Fuente: El Observador CR

Tasas de interés más altas, cuotas más caras y hasta posibles roces con la Constitución Política.

Ese es parte del diagnóstico que hacen las voces expertas sobre el proyecto de ley 23.379, que busca imponer una “tasa para la mejora en la eficiencia de la gestión de los procesos de cobro judicial”.

En términos sencillos, esta impondría una cuota para que los acreedores puedan llevar a los deudores a cobro judicial.

La idea no es nueva. De hecho, en los últimos tres años ya se presentaron dos iniciativas similares que terminaron fracasando y a ahora se suma un tercer plan, que llegó al Congreso la semana anterior.

La medida, sin embargo, tendría repercusiones significativas.

Las advertencias de los expertos

El abogado constitucionalista Fabián Volio advierte que planes como estos atacan directamente a un tipo de acreedor.

“En mi opinión es inconstitucional cobrar para acceder a la justicia, cobrar una especie de impuesto o tasa, porque se trata de un servicio público, desde ese punto de vista no debería cobrarse; por lo menos no es la solución correcta al problema del atraso en el cobro judicial y mucho menos atribuirle a los bancos un problema de saturación de los tribunales”, aseveró.

“Pareciera que es un ataque solo a un tipo de acreedor. Como atacar solo a los bancos, cómo si estuvieran cometiendo una falta contra la moral o contra las leyes o las buenas costumbres. Los bancos se limitan a prestar dinero y después tienen que recuperarlo si la persona o la empresa no paga”, agregó.

Desde el punto de vista financiero, el economista Gerardo Corrales destacó que un cobro de este tipo impactaría irremediablemente el resto de costos.
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“Tirar todo el costo a los bancos. Estos lo van a traducir en tasas de interés más altas, con el margen de intermediación y lo terminarán pagando los usuarios”, puntualizó.

Más allá de un plan que imponga un nuevo cobro, ambos expertos coinciden desde sus áreas en que lo más procedente sería modificar el sistema judicial de cobros.

Para el abogado, lo óptimo sería aprovechar otras figuras como los arbitrajes, dado que se que trata de acuerdos entre partes.

“En lugar de imponer un impuesto, una carga que no va a resolver de todos modos el problema de la mora judicial, debería plantearse una solución que saque del Poder Judicial esos cobros, porque de todos modos es un procedimiento privado”, acotó.

Agregó además que se podría modificar el marco procesal. A su criterio, en estos juicios se resumen en si se pagó o prescribió una deuda, por lo que no deberían ser tan complejos a nivel judicial.

Corrales advierte también que deberían hacerse modificaciones legales en cuanto al Derecho Tributario, pues este fuerza a tener que judicializar los expedientes.

“Debería también pensarse en cambiar la legislación tributaria para cómo se le permite a los bancos poder deducir del pago del impuesto de la renta aquellas cuentas que la SUGEF haya declarado incobrables. Con ello se reduce significativamente la demanda de los servicios judiciales”, explicó.

En esa línea también opinan las instituciones financieras, que alegan que de momento no queda otra que recurrir a esta vía.

“Los bancos están obligados a presentar los procesos para pasar por incobrables los créditos y lo procedente es modificar las disposiciones de cobro para acotar la cantidad de casos que ingresan al sistema judicial”, indicó María Isabel Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Para el gremio, la solución también está más en la acera de los juzgados que en la de quienes recurren a ellos. Así, un control diferente sobre el ingreso de casos sería el escenario que ven más útil.

“El Sistema de Justicia enfrenta un problema de circulante generado porque la cantidad de asuntos que ingresan sobrepasan la capacidad instalada de los despachos judiciales; esa situación puede solventarse si se reduce el ingreso o mejora la capacidad de tramitar aumentando personal y mejorando la eficiencia de los despachos”, concluyó la vocera.