecutivo, “es muy importante decir que van a tener accesos a convenios de pago con muchas facilidades, particularmente trabajadores independientes podrán suscribirlo sin desembolso inicial y sin pago de gastos de formalización”.

Sin embargo, todavía son muchas las dudas alrededor de este proceso pese a que ya avanza en su primera fase, de presentación de las solicitudes y que se extenderá hasta marzo siguiente.

Si usted es de los interesados, estas son 3 cosas que debe saber:

1. ¿Qué tipo de facturas aplica la condonación de mutas, recargos e intereses?

Lo primero que hay que entender es a qué se refiere cuando se habla de intereses, multas y recargos. De acuerdo con la información desprendida de la ley, interés es rendimiento que genera la existencia de un principal. Para los efectos de la condonación CCSS el interés será el que se establece en el artículo N° 49 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Artículo 49.– En todo procedimiento que pueda culminar con la imposición de una sanción en sede administrativa, se le concederá al interesado el derecho de defensa y se respetará el debido proceso antes de que se resuelva el asunto. Para efecto del cálculo del monto respectivo de las sanciones económicas aquí previstas, se entenderá por salario base el establecido por el artículo 2 de la Ley No. 7337. Las personas que resulten sancionadas administrativamente por infracción de las leyes y normas reguladoras de la seguridad social o incumplan los plazos reglamentarios definidos para el cumplimiento de sus obligaciones, estarán sujetas, además, al pago de las costas administrativas causadas. Asimismo, quienes no cancelen las cuotas correspondientes estarán sujetos al pago de los intereses de ley sobre el monto de las contribuciones adeudadas.

Para el caso de la condonación CCSS, la multa es la establecida en el artículo N° 44 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Mientras que, el recargo se refiere a los montos que se cobran por presentación tardía de las planillas, que corresponde al 2% del monto total de las cuotas obrero-patronales y por la omisión o falsedad de los datos identificativos de los trabajadores.

Esto corresponde a un 2% del salario en cada caso que se omita esa información, según lo establecido en el Reglamento de Seguro de Salud y del Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte ambos de la CCSS.

Así las cosas, las facturas en las que aplica la condonación son las siguientes:

  Primera planilla
  Planilla ordinaria
  Planilla de oficio
  Planilla adicional
  Planilla adicional especial
  Adicional trabajador independiente
  Cuota trabajador independiente

Picado explicó que basado en lo que se establece en la Ley N°10.232 y su Reglamento, la institución no aplica solicitud de condonación a:

  Facturas diferentes a las señaladas anteriormente.
  Facturas de tipo Asegurado Voluntario/Asegurado Migrante.
  Concepto principal e interés de la Ley de Protección al Trabajador.

2. ¿Cuál es la antigüedad de los saldos para aplicar condonación?

De acuerdo con la Gerencia Financiera, para aplicar esta medida, los períodos sujetos a condonación deben superar un año de antigüedad, contados a partir de la vigencia del Reglamento de la Ley de Condonación N°10.232.

En ese sentido, serían los que se encuentren anteriores al 14 de diciembre de 2021. Entretanto, el período de habilitación para solicitar la condonación CCSS, va del 14 de diciembre del 2022 al 14 de diciembre de este año.

3. ¿Si la deuda se encuentra en cobro judicial o cobro administrativo puedo acogerme a la condonación?

La respuesta a esta duda, es sí. La institución puntualizó en que eso podrá ser así, siempre y cuando, se cancelen los gastos, costas procesales y honorarios del proceso en caso de que los períodos sujetos a condonación presenten proceso judicial.

Eso sí, descartaron, por ejemplo, que se pueda acoger a la condonación pagando una parte de la deuda. “No es posible. Solamente podrá acogerse a la condonación si cancela la totalidad de la deuda mediante pago (efectivo, cheque de Gerencia, cheque certificado o transferencia bancaria) o por convenio de pago”, detallaron.

Además, Picado apuntó que si se tiene un convenio de pago activo, de igual manera podrá acogerse a la condonación, solamente debe presentar la solicitud para el estudio previo y esperar que la CCSS le comunique lo correspondiente.

Descongelar anualidades en sector público costará ₡25.811 millones este año, estima Hacienda

Fuente: Amelia Rueda

Retomar el pago de las anualidades en el sector público tendrá un costo de ₡25.811 millones en 2023, confirmó el Ministerio de Hacienda, que incluyó esta partida en el Presupuesto de este año a sabiendas de que el congelamiento de este complemento acabó en 2022.

En octubre de 2020 se aprobó una ley para congelar las anualidades hasta 2022, en aras de apoyar las finanzas públicas por la irrupción de la pandemia de la covid-19. Caducado ese periodo, el Ejecutivo entendía que debía volver a pagarlas en 2023, aunque con dudas sobre cómo debe hacerlo.

Ante una consulta de AmeliaRueda.com, Hacienda informó de que “el pago de anualidades para los Poderes de la República en los periodos 2020-2021 y 2021-2022 a darse en 2023 sería por ₡25.811 millones”.

La información correspondiente al resto de instituciones debe suministrarla la Contraloría General de la República (CGR).

La planilla del Gobierno costó casi ₡2,65 billones en 2022, cubriendo los salarios de una planilla de 150.849 puestos aprobados. El monto reservado para el pago de anualidades en 2023 es de casi un 1% del costo de la planilla del Gobierno central (que incluye a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial) del año anterior.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó el pasado 9 de enero en el programa de radio Nuestra Voz que las anualidades “efectivamente” deben pagarse a partir de este mes. “Eso está dentro del Presupuesto de la República, hay que pagar esas anualidades”, dijo.

“Hay una obligación de pagarlo y están incorporados en el presupuesto de todas las instituciones públicas que están sujetas al Presupuesto”, acotó el jerarca en aquel momento.

Consulta a la Procuraduría

El Ejecutivo incluyó en el Presupuesto de 2023 el rubro de anualidades en la partida de remuneraciones, pero en ese momento no sabía si debía pagar este complemento. Acosta desveló el proyecto de ley presupuestario el 1 de septiembre, mientras que unas semanas antes el Gobierno había consultado si debía hacer este pago en 2023.

El 12 de agosto de 2022, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) preguntó a la Procuraduría General de la República (PGR) si “es correcto interpretar que las anualidades 2021 y 2022 no deben ser presupuestadas ni canceladas a las personas funcionarias de las instituciones públicas”.

El 16 de septiembre, la PGR concluyó que “no es procedente girar pago retroactivo alguno a los funcionarios públicos por las anualidades correspondientes a los periodos 2020-2021 y 2021-2022; sin embargo, la antigüedad acumulada durante ese lapso sí debe tomarse en cuenta para el cálculo y pago de anualidades futuras”.

Es decir, no corresponde un pago retroactivo por las anualidades entre 2020 y 2022 que no se pagaron, pero estos años deben computarse en el cálculo de ese complemento cuando vuelva a pagarse este año.

Así lo ejemplifica la Procuraduría: “Lo anterior implica, por ejemplo, que un funcionario que ingresó al servicio del Estado en noviembre del 2019 y, por tanto, adquirió el derecho al pago de su primera anualidad en noviembre del 2020, mantendría el pago de esa primera anualidad durante los años 2021 y 2022, sin incremento alguno por esos años, ni pago retroactivo correspondiente a las anualidades de ese periodo (2021-2022)”.

Y continúa: “No obstante, a partir de noviembre del 2023, al acumular su cuarto año de servicio, deben computársele y cancelársele cuatro anualidades (y no solamente dos) pues debe contabilizársele la antigüedad acumulada durante los años 2021 y 2022”.

Aspectos legales y fiscales básicos para el tema de Dividendos

En esta sesión con nuestro director, el MDT Raymundo Volio, repasamos los puntos más importantes relacionados con los Dividendos, su tratamiento fiscal, legal y societario. Al haber cerrado el periodo fiscal 2022, las empresas están obligadas a dar un tratamiento específico a las ganancias sobre el capital, de cara a sus socios y a la administración, por ende, en este programa se evalúan las recomendaciones más importantes al respecto.

Le invitamos a verlo y compartirlo.

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Acuerdo sobre impuesto mínimo a multinacionales quedó “vacío”, denuncia economista en Davos

Fuente: El Financiero

El impuesto mundial sobre las multinacionales, alcanzado en 2021 por un centenar de países pero que tiene dificultades para entrar en vigor, ha sido “vaciado de contenido” e incluso “legitimará la competencia fiscal”, dijo a la AFP en Davos el economista Gabriel Zucman.

El acuerdo, al que se han adherido cerca de 140 países y que prevé un tipo impositivo mínimo del 15% para empresas multinacionales, podría reportar unos ingresos fiscales de $220.000 millones al año, afirmó el miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una cifra muy superior a la estimada anteriormente.

“El acuerdo ha sido vaciado de gran parte de su contenido por los grupos de presión de territorios que se han beneficiado plenamente de la competencia fiscal”, dijo Zucman, investigador de la Escuela de Economía de París y director del Observatorio Fiscal Europeo, conocido por sus trabajos sobre desigualdad y paraísos fiscales.

“Lo que sí desaparecerá, y esto es un verdadero progreso, es la deslocalización completamente artificial de los beneficios a territorios como las Bermudas y las Islas Caimán”, afirmó el experto durante el Foro Económico Mundial de Davos, que termina este viernes en la pequeña localidad de los Alpes suizos.

“Por otro lado, seguirá siendo posible que las multinacionales con actividades en Irlanda, Singapur o Suiza tengan tipos impositivos efectivos inferiores al 15%”, apuntó.

Para conseguir que el acuerdo fuera adoptado por el mayor número posible de países, incluidos los que participan de la competencia fiscal, la OCDE hizo concesiones y acordó deducciones cuando el establecimiento de una empresa en un territorio con ventajas fiscales represente una actividad real, con fábricas o empleados.

Los promotores de este acuerdo, alcanzado a finales de 2021 por la OCDE tras una larga lucha, subrayan la extrema dificultad de conseguir que un texto común sea adoptado por tantos países con modelos fiscales muy diferentes.

El dólar se desploma y los precios siguen altos: ¿por qué?

Fuente: El Financiero

El precio del dólar ha caído cerca de un 10% con respecto al colón en los últimos 12 meses. El descenso ha sido vertiginoso y se acentuó desde la segunda mitad de 2022. En junio pasado, el tipo de cambio escaló hasta casi los ¢700: pero actualmente cayó por debajo de los ¢600.

El tipo de cambio tiene un impacto indirecto sobre la inflación y eso es reconocido. En un país que importa la mayor parte de lo que consume, el precio de la moneda extranjera implica una presión al alza o la baja para la factura final al consumidor.

No obstante, el “efecto traslado” no es inmediato y no ocurre para todos los bienes y servicios.

En parte por eso, los precios relacionados con recreación, alimentación y turismo siguen al alza actualmente, en momentos en que el colón se aprecia; mientras que otros como los del sector transporte (incluidos los combustibles) sí bajan.

¿Por qué ocurre todo esto? La respuesta es multifactorial.

El ‘efecto traspaso’

Es reconocido que existe una relación entre el tipo de cambio y la inflación en países como Costa Rica, con altos niveles de importación para el consumo y la producción. Dicho efecto se conoce como “efecto traspaso” y actúa de forma proporcional. Es decir, un aumento en el precio del dólar se suele traducir en mayores precios para el consumidor y un comportamiento a la baja actúa de forma contraria.

El efecto, sin embargo, no es inmediato y no siempre ocurre de forma definitiva.

Róger Madrigal, presidente del Banco Central, explicó que algunos productos importados experimentan un efecto más rápido de la caída del precio del dólar; pero otros pueden hacerlo más lentamente o no recibirlo del todo.

Un ejemplo de un tipo de productos en que existe una relación inmediata es el de los combustibles. Las gasolinas son importadas por el Estado a través de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y sus precios están regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); lo cual implica que un dólar “más barato” se traduce directamente en menores costos de importación y menores precios para la población.

La línea de eventos no es tan directa en otros casos. Los ahorros por menores costos de importación también pueden quedar en manos de la persona o la empresa importadora. Además, la formación de los precios suele ser más compleja para la mayoría de productos, al contemplar otras variables adicionales al tipo de cambio, como la competencia entre oferentes.

“Es un hecho que Costa Rica es un importador de materias primas. Parte de los costos de producción importados deberían reducirse; pero corresponde a la estructura de mercado (hacer el traspaso)”, explicó Madrigal. “Ya hemos visto, por ejemplo, casos en que se reducen algunos aranceles, pero no necesariamente los comerciantes le trasladan eso al consumidor, quizás por problemas de competencia”.

Muchas de las cadenas de producción, además, requieren tiempo para reflejar los cambios en sus costos finales. Esto implica que los costos a los que hoy un productor compra sus materias primas se pueden reflejar en los precios en las semanas o hasta meses posteriores.

En el caso nacional, la inflación se ha desacelerado en los últimos meses, según los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, el comportamiento es más pronunciado en algunos bienes y servicios que otros.

La mayor influencia ha sido por el precio de los combustibles. Los insumos relacionados con el transporte (incluidas las gasolinas) presentaron disminuciones continuas en el último cuatrimestre de 2022; mientras que los gastos en recreación, alimentación y servicios de alojamiento, entre otros, han seguido al alza.

Un difícil manejo

Este escenario implica riesgos y decisiones complejas para el sector empresarial.

Esteban Devoto, director de Operaciones de tiendas Universal, afirma que el comportamiento del tipo de cambio obliga a compañías como la suya a realizar un monitoreo todos los días. Según señaló, Universal realiza actualizaciones mensuales de precios, pero la volatilidad reciente del tipo de cambio es difícil de gestionar.

“El reto esta en que la volatilidad, en cualquier tema central del negocio, requiere que las decisiones sean de menor plazo y de constante revisión. Esto afecta no solo la estrategia de precios para ventas al detalle, sino también el tipo de negociaciones que se hacen, ya que en ventas institucionales o negocios de distribución (mayoreo) se hacen acuerdos de largo plazo y los procesos de cobro pueden ser largos”, detalló.

Pese a ello, consideró que la coyuntura actual sí ha permitido a la empresa ofrecer precios más bajos al consumidor.

La situación, sin embargo, no es igual en todos los sectores.

La industria del turismo, por ejemplo, advirtió de efectos negativos por la apreciación del colón, este 16 de enero. El sector argumenta que la subida en el tipo de cambio reduce considerablemente su competitividad.

Según señaló la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la caída del precio del dólar de junio a la fecha ha implicado una merma de cerca del 18% en los ingresos y el flujo de efectivo del sector (unos ¢128 por dólar), pues sus empresas comercian principalmente en moneda extranjera.

Fernando Naranjo, presidente de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa), también consideró que la apreciación del colón y el abaratamiento de las importaciones tiene un efecto que puede ser delicado para los pequeños y medianos empresarios que componen la mayor parte de la economía costarricense: un sector que ya está estancado en materia de crecimiento.

Desde su punto de vista, el margen para competir de los productores locales podría achicarse si los productos importados se abaratan a magnitudes más altas de las que la economía interna puede enfrentar.

Críticas e intenciones

Naranjo, además, es parte de una corriente de economistas que considera que el Banco Central ha hecho poco por evitar el desplome del dólar, como una manera de “bajar forzadamente el proceso de aumento de los precios internos”.

“Una forma de lograr eso es incidir en apreciar el colón y a mí me parece que eso es una política incorrecta, porque va a afectar la producción nacional. En la medida en que se abaratan las importaciones de otros países, se encarece la producción interna y aumenta el costo de las exportaciones a otras naciones”, comentó. “Quizás el impacto no se vea a corto plazo, pero en seis meses o un año podríamos ver una economía que crece menos”.

Madrigal, sin embargo, sostiene que ese tipo de insinuaciones son infundadas y que la autoridad monetaria no ha buscado ese efecto activamente. Por el contrario, en una conferencia de prensa el 18 de enero, recordó que el BCCR ha captado en el mercado cambiario unos $1.042 millones más de los que ha colocado durante los últimos siete meses.

Según subrayó el jerarca del emisor, impactan más sobre el precio del dólar factores como un menor precio internacional de las materias primas, mayores niveles de inversión extranjera en Costa Rica, la recuperación del turismo y las cosechas de productos estacionales, entre otros factores.

Hacienda destacará 15 auditores para casos complejos de fraude fiscal

Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda destacará a un equipo de 15 auditores para que se enfoquen en casos complejos de defraudación fiscal.

El anuncio lo hizo este jueves el jerarca de esa cartera, Nogui Acosta, tras informar de tres casos de presunto fraude fiscal que fueron enviados al Ministerio Público para su investigación.

Los auditores estarán enfocados en la detección del fraude complejo y desarrollarán nuevas capacidades de investigación, dijo Acosta.

También deberán brindar un mayor seguimiento a los expedientes que ya se encuentran en el Ministerio Público.

Según mencionó el director de Tributación, Mario Ramos, existen 23 denuncias activas presentadas por Hacienda ante el Ministerio Público por defraudación al fisco por un monto total de ¢23.405 millones.

A esa cantidad de denuncias se sumarán otras tres por un monto de ¢6.370 millones que se presentarán antes del 15 de febrero próximo y en las cuales trabajan el equipo de auditores.

El Ministro de Hacienda explicó que el fortalecimiento del equipo de auditores forma parte de las acciones para combatir el fraude fiscal, que consiste en la evasión del pago de impuestos.

La estrategia se compone de las siguientes acciones:

  Enfoque en el defraudador.
  Fortalecimiento institucional.
  Coordinación interinstitucional.
  Mayor rol del Ministerio Público.
  Desarrollo de nuevas capacidades de investigación.
  Coordinación interna con la Dirección de Policía Fiscal.

Acosta sostuvo que habrá más coordinación de Hacienda con la Fiscalía para un mayor seguimiento de los casos que se encuentran abiertos.

“Todos los casos que configuren fraude fiscal serán remitidos al Ministerio Público para su encausamiento”, advirtió el jerarca.

Impuesto mundial para empresas generaría más de $200.000 millones de ingresos por año, según OCDE

Fuente: La Nación

La creación de un impuesto mínimo mundial sobre los beneficios de las empresas debería generar cada año $220.000 millones de ingresos fiscales adicionales para los países de todo el mundo, según la última estimación de la OCDE publicada el miércoles.

Esta recaudación fiscal representa “el 9% de los ingresos mundiales procedentes del impuesto a empresas”, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un comunicado.

“Esta cantidad es significativamente superior a la precedente estimación de la OCDE de ingresos fiscales adicionales” procedentes del impuesto mínimo global del 15% sobre los beneficios empresariales, “que era de 150.000 millones de dólares”.

La revisión al alza de los ingresos previstos se debe en parte a “una mayor rentabilidad de las multinacionales”, señaló la OCDE, con sede en París. El impuesto mínimo mundial sobre los beneficios de las empresas es el resultado de un acuerdo sellado en el 2021 por cerca de 140 países bajo los auspicios de la OCDE.

La medida se estructura en dos pilares. Uno de ellos es el tipo impositivo mínimo del 15% para las empresas. El otro pilar busca que los ingresos abonados por las grandes empresas lleguen a los países donde obtienen sus ingresos y no donde tienen su sede social, limitando así las controvertidas prácticas de optimización fiscal.

Según la OCDE, este último “debería traducirse en un aumento de los ingresos fiscales anuales de entre $13.000 y $36.000 millones”, una estimación que también es “significativamente superior a las anteriores”. Sin embargo, para beneficiarse de este excedente de ingresos fiscales, los Estados deben firmar previamente un acuerdo internacional, que aún no se ha ultimado.

Facebook Live: Aspectos legales y fiscales básicos para el tema de Dividendos

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 23 de enero a las 3:00 p.m. con el tema:

Aspectos legales y fiscales básicos para el tema de Dividendos, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT. Raymundo Volio.

Los dividendos al final de período fiscal, son una forma mediante la cual los socios reciben sus beneficios, por el ejercicio fiscal que ha concluido.
Analizaremos sus impuestos respectivos, algunas confusiones que existen y las formas correctas de tratarlos.

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Los esperamos!

Pago de $1.000 millones por vencimiento de eurobonos se reflejará en reducción de las Reservas Internacionales la próxima semana

Fuente: El Observador

El próximo jueves 26 de enero el Ministerio de Hacienda deberá pagar más de $1.000 millones correspondientes al vencimiento de la deuda por la emisión de bonos que se hizo años atrás.

El pago se deberá hacer a quienes invirtieron en los eurobonos, a través de los cuales se financiaron algunas tareas del Estado.

Esto provocará una salida de dólares y también una reducción en las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“Van a ver una reducción de un poquito más de $1.000 millones, $1.030 millones”, comentó el presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal este miércoles 18 de enero.

La salida de estos más de $1.000 millones de dólares se da en un momento en el que las RIN estaban alcanzando los niveles previos a la pandemia, cercano a los $9.000 millones.

Hasta el pasado 16 de enero el saldo en las reservas de Costa Rica llegaba a $8.875 millones y aumentará en el transcurso de la semana.

Periodo de altos pagos de deuda

El Ministerio de Hacienda identificó cuatro años en los que se registrará una alta concentración de vencimientos de deuda, dinero que el país deberá conseguir para hacerle frente a estas responsabilidades.

El 2023 es el primero de ellos y en el que hay que devengar más dinero con motivo del vencimiento de bonos. La cifra llega a ¢4,1 billones.

El periodo de alta concentración de vencimiento se extiende hasta el año 2026 y fue uno de los principales motivos por el que los diputados de la actual administración aprobaron la emisión de deuda a través de eurobonos por la suma de $5.000 millones.

Tributación detecta importantes casos de evasión fiscal y anuncia acciones a tomar

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, anunció esta mañana, que detectó importantes casos de evasión fiscal, por parte de empresas costarricenses y que este 2023 reforzará su estrategia contra la evasión y el fraude fiscal.

El primer caso obedece a una denuncia recibida por esta Dirección sobre un grupo de sociedades costarricenses y panameñas, pertenecientes a una misma persona física, que fueron utilizadas para la aparente evasión del impuesto sobre los dividendos y para crear escudos fiscales del impuesto sobre la renta.

La maniobra es la siguiente:

• Una empresa domiciliada en Costa Rica, trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, USD $65 millones (equivalentes en ese momento a ₡33 mil millones). Ambas empresas pertenecen a la misma persona física.

• A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por USD $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña.

Debido a que los hechos denunciados ocurrieron en los años 2008-2015 y por tratarse de un presunto fraude fiscal de al menos ¢11 mil millones, cometido a través de una maniobra que ya había sido descubierta por Tributación en otros contribuyentes, se remitió el caso al Ministerio Público para su investigación.

El segundo caso encontrado es una sociedad anónima, la cual tiene registrada como actividad económica: “Venta de legumbres y hortalizas incluidas en la nueva canasta básica”, a la cual la Administración Tributaria fiscalizó el impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2018.

El contribuyente no demostró la veracidad y exactitud del total del rubro de costos y gastos reportados en su declaración tributaria, por un monto superior a ¢3.700 millones, incumpliendo con la responsabilidad de llevar la contabilidad, los libros y registros establecidos por la normativa. Esta persona aludió el supuesto daño y extravío de la documentación, lo que implicó, que la Administración determinara la improcedencia de la deducibilidad del rubro de costos y gastos declarados y un incremento en la renta neta (base imponible), que se tradujo en un aumento en el impuesto sobre la renta, con respecto a lo declarado por la suma de ¢1.136.698.180,20

El tercer caso responde a una sociedad anónima, cuya actividad económica principal es la “Venta al por mayor y menor de vehículos nuevos y/o usados” y como actividad secundaria la “Venta de repuestos nuevos para automóviles”, “Venta de repuestos usados para automóviles”, “Venta al por menor de equipo de audio y video”, y “Alquiler de casas y otros”. 

La Administración Tributaria fiscalizó el impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2016, impuesto general sobre las ventas de octubre 2015 a setiembre del 2016, identificándose que más del 86% de las ventas efectuadas, correspondieron a venta de celulares y sus accesorios a un único cliente.

Durante la actuación fiscalizadora, esta compañía no demostró la veracidad de las importaciones y de las compras locales declaradas, lo que implicó un aumento de la cuota tributaria declarada para el impuesto general sobre las ventas de ¢1.001.289.547 y en el impuesto sobre la renta por ¢2.202.108.056.

Esta Dirección fortalecerá este año, sus planes de acción contra el fraude y la evasión fiscal, y para ello, asignará un grupo importante de auditores para que se enfoquen en la detección del fraude complejo, desarrollen nuevas capacidades de investigación y brinden un mayor seguimiento a los casos que se encuentran el Ministerio Público.

Actualmente, hay 23 casos presentados ante el Ministerio Público cuya suma adeudada es de ¢27.405 millones. Adicionalmente, antes del 15 de febrero se estarán presentando tres casos más por un monto de ¢6.370 millones.

Precio del dólar estaría barato durante primer semestre por temporada turística y eurobonos

Fuente: La República

La temporada turística y la colocación de $3 mil millones en eurobonos provocarían que el precio del dólar se mantenga bajo y estable durante los primeros seis meses del año, a menos de que el Banco Central intervenga para detener la caída y evitar un fuerte golpe para los exportadores y otros empresarios del sector turismo.

La cotización viene cayendo desde el 1 de enero, ya que a la fecha se registra una disminución de ¢28. En estos momentos, se cotiza a unos ¢574 por unidad en la ventanilla de los bancos.

