Fuente: CR Hoy

Las pérdidas en los regímenes de pensiones, como por ejemplo el que se espera que experimente el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pueden llegar a convertirse en un problema fiscal para el país.

Esta es una situación que no solo puede ocurrir con el IVM, sino con la mayoría de regímenes de pensiones actuales del país ya que el marco jurídico de cada uno de ellos establece que el Estado es responsable directo sobre los déficit o bien en última instancia, si se llega a un problema de insolvencia con cualquiera de ellos.

Así se desprende de un reciente informe sobre riesgos fiscales publicado por el Ministerio de Hacienda en marzo pasado, en el cual concluyó que hay dos regímenes en problemas: el del IVM y el del Poder Judicial.

Hacienda hizo un análisis y recopilación de estudios actuariales de cada régimen. Para el caso del IVM  indica que en un escenario base posee un déficit actuarial de 100 billones de colones, lo que representa un 275,6% sobre el PIB del año 2019.

Por su parte, el estudio actuarial del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial afirma que el déficit actuarial bajo el escenario base es de ¢708.582 millones que se traduce en un 1,95% del PIB del año 2019.

Solo en el caso del régimen del IVM se establecen varias causas, entre ellas el crecimiento poblacional y que en cierto punto estarán ingresando más pensionados que cotizantes. Esto implica tener que incurrir en mayores gastos que lo que le ingresará por cotizaciones. El punto de quiebre entre ingresos y gastos se espera que ocurra en el corto plazo.

Para Hacienda, si estos regímenes no alcanzan una situación de equilibrio, serán las finanzas gubernamentales – el presupuesto- las que finalmente tengan que soportar la presión.

Esta fue una de sus conclusiones resumidas en la página 42 del documento:

Si los fondos del IVM y del Poder Judicial llegaran a experimentar cualquiera de los déficits anteriormente descritos, el Gobierno deberá salir al rescate, para cumplir con el pago de las pensiones correspondientes, por la garantía de solvencia que posee el sistema de seguridad social. Sumando a ello, el Estado debe cargar con una deuda del Gobierno Central a diciembre 2019 de un 58,48% del PIB y con una deuda del Sector Público No Financiero a diciembre 2019 del 74,2% sobre el PIB. Por tanto, resultaría una situación bastante crítica para el país.

De acuerdo con el análisis de Hacienda, si en los regímenes de pensiones no contributivo y aquellas con cargo al presupuesto nacional se produce un déficit, éste debe ser cubierto de inmediato por el presupuesto gubernamental.

En el caso de los restantes regímenes se trata de una intervención de “última instancia”; es decir, antes de que el gobierno otorgue recursos del presupuesto deben agotarse todas las opciones posibles para rescatarlos.

La semana anterior la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decidió aplazar por dos meses la discusión de una eventual decisión para eliminar la pensión adelantada e incrementar las cuotas obreras para dar sostenibilidad al régimen, en gran medida envuelta en una fuerte presión debido a que no se han analizado cambios más profundos, como por ejemplo para atraer a población que actualmente no cotiza.

Se calcula que en la actualidad un 50% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad, pero la CCSS mantiene políticas de cobros retroactivos que hacen a profesionales liberales literalmente huir de la institución.

“El tema de la informalidad, de las pymes y de cobrar retroactivos no tiene sentido, no lo entendemos… aquí no se pueden poner curitas donde se requiere suturar, se necesita una reforma estructural y sostenible en el tiempo”, cuestionó Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica Nacional.

El tema de la informalidad es otro de los aspectos que Hacienda mencionó en su informe, en donde señala que la aparición de nuevas plataformas de trabajo de reparto o transporte ha venido a incentivar que muchos trabajadores no estén cubiertos por la seguridad social.

Así lo señala en la página 17 del documento, en el apartado “riesgo asociado al mercado de trabajo”:

Ese tipo de trabajo no encaja en el listado de actividades económicas que actualmente la CCSS permite para inscribirse como trabajador independiente, ocasionándose con el desarrollo de dicha tecnología un debilitamiento de los fondos de pensiones, como los de beneficio definido, cuyo aporte contribuye al financiamiento de las pensiones totales del momento. Por lo que, la transformación laboral que se está dando en el país, representa un riesgo para la sostenibilidad de los fondos de pensiones y con ello un peligro para las finanzas públicas.

Un ejemplo de ello es la entrada al mercado laboral de la empresa Uber al país en el año 2015. Esta empresa brinda servicios a nivel internacional de transporte con conductor a particulares, a través de un software de aplicación móvil. Esta firma no reconoce la relación laboral directa que existe entre los accionistas y los conductores, por lo que no brinda el derecho de prestaciones ni a garantías laborales mínimas como seguro de salud o pensión.

Como parte de las opciones para reducir el riesgo Hacienda recomienda en su estudio que el régimen del IVM debería estar sujeto a la supervisión de la Supen a pesar de su independencia.

También hizo eco de algunas recomendaciones emitidas por el FMI, entre ellas:

  • Que todos los fondos presenten estados financieros de manera uniforme.
  • Reglamentar la presentación y elaboración de informes actuariales.
  • Además, que los estudios actuariales, presentar una comparación entre las cifras financieras proyectadas y los resultados por año, así como indicadores de tasa de desempleo natural, de crecimiento de los salarios reales, horas promedio trabajadas, crecimiento de la productividad potencial del trabajo y la productividad total de los factores.