Fuente: La República

Ante la presión fiscal que enfrenta el país, cada vez más instituciones están considerando el modelo de Alianza Público Privada (APP) para desarrollar obras de infraestructura.

Hasta ahora esta es una figura empleada en el país específicamente para el desarrollo de carreteras, puertos y aeropuertos.

Pero en la actualidad su mercado se está ampliando hacia la construcción de edificios públicos, centros educativos y compra de equipo especializado para resguardar las fronteras, entre otros.

Esta herramienta tiene la ventaja de que traslada a la empresa privada el financiamiento, construcción, mantenimiento y operación de un proyecto de interés público a cambio del cobro de peaje o cuotas de arrendamiento para recuperar el aporte y la utilidad.

De esta forma se incrementan los niveles de inversión incorporando recursos privados sin disparar la deuda pública y distribuyendo el riesgo, destacó José Manuel Sáenz, jerarca del Consejo Nacional de Concesiones, a cargo de las promover las APP.

Además, juega un papel decisivo en el crecimiento económico, la competitividad y la reducción del desempleo, amplió Álvaro Saborío, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense.

El tren eléctrico impulsado por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles es la principal obra que se gestiona por este modelo. Comprende en una red ferroviaria de 85 kilómetros que abarca 15 cantones y una inversión de $1.550 millones.

El Ministerio de Planificación, con el proyecto Ciudad Gobierno, es otra de las entidades que está recurriendo a este modelo.

Se trata de un proyecto estimado en $320 millones que promueve la construcción de ocho edificios estatales en Plaza Víquez, que servirían de sede para 16 instituciones públicas.

Con la obra se busca eliminar la alta carga que implican los alquileres al presupuesto nacional, por el orden de los $42 millones al año, e incluso obtener un ahorro sustancioso al término del contrato.

La construcción de 60 colegios técnicos es otro de los proyectos no tradicionales en que se analiza echar manos a las alianzas mixtas, como parte de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Concesiones, adelanto Sáenz.

Su propósito es actualizar la educación técnica básica a la demanda de perfiles de las trasnacionales con el desafío de activar empresas en zonas francas en regiones fuera del Valle Central.

Estimaciones preliminares apuntan a que la inversión en el proyecto oscilaría en unos $150 millones en razón de $2,5 millones cada uno, en promedio.

La APP también se fomenta para la instalación y mantenimiento de sistemas de escáneres para acondicionar las fronteras terrestres.

Es un proyecto por el orden de los $30 millones promovido por el Ministerio de Hacienda para el control del contrabando y tráfico de productos ilegales en Paso Canoas, Tablillas, Peñas Blancas que potencialmente se ampliaría al puerto de Caldera.

La ampliación de tres carreteras altamente transitadas, como son la ruta 27, la Braulio Carrillo y la Florencio del Carillo son otros proyectos que se gestionan por asociación entre públicos y privados.

A eso se suma la modernización del puerto de Caldera para ajustarlo a las necesidades que demanda el comercio con Asia.

Adicionalmente el Consejo de Concesiones formulará una cartera más robusta de obras para promocionarlas a nivel internacional, según Sáenz.

Esto como parte de una estrategia de atracción de inversión extranjera que pretende consolidar el país para el área de infraestructura pública.