La caída es una buena noticia para los deudores en dólares y también para los que importan materias primas e insumos; sin embargo, afecta a otros sectores como el turismo y las exportaciones.

Un tipo de cambio más estable también beneficia el costo de vida de las familias, ya que un 85% de los productos que se consiguen en el supermercado van a mantener su precio, debido a que muchos de ellos son importados en su totalidad o algún componente de ellos.

“Esto hará que la inflación poco a poco vaya bajando, además, el tipo de cambio también afecta directamente al precio de los combustibles y de los créditos que se dan en dólares y esto hace que muchas personas también se les abarate el costo de la vida a mediano y largo plazo”, aseguró Daniel Suchar, analista económico.

En ese sentido, el precio de los combustibles reportó esta semana una rebaja de ¢73 en la gasolina súper y ¢96 en el diésel, producto de los vaivenes internacionales y del costo del dólar.

“Hemos notado que el precio de la moneda norteamericana viene bajando principalmente por un mayor flujo de turistas tanto nacionales, como extranjeros y eso provoca la caída en la moneda extranjera”, aseguró Mauricio Castro, economista de la BNV.

El otro factor que incidirá en la caída en el dólar es que las empresas se preparan para pagar los impuestos, principalmente el de renta que vence en marzo, entonces deben organizar los ahorros que tienen en dólares y colonizarlos y eso hace que existan más divisas en el mercado.

Es muy probable que el tipo de cambio se quede flotando cerca de los ¢600 confirmó Suchar, siempre y cuando no intervenga el Banco Central.

Precisamente, este miércoles las autoridades monetarias se referirán a esta situación que está afectando a los empresarios, quienes demandan acciones del gobierno.

“En este momento el turismo está recibiendo un 16% menos de ingresos por dólares, pero los costos de producción y la inflación siguen creciendo y encareciendo nuestros servicios (…) La evidente recesión de este año en nuestros mercados principales, USA, Europa y Canadá, va a ser una importante barrera para el crecimiento de nuestro turismo. Recuerden lo que nos pasó en el 2008 y lo duro que fue para el país la caída del turismo”, agregó Bary Roberts, presidente del grupo Turismo por Costa Rica.

Buenas noticias para los deudores

La estabilidad en el dólar genera beneficios para algunos sectores y efectos negativos para otros, pero, sin duda la colocación de los eurobonos va a beneficiar a los deudores

Fernando Rodríguez
Coordinador
Escuela de Economía de la Universidad Nacional

La opción de colocar deuda en el extranjero surge como una manera de conseguir recursos a un menor costo, considerando que en nuestra economía el financiamiento es caro y las tasas de interés a la que se ha colocado deuda pública han venido en crecimiento.
La idea es no presionar más el tipo de cambio cuando se dan situaciones como las que tenemos que enfrentar en enero, con una gran concentración de vencimientos en un periodo muy corto.

Mónica Segnini
Presidenta
Consejo Nacional de Competitividad

Cambiar deuda de corto plazo y con altas tasas de interés, por préstamos con mejores condiciones brindará una señal positiva a los mercados e inversionistas internacionales, al permitir proyectar una menor presión sobre el mercado local, la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés.

Resolución de Sala IV cerró puerta a elusión de renta por inversiones de capital tico en el extranjero

Fuente: Semanario Universidad

Tras la resolución de la Sala Constitucional que indica que es procedente el cobro del impuesto sobre la renta a los montos generados por operaciones financieras en el exterior, realizadas a partir de capital costarricense y por empresas que operan en territorio nacional, se cerró dicho portillo para el no pago de tributos y cualquier otro recurso es improcedente.

En la resolución n.º 23955 del 12 de octubre del 2022 el tribunal reiteró el criterio de la Sala Primera, que había indicado que conforme con la legislación costarricense en materia tributaria, que las empresas deben reportar y pagar impuestos sobre los réditos generados por capital de origen costarricense en el extranjero. La disputa se generó cuando la dirección de Hacienda aplicó a las entidades bancarias Bac, Lafise y Promérica cobros de renta por inversiones en el extranjero, como las inversiones “overnight”.

Las empresas acudieron entonces ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que el cobro sí era válido pues el primer artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta define ese impuesto como aquel que se aplica a “las utilidades de las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica, domiciliados en el país, que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense”.

Más tarde interpusieron acciones ante la Sala IV, alegando que se había violado los principios de legalidad constitucional,  realidad económica y doble imposición. Además, señalaron que el tribunal estaba creando una nueva forma de gravamen: la renta mundial.

No obstante, la Sala IV resolvió que “si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica”.

La aplicación de la mencionada sentencia –que ha generado críticas por parte de los sectores liberales y libertarios– es erga omnes, como la de todas las resoluciones del tribunal constitucional, es decir, se aplica a todas las personas en el territorio nacional, según explicó el economista Luis Carlos Olivares.

Además, el vocero de la Sala Constitucional, Alonso Mata, consultado sobre otros recursos pendientes de resolución sobre la misma materia, indicó que aunque los hubiera o se interpusieran nuevos, ya el asunto está “saldado” y sólo podrían generarse cambios si se introduce nueva legislación o si en algún momento se diera un cambio en la conformación del tribunal (que no es previsible en el corto o mediano plazo) que generara cambios de criterio.

Olivares explicó que, al resolver esta interpretación normativa, se cierra la posibilidad de que diversas empresas dejen de pagar por operaciones financieras que realizan en el exterior a partir de capitales extranjeros, lo que indicó, es una gran victoria, pues se trata de empresas que ya disfrutan de múltiples beneficios fiscales por estar en el régimen de Zona Franca.

Según el economista, estas empresas se benefician del mencionado régimen a pesar de no pertenecer al sector exportador, para el que se supone se diseñó. “Ya tienen un montón de beneficios y siguen peleando por pagar cada vez menos y menos”, dijo, celebrando la resolución.

Por su parte, sectores críticos de la postura de la Sala Constitucional han anunciado acciones en contra, como nuevos recursos legales (que como ya se explicó, serían improcedentes) o cambios normativos.

De hecho el Partido Liberal Progresista presentó hace varios meses el expediente 23.187 que introduce una «interpretación auténtica” del artículo 1 de la Ley del Impuestos sobre la Renta (citado arriba) para que “los empresarios y emprendedores costarricenses” no sean “sometidos” a cargas tributarias por las ganancias obtenidas fuera de Costa Rica, “cuya aplicación sólo lesiona su libertad económica”. La iniciativa ha sido respaldada por la por la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), cuya jefa, Daniela Rojas, ha dicho que la sentencia genera “incertidumbre e inseguridad jurídica”.

Sobre nuevas acciones a nivel de tribunales, Olivares dijo que a su modo de ver, serían “una quijotada y una redundancia, pero si hay quienes quieren gastar plata en eso, pueden hacerlo”.

Cambios y modificaciones en temas relativos a la CCSS para el 2023

Para el 2023 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aplicará una serie de cambios que es vital que, tanto patronos como empleados, conozcan.

En nuestro programa del pasado 16 de enero y con la ayuda de la Licda. Ana Isabel Borbón, hacemos un recorrido rápido por estos tres cambios vitales, a saber:

1. Aumento en el porcentaje de las cuotas obrero patronales, que empezaron a regir a partir del mes de enero.
2. Proyecto para cotizantes con planilla reducida, que tiene como objetivo que los patronos puedan asegurar empleados que tienen jornadas parciales.
3. Proyecto de Condonación de deudas, para quienes mantienen cuotas vencidas con la institución, y que podrán ponerse al día con la opción de que sus intereses y multas sean condonados.

Le invitamos a verlo y compartirlo.

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Hacienda confirma pago de salario escolar 2023 para este 20 de enero

Fuente: Delfino

El Ministerio de Hacienda confirmó tener los recursos necesarios para pagar el 20 de enero el salario escolar a 161.957 funcionarios activos del Gobierno Central y órganos desconcentrados.

Según un comunicado de la institución, el Gobierno depositará ¢150.958 millones por ese concepto a quienes laboran en ministerios y órganos desconcentrados, Asamblea Legislativa, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de República, Tribunal Supremo de Elecciones y Poder Judicial.

Para calcular el monto final se toman como base los salarios brutos devengados (incluyendo extraordinarios) desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior, multiplicado por 8,33%, lo que equivale, aproximadamente, a un salario mensual recibido durante ese período.

El salario escolar está exento del impuesto sobre la renta y se le aplican las retenciones por concepto de cuotas obreras a favor de la CCSS, embargos, pensiones alimentarias y deducciones por afiliaciones, tales como sindicatos, cooperativas, asociaciones, entre otros.

Listos para pagar eurobonos

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, confirmó además que el Gobierno ya tiene los recursos para pagar el eurobono emitido en el gobierno de Laura Chinchilla y que vence el 26 de enero de este año, por 1000 millones de dólares.

Según declaraciones dadas a La Nación, Hacienda captó lo último necesario para pagar el eurobono y el salario escolar mediante una colocación de bonos hecha este lunes 16 de enero, donde recaudó 176 millones de dólares, los que se suman a los $812 millones que tenían en el Banco Central desde el 31 de diciembre para hacer frente a las obligaciones.

Hacienda captó más de ¢115 mil millones en subasta de títulos valores

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda colocó este lunes, 16 de enero, ¢115.909 millones (monto colonizado) como resultado de una subasta de títulos de deuda interna realizada por la Tesorería Nacional. Del monto total asignado facial, ¢14.832 millones corresponden a títulos en colones y $176.0 millones a títulos en dólares.

En esta subasta, Hacienda puso a disposición del mercado financiero títulos de propiedad cero cupón en colones con vencimiento en noviembre del 2023; títulos de propiedad tasa fija en colones a vencer en 2027 y 2033; títulos de propiedad cero cupón en dólares con vencimiento en julio 2023, así como los títulos de propiedad tasa fija en dólares a vencer en 2024, 2027 y 2034.

Del monto colocado en colones, el 75.6% se asignó al título con vencimiento en 2033, mientras que en el caso de los títulos en dólares el 64.7% se asignó a la serie a vencer en 2023.

La asignación de los títulos de deuda, su distribución y rendimiento, según su año de vencimiento, es la siguiente: 

“El resultado de la subasta realizada este lunes, reafirma la confianza del mercado local en los títulos de deuda que emite el Gobierno, con los montos asignados hoy, Hacienda completa los recursos necesarios para el pago del eurobono que vence este mes de enero (monto de principal asciende a $1.000 millones y $21.2 millones en intereses), a la vez que le permite asegurar un pago en tiempo y sin presiones adicionales en las tasas en dólares, por parte de los inversionistas” señaló Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

Plazo para pagar sin multas el impuesto a las sociedades vence a finales de enero

Fuente: El Financiero

Todas las sociedades mercantiles y sucursales de sociedades extranjeras inscritas en el Registro Nacional deben pagar el impuesto anual a las personas jurídicas a más tardar el martes 31 de enero del 2023.

Quienes deban pagar el tributo y no lo hagan a tiempo se someten a sanciones que generan una tasa de interés anual fijada en 11,59%, la cual es 3,06 puntos porcentuales (p.p.) mayor que la correspondiente al segundo semestre del 2022. Sin embargo, el cargo es proporcional a los días o meses de atraso.

Las personas jurídicas exentas del pago del impuesto, y por ende que no corren el riesgo de cargar con sanciones o multas, son las sociedades registradas como pymes y que se encuentran inscritas en el Ministerio de Economía y Comercio (MEIC).

El impuesto a las personas jurídicas está reglamentado en la ley del mismo nombre bajo el número 9.428 (conocida popularmente como Ley Lázaro). También se encuentra la número 9.024, que comprendía el plazo entre el 2012 y 2016, y que el pasado 15 de diciembre finalizó el período para la reinscripción de sociedades disueltas entre esos años.

Lo recolectado por el pago de esta obligación se destina en un 90% al Ministerio de Seguridad, un 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el porcentaje restante al Poder Judicial, específicamente al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Tarifas

“El pago del impuesto es escalonado y depende de si es una sociedad activa o una sociedad inactiva y de acuerdo al ingreso bruto que tengan”, señaló Felipe Guevara abogado tributario de la firma Consortium Legal.

El artículo 3 de la ley 9.428 detalla el esquema de tarifas que se divide de cuatro maneras:

  15% de un salario base mensual: Las sociedades y las empresas individuales de responsabilidad limitada, “que estén inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional no inscritos en el Registro Único Tributario en la Dirección General de Tributación”.
  25% de un salario base mensual: “Los contribuyentes en el impuesto a las utilidades, cuya declaración del impuesto sobre la renta inmediata anterior a que ocurra el hecho generador de este impuesto, con ingresos brutos menores a 120 salarios base”.
  30% de un salario base mensual: Las sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos entre 120 y menor a 280 salarios base, en el impuesto sobre la renta del periodo fiscal anterior.
  50% de un salario base mensual: Las sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos equivalentes a 280 salarios base o más, en el impuesto sobre la renta del periodo fiscal anterior.

“Las personas que no tienen actividad económica también pagan, pero el monto más bajo que es del 15% que se traduce en 69.330 (tomando en cuenta el salario base de 462.200)”, indicó Silvia Castro, abogada tributaria.

De sociedades inactivas a disueltas

El no pago del impuesto por más de tres periodos provoca como sanción la disolución de la sociedad, lo cual significa la eliminación de la personalidad jurídica.

“Por ejemplo, la gente tiene como sociedades inactivas un lote, si me la disuelven yo ya no puedo hacer absolutamente nada más con esa sociedad que liquidarla. Entonces cuando me disolvieron la sociedad tengo que liquidar para que los accionistas se repartan los bienes que tenga esa sociedad”, ejemplificó Guevara.

Pero si ya la sociedad está disuelta y ahora quiere ‘revivirla’ puedo hacerlo amparado a la Ley de Reinscripción de Sociedades Disueltas (10.255) que abarca las que ingresaron a ese estado de disolución entre el 2017 y 2021, pero deberán pagar las sanciones correspondientes.

Reinscripción y revivir

Además de la ley 10.255 tambien existe la 10.220, pero solamente aplicaba para las sociedades disueltas en el periodo 2012-2016 que tuvieron que hacer el proceso a más tardar el 15 de diciembre del año pasado.

A quienes correspondía la ley 10.220, y que hicieron la gestión correspondiente, tienen tiempo hasta el 15 de enero del 2023 para solicitar el cese de la disolución y quedarían en la misma condición jurídica en que se encontraban antes de ser disueltas.

Por otra parte, a quienes aplica la ley 10.255 tienen tres años para gestionar los trámites y se considera como un ‘beneficio permanente’.

“La ley 10255 va un poco más allá dando una solución permanente al caso de disolución por impago del impuesto a las personas jurídicas pero también considera el caso de las sociedades mercantiles a las que se les haya vencido el plazo social”, explicó a EF Adriana Sánchez, abogada de la firma Arias y Sánchez Consultores, en octubre anterior.

Para ‘revivir’ la sociedad deben tener un acuerdo con el 51% de los accionistas y hacer la solicitud de habilitación, por medio de una escritura pública, a Tributación. Luego realizan el pago correspondiente de acuerdo al periodo correspondiente.

Hacienda informó que hoy vence el plazo para pagar el impuesto solidario 2023

Fuente: El Mundo CR

El Ministerio de Hacienda de Costa Rica, informó que este lunes 16 de enero se vence el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto solidario 2023.

Se trata del plazo para pagar y presentar la declaración, sin recargo, del monto correspondiente al impuesto solidario para el fortalecimiento de los programas de vivienda.

«Este impuesto deben pagarlo aquellas personas con propiedades de uso habitacional, que sean utilizadas en forma habitual, ocasional o de recreo y cuyo valor de construcción y de las instalaciones fijas y permanentes, superen los ₡148 millones, de acuerdo con el decreto No 43851-H», indicó el Ministerio de Hacienda. 

Facebook Live: Cambios y modificaciones en temas relativos a la CCSS para el 2023

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 16 de enero a las 3:00 p.m. con el tema:

Cambios y modificaciones en temas relativos a la CCSS para el 2023, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Ana Isabel Borbón.

Para este 2023, los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social verán algunos cambios que es importante que conozcan adecuadamente: aumento en el porcentaje de aporte obrero patronal, la posibilidad de condonación de deudas y, finalmente, el proyecto para la planilla reducida. 

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Les esperamos!

Proyecto busca que útiles escolares y equipo tecnológico no paguen IVA

Fuente: El Mundo CR

El legislador Pablo Sibaja Jiménez impulsa en el Plenario Legislativo el expediente 23327 Ley para facilitar el acceso a los útiles escolares y equipo tecnológico.

El objetivo de esta iniciativa es que durante los dos meses posteriores al anuncio del inicio del ciclo lectivo decretado por el Ministerio de Educación, se exonere el pago del impuesto al valor agregado a todos los materiales escolares, uniformes y equipo tecnológico (computadoras, tabletas, teléfonos celulares) que requieran nuestros estudiantes al inicio de cada ciclo lectivo.

«Ante las promesas de que el costo de la vida se iba a abaratar, vemos hoy productos como por ejemplo el cartón de huevos que ha sufrido un incremento escuchen ustedes bien 177.78%», continuó diciendo que «los útiles escolares han tenido un aumento de cerca de un 5% en comparación con el año anterior», explicó Sibaja.

El proyecto fue presentado el pasado mes de setiembre a la corriente legislativa pero el Poder Ejecutivo no lo ha convocado. Según las proyecciones del diputado, de aprobarse la propuesta, generaría un ahorro de 10.000 colones por estudiante.

«Y ustedes dirán hoy diez mil colones casi no alcanzan para nada, déjenme y les cuento que los quintiles más bajos de este país con diez mil colones pagan 14 paquetes de arroz de 1kg, con diez mil colones pagan cerca de 7 paquetes de frijoles negros de 800g y con esos diez mil colones pagan los pasajes de bus de Alajuela- San José durante toda una semana», señaló Sibaja.

Sibaja comentó que «más de un millón de estudiantes, jóvenes, niños y niñas ingresarán a las aulas y es por ellos que debemos facilitarles el acceso a los útiles escolares y el equipo tecnológico».

«Esta tarde le hago un llamado respetuoso a la compañera Pilar que es la jefa de fracción del partido de gobierno, para que convoque este proyecto el 23327, esta una iniciativa que le podríamos dar vía rápida y por qué no pensar en los padres de familia que hoy todavía no han comprado los útiles escolares puedan acceder a este beneficio y tener un ahorro en su economía», concluyó el legislador.

Hacienda prevé que efecto de eurobonos sobre las tasas de interés se reflejará hasta el segundo semestre

Fuente: El Observador

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta afirmó que el efecto en las tasas de interés por la colocación de eurobonos se vería reflejada hasta el segundo semestre del 2023.

De acuerdo con el jerarca, será en este primer trimestre cuando realicen la primera colocación de títulos en el mercado internacional y por tanto, requerirá un tiempo para que su impacto sobre las tasas sea notorio.

“Esperaríamos que en el segundo semestre del 2023 las tasas empiecen a mostrar signos de baja”, afirmó.

Con los eurobonos se busca dejar de presionar el mercado local que a su vez, impacta a las tasas de interés.

“Esto vendría a sustituir recursos que hoy estamos captando relativamente caros en el mercado (local) y que estarían presionando las tasas, por recursos que vienen de afuera y nos salimos del mercado local, vamos a dejar de presionar las tasas”, explicó el jerarca.

Así las cosas, se pretende traer recursos del exterior para cumplir con las deudas que tiene el Gobierno.
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Desde este ministerio, consideran que las tasas ya “tocaron techo”.

“Los movimientos serán muy pequeños y creemos que a partir del segundo semestre vamos a ver el impacto de la colocación de eurobonos”, reafirmó Acosta.

Al alza

El martes pasado, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) informó que prevé un aumento en las tasas de interés durante los primeros meses de este nuevo año.

“El efecto de la TPM (Tasa de Política Monetaria) sobre la TBP (Tasa Básica Pasiva) dura aproximadamente seis meses en traspasarse, por lo que se pronostica que las tasas de interés continúen con aumentos a inicios del año en curso”, señaló el IICE-UCR a través de un comunicado de prensa.

Cabe recordar que la Tasa de Política Monetaria pasó de 1,25% en enero de 2022 a 9,00% al cierre de ese año.

Mientras tanto, la Tasa Básica Pasiva (TBP) pasó de 2,90% en enero a 6,35% en diciembre del año pasado. Esa es la tasa de referencia para los préstamos en colones, por lo que muchos deudores notan el aumento de la mensualidad a pagar por sus créditos.

Hacienda confirma que está con ‘últimos detalles’ en plan de renta global y que llegaría al Congreso en última semana de enero

Fuente: Monumental

El proyecto de Ley de Renta Global llegaría al Congreso hasta la última semana de enero, según comunicó el jerarca del Ministerio de Hacienda, Nogui Acosta. Cabe señalar que el plan forma parte del acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Acosta mencionó que están afinando los ‘últimos detalles’ de esta iniciativa para hacer una presentación con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y hablarlo con las cámaras empresariales y demás grupos de interés.

La renta global tiene como objetivo que al contribuyente se le sumen todas sus rentas y anualmente ese monto se grave con una única tasa.

El ministro comentó que la idea es que la discusión se dé antes de llegar a la Asamblea Legislativa.

En otros temas, desde este jueves la Tasa Básica Pasiva subió de 6,35% a 6,41%, según definió el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El economista Esteban Bogantes explicó las consecuencias para la población de que aumente este indicador.

De acuerdo con el Central, la Tasa Efectiva en Dólares también aumentó de 2,89% a 3,19%.

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Liquidación final del IVA-Proporcionalidad

Este próximo lunes 16 de enero del 2023, los contribuyentes deberán presentar su declaración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes de diciembre 2022; sin embargo, esta tiene una particularidad: los contribuyentes deberán realizar el cálculo de la proporcionalidad del IVA e incluir este dato en su declaración.

En este programa abordamos diversas dudas que este cálculo puede generar en los contribuyentes.

Le invitamos a verlo y compartirlo.

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MiPymes podrán acceder a beneficios al registrarse ante el MEIC

Fuente: CR Hoy

Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán acceder a diferentes beneficios este año al inscribirse como mipymes ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

En Costa Rica, las empresas que cuenten con hasta 100 colaboradores son consideradas MiPymes por el MEIC. Sin embargo, para recibir los beneficios destinados a las pequeñas empresas, los emprendedores deben cumplir con ciertos requisitos que les permitirán acceder a la condición Pyme, su respectivo registro y a los beneficios asociados.

Según la Ley de Fortalecimiento de las Pyme, los emprendedores pueden inscribirse gratuitamente al Registro Pyme del MEIC y acceder a los siguientes beneficios:

  Participar como proveedor Pyme del Estado.
  Financiamiento, avales y garantías de Fodemipyme del Banco Popular.
  Fondos no reembolsables para innovación de Propyme del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
  Servicios de desarrollo empresarial, charlas, capacitaciones.
  Ferias empresariales y encuentros de negocios.
  Sello pyme y constancia de condición pyme gratuitos.
  Recursos financieros del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
  Exoneración del impuesto a personas jurídicas (aplica para micro y pequeñas empresas).
  Exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alquiler para micro y pequeñas empresas. El monto debe ser menor a ¢669.000.
  Pago escalonado para nuevas microempresas en las cargas sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el pago del impuesto sobre la renta.
  Permiso sanitario de funcionamiento de microempresas.
  Tarifa diferenciada en registro sanitario (20%) para microempresas.

“Los beneficios para los emprendedores ticos registrados ante el MEIC son muy importantes para proyectar un próspero 2023”, dijo Jahzeel Cordero, líder estratégico de la firma Alegra.com en Costa Rica.

Sin embargo, recordó que la correcta administración y gestión contable son claves para capitalizar los beneficios y conocer el panorama completo del negocio.

Para que una empresa se pueda catalogar como pyme, debe realizar la inscripción formal ante el MEIC y así poder acceder al Registro Pyme. Debe cumplir con dos de los siguientes requisitos:

  Estar inscrito ante el Ministerio de Hacienda con la declaración de impuesto sobre la renta al día, ya sea dentro del régimen tradicional o en el régimen simplificado.
  Contar con una póliza de riesgos del trabajo que emite el Instituto Nacional de Seguros (INS).
  Presentar la planilla de la CCSS o el comprobante de trabajador independiente en la cual se demuestre que está al día con las obligaciones ante esa institución.

Los emprendedores que deseen obtener el Registro Pyme pueden hacerlo a través del sitio web del MEIC o en sus oficinas de manera presencial, completando y presentando el Documento “Formulario de Inscripción Registro PYME”, que opera como declaración jurada.

Cambios en el tratamiento del IVA para licores empezaron a regir desde el 1º de enero


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

A partir del 1º de enero de 2023 empezó a regir la resolución DGT-R-035-2022, que estipula que “todas las personas físicas o jurídicas, que efectúen operaciones comerciales en el territorio nacional de compra y venta de cervezas nacionales, de importación o internación y comercialización de licores importados y de manufactura y comercialización de licores de fabricación nacional, deberán liquidar el impuesto conforme al sistema general establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado”.

Según el experto en el tema, el Lic. Mauricio Berrocal de Actualidad Tributaria, esto implica que “para este 2023 las autoridades le están pidiendo a quienes importan y fabrican licores que separen el monto del impuesto al valor agregado (IVA) del costo, en las facturas del producto. Esto no se estaba haciendo así”.

