De los 38 centros educativos privados a los que llamó la Dirección General de Tributación para que arreglaran su situación tributaria, 13 rectificaron y pagaron ¢176 millones adicionales en impuestos.

Además, cuatro entidades se inscribieron en el impuesto general sobre las ventas por explotar actividades que están relacionadas con este tributo como, por ejemplo, las sodas.

Otros 15 centros educativos están examinando sus declaraciones dentro del plazo concedido por tributación y diez no hicieron ninguna corrección, por lo que serán fiscalizados. Ya se inició el proceso de uno, informó Flor Rodríguez Gamboa, directora regional de la Dirección General de Tributación.

Consultado sobre esta acción, Félix Cabalceta Rodríguez, presidente de la Asociación de Centros Educativos Privados, dijo: “Ellos están haciendo su trabajo y está bien hecho, cada quien debe pagar el impuesto que le corresponde”.

Añadió que hay varias entidades que tienen sus particularidades: por ejemplo, algunas son asociaciones religiosas y otras, de padres de familia.


¿Cómo se hizo? Tributación recopiló información de estos centros educativos y encontró varias irregularidades relacionadas con los pagos de los impuestos de renta y ventas.

Por ejemplo, los colegios contrataron profesores del exterior, pero, al pagarles, no les retuvieron el impuesto de remesas al extranjero, el cual es de un 15%.

Además, los centros educativos no tenían registradas actividades secundarias que contrataron como transporte, sodas y canchas de futbol 5, con lo cual son contribuyentes de impuestos sobre la renta.

Otros centros educativos no presentaron las declaraciones informativas y, en otros casos, no realizaron las retención del impuesto sobre la renta al salario.

También Tributación encontró casos en los cuales, al presentar la declaración del impuesto sobre la renta, incluyeron gastos que no correspondían como, por ejemplo, viajes al exterior de miembros de la Junta Directiva y sus parientes.

Una vez que se recopiló la información, Tributación los citó, les explicó los datos que tenían y 13 rectificaron sus declaraciones. Hubo un caso de un centro educativo que no pagó el impuesto sobre la renta del período 2010 y, tras el llamado, pagó ¢23 millones de impuesto y casi ¢3 millones más por intereses.

Tributación tiene prohibición legal de divulgar los nombres de los colegios.

Los 38 centros educativos se ubican en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste.

El Ministerio de Educación tiene aprobados 512 centros educativos privados. Rodriguez adelantó que revisarán más colegios.

En el Proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria que se discute en el Congreso se incluye un impuesto al valor agregado de 2% a la educación privada, lo cual abarca a estos centros educativos.

Con esta medida, el Ministerio de Hacienda pretende obtener más información para, de esa manera, mejorar la recaudación del impuesto sobre la renta de estas entidades educativas.

Por Patricia Leitón

Periódico La Nación