Fuente: CR Hoy

La Contraloría General de la República (CGR) determinó que el Gobierno se aleja cada vez más de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Así lo concluyó en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional 2021, al analizar los escenarios presupuestarios propuestos por el Gobierno.

Además del ejercicio “poco propositivo” que hace el Gobierno al plantear el marco fiscal de mediano plazo, la Contraloría indicó que la situación es peor debido a la aparición de la pandemia del COVID-19 en momentos en que la administración apenas gateaba en la consolidación de la sostenibilidad fiscal producto de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el 2018.

Por esto, según la Contraloría, y por el entorno internacional adverso que la economía enfrentaría el año entrante, es que el marco fiscal presupuestario de mediano plazo que hace Hacienda, no puede quedarse en un mero ejercicio de diseño, advirtió la institución.

“Debe aspirar a ser instrumento que propone soluciones y métodos alternativos para tomar decisiones en el mediano plazo, considerando dentro de su contenido los posibles escenarios que permitan mitigar los riesgos fiscales y procurar el avanzar hacia la sostenibilidad fiscal en procura del mayor bienestar de la ciudadanía“, consideró la Contraloría.

El principal objetivo de Hacienda

La entidad que dirige Marta Acosta, contralora general, considera que el Ministerio de Hacienda tendrá como su principal objetivo durante los próximos años el retorno a la sostenibilidad fiscal, lo cual se dificulta bajo el nuevo panorama económico, afectado por la incertidumbre sobre la magnitud y duración de la crisis, así como los efectos de las medidas para contener el COVID-19, agente que vino a dejar en nocaut a la economía nacional.

Para la Contraloría, hay claridad en que el marco fiscal de mediano plazo debe ser un instrumento que debe servir como herramienta útil para extender el horizonte de la planificación fiscal del Gobierno.

Hacienda plantea un marco fiscal de mediano plazo con un resultado primario (como porcentaje del producto interno bruto) de un -3% en el 2021; un -0,9% en el 2022; un superávit de un 0, 3% en el 2023; uno de 1,3% en el 2024 y uno de 2,3% en el 2025.

El resultado alternativo para esa proyección es de -3,2% para el año entrante, -1,5% en el 2022; -0,4% en el 2023, -0,5% en el 2024 y un superávit de 1,4% en el 2025.

Entre las fuentes de riesgo fiscal que la Contraloría detecta en el entorno y que cita en su Informe Técnico del Presupuesto Nacional para el 2021 están:

  • Las demandas contra el Gobierno.
  • Exposición del presupuesto a la deuda del Gobierno.
  • Situación financiera de las municipalidades y empresas públicas.
  • Desastres por eventos climáticos
  • Situación financiera de los proyectos en asociaciones público privadas.
  • Situación de los regímenes de pensiones.
  • Y las demandas contra el Gobierno.

“Ante la situación actual, con las repercusiones de la pandemia en la economía costarricense y la agravada situación fiscal que se acrecienta, se requiere de una disciplina fiscal de largo plazo, que impida el acelerado deterioro de las finanzas públicas. Esta situación pone en perspectiva la necesidad de generar mayores acuerdos sociales y a nivel político para materializar decisiones concretar orientadas hacia una mejora integral de la problemática”, recomendó la Contraloría.

Urge un nuevo pacto social

La entidad también considera que el consenso social será clave para enfrentar los riesgos fiscales presentes y alcanzar los resultados proyectados, algo que, en su criterio, Hacienda ha hecho a medias al no elaborar acciones que permitan gestionarlos y desarrollar un análisis cuantitativo con las previsiones necesarias que mitiguen los posibles impactos en el corto y mediano plazo.

El órgano contralor concluyó que Hacienda debe alinear los presupuestos del Gobierno y las decisiones legislativas hacia el bienestar colectivo, donde se cumplan las disposiciones constitucionales y legales, pero también apunten hacia cambios que generen bienestar para la población.

Para el próximo año, el Gobierno planteó un Presupuesto Nacional de ¢11,4 billones, de los cuales un 55% se financia con más endeudamiento.

Este año la deuda del Gobierno Central cerraría en una cifra cercana a un 70% del PIB, mientras que el año entrante, debido a las crecientes necesidades de financiamiento producto de la caída en la recaudación de impuestos, ese indicador se acercaría a un 80% del PIB.

Para este 2020, la Contraloría estima que el déficit fiscal cerraría en un histórico 11,7% del PIB, una cifra nunca antes vista en la historia reciente del país, mientras que los pronósticos más optimistas ubican ese indicador en un 9,9% del PIB para el año entrante.