Fuente: Ministerio de Hacienda

En relación con el informe DFOE-SAF-IF-00007-2019, del 16 de setiembre del año en curso, el Ministerio de Hacienda considera pertinente aclarar sus alcances, contenidos y explicaciones realizadas en su momento a la Contraloría General de la República (CGR):

I. La información de deuda pública compilada y registrada por la Dirección de Crédito Público, es proporcionada directamente por los órganos o instituciones que conforman el Sector Público. Este proceso se realiza en estricto apego a los procedimientos y manuales para la compilación de estadísticas del endeudamiento público, desarrollados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

II. El informe de la Contraloría concilia las cifras reportadas por el sector público, contrastando esa información con otras fuentes, sin comprobar cuál de las cifras encontradas es correcta, y sin ahondar en la definición de si debe o no incluirse como deuda, señalando la posibilidad de que lo reportado por la Dirección de Crédito Público sea lo correcto, e instando al acercamiento entre deudor (institución pública) y acreedor para conciliar las diferencias.

III. En el caso de la CCSS, según los informes N°DFOE-SOC-IF-10-2018 y N°DFOE-SOC-IF-14-2018, la Contraloría ya tiene conocimiento de los esfuerzos de esa institución y del Ministerio de Hacienda, para conciliar las cifras reportadas y suscribir convenios que respalden las deudas. Por lo tanto, estas deudas están en proceso de verificación y conciliación conjunta, algunas de ellas están determinándose en procesos judiciales. Consecuentemente, una vez que se determine la validez de las cifras cobradas se revelarán como pasivos; pero durante el proceso se revelan en las estadísticas como pasivos contingentes para el Gobierno.

IV. En el caso del supuesto endeudamiento con FODESAF, mediante oficio DM-1902-2018 del 28 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda manifestó que “…tales sumas corresponden a ejercicios económicos ya fenecidos, no es posible desde un punto de vista jurídico presupuestario proceder con lo requerido”. Por tanto, no es posible revelar como deuda algo que este Ministerio no ha reconocido como tal.

V. En materia de créditos con proveedores, hemos insistido a la Contraloría que en el caso del Gobierno Central, la forma usual de pago a proveedores es de contado a 45 días, por lo que toda relación contractual con proveedores es básicamente de contado y no constituyen endeudamiento o crédito por parte de los proveedores, a no ser que la contratación se haya pactado como una licitación con financiamiento.

VI. En cuanto a la deuda municipal, se han realizado avances significativos en los últimos años que permiten a la fecha un registro transaccional de las operaciones y movimientos asociados a cada una de las líneas de endeudamiento reportados por el 100% de los municipios. En este caso, es el mismo proceso de conciliación desarrollado en el Ministerio de Hacienda, el que ha permitido a las municipalidades y acreedores acercarse, para mantener registros de mayor veracidad y exactitud, por lo que se considera que las disposiciones se debieron girar a las municipalidades como responsables primarias para mantener, conciliar y suministrar la información de su endeudamiento.

VII. Otro elemento del informe que no se consideró apropiadamente, es el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), ya que de este proceso depende la revelación de los pasivos asociados a los fideicomisos y al registro del devengo sobre los intereses. Tanto el Ministerio como las Instituciones del Sector Público están en proceso de implementación de las NICSP con plazo al 2023, tal como se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

VIII. El Ministerio de Hacienda está consciente del cumplimiento estricto de las NICSP, pero también es responsable de la realización de los registros con la mayor exactitud y veracidad posible, para lo cual ha emprendido una seria labor en materia de desarrollos informáticos, que dotarán a la Contabilidad Nacional y a la Dirección de Crédito Público de las herramientas propicias para el adecuado registro de los montos devengados por concepto de intereses primas y descuentos sobre valores, de forma que se reduzcan los riesgos operativos al realizar cálculos sin el adecuado instrumental informativo.

Este Ministerio coindice con la Contraloría en la búsqueda de los mejores controles para mejorar la exactitud y veracidad de las cifras presentadas por las instituciones, pero de ninguna forma esto puede ir en detrimento del debido proceso para validar las cifras, ni de las disposiciones necesarias a las instituciones respectivas como fuentes primarias de información.

Estas observaciones ya fueron presentadas a la CGR de forma oral, escrita y finalmente, en el proceso recursivo sobre este Informe, a la espera de que algunas de las sugerencias realizadas por este Ministerio sean atendidas por ese órgano contralor, y en particular atiendan al plan de trabajo del Ministerio.

Hacienda aclara que para las disposiciones contenidas en el informe ya existían planes de acción previamente concebidos y no tienen ninguna implicación presupuestaria o de pago. Por el contrario, los organismos internacionales como el FMI y la misma OECD reconocen las virtudes en los procesos de conciliación y divulgación que se llevan a cabo para garantizar la exactitud y veracidad de las cifras.