Fuente: El Mundo CR

La Defensoría de los Habitantes salió en defensa de los consumidores al presentar, en audiencia pública, su oposición a las propuestas de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de reconocer el impacto del IVA en el margen de transporte de combustible limpio; así como en las tarifas de las empresas distribuidoras de electricidad públicas, municipales y cooperativas de electrificación rural, correspondiente al segundo semestre de 2019.

Con respecto a este último, la propuesta tarifaria que realiza la Aresep de oficio tiene como objetivo el traslado a las tarifas de distribución del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los bienes y servicios intermedios (sujetos al IVA) que utilizaron las empresas eléctricas de distribución en el segundo semestre de 2019. La Aresep propone un incremento tarifario, durante el primer semestre de 2020 y por única vez, en el pliego tarifario de cada empresa distribuidora.

En su oposición, la Defensoría señaló que la Aresep debe analizar si la metodología vigente requiere modificaciones para adaptarla a la nueva realidad tributaria que impone el IVA; sin embargo, advirtió que el procedimiento presentado en la audiencia adolece de deficiencias técnicas y no se ajusta al espíritu de la normativa del IVA contenida en la Ley 9635.

Asimismo, la Defensoría considera que la presentación del estudio debió realizarse en el primer trimestre de 2020, de tal forma que la Autoridad Reguladora contara con los datos reales o efectivos sobre la afectación del tributo en cada empresa distribuidora durante el segundo semestre de 2019. Esto porque el estudio sometido a audiencia pública se realizó con información estimada y proyectada para el segundo semestre de 2019 y el año 2020.

De esta forma, el ajuste tarifario propuesto por la Aresep se basa en supuestos y proyecciones que introducen un alto nivel de incertidumbre en cuanto a la pertinencia de los niveles tarifarios que tendrían que soportar los usuarios de la energía en el primer semestre de 2020.

Adicionalmente, la Defensoría sostiene que la propuesta de Aresep no está considerando la exención que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635) para el consumo eléctrico residencial menor o igual a 280 kWh mensuales. Esto porque los ajustes propuestos para el primer semestre de 2020 se aplican a todos los niveles tarifarios, sin excluir los niveles de consumo residenciales menores a 280 kWh.

La Defensoría considera que con la exención realizada en la Ley 9635, la intención del legislador es favorecer a las personas de bajo nivel de ingreso que por su condición financiera realizan un nivel de consumo inferior al indicado. Este límite de consumo es consistente con el nivel de consumo de los hogares en situación de pobreza.

Impacto del IVA en transporte de combustible no debe trasladarse a consumidores

Con respecto a la inclusión del IVA dentro del flete promedio para transportar los combustibles que se distribuyen en las estaciones de servicio, la Autoridad Reguladora, propuso aprobar un incremento de ¢1,19 por litro en el precio final al consumidor.

En relación con esta propuesta, la Defensoría de los Habitantes también planteó a la Autoridad Reguladora que no se cumple con lo dispuesto en la Ley 9635, que estableció que la venta de combustibles, no está sujeta al IVA.

En criterio de la Defensoría, la venta de combustibles al usuario final no puede estar gravada con IVA de forma directa ni indirecta, porque dicho producto ya está gravado con el impuesto único a los combustibles, creado en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias y ello es reafirmado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Defensoría cuestiona solicitud de aumento de casi ¢13 por litro de combustibles

Por otra parte, la Defensoría también presentó, esta semana, ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), su oposición al ajuste tarifario del 27% en el margen de comercialización por litro de combustible en estaciones de servicio, pretendido por las gasolineras o bombas de servicio.

A pesar de que el margen de comercialización no se revisa desde hace seis años, la Defensoría considera que el incremento solicitado del 27% supera en más del doble la inflación interna para el mismo período, la cual es del 12%. Con el incremento solicitado, el margen de comercialización pasaría de ¢48,32 por litro a ¢61,29 incrementando en ¢12,97 el precio de los combustibles al usuario final.

Si bien, para cualquier servicio público es necesario ajustar periódicamente las tarifas; la petición pretende reconocer rubros de costos no contemplados en la metodología vigente y una rentabilidad de 16% que la Defensoría considera fuera de toda proporción.

En el estudio de la petición, la Defensoría encontró que diversos elementos de costo y métodos de valoración de los mismos, no son congruentes con lo que establece la metodología vigente, por lo que no deben ser reconocidas por la Autoridad Reguladora, pues la revisión y ajuste de ésta y cualquier otra metodología tarifaria deben realizarse en un acto independiente a esta solicitud de ajuste tarifario ordinaria.

Desde el año 2015, la Aresep inició un proceso de elaboración de un nuevo modelo tarifario para determinar el margen de comercialización de las estaciones de servicio, a la fecha, no se ha aprobado la nueva metodología. Por esta razón, la Defensoría solicitó a la Aresep que en la revisión y en la

resolución que emita sobre esta solicitud, garantice el cumplimiento del bloque de legalidad, apegándose a los métodos de evaluación, condiciones y parámetros reconocidos por la metodología vigente.

Para la Defensoría el análisis de estas y futuras solicitudes de aumento de tarifas se deben realizar según el nuevo enfoque regulatorio adoptado por la propia Autoridad Reguladora (desde mayo de 2016), que se basa en la promoción de la persona usuaria y utiliza como ejes transversales de la regulación económica: la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana, la competitividad y la calidad de vida.

La Defensoría de los Habitantes espera que la Aresep garantice la coherencia de las acciones con el “nuevo” enfoque regulatorio, donde se concibe como centro de la regulación a la persona usuaria.