Según Berrocal, esto implica un cambio en la forma cómo se registran los costos en toda la cadena de valor del producto, porque debe separarse el IVA en cada una de las etapas de producción o importación.  Antes de la entrada en vigencia de esta resolución, el IVA se daba por sentado en las facturas de producción o importación, pero no se estipulaba el monto.

A nivel contable, la entrada en vigencia de esta resolución afectará también el manejo contable de los inventarios en los locales como restaurantes, licorerías, supermercados y bares, pues a partir de enero, dicho manejo deberá realizarse separando el IVA y generando ese crédito fiscal para el comercializador.

Además, a más tarde el 15 de enero de 2023, los involucrados en la comercialización, distribución y fabricación de licores y cervezas deberán declarar ese monto de IVA, por lo que deben hacerlo correctamente para evitarse multas.

¿Cambia el monto del impuesto?

Tanto la resolución como lo expertos de Actualidad Tributaria son enfáticos en señalar que este cambio no implica modificaciones en el costo que cancelan los clientes en su factura. 

“No debe aumentar el costo final de los licores nacionales o importados porque no es un cambio en el monto del IVA, es sólo un cambio en la forma cómo se registra el IVA para quienes producen o importan los licores locales o extranjeros. Entonces no deberíamos ver un aumento en el precio de estos productos por esta razón”, enfatizó Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria.

Es decir, que “un consumidor tradicional, como usted o yo que fuimos a un restaurante y consumimos ahí, recibe una factura de consumo que tiene especificado el monto subtotal y los impuestos. Eso seguirá sucediendo. No es un cambio para el consumidor final, es un cambio para la cadena de valor del producto”, explicó Volio. 


En el siguiente video puede encontrar el criterio de nuestro especialista, el Lic. Mauricio Berrocal:

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Calendario Tributario mes de Enero 2023


Ver Calendario: https://www.hacienda.go.cr/docs/23mesdeENERO.pdf

Calendario Tributario mes de Diciembre 2022


Ver calendario aquí

Hacienda está preparado para entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda reiteró que se encuentra preparado para la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública, este jueves 1 de diciembre.

Desde hace varios meses, esta entidad y la Contraloría General de la República han venido desarrollando un trabajo conjunto con el objetivo de elaborar la normativa que conlleva la nueva ley, informar a las instituciones y poner a su disposición módulos de capacitación.

Además, durante las últimas semanas se ha estado brindado un acompañamiento a todas las entidades que ya utilizan el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), por medio de reuniones y capacitaciones sobre los cambios que se incorporarán, los principales temas que abarca la ley y la atención de inquietudes sobre este proceso.

Adicionalmente, el SICOP ya cuenta con los ajustes que requiere para el cambio, mismos que deberán ponerse en producción entre el 1 y el 8 diciembre. Es por ello que se emitió la resolución MH-DM-RES-0919-2022 en la que se indica a los jerarcas o titulares subordinados de cada órgano o entidad, suspender los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, para los procedimientos de contratación en trámite en esa plataforma.

Es importante recordar que en su artículo 16, la Ley prevé, que, en caso fortuito o fuerza mayor, no se producirá la nulidad absoluta de los procesos de contratación por no utilizar SICOP, siempre y cuando la institución acredite esas circunstancias ante la Dirección de Contratación Pública, que será la encargada de autorizar la exclusión total o parcial del uso del sistema digital unificado.

“Desde el Ministerio de Hacienda reiteramos nuestra total disposición para guiar a las instituciones en la implementación de los retos que trae la nueva ley. Para facilitar la comunicación hemos puesto al servicio de las entidades el correo electrónico bienesycontratación@hacienda.go.cr desde donde nuestro equipo técnico atenderá sus inquietudes”, destacó Yesenia Ledezma, directora general de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.


Seminarios de Actualidad le invita a inscribirse al Taller: Nueva Ley de Contratación Pública y su Reglamento el próximo 12 de diciembre.

Más información:
WhatsApp: https://wa.me/message/UZ2MHLDHXBNDN1
correo: ventas@seminariosdeactualidad.com
seminariosdeactualidad.com

Gobierno anuncia disminución en el marchamo

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Gobierno de la República anunció una rebaja en los marchamos luego de revisar la fórmula usada para el cálculo de este rubro por parte del Ministerio de Hacienda.

Ante los reclamos presentados por la mayoría de los costarricenses sobre que el monto del marchamo aumentó excesivamente, las autoridades revisaron la fórmula, determinando que esto ocurrió por el porcentaje del índice de precios al consumidor.

Para la fórmula de cálculo se usó el índice de precios al consumidor de agosto, que fue uno de los meses con el valor más alto, lo cual estaba afectando a los usuarios.

Es por esto que el Gobierno tomó la determinación de utilizar otro valor del índice de precios al consumidor, correspondiente al mes de setiembre de 2022, que resulta ser más bajo.
Este porcentaje modifica el valor de los vehículos, lista que usualmente se entrega en setiembre para el cálculo del monto del marchamo.

La aplicación usual de esta fórmula fue la que llevó a un incremento en el valor del 2,13% que ocasionó los reclamos de los costarricenses, por ello el Gobierno determinó usar el porcentaje mensual más bajo del índice de precios al consumidor del periodo, pasando a 0,37%.

Con este ajuste todos los marchamos bajarán y un 83% de los vehículos verían disminuciones en el monto de entre ¢500 y ¢3.500 colones. Esta variación en el precio del marchamo se verá reflejada a partir del 6 de diciembre.

Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros (INS) levantaron la lista de las 120 mil personas que ya realizaron el pago del marchamo 2023.

Estas personas podrán solicitar el reembolso ante el Ministerio de Hacienda, a través de una aplicación que permitirá dicha devolución en un periodo de cuatro días hábiles. Esta herramienta estará disponible a partir el martes 13 de diciembre.

Marihuana tendría sobretasa de 1% en impuesto de renta

Fuente: La Nación

El plan impulsado por el Gobierno para legalizar el consumo recreativo de la marihuana en Costa Rica, cobraría una sobretasa de 1% en el impuesto de renta a las personas físicas y jurídicas que se dediquen a la producción, comercialización o actividades relacionadas con el cannabis.

Lo que eventualmente se logre recaudar de ese sobreimpuesto, señala el proyecto de ley, será distribuido entre seis instituciones o programas públicos de esta manera:

  10% al Ministerio de Salud para sus actividades propias y para el financiamiento de programas de prevención y educación del consumo responsable de marihuana.
  10% al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para las competencias que le asigna el proyecto de ley.
  10% a Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para el cumplimiento de sus labores.
  20% al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para la compra de medicamentos.
  20% para el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la CCSS.
  30% para el Fondo Nacional de Desarrollo del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), para financiar actividades productivas.

La repartición de ingresos tributarios entre instituciones, en leyes costarricenses y proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, son conocidos como destinos específicos.
Contraloría en contra de los destinos específicos

Su existencia en el proyecto de ley provocó observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) en contra de la propuesta.

Ese órgano ha advertido a los diputados, en múltiples ocasiones, que los destinos específicos “imprimen un alto grado de rigidez al presupuesto del Gobierno Central”, pues limita la discreción de las autoridades de asignar los fondos que entran a las arcas estatales a través de impuestos.

En la forma como el Poder Ejecutivo planteó el proyecto de ley, señala la Contraloría, el propio Gobierno no tendría forma de recortar, reducir, reubicar o priorizar gastos en procura del uso eficiente de los recursos públicos, debido a que debe respetar lo que quede establecido en la ley.

Me preocupa tremendamente que la Sala IV está legislando, señala Feinzaig

Fuente: El Observador CR

El jefe de fracción del Liberal Progresista, Eliécer Feinzaig, manifestó su preocupación por la resolución 200022-023955 de la Sala Constitucional, que entra a analizar el concepto de territorialidad en el impuesto sobre las utilidades.

Para el legislador «tiene elementos muy preocupantes, porque esta resolución sujeta rentas extraterritoriales al impuesto sobre las utilidades, lo cual no tiene nada que ver con el hecho generador del impuesto que según la ley costarricense tiene que ver con el criterio objetivo de territorialidad».

«Según la ley costarricense el impuesto sobre las utilidades se cobra sobre rentas generadas en el territorio costarricense, independientemente de la fuente, no importa si esas rentas se generaron en Costa Rica con capital extranjero o si esas rentas se generaron en Costa Rica con capital costarricense», agregó.

Feinzaig insistió en que «el impuesto se cobra sobre las rentas generadas en territorio costarricense, eso ha sido así desde hace varias décadas, eso esta clarísimo en la ley, y sin embargo, ahora la Sala IV se sale con un criterio a mi juicio bastante jalado de los pelos, con muy poco análisis por el fondo de los temas tributarios (…), con muy poco criterio y amplían el concepto de la renta gravable a un concepto de extraterritorialidad».

«Me preocupa tremendamente que la Sala IV está legislando y eso es interferencia entre poderes de la República, la función de legislar reside en este recinto, la función de legislar es exclusiva de la Asamblea Legislativa», sostiene el diputado.

Según Feinzaig «esta decisión de la Sala IV introduce una enorme dosis de inseguridad jurídica, se convierte en un elemento disuasorio contra la inversión extranjera, ¿cuál empresa extranjera va a querer generar rentas en Costa Rica?, para que cuando repatrie su capital le digan tiene que pagar impuestos en Costa Rica sobre lo que haga con ese capital en el exterior, porque esa renta se generó en Costa Rica y ese capital se considera gravable en Costa Rica».

«Esto es lo que se conoce como renta mundial, Costa Rica no aplica la renta mundial», aseguró el legislador.

Colocación de escáneres en puertos y fronteras para controlar evasión será una realidad a partir de 2024

Fuente: La República

La colocación de escáneres en los puertos de Limón y en los puestos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas, así como la presentación de informes sobre el proyecto de Hacienda Digital y establecer una mesa de trabajo para abordar temas fiscales y de gestión de la deuda, son algunas de las condiciones que deberá cumplir el presidente Rodrigo Chaves para garantizar el acceso a los eurobonos por $5 mil millones.

Tras una compleja negociación política que se extendió por semanas, los legisladores dieron al gobierno el permiso para cambiar deuda cara -en cuanto a plazos y tasas de interés – por deuda con mejores condiciones en el mercado externo.

No obstante, exigieron una serie de medidas tendientes a evitar que se abra la llave del gasto y al mismo tiempo, luchar contra la evasión fiscal.

En ese sentido, los escáneres que se colocarán en los puestos fronterizos y en los puertos de Limón, ayudarán a frenar el contrabando y la evasión fiscal, que se calcula en unos $3.600 millones al año.

Los primeros escáneres se instalarán en 2024 en Paso Canoas y Japdeva y un año después, en Peñas Blancas. En caso de que el gobierno no cumpla su promesa, no podrá emitir más de $2 mil millones en eurobonos para esos años.

“Vamos a ser muy vigilantes de que esos escáneres sean implementados, al igual que todos aquellos que están concesionados y no pudieron ser incluidos; además, desde el Frente Amplio seguiremos proponiendo medidas antifraude y anticorrupción y por ello, desde hace meses le entregamos una lista con ocho proyectos de ley al gobierno para combatir el fraude”, dijo Sofía Guillén del Frente Amplio.

La colocación de bonos de endeudamiento en el mercado internacional es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país, ya que esto ayudaría a mantener las tasas de interés controladas, además de facilitar la disponibilidad de crédito y evitar que el tipo de cambio del dólar se dispare. Todo ello, se traduciría en generación de empleo y bienestar para los costarricenses.

El país tiene vencimientos de deuda por más de $7 mil millones en los próximos cinco años y de ellos casi $3.600 millones son de deuda externa. A inicios del otro año se deben pagar $1 mil millones.

“Como oposición nos corresponderá velar por el debido cumplimiento de las condiciones acordadas y garantizarle a los costarricenses la transparencia en el uso de los recursos obtenidos, en virtud de las emisiones autorizadas con la aprobación de esta ley”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN.

Gobierno propondrá nuevo cobro a carros contaminantes para promover vehículos de bajas emisiones

Fuente: El Financiero

El Gobierno de la República le explicó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que planea aplicar un esquema de feebates (aranceles y reembolsos), de modo que se cobren tasas a los carros con emisiones superiores al promedio y se promuevan incentivos para la transición a vehículos menos contaminantes.

Los recursos de los “tributos” sobre los carros contaminantes, indicó el Gobierno al Fondo, permitirían financiar una escala de descuentos para la compra o la importación de automóviles que generan menos emisiones, ya sean nuevos o usados, con hasta cinco años de antigüedad.

Según las autoridades, el diseño final del instrumento se realizaría de la mano del propio FMI y se presentaría como propuesta formal a la Asamblea Legislativa, a través de un proyecto de ley, hacia el cierre de septiembre de 2023.

La presentación del proyecto de ley se planteó como un requisito para que el país reciba uno de los desembolsos del nuevo crédito que Costa Rica recién alcanzó con el organismo internacional, por $725 millones, a través del nuevo programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) del FMI.

Sistemas usuales

Los sistemas de feebates son una de las recomendaciones que ha venido realizando el FMI, en relación con políticas fiscales ambientalmente responsables, a países que todavía no los aplican.

Estos sistemas buscan cobrar tasas sobre la contaminación y dar incentivos a las prácticas que la combaten.

De hecho, en un documento con recomendaciones para ayudar a los países miembros a abordar la emergencia provocada por la covid-19, el Departamento de Finanzas Públicas de la entidad multilateral catalogó los esquemas de feebates como una medida apropiada para propiciar una recuperación fiscal “verde” y promover “mejoras en la eficiencia de la energía”.

No obstante, el personal técnico del Fondo también señaló que este tipo de medidas se deben complementar con planes remediales para aquellos hogares, trabajadores o comunidades que puedan resultar afectadas “desproporcionadamente” por la medida. Los vehículos más contaminantes, por ejemplo, se suelen utilizar más en industrias claves para la economía o en hogares de bajos ingresos.

Las experiencias en la aplicación de este tipo de sistemas son variadas. Francia, por ejemplo, es pionera en este tipo de modelos y empezó a aplicar un sistema propio desde hace más de 14 años.

El sistema de aranceles y reembolsos francés ofrece bonificaciones de entre 1.000 y 6.000 euros (¢630.000 y ¢3,8 millones) para vehículos nuevos con emisiones de entre 0 y 50 gramos de dióxido de carbono por kilómetro; así como con castigos de entre 50 y 40.000 euros (¢32.000 y ¢15,3 millones) para los que carros en uso que emiten más de 128 g/km, según explicó la investigadora Sandra Wappelhorst, en un artículo publicado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés).

Francia también aplica bonificaciones de 1.000 euros (¢630.000) a los compradores de carros eléctricos de batería y de aquellos que usan celdas de combustible, como los de hidrógeno.

Otros países como Alemania y Reino Unido también aplican aranceles sobre los vehículos más contaminantes, mientras que otros como Brasil realizan penalizaciones directamente a sus fabricantes, según otro estudio realizado en 2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática (Cegesti) y el Centro Mario Molina Chile para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre el tema.

EF pidió una entrevista al Ministerio de Hacienda con el jerarca de la cartera, Nogui Acosta, para hablar sobre este y otros temas. Sin embargo, la fecha para la conversación no se logró concretar hasta el cierre de esta edición.

El FMI considera de gran importancia los planes de descarbonización costarricenses. De hecho, en su más reciente revisión sobre su Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) con el país –el mismo proceso en que se autorizó el nuevo crédito por $725 millones a través del SRS– la entidad recordó que el Plan Nacional de Descarbonización costarricense supondría ganancias por $41.000 millones; aunque se deben tener en cuenta efectos secundarios de la descarbonización, como una pérdida lógica en ingresos por los impuestos al combustible.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) publicó en enero de este 2022 un nuevo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, realizado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en datos de 2017 recopilados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). En él, se determinó que el sector transporte aporta un 41,55% de las emisiones nacionales y que el aumento de su peso ha sido de 243% desde 1990, según informó la Dirección de Cambio Climático entonces.

Crédito adicional

El proyecto de ley de feebates consta como una de las reformas estructurales que el Gobierno se comprometió a impulsar en el marco de su nuevo programa de financiamiento con el FMI, a través del programa SRS, por $725 millones en año y medio.

Dicho programa implicará la realización de tres revisiones de cumplimiento de diversas medidas, de las cuales dependerá que el país reciba o no los recursos acordados.

La presentación de la iniciativa al Congreso es un requisito para aprobar la segunda de tres revisiones, en octubre de 2023. Antes, la primera revisión se realizaría en marzo del próximo año, y la tercera quedaría hasta marzo de 2024.

En total, el Gobierno se comprometió a impulsar 12 medidas para integrar las cuestiones climáticas en la planificación fiscal y presupuestaria; mejorar la evaluación de proyectos y los planes reguladores urbanos, con el fin de fortalecer la inversión y la infraestructura pública; apoyar la descarbonización de la economía; y mejorar la información pública sobre cuestiones económicas que se relacionan con el medio ambiente y el clima.

La presentación de la iniciativa de feebates es parte del tercer bloque y tendría que producirse a más tardar en octubre de 2023. Después de la revisión que el Fondo haría en ese mes, el organismo internacional decidiría si otorga o no los recursos convenidos por medio del SRS para ese momento.

Los recursos del crédito, indicó el ministro Acosta a EF días atrás, podrían emplearse en dos vías. Como una forma de endeudamiento más barato del que se obtiene en el mercado local, que permita abrir espacio fiscal para impulsar las medidas climáticas propuestas o, bien, para financiar esas medidas directamente con los recursos que ingresan. En ese sentido, indicó el jerarca, se entiende que el dinero es de apoyo presupuestario.

Hacienda dice que hasta este año detectó los problemas en la fórmula para calcular el valor fiscal de los carros

Fuente: El observador

El Ministerio de Hacienda, a través de su Dirección de Tributación, afirmó que hasta finales de este 2022 detectó los problemas que presenta la fórmula para calcular el valor fiscal de los carros en Costa Rica, que provoca que aumenten, en lugar de bajar, como se esperaría.

Por otro lado, el jerarca de dicha dirección asegura que nunca fue alertado de los problemas que podría provocar en escenarios inflacionarios como el actual y dice que la fórmula actual representa una “oportunidad de mejora”.

Hasta el pasado 22 de noviembre el Ministerio de Hacienda había recibido 46.482 solicitudes de revisión o reclamos por el valor fiscal de los vehículos, es decir, 33.000 más que el año pasado.

De estos más de 46.00 reclamos solo se han revisado 10.132 y de ellos, en el 95% de los casos se ha rechazado la queja del propietario.

“La Dirección de Tributación y en concreto yo lo hemos detectado hasta ahora en este momento del cobro de este Marchamo”, dijo el director general de Tributación, Mario Ramos, en una entrevista con El Observador.

“Los años anteriores, como no habíamos tenidos inflaciones de dos dígitos, no había pasado esto. Creo que la última vez que pasó fue en el 2009”, añadió.

Hacienda calculó el valor fiscal de los carros según la variación interanual de precios más alta del año: 12,13% para el mes de agosto.

Aumento en 66 de cada 100 vehículos 

Para este fin de año se estima que 66 de cada 100 vehículos registrados en Costa Rica tienen hoy un valor fiscal más alto al registrado el año anterior y esto es lo que ha generado un aumento en la cantidad de reclamos.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, explicó que para calcular el valor fiscal la ley les obliga a tomar en consideración dos elementos en la fórmula:

  -La natural pérdida de valor (depreciación) que está establecida de forma permanente en -10% por año
  -Y la inflación de cada periodo, que en esta ocasión, de forma extraordinaria, llegó al 12,13%

Para este año, Hacienda hizo un simple cálculo: el aumento en el valor del carro debido a la inflación (12,13%) menos la pérdida que la ley establece de forma permanente en -10%. La diferencia es de 2,13%, aunque esto solo impacta al 66% de los más de 1,7 millones de carros registrados.

El 44% de vehículos que no presentó un aumento representa a los que tienen valor fijo, como las motocicletas y a quienes les aumentó por encima de ese 2,13% se les ha hecho el cambio (504 casos hasta ahora).

Hacienda reacciona tras acción de inconstitucionalida

Ramos también reaccionó a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Liberal Progresista (PLP) contra el cobro del Impuesto a la Propiedad de Vehículos, lo que de dársele curso detendría el cobro de este tributo para el periodo actual.

“Es un problema porque en este momento ya hay una estimación de ingresos a partir de lo que se puso al cobro con el marchamo.

“Se vería comprometido el presupuesto porque había una estimación de ingresos”, comentó el director de Tributación a través de una entrevista virtual.

Hasta este jueves 24 de noviembre la Sala Constitucional no había notificado al Ministerio de Hacienda sobre la acción interpuesta esta misma semana por la fracción legislativa liderada por el diputado Eli Feinzaig.

Esa misma fracción propuso un proyecto de ley para que a partir del próximo año se varíe la fórmula a través de la cual se calcula el valor fiscal, la base para definir el impuesto que paga cada propietario.

Sala IV respalda cobro de renta a inversiones en el extranjero de contribuyentes ticos

Fuente: La Nación

La Sala IV respaldó la interpretación de la Dirección General de Tributación de aplicar el impuesto sobre la renta a las inversiones en el extranjero realizadas por los contribuyentes domiciliados en Costa Rica.

Los magistrados se pronunciaron sobre este asunto en el fallo 2022-023955, del pasado 12 de octubre, a raíz de varias acciones de inconstitucionalidad presentadas por los bancos Promerica, Lafise y BAC Credomatic contra las actuaciones de fiscalización de Tributación y jurisprudencia de la Sala Primera.

Las entidades financieras cuestionaron la actuación del fisco que revisó sus declaraciones de impuestos, previas al 2020, y determinó que los ingresos generados por inversiones en el exterior tuvieron su origen de fuente costarricense, por lo cual, los rendimientos obtenidos estaban gravados con el tributo de renta. Dicha posición fue respaldada por la Sala Primera en cinco diferentes fallos dados entre el 2010 y el 2017.

El Tribunal Constitucional sostuvo en el fallo de 87 páginas, que la Sala Primera y Tributación, simplemente, se apegan a lo dictado por la Ley del Impuesto sobre la Renta, de que el tributo se cobra sobre los ingresos de fuente costarricense.

“Es evidente, entonces, que si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, (y) los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica, pues existe una vinculación económica entre los ingresos producidos en el extranjero y la fuente productora de la empresa domiciliada en Costa Rica”, se explica en el fallo.

Los magistrados también determinaron que tal medida no implica un cambio en el concepto de renta territorial –usada en la legislación tica– por el criterio de renta mundial, porque los diputados dispusieron cuáles eran los ingresos gravables cuando se aprobó la ley.

La Sala IV rechazó la interpretación de los bancos de no declarar los ingresos generados por las inversiones internacionales porque se cobraban con base en la jurisprudencia de la Sala Primera.

Inseguridad jurídica

Para abogados especializados en Derecho Tributario, consultados por La Nación, la sentencia del Tribunal Constitucional tiene un efecto de inseguridad jurídica para los contribuyentes.

Según Fabio Salas, socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Costa Rica, la Sala IV en su resolución terminó respaldando la posición de la Administración Tributaria y la jurisprudencia de la Sala Primera.

El especialista añadió que durante los últimos años, los contribuyentes en cada cierre fiscal deben analizar la territorialidad en el pago de impuestos por sus inversiones internacionales, conforme a lo dictado por Tributación, o no hacerlo y arriesgarse a una futura fiscalización.

“El fallo genera muchísima incertidumbre entre los inversionistas y contribuyentes nacionales porque hay una percepción de inseguridad jurídica. Desde nuestro punto de vista, en la ley existe una claridad de que los rendimientos en el extranjero no deben estar sujetos a impuestos en el país por territorialidad”, sostuvo Salas.

En tanto, Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, consideró que cuando una empresa o una persona hace inversiones en el extranjero, con recursos de origen tico, no quiere decir que los intereses generados también sean nacionales.

“La interpretación, para empezar, genera un problema de doble tributación porque en el país donde se hace la inversión ya se paga un impuesto”, subrayó Villalobos, quien fue director de Tributación.

El especialista añadió que la sentencia origina inseguridad jurídica pues, en su opinión, el impuesto sobre la renta se aplica con base a una interpretación de la Administración Tributaria y fallos judiciales.

Para Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica, la legislación sobre la renta establece que el pago del tributo es de fuente costarricense. Explicó que la norma dicta en cuáles casos se gravan los ingresos cuando son bienes situados en Costa Rica, capital invertido en el país y servicios prestados desde aquí

“No puede interpretarse, que un capital invertido en Guatemala o Estados Unidos, el interés se grava aquí porque es contrario a lo establecido en la misma ley desde el artículo uno”, subrayó Morales.

Facebook Live: Los inventarios y su importancia para el Cierre Fiscal

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 28 de noviembre a las 3:00 p.m. con el tema:

Los inventarios y su importancia para el Cierre Fiscal, a cargo de nuestro especialista, el MAF. Ronald Varela.

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¡Les esperamos!

Ingresos tributarios más altos en 15 años generan “colchón” que Gobierno no aprovecha

Fuente: Semanario Universidad

La billetera del Gobierno Central está registrando uno de sus mejores balances en los últimos 15 años: se registra el mayor crecimiento en los ingresos por impuestos, acompañado de una reducción de los gastos (exceptuando el pago de la deuda pública). Se trata de una coyuntura favorable que da un respiro, pero no se aprovecha como se debería, según la opinión de economistas consultados.

