Fuente: El Mundo CR

El proyecto de Ley que pretende instaurar un impuesto del 2% a las cervezas para destinar esos recursos al fortalecimiento del régimen de pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS) recibió señalamientos de forma y fondo por parte de la Contraloría General de la República.

Así consta en el oficio DFOE-SAF-0631 del pasado 24 de noviembre, mediante el cual la institución -encargada de la fiscalización del buen uso de los recursos públicos y ente auxiliar del Congreso- emitió un criterio sobre la iniciativa presentada por el diputado Óscar López, y que se tramita en el expediente 20.521.

El proyecto crea un impuesto específico de un 2% por unidad de cerveza para la venta, siendo el consumidor del producto el contribuyente del tributo. Según estimaciones del diputado proponente, el monto total que se podría recaudar a raíz del impuesto es de 7000 millones de colones anuales, los cuales deberán girarse mensualmente a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, al analizar el proyecto la Contraloría señaló una serie de deficiencias en la redacción del mismo.

“Es apropiado que, mediante el poder tributario, el Estado pueda hacer contribuciones específicas, como ocurriría en la eventualidad de aprobarse este proyecto. No obstante, hay elementos en el proyecto que sugerimos revisar, para eventuales mejoras en la aplicación de esta norma, en caso de ser aprobada”, dice el documento.

A criterio de la Contraloría, no queda claro, de la lectura del articulado, cuál es el papel del Ministerio de Hacienda, qué entidad será el recaudador del impuesto ni a quién corresponderá la administración de este impuesto.

Por otro lado, la institución detectó que no hay una justificación para la tarifa del 2% del impuesto a la cerveza y de cuál sería el impacto financiero para el régimen de pensiones de la CCSS.

“Convendría aclarar, adicionalmente, si esta renta se consideraría como parte del aporte del Estado al régimen, o abono a sus obligaciones, o como una renta propia y adicional del régimen, dado que es un ingreso de naturaleza tributaria que deviene del poder impositivo del Estado”, advirtió la Contraloría.

El criterio recuerda que, como antecedente, el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la CCSS dispone el destino de nuevos impuestos como abono de la cuota del Estado a dicha institución.

Asimismo, la Contraloría declaró que no queda claro si el impuesto formará parte de la base imponible de otros impuestos que gravan este producto, o viceversa, o serán independientes.

“En ese sentido, lo apropiado es que figure, cuando menos, en la base del impuesto general sobre las ventas, por la naturaleza de este último, que recae sobre el valor agregado”, recomendó.

Por otro lado, el criterio no recomienda que el cobro del impuesto sea en la etapa final de consumo, ya que eso sería “poco práctico”. “Usualmente se dispone que el cobro sea a nivel de fábrica o de aduana, con los respectivos márgenes”, afirmó la Contraloría.

Finalmente, el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa recordó que la tendencia según las mejores prácticas internacionales ha apuntado hacia la eliminación de impuestos pequeños y específicos, como el que pretende instaurarse. Como antecedente, en Costa Rica se promulgaron dos leyes (6820 y 8114) que eliminaban impuestos pequeños.

“Podría valorarse mecanismos que simplifiquen la declaración y recaudación de los recursos requeridos para el fortalecimiento del régimen”, concluyó la institución.