Fuente: La Nación

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobaron un texto sustitutivo en el proyecto de Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal. La modificación incluye la creación del registro de accionistas y beneficiarios finales de las personas jurídicas que quería el gobierno de Luis Guillermo Solís.

El nuevo texto recibió el apoyo de nueve de los diez congresistas presentes a la hora de la votación. El único que se opuso a dicha aprobación fue Otto Guevara, del Movimiento Libertario.

Además de incluir el registro de accionistas, el plan también crea la figura de un juez de garantía para proteger los derechos de las personas jurídicas ante el acceso que tendrá el Gobierno a los datos de sus compañías.

El objetivo principal del proyecto contra el fraude fiscal es permitir a la Dirección General de Tributación embargar bienes y cuentas bancarias de los contribuyentes calificados como morosos, con la orden de un juez.

Los embargos se podrían extender por un plazo hasta de dos años.

Con los cambios, Tributación tendría acceso irrestricto a la base de datos del registro bajo la condición de que se les notifique a los accionistas que el Gobierno está consultando su información. No ocurriría lo mismo en el caso de que se trate de una investigación del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

En cuanto a la figura del juez de garantías, los accionistas podrían recurrir a él para tutelar su privacidad sobre los datos, si consideran que la información se filtró o fue consultada sin previo aviso. El juez tendría la potestad de despedir a los funcionarios responsables de una filtración.

De esta forma, se pretende que los miembros de sociedades investigadas no vean lesionados sus derechos ante el secuestro y acceso de información de parte de la Administración Tributaria.

El Banco Central de Costa Rica sería el administrador de ese registro de accionistas y beneficiarios finales.

El texto se aprueba mientras los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio y Unidad Social Cristiana (PUSC) negocian un acuerdo para aplicarle la vía rápida a ese proyecto de ley, con tal de limitar la cantidad de mociones que puedan presentar los legisladores y fijar un plazo para la votación final.

El nuevo proyecto se terminó de definir ayer, en reuniones entre el Gobierno y las fracciones legislativas. Este lunes, el presidente legislativo, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, indicó que esta semana podría aprobarse la moción de vía rápida, tal como la establece el artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.