Primero, se debe considerar que las comparaciones con colones corrientes no tienen sentido, el economista Leiner Vargas advierte que la inflación de los últimos meses no permite una discusión con esos datos, por lo que es preferible realizar la revisión de las cifras a partir de lo que representan del Producto Interno Bruto (PIB).

Esos datos muestran indicadores de que las finanzas del Gobierno muestran signos de recuperación: las cifras preliminares del Ministerio de Hacienda en setiembre indicaron que los ingresos tributarios, ₡4,6 billones, representaron un 10,3% del Producto Interno Bruto (PIB) (ver gráfico). Fue un crecimiento de un 15,9% con respecto a la cifra alcanzada el año anterior.

Este comportamiento ayudó a que los ingresos totales fueran también los más altos en un período similar, al superar un 12% del PIB. Esto se complementó con una reducción en los gastos (sin considerar el pago de intereses de la deuda), que pasaron de 11,8% del PIB en el 2020, el mayor nivel en los últimos 17 años, a un 10% en el 2022, su menor dimensión desde el 2009.

¿Cómo deja eso la billetera del Gobierno? Si se considera el balance primario (restar gastos a ingresos, sin considerar todavía la deuda pública), el Gobierno logró consolidar un tímido crecimiento que se presentó en el 2021 y que marcaba el fin de doce años con cifras en rojo; es decir, se gastaba más de lo que ingresaba. Al corte del setiembre, la cifra a favor de las cuentas oficiales era de un billón de colones.

Sin embargo, se debe recordar que, al final, hay que pagar las deudas. El balance final, que incluye el pago de intereses de deuda, deja al Gobierno todavía en rojo, aunque con el mejor resultado desde el 2008 (ver gráfico).

Para el economista y exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, todo eso es una clara evidencia de que los problemas financieros no se encuentran en el lado del ingreso, ni en el gasto, antes de considerar el pago de la deuda. “Creo que este gobierno se beneficia del efecto completo de la reforma tributaria del 2018 y en gasto se han presentado recortes incluso más allá de lo razonable, pero lo que aprieta el zapato es el pago de los intereses de la deuda, donde la política ha sido omisa”, dijo.

De hecho, los intereses de la deuda pública (que van por los dos billones de colones) han aumentado su peso en este período de 15 años, al pasar de 2 a 4 puntos del PIB (ver gráfico). Son el ancla que hunde el desempeño del resto de la economía costarricense.

Una mejoría, pero limitada

No se trata de tirar las campanas al vuelo. Vargas advierte que, antes que pensar en una notable mejoría en la eficiencia recaudatoria, se debe recordar que el país fue golpeado por la crisis del coronavirus y las cifras podrían sugerir que se está regresando a “la normalidad” de antes del COVID-19.

“Yo diría que empezamos a ver la recuperación de sectores como turismo, comercio y servicios”, dijo, además de resaltar que la referencia del PIB había bajado por la crisis, por lo que era esperable aumentos considerables para recuperar el paso anterior. En ese sentido, Vargas advierte que contra un posible “alegrón de burro”, en el caso de esperar que el comportamiento de estos ingresos se mantenga igual.

Empero, el impulso no viene dado por los ajustes en el Impuesto de Valor Agregado (IVA), como se podrá suponer. “Se esperaba un movimiento más acelerado al alza del IVA, pero lo que se aprecia es una recaudación sólida de la renta y una mejora en la recaudación de aduanas, esto le está dando aire al Gobierno”, comentó Rodríguez.

Las cifras de setiembre muestran que el crecimiento del IVA era solo de un 6%, pero el impuesto de renta mostraba un aumento de un 19%. En este rubro, destacó el desempeño de la renta a las empresas (personas jurídicas), con un 27%.

Adicionalmente, se debe considerar que en esta materia pueden presentarse situaciones que limitan la maniobrabilidad de las autoridades. El Director del Posgrado de Administración Pública y coordinador de la carrera de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, Víctor Garro, recordó que varios de los tributos tienen destino específico. “Hay que analizar las diferentes fuentes de ingresos. No todos los impuestos van para Hacienda, lo que se debe considerar son los compromisos existentes”, dijo.

Garro también recordó las restricciones que se generaron a partir de la regla fiscal, que limita los recursos que pueden utilizar las instituciones, así como la rigidez presupuestaria. “Cerca de un 93% del presupuesto nace comprometido”, recordó.

Oportunidad que se puede perder

Los economistas coinciden en que este comportamiento de las cifras representa un respiro para el Gobierno, al darle un mejor panorama. Sin embargo, consideran que hay acciones que se requieren para no quedarse en una situación temporal y aprovechar para impulsar cambios estructurales.

“Esto genera un colchón, pero puede ser desperdiciado si no se gestiona bien la deuda. Un gobierno competente aprovecharía la oportunidad, pero siento que el actual es populista y neoliberal, y si no tiene una agenda social clara, se perderá lamentablemente. Vea que ya se presentó y aprobó el presupuesto para el 2023, ¿y dónde está el plan nacional de desarrollo que lo sustente?”, expresó Vargas.

Para Garro, hay que considerar que se tiene un problema estructural en la medida que se está generando una mayor concentración de la riqueza y se deteriora la distribución del ingreso, lo que aumenta la pobreza. Advierte que el crecimiento de la producción, superior a la demanda de empleo, evidencia que hay temas que se deben atender.

Por su parte Rodríguez resaltó que el debate nacional debería enfocarse en el verdadero problema, que no es el ingreso, ni el gasto corriente, sino el peso de la deuda pública. “Es un tema que no se ha enfrentado. ¿Por qué colocar deuda pública en este país es tan caro? ¿Por qué tenemos el país con la deuda pública más cara del mundo? Hay un proyecto para otorgar más competencias en el manejo de la deuda que debería ser analizado, pero no está en las prioridades”, resaltó.

En esto, Rodríguez coincide con Garro, quien considera que se deben buscar acciones para enfrentar el problema de la deuda pública. Y también comparten la inquietud de alertar contra medidas que no resuelven el problema de fondo, como la propuesta de vender el Banco de Costa Rica. “Es claramente insuficiente, eso solo produciría un efecto limitado, una vez, y eso sin considerar los posibles efectos negativos de la medida. Se requieren soluciones sostenidas, como dar más competencias en el mercado de la deuda”, insistió Rodríguez.

Tasa básica pasiva alcanza su nivel más alto desde el 2019

Fuente: CR Hoy

Este miércoles, la Tasa Básica Pasiva (TBP) llegó a 6,24%, siendo este su nivel más alto registrado desde mayo del 2019, según la información del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

“Esto trae implicaciones en los próximos meses para aquellas personas que cuentan con créditos en colones indexados a esta tasa, lo que se traslada a un aumento en las cuotas de los créditos. Aunado a esto se podrían observar incrementos en las tasas de interés de los bancos, lo que afectaría los nuevos préstamos ya sean personales o empresariales en igual medida”, indicó Daniela Andrade, economista de la Bolsa de Valores.

Este crecimiento es consecuencia de las medidas respectivas del BCCR asociadas con el aumento de tasas y “se debe considerar que estas medidas tienen períodos de rezago con lo que sería posible percibir nuevos aumentos en este indicador durante las próximas semanas”.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, la TBP tenía una cifra de 6,17%.

La Tasa Efectiva en Dólares (TED) estará en 2,56% y también incremento, ya que su valor anterior era de 2,47%.

Aduanas recupera más de ¢1.100 millones por fiscalizaciones a importadoras

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda recuperó más de ¢1.100 millones como resultado de las fiscalizaciones en el control posterior realizadas a octubre de este año por la Dirección de Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas.

Estos recursos ya ingresaron a la caja única del Estado y forman parte de una determinación total de ¢5.915 millones de impuestos dejados de pagar por empresas importadoras solo durante este año. La diferencia entre el monto determinado y el efectivamente pagado se encuentra en fase de impugnación en vía administrativa, por lo que se espera una mayor recuperación una vez que las sumas determinadas adquieran firmeza y puedan ser cobradas a los importadores.

El control posterior consiste en la revisión de las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUAs), que se realiza luego del ingreso de las mercancías al país, por medio de un proceso de auditoría, en el cual se verifica la correcta clasificación arancelaria, el pago de los impuestos y el valor aduanero, particularmente de los cánones y derechos de licencia. También, se revisa la aplicación de beneficios arancelarios de los diversos acuerdos comerciales o tratados de libre comercio.

Los procesos de control posterior, realizados por parte de la Dirección General de Aduanas, se aplican a las declaraciones de importación definitiva, regímenes especiales como los de Zona Franca y Perfeccionamiento Activo, entre otros, con base en las mejores prácticas internacionales que ha emitido la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Al referirse a estas actuaciones, Gerardo Bolaños, director general de Aduanas, indicó que, en términos absolutos, tanto las cifras del monto determinado, como del recuperado, superan ampliamente los montos de los años anteriores, como resultado de una gestión más intensiva de los planes de control posterior.

Además, recalcó que, con la entrada en vigencia de la reforma a la Ley General de Aduanas, se dispondrá del pago fraccionado para facilitar el pago de los tributos dejados de percibir en Aduanas y determinados mediante las fiscalizaciones.

Hacienda designa a Cristian Barquero Álvarez como director del proyecto Hacienda Digital

Fuente: Ministerio de Hacienda

El Ministerio de Hacienda comunicó que Cristian Barquero Álvarez asumió la dirección del Proyecto Hacienda Digital.

Para elegir al director de este proyecto el Ministerio de Hacienda realizó un concurso público, que se divulgó en la plataforma SICOP y en United Nations Development Business (UNDB) a fin de garantizar la mayor participación posible de oferentes nacionales e internacionales. En total participaron 13 personas.

Don Cristian es master en Administración de Proyectos de la Universidad de la Cooperación Internacional (UCI), cuenta con un bachillerato en Ingeniería Informática de la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y Tecnología (ULACIT).

Durante los últimos años se desempeñó como Asesor de Planificación y Monitoreo del Proyecto de Hacienda Digital. Además, cuenta con más de 18 años de experiencia como consultor de proyectos nacionales e internacionales en áreas de arquitectura empresarial, banca y servicios públicos, tanto en el sector público como privado.

El nuevo director cuenta con experiencia certificada en Administración de Proyectos “Project Management Professional” (PMP) y “PMI Agile Certified Practitioner” (PMI-ACP) del Project Management Institute (PMI). Además, ha recibido capacitaciones del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en materia de Estrategias de Transformación Digital y Organizaciones Ágiles.

Al referirse a este nombramiento el ministro de Hacienda, Nogui Acosta externó: “con la llegada de don Cristian el proyecto Hacienda Digital se cumple con la estructura organizativa necesaria para llevar a buen puerto este proyecto y avanzamos en la ruta hacia la transformación tecnológica de la gestión pública, maximizar el control del gasto, la lucha contra la evasión fiscal y la atención ciudadana. Este es un compromiso país que llevaremos adelante para beneficio de las y los costarricenses”.

Debido a su amplio alcance y a su impacto sobre 800 mil usuarios que en promedio utilizan cada mes los servicios públicos vinculados con este proyecto, Hacienda Digital se convierte en el de mayor alcance de todos los que ha respaldado el Banco Mundial, organismo multilateral que lo financia, debido a que integra en esta transformación tanto el área de ingresos como la de egresos, dada la urgencia de contar con un sistema robusto y ambicioso para abarcar las necesidades de transformación tecnológica que permitirán modernizar los sistemas informáticos del Estado costarricense.

“Actualmente nos encontramos en una era de disrupción, centrada en el ciudadano y toma de decisiones basada en datos.  Para mí, es de gran orgullo el depósito de confianza otorgado, permitiéndome apoyar en este proceso, donde el éxito del proyecto Hacienda Digital brindará grandes beneficios para todo el país.” manifestó el nuevo director.

Hacienda logró captación moderada en penúltima subasta antes de pagar aguinaldos

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda vendió ¢57.205 millones y $39,7 millones en bonos de deuda interna, este lunes 21 de noviembre, durante una subasta realizada por la Tesorería Nacional. La entidad asignó la mayoría de los títulos valores, en ambas monedas, a un vencimiento de entre el 2023 y el 2035.

El resultado obtenido se consideró bajo, según especialistas bursátiles consultados por La Nación. A Hacienda solo le resta una subasta en este mes de noviembre, previo al pago del aguinaldo de los empleados del Gobierno Central, el próximo 2 de diciembre. Además, para el último mes del año tendrá otras cuatro convocatorias a inversionistas.

Este lunes la captación estuvo por debajo de otras convocatorias hechas a inversionistas. Por ejemplo, el 25 de marzo anterior asignó ¢296.364 millones. Luego, el 1.° de agosto, la institución captó ¢191.845 millones y $255 millones, y el 12 de ese mismo mes, otros $151 millones.

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo el pasado 12 de noviembre, que el Gobierno aún no ha cerrado el mes de diciembre, es decir, faltan recursos para el pago de todas las responsabilidades.

“Todavía nos hacen falta ¢125.000 millones, eso implica que vamos a tener que ir a buscar los recursos y en función de las tasas de interés que cobren los tenedores de recursos, estaríamos haciendo la evaluación”, detalló el jerarca.

En esta ocasión, Hacienda convocó a los inversionistas a la subasta mediante la plataforma del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe), en la cual se da una negociación directa entre el emisor y los interesados en comprar los bonos.

Las emisiones vendidas mediante esta plataforma están inscritas en el Registro Nacional de Valores de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), y están sujetas a valoración de los proveedores de precios existentes, lo cual permite que sean negociadas en el mercado secundario.

Resultado de negociación

En moneda nacional, se colocaron ¢22.389 millones a un título con vencimiento en el 2026, a tasa fija, a un rendimiento de 9,76%. En tanto que, para un instrumento al 2035, se asignaron ¢20.458 millones, a una tasa de interés del 9,96%, muestra la información de Hacienda.

Para el 2029, la entidad vendió ¢8.830 millones a un rendimiento de 9,85%. Mientras que, al 2023, la Tesorería asignó ¢5.530 millones a una tasa del 9%.

Para Vidal Villalobos, economista de Prival Bank, el resultado obtenido en la subasta no fue el esperado por Hacienda. Él achacó la baja captación a que los inversionistas locales encuentran una alternativa más rentable a los bonos de deuda, en colones y dólares, en los instrumentos subastados por el Banco Central, los cuales se colocan a una mayor rentabilidad.

Para Freddy Quesada, gerente de INS Valores, Hacienda captó buena parte de recursos a plazos largos, lo cual quitará presión a pagos de deuda. Sobre los incrementos en rendimiento consideró que siguen por debajo de otros instrumentos del mercado, como los intereses de las entidades bancarias.

Quesada consideró que el financiamiento obtenido no fue tan importante, pero al colonizarlo asciende a ¢90.000 millones lo cual es adecuado.

En dólares, la institución vendió títulos por $19 millones en un instrumento con plazo de vencimiento al 2026 y a un rendimiento del 6,26%. Al 2023, fueron $13 millones a una tasa del 4,75% y, para el 2029, la asignación fue de $7,7 millones.

Ajuste en rendimiento

El resultado de la subasta de Hacienda muestra un ascenso en las tasas pactadas. Por ejemplo, la Tesorería brindó al bono en colones, al 2026, un rendimiento de 9,26%, en setiembre pasado. Esto quiere decir, 0,5 puntos porcentuales (p. p.) adicionales en un plazo de dos meses para el mismo instrumento.

Al título con vencimiento al 2029, la tasa de este lunes fue de 9,85%, pero en febrero anterior, se le había asignado un rendimiento de 6,16%, con lo cual se dio un ajuste de 3,69 p. p., según el registro del sitio web de Hacienda, para el mismo instrumento.

Al igual que con los colones, en moneda extranjera también hay un ajuste al alza en los rendimientos. Por ejemplo, al título del 2026, la Tesorería le había asignado una tasa del 4,52%, en febrero pasado, es decir, y ahora colocó al 6,26%, un incremento de 1,74 puntos.

Villalobos comentó que el incremento en tasas de interés se da por el alza en la inflación local e internacional. También consideró que, pese al aumento, Hacienda enfrenta la presión del Banco Central para elevar aún más sus tasas de interés.

Sin embargo, la Tesorería no ha hecho el ajuste que los inversionistas esperaban.La explicación estaría en que el Gobierno esperaba cerrar la negociación política de los eurobonos, la cual concretó la noche del lunes por $5.000 millones. Además, de que espera obtener la aprobación de créditos externos.

En el Congreso está pendiente la autorización del uso de los $270 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI); $300 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y $100 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Eliminar IVA en el pago del marchamo es lo que propone diputado Jorge Dengo

Fuente: La República

Reducir la carga de impuestos que pagan los costarricenses motivó al diputado Jorge Dengo, a presentar un proyecto de ley, que eliminaría el IVA en el pago del marchamo.

La iniciativa, quitaría el tributo de 13% que se paga en el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA).

“Uno de los ejes centrales de mi despacho es bajar el costo de la vida, por eso presentamos esta propuesta, con el fin de que los costarricenses comiencen a sentir un alivio en sus bolsillos, esperamos lograrlo con esta iniciativa”, apuntó el diputado.

Y es que el IVA es un tributo regresivo que no considera la capacidad económica del contribuyente para su imposición, según Dengo.

Para el 2023, no fue posible habilitar una reducción en el pago del derecho de circulación.

Seis organizaciones agrícolas solicitan al presidente que rechace acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico

Fuente: Semanario Universidad

La participación de Costa Rica en la Alianza del Pacífico tendría un alto costo para el sector de productos lácteos y derivados, arroz, café, aceite de palma, papa, cebolla, tomate, zanahoria y algunos productos cárnicos, explicaron.

Seis organizaciones líderes del sector agro anunciaron su oposición completa a la adhesión de Costa Rica al bloque comercial Alianza del Pacífico porque afirman que las personas agricultoras que nos alimentan desaparecerán, que el país dejará de producir su propia comida y que los precios de los alimentos nunca bajarán.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, representantes de las seis organizaciones solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que rechace el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico.

Mientras esto sucede en el país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy que plantea cancelar la cumbre de jefes de Estado de la Alianza del Pacífico -prevista para el 25 de noviembre – por la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo, a quien el Congreso de su país denegó el permiso para el viaje.

Sin embargo, López Obrador mantendrá su reunión bilateral prevista para el 27 con el presidente Rodrigo Chaves, informaron medios mexicanos.

Los representantes de las organizaciones explicaron que si Costa Rica se adhiere al bloque Alianza del Pacífico se eliminarán las exclusiones de productos y los aranceles negociados de forma bilateral e independiente en los tratados bilaterales de libre comercio que Costa Rica ya tiene con cada uno de los países miembros, que son México, Colombia, Chile y Perú.

Es decir, la adhesión a la Alianza significa una desgravación arancelaria total, que significa que se eliminarán los impuestos que se cobran en las fronteras al ingreso de productos agrícolas de otros países, para proteger la producción nacional.

La participación de Costa Rica en la Alianza del Pacífico tendría un alto costo para el sector de productos lácteos y derivados, arroz, café, aceite de palma, papa, cebolla, tomate, zanahoria y algunos productos cárnicos, que son los productos que están con exclusiones de la desgravación arancelaria, actualmente, explicó Álvaro Sáenz Saborío, expresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Sáenz señaló que no se vale que les cambien las reglas de los tratados que ya tiene Costa Rica con México, Colombia, Perú y Chile, que protegen los sectores agrícolas sensibles e incluyeron exclusiones tan importantes como papa, cebolla, productos lácteos y cárnicos.

“No se vale que ahora vengan a decirnos que hay que renegociar, que hay que eliminar las exclusiones”, declaró Sáenz.

“Esto es una adhesión, usted no cambia las reglas del club una vez que está dentro y las reglas internas del club son que esas exclusiones se quitan. La única negociación son los periodos de desgravación (en cuanto tiempo se eliminan los araceles)”, aclaró Sáenz.

José Oviedo, secretario general de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), envió un mensaje también a los diputados, ya que en caso de que el Gobierno de Costa Rica firme la adhesión a la Alianza del Pacífico, el acuerdo deberá ser ratificado por la Asamblea Legislativa.

“Probablemente esta semana va a salir el anuncio de que el señor presidente va a firmar la adhesión a la Alianza del Pacífico; pero este proyecto va a ir a la Asamblea Legislativa y ustedes y nosotros tenemos la responsabilidad de que eso no pase”, dijo Oviedo.

Rigoberto Vega, presidente de la CNAA, dijo a UNIVERSIDAD que en estos días el sector agro estará informando a la población lo que el acuerdo significará para el sector agrícola; pero que las puertas del diálogo con el Gobierno están abiertas. También afirmó que conversarán con diputados y diputadas “porque finalmente ahí es donde se aprueba la adhesión o no al bloque comercial”.

Mientras que Sáenz recalcó que van a esperar a que el presidente y los diputados acojan este llamado porque “son ellos los que tienen que ratificar o no este tratado”. Sin embargo, agregó: “Si el presidente nos llama a negociar iremos; pero después de que él venga de México”.

Al ser consultado si los agricultores planean movilizaciones, Guido Vargas Artavia, secretario de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional), dijo: “Creemos que el presidente todavía tiene tiempo de rectificar. Actuemos como una sociedad inteligente, nosotros esperamos que se atienda nuestro llamado. No quisiéramos de ninguna forma tener que dejar la finca para sacar muchas horas en defensa del sector productivo de este país y el derecho a seguir produciendo la tierra”.

“Esperamos que el presidente Chaves acoja nuestra petición de rechazo a la Alianza del Pacífico”, recalcó Vargas.

En la conferencia de prensa también participaron Jaime Rojas Mena, secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), Gustavo Elizondo, representante del Frente Agroindustrial Cooperativo y Aura Martínez, presidenta de la Corporación Hortícola Nacional.

Administraciones pasadas reconocían impacto en agro

La Alianza del Pacífico (AP) es un bloque comercial fundado en 2011 en el que participan México, Colombia, Perú y Chile, en un proceso de integración económica que implica la desgravación arancelaria y pretende que este bloque de países pueda negociar como región frente al bloque de países Asia-Pacífico.

Costa Rica participó como observador desde el 2012, y en el 2014 anunció durante el gobierno de Laura Chinchilla su interés en sumarse a la Alianza; pero las administraciones posteriores de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y de Carlos Alvarado (2018-2022) paralizaron la iniciativa, en medio de dudas sobre su impacto en el sector agrícola.

Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves anunció el 8 de julio que se retomaban las gestiones para incorporar al país a esta plataforma de integración regional.

El pasado 20 de octubre la Cancillería informó que el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico dio luz verde a las negociaciones para que Costa Rica se integre a ese bloque.

Menor consumo causa caída en ingresos del IVA

Fuente: La Nación

La baja en el consumo de los hogares y las empresas provocó este año una caída real en la recaudación del impuesto sobre el valor agregado (IVA), pero los ingresos totales del Gobierno se vieron compensados por el tributo sobre la renta.

El IVA tuvo un decrecimiento real de 3,9% hasta setiembre pasado. A ese momento, los ingresos fueron de ¢1.554.177 millones, frente a los ¢1.617.034 millones del mismo periodo del 2021, según la elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda. El dato del año pasado, La Nación lo trajo a términos reales del 2022, para descontar el efecto inflacionario de los últimos 12 meses.

Las estadísticas de Hacienda, en los primeros nueve meses del año, registran ingresos tributarios totales de ¢4.604.772 millones, es decir, un incremento del 5%, frente a los ¢4.384.739 millones, del mismo periodo del 2021.

La merma registrada coincide con los registros y proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR) de que el consumo pierde fuerza en el país. Para Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda, la desaceleración económica tendrá los efectos más relevantes a nivel de recaudación en el 2023. Para este 2022 él prevé un balance positivo.

Reconoció que su preocupación es que, en el 2023, la situación de recaudación tributaria no estará clara y el superávit primario depende de los ingresos impositivos, y favorece el control de la deuda.

Para el economista José Luis Arce Durán la desaceleración de la demanda interna, producto del shock inflacionario y la política monetaria restrictiva, va a tener un impacto sobre la recaudación tributaria, pues una buena parte de ella grava el gasto de empresas y hogares.

Para el director de FCS | Análisis & Estrategia el efecto más relevante se registrará a finales de 2022 y primer semestre de 2023.

El consumo final de los hogares empezó a perder fuerza a mediados del año pasado. En el tercer trimestre del 2021, se llegó a una tasa de variación interanual del 10,82%. Pero en los cuatro siguientes trimestres empezó a desacelerarse hasta alcanzar el 3,5% en los meses de julio, agosto y setiembre de este año, según la información publicada en la web del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Al desagregar las compras de las familias, los datos muestran que el freno al consumo se puso en las compras ligadas a los combustibles, alimentos y bebidas. A esta categoría se le conoce como bienes no duraderos y, en el tercer trimestre de este año, reportaron una variación del 2,76%, pero al mismo periodo del 2021, era del 10,55%.

En la categoría de los bienes semiduraderos como ropa, calzado y aparatos eléctricos del hogar para los meses de julio a setiembre del 2022, el consumo de los hogares tuvo un crecimiento porcentual del 8,81%, lo cual implicó un freno frente al 16,43% en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con los datos del BCCR.

“La desaceleración del consumo privado es congruente con el deterioro en la confianza de los consumidores. Los incrementos del tipo de cambio en el primer semestre y de las tasas de interés, el proceso inflacionario que ha experimentado el país (...) han reducido el ingreso disponible de los hogares”, sostuvo el Banco Central en su Informe de Política Monetaria.

