Fuente: La Nación

Los azucareros y los importadores de este endulzante dejaron de manifiesto el fuerte choque que sostienen ante la petición de elevar los aranceles o impuestos de entrada (imposición de una salvaguardia), para presuntamente proteger al mercado local de las compras en el exterior.

De acogerse la petición de los productores, se agregarían aranceles a los que comúnmente se pagan por importar ese producto, que son del 45%. Actualmente, además, están vigentes aranceles temporales adicionales por dumping (vender azúcar importado a precios artificialmente baratos), del 3,67%, que se añaden al común, y el 1% extra de impuesto advalorem, para un total de 49,67%.

La pugna quedó de manifiesto en la audiencia pública entre las partes, realizada este lunes 20 de enero, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Esta reunión, donde coinciden las dos partes en pugna, es convocada en los momentos finales de la investigación por la Dirección de Defensa Comercial de esta institución.

Esa oficina del MEIC toma una decisión luego de las indagaciones y la eleva a consideración del ministro de turno, quien decide si la pone en vigencia, la rechaza o la modifica. A partir de ahora, las partes tienen 15 días naturales para presentar argumentos por escrito luego de la audiencia, y los técnicos tendrían hasta mediados de mayo para dar el veredicto.

Los denunciantes, quienes piden más impuestos, afirman que se trata de salvar la actividad de los productores pues de otra forma no podrían sobrevivir si continúa el ingreso del edulcorante, mientras que los contrarios consideran que se elevaría el precio al consumidor final al cerrarse las importaciones o pagar más aranceles por ellas y que la pretensión es impedir el ingreso del azúcar en una economía abierta.

A inicios de julio del año pasado, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), en representación de productores y de ingenios, solicitó al MEIC abrir una investigación para imponer aranceles adicionales al azúcar importado. La solicitud se basa en el supuesto incremento de las importaciones con perjuicio a la producción local.

Laica pidió en aquel momento una medida cautelar, es decir, que se impongan aranceles adicionales mientras se realizaba la investigación definitiva, pero el MEIC la rechazó. La Liga se ha negado a explicar cuál es el arancel adicional que solicitó.

Lucrecia Brenes, asesora legal de los importadores de azúcar, aseguró que no existe tal impacto de las importaciones contra la producción local, pues el producto traído del exterior representa alrededor de 4% del consumo.

Pero Édgar Herrera, director ejecutivo y de comercialización de Laica, refutó esa cifra. “Del mercado de consumo doméstico, que es donde ellos venden, las importaciones ya representan más del 9% de la demanda”, enfatizó.

Alrededor de 40 productores llegaron a la audiencia para demostrar que el ingreso de producto externo los está afectando, dijo Herrera. “Ellos no habrían venido si no los estuviera perjudicando, de eso esté seguro”, enfatizó.

Brenes aseguró que Laica y el sector productor reconocieron que el precio local del azúcar subvenciona al de las exportaciones en épocas de baja cotizaciones internacionales.

Herrera rechazó contundentemente tal aseveración, pues dijo que los importadores estaban comparando dos presentaciones totalmente diferentes. Uno, agregó, es el azúcar crudo de exportación que tiene un proceso mínimo y el otro el azúcar blanco local para el consumidor, que lleva otros procesos industriales, empaque, adición de vitaminas, transporte y márgenes de ganancia para el mayorista y el comerciante.

“Absolutamente rechazamos que sea consecuencia de las importaciones lo que está pasando en el mercado nacional; lo que está pasando es una reducción del consumo de azúcar, porque los gustos y preferencias cambian y por las campañas relacionadas con la salud”, señaló Brenes.

La Federación de Productores de Caña (Fedecaña) aseguró que en el periodo de incremento de las exportaciones, del 2015 a la fecha, han desaparecido 2.205 productores y dos ingenios (Atirro, en Turrialba, y Costa Rica, en Grecia). Así consta en el documento presentado como parte de la coadyuvancia en favor de Laica dentro del proceso.