Fuente: CR Hoy

Por medio de una interpretación auténtica, los diputados confirmaron que las empresas en Zonas Francas gozan de la exoneración del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, esto durante 10 años a partir del inicio de sus operaciones. 

La interpretación se votó en segundo debate este martes. El plan contó con los votos afirmativos de 41 legisladores. Votó en contra el frenteamplista José María Villalta.

 El diputado proponente de este plan, el liberacionista Luis Fernando Chacón, señaló que el proyecto busca dar seguridad jurídica a las Zonas Francas y promover la atracción de inversiones, ya que en algunas municipalidades el cobro de estos impuestos se gestiona de manera diferente.
 “Por años ha existido la confusión entre el impuesto de bienes inmuebles y el impuesto territorial, que al fin y al cabo tienen la misma connotación; sin embargo, esta exoneración prevista en este régimen especial para la atracción de inversión y empleos, actualmente no es aplicada de forma uniforme en todos los municipios y  zonas francas.Ante este panorama de contradicción de criterios entre diferentes operadores jurídicos y de consecuente incertidumbre jurídica sobre el inciso d urge, en aras de establecer reglas claras, interpretar auténticamente dicho inciso”, dijo el diputado.

Actualmente el inciso mencionado por el diputado se lee así:

“Artículo 20.- Las empresas acogidas al régimen de Zona Franca gozarán de los siguientes incentivos, con las salvedades que a continuación se indican: (…)

  1. d) Exención, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones, del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles”.

La propuesta aprobada este martes   es que donde dice “impuesto territorial” debe entenderse “impuesto sobre bienes inmuebles”.

“La inseguridad jurídica anteriormente expuesta repercute en la competitividad de nuestro país en momentos en que este atraviesa una severa crisis de desempleo, la cual golpea según los datos oficiales al 12% de la población. Así las cosas, es menester resolver cuanto antes todos los escollos legales que generen lastres a los ecosistemas de negocios y a la creación de más y mejores empleos para los costarricenses”, agregó Chacón.

Presidente Azofras: “Esto evita interpretaciones contradictorias” 

Desde la Asociación de Empresas de Zonas Francas (Azofras) celebran la aprobación de este proyecto, pues aseguran que permite aclarar los términos existentes acerca de Bienes Inmuebles que prevé la ley de Zonas Francas, evitando interpretaciones administrativas y judiciales contradictorias y evitando generar un clima de inseguridad jurídica tanto para los gobiernos locales como para las empresas amparadas al Régimen de Zona Franca.

“En este momento, en el que la reactivación económica es prioritaria para salir de la difícil situación económica que vive Costa Rica ante la pandemia por COVID-19, se debe legislar bajo disposiciones jurídicas que brinden seguridad, estabilidad y condiciones atractivas a las empresas que desean invertir y continuar generando desarrollo en un sector que claramente ha sido fundamental para el país”, dijo Carlos Wong, presidente de Azofras.

Con más de 375 empresas, el Régimen de Zonas Francas genera alrededor de 180 mil  empleos directos e indirectos y compras locales superiores a los $2 mil millones. En el 2018, contribuyeron con casi un 8% de la producción nacional, como parte de un modelo generador de desarrollo, prosperidad y bienestar económico y social para el país.