Fuente: Delfino CR

La Cámara de Comercio de Costa Rica urgió al Gobierno tomar medidas para combatir los efectos económicos que la pandemia de COVID-19 está teniendo sobre los negocios en el país, al sostener que durante las primeras ocho semanas de la emergencia, el sector comercial ha alcanzado una pérdida de más de 504 mil millones de colones, lo que equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Según datos de la Cámara, solo el 13% de los comercios tiene completa seguridad de que podrá soportar las condiciones actuales y mantener operaciones en las próximas cuatro semanas. Mientras tanto, en el sector se han perdido más de 23 mil empleos y otros 21.500 tienen jornada suspendida.

Ante esa situación, la Cámara planteó dos líneas de acción para superar la crisis: sanar el ingreso disponible de las personas, y subsanar los costos de operación de las empresas.

En la primera línea los empresarios plantean aumentar el ingreso disponible para el consumo de los ciudadanos, lo cual es posible de dos formas: aumentando los ingresos monetarios (cosa que califican de no viable de momento) y disminuir las fugas de dinero y redirigirlas al consumo efectivo, que es el camino que recomiendan seguir.

Así, la primera propuesta es reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% actual al 10%, ya que eso liberaría recursos para el consumo por 0,9% del PIB, unos 293 mil millones de colones anuales.

La Cámara de Comercio afirmó que en condiciones normales se discutiría si una reducción en los impuestos implicaría un aumento o una reducción en la recaudación fiscal, sin embargo, sostienen que no nos encontramos ante situaciones normales. “Se va a presentar una reorganización del gasto del hogar, se estimulará permanecer en la formalidad y en los mercados lícitos, y existirán más transacciones al 10% versus pocas al 13%”.

Además, proponen reducir en cinco puntos porcentuales el Impuesto sobre la Renta cobrado a las bandas 2 y 3 de ese tributo para inyectarle 129 mil millones de colones a las familias. De este modo, una persona que tenga ingresos de entre 840.000 y 1.233.000 colones pasaría de pagar 10% de Impuesto sobre la Renta a 5%; mientras que alguien que gane entre 1.233.000 y 2.163.000 colones pasaría de pagar 15% de Renta a un 10%.

La exoneración para quienes ganen menos de 840.000 colones y los impuestos a salarios superiores a 2.16 millones seguirían iguales a los actuales.

La tercera recomendación es implementar medidas a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente el mantener el pago por jornada efectiva, que el trabajador independiente cotice igual que un asalariado y la jornada flexible 4/3.

También piden reducir los aportes patronales en algunas cargas sociales, específicamente pagar solo la mitad por concepto de aportes al Fodesaf, IMAS, Banco Popular, INA, Riesgos del Trabajo y el INS Patronal. Los aportes a los regímenes SEM e IVM de la Caja se mantendrían igual.

Luego está la solicitud de suspender la retención del IVA y Renta con el pago de tarjetas, lo cual liberaría 139 mil millones de colones en flujo de caja de las empresas (0,41% del PIB).

A nivel bancario, piden disminuir en 200 puntos base (2%) las tasas de interés para Pymes en la banca pública, lo cual disminuiría los costos de las empresas anualmente en 17 mil millones de colones (0.05% del PIB); y reducir la comisión de intercambio por el uso de datáfonos al 1%. Sobre este último punto ya hay una ley aprobada, pero el Banco Central tiene varios meses plazo para poder hacer los estudios y actualizar los montos máximos que se pueden cobrar.

Reducir las comisiones al 1% liberaría, según la Cámara de Comercio, 146 mil millones de colones anualmente a las empresa (0.43% del PIB).

Como octavo punto está permitir la depreciación acelerada de activos al 50% del plazo actual, para fomentar la inversión, proteger y crear empleo. Luego, piden que SICOP sea verdaderamente el único sistema de compras públicas para ahorrar 2% del PIB en gasto público, incentivar la participación de las Mipymes y “dejar de abusar” de las contrataciones entre instituciones sin licitación.

Finalmente, la Cámara recomienda mejorar la gestión de la Banca para el Desarrollo y/o replantear el modelo, revisando y ajustando la normativa y evaluando el riesgo de los clientes, además de permitir el acceso a las Pymes a esos recursos.