Fuente: Diario Extra

El Poder Ejecutivo no pierde la esperanza de ponerles impuestos a las remesas al exterior.

A través del proyecto de ley 22.801, Casa Presidencial planea que cualquier remesa pague una tarifa del 35%.

Actualmente, las remesas ya tienen un impuesto que alcanza un 30%.

Cabe señalar que la iniciativa forma parte de la agenda que Casa Presidencial negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Se aumentarán en cinco puntos porcentuales los pagos que se hacen por remesas al exterior: estas constituyen rentas de fuente costarricense por servicios y otros conceptos que se reciben por parte de empresas o personas que no tienen establecimiento permanente en Costa Rica. Estos pagos están claramente relacionados con las actividades desarrolladas en el país y, por tanto, son gastos deducibles del impuesto sobre las utilidades, cuando se haya cumplido con la correspondiente retención”, precisa el texto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo.

¿CÓMO VA LA COSA?

Según explicó el economista Gerardo Corrales, habrá algunos sectores afectados, pero, comparado con otros impuestos, “es el menor de los daños”.

“Son remesas por servicios contratados desde el exterior. Ahí hablamos de reaseguros, pagos por servicios de transporte, derechos de uso de películas, intereses de deuda tomada en el exterior. Me parece que habrá sectores afectados, pero puede ser menos dañino que otros impuestos como el IVA o el de transacciones financieras. Me parece que es lo menos dañino”, explicó.

“A nadie le gustan los impuestos, pero por más que se eliminen los gastos totales, hace falta de ingresos frescos. Algo de esfuerzo se tiene que hacer, aunque sea transitorio. El gobierno debe cumplir estrictamente la regla fiscal y, a su vez, se debe hacer cortes de gasto corriente. Si aun así hace falta, debe buscarse impuestos progresivos y temporales”, añadió Corrales.

Por su parte, Fernando Rodríguez Garro, exviceministro de Hacienda, dijo que se cobrarían servicios de personas no residentes en Costa Rica.

“Es un impuesto para no residentes en el país. No grava lo que las personas nicaragüenses, panameños, colombianos envían a sus países como una remesa.

Eso ya está gravado y, además, quienes envían residen en el país. A manera de ejemplo, una persona nicaragüense que trabaja en una empresa, recibe salario y ya eso cancela un impuesto. Cuando envía el dinero, ya eso contribuyó”, expresó.

“Si viniera una persona de afuera, da un servicio y obtiene una ganancia, ¿cómo hace para pagar? La ley establece que se me rebaja un impuesto en el momento que se me pague. Eso es el fondo de lo que dice el texto”, agregó.

MÁS IMPUESTOS

Sin embargo, el nuevo texto de ley presentado bajo el expediente 22.801 no solo contiene el gravamen de salario escolar, sino que también aumenta impuestos a distintos rubros, tales como pensiones y salarios (15%), transporte y comunicaciones (13,5%), honorarios y servicios personales (30%), asesorías técnico-financieras (30%) y hasta telenovelas (55%).

En cuanto a transacciones, se aumentarían en cinco puntos porcentuales, las utilidades, dividendos o las participaciones sociales, intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los arrendamientos de bienes de capital pagados o acreditados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas físicas del exterior.

Del mismo modo, incrementan los intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen personas físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a bancos extranjeros.

Caso similar transcurrirá con intereses, comisiones y otros gastos financieros que paguen o acrediten las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia General de Entidades Financieras a compañías del extranjero.

Finalmente, aumentará el gravamen por asesoramiento técnico-financieros.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, la aprobación de dicha ley generaría un rendimiento estimado en 89 mil millones de colones (0,23% del PIB), lo que ayudará de manera importante en el proceso de ajuste fiscal necesario para mantener la estabilidad fiscal del país en el mediano y en el largo plazo.