Fuente: La Nación

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, dos proyectos de ley que eximen del pago del impuesto al valor agregado (IVA) los servicios de turismo y construcción por un año más, pero sin buscar una fuente alterna de ingresos frescos para el Gobierno.

Se trata de los expedientes 21.934 y 21.637, que frenan el cobro tributario a dichos sectores, que empezó a regir el 1.º de julio pasado, tal como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ley 9635.

En el caso de los servicios turísticos, se trata de una propuesta del liberacionista Roberto Thompson que los mantiene exentos durante un año más y atrasa también el cobro escalonado de ese impuesto.

De esa manera, a partir del 1.º de julio del 2021, todos los servicios turísticos empezarán a pagar una tasa del 4% del IVA, un 8% a partir de julio del 2022 y la tarifa genera, que es un 13%, a partir de julio del 2023.

La idea es que apoyar a todas las empresas del ámbito turístico, que es uno de los sectores más golpeados por la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus en el país.

Tal como lo fijó la ley, los proyectos que se habían registrado y visado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) antes del 30 de setiembre del 2019, empezaron a pagar esa tasa del 4% desde el 1.º de julio pasado.

La propuesta de Chacón extiende la exoneración total, incluso para los proyectos presentados a partir de octubre del 2019 y los que se presenten hasta el 30 de junio del 2021.

A partir de julio del 2021 y por un año, todos los proyectos -registrados antes y a partir de esa fecha- pagarán ya la tarifa del 4%; a partir de julio del 2022, la tarifa será del 8% y a partir de julio del 2023, aplicará la tarifa general: 13%.

Los diputados tomaron dicha decisión pese a las advertencias del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República respecto al riesgo de descubrir varias fuentes de ingresos sin buscar una compensación para los ingresos tributarios del Estado.