Fuente: AmeliaRueda.com

Las cámaras empresariales exigieron recortes “concretos y profundos” en el gasto público y rechazaron la imposición de nuevos tributos, luego de conocer la agenda de estabilidad financiera con la que el Gobierno de la República negociará un crédito por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), José Álvaro Jenkins, la propuesta del Ejecutivo y el Banco Central va en dirección contraria a la reactivación económica y la generación de empleo, en el tanto que las sobretasas temporales a las transacciones bancarias, los salarios mayores de ¢840.000 y las ganancias de las compañías desincentivan el consumo y la inversión en el país, tanto local como externa.

“Aumentar la carga impositiva para el sector productivo y los consumidores, generaría un impacto negativo en la competitividad, la formalidad, la capacidad adquisitiva de las familias y el crecimiento económico de Costa Rica; por lo que el Gobierno debe apostar por crear mejores condiciones para dinamizar la economía y generar mayores empleos”, manifestó por su parte el presidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), Julio Castilla.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) indicó en una nota de prensa que “resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social”.

“No podemos atentar contra la paz social del país poniendo al sector privado productivo en riesgo, el cual es motor de generación de empleo y estabilidad en estos momentos críticos”, externó Jenkins.

En lugar de nuevos gravámenes, el sector privado pidió al Ejecutivo mayores esfuerzos hacia la reducción del gasto público.

“Consideramos que se deben tomar acciones concretas y profundas en la reducción del gasto público, que permitan mejorar la competitividad del país. Para ello, se deben eliminar privilegios, así como simplificar el aparato estatal, conformado por más de 322 instituciones”, señaló Castilla.

Por su lado, Jenkins solicitó al Gobierno cumplir con los compromisos adquiridos en 2018, durante la discusión y aprobación del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. “Asumimos nuestra responsabilidad y aceptamos nuevos impuestos, pero con el compromiso de que el gasto público iba igualmente a ser controlado y reducido con acciones concretas y de alto impacto, lo cual no ha sucedido. La carga debe ser compartida y ahora corresponde al Gobierno cumplir con su palabra y hacer los recortes que corresponden”, mencionó el empresario.

La Cámara de la Construcción destacó en su comunicado la necesidad “de un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.

Entre las iniciativas de recorte al gasto, anunciadas por el Ejecutivo, destaca un programa de movilidad laboral voluntario para 7.000 trabajadores del sector público, con un impacto del 0,38% del producto interno bruto (PIB) en el segundo año de aplicación.

También se redoblarán esfuerzos en el impulso de la reforma al empleo público y su escala salarial única; la suspensión del pago de anualidades en el sector público por al menos cuatro años; y la continuidad en los procesos de venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Asimismo, el Ejecutivo renovó su compromiso de continuar con la política de recorte al gasto público vía presupuestaria, al revisarse las potestades legales de los órganos desconcentrados (y por ende sus gastos) y renegociarse contratos de alquileres del Estado y compras de equipo electrónico.

Sumado a lo anterior, la propuestas impulsadas por el Gobierno incluyen una reducción en las cargas sociales pagadas por los patronos del sector privado, que no tendrían que pagar su aporte del 5% sobre cada salario que pagan para el Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf).