Fuente: La Nación

A pesar de que se intentó aprobar el impuesto a personas jurídicas por la vía rápida, este año los diputados se fueron a vacaciones y cerraron las puertas del Congreso con esa tarea pendiente.

Con esa decisión, se torna más difícil aún que los cuerpos de seguridad del Estado reciban los recursos provenientes de ese impuesto, que financiaría en un 90% al Ministerio de Seguridad, en un 5% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un 5% para el Ministerio Público.

En una sola sesión mañanera, tal como lo ordenaba el mecanismo de vía rápida aprobado en noviembre, se conocieron todas las mociones que quedaban pendientes, sin discusión, y empezó el debate por el fondo de la iniciativa.

Sin embargo, nadie quería quedarse fuera de la lista y, antes que dejar el plan aprobado en primer debate, los diputados prefirieron usar la palabra para reclamar por los que han atrasado la votación, y esto, a su vez, alargó el momento de la votación.

Cada diputado tiene 10 minutos para dar un discurso de fondo y expresar su posición sobre el proyecto de ley. Al cierre (12:45 p. m.), quedaban 15 personas en la lista.

Cobro detenido. El proyecto de ley, bajo expediente 19.818, revive el impuesto a las personas jurídicas que se cobró entre el 2012 y el 2015 a todas las sociedades mercantiles inscritas en el Registro Nacional.

Lo recaudado por el Registro al cobrar ese tributo se destinará, una vez vigente, para financiar infraestructura y equipamiento policial. Aunque se impide su uso para pagar salarios, se aprobó una moción para permitir, por una única vez, la contratación de 1.000 policías y sus respectivos salarios.

Debido al atraso y a la decisión de los diputados de irse a vacaciones sin el plan aprobado, el nuevo impuesto solo podría entrar en vigencia bien entrado el 2017 y, entonces, solo se les cobraría a las nuevas sociedades que se constituyan.

El cobro al grueso de las sociedades, como hecho generador del tributo, se podría hacer solo en enero del 2018 y presupuestarse para ese año.

El liberacionista Rolando González, primero en usar la palabra por el fondo, reclamó a los socialcristianos que por momentos salían del plenario para romper el quórum y detener la sesión.

“Siento ira porque Costa Rica alcanza la máxima cifra de asesinatos en un año y diciembre aún no termina. Frente a eso, el Partido Unidad Social Cristiana, de Rodolfo Piza y el Movimiento Libertario, de Otto Guevara nos han impedido decidir sobre este proyecto de ley”, dijo González.

Aunque la mayoría del PUSC se opone a este tributo, Rafael Ortiz y Jorge Rodríguez hablaron a favor de su cobro.

Las liberacionistas Maureen Clarke y Sandra Piszk también dijeron en el plenario que están a favor del tributo, pero a la vez reclamaron que el Gobierno haya reducido el dinero para seguridad en los presupuestos 2016 y 2017.

Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), reclamó que si el Gobierno pide más recursos para la seguridad, como mínimo debería materializar un plan nacional de seguridad.

Tarifa del impuesto. El proyecto establece que las sociedades anónimas inactivas deberán pagar ¢64.000 anuales; las activas con ingresos menores a ¢51 millones tendrán que cancelar ¢106.000; las que tienen ingresos entre ¢51 millones y ¢119 millones desembolsarían ¢127.000 cada año y, las que tengan ingresos por más de ¢119 millones, tendrían que pagar un impuesto de ¢212.000 ante el Registro Nacional.

A las 12:45 p. m., al cerrar la sesión extraordinaria del plenario, el presidente legislativo convocó a los legisladores a la primera sesión del próximo año, el lunes 9 de enero, a las 8:45 a. m.