Fuente: CR Hoy

Al margen de las nuevas contradicciones en que entró el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) con la propuesta que pretende plantear al Fondo Monetario Internacional (FMI), ésta – con o sin nuevos impuestos- sigue quedándose corta para resolver el serio problema estructural que enfrenta el país y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

De todas las propuestas planteadas hasta ahora, solo una implica un cambio importante en materia estructural; sin embargo, es una de las que más cuestionamientos enfrenta a nivel político debido a que el planteamiento – a como está- podría generar más gastos que ganancias.

Se trata de la Ley de Empleo Público sobre la cual aún no existe consenso. El proyecto plantea un sistema de salario único sin pluses para reducir las grandes disparidades que hay en la función pública.

Esta es prácticamente la única ofensiva en materia de reforma estatal, por lo que todavía queda abierto el tremendo enmarañamiento estatal que involucra ministerios y entidades con duplicidad de funciones, órganos creados bajo realidades del pasado cuyo objetivo operativo ya se encuentra desfasado, crecimiento desmedido de planillas, multiplicación de entidades para realizar labores que antes correspondían a un único ministerio (por ejemplo el MOPT y sus consejos) y excesiva tramitología, entre otros.

En su lugar, la mayor parte de iniciativas garantizan acceso a recursos, ya sea por nuevos impuestos, eliminación de exoneraciones, traslados de recursos y recortes, que -según analistas- simplemente harán patear la bola del problema fiscal para más adelante.

Este martes, tras un encuentro con los jefes de fracción, desde Casa Presidencial las ministras de Presidencia y Planificación Geanina Dinarte y Pilar Garrido, hablaron de aumentar el IVA al 14% e implementar el impuesto a las transacciones bancarias como “opciones” a discutir con los diputados.

Pero este miércoles el ministro de Hacienda Elian Villegas salió a desmentirlas y afirmar que éstas no se están considerando ni serán tomadas en cuenta. Con o sin estas opciones, la parrilla completa sigue sin tener propuestas de reforma estructural.

“No existe esa garantía”, dijo el economista Edgar Robles ante la consulta de si la propuesta garantizaba una solución fiscal de largo plazo.

“De hecho, ya los impuestos se le aprobaron a este gobierno en el 2018 y hoy la situación está peor porque no se propuso disminuir los gastos. De la misma manera, aprobar estos nuevos impuestos sin una garantía verdadera de reducción de gastos nos pondrá en una situación peor en un par de años. Para resolver el problema de fondo se debe reformar el funcionamiento del estado para eliminar la duplicidad de funciones y la cantidad de empleados públicos. Además, se necesita un plan de reactivación económica el cual a la fecha nadie conoce“, enfatizó Robles, antes de conocer que Villegas desacreditaba las propuestas de Dinarte y Garrido.

Ingresos no son el problema

La generación de ingresos en el país no son el problema. El origen de la fragilidad fiscal del país no es nueva y no es algo que surgiera con la pandemia, viene desde años atrás y se justifica en un crecimiento desmedido del gasto estatal

Así lo demuestran las cifras del propio Ministerio de Hacienda. En primera instancia, los ingresos corrientes tuvieron un crecimiento constante que acumularon un 123% desde 2009 a 2019.

Pero en ese mismo periodo, el nivel de gastos corrientes del gobierno central crecieron a un mayor ritmo: un 170%. En ese periodo la inflación acumulada fue apenas inferior al 34%, y mientras la brecha entre gastos e ingresos se fue haciendo más grande, el gasto de capital- el dinero que se utiliza para inversiones- se mantuvo relativamente estable.

Un reciente análisis elaborado por la firma Consultores Económicos y Financieros (Cefsa) determinó que para 2009 los ingresos corrientes del Estado rondaban el 26% del Producto Interno Bruto (PIB) y para 2019 llegaron a superar el 27%. En cambio, los gastos pasaron de alrededor de un 30% a por lo menos el 32%.

En ese mismo análisis se señala cuáles son las llaves abiertas del gasto que hacen que las arcas del Estado se vacíen más rápidamente. En 2019 aproximadamente un 67% de los gastos del gobierno central (en relación con los ingresos tributarios) se iban en pagar salarios y transferencias al sector público. Para el cierre de 2019 esos rubros representaban ya el 82,7% de los ingresos tributarios.

Gran parte de las transferencias del gobierno central al resto del sector público se utiliza para financiar esos órganos adscritos, en donde uno de los principales componentes del gasto es también el salario.

Visto en términos monetarios esta tendencia también es notoria. Lo destinado a sueldos y salarios ha subido prácticamente un 120% (3,1 veces más que la inflación acumulada en ese periodo), mientras las transferencias crecieron un 153%.

De acuerdo al planteamiento del gobierno, la idea es generar ingresos por al menos 3% del PIB que permitan al país salir de la complicada situación fiscal en que se encuentra. Solo para este 2020 existen necesidades de financiamiento cercanas al 15% del PIB, y se estima un endeudamiento que puede llegar al 80% del PIB.

Sin embargo, para los analistas, una vez logrado ese 3% de ingresos adicionales nada garantiza que la curva del gasto siga su tendencia creciente.

“El gobierno continúa con su obsesión por recurrir a impuestos en medio de una economía desacelerada y un desempleo histórico, sin querer entrarle de forma definitiva a los problemas de gasto”, indicó  el economista Pedro Aguilar en reacción a los planteamientos emanados tras el encuentro en Casa Presidencial entre Garrido, Dinarte y los jefes de fracción.

“Ahora vienen a pedir más impuestos pero no muestran compromisos concretos para reducir gasto público, ni para emprender la reforma de un Estado costarricense que tiene instituciones redundantes e ineficientes. Además, no existen estudios que muestren cómo se va a comportar la población y la economía con los nuevos impuestos”, cuestionó por su parte Robles.