Impacto en IVA

Al desglosar el tributo por origen se muestra que las compras de hogares y empresas, vinculadas al consumo interno, tuvieron una leve alza real del 2,9%, pues pasó de ¢972.728 millones, a setiembre del año pasado, a ¢1.001.835 millones, este 2022.

La contracción del IVA se explica, principalmente, por los productos adquiridos en el extranjero y recaudados por Aduanas. Hasta setiembre anterior, el ingreso fue de ¢552.342 millones, o sea, decreció 14,8% en términos reales con los ¢644.306 millones acumulados en los primeros nueve meses del año pasado, muestran los datos de Hacienda

El ministro de Hacienda consideró que el tributo cerrará el año con crecimiento nominal (sin descontar la inflación) porque debe sumarse el efecto de la eliminación de las tasas reducidas del IVA, como en construcción; y el consumo ligado al turismo.

“El pacto (en recaudación) no es tan directo. La gente no deja de consumir de manera importante de un momento a otro. Para este año la actividad económica se mantiene y veríamos el efecto hasta mediados del otro año”, afirmó Acosta.

Sin embargo, para el economista Daniel Ortiz Álvarez los consumidores son más cautelosos con sus compras porque los precios se incrementaron rápidamente, al igual que las tasas de interés, lo cual genera un deterioro en las expectativas, apuntó.

El director ejecutivo de Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) dijo que a nivel empresarial también ve una merma en la inversión y consumo, reflejo de la menor demanda de los clientes, lo cual también pasa factura a nivel impositivo.

La encuesta Retailers Golden Trends, elaborada por la empresa Kantar Worldpanel, determinó que el 54% de las familias costarricenses finalizan el mes con números rojos y han hecho un proceso de recorte de sus gastos.

Renta esencial

El impuesto sobre la renta es el tributo que sostiene la recaudación, mucho impulsado por la reforma fiscal del 2018, que aplicó una serie de cambios en el tributo como en el caso de la renta de capital, apuntó Nogui Acosta.

Este tributo generó, hasta setiembre pasado, ingresos por ¢1.852.637 millones lo cual significó un crecimiento, en términos reales, del 8% comparado con los ¢1.714.498 millones, en el mismo periodo del 2021, según los datos elaborados por este diario con información de Hacienda.

El director de FCS Capital destacó que renta muestra, hasta el momento, una resiliencia a la desaceleración de la actividad económica del país. Tal situación ocurre, apuntó, porque Tributación cuenta con mayores controles sobre los contribuyentes y por la forma en cómo se calculan los pagos parciales.

Sin embargo, subrayó que tarde o temprano las ganancias empresariales caerán y el tributo también se desacelerará.

En tanto, el director de Cefsa comentó que la alta inflación tiene un efecto en la facturación de las empresas por el ajuste de precios, pero no necesariamente porque estén vendiendo más, con lo cual también puede perder fuerza, como en el caso del IVA.

Nogui Acosta rebate condiciones de PLN y FA sobre eurobonos: ‘Hacienda Digital estará en 2027′

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rebatió las condiciones que los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) plantean para el endeudamiento internacional en eurobonos solicitado por el Gobierno.

Ambas bancadas piden al Ejecutivo cumplir con la colocación de escáneres en aduanas, la implementación completa del proyecto Hacienda Digital, la reducción de la brecha fiscal en tres impuestos y un plan de reactivación económica.

Acosta se mostró abierto a buscar acuerdos, pero expuso sus objeciones y por qué defiende el monto de $6.000 millones en eurobonos.

Escáneres en aduanas

Sobre los escáneres, el ministro dijo que su instalación va de la mano con la modernización de las aduanas y que de esa labor se encargará el Programa de Integración Fronteriza (PIF), ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que modernizará las aduanas en las fronteras con Nicaragua y Panamá.

Este proyecto es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y conlleva una etapa de construcción e instalación de los aparatos. “Tenemos que calzar el tiempo para poder colocar escáneres cuando la construcción esté lista. Lo que pasa es que los procesos constructivos no son sencillos. Lo que estamos planteando a los diputados es trabajar un cronograma para poder coordinar su colocación con la finalización de las obras”, apuntó Acosta.

Hacienda Digital

Sobre Hacienda Digital, un programa para modernizar los sistemas de Tributación, Aduanas, Gestión Financiera y Recursos Humanos, con tal de mejorar el cobro de tributos y reducir la evasión fiscal, Acosta dijo que la administración anterior estableció su implementación completa para el 2027.

“Si decimos que Hacienda Digital debe estar completamente establecido en 2027, pues el proyecto de eurobonos no tiene efecto porque no podríamos hacer ninguna emisión hasta ese año. Y ya no habría tiempo para que el Gobierno y el país puedan solventar los problemas de pagos de deuda que tenemos en los próximos años”, respondió el ministro.

Cumplimiento tributario

Durante la discusión de eurobonos, Sofía Guillén y Monserrat Ruiz, del FA y de del PLN, han insistido en que el Gobierno reduzca en un año la brecha de cumplimiento tributario de los impuestos al valor agregado (IVA) y renta. La brecha es la diferencia entre lo que se podría haber recaudado vía legislación vigente versus lo que se está recaudando realmente.

Acosta dijo que Guillén ha planteado requisitos con base en datos del 2018, cuando aún no se había implementado la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esa reforma fiscal se empezó a aplicar en julio del 2019, explicó el jerarca. Agregó que, en el año 2020, desmejoró la recaudación de impuestos por la pandemia. En 2021, la economía se estaba recuperando, pero hubo rezago en el pago de tributos y, en el año en curso ocurrió el hackeo a Hacienda que afectó la contabilidad.

Por eso, él propone construir unos nuevos indicadores más claros, en los que se tome en cuenta el eventual impacto de una reevaluación del producto interno bruto (PIB) por parte del Banco Central.

“Si se establece que la recaudación del impuesto es 100 y, resulta que con la reevaluación del PIB logro menos de 100, aunque recaude más impuestos, se indicaría en el parámetro que no estoy capturando el impuesto potencial”, alegó Acosta.

Finanzas sanas para reactivar economía

En cuanto al plan de reactivación económica, el ministro dijo que esta empieza por tener finanzas públicas sanas, para crear espacios en el mercado local del crédito para el sector productivo. Por eso, dijo, se requieren colocar eurobonos en el mercado externo.

“¿Qué reactivación se tendrá cuando Hacienda vaya al mercado a captar todo el ahorro nacional y las tasas de interés se conviertan en prohibitivas?”, cuestionó.

Reforma a la Ley de Aduanas

Acosta también declaró que la gente no visualiza lo que ha aprobado el actual Congreso. Mencionó que la reforma a la Ley de Aduanas incluyó la subfacturación como parte del contrabando fiscal y calificó su práctica como delito penal. Esta falta consiste en declaración de la mercancía por un valor inferior al de su transacción, con el fin de disminuir impuestos.

Antes de este cambio, la legislación solo contemplaba como contrabando lo que no se reportaba en los puestos de aduanas, explicó el ministro. “Sí hay acciones que ya se han tomado”, planteó el ministro.

Todos estos temas serán puestos sobre la mesa el próximo lunes 21 de noviembre, cuando se abra una discusión con los diputados del foro de Económicos en Presidencia, adelantó el ministro.

Hacienda insistirá en $6.000 millones

Acosta insistió en que el Gobierno se mantiene abierto a discutir los requisitos, pero insistirá en que se aprueben $6.000 millones en eurobonos. EL FA y PLN plantean $3.000 millones.

Dijo que la primera cifra es mejor porque le daría mayor margen al Gobierno para afrontar una nueva coyuntura de contención del gasto.

Con una autorización menor se haría difícil contener el gasto público, dado el aumento en el pago de intereses de la deuda pública, añadió el jerarca. El 47% del Presupuesto Nacional del 2023, de ¢12.2 billones, se destinará al servicio de la deuda.

Según Acosta, los $6.000 millones abrirían espacio fiscal para el gasto social y la inversión en carreteras, además de afrontar los vencimientos de deuda.

El ministro refutó lo asegurado por Guillén en el foro de Económicos, de que para terminar el Gobierno solo necesitaría una autorización de $3.000 millones.

“No es cierto. Con $3.000 millones lo que pasará es que, durante dos años, habrá una pequeña estabilidad, pero en 2026 el Gobierno que llegue se encontrará exactamente el mismo panorama que nos encontramos nosotros y eso no se vale, porque quienes lo pagan son los costarricenses”, finalizó el ministro.

Hacienda deshabilitará ATV el próximo jueves 24 de noviembre

Fuente: CR Hoy

El Ministerio de Hacienda informó que suspenderá el servicio de la plataforma Administración Tributaria Virtual (ATV) el próximo jueves 24 de noviembre.

Las autoridades indicaron que la suspensión se llevará a cabo desde la medianoche hasta las 4 a.m. del jueves para hacerle un mantenimiento y actualización.

Debido a ello, el Ministerio ofreció otra alternativa que utilizar durante ese tiempo, el Facturador Gratuito del Ministerio de Hacienda.

”Las personas que en este lapso tengan que utilizar el Facturador Gratuito del Ministerio de Hacienda, deberán emplear los comprobantes provisionales. Una vez restablecido ATV, tendrán que generar las facturas electrónicas correspondientes, según el artículo 23 del Reglamento de Comprobantes Electrónicos”, señaló el Ministerio en su página de Facebook.

Además, señaló que los contribuyentes no podrán generar ni revocar llaves criptográficas, ni usuarios, ni contraseñas durante ese tiempo.

El Ministerio de Hacienda también deshabilitó la plataforma la madrugada de este viernes.

Facebook Live: Paraísos Fiscales y Precios de Transferencia en Costa Rica

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 21 de noviembre a las 3:00 p.m. con el tema:

Paraísos Fiscales y Precios de Transferencia en Costa Rica, a cargo de nuestra especialista, la Licda. Zaira Mora.

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Les esperamos!

Subsidiaria tecnológica del BCR incumplió regla fiscal, según Contraloría

Fuente: CR Hoy

Banprocesa S.R.L., una empresa pública no financiera que opera como subsidiaria y prestataria de servicios tecnológicos para el Banco de Costa Rica (BCR) se excedió en el crecimiento de sus gastos durante el 2021, más allá de lo permitido en la regla fiscal.

Así lo determinó la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-CAP-3435 de este 14 de noviembre, al señalar que el 15 de febrero de 2022, Banprocesa, S.R.L. remitió para conocimiento de la Contraloría General la liquidación presupuestaria del periodo 2021, en la cual esa Institución indica que el monto ejecutado de gasto corriente fue de ¢2.739,6 millones.

El monto establecido como límite era de ¢1.821,11 millones.

Esto indicó la Contraloría:

  El 29 de abril de 2022, la Contraloría General emitió el informe N° DFOE-FIP-IF-00006-2022 denominado “Informe sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal para el ejercicio económico 2021”, en el cual se indica que Banprocesa, S.R.L. no cumplió con la regla fiscal, por cuanto el crecimiento del gasto corriente sobrepasó el límite establecido en el oficio N° DM-0321-2020 del 27 de marzo de 2020. El citado documento fue comunicado a la Asamblea Legislativa como parte de la memoria anual, y se encuentra publicado en la página web de la Contraloría General. 13. El 2 de septiembre de 2022, mediante oficio DM-2265-2022 el Ministerio de Hacienda comunica a Banprocesa, S.R.L. que dicha empresa “No cumple, como empresa participante de manera abierta en el régimen de competencia”, y por lo tanto se encuentra sujeta al cumplimiento de la regla fiscal dispuesta en la Ley N° 9635.

De acuerdo con el sitio web del BCR el Conglomerado Financiero BCR se compone de 7 entidades que se especializan en las áreas de: Banca y Finanzas, Inversiones en Bolsa, Fondos de Inversión, Pensiones, Seguros, Comercio Exterior, Desarrollo Tecnológico, Depósito y Almacén Fiscal.

Banprocesa S.R.L. fue creada como Sociedad de Responsabilidad Limitada, el 4 de noviembre del 2013, pero es hasta el 8 de octubre del 2018 que la Junta Directiva General aprobó el inicio de sus operaciones. Su objetivo es prestar servicios de desarrollo y mantenimiento de software de ciertos sistemas estratégicos del BCR y sus subsidiarias.

Debido al incumplimiento, el Ente Contralor le ordenó a la entidad:

  Efectuar una revisión de los procesos presupuestarios institucionales, con el fin de identificar, a partir de un análisis de riesgos, los controles requeridos dentro de las fases del ciclo presupuestario, para asegurar el cumplimiento a la regla fiscal prevista en el Título IV de la Ley N° 9635.
  A partir de la identificación realizada en cumplimiento de lo ordenado en el punto 1; definir, establecer e implementar mecanismos de control sobre la totalidad del ciclo presupuestario, con el fin de que se asegure que la presupuestación sea conforme con los límites de regla fiscal definidos para cada periodo presupuestario.
  Implementar acciones de monitoreo periódico del presupuesto institucional para asegurar la observancia de los límites de la regla fiscal. Para ello deberá designarse un responsable institucional, quien deberá además contar con medios de comunicación oportuna de alertas y riesgos al jerarca institucional.

Urge aprobar proyecto SIMPLE para disminución de impuestos, señala Feinzaig

Fuente: El Mundo CR

El jefe de fracción del Liberal Progresista, Eli Feinzaig, explicó de qué se trata y por qué urge, como país, aprobar el proyecto SIMPLE.

«La simplificación tributaria y disminución de impuestos no es solo una promesa de campaña política, es una medicina justa y necesaria para hacerle más sencilla la vida a la gente y más barata la recaudación de tributos al Estado», señaló Feinzang.

«SIMPLE es un acrónimo de Simplificación de Impuestos Para Levantar la Eficiencia, es parte de un proceso que vamos a llevar a lo largo de estos 4 años para simplificar el sistema tributario costarricense», aclaró el diputado.

Feinzang explicó que «en Costa Rica encontramos que hay 191 impuestos, de hecho antes de que nosotros hiciéramos esta investigación, lo que se creía era que en Costa Rica había alrededor de 100-105 impuestos de acuerdo con un listado que tenía publicado el Ministerio de Hacienda, nosotros nos dimos a la labor de investigar en las leyes y con diferentes instituciones y nos encontramos 191 impuestos».

Añadiendo que «más de 50 administraciones tributarias, quiere decir, más de 50 entidades que cobran esos impuestos, no hay un cobro centralizado, entonces en esa dispersión se le complica la vida a la gente, pero además se pierde un montón de dinero, nadie sabe exactamente quién paga qué y quién lo recibe».

El legislador indicó que «el proyecto que presentamos, fue un proyecto bastante sencillo, en esa lista de impuestos nos encontramos 12 que no cobran nada o cobran muy poquito y sin embargo le representan a quienes lo tienen que pagar, una carga, sobre todo en términos del tiempo que tienen que dedicar al cumplimiento de esos impuestos. No son impuestos viejos, algunos sí, pero no todos, son impuestos que están ahí en la legislación y por diferentes motivos no se cobran efectivamente, entonces como no generan nada para el fisco y no le abren un hueco fiscal, proponemos eliminarlos».

«Pero SIMPLE, es una serie de proyectos de ley, ya estamos trabajando en SIMPLE II, SIMPLE III y SIMPLE IV, que son en diferentes etapas que vamos a ir eliminando impuestos en algunos casos unificando varios impuestos menores en un solo impuesto que le recupere al Gobierno, porque no queremos dejar al Gobierno desfinanciado, pero la idea es ojala, poder terminar con un sistema Tributario con muy pocos impuestos pero bien cobrados que le generen al gobierno los recursos que necesita para poder dar los servicios», agregó.

Según Feinzang «menos impuestos por pagar es menos costo para el contribuyente en tiempo de llenado de formularios, y en costo financiero de contratación de contadores y de asesores fiscales».

«Lo que queremos es dinamizar la economía y un elemento esencial de la dinamización de la economía es devolverle a los costarricenses el tiempo que hoy pierden, cumpliendo con un sistema fiscal tan complicado y racionalizando la cantidad de impuestos, mejorando la recaudación, para que entonces el gobierno pueda dedicarse con esos recursos a dar los servicios que la población espera», concluy

Gobierno reveló a FMI sus planes en materia de impuestos: ¿Cuáles reformas planteará?

Fuente: El Financiero

El Gobierno de la República redactó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva actualización de su Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, en el marco del programa de Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) por $1.778 millones que el país tiene en marcha con la entidad.

En ese documento –que establece las políticas económicas y las reformas estructurales que el Gobierno propone para lograr los objetivos del programa de financiamiento–, las autoridades describieron varias reformas y medidas en materia de impuestos que pretende aplicar para lograr sus objeticos fiscales de mediano y largo plazo,

Se incluyeron reformas al Impuesto sobre la Renta, eliminaciones de exoneraciones y hasta un nuevo sistema de cargas para impulsar la transición energética en el transporte privado.

Hasta ahora, el Gobierno ha recibido dos tractos por un total de $540 millones por parte del Fondo como parte del SAF en marcha. Además, recibió la autorización para un nuevo desembolso de $270 millones antes de finalizar el año y quedan por concretarse otras tres transacciones más en el próximo año y medio. Estas únicamente se concretarán si el Fondo evalúa que el país cumple con sus objetivos fiscales y de política económica.

Impuesto sobre la renta

El Gobierno redactó al FMI que presentará, a finales de diciembre, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reformar el Impuesto sobre la Renta. Específicamente, dijo que perseguirá un plan “para aumentar la equidad horizontal y vertical al gravar los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena, pensionados y trabajadores por cuenta propia bajo una única tasa”.

En otras palabras, el Gobierno confirmó su intención de proponer un nuevo sistema de renta global

Los sistemas de renta global obligan a los contribuyentes a pagar su Impuesto sobre la Renta de todas las ganancias que perciben en un solo procedimiento (y bajo una sola escala de tarifas). Actualmente, en Costa Rica, las personas pagan el gravamen por separado, dependiendo del origen de sus ganancias (por ejemplo, su trabajo asalariado y su trabajo independiente, si realiza ambos).

El Gobierno también afirmó al Fondo que su plan de reforma “armonizaría completamente” la tasa para las rentas y ganancias de capital. Además, indicó que se “ampliaría la base imponible” del gravamen, “incluyendo los dividendos distribuidos por las empresas en las zonas francas y eliminando el sistema progresivo dentro del Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas, manteniendo el régimen existente para las pequeñas y medianas empresas”.

La reforma al impuesto de renta, indicó el Poder Ejecutivo, también incluiría dentro de sus cambios el cobro del tributo sobre “las rentas de capital obtenidas en el extranjero por residentes costarricenses”.

Según el Poder Ejecutivo, la intención es que el proyecto de ley con todos estos planteamientos se apruebe a finales de septiembre de 2023 y que su rendimiento sea de al menos un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Todos estos cambios, afirmó la administración, fueron plantados tras una “revisión detallada” con la asistencia técnica del propio FMI.

Dicha revisión la había avisado en julio pasado, durante una entrevista con EF, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En aquella ocasión, el jerarca afirmó que no podía dar detalles sobre las nuevas tarifas del gravamen y estas todavía no fueron especificadas por el Gobierno.

Exoneraciones

Las autoridades costarricenses también aseguraron al FMI que el país asumirá el mandatos que, por ley, le fue encomendado en 2022 de “evaluar periódicamente los gastos tributarios (exoneraciones ) y eliminar aquellos que ya no sirven para el propósito previsto”.

En ese sentido, el Gobierno adelantó al Fondo que promoverá la eliminación del trato diferenciado del IVA para las tarifas aéreas, así como la exención de impuestos sobre el alquiler de automóviles.

Los boletos aéreos actualmente pagan una tarifa reducida del 4% del IVA cuando su origen o su destino es el territorio nacional; y el impuesto se cobra sobre la base del 10% de su valor cuando se trata de transporte aéreo internacional.

El proyecto de ley para reformar ambas cuestiones, dijo el Gobierno, se presentaría a la Asamblea Legislativa a fines de noviembre de 2022.

El Gobierno señaló que es su intención continuar eliminando los gastos fiscales con un costo social mayor a su beneficio.

“Continuaremos con la eliminación gradual programada de las tasas reducidas de IVA para el sector turístico y los servicios de construcción”, señaló al Fondo. “Se espera que esto, junto con los rendimientos adicionales del Impuesto sobre la Renta que no se realizaron antes debido a la aplicación de las reglas de capitalización, genere un rendimiento del 0,1% del PIB”.

Sistema ambiental

Por último, el Gobierno indicó al FMI que introducirá un esquema de feebates que permita incentivar el reemplazo de vehículos privados altamente contaminantes y promover los planes nacionales de descarbonización.

Algunos programas de feebates implican la imposición de tarifas por la compra de vehículos emisores de dióxido de carbono y el uso de esos recursos para incentivarla compra de otros con menores emisiones; sin embargo, el Gobierno no describió al Fondo su propuesta en detalle.

Programa y nuevos recursos

El programa de SAF que Costa Rica mantiene en marcha con el Fondo Monetario Internacional camina a buen ritmo. El país cumplió las metas las metas fiscales hasta junio pasado y ahora recibirá un tercer desembolso del organismo por $270 millones antes del cierre de 2022.

Entre otras cuestiones, el Gobierno Central alcanzó hasta junio un superávit primario (ingresos menos gastos sin contar el pago de intereses) de ¢576.970 millones (un 1,3% del PIB), lo cual cuadruplicó la meta que había trazado el Fondo, de ¢144.000 millones.

El país también cumplió metas relacionadas con el acumulado de deuda pública y el acumulado de reservas internacionales netas, entre otras.

La próxima revisión del Fondo se realizaría en marzo del 2023, con base en lo alcanzado por el país hasta fin de año. El Fondo espera que Costa Rica alcance un superávit primario de ¢287.000 millones, que sus reservas netas sean de al menos $3.830 millones y que su acumulado de deuda pública no supere los ¢29,6 billones.

Además de los recursos del programa SAF, por un aproximado de $1.778 millones, el Poder Ejecutivo también consiguió la aprobación de un nuevo crédito por $725 millones a través del programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS),recién lanzado este año para respaldar a los países pobres o vulnerables frente a las dificultades a largo plazo causadas por el cambio climático.

Dichos recursos se desembolsarían en tres tractos al país entre 2023 y 2024 y, según indicó el ministro Acosta a EF, los recursos podrán usarse para reemplazar deuda interna y generar ahorros que permitan impulsar agendas fiscales, o bien financiar las propias acciones en sí mismas.

Autorizar US $6.000 millones en “eurobonos” conviene a pesar de la mejora fiscal

Fuente: Semanario Universidad

El alto déficit financiero más los vencimientos de la deuda suman un 10% del PIB, que sería muy costoso cubrir con deuda interna, explica.

El país se apresta a recibir casi mil millones de dólares (US $995 millones), luego de que el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer la tercera revisión del programa pactado por la administración Alvarado, más la primera solicitud del nuevo Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad de ese organismo.

El manejo fiscal de los últimos años recibió así un importante respaldo ante la importante mejora alcanzada en el balance de las finanzas públicas, desde la reforma fiscal del 2018.

Esto llevó al exministro de Hacienda de la pasada administración, Elian Villegas, a resaltar los resultados consignados en el último boletín de cifras fiscales de esa entidad, en un artículo publicado en La Nación, la semana pasada, en el cual también abogó para que la Asamblea Legislativa autorice al Ejecutivo emitir hasta US $6.000 millones en “eurobonos”.

Como resultado del fuerte ajuste llevado a cabo, el superávit primario (ingresos por impuestos menos gastos corrientes) a setiembre, fue de un 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

La razón deuda/PIB, bajó del 68% registrado el año pasado a un 63,1% del PIB, (4,9 puntos porcentuales ーp.p.ー menos). Además, se logró el menor déficit financiero de los últimos 10 años (₡750.762 millones o un 1,7% del PIB).

Como efecto de todo lo anterior, el riesgo país de Costa Rica hoy está 107 puntos por debajo del promedio regional (EMBI Latam) y 29 puntos por debajo del promedio mundial (EMBI global). “Es decir, estamos mejor que ambos parámetros”, comentó Villegas.

Sin embargo, el exministro también recordó que, a pesar de estos éxitos, el pago de intereses de la deuda alcanzó ₡1.753.627 millones (un 3,9% del PIB), la suma más alta de los últimos 17 años.

Dado el claro mejoramiento de las finanzas públicas, consultamos al ex presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el economista Rodrigo Cubero, acerca de la pertinencia actual de los eurobonos. A continuación, sus respuestas.

Las cifras fiscales del país han mejorado significativamente ¿Sigue siendo necesario que la Asamblea Legislativa autorice al Gobierno emitir eurobonos por US $6.000 millones como propuso la administración Alvarado y ratificó el FMI en su pasada visita?

ーSí, es necesario para el país. El Gobierno tiene un déficit importante y a pesar de que se ha venido reduciendo, es necesario financiarlo. Junto con los vencimientos de deuda en los próximos años, estamos hablando de financiar alrededor del 10% del PIB. Es una suma muy cuantiosa.

Para que el Gobierno no tenga que buscar eso en el mercado doméstico, es importante darle acceso a recursos internacionales como los eurobonos y por supuesto que también a los créditos de apoyo presupuestario de los organismos multilaterales.

Pero los eurobonos permiten, cuando las condiciones financieras internacionales sean mejores a las locales, como ha sido normalmente en los últimos años, que el Gobierno se financie de una forma más barata y que no presione tanto al mercado doméstico.

