Fuente: La Nación

La devolución del futuro impuesto al valor agregado (IVA) a las familias pobres, anunciada por el presidente en cadena de televisión, deja muchas dudas en cuanto a su posible cumplimiento.

Según informó La Nación el lunes 17 de agosto, se girarían ¢44.000 mensuales a las 559.000 familias pobres “como devolución de lo que gasten en el pago del IVA, mediante depósito bancario”.

Según estos datos, las familias pobres tendrían que presentar facturas por la suma de ¢294.000 mensualmente para que el 15% de este monto sume los ¢44.000 que les serían depositados en una cuenta bancaria.

La primera duda es si será razonable concluir que las familias pobres consumen en bienes y servicios ¢294.000 al mes y si les será posible obtener las facturas timbradas de todos esos pagos.

Es fácil comprender que las familias pobres tratan de sobrevivir el día a día operando, en materia de ingresos y gastos, en una gran informalidad. Esto dificultaría conseguir los comprobantes mes a mes; además, la cifra de ¢294.000 no parece razonable, por cuando ni siquiera el salario mínimo alcanza esa suma.

No es que a las 559.000 familias en estado de pobreza se les vaya a depositar ¢44.000 en una cuenta bancaria. Es una devolución de los impuestos que ellas pagan cada mes. Para ser esto posible, se requerirá una sistematización y una logística nacional, muy cara y complicada.

Ejemplo. Grosso modo, podemos calcular un grupo de trabajo en cada cantón, lo cual nos sitúa en 81 oficinas. Como se trata de gobierno, tendría que haber un jefe y un subjefe, necesariamente con sendas secretarias.

Digamos que una sección encargada de recibir y revisar los documentos, otra para verificar los derechos de los beneficiarios mediante coordinación con el IMAS y una tercera sección encargada de los depósitos bancarios.

Con un mínimo de tres funcionarios por sección, un conserje y un guarda ya tenemos no menos de 15 funcionarios por cantón, lo que significa 1.215 empleados adicionales.

Calculando un salario promedio de ¢1.000.000, lo real para el sector público, según las últimas informaciones publicadas, más un 50% de cargas sociales incluidos aguinaldo, vacaciones, salario escolar, seguro social etc. Tendríamos un costo mensual de ¢1.822.500.000 y anual, de ¢21.870 millones.

Para gastos de materiales, equipo y otros, es razonable pensar en un 20% adicional, lo cual nos daría un costo anual de ¢26.244 millones. Por más que se trate de refutar este cálculo a mano alzada, la verdad es que los costos serán necesariamente enormes, aunque al principio, lo nieguen.

Nótese que no incluyo las plazas que pedirá el IMAS para actualizar su base de datos, que, dicho sea de paso, jamás ha estado actualizada; ni los puestos que pedirá la Contraloría General para la supervisión, ni los alquileres y mantenimiento de locales o casas en cada cantón, ya que, por razones conocidas, nadie va a querer que este servicio se instale en oficinas que estén actualmente en funcionamiento.

Si este costo de operación calculado en ¢26.244 millones lo dividimos entre las 559.000 familias pobres, tendríamos un costo anual de ¢469.481 por familia y un costo mensual de ¢39.123 por cada una de ellas.

Es decir, el Gobierno va a gastar casi ¢40.000 mensuales por familia, para devolverles lo que les hizo pagar por el IVA.

Las familias más pobres de nuestro país serán puestas a tributar injustamente para hacer crecer la burocracia y luego aparentar que se les está ayudando.

Se les pondrá a buscar facturas con los requisitos que indudablemente les pondrán, además de llenar no sabemos cuántos formularios y firmas y fotocopias de documento que nunca pueden faltar.

Las familias pobres tendrán que ir irremediablemente a hacer filas a las oficinas del IMAS, como si a los pobres les sobrara siempre tiempo, salud y dinero para los traslados. Los obligarían a buscar quién les cuide sus pertenencias y a los hijos y a los nietos.

Sería mejor exonerar del IVA los verdaderos bienes y servicios básicos y así brindarles a los más pobres de nuestro país, al menos, un poquito de paz.