Fuente: CR Hoy

La regla fiscal y el pacto que el Gobierno cerró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) frenarán el gasto su gasto en ¢1,4 billones en este 2021.

Así lo comunicó el Ministerio de Hacienda al Consejo de Gobierno a mediados de abril pasado, antes de que se le comunicara a cada ministerio el techo presupuestario de acuerdo con los parámetros que dicta la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y el acuerdo con el ente financiero multilateral, al que acudió Costa Rica en busca de un crédito de apoyo presupuestario por $1.778 millones.

Según el acta de la sesión del Consejo de Gobierno del 13 de abril, el ministro de Hacienda, Elian Villegas y otros funcionarios del Ministerio, comunicaron que el Gobierno Central tiene autorización para ejecutar ¢9,5 billones (sin contar amortizaciones de la deuda), entre gasto corriente (¢8,1 billones) y gasto de capital (¢1,3 billones).

Empero, la proyección de gasto para el 2021 de acuerdo con las metas que se negociaron con el FMI y a raíz de la aplicación de la regla fiscal limita el gasto total a ¢8,1 billones, por lo que el Gobierno Central no podrá utilizar los restantes ¢1,4 billones.

De ahí la necesidad de que cada ministerio contribuya con un nivel de subejecución presupuestaria congruente con la regla fiscal.Ese tope al gasto se les comunicó a las instituciones el mismo 13 de abril pasado.

Elian Villegas explicó al resto del Gabinete ese día, durante la sesión del Consejo de Gobierno que presidió Carlos Alvarado, que la regla fiscal se contempló al momento de montar el presupuesto para el 2021, por un total de ¢11,3 billones.

Sin embargo, les aclaró que Hacienda también debe velar por la ejecución presupuestaria, lo cual implica que no es posible gastar toda la asignación de recursos que se hizo a cada ministerio.

Los topes al gasto

Para el 2021, la regla fiscal permite que el gasto del Gobierno Central crezca un 4,13%. Para el 2022, explicó Hacienda, el crecimiento máximo será de un 1,96%, por lo que el presupuesto del año entrante vendrá aún más estrujado.

La regla fiscal creada en el plan fiscal que se aprobó en diciembre del 2018 establece que se limitará el crecimiento al gasto presupuestario (corriente o total) según el comportamiento de 2 variables macroeconómicas.

Una de ellas es la tasa promedio de crecimiento interanual del producto interno bruto (PIB) nominal de los últimos cuatro años previos a la formulación de los presupuestos para el año correspondiente.

La otra variable es la relación de la deuda total del Gobierno Central con respeto al PIB nominal del ejercicio anterior al año de formulación del presupuesto.

Hacienda consideró “clave” cumplir con los parámetros que dicta la regla fiscal para que el país se encamine por la senda de sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo.

La meta del Gobierno es reducir la relación del gasto corriente-PIB para el periodo 2020-2023 en un 3,1%. El objetivo de reducción para el periodo 2020-2025 es de un 4,4% del PIB.

La intención final es que esas acciones den resultados primarios positivos a partir del 2023 y que se llegue a un superávit primario de un 1%, además de un punto de crecimiento máximo de la deuda fijado en un 76% del PIB, compromisos que adquirió Costa Rica con el FMI para optar por el crédito de apoyo presupuestario, que ya fue dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios del Parlamento.

A partir de ese umbral, espera Hacienda, se empezaría a experimentar un decrecimiento de la deuda con relación al PIB.

El presupuesto ordinario de la República para el 2021 se aprobó con un recorte de ¢532.644 millones, es decir, alrededor de un 1,42% del PIB.

Empero, durante el 2021 se han aprobado presupuestos extraordinarios que ha enviado Hacienda a los diputados por el orden de los ¢215.000 millones y eso compromete la reducción inicial en el gasto.

Hacienda estima, en principio, que en el 2022 el presupuesto ordinario llegará al Parlamento en setiembre con un recorte de ¢170.000 millones, un 0,47% del PIB, en gasto primario.