Además, al reducir la incertidumbre sobre la situación fiscal, mejora la confianza en la economía, en la situación fiscal, reduce las tasas de interés para el Gobierno y para todos los costarricenses y también beneficia el consumo, la inversión, el crecimiento económico y el bienestar.

Es también muy necesario recalcar que es una autorización para emitir los eurobonos en un cronograma de cuatro años, con un máximo de US $1.500 millones por año, no una obligación. Eso quiere decir que, una cuando tenga la autorización, el Gobierno debería considerar cuáles son las condiciones financieras en el mercado internacional en relación con las domésticas y si es conveniente o no salir a hacer la captación internacional y por cuántos montos.

Eso es algo que quedará sujeto a la evaluación de los técnicos de Hacienda con los bancos internacionales de inversión que asesoren al Gobierno en ese esfuerzo. El déficit va a tener que financiarse y si no se hace externamente tendrá que ser con deuda doméstica, de manera que es simplemente una sustitución de una fuente de deuda por otra. Esto no aumenta el tamaño del endeudamiento del Gobierno.

En la Asamblea Legislativa se presentan dos argumentos para oponerse a otorgar la autorización por la totalidad de los US $6.000 millones en eurobonos. El primero tiene que ver con la precaución ante conductas que sugieren que el gobierno podría no ser exigente con la disciplina fiscal. ¿Qué puede decir a esto?

ーSí, es muy necesario, por parte de la Asamblea Legislativa, verificar que se mantenga el compromiso firme con la disciplina fiscal. Pero el Gobierno queda sujeto a esa verificación por dos vías: primero, que el presupuesto ordinario y los extraordinarios pasan por la Contraloría General de la República, la cual tiene que verificar el cumplimiento de la regla fiscal. Eso es fundamental.

Segundo, tienen que pasar por la Asamblea Legislativa misma. De manera que los legisladores tienen, en sí, en el instrumento presupuestario, el control del tamaño total del gasto público y de su asignación, que habrá pasado por el control de la Contraloría.

El diseño institucional en Costa Rica garantiza que los diputados, que en la estructura parlamentaria actual son mayoritariamente de la oposición, tengan la última palabra, el último control sobre cómo se asigna el gasto y el tamaño del gasto.

Es importante que se introduzcan condiciones para las emisiones de eurobonos que vengan en años sucesivos, pero esas condiciones deberían ser el cumplimiento de la regla fiscal y el cumplimiento de las metas con el FMI.

No basta con el cumplimiento de las metas con el FMI, porque estas tienen cierto nivel de holgura. Es importante que, además de eso, se establezca que debe cumplirse estrictamente con la regla fiscal, tal cual se establece hoy para el Gobierno Central.

El segundo argumento es que la autorización de los eurobonos debería condicionarse a la aprobación de proyectos para combatir la evasión fiscal. ¿Qué opina al respecto?

ーEsa reducción ya la estamos viendo con los frutos de la ley 9635 de reforma fiscal. La recaudación ha venido mejorando significativamente. Si vemos lo que se recaudó en el 2018, antes de que entrara en vigor esa ley, en relación con lo que se recauda hoy, estamos hablando de un aumento de más de dos p.p. del PIB.

Eso es mucho más de lo que se esperaba que rindiera. Allí estamos viendo los efectos indirectos del IVA, que introdujo esa reforma fiscal, con la factura electrónica. Eso ha permitido mejorar significativamente la recaudación, ya no solo del IVA, sino también de los impuestos sobre la renta y sobre las aduanas y redunda en una reducción de la evasión.

Si bien es muy importante y necesario que se hagan esfuerzos adicionales para mejorar la recaudación, por ejemplo, con la digitalización del Ministerio de Hacienda, esos esfuerzos deben hacerse en paralelo con la emisión de eurobonos, no condicionar lo uno a lo otro, porque el esfuerzo de mejora en la recaudación y de reducción de la evasión es continuo, de Costa Rica y de todos los países, no se acaba en el tiempo, debe darse todos los días.

Intl’ El Reino Unido planea aumento de impuestos y recorte del gasto por la crisis

Fuente: Swiss info

El Gobierno del conservador Rishi Sunak dará a conocer este jueves en el Parlamento su muy esperado plan para atajar la crisis económica en el Reino Unido por el alza de la inflación interanual, que ha llegado al 11,1 %, por lo que se espera un incremento de los impuestos y recortes en el gasto público.

El ministro de Economía, Jeremy Hunt, presentará en la Cámara de los Comunes la llamada “Declaración de Otoño”, que contiene detalles del presupuesto del Ejecutivo para los próximos meses en momentos en que los datos oficiales apuntan a que el Reino Unido va camino de la recesión, que, según el Banco de Inglaterra, será prolongada.

El Gobierno ha estado trabajando en los nuevos planes desde que Sunak asumió como primer ministro el pasado 25 de octubre, después de que su predecesora, Liz Truss, se viera forzada a dimitir a raíz de las turbulencias que su programa económico, con recortes fiscales, había provocado en los mercados financieros.

DECISIONES “DIFÍCILES” PARA FRENAR LA INFLACIÓN

Sunak y Hunt han advertido de que deberán tomarse “decisiones difíciles” para frenar la inflación e impedir incrementar el nivel de endeudamiento que tiene el país, pero han prometido que los grupos más vulnerables, con los menores ingresos, serán protegidos.

A la espera de conocer los detalles, se espera que el Gobierno incremente en unos 20.000 millones de libras (22.800 millones de euros) la recaudación fiscal y decida un recorte del gasto por valor de 35.000 millones de libras (39.900 millones de euros).

Los expertos británicos han calculado que el Gobierno de Sunak tiene que lidiar con un agujero de 55.000 millones de libras (62.700 millones de euros) en las finanzas públicas.

Se estima que la recaudación adicional que busca el Ejecutivo proceda de la congelación del umbral a partir del cual los ciudadanos empiezan a pagar impuestos dependiendo del sueldo.

Esto puede afectar a los contribuyentes que reciben un incremento de los salarios al ritmo de la inflación porque, sin un incremento del umbral, muchos pueden terminar pagando más impuestos.

Otra fuente de ingresos adicionales para las arcas públicas puede proceder de un aumento del impuesto municipal, ya que actualmente los ayuntamientos no están autorizados a subir el impuesto por encima del 3 % anual, pero hay conjeturas de que este límite puede llegar al 5 %.

IMPUESTOS A LAS ENERGÉTICAS

Está por verse que hará Sunak con los impuestos a los abultados beneficios de las compañías de petróleo y gas, después de que estas empresas se beneficiasen del incremento de los precios energéticos en todo el mundo a raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania.

A principios de año, el Gobierno había introducido un impuesto extraordinario del 25 % a los beneficios de las petroleras, pero se aplicaba únicamente a los beneficios generados de la extracción de gas y petróleo en el Reino Unido, pero no de otras actividades.

Otra fuente de ingresos fiscales puede venir del alza del impuesto a las ganancias por capital, que se paga por un beneficio obtenido de la venta de un activo -una segunda vivienda o acciones-.

Los británicos están pendientes de conocer los próximos pasos del Gobierno para ayudar a la población ante el aumento del precio de la energía, después de que Truss fijara un límite -de 2.500 libras (2.850 euros) anuales- en el monto que los hogares pagarían por el gas y la electricidad, algo que se mantendría por dos años, pero que la actual administración británica considera insostenible.

Está por verse también qué áreas del sector público se verán afectadas por el recorte del gasto, si bien el Ejecutivo ha indicado que la Sanidad -NHS, Servicio Nacional de Salud- estaría protegida.

Sunak ha prometido ayudas para los grupos con los menores ingresos, entre ellos los pensionistas, por lo que se espera que mantenga los incrementos de las pensiones y los subsidios estatales al ritmo del aumento de la inflación.

CONTRACCIÓN ECONÓMICA

El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido cayó el 0,2 % entre julio y septiembre, frente al crecimiento del 0,2 % en los tres meses anteriores, arrastrado por el sector industrial.

A finales de septiembre, la deuda acumulada del Reino Unido se situaba en 2,45 billones de libras (2,80 billones de euros), lo que equivale al 98 % del PIB.

Para frenar la inflación, el Banco de Inglaterra anunció recientemente una subida de los tipos de interés de 0,75 puntos porcentuales, hasta el 3 %, el nivel más alto desde 2008.

Vecina intentó pagar impuesto pero municipalidad no aceptó dinero, esto ordenó Sala IV

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com).- Los magistrados de la Sala Constitucional condenaron la negativa de la municipalidad de Alajuela de aceptar el pago de una vecina quien quería cancelar el impuesto de bienes inmuebles, aunque estaba morosa con el tributo de recolección basura.

La sentencia dictada por el tribunal constitucional declaró, parcialmente con lugar, el amparo interpuesto contra el ayuntamiento y ordenó en la sesión del viernes 11 de noviembre y de forma unánime, “permitirle a la amparada realizar el pago, al tiempo que se le condenó al pago de las costas, daños y perjuicios causados”.

“Se ordena a Humberto Soto Herrera, Marianela Chacón Ugalde, Ericka Alfaro Araya y Yamileth Oses Villalobos, por su orden, alcalde, coordinadora del Subproceso de Tesorería, coordinadora de la Actividad de Gestión de Cobro y coordinadora de la Actividad de Recolección de Desechos Sólidos, todas de la Municipalidad de Alajuela, que giren las órdenes pertinentes, establezcan las instancias de coordinación que se encuentren dentro de su ámbito de competencias y adopten las acciones necesarias, a efectos de que, en el plazo máximo de 5 días contado a partir de la notificación de esta sentencia, se permita a la amparada la imputación del pago del importe relativo al impuesto de bienes inmuebles”, indica la resolución dictada.

En un comunicado de prensa, la Sala IV, informó que según el proceso interpuesto, la municipalidad se negó, en varias ocasiones, a aceptar el pago, incluso aunque el dinero fue depositado a la cuenta que tenía el municipio habilitado para tal fin.

“La respuesta del ayuntamiento fue que podían aceptar el dinero, pero que lo utilizarían para abonar la deuda pendiente por recolección de residuos”, explicó la Sala.

Los magistrados dejaron claro en su voto que la normativa tributaria, el contribuyente, tiene la potestad de elegir cuál tributo cancelará y la deuda correspondiente a cada tributo es independiente de las demás, según el artículo 9 del Reglamento de Procedimientos Tributarios.

Los magistrados que votaron el recurso fueron: Fernando Cruz Castro (presidente en ejercicio); Paul Rueda Leal; Luis Fernando Salazar Alvarado; Jorge Araya García (magistrado redactor); el magistrado suplente Roberto Garita Navarro, y las magistradas suplentes Ana María Picado Brenes y Rosibel Jara Velázquez.

Pese a desembolso del FMI Gobierno todavía debe recaudar ¢93.000 millones para poder pagar aguinaldos

Fuente: El Observador

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que todavía faltan por recaudar ¢93.000 millones para pagar el aguinaldo a los empleados públicos el próximo viernes 2 de diciembre.

Esto pese a que este lunes 14 de noviembre el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un “desembolso inmediato” para Costa Rica de $270 millones.

En declaraciones a El Observador, el ministro Acosta señaló que este desembolso “ya estaba incorporado al flujo de caja”, por lo que para Hacienda realmente no cambia el panorama, en cuanto a la búsqueda de fondos antes de que llegue diciembre.

El mismo ministro señaló a finales de octubre que contabilizaban un faltante de ¢100.000 millones para pagar esta responsabilidad de fin de año.

¢226.000 millones en aguinaldos

Este 2022 se deben entregar alrededor de ¢226.000 millones en aguinaldos a todo el sector público. Es decir, todavía falta el 41%.

A pesar de esto, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, explicó durante un foro, que el Ministerio de Hacienda no tendría mayores problemas para hacer dichos pagos.

En un evento organizado por la Academia de Centroamérica, se le consultó al presidente del Banco Central cuánto podría afectar a la economía del país si no se encontraba ese faltante en el mercado.

Inicialmente Madrigal indicó que ese faltante se tendrá que llenar porque, de lo contrario, el país caería en un incumlimiento de pago.

“La situación de financiamiento pero por mucho es mucho menos restrictiva a lo que fue en el 2017 y 2018. Fantan subastas y viene el periodo fuerte de recaudación.

“Por lo que he visto, por mi experiencia, Hacienda no va a tener problemas para financiarse. Va a tener que ir al mercado, va a tener que buscar algo más, pero no lo miro como que sea algo así como el fin del mundo”, señaló en el foro.

2 de diciembre

El pago del aguinaldo para los funcionarios está programado para el próximo viernes 2 de diciembre.

Eso significa un adelanto, pues inicialmente la transferencia se haría el martes 6 de diciembre según establecía el calendario de pagos.

“En virtud de que el 5 de diciembre es feriado, el envío del aguinaldo se traslada para el viernes 2 de diciembre del 2022”, dice un correo electrónico interno enviado por el Ministerio de Hacienda a los funcionarios de distintas instituciones y del cual El Observador tiene copia.

Micro y pequeñas empresas tienen hasta el 2 de diciembre para exonerarse del impuesto a sociedades jurídicas

Fuente: El Observador

Las micro y pequeñas empresas que preteden ser exoneradas del impuesto de sociedades jurídicas para el periodo 2023 deben inscribirse ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) antes del próximo viernes 2 de diciembre.

Posterior a esa fecha se podrá hacer la inscripción, sin embargo no será posible ejecutar la exoneración.

Según el MEIC la ley establece este beneficio pero únicamente para aquellas micro y pequeñas empresas debidamente inscritas ante este ministerio y la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda.

También para pequeños y medianos productores agropecuarios registrados ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Hacienda.

Registro como Pyme

Para hacer el registro necesario para dicha exoneración debe llenar el Formulario de Inscripción o el de renovación, el cual consiste en una declaración jurada.

Dicho formulario se encuentra en este enlace. Presencialmente únicamente se pude hacer en las oficinas centrales del MEIC.

Posteriormente la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (Digepyme) verificará la información y si todo está en orden el sistema le remitirá un correo electrónico que indic que la solicitud ha recibido el trámite.

Si hay algún inconveniente, tendrá 10 días hábiles para corregir.

Las empresas que cuenten con este registro pueden optar por otros beneficios, entre ellos: servicios de desarrollo empresarial, Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) a microempresas con una tarifa única de $20, participación como proveedor del Estado, entre otros.

El registro tiene una vigencia de 24 meses, es un trámite gratuito y voluntario.

Contraloría pide a diputados evitar más exenciones del IVA

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) -La Contraloría General de la República (CGR) pidió a los diputados evitar aprobar más proyectos de ley para excluir del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a entidades.

Así lo manifestó la entidad fiscalizadora en una respuesta a la Asamblea Legislativa que le consultó su criterio sobre una iniciativa que busca eximir del pago de ese tributo a las adquisiciones de bienes y servicios que hace el Club Activo 20-30.

La CGR llamó la atención sobre el volumen de exoneraciones y otros beneficios fiscales que configuran el llamado “gasto tributario” y recordó que ha sugerido su sustitución por erogaciones directas del presupuesto, en apelación a los principios de transparencia y eficiencia.

Según la Contraloría, las estimaciones de “gasto tributario”, por parte del Ministerio de Hacienda, alcanzan niveles considerables, sobre el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), con un descenso de 2019 a 2020 asociado a las reformas introducidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“En dicha norma se pretendió consolidar el sistema del IVA y reformar el Impuesto sobre la Renta, con el propósito, entre otros, de aumentar la carga tributaria. Inclusive, las exenciones concedidas a instituciones públicas fueron modificadas, por lo cual es necesario que se evite la inclusión sucesiva de estos tratamientos de excepción, sin perjuicio de los posibles beneficios de las entidades a ser dispensadas, para las cuales se sugiere, reiteramos, la subvención estatal si fuera pertinente”, sostiene la entidad fiscalizadora.

La iniciativa -que se tramita bajo el expediente 22.602– fue propuesta por varios diputados del cuatrienio legislativo anterior.

El IVA se ha convertido en uno de las principales fuentes de ingresos para el Estado costarricense, en especial a partir de la reforma fiscal en 2019 que convirtió en antiguo impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado. Desde entonces la recaudaciñon por este tributo ha venido en constante crecimiento de acuerdo con las cifras que mes a mes publica Hacienda.

Gobierno firma decreto que ampliará los productos de la canasta básica

Fuente: Delfino

El Gobierno firmó este miércoles un decreto que ampliará los productos que son parte de la canasta básica nacional, a partir del mes de febrero de 2023.

El objetivo principal del decreto es ampliar la lista de productos y alimentos que serán parte de la nueva canasta y que, por tanto, pasarán de pagar en 13% de impuesto al valor agregado (IVA) a un 1%.

El decreto “Reglamentación de la Lista de Bienes que confirman la Canasta Básica Tributaria por el Bienestar de las Familias” fue firmado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles, por el presidente Rodrigo Chaves Robles, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; el ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto y la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal.

Según señaló Chaves durante el encuentro con la prensa:

  En setiembre lanzamos a consulta pública el reglamento que establece nueva metodología para la canasta básica tributaria, la lista de bienes que creemos son consumidos y necesarios para los hogares más pobres del país. Entonces hoy estamos firmando un decreto que oficializa 230 productos que a partir del 1 de febrero de 2023 formarán la nueva canasta básica tributaria y pagarán el 1% del IVA en lugar del 13%. La lista se creó en conjunto con el Ministerio de Salud y consideró ingresos de las personas de más bajos recursos económicos, necesidades de higiene, limpieza personal y cuidado del hogar”.

Según el MEIC, entre los nuevos productos que se incluirán destacan los panes, las tortillas, la repostería y las galletas; los cereales, arroces, harinas y pastas alimenticias (aunque no se incluye arroz el con procesos agregados ni con ingredientes adicionales); los quesos y la leche; los huevos y la carne de pollo (no se incluyen las carnes sazonadas, marinadas, condimentadas o preparadas); así como la carne de res y cerdo (que tampoco incluye a las preparadas); y las frutas sin ninguna preparación.

A su vez, en la lista entrarán los artículos para higiene y limpieza personal y los bienes cuidado del hogar.

Facebook Live: Procedimiento para el despacho de mercancías contenerizadas a través de Puerto Caldera

Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 14 de noviembre a las 3:00 p.m. con el tema:

Procedimiento para el despacho de mercancías contenerizadas a través de Puerto Caldera, a cargo de nuestro especialista, el MDT Rogelio Segura.

Facebook: https://www.facebook.com/ActualidadTributaria

¡Les esperamos!

A 900 dueños de vehículos ya se les rebajó monto de marchamo, asegura ministro de Hacienda

Fuente: Amelia Rueda

Aproximadamente 900 propietarios de vehículos experimentaron una rebaja en la tarifa del marchamo 2023 luego de que el Ministerio de Hacienda resolviera la apelación presentada por los conductores sobre el valor fiscal de sus automotores, precisó el jerarca de esa cartera, Nogui Acosta.

El titular de Hacienda ofreció el dato este jueves ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, donde compareció para responder preguntas de los legisladores sobre el aumento de un 2,13% en el valor fiscal del 67% de los vehículos particulares, que encareció el pago por el derecho de circulación del próximo año.

Acosta detalló que entre el 1 de noviembre y este jueves 10 la Dirección General de Tributación Directa había recibido 32.000 reclamos de dueños de vehículos, quienes solicitan una revisión del impuesto sobre la propiedad de sus automotores.

Del total de reclamos, Hacienda ya resolvió 6.000; es decir, un 18,75% de las solicitudes presentadas, con respuesta favorable a 900 solicitudes.

“Por el alto volumen de los reclamos se le hicieron mejoras al sistema. Hacienda ha recibido 32.000 reclamos, 6.000 ya se han resuelto y se ha modificado el impuesto sobre la propiedad de 18 familias (de vehículos) y a 900 personas aproximadamente ya se les ha bajado el monto que tienen que pagar por el marchamo”, manifestó Acosta a los diputados.

El jerarca indicó que la Tributación está agilizando la resolución de los otros reclamos. “Todas las personas que se sientan afectadas por este valor, porque comprendo que todos tenemos personas conocidas que se han visto afectadas por esto, el Ministerio de Hacienda va a hacer las correcciones que correspondan”, aseveró Acosta a los diputados que integran esa Comisión legislativa.

“Los impuestos no son fáciles de pagar”, consideró el funcionario, quien aceptó frente a los diputados que hay indignación en un porcentaje de los dueños de los vehículos por el aumento en el valor fiscal de sus automotores que, reiteró, se debe a que la inflación que utilizó la fórmula para definir el gravamen -de 12,13%- es mayor al 10% de depreciación anual que considera Hacienda para determinar ese impuesto.

“Todas las personas tienen dos situaciones con este impuesto: no saben cuánto les van a cobrar es una, y la otra, es enfrentarse a una situación de un cobro que ellos consideran que excede a lo que ellos habían calculado. Eso siempre va a generar indignación”, agregó el titular de Hacienda.

De ahí que el ministro de Hacienda indicó a los diputados la necesidad de actualizar la fórmula que determina ese impuesto y que debe modificarse a través de una ley. Acosta dijo a los diputados que en enero estarían enviando un texto con una propuesta de Hacienda para determinar de una manera distinta el valor fiscal de los vehículos.

El jerarca afirmó a los congresistas que el Ministerio de Hacienda está a favor de eliminar el componente de la inflación en la fórmula, pero no está de acuerdo con quitar el 13% del Impuesto de Valor Agregado sobre el Seguro Obligatorio Automotor, otro de los componentes que se incluye en el cobro del marchamo.


Más info: Defiéndase del Marchamo 2023

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Hacienda detrás de los premios del Mundial


Fuente: Editorial Actualidad Tributaria

Al parecer ni el fútbol costarricense y los premios que recibe por ir a representar al país en el extranjero se salvan de ser sujetos de pagar impuestos.

Ahora que estamos en tiempos de la copa de fútbol, el MDT. Raymundo Volio, director de Actualidad Tributaria, confirma que el Ministerio de Hacienda está detrás de la Federación Costarricense de Fútbol para poder gravar los premios que Costa Rica ha recibido por sus participaciones en las competencias mundiales, desde Brasil 2014.

Según el experto, esto no es correcto, ya que la Federación es una organización declarada de interés nacional y esto implica que sus ingresos no deben gravarse para el pago del impuesto sobre la renta.

“Los ingresos que recibe la Federación por concepto de premios en competencias internacionales como el Mundial podrían ser gravados, pero la Federación, al ser declarada de interés público, no está sujeta del impuesto sobre la renta, pues estos recursos recibidos se invierten en el desarrollo del fútbol en el país”, confirmó Volio, “diferente sería que la Federación fuera un ente privado como una sociedad anónima que busca el lucro”.

¿Quiénes sí deben tributar?

Volio recuerda que el impuesto se impone a las ganancias que surgen a partir de los negocios, por lo que hay que diferenciar cuando el premio que otorga la FIFA es a una asociación como lo es la Federación Costarricense de Fútbol o a los jugadores y el cuerpo técnico.

“En el caso de los jugadores y el cuerpo técnico, hablamos de ganancias, por lo que sí son sujetos del tributo de renta pero con condiciones, como el domicilio en el que residen en el momento de recibir el premio”, comentó Volio.

Actualmente hay jugadores seleccionados que no viven en Costa Rica, por lo que deben tributar en el país donde están domiciliados, sea España, Estados Unidos, Francia, México, o donde se encuentren. Así mismo, el cuerpo técnico, que quizá no es costarricense pero están domiciliados acá, entonces deben tributar acá.

El experto afirma que las autoridades costarricenses, en su voracidad fiscal, olvidan la aplicación de las normas y leyes y llegan al punto de querer ahogar a los contribuyentes.

“Sabemos que el país necesita recursos frescos, pero este tipo de acciones no son la vía”, sentenció Volio. 


En el siguiente video puede encontrar el criterio de nuestro director, el MDT. Raymundo Volio:
PremiosdelMundial.mp4

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Dirección General de Tributación amplía plazo para presentar declaraciones informativas de sociedades inactivas

Fuente: Ministerio de Hacienda

La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda informó, que amplió el plazo hasta el 30 de abril del 2023, para que las personas jurídicas inactivas presenten las declaraciones informativas de los periodos 2020, 2021 y 2022. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado en la resolución DGT-R-033-2022, publicada en el diario oficial La Gaceta, este 09 de noviembre del 2022.

“Estamos trabajando en una nueva declaración informativa resumida y simple de llenar, de tal forma que minimice el costo de cumplimiento a quienes tienen esta obligación. No se solicitará información que ya posea la Administración Tributaria y que aporte lo requerido para el control tributario y la valoración de riesgos”, aseguró Mario Ramos, director general de Tributación.

$256 millones recibirá Costa Rica en un nuevo desembolso del FMI, adelanta presidente Chaves

Fuente: Amelia Rueda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prepara un tercer desembolso del préstamo por casi $1.800 millones que suscribió con Costa Rica en 2020. El presidente Rodrigo Chaves adelantó este miércoles que esta entrega sería por $256 millones, que se sumarían a los $569 millones ya recibidos.

Atendiendo una pregunta en conferencia de prensa sobre la salud fiscal y macroeconómica del país, el mandatario dijo que el próximo lunes 14 de noviembre el FMI “ve la evaluación que hizo el staff profesional y nos va a desembolsar creo que $256 millones, si todo sale bien”.

