Fuente: El Economista

El Congreso de Costa Rica busca avanzar hacia la polémica regulación de las plataformas digitales como Uber y Airbnb, en medio de presiones de diversos sectores y críticas de las empresas involucradas.

En un país de 5 millones de habitantes donde el turismo es uno de los motores de la economía, el sector hotelero se ha venido quejando los últimos meses de lo que consideran una competencia desleal de Airbnb, mientras que los taxistas cada cierto tiempo se manifiestan contra Uber y hasta han llegado a exigir el bloqueo de la aplicación.

En el otro lado de la acera, las plataformas afirman que son una fuente de ingresos y de empleo para un país en el que el desempleo se ubica en el 11,9 % y en el que el crecimiento económico será de apenas un 2,2 % en 2019.

- La polémica ley sobre plataformas de hospedaje

Recientemente el congreso costarricense aprobó una ley, que aún debe ser firmada por el presidente Carlos Alvarado, que establece la regulación para las plataformas de hospedaje, de las cuales la más reconocida es Airbnb.

La ley obliga a quienes ofrezcan hospedajes a inscribirse ante el Instituto Costarricense de Turismo, a pagar el impuesto al valor agregado (IVA) y otros impuestos municipales para obtener una patente de funcionamiento.

Datos de Airbnb indican que en 2018, los anfitriones costarricenses recibieron a unos 524.000 huéspedes, lo que “contribuyó significativamente a la economía local”.

“La Ley marco para la regularización del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, en su versión actual, afectará este componente próspero de la economía turística de Costa Rica, que crea oportunidades en las comunidades costeras y las zonas rurales de todo el país”, afirmó la compañía en un comunicado.

La compañía se mostró anuente a colaborar con las autoridades en redactar el reglamento de la ley, con el fin de que se trate de una “regulación justa y razonable”.

La Cámara Costarricense Hoteles y el Instituto Costarricense de Turismo han expresado su apoyo a la nueva legislación.

La ministra de Turismo, María Amalia Revelo, aseguró que la ley permitirá una “competencia más igualitaria en el sector” y que se trata de un “paso vanguardista para garantizar mayor protección al turista”.

Según datos del ICT, de los 3 millones de turistas que Costa Rica recibe cada año, el 9,2 % se hospedó en sitios de “economía colaborativa” como los que se encuentran a través de Airbnb.

- Uber, un asunto complejo aún sin solución

La plataforma Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015 y desde entonces ha invertido al menos 30 millones de dólares en el país, incluido un Centro de Excelencia desde el cual brinda asistencia a usuarios y conductores de América Latina (excepto Costa Rica y Brasil) y parte de Norteamérica.

Son cuatro años de constantes protestas de los taxistas exigiendo una competencia en iguales condiciones o el cierre de la aplicación, así como de periodos en los que la Policía de Tránsito decomisa vehículos que trabajan a través de Uber, pues el Gobierno lo ha tildado como un servicio ilegal de transporte.

Los datos de Uber indican que Costa Rica es de los países a nivel mundial con mayor penetración per cápita de la plataforma con unos 783.000 usuarios y 22.000 socios conductores.

La empresa se ha mostrado de acuerdo en una regulación “moderna” para la cual ha ofrecido colaboración a las autoridades.
En enero pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley para regular las plataformas de servicio de transporte, iniciativa que un gran sector de los diputados no considera adecuada y que Uber ha rechazado.

Uber se mostró disconforme con el texto, pues considera que “la visión del Gobierno aún está lejos de promover la innovación, la competencia y el desarrollo de la tecnología”.

El proyecto de ley que regula las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), como es el caso de Uber, establece que el Consejo de Transporte Público tendrá la facultad de “fijar una cantidad máxima de vehículos que puedan operar”.

Uber también expresó su preocupación por los montos que sus colaboradores deberán pagar al año, de 35 dólares por conductor y de 200 dólares por vehículo, si es aprobada la ley.

La ley también obligaría a los conductores a tributar ante el Ministerio de Hacienda y a estar asegurados como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social.

El proyecto de ley, que no ha avanzado significativamente en el Congreso, también establece el impuesto sobre las remesas al exterior que es del 8,5 por ciento para las EPT, así como un pago que las plataformas deberían realizar para operar en el país.