La norma tributaria requiere interpretación, como cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. Tanto en el sector público como en el privado, aquellos que debemos hacer alguna operación de encuadre de un hecho en una norma, hacemos las veces del músico que debe interpretar una partitura.

Uno de los criterios más importantes, es el primero que emitimos el año pasado sobre el domicilio fiscal (Criterio Institucional No. DGT-CI-01-11 del 04 de marzo de 2011). Desgraciadamente, es creencia común considerar que se puede utilizar el domicilio de los contadores, asesores o abogados como el domicilio fiscal de una persona o empresa. Esto no es así y es tal la importancia que reviste este tema, que en la Administración estamos haciendo ingentes esfuerzos por revertir esa tendencia, tanto a lo interno de la misma DGT como con los contribuyentes.

No es opcional

Se ha interpretado históricamente, y se da como un hecho, que las opciones contenidas en los incisos de los artículos 26 y 27 del Código Tributario son de libre elección del contribuyente y entonces puede este escoger el domicilio fiscal de su conveniencia.

Pero en la Administración consideramos que se está en presencia de una relación preferente de opciones, según la cual se ha de registrar la primera opción y si –y solo si– no fuere posible, la segunda y así sucesivamente. Veamos: el domicilio fiscal de un profesional liberal por ejemplo, es su residencia habitual y será ese el que debe registrar. Lo mismo ocurre en el caso de las empresas que siempre tendrán un lugar de dirección o administración central y ese será siempre el domicilio fiscal preferente.

El registro de un domicilio diferente del que la ley determina como preferente, supone la debida motivación de quien lo pide y la expresa aceptación de la Administración. Y ello debe interpretarse así, como reza el criterio, porque el domicilio fiscal, no solo es el lugar en el que se ha de notificar cualquier comunicación al obligado tributario, sino, que será ahí donde habrá de realizarse cuantas actuaciones sean oportunas, para comprobar y asegurar el cumplimiento de los deberes fiscales. “Nada más seguro, a esos fines que, tratándose de personas naturales, que su lugar de residencia habitual y, cuando se trate de personas jurídicas, el lugar donde se encuentre la dirección o administración central.”


Domicilio fiscal especial

El domicilio fiscal especial del artículo 29 del Código, hasta ahora confundido con la oficina del contador o del abogado, será solo el lugar donde se desarrollen las actividades o el lugar donde ocurra el hecho generador, alternativas al primer domicilio oficial y admitido: el domicilio de la persona física o el lugar de dirección de la persona jurídica.

Y en caso que el contribuyente pretenda la aceptación del domicilio especial, dirigirá a la Administración una petición fundamentada. La Administración Tributaria deberá pronunciarse expresamente sobre la aceptación o no del domicilio especial y comunicar su decisión al contribuyente en un plazo de 30 días.

Como se ve, el domicilio fiscal especial no puede ser un lugar de libre elección por parte del contribuyente y mucho menos la oficina de su asesor o contador, por más que así se entendiera por muchos años y haya sido práctica común de mercado.
Conviene tener esto claro y corregir a la mayor brevedad, si el domicilio reportado a la Administración Tributaria es distinto de los indicados. Es el momento oportuno, previo al inicio de las más de 11.000 actuaciones de control, con el fin de evitar sanciones y cumplir a cabalidad este importante deber formal.


Por Francisco Villalobos

Vea aquí el Criterio Institucional sobre el Domicilio Fiscal.