Hacía alusión a la tercera revisión del crédito aprobado dentro del programa de Servicio Ampliado del FMI, que hizo dos revisiones del cumplimiento de las metas del país durante la administración de Carlos Alvarado pero no será hasta este mes que haga lo propio con el Gobierno de Chaves.

Una misión del FMI concluyó el pasado 4 de octubre una visita oficial a Costa Rica, en la que precisamente se recabó la información pertinente para elaborar esa mencionada tercera revisión del acuerdo. La jefa del grupo, Manuela Goretti, avanzó entonces que se habían cumplido “holgadamente” los objetivos hasta ahora.

“Las autoridades están tomando medidas importantes para fortalecer el programa de reformas económicas de Costa Rica. La política monetaria y la flexibilidad del tipo de cambio deben continuar dando respuesta proactiva a los choques que enfrenta la economía”, manifestó el FMI en un comunicado el 4 de octubre.

Goretti declaró en aquel momento que las autoridades costarricenses “deben avanzar con sus ambiciosos planes de aumentar la equidad y la progresividad de los impuestos sobre la renta personal, mejorar la equidad y la eficiencia del gasto público, así como fortalecer la gestión de la deuda”.

El Gobierno de Chaves también solicitó formalmente un préstamo en el marco del llamado Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad del FMI, destinado a la adaptación y mitigación del cambio climático, con “vencimientos a más largo plazo y condiciones más accesibles”.

Costa Rica y el FMI alcanzaron un “acuerdo a nivel técnico” para acceder a estos fondos, pero no se ha profundizado sobre cuándo podría confirmarse ni cuándo llegarían al país los recursos.

Aresep objetó ley porque rebajó en 50% canon cobrado a operadores de transporte público, sin consultarle.

Fuente: Delfino

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como la Sala IV, declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en contra de la rebaja al canon de regulación cobrado a los operadores de transporte público, hecho por la Asamblea Legislativa mediante la “Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021” (Ley 9911).

Así fue decidido por la mayoría del Tribunal Constitucional mediante la sentencia 2022-25341 emitida el pasado 26 de octubre de 2022 para el expediente 20-022275-0007-CO, en el que se tramitó el reclamo de la institución reguladora. El por tanto del fallo se dio a conocer este martes.

“Por mayoría, se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula por inconstitucional el párrafo final del Transitorio XI del artículo 2 de la Ley n.°9911, Ley para el alivio en el pago del marchamo 2021, del 29 de octubre del 2020, vigente desde el 30 de octubre del 2020”, declaró la Sala.

De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y a fin de evitar “graves dislocaciones en la seguridad jurídica, la justicia y la paz social”, los magistrados dimensionaron los efectos de su sentencia para que ellos operen plenamente a partir de su publicación íntegra en el Boletín Judicial.

La norma ahora anulada establecía que el canon que los operadores de transporte público debían cancelar a la Aresep para el 2021 tendría una rebaja del 50%.

Aresep acusó ante la Sala IV que en el trámite del proyecto de ley se cometieron vicios de procedimiento: uno por inconexidad, ya que el texto inicial del proyecto y sometido a su consulta fue distinto al aprobado y firmado como Ley; y porque la versión final del proyecto que contenía el descuento del 50% no le fue consultada a la Aresep, violando los ordinales 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que establecen que la discusión y aprobación de los proyectos de ley relacionados con instituciones autónomas, requiere que éstas sean consultadas previamente.

“La ausencia de consulta de la versión final del proyecto en cuestión torna la ley inconstitucional, al menos en lo que refiere al Ente Regulador, pues dicha limitante no permitió a la Aresep dar a conocer a la Asamblea Legislativa las implicaciones que podría tener dicha Ley en la gestión sustantiva y el efectivo ejercicio de las competencias confiadas a la Autoridad Reguladora en la Ley N° 7593, lo que a su vez introduce un elemento de incertidumbre en el derecho de enmienda y trámite legislativo de aprobación normativa que es incompatible con nuestro régimen constitucional como Estado Social y Democrático de Derecho”, acusó el entonces regulador general, Roberto Jiménez Gómez.

De acuerdo con el ente regulador, la rebaja aprobada por el Congreso implicaba despedir personal y en general paralizar la actividad regulatoria respecto del sector de transporte público, con las graves consecuencias para el país y la institucionalidad democrática y social que ello conllevaba.

Al contestar la audiencia otorgada por la Sala, la Procuraduría General de la República coincidió en que el reclamo era procedente porque la moción relativa a la Aresep fue un texto que no fue objeto de publicación; y que dicho texto se apartó en forma evidente del objeto del proyecto.

Además, la Procuraduría señaló que esa decisión legislativa de rebajar en 50% el canon constituía una arbitrariedad de la norma por resultar irrazonable y desproporcionada, lo que finalmente vendría a significar más bien un despropósito si la Aresep no podía cumplir con sus importantes funciones al servicio de los prestadores del servicio de transporte remunerado de personas.

En la sentencia, los magistrados Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal consignaron consideraciones particulares con relación al cobro de los montos dejados de percibir de manera inconstitucional. Cruz, además, consignó una nota cuyo contenido por ahora no se conoce, mientras que Rueda consignó una nota respecto al vicio procedimental por la falta de consulta a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de la disposición normativa que de manera inconstitucional rebajó el canon que los operadores de transporte público deben pagar a esa entidad.

La magistrada Anamari Garro Vargas salvó el voto y declaró inadmisible la acción.

Segunda ley inconstitucional

Hace cuatro meses, la Sala Constitucional declaró inconstitucional y anuló la Ley 9980 aprobada por la Asamblea Legislativa anterior durante el momento más grave de la emergencia sanitaria por COVID-19, que disponía un descuento en el canon de Aresep para los empresarios autobuseros.

El caso se tramitó bajo el expediente del tribunal constitucional 21-007680-0007-CO y se le emitió la sentencia 2022-11624 del 25 de mayo. El reclamo fue también interpuesto por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos contra la ley denominada “Adición de un Transitorio VIII a la Ley N° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos (Aresep), del 09 de agosto de 1996, y sus reformas”.

La iniciativa establecía que como consecuencia de la emergencia nacional por la pandemia de SARS-CoV-2 declarada por el Poder Ejecutivo, se le aplicaría a todos los prestadores del servicio público de transporte remunerado de personas buses ruta regular una rebaja del 25% sobre el monto del canon de la Aresep.

Sobre el 75% del monto restante, los diputados dispusieron que la Junta Directiva del ente regulador estuviera obligada a suspender el cobro del canon de regulación correspondiente al 2020, siempre y cuando los obligados al pago de dicho canon cancelaran al menos el 25% del monto del canon, sin multas ni intereses adeudado al 31 de diciembre de 2020, una vez aplicada la rebaja establecida en el párrafo anterior.

La suspensión implicaba, además, la autorización para establecer el pago diferido de los montos remanentes del canon 2020, el cual las autobuseras podrán pagar dentro de los 24 meses siguientes a partir de la suspensión del cobro decretada por la Junta Directiva de Aresep.

Esos pagos diferidos no estarían sujetos al pago de intereses ni multas. Tampoco estaba sujeta a ese pago la mora sobre tractos del canon del año 2020 pendientes de pago, que hubiesen sido dispuestos por Aresep en fechas distintas de las establecidas en la ley.

La ley también disponía que en caso de que Aresep ajustara el monto del canon como resultado de subejecuciones, reducción de gastos o la aplicación de otros mecanismos viables que tuvieran el efecto de disminuirlo aún más, o bien si el Poder Ejecutivo subsidiara el pago de este canon del 2020 en atención a la situación de la pandemia, el monto a pagar por parte de los concesionarios se reduciría proporcionalmente.

Finalmente, los diputados dispusieron que la suspensión del canon de regulación y la autorización para el pago diferido debía igualmente aplicarse para el período 2021, de mantenerse las condiciones de declaratoria de emergencia sanitaria. En este caso, regiría un plazo de 12 meses para diferir el pago, a partir del 1 de enero de 2022.

El regulador general de Aresep de aquel entonces, Roberto Jiménez Gómez, llevó la ley ante la Sala Constitucional para impugnarla por inconstitucional.

La Procuraduría General de la República, en su rol de asesor imparcial del Tribunal Constitucional del Estado, coincidió con Jiménez y señaló a los magistrados que la ley tenía tres problemas de constitucionalidad: el primero, porque se omitió la consulta obligatoria y previa a la Aresep establecida en el artículo 190 de la Constitución Política y en los numerales 126 y 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; el segundo, porque la rebaja acordada en el canon de regulación a favor de los prestadores del servicio público de transporte remunerado de personas buses ruta regular infringe la prohibición establecida en el artículo 122 de la Constitución Política; y, el tercero, porque la norma resultaba contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ante la inexistencia de criterios o estudios técnicos que justifiquen la medida.

En sentencia unánime, la Sala acogió la acción por el fondo ya que tuvo por acreditado que la Asamblea Legislativa no realizó la consulta obligatoria a la Aresep, de conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política. En consecuencia, ordenó anular la Ley 9980.

De conformidad con el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y a fin de evitar graves dislocaciones en la seguridad jurídica, la justicia y la paz social, la Sala dimensionó los efectos de ese pronunciamiento para que operaran plenamente a partir de su publicación íntegra en el Boletín Judicial.

Baja en la gasolina y dólar darán a ticos un respiro al final de año

Fuente: La República

Después de un año muy complicado para las familias y las empresas por el tipo de cambio, el precio de la gasolina y el aumento generalizado del costo de la vida, los costarricenses disfrutarán de una época navideña tranquila, la cual, será propicia para tomar impulso y disfrutar en paz del mundial de fútbol.

Y es que ya se registran dos meses a la baja en la inflación y el costo de los hidrocarburos.

No obstante, se trataría de un respiro momentáneo, ya que el 2023 no pinta nada bien por el recorte de la producción petrolera y las señales de una recesión en todo el mundo, según especialistas.

El 2022 será recordado como el año más duro de los últimos 13 períodos, ya que se registró el costo de vida más alto.

“La caída es una buena noticia para el bolsillo de los costarricenses, sobre todo, después de las cifras tan altas que se reportaron durante todo el año y podríamos terminar en 8%. La inflación ahorita está buscando volver al cause original que traía, antes de todas las desviaciones que se dieron en el año”, aseguró Daniel Suchar, economista independiente.

Ante la incertidumbre futura que mantiene este indicador, es necesario que las personas y los hogares en general, sean más disciplinados con sus presupuestos y generen ahorros que les permitan enfrentar periodos de incertidumbre y de desaceleración económica.

Al finalizar el 2022, las personas se preparan para dos escenarios; por un lado, la percepción de ingresos adicionales como el aguinaldo, bonos y ahorros navideños y por otro, el incremento en los gastos producto de las obligaciones -marchamo y pago de impuestos- y festividades propias de diciembre.

Para mantener un equilibrio en las finanzas, es fundamental planificar con antelación el uso que se dará al dinero en los próximos meses, de forma que los consumidores puedan cumplir con sus obligaciones ordinarias y evitar que los gastos superen los ingresos.

“Los gastos de fin de año suelen abrumar a las personas porque no están económicamente preparadas para asumir estos egresos extraordinarios, como la compra de regalos para Navidad, las vacaciones familiares, el pago de marchamo, eventos y fiestas propias de la época, entre otros. Sin embargo, una buena planificación que permita ordenar las finanzas personales y del hogar, permitirían a las personas hacer frente a los gastos sin comprometer su salud financiera y paliar la inflación”, señaló Laura Céspedes, gerente senior de Productos de Depósito de Scotiabank.

Baja puede ser coyuntural

Los expertos no se atreven a asegurar que la caída de la inflación en los últimos dos meses será permanente, por lo que recomiendan cautela.

Elizabeth Morales
Subgerente
Coopecaja

Es posible que se presente una recesión a nivel mundial en el 2023, sino se logra contener el comportamiento de la inflación en el próximo año, por eso, es mejor que las familias aprovechen este respiro para ahorrar.

Gerardo Corrales
Economista
Economía Hoy

La baja en la inflación se explica coyunturalmente por la baja en el litro de gasolina y de diésel a nivel mundial por los temores de una recesión mundial y esperamos que termine cercana al 10%. Todavía es temprano para asegurar que se esté marcando una tendencia a la desaceleración de la inflación.

Zona Franca gana terreno y hoy representa 15% de la producción de Costa Rica

Fuente: La Nación

En el 2017, el valor de la producción de las empresas en el régimen especial (Zona Franca, principalmente) representaba 10% del total del valor de la producción de Costa Rica. Pero con la pandemia, la actividad ganó terreno y en el 2021 llegó a alcanzar el 15% del total, según información proporcionada por el Banco Central.

Esto obedece a que en el 2020 este conjunto de empresas contrajeron su producción solo un trimestre (mayo, junio y julio) y a partir de ahí se inició un proceso de crecimiento que llegó hasta 31,8% en junio del 2021; luego siguió creciendo, pero a menor ritmo. Contrario al régimen definitivo que cayó de marzo del 2020 hasta febrero del 2021.

Este año la producción del régimen especial se ha acelerado a partir de junio, mientras que la del definitivo se ha desacelerado por lo que el primero continuó ganando terreno.

En nuestro país, la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) administra tres regímenes especiales: Zona Franca, Perfeccionamiento Activo y Devolutivo de Derechos.

Las empresas que producen en Zona Franca reciben exenciones de varios tributos, entre ellos el de renta por un periodo que varía según la ubicación (si se encuentra dentro o fuera de la Gran Área Metropolitana) y la categoría de la empresa, entre otros beneficios a cambio de cumplir una serie de condiciones.

Las empresas en Perfeccionamiento Activo pueden introducir mercancías suspendidas, temporalmente, de impuestos al territorio nacional y el régimen Devolutivo de Derechos permite la devolución de algunos impuestos.

Según información suministrada por Carlos Wong, presidente de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), en nuestro país hay cerca de 412 empresas en el régimen de Zonas Francas. Estas generaron empleo formal e inclusivo (entre directos e indirectos) para 187.820 costarricenses durante el 2020. Además, dijo, se gestaron oportunidades de crecimiento y mejora en la productividad para las empresas locales.

Wong añadió que solo en el 2021, 103 proyectos fueron atraídos por la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), de los cuales 32 corresponden a nuevas empresas y 71 son reinversiones (ya estaban en el país). Esto representa un crecimiento de 30% respecto al 2020. De esas 71 reinversiones, 48 fueron procesos de expansión y 23 procesos de diversificación de sus operaciones.

Crecer en medio de la crisis

El economista Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, comentó que haber escogido bien el tipo de inversión extranjera directa (principalmente ciencias de la vida y servicios empresariales) ha ayudado a Costa Rica en estos difíciles momentos.

“Si seguimos fortaleciendo los clústeres alrededor de estas actividades y otras con ventajas comparativas como la agroindustria tendremos mejores oportunidades de crecimiento inclusivo). El reto es cómo ligar más a las Zonas Francas con el resto de la economía”, comentó Monge.

Para Pedro Beirute, gerente general de Procomer, la diversificación ha sido clave para poder crecer en medio de una crisis.

“Costa Rica ha logrado superar todos los retos que han generado los últimos años de crisis gracias al modelo de diversificación del sector exportador, tanto de la oferta como de los destinos de exportación. Ofrecemos al mundo más de 4.500 productos y servicios a más de 150 países”, comentó.

Costa Rica cuenta con 51 acuerdos comerciales y goza de condiciones favorables que hacen que el desempeño en los mercados internacionales esté siendo muy positivo, afirmó el representante de Procomer.

Por ejemplo, ofrece una propuesta de valor sólida en materia de talento humano, posee ubicación estratégica que beneficia el nearshoring (relocalización de empresas) y el friendshoring (se invierte en países amigos). También seguridad jurídica, incentivos para inversión extranjera, estabilidad democrática y sostenibilidad, añadió Beirute.

Para Wong, el régimen de Zonas Francas de Costa Rica se ha convertido en un sector fundamental para dinamizar la economía y contribuir al desarrollo del país aún en circunstancias difíciles como las que generó la covid-19.

“Estas empresas son atraídas por las favorables condiciones y la ubicación estratégica de Costa Rica, pero sobre todo por el alto nivel y capacidad de innovación del talento humano”, dijo Wong.

Es un talento humano preparado, con dominio de otros idiomas, con una rápida curva de aprendizaje, y una gran facilidad para absorber nuevas tecnologías y propositivo en la mejora de los procesos, describió el presidente de Azofras.

Cervezas importadas: ¿de qué se trata el impuesto que se quiere eliminar?

Fuente: El Financiero

El Gobierno convocó para sesiones extraordinarias el proyecto de Ley para Eliminar el Impuesto sobre la Venta de Cerveza Importada (23.275), presentado por diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), apenas en agosto pasado.

El plan ya fue dispensado de trámite por los diputados en el Plenario legislativo, lo cual les permitiría discutirlo más rápidamente, sin pasar por comisiones legislativas.

El tributo que se pretende eliminar es una carga impuesta en la Ley Sobre la Venta de Licores, de octubre de 1936. Se trata de una carga del 10% que sobre el costo total de la importación que se cobra a los patentados para la venta de licores en el país.

No se relaciona con el Impuesto al Valor Agregado (IVA): la tasa del 13% que siempre se cobra a los consumidores de las bebidas alcohólicas en su factura final.

Según Eliécer Feinzaig, jefe del PLP y uno de los proponentes del proyecto, eliminar el impuesto permitiría dejar atrás una distorsión tributaria que afecta solo a unas cervezas y no a todas. Actualmente el tributo no se paga por la venta de cervezas nacionales, estadounidenses o mexicanas, por exclusión directa de la ley o por acuerdos comerciales; pero sí por algunas bebidas de otras zonas como Asia o Europa, según mencionó.

“Actualmente estamos dándole un trato discriminatorio a estas otras cervezas importadas y el riesgo de esto es que eventualmente alguno de estos países presente alguna denuncia en la Organización Mundial del Comercio (OMC), como sucedió con el aguacate”, esgrimió el congresista, como una de sus principales justificaciones para impulsar el proyecto.

El trámite

El proyecto de ley ya fue dispensado de trámite por los diputados de la Asamblea Legislativa.

Esto quiere decir que el plan se podrá tramitar en el Plenario legislativo de forma expedita, sin pasar por ninguna comisión específica para su estudio.

La dispensa la apoyaron 47 diputados de todas las fracciones, con excepción de los seis legisladores del Frente Amplio (FA). Dicha votación hace previsible su aprobación.

El proyecto tendría que recibir el respaldo de al menos 38 congresistas en su discusión final, por tratarse de una modificación en materia de impuestos.

El dinero recaudado por el tributo, dice la ley, se debe girar al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Por el impuesto a la importación de cerveza se recaudaron unos ¢359,31 millones en 2021 y menos de ¢1.000 millones, en general, durante los últimos cuatro años.

Según el diputado Feinzaig, dichos montos son pequeños y la aplicación del gravamen más bien podría implicar algún perjuicio peor para el Estado costarricense si algún actor interesado decide emprender algún proceso contra Costa Rica.

“Es una recaudación anual realmente baja”, afirmó el congresista. “(Para este trámite) se le plantearon consultas a Hacienda, al Ministerio de Comercio Exterior y al Ministerio de la Presidencia, que dieron respuestas positivas y muy a favor del proyecto, porque el Gobierno sabe que este incumplimiento podría eventualmente resultar en un litigio internacional que le costaría a Costa Rica bastante más caro”, dijo este 18 de octubre, en el Plenario legislativo.

Ministro de Hacienda: ‘En este momento no tenemos recursos para aguinaldo y salario escolar’

Fuente: La Nación

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, afirmó que las cuentas del Gobierno no tienen en este momento fondos suficientes para pagar el aguinaldo el martes 6 de diciembre, ni el salario escolar de enero a sus 130.000 funcionarios.

De acuerdo con el jerarca, estos recursos dependen de ingresos tributarios próximos y de la emisión de bonos de deuda pública, con la desventaja de que el mercado local se encuentra “contraído” por la política monetaria aplicada por el Banco Central de Costa Rica para controlar la inflación.

Para estas dos obligaciones laborales, el Gobierno requiere de ¢320.000 millones. El Ministerio de Hacienda presupuestó ¢161.000 millones para el aguinaldo y ¢162.000 millones para el pago del salario escolar en enero.

“El Ministerio de Hacienda recauda impuestos y las demás necesidades las cubre con deuda. En este momento, no tenemos los recursos para completar el aguinaldo, para pagar el salario escolar y para pagar los eurobonos (que se vencen el 26 de enero)”, afirmó el jerarca.

Sus declaraciones las dio un día después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, manifestó que es “fundamental” que el país pueda hacer una nueva emisión de eurobonos, en el mercado internacional, para cubrir las obligaciones de diciembre y enero.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez Portuguez (Partido Liberación Nacional), declaró que Hacienda “no tiene la plata porque tiene que salir a buscarla. El dinero está presupuestado. Un porcentaje de lo presupuestado tiene que buscarlo vía financiamiento, tiene que buscar crédito. Ellos debieron prever hace mucho tiempo y haber buscado ese financiamiento. Esto no tiene nada que ver con eurobonos, ni con falta de presupuesto. Incluso, confunden a la gente y les hacen creer que, como estamos discutiendo el Presupuesto Nacional del 2023, es porque no les aprobamos algo”.

Igual criterio tiene Eli Feinzaig, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), quien es partidario de aprobar $6.000 millones en eurobonos. “He visto al Gobierno muy pasivo y si le urgiera verdaderamente el dinero hubiera aceptado negociar un monto menor de los eurobonos y hubieran salido rápidamente aprobados”. Indicó que si tanta fuera la urgencia, Casa Presidencial habría aceptado pasar primero $1.500 millones y conversar luego sobre el resto.

“Yo, en lo particular, creo que el Gobierno tiene dinero para hacerle frente a ese pago del 26 de enero”, añadió.

Elian Villegas Valverde, quien fue ministro de Hacienda entre 2020-2022 y es un declarado defensor de los eurobonos, estimó que el Ministerio de Hacienda sí conseguirá los recursos para pagar aguinaldo y salario escolar. “No será un gran problema”, afirmó.

Aseguró que, aunque no se tengan los recursos en este momento, noviembre y diciembre son meses de ingresos tributarios importantes como el impuesto sobre la renta y el impuesto de valor agregado (IVA), además de los ingresos por el impuesto a la propiedad que se cobra en el marchamo.

La estimación del exministro es que Hacienda puede recaudar entre ¢800.000 millones y ¢1 billón solo en diciembre, aunque eso nunca será suficiente, pues él prevé un déficit primario de alrededor del 0,5%, solo en ese mes.

El exjerarca recordó que, en las próximas semanas el Gobierno recibirá un desembolso de $260 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo de ajuste fiscal que podrían ayudar a pagar vencimientos de deuda próximos.

El proyecto de eurobonos todavía se discute en la Asamblea Legislativa y no hay consenso sobre aprobar los $6.000 millones que pide el Poder Ejecutivo o los $3.000 millones que plantean Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA).

Por los tiempos legislativos, Acosta ya ve muy difícil hacer la emisión para cubrir gastos de diciembre. Según dijo, para ese mes, corresponderá esperar los ingresos tributarios y adquirir deuda en el mercado local, con tasas de interés más altas.

El jerarca sí mantiene la expectativa de poder colocar los eurobonos en enero.

Según Nogui Acosta, mientras la tasa de los bonos locales es de 7,65% en promedio, para dólares, en el extranjero el interés puede rondar los 7,25%, sin considerar que se puede mejorar las negociaciones.

Estos títulos no están destinados para pagar gasto corriente, como el aguinaldo o el salario escolar, sino para pagar deuda que está por vencer, como una emisión de $1.000 millones colocada en el 2012 que expira el 26 de enero.

Sin embargo, explicó que la obtención de los eurobonos quitaría presión sobre el mercado local al no tener que recurrir a la deuda interna para pagar deuda.

A los $1.000 millones de eurobonos que el país debe pagar en enero, se suman otros $800 millones en vencimientos de deudas locales.

Villegas aseguró que los eurobonos sí permitirán reducir presión en el mercado local, sin empujar demasiado las tasas, lo cual es bueno para todos, y no solo para Hacienda.

El plan de eurobonos lo propuso la administración de Carlos Alvarado antes de terminar su periodo. Chaves lo retomó con el objetivo de pagar tasas de interés más baratas que las exigidas por los inversionistas del mercado local, en caso de que el Gobierno tuviese que financiarse internamente.

Ministerio de Hacienda recibe 8.295 reclamos por monto de impuesto sobre la propiedad de vehículos

Fuente: Semanario Universidad

Si la persona considera que el valor fiscal de un vehículo es mayor al valor de mercado, puede hacer una autogestión ante el Ministerio de Hacienda para pedir que se haga la revaloración del vehículo.

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El director general de Tributación, Mario Ramos, informó que al día de hoy el Ministerio de Hacienda ha recibido 8.295 reclamos por concepto del impuesto a la propiedad de vehículos.

El martes 1 de noviembre se anunció el inicio del cobro del marchamo 2023 y cientos de personas que entraron a la página web del Instituto Nacional de Seguros (INS) a pagar denunciaron en redes sociales un aumento sorpresivo y significativo en el monto cobrado e incluso cambios en los montos a pagar en cuestión de horas.

