Fuente: La República

Si usted es una de las personas que anda en busca de empleo y no ha podido ser contratado pese a los múltiples intentos e incontables aplicaciones en línea, es probable que parte de su problema se explique por el elevado costo de las cargas sociales que pagan las empresas a la Caja Costarricense del Seguro Social.

Y es que Costa Rica no solo destaca entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por ser el que tiene el mayor índice de desempleo -triplicando el promedio para los integrantes de esa organización -, sino que también obliga a los empresarios a asumir responsabilidades sociales y tributarias, muy por encima de la media.

A diferencia de las empresas en zonas francas que tienen regularmente puestos de trabajo por llenar, según Roxana Morales, economista de la Universidad Nacional, las empresas fueran de ese régimen viven un panorama totalmente distinto.

Una alta carga impositiva reduce los recursos disponibles de las empresas para inversión futura como capital físico y la capacidad de expansión contratando más personal; es decir, el dinero que podría ir destinado a generación de empleo, se destina a impuestos y otras cargas sociales.

Nuestro país es el que tiene la carga efectiva de impuestos más alta entre los miembros de la OCDE, superando en más de cinco puntos a los ‘seguidores’ más cercanos, como lo es Chile.

Este término de “carga efectiva” se refiere a la cantidad real de impuestos que termina pagando una corporación como porcentaje de la renta o ganancia.

Es decir, en el caso de Costa Rica, la tasa oficial es del 30%, pero las empresas acaban pagando aproximadamente un 43,3% de carga impositiva, según las cifras que maneja el portal de la OCDE al 2020.

“El problema que tenemos en las cargas fiscales, es alto grado de informalidad del país, donde hay personas ocupadas que no cotizan, limitando la posibilidad reducir esas cargas y mantener la sostenibilidad”, agregó Morales.

Asimismo, el panorama que se aproxima tampoco es alentador, puesto que, en el proyecto de renta global dual de la agenda con el FMI a las empresas al sexto año se les cobraría un 15% adicional sobre los dividendos, aunque no los haya distribuido, haciendo que estas acaben con una carga fiscal efectiva superior.

Yo me pregunto: ¿Hasta cuándo vamos a entender que la pesada carga fiscal, cada vez mayor, está aniquilando cualquier iniciativa que pretenda crear empleo y prosperidad en el país? El frío no está en las cobijas. Debe ponerse un alto a este tipo de medidas empobrecedoras”, se refirió Natalia Díaz, presidenta Partido Unidos Podemos sobre ese apartado del proyecto.