Fuente: CR Hoy

Andrés Valenciano, nuevo ministro de Comercio Exterior (Comex), dijo que está dispuesto a debatir con argumentos técnicos contra aquellos sectores que insisten en gravar con impuestos las utilidades de las empresas de zonas francas.

Entre los que defienden que el Gobierno dé un paso en esa dirección están los diputados de la bancada oficialista de Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, Mario Castillo y Luis Carranza.

El ministro de Comex reafirmó que el Gobierno está en contra de que se les cobre impuesto sobre la renta a esas firmas, en su mayoría transnacionales dedicadas a la exportación de bienes y servicios. Tan solo durante el transcurso del 2020 esas compañías generaron 10.000 empleos directos.

Valenciano, quien anteriormente ocupó el puesto de presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), contestó que el Poder Ejecutivo, y específicamente el presidente de la República, Carlos Alvarado, adquirió el compromiso de no aumentar la carga tributaria a las empresas de zonas francas y que él lo respalda.

Y dijo que él está dispuesto a conversar sobre el tema con los diputados opuestos a las exoneraciones, en un diálogo que se fundamente en criterios técnicos.

“Para discutir y analizar el tema y tomar una decisión, lo que hay que poner sobre la mesa son las consecuencias de gravar a las empresas del régimen, cuáles serían los beneficios que se dejarían de percibir.

“La evidencia, robusta y muy rigurosa de diferentes estudios, que además se actualizan año tras año, para refinarlos aún más, de cómo se contabiliza la generación de empleo, la contribución al fisco, los encadenamientos, y el derrame o transferencia de tecnología, conocimiento hacia empresas que trabajan de cerca con las del régimen de zona franca, está muy estudiada. La evidencia es abrumadora sobre los beneficios que esto trae“, recalcó Valenciano.

Con su reiteración de ese pacto, el jerarca espera que el país aumente su confianza entre los inversionistas extranjeros.

Uno de los planes de Comex y de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), agencia que promueve al país entre las empresas transnacionales, es capturar a más firmas para que se instalen en el país durante el 2021, con el objetivo de ayudar a la recuperación de la actividad económica, cuyo ritmo ha sufrido un golpe severo de la pandemia.

“Las empresas que se instalan acá tienen un contrato con el país de largo plazo (que incluye la exoneración de impuestos) y eso es un beneficio en ambas vías pues nos permite traer empresas que se vayan a quedar aquí por largo tiempo, generando empleo que además ayuda con sus contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social ($585 millones en el 2019, Cinde), Fodesaf, INA y demás. Pero también tenemos que ir generando esa confianza. Por eso es tan importante el compromiso que tiene el Presidente, que tiene el Poder Ejecutivo y que tengo yo, como ministro, de asegurar que no se van a gravar a las zonas francas“, afirmó.

Cinde ha sido enfático en el perjuicio que sufriría el país en caso de ceder a la tentación de cobrarles impuestos a las empresas de zona franca para aliviar el raquítico estado de las finanzas del Gobierno Central, que este año enfrentaría un déficit fiscal por el orden de un 11,2% del producto interno bruto (PIB).

“Si hoy la Asamblea Legislativa aprobara gravar al régimen de zonas francas con cualquier impuesto, pequeñito, grande, temporal, gradual, lo que sea, estaríamos incumpliendo los contratos que firmamos y, por lo tanto, las empresas de zonas francas que están hoy en día con estos beneficios no van a pagar impuestos y no vamos a generar un ingreso fiscal por esa vía a corto plazo”, razonó Eric Sharf, presidente de Cinde, durante una entrevista que concedió a CRHoy.com.

Y si el país decidiera modificar las reglas del juego para las zonas francas a futuro, Cinde tampoco ve ningún beneficio en materia de recaudación de impuestos.

Al contrario, la Coalición cree que en ese escenario Costa Rica dilapidaría el buen nombre que ha construido entre los inversionistas gracias a su decisión de resguardar la seguridad jurídica y, consecuentemente, espantaría a las firmas transnacionales que tienen al territorio nacional en su lista de posibles destinos.

Alto retorno por exoneraciones

Valenciano detalló que por cada dólar ($1) que el país exonera de impuesto a las zonas francas, tiene un retorno de $2,5, además de que las firmas de ese entorno pagan más de $2.000 millones en salarios, que también generan ingresos vía impuesto sobre la renta al Gobierno.

Según él,  está claro que el país debe generar mayor cantidad del talento humano que requieren las empresas transnacionales para instalarse en el país. Por eso, agregó que uno de sus caballos de batalla será la reforma a la Ley de INA para empatar la formación técnica que la entidad ofrece con lo que demandan las empresas.

Según Valenciano, ese cambio sería una “valiosa carta de presentación” ante los inversionistas extranjeros. Agregó que a nivel regional son pocas las entidades públicas de los países que tienen la cobertura, el músculo, la flexibilidad y el dinamismo para preparar a la mano de obra que requieren las empresas, además de la ventaja que ganarían los graduados en la carrera por conseguir un empleo.

La visión del ministro, antes de gravar las utilidades de las empresas exportadores en zonas francas, es pensar de qué otras maneras el Gobierno puede ayudar a crear las condiciones para que más firmas de ese tipo se instalen en el país.

Hasta ahora, pareciera que la posición mayoritaria de las fracciones legislativas se inclina hacia la decisión del Poder Ejecutivo de no imponer ningún tributo a las empresas de zonas francas.

Según Cinde, crear un impuesto sobre las utilidades de las casas productoras de zona franca le generaría al país, además de la pérdida de credibilidad ante sus socios comerciales, múltiples demandas por incumplimiento contractual y una previsible estampida de Inversión Extranjera Directa (IED), ya instalada en territorio nacional, ante el aumento de los costos, hacia otros países que les ofrezcan mejores condiciones para producir y operar.