Fuente: CR Hoy

Si bien la crisis es una situación real que afecta al país prácticamente desde que inició la pandemia, una de las principales preocupaciones no es lo que ocurra este año, sino lo que hará el país a partir de 2021.

Para este año el plan de financiamiento del gobierno ya está prácticamente trazado. El país recurrirá a organismos internacionales y en menor medida al mercado local para poder financiar el 12,5% del Producto Interno Bruto (PIB) que se calcula terminará costando la difícil situación actual.

El problema es qué pasará el próximo año cuando ya el país cope su nivel de endeudamiento con entidades extranjeras y el déficit fiscal sea todavía mayor al de este año.

Cálculos realizados por la firma FCS Análisis señalan que en 2021 el país tendrá un requerimiento bruto de financiamiento superior al 15% del PIB; esto equivale a unos $8.920 millones.

De esos requerimientos, unos $3.339 corresponden a la necesidad de pagar títulos de deuda que vencen y el resto sería déficit presupuestario.

Serían necesarios $3.107 millones de créditos externos y otros $5.813 millones en el mercado local, de los cuales un 5,6% del PIB se podrían financiar mediante renovaciones de deuda. Quedaría todavía un hueco adicional por $2.513 millones, según detalló José Luis Arce de FCS Análisis, quien señaló que “sin un acuerdo con el FMI, los requerimientos de financiamiento locales, serían – simplemente- insoportables”

Si este 2020 se cumple cumple con la aprobación de todos los créditos proyectados por Hacienda, para 2021 el país tendría menores opciones de buscar nuevos préstamos de este tipo. A abril pasado el endeudamiento total ya sobrepasaba el 62% PIB (60% es el máximo considerado como aceptable) y con la nueva cartera en camino la cifra posiblemente llegará muy cerca del 70%.

Entonces las opciones más viables serían tres: acudir a emisión de títulos en el extranjero, emitir títulos en el mercado local, o acudir al auxilio del FMI.

La primera opción estaba en los planes iniciales con los $4.500 millones en eurobonos que la Administración pretendía negociar con los diputados a inicios de año, pero las recientes rebajas en las calificaciones dan pocas oportunidades al país de obtener buenos rendimientos o incluso de al menos captar el interés de inversionistas.

Un bono costarricense está costando más de un 6% más caro que un bono del tesoro de Estados Unidos, y está apenas mejor evaluado que los de El Salvador; todos los demás países de la región pagan un mejor precio por sus títulos, que Costa Rica.

La segunda opción de emitir títulos en el mercado local enfrenta cada vez más estrés. Desde hace un par de meses los inversionistas privados prácticamente desaparecieron de las negociaciones mostrando total desinterés en los títulos gubernamentales, con lo cual todo el peso lo llevan los bancos y entidades del Estado.

El problema es que los principales acreedores de Hacienda y del Banco Central son las mismas instituciones que actualmente tienen el peso financiero de la crisis, como por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y las operadoras de pensiones.

Un par de semanas atrás el INS afirmó que seguirá colaborando en la medida de lo posible con el gobierno, pero entidades como la CCSS parecen enfrentar condiciones más complicadas, si se toma en cuenta las pérdidas que ha venido sufriendo por la reducción en las cuotas obrero patronales y los gastos adicionales en atención de la crisis.

La opción, según el economista de Prival Bank, Vidal Villalobos, sería “patear la bola” para adelante de modo que los vencimientos que haya que pagar en el corto plazo se cambien por vencimientos de más largo plazo.

CRHoy consultó a la CCSS si Hacienda ya había realizado algún tipo de gestión al respecto para efectuar traslados de deuda. Álvaro Rojas, director de Inversiones del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) señaló que no.

Según Rojas, solo en el segmento de IVM el dato proyectado de vencimientos corresponde a ¢725.165 millones para lo que resta de 2020 y 2021, saldo “que puede variar de conformidad con la capitalización de los recursos”.

Según los estados financieros de este segmento de la entidad, el rubro más importantes de sus activos no corrientes son los títulos, los cuales reflejaron una variación de ¢92 mil millones en el último periodo, correspondientes a la adquisición de títulos valores de Hacienda,y también se refleja una variación del 27% en el saldo, producto del traslado de corto plazo a largo plazo correspondientes al año anterior.

Ante todo este panorama, la búsqueda del acuerdo con el FMI parece inevitable. Los temores a nivel local son que este acuerdo implique comprometer al país en temas de ventas de activos o reformas del Estado fuertes que hasta ahora la mayoría de las últimas administraciones han evitado.

Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central opinó distinto, en un foro del Colegio de Ciencias Económicas efectuado el miércoles anterior. Afirmó que el Fondo lo que pediría es que el país pueda bajar su razón de deuda/ PIB para el 2034 a un 50% y la responsabilidad de cómo hacerlo.

“El país se puede poner de acuerdo”, señaló.