Fuente: Semanario Universidad

Al filo de sus últimas sesiones, los diputados aseguraron un segundo privilegio al Régimen de Zonas Francas del país. Este miércoles, la Asamblea Legislativa aprobaron suspender el pago de las obligaciones patronales con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) de las empresas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), por cinco años.

A partir del sexto año de operación, en lugar del 5% de las planillas que establece la Ley de Fodesaf, los patronos acogidos a Zonas Francas solamente tendrán que pagar 1%. En el octavo año, el monto continuará reducido al 2 y hasta el noveno año pagarán el 5% sobre la planilla.

Esto significa que cada empresa que ingrese a Zonas Francas tendrá nueve años libres para pagar las cargas sociales de la forma que lo hacen los pequeños patronos nacionales.

Este diseño también afecta de la misma forma las cargas sociales cobradas para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Banco Popular.

En su portada de hoy miércoles, UNIVERSIDAD detalla que existe una nueva Ley para una amnistía a las deudas de esas mismas cuatro instituciones sociales, donde Fodesaf es vulnerable a perder dinero para las pensiones no contributivas de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Además, estas nuevas exenciones para Zonas Francas se suman a la liberación del pago del impuesto de bienes territoriales, que la misma Asamblea Legislativa aprobó en el 2019. Es decir, ninguna de las empresas tendrá que pagar a las pequeñas municipalidades fuera de la GAM por los “terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas” que establezcan allí.

En la discusión del controversial proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones Fuera de la GAM (22.607), los diputados a favor defendieron que los incentivos en estas materias fiscales son para crear nuevos trabajos.

“Estamos cerrando con broche de oro estos cuatro años (…) Nos va a dar la posibilidad de eliminar ese odioso 25% de pobreza y ese 14% de desempleo, que parece que se enraizó en el país”, afirmó su proponente, Jonathan Prendas.

“No se vale mentirle a la gente. Este proyecto de ley acorta unas condiciones para facilitar la inversión en zonas rurales pero no garantiza que ipso facto se vayan a instalar las Zonas Francas, hay que decírselo a la gente”, acusó la oponente Paola Vega, quien fustigó el desfinanciamiento de Fodesaf, pero se ausentó de la votación del proyecto.

Poca oposición contra nuevos privilegios de Zonas Francas

El proyecto fue aprobado pese a severos cuestionamientos a cuestas, donde fustigaron los nuevos privilegios los diputados José María Villalta (Frente Amplio); Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza (Partido Acción Ciudadana) y la independiente Paola Vega.

Tras fuertes palabras, solamente Villalta votó en contra de la iniciativa.

“Si desfinanciamos Fodesaf no va a haber quien financie recursos para que estudiantes de pocos recursos puedan superar esa brecha social y puedan capacitarse para tener un empleo digno”, fustigó Villalta.

“Cuestionamos concretamente que se dé una exoneración temporal de contribuir a Fodesaf, porque Fodesaf es el corazón del Estado social de derecho, de ahí se financian las políticas sociales que son indispensables para garantizar la paz social, que atienden, mayoritariamente, a la población fuera de la GAM, porque ahí está la mayor pobreza”, afirmó también el diputado.

El oficialista Ramos, quien estuvo ausente en la votación del proyecto, habló en contra del uso “perverso” de las Zonas Francas para eludir impuestos nacionales y locales.

“En lugar de generar más inversiones, en algunos casos, sirve como un Régimen para no pagar impuestos y erosionar la base tributaria de Costa Rica. Hay una serie de empresas que estaban pagando impuestos en el régimen definitivo y, de pronto, aparecen en Zonas Francas. Costa Rica no ganó ni un empleo más ni un dolár más de inversión. Lo único que hicimos fue deteriorar la base tributaria y concentrar la riqueza”, dijo Welmer Ramos.

Previamente, UNIVERSIDAD publicó información sobre cómo 12 de las 20 empresas que migraron durante la pandemia a Zonas Francas eran de capital costarricense. La lista de sus dueños, según los datos de Registro Nacional, vinculan a figuras reconocidas de la política costarricense. Como el exvicepresidente Luis Liberman y su hermano; el exministro de la Presidencia de José María Figueres, Marco Vargas; el hijo del exministro André Garnier y la exdirectora de la Cámara de Comercio, Mónica Segnini Acosta.

El riesgo de nuevas migraciones fue también ampliamente denunciado por el oficialista Luis Ramón Carranza, porque la nueva Ley incluye privilegios para que ingresen piñeras, constructoras viales, dentistas y bancos, entre otras empresas específicas.

Carranza adelantó que, “en cuatro o cinco años”, los diputados se darán cuenta de que los bancos y hospitales dejarán de pagar impuestos.

“Los voy a retar para que, dentro de cuatro años, veamos esto. Porque este era un proyecto de puertas abiertas para que unos vivarachos de este país dejaran de pagar. Decirle a Upala que esta es la salvación es como aprobar un proyecto de ley para que, dentro de unos meses, comiencen a aterrizar aviones de carga cuando el aeropuerto apenas alcanza para pequeñas avionetas”, afirmó Carranza, quien terminó votando a favor del proyecto.

Diputados de las zonas rurales, del PAC, Liberación Nacional y Restauración Nacional, no obstante, defendieron la iniciativa.

“Las empresas de Zonas Francas ya llegaron a un techo, donde la posibilidad de conseguir mano de obra o recurso humano para poder atender sus necesidades, se hace más difícil”, afirmó la limonense del PLN, Yorleny León.

“Esos factores se convierten en una gran oportunidad para las regiones (fuera de la GAM). Un conjunto de diputados de esta Asamblea Legislativa aprovechó esta oportunidad”, afirmó León sobre la génesis de las exenciones aprobadas.