Si la persona considera que el valor fiscal de un vehículo es mayor al valor de mercado, puede hacer una autogestión ante el Ministerio de Hacienda para pedir que se haga la revaloración del vehículo, en la siguiente página:

https://serviciosnet.hacienda.go.cr/autogestion/

Según indicó Ramos, ahí la persona debe presentar los requisitos que son llenar un cuadro en el que debe explicar las razones por las cuales considera que el valor fijado por Hacienda no es el correcto; y aportar pruebas de valores diferentes en el mercado que demuestren que el valor de mercado es inferior al que tiene el Ministerio de Hacienda.

Quien debe presentar el reclamo es el dueño registral del vehículo, aclaró Ramos. Es decir, en caso de una persona física es el dueño del vehículo que debe presentar el reclamo, y en caso de una persona jurídica debe ser el representante legal. En el caso de los vehículos que están bajo la modalidad de “leasing” debe presentar el reclamo la persona dueña del vehículo y no la persona que lo arrienda.

“En este momento la administración tributaria está destinando una buena cantidad de recursos para poder atender los reclamos y la idea es que la mayor parte de estos estén resueltos al 31 de diciembre de este año”, dijo Ramos.

Según ha explicado el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el alza en este monto responde a la fórmula que se usa para calcular el impuesto sobre el valor de la propiedad del vehículo, que fue diseñada hace 30 años, y que considera la depreciación del vehículo, la inflación de los últimos meses y la actualización del valor fiscal. Acosta señaló que la depreciación del vehículo, que se calcula como en un 10%, es menor a la inflación con la que se está trabajando, que es de 12.13%.


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Actualidad Tributaria le invita a nuestro Facebook Live el día Lunes 07 de noviembre las 3:00 p.m. con el tema:

Nuevo procedimiento de Rentas Inmobiliarias, a cargo de nuestro director y especialista en impuestos, el MDT Raymundo Volio.

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Cadexco destaca su posición a favor de la aprobación del plan de eurobonos

Fuente: El Mundo

La Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco) destacó su posición a favor de la aprobación del plan de eurobonos.

Para la Cámara «la necesidad de financiamiento del Gobierno resulta sumamente sensible para la estabilidad económica del país. Debido a la insuficiencia de lo ingresos del Estado con respecto a la necesidad de solventar gastos, el Gobierno cuenta con dos mecanismos para cubrir dicho déficit: ingresos vía impuestos o emisión de deuda».

Ante esto destacaron que «según las necesidades de financiamiento máximo que podría requerir el país respecto al PIB, no cabe duda, de que estos requerimientos financieros no pueden ser cubiertos por medio solamente de impuestos. Es fundamental optar por otro mecanismo y una ejecución eficiente del presupuesto público».

De igual forma detallaron que «el proyecto de emisión de eurobonos pretende mediante la colocación de títulos valores de deuda externa en mercados internacionales, generar un aumento en los ingresos del gobierno; así disminuir su tasa de relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB). Sin la emisión de los eurobonos, se estima en cuatro años, que dicha tasa sea del 66.3%, por otro lado, con la emisión de los títulos el país llegaría a una tasa de 61.3%, continuando con la meta de alejarnos del 70%. Esto solo es posible, mejorando las condiciones de la coyuntura económica».

«Aunado a esto, existe presión a razón del vencimiento de la deuda por $ 1000 millones en enero del 2023, por lo que es importante dar a conocer una pronta conclusión con respecto a la emisión de los eurobonos», rememoraron.

«Desde Cadexco hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa, como tomador de la decisión, a realizar una aprobación célere de la emisión de los eurobonos, en beneficio de todo el país», concluyeron.

Intl’ Biden propone impuestos al exceso de beneficios de las compañías petroleras

Fuente: El Economista

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, avanzó este lunes la posibilidad de que las empresas petroleras tengan que pagar un impuesto especial por sus ganancias inesperadas si no aumentan la producción doméstica para que bajen los precios de la gasolina.

“Como no quieren hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo, bajar los precios para los consumidores en la gasolinera, pero si no lo hacen tendrán que pagar un impuesto más elevado sobre su exceso de beneficios y enfrentarse a otras restricciones”, aseguró Biden en un discurso desde la Casa Blanca.

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El presidente dijo además que ya trabaja con los legisladores en el Congreso para valorar estas opciones.

Biden enmarcó su propuesta en un contexto de ganancias récord de las principales petroleras del país como resultado de la invasión rusa de Ucrania, que ha puesto patas arriba el mercado energético internacional.

El presidente, que ya se ha mostrado muy crítico con la decisión de las principales compañías de no aumentar su capacidad de refinado de petróleo, defendió que los beneficios de estas empresas no se deben a ninguna innovación, sino a la coyuntura trágica de la guerra.

“Soy un capitalista, no tengo problema con que las compañías tengan un beneficio justo por su inversión e innovación, pero eso no es ni de lejos lo que está ocurriendo”, aseguró.

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Biden citó las cifras de ganancias de las 6 principales compañías petroleras estadounidenses, que en los últimos 6 meses han logrado un beneficio de 100.000 millones de dólares.

Según esa fuente, las petroleras, en lugar de aumentar su capacidad de producción doméstica para bajar los precios de los carburantes en las gasolineras, están aprovechando los beneficios para recomprar acciones y así pagar mayores dividendos a sus accionistas.

Los impuestos sobre ganancias inesperadas son una idea propuesta por algunos economistas, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, para hacer frente a la desigualdad agravada por eventos como la pandemia o la guerra de Ucrania.

En Colombia, la reforma tributaria de Gustavo Petro incluye de hecho un impuesto a las ganancias inesperadas de las empresas petroleras y del carbón, que son las principales exportaciones del país.

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Exoneración de marchamo para vehículos eléctricos se reflejará al 100% hasta este jueves

Fuente: La Nación

El Ministerio de Hacienda confirmó que hasta este jueves 3 de noviembre se reflejará el 100% de la información de la exoneración del impuesto a la propiedad de los vehículos eléctricos en el marchamo 2023.

La entidad pública explicó que hasta este miércoles solo se habían subido los datos del 80% de los autos cero emisiones, que tendrán una reducción en el derecho de circulación del próximo año. El restante 20% se completará este jueves.

Rudolf Lucke, director general de Hacienda, comentó que el proceso de actualización de la información de los automóviles eléctricos se inició después del mediodía del 1. ° de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Seguros (INS) puso a disposición el sistema de cobro del marchamo 2023.

El funcionario agregó que los dueños de autos con placa temporal, otorgada durante esta semana, deben solicitar la aplicación del beneficio impositivo, para lo cual deben remitir un correo electrónico a exoneraciones@hacienda.go.cr.

Agregó que si alguna persona canceló del derecho de circulación sin que se aplicara la exención, puede presentar una solicitud de devolución del pago de más en la institución.

Hasta agosto anterior, en el país había inscritos 5.813 vehículos cero emisión, de los cuales 3.468 eran automóviles particulares, es decir, el 60%. El resto lo confirman 1.311 de equipo especiales y 1.034 motocicletas, según los datos publicados por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

La exoneración del impuesto a la propiedad de los automóviles eléctricos se establece en la Ley de Incentivos al Transporte Verde, la cual entró a regir el pasado 3 de junio de 2022, y amplió las exoneraciones a la compra de vehículos eléctricos nuevos y usados.

Para el primer año de vigencia de la norma la exoneración será del 100%. El descuento se reducirá un 20% cada año hasta tener que pagar el tributo en su totalidad en el quinto año de vigencia de la ley, es decir, para el marchamo de 2028.

Para el marchamo de 2023, la exoneración será del 100%. Para el segundo año la exención será del 80%; del 60% en el tercero; del 40% en el cuarto; y del 20% en el quinto año.

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) recomendó a los dueños de vehículos tramitar la exención impositiva en el Ministerio de Hacienda, en caso de que no se aplique en el derecho de circulación del próximo año.

Silvia Rojas, directora ejecutiva de la organización, comentó que usualmente la exoneración tributaria no se aplica de manera inmediata a los vehículos eléctricos, pues el proceso puede tardar unos días en reflejarse en el sitio web del INS.

Agregó que Asomove realiza el proceso de exoneración del marchamo y la aplicación de la depreciación de los vehículos eléctricos a los cuales no se les refleje el beneficio impositivo de forma automática

Consumidores temen que cobro de IVA a Airbnb afecte al turismo

Fuente: CR Hoy

(CRHoy.com) La decisión del gobierno de comenzar a cobrar un 13% del Impuesto al Valor Agregado en los servicios de hospedaje mediante plataformas como Airbnb, no solo afectará a los consumidores, sino que también podría traer un perjuicio para el sector turístico nacional.

Así lo estimó la Asociación de Consumidores Libres (ACL) que recordó que en el pasado este cobro se había eliminado debido a la afectación que producía al sector debido a la pandemia.

En su última actualización sobre el cobro a servicios digitales, el Ministerio de Hacienda incluyó a las plataformas Airbnb, HomeAway y VRBO en la lista de servicios digitales transfronterizos sobre los que pesa el cobro de un 13% del impuesto, que será cargado automáticamente a cada servicio que se contrate.

Según la ACL, esta medida lo único que ocasionará son dobles cobros y afectación a la actividad turística que apenas se ha recuperado de la pandemia.

A su juicio, los contribuyentes deberán entonces reclamar estos dobles cobros a través de un proceso engorroso que incluye la presentación del recibo digital, el estado de cuenta (violando el secreto bancario) y hasta la copia del pasaporte en caso de que haya salido del país.

“No hay razón alguna para que sea el consumidor quien se eche al hombro el peso de la ineficiencia del Estado, algunas personas apenas logran ahorrar lo suficiente para darse una escapadita y viene un IVA de sorpresa” manifestó Juan Ricardo Fernández, Presidente de la ACL.

La ACL le propuso al Ministerio de Hacienda retirar a Airbnb, HomeAway y VRBO de esta lista y en su lugar trabajar en una solución integral en beneficio del consumidor costarricense.

“Esta es una decisión totalmente inconsecuente por parte de la Administración Chaves, la cual se ha orientado más bien a la reducción del costo de vida y de las trabas a la competencia que perjudican los consumidores”, dijo Fernández.

Eurobonos y decretos de emergencia: prioridades del gobierno

Fuente: Diario Extra

La reunión se efectuó para elaborar en conjunto la agenda de sesiones extraordinarias, la cual se inicia este martes 1 de noviembre y se extenderá por los próximos tres meses.

El Gobierno de la República acordó la agenda legislativa para las sesiones extraordinarias con las jefaturas de fracción del Congreso.

Casa Presidencial definió que sus prioridades serán el trámite del presupuesto ordinario de la República, la aprobación del proyecto de eurobonos y decretos de emergencia.

Otras propuestas de interés son la tramitación del presupuesto de la República que deberá dictaminarse a más tardar el 29 de noviembre en un segundo debate por parte de la Asamblea Legislativa.

Pasadas las 10 p.m., el mandatario Rodrigo Chaves hizo un balance sobre la reunión que sostuvo con los representantes del Congreso.

“La agenda será de bienestar de Costa Rica, de un consenso de cada una de las leyes para discutir esas leyes en este periodo. Fue una reunión larga, intensa y sumamente productiva”, dijo Chaves en conferencia de prensa.

De acuerdo con el mandatario, serán 146 iniciativas de ley que les gustaría convocar para las sesiones extraordinarias como parte de un proceso hasta enero de 2023 de forma flexible.

En este periodo el gobierno toma el control de la agenda de los proyectos que se encuentran en la Asamblea Legislativa.

El encuentro comenzó a partir de las 7 p.m. en Casa Presidencial y contó con la presencia de Chaves, Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, y Jorge Rodríguez, director de despacho de la máxima sede del Poder Ejecutivo.

Participaron los congresistas Katthia Rivera y Oscar Izquierdo, de Liberación Nacional (PLN); Pilar Cisneros y Paola Nájera, de Progreso Social Democrático (PPSD); Daniela Rojas y María Martha Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Así como Eliécer Feinzaig y Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP); Fabricio Alvarado y Olga Morera, de Nueva República (PNR); Jonathan Acuña y Sofía Guillén, de Frente Amplio (FA).

El presidente Rodrigo Chaves citó a Rodrigo Arias Sánchez, jerarca de la Asamblea Legislativa, sin embargo, declinó la invitación alegando que el encuentro era exclusivo para la confección de la agenda de extraordinarias.

El encuentro tiene lugar tras las fuertes fricciones entre el Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa a causa del roce por el recorte de ¢86.000 millones para pago de la deuda pública.

Noviembre llegará con la necesidad de aprobar los eurobonos y el presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico 2023, los cuales serán parte de la prioridad máxima del Poder Ejecutivo.

CARTA AL NIÑO

Las bancadas prepararon su carta al Niño con el fin de que las iniciativas sean tomadas por los representantes del Poder Ejecutivo el próximo trimestre, que corresponde al periodo de sesiones extraordinarias.

El PLN propone pasar las deudas de dólares a colones, así como aprobar la propuesta que pretende incrementar las soluciones de vivienda de la clase media.

En el caso del PUSC, entre los planteamientos solicitados está la Ley de vivienda productiva, la cual permitirá a las personas optar por un modelo novedoso de crédito-bono y contar con un hogar digno; así como también el de desarrollar actividades productivas y emprendimientos.

También expuso la necesidad de convocar el proyecto de Ley para la Superación Académica del Bachillerato, además de la propuesta para que universidades privadas convaliden títulos académicos obtenidos en el exterior.

Por su parte, Nueva República apostará por la reforma a dos artículos del Código de Familia y dos al Código de Niñez y Adolescencia en la línea cuando un hombre y una mujer se separan, y entran en conflictos a veces irreconciliables, se debe buscar que el interés de las personas menores de edad sea la prioridad de los abogados y jueces para que en los procesos de convivencia se haga entre ambos.

Salen al cobro 1.744.707 marchamos

Fuente: Ministerio de Hacienda

Este 1ero de noviembre, según lo estipula el reglamento del Seguro Obligatorio, salió al cobro 1.744.707 marchamos 2023, lo que representa una recaudación cercana a los ¢329 mil millones. 

El período de pago sin recargo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, posterior a esa fecha los propietarios de vehículos pueden hacer el pago, pero con los recargos o multas según cada rubro que integra el recibo.

“Cada marchamo o derecho de circulación está compuesto por varios rubros correspondientes a diversas instituciones. Durante este proceso, el INS actúa como recaudador y transfiere semanalmente a cada una de esas instituciones el monto que les corresponde” indicó Mónica Araya, presidente ejecutiva del INS.

El Instituto Nacional de Seguros administra lo correspondiente al Seguro Obligatorio para los Vehículos Automotores (SOA), primas que fueron avaladas por la Superintendencia General de Seguros (SUGESE) el pasado 28 de octubre. Todo lo recaudado por SOA se invierte en la atención de víctimas de accidentes de tránsito, hasta por un monto de 6 millones de colones por evento por persona. Esto incluye atención médica, pago de incapacidades, rehabilitación, implementos ortopédicos, indemnizaciones a familiares de fallecidos, entre otros beneficios.

En el 2021 el INS invirtió ¢57 mil millones en atenciones al amparo del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), mientras que para este año 2022, de enero a setiembre la inversión ya supera los ₡42 mil millones.

El INS además ofrece, al pagar el marchamo, la posibilidad de adquirir otros seguros para protecciones adicionales en carretera, tales como:
• Asistencia en Carretera (Nuevo)
• Su Vida
• Más Protección
• Responsabilidad Civil daños a terceros –monto único-
• Pertenencias Seguras

Impuesto a la propiedad: el componente más significativo del marchamo

Uno de los componentes más significativos del marchamo es el impuesto a la propiedad de vehículos, que deberán pagar 2.709.018 vehículos (particulares y carga liviana), además de embarcaciones y aeronaves inscritos.

La diferencia de este rubro con respecto al total de derechos de circulación que pone al cobro el INS responde a que un porcentaje de estas unidades no circula por las vías públicas, no obstante, por ley, siguen sujetos al pago del impuesto a la propiedad de vehículos.

Para determinar el impuesto a la propiedad de vehículos se aplica un índice de valuación con base en una fórmula establecida en la Ley No7088, dentro de la que intervienen tres factores: depreciación del vehículo (10%), inflación acumulada en el último año (12.13%) y cambio en la carga tributaria (0%) aplicada a los vehículos.

Según esta fórmula, para el año 2023, la flotilla vehicular tendrá un incremento de 2.13% en el valor fiscal, lo que significa que el impuesto a la propiedad de estos vehículos aumentará con respecto al del año anterior.

Al respecto el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, informó que Hacienda tiene previsto modificar la metodología para modernizarla y hacer mucho más equitativo el pago del impuesto establecido en una ley que fue promulgada hace más de 30 años. La aplicación de esta fórmula es la que hace que el valor fiscal y del impuesto a la propiedad de vehículos se incremente para el 2023.

La Ley No7088 también incorpora una actualización de los tramos y de la tarifa mínima, sobre los cuales se paga el impuesto. Para el período 2023 se aplicarán de la siguiente manera:

El jerarca de Hacienda recordó que los buses, taxis y vehículos de carga pesada pagan monto fijo desde 1988, los vehículos nuevos inscritos este año no sufren incremento porque no tienen valor de referencia y que las motos no sufren incremento, según su cilindrada pagan entre ¢700 y ¢15.000.

De acuerdo con la legislación vigente, un 50% de los ingresos que resulten de la recaudación de este impuesto a la propiedad se destina al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para la atención de la red vial nacional, y el otro 50% se mantiene en el fondo general del Gobierno para atención de los diferentes programas presupuestarios, tales como educación, seguridad, vivienda y obras públicas.

Revisión técnica vehicular y pago del marchamo

Basados en los decretos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que prorrogan la vigencia de las inspecciones técnicas vehiculares (IVE), tomando como punto de partida para la reanudación del servicio la reapertura de la totalidad de las estaciones de Dekra, se habilita que todos los automotores cobijados por dicho decreto puedan cancelar el marchamo y recibir el comprobante del pago y/o el derecho de circulación con su respectivo marco plástico (sticker):

Las placas con retraso en la revisión técnica que no están amparadas por el decreto pueden pagar el derecho de circulación, pero la documentación será entregada hasta tener RTV al día, como se ha realizado en ocasiones anteriores.

¿Dónde consultar el monto que se debo pagar de marchamo?

• www.grupoins.com (https://marchamo.ins-cr.com/)
• Línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266)
• Teléfono: 2243-9999
• App INS 24/7
• Mensaje de texto al 1467 con la palabra “MARCHAMO” y el número de placa.

¿Dónde pagar el marchamo?
• www.grupoins.comv
• App INS 24/7
• 800 TELEINS (800- 835-34-67)
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En adición a lo anterior, quien no esté de acuerdo con la determinación del valor fiscal del vehículo que hizo la Administración Tributaria, puede solicitar la revisión de dicho valor por medio de la plataforma AUTOGESTIÓN, disponible en la página web de Hacienda www.hacienda.go.cr

Requisitos para solicitar revisión de valor fiscal en AUTOGESTIÓN:

ü  La solicitud debe presentarla el propietario del vehículo.

ü  Completar el formulario disponible en la plataforma (datos del vehículo, medios de contacto, otros)

ü  Aportar pruebas que demuestren que vehículos, con iguales características, tienen un valor menor en el mercado (páginas web de venta de vehículos, etc.)

Estas son las obligaciones tributarias que deben cumplirse antes de finalizar el año

Fuente: El Financiero

Faltan tan solo dos meses para que finalice el año 2022, pero antes de ese cierre deben cumplirse obligaciones tributarias para entrar al 2023 sin multas, sanciones ni intereses a raíz del atraso en el pago.

En diciembre corren una seguidilla de declaraciones y pagos de impuestos que tienen fechas establecidas. Si bien son 26 las gestiones que deben realizarse en el mes de diciembre, no todas son recurrentes en la mayoría del sector comercio, empresarial y trabajadores independientes.

En esta información se contemplan las declaraciones y pagos más relevantes de diciembre. No obstante, es importante tomar en cuenta que el 15 de marzo del 2023 es el plazo máximo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta del periodo 2022.

Calendario para el cierre de año:

Lunes 12 de diciembre:

D-150 Declaración mensual resumen de retenciones pago a cuenta impuesto a las utilidades.

Felipe Guevara, abogado tributario de la firma Consortium Legal, comentó que el trámite D- 150 lo presentan quienes brindaron el mes anterior un servicio a una empresa pública ya que en ese ejercicio el Estado retiene un 2% de la factura. De esa retención queda un saldo a favor.

En esta fecha también se realiza la declaración mensual D-155 ‘resumen de retenciones pago a cuenta impuesto sobre el valor agregado e impuesto sobre la renta’. En esa gestión se tramitan cuáles retenciones se hicieron en utilidades y cuáles en Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Jueves 15 de diciembre:

D-103-1 Declaración jurada de retenciones en la fuente por salarios, dietas, transporte, entre otras. “Esta presentación la realiza todo patrono que tenga salarios superiores al mínimo exceso. Si pagan dietas a miembros de la Junta Directiva, también se declaran ahí”, detalló Guevara.

D-103-2 Declaración jurada de retenciones en la fuente capital mobiliario.

D-103-2 Declaración jurada de retenciones en la fuente por remesas al exterior.

Aunque las dos declaraciones anteriores comparten el mismo código, la que corresponde a remesas al exterior se refiere al porcentaje que retiene la persona que paga por un servicio que fue hecho por una persona que llegó al país a brindar específicamente ese servicio.

La declaración que hace referencia a capital inmobiliario lo realizan las empresas que realizan operaciones financieras.

En esta misma fecha también tiene lugar el D-104-2 Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual es un cobro que tiene como objetivo principal gravar el consumo.

“Se cobra el 1% de mora por fracción de mes que no se pague, hasta 20 días. Es decir, como es por fracción de mes cada día se cobra 1% hasta un máximo del 20% de mora”, indicó Priscilla Piedra, socia de impuestos y servicios legales en Deloitte Costa Rica.

Todas las personas que se dedican al arrendamiento de casas o locales deben cumplir con el D-125 Impuesto de rentas de capital inmobiliario. Por otra parte, el D-149 se enfoca en los ingresos por alquiler de mobiliario, como un vehículo.

Quienes vendieron una casa en noviembre, de la cual obtuvieron ganancias, en diciembre (o mes siguiente a la transacción) deben declarar cuánto ganaron y cuál es el impuesto a pagar. Lo anterior mediante el D-162 Impuesto ganancias y pérdidas de capital.

“En su mayoría el pago se realiza a través de la plataforma de la Administración Tributaria Virtual (ATV). En el caso del pago parcial se paga por conectividad, es decir, se verifica el monto y se paga a través de las entidades bancarias con las que el Ministerio de Hacienda tiene convenio”, puntualizó Piedra.

Viernes 30 de diciembre:

El 30 de diciembre se efectúa el pago parcial de impuesto sobre las utilidades. Este es un adelante de lo que corresponde pagar por dicho concepto y de esa manera llegar al cierre fiscal en marzo 2023 con una cuenta menor.

Para cerrar el último mes del año, ese mismo viernes vence el plazo para pagar el marchamo y se conoce como pago de impuesto a la propiedad de vehículos (IPV).

Monto del marchamo podrá revisarse a partir del mediodía y subirá por más impuestos

Fuente: La República

A partir de hoy al mediodía, las personas y empresas que tengan vehículos podrán revisar el monto de su marchamo para el 2023 en la página: http://www.ins-cr.com que subirá por un incremento en el Seguro Obligatorio de Automóviles y por el cálculo en el valor fiscal de los vehículos que sube 2,2% comparado con el marchamo del 2022.

El alza en el impuesto a la propiedad de los vehículos se aplica al subir el valor fiscal para un 67% del total de los contribuyentes.

Esto quiere decir, que un automóvil particular cuyo valor fiscal para este año es de ¢15 millones, deberá cancelar ¢558 mil por el derecho de circulación, mientras que, el año pasado, el propietario pagó ¢543 mil.

El cobro se activa para 1,74 millones de propietarios de automóviles y se toma en cuenta dos rubros: la inflación y la depreciación del vehículo, según confirmó Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

El pago del marchamo debe hacerse antes del 31 de diciembre, de lo contrario, se expone a multas.

El seguro obligatorio de automóviles que forma parte de uno de los rubros del marchamo disminuyó para los carros particulares y buses, pero aumentó para taxis, motos, bicimotos y vehículos de carga liviana.

Este rubro representa únicamente el 20% del total del marchamo y cubre a las personas en caso de alguna lesión o muerte (peatones y ocupantes del vehículo) y víctimas de un accidente de tránsito.

El aumento en promedio es de 3,1% y se calcula tomando en cuenta la siniestralidad reportada por el INS, a setiembre del 2022, que fue de 23 mil accidentes reclamados, lo que representa un aumento del 16%, en comparación con los 19 mil accidentes del 2021.

El 66% restante del marchamo se calcula con el impuesto a la propiedad de vehículos que estima el Ministerio de Hacienda, 6% del Consejo de Seguridad Vial, 6% de timbres y 4% del CTP y el resto por otros rubros.

Del impuesto a la propiedad de los vehículos una parte va para el Consejo Nacional de Viabilidad y la otra parte para el Ministerio de Hacienda.

¿Dónde puede consultar?

Las opciones para saber su monto son las siguientes:

• Línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266)

• Teléfono consulta 2243-9999

• Sitio Web: www.ins-cr.com

• Sitio Móvil: www.insmovil.com

• Mensaje de texto al 1467 con la palabra marchamo, seguido del número de placa.

Calendario Tributario mes de Noviembre 2022


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