Fuente: periódico La Nación



Por ser un ingreso seguro y fácil de cobrar, el Estado costarricense sentenció al consumidor a pagar un alto tributo cada vez que compra gasolina.

De los ¢731, promedio, que ha costado el litro de regular este año, el gravamen consumió ¢227 (31%), la tercera parte del precio final.

Tal y como lo informó La Nación ayer, ese valor ubica a Costa Rica como el país con la mayor carga impositiva a los combustibles en el Istmo, lo cual borra el beneficio de la compra barata en el mercado internacional.

Solo el año pasado, los 19 millones de barriles consumidos por los costarricenses generaron ¢390.000 millones en tributos, el equivalente al 2% de la producción nacional.

De ese monto, el Ministerio de Hacienda se quedó con ¢257.000 millones (66%). El dinero se distribuye en el Presupuesto Nacional para cubrir necesidades de educación, salud e incluso pago de planillas.

El impuesto a los combustibles también compensa las carencias de otros tributos, los cuales exoneran o no cubren todas las actividades, reconoció el viceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez.

Por ejemplo, el impuesto de ventas no grava los ingresos por prestación de servicios y, en total, tiene exoneraciones por más del 3% del producto interno bruto (PIB). Para subsanar esas erosiones, se recurrió al impuesto a los combustibles.

Los ingresos del fisco por ese concepto representan el 11% de toda la recaudación por tributos (¢3,5 billones en 2013), lo cual lo convierte en el tercero en importancia, después de los impuestos de ventas y de la renta.
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Un 4% de los ingresos generados por el impuesto a los combustibles en 2013 se destinó a conservación de bosques y reforestación. ampliar

Las conclusiones son parte de una investigación de este medio que busca explicar por qué los ticos pagan los carburantes más caros de Centroamérica .

“Los impuestos más eficientes, no necesariamente los más equitativos, son los que se pueden cobrar por volúmenes y es muy difícil evadirlos. Las implicaciones distributivas: ¿quién lo termina pagando y cómo se trasladan a otras actividades? Eso es otra discusión”, sostiene Max Alberto Soto, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Encrucijada. Ante la tendencia alcista de los combustibles en la primera mitad del año, el Gobierno exploró alternativas para bajar los precios locales, pero rápidamente descartó variar el tributo.

“Reducir el impuesto es inviable; tiene una serie de implicaciones que van muchísimo más allá de lo que la infraestructura y los combustibles mismos conllevan”, dijo el presidente Luis Guillermo Solís , el 25 de junio.

El viceministro Rodríguez reafirmó recientemente a este medio que no existe el ambiente ni las condiciones para cambiar ese importe. “Si por querer disminuirlo afectamos la situación fiscal, podemos generar una crisis que terminaremos pagando todos”, sentenció.

Al 2013, el déficit fiscal (faltante de recursos para atender las necesidades del Estado) fue de 5,4% del PIB.

“Creo que ningún ministro de finanzas tomará la decisión de desgravar los combustibles sino tiene un reemplazo”, comentó Víctor Hugo Ventura, jefe de la Unidad de Energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En la última década, y pese a las quejas por los altos precios, las ventas de hidrocarburos crecen 2% anual, convirtiendo el impuesto en un pararrayos ante las fallidas reformas fiscales.

El Gobierno Central no es el único beneficiado con el tributo. Un 21% le corresponde al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para atender la red vial nacional. Otro 7% se destina a las municipalidades para rutas cantonales.

También reciben dinero el Fondo Nacional Forestal, la Cruz Roja, el Ministerio de Agricultura y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), encargado de fiscalizar las carreteras.

Rodríguez comentó que el Estado no evalúa cuán eficiente es el uso del dinero del impuesto, pero consideró que sus efectos sí se observan en la inversión en infraestructura vial.