Fuente: La Nación / Opinión

En la tasación diferenciada del 20% del impuesto general a la agricultura, es necesario aclarar que no hay ningún trato preferencial para los “grandes” agricultores, asimilándolos por igual con los pequeños, por la sencilla razón de que el impuesto de bienes inmuebles se calcula con bases geográficas y urbanísticas, que nada tienen que ver con la productividad agrícola; de ahí que resulta excesivo para la producción agrícola, pequeña o grande.

El impuesto de bienes inmuebles se calcula por ley conforme a los imperativos cálculos geográficos, según las zonas homogéneas, determinadas en el Ministerio de Hacienda por el Órgano de Normalización Técnica. Parte, como resulta de su naturaleza, de cálculos geográficos de escritorio, y no de la explotación efectiva del inmueble, por lo que no es cierto que se trate de capital dedicado a una explotación agrícola, aunque potencialmente valga para usos urbanísticos. En esta diferencia entre lo real y lo potencial, está el problema, dada la valoración urbanística, que ha subido considerablemente el valor de los terrenos en casi todo el país, en especial en el Valle Central y las costas.

Con la excepción del cantón Central de San José, no hay cantones exclusivamente urbanos; en todos conviven el uso urbano y el uso agrícola (café, caña, hortalizas, etc.), pero en esa convivencia se traslada el mayor valor urbano a todo ya que para estos efectos se toma lo potencial como si fuera lo de explotación.

Demagogia. Por ello a los agricultores en el Valle Central y en otras áreas, se les tasa con avalúos genéricos zonales, aplastantes e irreales para la actividad que realizan. El argumento demagógico de que entonces resultarían favorecidos los grandes productores y las transnacionales no es cierto, porque sus actividades también son agropecuarias y responden al mismo factor de costo.

No hay que confundir ingresos y renta, para los que existen otros impuestos, en los que sí se hace, y es procedente, ese tipo de diferenciaciones, con factores de costo que son iguales para todos.

Por otra parte, las “transnacionales” desarrollan” sus actividades (banano, piña, palma, etc.) fuera del Valle Central, y deben competir en precio, y en condiciones con otros países de América y de África, con otras empresas o con sus propias divisiones ahí, y si se les tasan sus tierras como si fueran urbanas, simplemente se irán a esos otros países, perjudicando a sus trabajadores acá, y la balanza de pagos costarricense, en la que las exportaciones tradicionales siguen siendo muy importantes.

En el Valle Central, en que habitan los dos tercios de la población del país, si no se tasa el impuesto en el 20% a la agricultura, se tendrán otros importantes efectos sistémicos negativos, además del empleo muy importante que proporciona el café, especialmente en la época de cosecha.

En primer lugar, contra toda la política urbanística actual del crecimiento hacia arriba, de nuevo se caerá en el crecimiento urbano horizontal, más demandante en extensión de servicios públicos, en aumento de la circulación vial, del consumo de combustible y de la contaminación, en la medida en que las zonas verdes cafetaleras actuales sean abandonadas y puestas en venta para urbanizaciones.

En segundo lugar, el incremento de la “cementización” del suelo, y la disminución de la captación de las lluvias por el suelo de los cafetales y su correlativo pase a los acuíferos subterráneos que están en todo el Valle Central, afectará sensiblemente el vital recurso agua de estos acuíferos. En este momento, un 70% del abasto global del país proviene del agua subterránea. Además de la importante contribución que esa masa vegetal que se perdería, da actualmente a la limpieza del aire.

O sea, que hay importantes efectos ambientales y sistémicos que no se están tomando en cuenta para efectos del rechazo al 20% en la forma pretendida.

En el café, por otra parte , la propiedad ya de por sí está muy dividida, y las escasas fincas más grandes no tienen ninguna ventaja para su productividad, que resulta más del cuidado personalizado, más fácil para las medianas y pequeñas. Por eso en la base de la democracia costarricense, ha estado siempre el café. En lo que se refiere a la ganadería, que apenas está en un punto de equilibrio, y que debe competir con suelos más baratos en Nicaragua, se le empeora la situación.

La pretensión de convertir la tasa diferenciada general del 20% a la agricultura, por aplicar directamente por las mismas municipalidades, en una exoneración para unos y no para otros, que obliga a la intervención de otras entidades como Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), conduciría a una tramitología y burocratización centralizadas exasperantes, que haría inoperantes el beneficio para los denominados pequeños y medianos productores, por calificar en tales trámites.

Una vez más se olvida, por quienes, en su demagogia pierden la perspectiva, que la sencillez y la realidad son la regla fundamental para hacer operantes las leyes respecto de los administrados.