Fuente: CR Hoy

La meta del gobierno de lograr la aprobación de la agenda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes que culmine junio se pone cada día más cuesta arriba.

Además de la negativa de la oposición de tramitar los proyectos  de esa agenda que incluyen la creación de más impuesto, hay otro expediente legislativo de esa agenda que es cuestionado por los congresistas y los sectores productivo y empresarial del país. Se trata de una reforma a la Ley General de Aduanas, con la que el gobierno de Carlos Alvarado se comprometió tener aprobada en junio como parte de los acuerdos con el FMI.

Se trata del proyecto de ley 22.364, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso.  La nueva presidenta de esa comisión legislativa, la liberacionista Karine Niño, dijo que a raíz de las preocupaciones se llamarán a audiencia a todos los sectores involucrados en el tema para que den sus puntos de vista acerca de los cambios que requiere el texto.

Estas consultas no se harán en cuestión de un mes, por lo que Niño duda que ese expediente culmine su etapa de discusión en la comisión  y que se apruebe en el Plenario en la fecha que pretende el Ejecutivo.

Según el gobierno la iniciativa modernizaría el sistema aduanero y fortalecería los controles en el combate al contrabando y la defraudación fiscal.

La propuesta incorpora el requisito de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) para importadores, exportadores y auxiliares de la función pública aduanera. También obliga al sector a estar  al día en el pago de impuestos ante Tributación y en las cuotas obrero patronales.

A su vez, incluye la figura del pago diferido de la Obligación Tributaria Aduanera para materias primas y bienes de capital.

Sin embargo, recientemente los empresarios aseguraron que el proyecto encarece los costos de producción del sector privado. A su vez, los diputados cuestionan al Poder Ejecutivo de proponer un proyecto de ley que resulte viable. 

Tanto los legisladores como representantes del empresariado nacional aseguran que el proyecto “contiene problemas de fondo, se queda corto y no consensuado con el sector empresarial”.

En una reciente audiencia con los diputados de la Comisión de Económicos Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), dijo  que la reforma no cumple con las expectativas y que se necesitan modificaciones integrales, no parciales, que se adapten a la dinámica del comercio internacional.

Egloff indicó que los industriales participaron en el borrador inicial, pero no se les dio a conocer la propuesta final que el Ejecutivo envió al Congreso.

“Creemos firmemente que el proyecto se puede arreglar para cumplir con los requerimientos del acuerdo con el FMI. Pero es importante señalar que Costa Rica sí requiere, posteriormente, que trabajemos en una reforma integral verdadera que el país necesita”, dijo el empresario.

Los empresarios dijeron que a pesar de que se pretende atacar de manera frontal el contrabando, el texto no contiene los requisitos sustanciales ni aumenta la recaudación fiscal.

También cuestionaron porque en la propuesta se disminuyen las sanciones y multas, y se delega el control aduanero a los operadores privados, lo que aumentaría los precios finales a exportadores e importadores.