Fuente: La Nación

Un bloque de diputados de oposición recortó un total de ¢81.300 millones al rubro para pagar los intereses de la deuda pública en el Presupuesto Nacional del 2023. El ajuste tiene por objetivo redirigir recursos al financiamiento de programas sociales.

El martes, la Comisión de Hacendarios rebajó ¢31.000 millones y, este miércoles, otros ¢50.300 millones.

La partida de intereses de la deuda pública, para el 2023, es de ¢2,5 billones. El recorte de ¢81.300 millones equivale a un 3,2% de este rubro.

El Presupuesto con las modificaciones fue dictaminado positivamente de forma unánime, con 11 votos, poco antes de las 8 p. m. Incluso, votaron a favor los legisladores de Gobierno. Ahora, el plan de gastos pasará al plenario legislativo.

En la sesión de hoy, se aprobó sin discusión mover ¢26.180 millones a transferencias para la Caja Costarricense de seguro Social (CCSS) y ¢6.400 millones al Poder Judicial, cuyo presupuesto subió un 2,3% por la creación de tribunales contra la delincuencia organizada.

El liberacionista Gilbert Jiménez, uno de los impulsores de los ajustes, argumentó que el dinero para la Caja se usaría para la atención a personas aseguradas por el Estado y en condición de calle; mientras que el Poder Judicial se había quejado de que, con lo presupuestado, solo cubriría el 89,7% de sus gastos del 2023 y pidió a los diputados ¢7.800 millones adicionales.

El bloque que aprobaron los recortes al pago de intereses lo completan legisladores de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Nueva República (PNR) que, el martes, también recortaron otros ¢31.000 millones en este rubro.

De lo aprobado este miércoles, ¢1.024 millones serían redirigidos a la Asamblea Legislativa, para el pago de arrendamiento del nuevo edificio (¢756 millones) y bienes intangibles (¢268 millones); y ¢463 millones a Cultura.

El ajuste contempla, además, ¢338,4 millones para la Contraloría General de la República (CGR), ¢500 millones para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y ¢500 millones para infraestructura vial a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

También, se trasladaron ¢19.650 millones para el Programa Nacional de Empleo (Pronae) y el proyecto Empléate del Ministerio de Trabajo.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que los diputados están arriesgando la capacidad del Gobierno de pagar la deuda pública.

Sobre el dinero autorizado para el Poder Judicial, la diputada oficialista, Pilar Cisnero, criticó que, en los últimos 20 años, el presupuesto del sistema judicial se ha quintuplicado y que los empleados pasaron de 6.000 a 14.000, sin que haya justicia pronta y cumplida.

“Los juicios demoran cinco y hasta 10 años. Esa es la realidad y el Poder Judicial tiene que ajustarse la faja con los recursos”, pidió Cisneros.

No obstante, el verdiblanco Jiménez alegó que al Poder Judicial se le han ampliado las atribuciones en las materias civil, laboral, agraria y familiar.

“Se le dio una ley del crimen organizado sin darle los recursos. Hoy estamos sufriendo por no tener una justicia pronta y cumplida con gente capacitada y tribunales especializados”, alegó Jiménez, quien resaltó haber pedido al Poder Judicial optimizar los recursos.

La comisión rechazó otra moción presentada por Jiménez que pretendía enviar ¢3.000 millones del servicio de la deuda pública al Ministerio de Educación Pública (MEP) para la compra de terrenos y desarrollo de infraestructura educativa.

Sin embargo, 10 legisladores acogieron el argumento de la diputada oficialista, Ada Acuña Castro, de que la información suministrada por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) es imprecisa y requiere ser actualizada.

La comisión también descartó otra moción del frenteamplista Jonathan Acuña y de Jiménez, de recortar ¢42.125 millones de la capitalización al Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que realizaría el Ministerio de Hacienda.

Acuña y Jiménez pretendían descontar esos recursos alegando que la adhesión del país al banco latinoamericano no se ha aprobado en la Asamblea Legislativa. Jiménez, incluso, aseguró que, si Costa Rica se convertía en socio del CAF, solo se beneficiaría al sector privado.

Cisneros refutó que la incorporación le garantizaba al país acceder a créditos en condiciones blandas, a tasas promedios del 3,5%, la mitad de lo que implica colocar deuda en el mercado local, y a plazos de hasta 20 años, el doble de los plazos locales, según indicó.

El mismo bloque de oposición aprobó recortar ¢108 del presupuesto de la Presidencia de la República. ¢60 millones estaban previstos para la compra de un vehículo en el Ministerio de Comunicación y el resto de dinero serviría para la compra de equipo cómputo, maquinaria y cámaras.